Leer lo que aparece en los periódicos y pensar sobre ello, asusta. España se está convirtiendo en un país donde las personas que trabajan, llegan a final de mes con dificultades, pagan su hipoteca, tienen hijos, se preocupan de ellos, en definitiva, la mayoría de gente buena que hace posible que España como tal exista, se están convirtiendo a los ojos del estado en ciudadanos de segunda y, además, en seres peligrosos que deben ser perseguidos por la justicia.
Sanahuja, la juez decana de Barcelona, viene denunciando la “detención masiva” de hombres como consecuencia de la ley contra la violencia de género. Afirma que dicha ley deja indefensos a los hombres, y considera que es una situación propia de “regimenes totalitarios”.
Los datos le dan la razón: en poco más de un año de existencia están procesados 125.000 hombres. A este ritmo, las cifras serán pronto millonarias y faltarán cárceles para ingresar a tantos condenados, y no habrá suficiente policía en todo el espacio europeo para cubrir las órdenes de protección. La criminalización de la relación de pareja es un hecho.
Otro ejemplo: a lo largo de los últimos días se han vuelto a producir en Cataluña asaltos a casas particularmente cruentos por los daños brutales causados a las personas o incluso por el rapto de un niño. En este contexto, un ciudadano se enfrenta a dos ladrones evidentes y, valorando que iban a agredirle, hace fuego con el arma que legalmente podía portar. Resultado: tres días en comisaría e ingreso en prisión acusado de homicidio.
La juez considera que no ha sido un acto en defensa propia porque no se dan las circunstancias para ello. Al margen de la interpretación de la juez en este caso concreto, lo que sí es cierto, es que en España existe un gravísimo desequilibrio entre las garantías que se ofrecen a los delincuentes y las inseguridades que experimentan los ciudadanos. Es falso que la policía pueda protegernos a todos.
Es razonable que podamos defender nuestra casa y nuestra familia. No puede exigirse que estemos en riesgo evidente de morir o sufrir un grave daño dentro de nuestra casa porque el delincuente es quien tiene la iniciativa, es él quien lleva armas o medios con qué agredirnos, y sabe utilizarlos y es él quien ha entrado en tu casa por sorpresa con la intención de robar sin reparar en el daño físico y moral que te cause.
Cuando el robo en el domicilio respondía a otro perfil de delincuencia parece lógico que se extremaran las medidas para que nadie pudiera tomarse la justicia por su mano, pero cuando este tipo de delito se ha transformado de la mano de gentes particularmente agresivas entrenadas en sus países para ser violentos sin ningún tipo de remilgo, las cosas, lógicamente, han de ser diferentes. Las leyes han de replantearse, y las interpretaciones que hacen los jueces también.
El tercer hecho de actualidad es la nueva ley de la Generalitat de Cataluña que va a permitir la expropiación forzosa para el alquiler de pisos que lleven desocupados más de dos años. En principio, el razonamiento general, abstracto, puede resultar razonable. La existencia de un gran número de pisos vacíos y la función social que toda propiedad debe realizar. Pero dicho esto hay que hacer observar una vez más que van a existir dos niveles de exigencia diferente. Uno para el ciudadano y el otro para el okupa.
El primero se verá obligado a alquilar el piso o sometido a un trámite de urgencia por la administración. El segundo, después de realizar un acto ilegal, vivirá años y años en el lugar que ha ocupado, porque la combinación de legislación e interpretación judicial habitual, impide los desalojos inmediatos. ¿Por qué el okupa debe tener más garantías que el ciudadano que tiene otra vivienda para alquilar?
Y esto, sin entrar en casuísticas concretas, por ejemplo la persona que ha dejado de alquilar el piso en el que invirtió sus ahorros escaldado por los conflictos reiterados que ha tenido con los inquilinos, o aquel que decide mantenerlo vacío durante un par o tres de años a la espera de un anunciado matrimonio de su hijo que no acaba de producirse, y así sucesivamente.
No se si se dan cuenta, pero cada vez a los ciudadanos de a pie nos dictan más leyes, nos restringen más los derechos, nos cobran más impuestos, mientras que los grupos que viven al margen de la sociedad o registran prácticas que son contrarias a las misma, encuentran las mejores condiciones para desarrollar su peculiar estilo de vida.
Forumlibertas.com (13/XII/06)
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