El Gobierno presentará mañana su propio análisis.
En tres años, los sobreseimientos de casos creció un 180%', denuncian.
'El presupuesto contra la violencia de género ha disminuido y las víctimas aumentan. Algo está fallando'. Virginia Álvarez, responsable de política interior de Amnistía Internacional hacía balance de los tres años de vigencia de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Sólo un día antes de que el Gobierno presente su propio trabajo de evaluación, Amnistía advierte en su informe 'Obstinada realidad, derechos pendientes' que ha habido avances pero que aún quedan compromisos sin cumplir.
María Naredo, la autora del trabajo, califica el impacto de la ley durante este tiempo de 'realmente escaso' e incluso apunta que hay ámbitos en los que la situación es peor que hace tres años. 'Ha habido avances', admite, pero no es suficiente. En 2005, según datos del Consejo General del Poder Judicial, 52 mujeres murieron en nuestro país a manos de su pareja o de su ex compañero sentimental. Un número que aumentó en 2006 y 2007, con 62 y 74 mujeres muertas. A la espera del diagnóstico del Gobierno, Amnistía constata varias carencias.
Uno de los principales problemas que atisba esta organización para el éxito de la ley es la disminución del presupuesto que se le destina. Según datos aportados hoy por Amnistía, si en 2005 se establecía un fondo de 10 millones de euros, que ascendía a 12 millones en 2006, en 2007, la cifra se veía recortada prácticamente a la mitad y sólo alcanzaba los 6,5 millones.
Los inconvenientes, subrayan, cubren todo el proceso que las víctimas de la violencia doméstica tienen que recorrer, desde la visita al centro sanitario, pasando por la interposición de la denuncia y la posterior asistencia para su recuperación. En el ámbito sanitario, el Plan Nacional de Sensibilización planteaba la formación de los profesionales para enfrentarse a este tipo de casos. Sin embargo, Amnistía denuncia que a seis meses de la finalización de su periodo de vigencia este plan no tiene calendario ni cuenta con presupuestos. 'El grupo de trabajo que tenía que ponerlo en marcha lleva sin reunirse desde septiembre de 2007', lamentó Naredo.
Tampoco, la iniciativa de crear un centro de recuperación integral para las afectadas en cada una de las Comunidades Autónomas se ha hecho realidad. Tres años después, sólo Asturias cuenta con estas instalaciones. Además, las mujeres con circunstancias especiales que precisan de una atención diferencial por sufrir alguna enfermedad mental, problemas con el alcohol o las drogas, por lo general, no son admitidas para poder acceder a los recursos que se reservan a las víctimas de la violencia de género.
La asistencia letrada inmediata tampoco está garantizada porque no existen turnos de guardia de 24 horas en numerosos colegios de abogados y a la hora de interponer la denuncia las mujeres se encuentran en muchas ocasiones con el problema de que el personal policial no cuenta con una formación adecuada. Una vez otorgada la orden de protección, una condición que sólo alcanza el 4,63% de las víctimas (27.976 mujeres en 2007), los efectivos policiales son demasiado escasos para poder cumplir con todos los casos. Según datos aportados por Amnistía esta mañana, cada agente tiene a su cargo la protección de 67 mujeres.
'En tres años, los sobreseimientos de casos se han multiplicado por 180%, mientras que las denuncias apenas han subido en un 38%', indica Naredo. Un desfase de porcentajes demasiado grande para ajustarse a la realidad y que entronca más con otras circunstancias como el exceso de trabajo en los juzgados, insiste. La única preocupación 'es que la violencia no quede impune', añade. Y para eso aún es necesario un esfuerzo.
El Mundo
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