¿Es pecado pedir la abdicación del Rey?

Pues, al paso que vamos, parece que sí. Parece que se va a convertir en un pecado y, lo que es peor para quienes nos sentimos agnósticos, podría convertirse incluso en un delito, tal es la imparable y degradante deriva que ha emprendido nuestra mal llamada democracia. Como habrán advertido enseguida los lectores, la pregunta está relacionada con el gran asunto -el otro tenía que ver con la desoladora imagen de un Mario Conde que, incapaz de respetar lo que antes se llamaba “el duelo”, el silencio del duelo, aparecía en la portada de El Mundo impetrando la piedad ajena, patético Conde, enésima equivocación, otra vez manipulado por quien tantas veces le usó para vender más periódicos- que la prensa dominical sacaba ayer a colación: la riña entre Esperanza Aguirre y el Rey de España a propósito de Federico Jiménez Losantos (FJL).

Huelga decir que lo último que pretendo es salir a defender al locutor de radio, en cuyo programa participo en las mañanas de los miércoles y con quien suelo discrepar a menudo, entre otras cosas porque Jiménez Losantos ya es mayor y sabe defenderse muy bien solito, asomado como está todas las mañanas a unos micrófonos que escuchan cientos de miles de españoles. Porque ahí le duele, esa es, en mi opinión, la clave del problema: que la polémica sobre la Monarquía, hasta ahora confinada en el gueto apacible de la charla de café o en la esperanza añeja de algunos grupitos de republicanos irredentos, está empezando a llegar a la gente, esa lluvia fina comienza a calar, Juan Español empieza a hacerse preguntas y a cuestionar las bases mismas sobre las que se asienta una democracia enferma, de la que sigue sacando tajada un establishment –en cuya cúspide vive instalado el Monarca- totalmente refractario a cualquier amago de regeneración democrática.

Que se sepa, pedir la abdicación del Monarca en su hijo no está tipificado como delito en nuestra Constitución ni en el Código Penal, porque, si así fuera, ¿qué haríamos con quienes se declaran abiertamente republicanos? ¿qué, con los millones de españoles que pasan de abdicación y reclaman directamente una reforma constitucional que, entre otras cuestiones no menores, se cuestione la forma de Estado y pida opinión a los españoles al respecto? ¿Va a ser delito disentir de la doctrina oficial que propaga y defiende el Sistema desde la muerte de Franco? Lo cual nos lleva por derecho al nudo gordiano de la cuestión: estamos ante un problema de libertad de expresión. Un problema como una catedral. Hasta aquí llegan las aguas de la riada de una democracia podrida, víctima de la corrupción galopante, que lleva años pidiendo a gritos un movimiento regenerador.

Hacerse el haraquiri

¿Es que debe FJL pedir perdón o hacerse el haraquiri por haber hablado de la abdicación del Monarca? ¡Faltaría más! El Rey es el titular de la primera institución del Estado, institución que, como todas las demás, está al servicio de los españoles. Salvo error u omisión, desde las Cortes de Cádiz a esta parte la soberanía reside en la nación, es decir, en el pueblo español, conjunto de ciudadanos libres con plena capacidad para opinar y juzgar la conducta de quienes ocupan el vértice del Sistema. De modo que no es FJL quien debe dar explicaciones. Son otros quienes, por ejemplo, deberían explicar cómo es posible hacer una gran fortuna sin llamarse Amancio Ortega y partiendo de la nada.

Ya sabemos, pues, que al Monarca no le gusta la crítica. Nos lo temíamos. Hasta ahora, sin embargo, jamás habíamos asistido al espectáculo de un almuerzo donde el Jefe del Estado, en presencia del presidente del Gobierno y de una serie de comensales más o menos ilustres, realiza una serie de manifestaciones lesivas para la libertad de expresión de un ciudadano, ante el silencio cómplice de los presentes, singularmente del jefe del Gobierno, un personaje tan en la onda de la degradación democrática que padecemos que, por primera vez desde 1975, acaba de enviar los tanques de la Abogacía del Estado para tomar al asalto un Tribunal Constitucional cuya mayoría no controla.

La excepción en aquel almuerzo fue la presidenta de la Comunidad de Madrid. Monárquica reconocida pero también liberal, Esperanza Aguirre antepuso su condición de tal para defender la libertad de expresión de un ciudadano y dejar en entredicho a quienes constantemente apelan a las libertades y al republicanismo de guardarropía. ¡Vivir para ver!, habrá que rendir homenaje a la señora Aguirre, que ha sabido estar en su lugar. En cualquier país democrático, las manifestaciones del Rey –no digamos ya esa velada amenaza a que “si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña”- y la complicidad del jefe del Gobierno, constituiría un auténtico escándalo político. En la España de nuestros días, lo ocurrido se toma como normal, síntoma evidente de la escasa calidad de nuestra democracia.

Metido en el tobogán del “¿pero esto qué es?”, el Monarca se permitió incluso dar lecciones a la Conferencia Episcopal, para indirectamente decir a los obispos lo que tienen que hacer con FJL. ¿Y qué es lo que han hecho los señores obispos desde el 75 a esta parte? Pues tutelar y amparar -cuando no encubrir determinados comportamientos- a la Institución Monárquica y al propio Monarca desde los tiempos del cardenal Tarancón. Este es el pago que reciben.

Y toda la escena, repito, ante el silencio complaciente del resto de comensales –con la excepción referida-, gente principal que cuando toca poder o habita en sus aledaños abdica de su dignidad para comportarse como auténticos siervos, algo que explica el por qué en este país no existe una sociedad civil digna de tal nombre. Falta fibra moral, faltan hombres dispuestos a ejercer plenamente su condición de tales; sobran hombrecitos dispuestos a caminar a cuatro patas y a bailar al son que toca el amo del tambor. Este es el país que tenemos, y esta es la razón de fondo que explica la mayoría de los problemas que nos abruman: la carencia de material humano de calidad. Cosas de “la mala suerte colectiva de España” que decía Caro Baroja.

Jesús Cacho
El Confidencial, 22/10/2007