La encrucijada del copago

El PSOE se encuentra en una encrucijada porque, después de más de un año y medio de trabajo, el Grupo de Análisis del Gasto Sanitario ha concluido el informe que se le encargó. En él se advierte de que el dinero para sanidad se encuentra "algo por debajo de lo que destinan los países del entorno", lo que no supone un obstáculo para recomendar, a la vista del ritmo de crecimiento que está experimentando el gasto, la puesta en marcha de medidas que vayan dirigidas a mejorar la eficiencia y la racionalización tanto en el medio como en el largo plazo

En política sanitaria, todos los caminos deberían conducir inexorablemente al incremento del copago ciudadano de los servicios asistenciales que se ofertan. En 1996 y, sobre todo, 1997, el PP intentó impulsar la polémica medida en el ámbito de los medicamentos bajo el paraguas de la subcomisión del Congreso que iba a reformar el Sistema Nacional de Salud (SNS) en España. Al final, las reticencias del PSOE a secundarle, sus propios complejos y la errática marcha de la subcomisión impidieron su puesta en marcha, con una consecuencia perceptible para todos los agentes del sector: desde entonces hasta ahora, los diferentes gobiernos no han hecho más que contener el crecimiento de la factura pública en medicinas mediante la aplicación de recortes de beneficios a tres de las cuatro patas implicadas en la misma: distribuidores, farmacéuticos y laboratorios. En estos momentos, el partido que se encuentra en la encrucijada es el PSOE, aunque la escasa popularidad de la iniciativa y el poco tiempo que resta para que termine la legislatura provocarán que el debate se aplace, por lo menos, hasta finales de 2008, si lo permiten los juegos parlamentarios y la existencia de mayorías holgadas tras los comicios.

Es ahora el PSOE el que se encuentra en la encrucijada porque, después de más de un año y medio de trabajo, el llamado Grupo de Análisis del Gasto Sanitario, auspiciado por los ministerios de Presidencia, Economía, y Sanidad, a raíz de la celebración, en 2004, de la Conferencia de Presidentes destinada a abordar entre otras cuestiones el déficit de la financiación sanitaria, ha concluido ya el informe que se le encargó. En él, se revisa de forma exhaustiva el gasto sanitario público registrado durante 1999-2003, y se advierte de que el dinero para sanidad se encuentra "algo por debajo de lo que destinan los países del entorno", lo que no constituye un obstáculo para recomendar, a la vista del ritmo de crecimiento que está experimentando el gasto, la puesta en marcha de medidas dirigidas a mejorar la eficiencia y la racionalización tanto en el medio como en el largo plazo. En línea con las conclusiones a las que también ha llegado el Consejo Económico y Social (CES), los expertos del Gobierno proponen que los usuarios asuman parte del coste de la asistencia que reciben, "porque siempre gastan más de lo necesario", y recuerdan que en España sólo existe copago en los medicamentos, mientras en algunos países de Europa los ciudadanos pagan diez euros al trimestre por la visita al especialista, un euro por los procesos ambulatorios, y la hostelería hospitalaria a partir del quinto día de estancia en el centro.

Los expertos sostienen que un copago de este tipo no serviría para aumentar la financiación sanitaria, sino para "racionalizar la demanda", y apuntan que su puesta en marcha debería aplicarse sólo en ciertas prestaciones, en función de características como la condición de salud del paciente y su nivel de renta. En la parcela puramente farmacéutica, los miembros del Grupo de Trabajo alertan del fuerte incremento que está experimentando el número de recetas fruto del aumento de la población protegida y de las políticas de prevención de enfermedades en personas con factores de riesgo.

Se trata, pues, de un análisis que confirma las tendencias detectadas por numerosos paneles de expertos y que traslada al Ejecutivo —principalmente a los ministerios de Economía y de Sanidad— la patata caliente de una decisión que todos los gobiernos han rehuido desde la emisión del informe Abril: la contención del gasto pasa por aplicar nuevos recortes al sector, o por involucrar en mayor medida a los ciudadanos en el pago de los servicios médicos. Como la primera opción ya ha sido ampliamente explotada, la segunda cobra fuerza, y tendrá que ser el Gobierno que resulte triunfador en las próximas elecciones el que reabra el debate a partir de 2008. Los datos confirman que ya no caben más dilaciones.

Sergio Alonso (El Global.net) (22/XII/06)