Autonomías. Por el federalismo fiscal. Por Emilio J. González

Lo triste de todo este asunto es que el enfrentamiento político está ocultando los verdaderos males del modelo de descentralización territorial..

La última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera ha demostrado, una vez más, que al Gobierno le importa un rábano el solucionar la grave crisis fiscal que vive la economía española. La reunión con los representantes de las autonomías era una ocasión de oro no sólo para acordar entre todos la forma de reducir el déficit público, sino también para establecer de forma racional qué competencias le corresponden a cada uno y cómo financiarlas. Sin embargo, el Ejecutivo se ha embarcado en lo peor que podía hacer, esto es, en una batalla de naturaleza electoralista contra las autonomías gobernadas por el PP, a las que pretende ahogar financieramente, e incluso llevar a la suspensión de pagos a alguna que hasta el pasado junio estuvo gobernada por los socialistas para culpar a los ‘populares’ de ello y tratar de desgastarlos más y más. Mientras tanto, en Moncloa y en Ferraz los del PSOE trazan planes sobre cómo invertir con fines electoralistas esos recursos que quieren que las comunidades autónomas devuelvan ya al Estado, con independencia de su situación de solvencia. Visto lo visto, no es de extrañar que, en unos momentos en los que el euro debería estar fortaleciéndose frente al dólar, a tenor de lo cerca que se encuentra Estados Unidos de la suspensión de pagos, esté sucediendo lo contrario. Y es que los mercados confían más en que Obama acabe por dar su brazo a torcer que en que Zapatero actúe por una vez con el mínimo de racionalidad que exigen las circunstancias de España y de la Unión Monetaria Europea.

Lo triste de todo este asunto es que el enfrentamiento político está ocultando los verdaderos males del modelo de descentralización territorial. Los políticos, por ejemplo, siguen sin entender que tienen recortar el gasto público en todos los niveles de la Administración, que es lo que debería estar debatiéndose en estos momentos. De la misma forma, debería estar sobre la mesa de negociaciones un nuevo modelo de distribución territorial de competencias, y de recursos para financiarlas, según los principios del federalismo fiscal, como qué gasto es necesario y cuál no –para cortar este último de raíz–, y qué nivel de la Administración es el más eficiente en la prestación de cada uno los servicios públicos. E igualmente sería necesario debatir la creación de un sistema de intervención del gasto en todas las administraciones, pero controlado por el Estado, que para eso es el que paga, con el fin de evitar el derroche y la corrupción a que nos tienen acostumbrados las autonomías y los ayuntamientos.

Y eso por no hablar de racionalizar el contenido de toda una serie de competencias –¿qué sentido tiene que cada autonomía tenga, como mínimo, una universidad pública cuando la demografía provoca que haya cada vez menos universitarios?– cuyo ejercicio sólo sirve para derrochar más y más recursos. A partir de ahí, quien quiera gastar más en embajadas, en universidades y demás cosas innecesarias, que suba los impuestos. Ese es el debate que tendría que estar produciéndose en estos momentos, no esa discusión electoralista sobre los pagos de las autonomías que no conducen más que a agravar nuestra situación fiscal y, con ella, la económica. Ahí está nuestra prima de riesgo en máximos y al alza para certificarlo.

Libertad Digital - Opinión

Devolver competencias. Por José Antonio Vera

Colea aún el pulso entre las autonomías y el Gobierno a propósito de la abultada deuda, el descontrol del déficit y el caos actual de las haciendas regionales. La situación es tan extrema, que hay quien plantea una reconducción de la estructura territorial del Estado para convertirlo en algo menos costoso y más racional. Dicen ya abiertamente algunos presidentes periféricos que son partidarios de devolver competencias al Estado, para que se gestionen de manera conjunta desde la Administración central. No me parece mala idea. Algo habrá que hacer en ese sentido, pues el actual modelo es costosísimo, disgregador, de tendencia confederal, fomenta un planteamiento de «taifas» que hace muy complicado tomar decisiones conjuntas, y pone claramente en peligro la unidad de mercado.

La devolución de competencias que plantea, por ejemplo, Ramón Luis Valcárcel desde Murcia, puede ser sin más una manera de mantenerle el pulso al Gobierno de Zapatero. Pero no tiene por qué ser una idea descabellada, sino todo lo contrario, siempre y cuando se haga de forma voluntaria. Hacer 17 servicios regionales de Salud, con 17 políticas de compra de medicamentos, gestión de centros, tarjetas sanitarias, sistemas informáticos y todo lo demás, no sólo es más caro desde el punto de vista de la gestión de compras, sino que además es caótico porque se fomenta la desigualdad en las prestaciones entre comunidades. Y lo mismo que en Sanidad sucede en Educación o en Justicia, materias donde la gestión con criterios mínimamente uniformes se echa en falta a diario.

Es verdad que una crisis económica como la actual es dura y sus consecuencias dolorosas para todos. Pero a veces las crisis son también oportunidades. Para poner orden. Para eliminar lo superfluo. Para reducir costes. Y esta mega-crisis que nos golpea podría ser adecuada para racionalizar un modelo territorial que hicimos deprisa en los convulsos años de la Transición y cuyos resultados son mejorables. Particularmente porque en España sólo había una reivindicación autonómica real en Cataluña y el País Vasco, y por razones incomprensibles decidimos darle el mismo nivel de autogobierno político a territorios que nunca plantearon esa necesidad. Ni Murcia ni Cantabria ni La Rioja tenían interés en una Sanidad o Educación propias. Hubiera servido perfectamente la descentralización administrativa con una estructura de decisiones jerarquizada, es decir, que garantizara al Estado la potestad última de decidir, algo que ahora es imposible.

El planteamiento de devolución de competencias que hacen hoy algunos gobiernos regionales del PP me parece acertado. ¿Para qué 17 defensores del Pueblo, tribunales de Cuentas o consejos del Poder Judicial? Sería más que razonable que las autonomías que quisieran se pudiesen poner de acuerdo para que determinados servicios se resolvieran conjuntamente desde un órgano común. Nos ahorraríamos dinero y no se rompería la unidad de mercado, ahora en peligro de verdad. Las autonomías que no quieran, que se queden con su actual estructura. Igual es una manera de diferenciar al País Vasco y Cataluña de las demás, algo nada descabellado, y que podría poner fin también al afán de vascos y catalanes por ser diferentes.

La Razón - Opinión

Crisis fiscal. El desastre autonómico. Por Agapito Maestre

Me atrevo a decir ahora que Zapatero tiene razón cuando le reprocha a Rajoy que si no está de acuerdo con la "ley" de las Autonomías, que nos diga cuál es la suya.

Zapatero quiere convertir la victoria del PP en las elecciones del 22-M en una derrota para las próximas generales. Zapatero quiere ahogar económicamente a las comunidades del PP para que la gente vote a Rubalcaba. Quizá no lo consiga, pero, desde luego, pondrán en evidencia algunas contradicciones del PP que son relevantes para hacernos cargo de la inviabilidad del actual sistema autonómico. Y, sobre todo, ponen a Rajoy en la alternativa siguiente: o recentralización o independencia para Cataluña y País Vasco. El rollo del federalismo o de las autonomías ya no se la traga nadie con un poco de inteligencia política.

En efecto, el Consejo de Política Fiscal y Financiera ha sido un desastre, especialmente para las once comunidades gobernadas por el PP, porque el Gobierno quiere que esas administraciones devuelvan lo que deben a la Administración Central en el plazo señalado. Es terrible, incluso perversa, la actitud de Zapatero, porque no quiere negociar ni resolver un problema creado por él, cuando presupuestó en 2008 por encima de lo debido. Más aún, el maquiavelismo de Zapatero no es de recibo, porque cuenta con el poder de asfixiar a unas comunidades y salvar a otras. Todo eso es verdad, pero, en mi opinión, tampoco tienen un pase las reacciones de las comunidades del PP que amenazan con devolver algunas competencias al Gobierno.

Esa amenaza, después de treinta años de soportar un sistema infumable y podrido, es absolutamente inviable si no se plantea como una reforma completa del desastroso sistema autonómico. Tendría que hablar Rajoy con voz clara y contundente: o sigue apoyando este esperpento de Estado de las Autonomías o propone un nuevo modelo de Estado-nacional democrático que se enfrente, definitivamente, al asalto que han perpetrado los nacionalistas de la nación española en las tres últimas décadas. En otras palabras, es demagógica la reacción del PP, porque no se puede estar defendiendo, por un lado, el actual modelo de Estado de las Autonomías y, por otro lado, amenazar con salirse de él.

Porque soy de los pocos que, en España, vengo criticando este Estado de las Autonomías, especialmente su principal fracaso, a saber, la incapacidad de integrar a los nacionalistas catalanes y vascos en un sistema democrático, me atrevo a decir ahora que Zapatero tiene razón cuando le reprocha a Rajoy que si no está de acuerdo con la "ley" de las Autonomías, que nos diga cuál es la suya. Sospecho que Rajoy, por desgracia, callará, es decir, se apuntará a la salida socialista, o peor, al silencio hasta que se independice, definitivamente, Cataluña y País Vasco. Eso es todo.

Libertad Digital - Opinión

Embrollo autonómico

Los mercados y los organismos internacionales observan con lupa las decisiones económicas del Gobierno y de las comunidades. El Pacto de Estabilidad delimita un escenario fiscal que compromete a las administraciones y del que cualquier descuelgue se traduce en desconfianza y en tensiones para nuestra deuda. Resultó decepcionante el resultado del Consejo de Política Fiscal y Financiera que, lejos de encauzar la solución a las dificultades económicas de las regiones y de sellar un acuerdo global en torno a una regla de gasto, deparó un embrollo mayor del que existía y, sobre todo, envió un mensaje negativo al exterior. El Gobierno y las comunidades salieron del encuentro sin un acuerdo en aspectos clave como garantizar la liquidez a corto plazo y preservar la estabilidad de las cuentas públicas. Mariano Rajoy había planteado una fórmula razonable como era aplazar la devolución al Estado del dinero que anticipó a las regiones, pero el Gobierno se negó y propuso facilitar un crédito especial ICO a las comunidades para ese propósito. Esa iniciativa es pan para hoy y hambre para mañana, porque crea un problema sobre otro al generar un nuevo endeudamiento a unas administraciones exhaustas. No existían razones de peso para descartar la propuesta del líder del PP porque ni afectaba al déficit ni a la deuda y ofrecía un margen de liquidez apreciable. El Ejecutivo sólo pudo oponerse por motivos políticos. La intransigencia de Salgado y su aparente falta de voluntad para alcanzar un acuerdo de mínimos sólo puede interpretarse en el marco de una estrategia de desgaste político para poner a los gobernantes del PP entre la espada y la pared sin capacidad de maniobra.

Aunque las comunidades autónomas ratificaron su compromiso con el objetivo de déficit, el Ejecutivo frustró un consenso en torno a una regla de gasto común. Sin una disciplina férrea y conjunta, es más probable que los números no cuadren y que se agudice el problema, algo que no preocupó al vicepresidente Chaves, que sí anduvo rápido para responsabilizar al PP de los futuros ajustes como si la desastrosa herencia recibida fuera inocua.
Algunos de los detalles del encuentro indican que el Gobierno tampoco cuidó las formas. La improvisación deparó escenas impropias de una cita de esa seriedad, como el reparto de sobres cerrados por parte del Gobierno a los consejeros con la cifra de financiación de la que podían disponer o que al nuevo responsable madrileño le dieran el sobre de Canarias.

Lo peor es que no se atisba una salida próxima y factible, y la situación tiende a empeorar con una mayor conflictividad. Lo ideal sería que el Gobierno liderara con las autonomías un acuerdo de mínimos para despejar el horizonte de incertidumbres y trasladar tranquilidad y certeza a los mercados, aunque Salgado tendrá que cambiar de actitud y no actuar como oposición del poder autonómico del PP. A medio y largo plazo es evidente que existe un fallo sistémico del Estado autonómico, que requiere una reforma profunda para reordenar los equilibrios, racionalizar sus funciones y garantizar su sostenibilidad. Será misión principal del próximo Gobierno.

La Razón - Editorial

Salida de emergencia

Las autonomías del PP aceptan el recurso al ICO, pero avivan el conflicto político de cara al público.

La reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del miércoles ratificó las extrañas formas de hacer política que tiene el Partido Popular (PP). Durante la sesión parlamentaria matinal, el presidente del partido, Mariano Rajoy, había exigido que se aplazara a 10 años la devolución del exceso de dinero (nada menos que 18.736 millones en total) que han recibido las autonomías por error en el cálculo de los ingresos fiscales, que el Gobierno adelantara los fondos de competitividad y convergencia, y que las comunidades pudieran emitir deuda con el aval del Estado. Pero en el Consejo, donde es necesario presentar pruebas y argumentos, los presidentes autonómicos del PP bajaron el diapasón del conflicto. Es más, ratificaron dos principios importantes: el compromiso de moderar el déficit autonómico en el 1,3% del PIB y una regla que limite el gasto público de las comunidades en función del ciclo económico.

Y, con las reticencias de rigor, aprobaron el plan de Economía de acceder a créditos del ICO destinados a cubrir la deuda con sus proveedores. La solución no es perfecta, pero sirve para salir del paso. Apenas repercute en las obligaciones de las autonomías, pero contribuirá a aliviar la situación de las empresas suministradoras.

Pero, una vez terminado el Consejo, el PP volvió a llevar el debate político sobre las finanzas autonómicas adonde más le gusta, que es al estruendo mediático. El presidente gallego, Núñez Feijóo, adelantado de las reivindicaciones del PP, insistió en que la estabilidad es imposible si no se cumplen las exigencias de los Gobiernos populares. Está latente la amenaza de un colapso dirigido del sistema autonómico. Esto es política (tal como la entiende el PP), no un debate sobre cómo se mejora la gestión pública. El PP amontona inconvenientes (devolución de transferencias, a la que ya se ha negado el Gobierno, o peticiones financieras imposibles) para acorralar un poco más al Ejecutivo y encharcar el terreno de juego al candidato Rubalcaba.

El problema es que al equipo económico del Gobierno le asisten esta vez buenas razones. Lo que pretenden Rajoy y su corte autonómica es hacer responsable al Ejecutivo del desequilibrio de las cuentas de las comunidades y trasladar el peso del ajuste autonómico a la Hacienda pública. Pero, como explicó la vicepresidenta Salgado, las autonomías dispondrán de un margen adicional de gasto en 2012, mientras que el Gobierno tendrá que seguir ajustando sus cuentas. No hay razón objetiva para temer un colapso ni para demorar las devoluciones desde los cinco años actuales a 10. Si Hacienda aceptara la prórroga a un decenio, el PP y su abrumador peso autonómico reclamarían 15 o 20 años.

El estribillo del presidente del PP es que, puesto que el Gobierno se equivocó al calcular los ingresos, debe ahora resolver el problema. Rajoy no aprecia responsabilidades políticas en el desaguisado autonómico. Pero resulta que los dirigentes autonómicos se han aplicado durante decenios a una política de gasto próxima al despilfarro (baste citar las obras faraónicas en Galicia o en Valencia) fiados a una provisión de ingresos inagotables originados por la prosperidad económica basada en la burbuja inmobiliaria.

Es hora de aceptar los hechos. A las autonomías les espera un duro ajuste por delante y el TC ha dictaminado que el Gobierno tiene competencias en el control del gasto autonómico. Sobre ambos principios, el PP tendrá que decidir si quiere colaborar en la tarea de garantizar la solvencia de la deuda o si pretende seguir con la maniobra indigna de gritar que el Estado de las autonomías se hunde. Si se decide por lo primero, basta con que guarde silencio durante algunos meses y los Gobiernos autónomos que controla presenten a discusión en septiembre la regla de gasto para sus Administraciones.

El País - Editorial

El fiasco financiero del Estado autonómico

No es momento para parches, y tanto el crédito extraordinario del ICO que ofrece el PSOE como la prórroga de la devolución de los anticipos que solicita el PP son eso: parches. Es hora de redefinir el Estado de las Autonomías..

Desde que el PP arrasó en las elecciones autonómicas del pasado 22 de mayo, parecía bastante claro que la táctica del PSOE de cara a las próximas generales iba a ser la de asfixiar financieramente a las autonomías. Si se les dificultaban los ingresos y se les forzaba a practicar un fuerte ajuste del gasto, el malestar ciudadano dejaría de concentrarse en Zapatero y, sobre todo, le permitiría a Rubalcaba sacar a pasear el dóberman de la derecha antisocial.

La intransigente postura del Ejecutivo socialista en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado miércoles debe leerse desde esta óptica: después de que la Administración central se haya apretado el cinturón, les ha llegado el turno a las autonomías. No es que el razonamiento sea del todo incorrecto –pues, en efecto, el gasto autonómico sigue absolutamente desbocado–, pero el PSOE carece de legitimidad y de tiempo para abrir semejante debate.

A la postre, fue el Ejecutivo de Zapatero quien infló las previsiones de ingresos de 2008 y 2009 y quien abonó a las autonomías unos anticipos a cuenta que eran a todas luces excesivos, y fueron gobiernos socialistas quienes dejaron las despensas autonómicas llenas de deudas. Ahora, con déficits estructurales que se cifran en miles de millones de euros, no resulta muy factible que esas autonomías asuman a cinco años vista pagos extraordinarios de 23.000 millones de euros.

O, al menos, no resulta factible sin cambios de calado en nuestro Estado de las Autonomías. Es imprescindible definir –y cerrar– qué entes prestan qué servicios públicos para, posteriormente, proporcionarles los mecanismos de financiación necesarios. En ese momento, los gobiernos autonómicos que no deseen recortar el gasto, tendrán que subir sus impuestos; y quienes opten por mejorar su eficiencia sin esquilmar todavía más a los ciudadanos, podrán incluso rebajar los suyos. Pero la situación actual, en la que un nivel administrativo gasta y el otro recauda y reparte, es del todo insostenible.

No es momento para parches, y tanto el crédito extraordinario del ICO que ofrece el PSOE como la prórroga de la devolución de los anticipos que solicita el PP son eso: parches. Es hora de redefinir el Estado de las Autonomías, pero el PSOE, por motivos obvios, no quiere ni puede hacerlo. Veremos si el PP, en caso de que acceda al Gobierno central, está dispuesto a coger el toro por los cuernos.

Libertad Digital - Editorial

La Sección de Opinión de ABC "ahora es de pago".

A partir del 23 de Julio de los corrientes, para acceder a los artículos de opinión del ABC hay que suscribirse en una opción de pago. Y hay una limitación legal que impide la reproducción libre de los textos. A veces hay algún artículo de acceso libre. Posiblemente por error.

ABC - Opinión

Que no te engañe Rubalcaba, su efecto tiene fecha de caducidad. Por Federico Quevedo

Si hacemos caso a la última entrega del barómetro del CIS, Alfredo P punto Rubalcaba habría conseguido recortar 3,3 puntos la distancia que separa a su partido del Partido Popular, es decir, que el llamado ‘efecto Rubalcaba’ habría tenido, valga la redundancia, efecto favorable a los intereses del Partido Socialista. Si esto es verdad lo vamos a saber muy pronto: si hay adelanto electoral es que ni el conserje de Ferraz se ha creído la encuesta, y si las elecciones cumplen su calendario y son en marzo es que realmente el PSOE le ve posibilidades a su candidato.

Mi apuesta, francamente, va por lo primero. El CIS, por desgracia, es un organismo público al que sus últimos sondeos electorales han desautorizado como fuente sociológica. De hecho, se le llama Centro de Intoxicaciones Socialistas por razones evidentes, básicamente que todas sus encuestas se empeñan en tratar bien al PSOE y al Gobierno y ocultar lo que verdaderamente ocurre en este país, que no es otra cosa que una necesidad imperiosa de cambio político.

Pasó con los sondeos previos al 22 de mayo, y antes de eso ocurrió con los sondeos previos a las elecciones gallegas y europeas, incluso con las catalanas. El CIS ya no sirve como referencia, pero dicho eso, era además lógico que ayer publicara una encuesta favorable a Rubalcaba, en primer lugar porque esas encuestas las cocina el propio Rubalcaba y, en segundo lugar, porque el Partido Socialista necesitaba un sondeo que le imprimiera algo de ánimo, por poco que fuera, que sirviera de paraguas a la que le está cayendo que no es poco.

«Si hay adelanto electoral es que ni el conserje de Ferraz se ha creído la encuesta, y si las elecciones cumplen su calendario y son en marzo es que realmente el PSOE le ve posibilidades a su candidato.»

Pero la realidad es muy distinta. La realidad es que el 80% de los encuestados creen que las próximas elecciones las va a ganar el PP, y ese dato es revelador. La realidad es que en la respuesta instantánea el PP gana al PSOE, y eso casi nunca ha ocurrido. La realidad es que, hagan lo que hagan Rubalcaba y su equipo, es prácticamente imposible invertir una tendencia que cada día que pasa afianza más la victoria del PP y la necesidad de cambio que tienen los españoles.

Rubalcaba puede manipular las encuestas, y puede salir todos los día a hacer una oferta de saldo para ver si se la compran los del #15M, pero ni se ha enterado de qué va el #15M ni tiene capacidad intelectual para mantener esa tónica de oferta por día durante mucho tiempo. Digo que no se ha enterado de qué va el #15M porque si de verdad lo supiera el pasado lunes en lugar de poner a su equipo a contestar a 15 preguntas previa y convenientemente seleccionadas de entre las 1.500 que le presentaron en Twitter, hubiese sido él mismo el que se pusiera a los mandos del teclado para contestar a cuantas más preguntas mejor sin selección previa de las mismas.

¡Ah! Pero es que esto de las redes sociales es muy complicado porque puede ser que aparezca alguno con ganas de armarte bronca, y Rubalcaba no soporta que nadie le monte una gresca, y mucho menos en Internet que es un medio que él no maneja… Es verdad que tampoco lo hace Rajoy, pero al menos no presume de ello ni se trae al equipo de Obama como si ahora resultara que Rubalcaba va a revolucionar la red con un Yes, we can típico de las campañas yanquis…

De eso nada, y de hacer propuestas verdaderamente implicadas en la resolución de la crisis que atraviesa este país, menos todavía. Hasta ahora, el PSOE le echaba en cara al PP que no tuviera programa y no lo presentara, pero a partir de ahora tendrá que soportar la guasa que supone ver cómo tampoco el candidato Rubalcaba tiene más de dos propuestas serias y sensatas, porque si realmente las tuviera habría que preguntarse por qué no las ha puesto en práctica antes. Pero, sobre todo, es que a este ritmo de promesa diaria no va a dar para llegar hasta marzo, razón de más para creer que las elecciones van a ser cuando le convenga a Rubalcaba, y eso es ahora, en otoño, porque diga lo que diga el CIS las encuestas que de verdad maneja el PSOE dicen que sigue abriéndose la brecha con el PP y que Rubalcaba no ha servido de tapón para frenar la hemorragia de votos que esta sufriendo el PSOE.

El Confidencial - Opinión

ETA marca el «timing» Por Martín Prieto

Como de los tabloides ingleses puede esperarse cualquier disparate, el mundo quedaría estupefacto si especularan con la posibilidad que la reina Isabel II estuviera financiando de su peculio el nacimiento de una enésima facción del IRA. Lo que no «pué» ser, no «pué» ser, y además es imposible, como sentenciaba Rafael «el Gallo». Los españoles llevamos casi ocho años tan macerados que sólo nos quedamos absortos, ensimismados, ante cualquier salvajada política excretada de un caletre. Manuel Azaña también lo sentenciaba en sus diarios: «Hay que tener mucho cuidado en poner en circulación una tontería en Madrid porque arraiga mejor que las acacias». La tesis de que ETA marcará el «timing» electoral si emite un comunicado de paz infinita, tendría que movernos al llanto y a la desesperación, pero estamos anestesiados y el desmoronamiento institucional no nos espanta. A ETA le da igual la fecha electoral en la que ingresará al Congreso como Bildu, Sortu o una nueva franquicia que avale el Tribunal que constitucionaliza las pesadillas de Zapatero. Contra lo que repite el candidato, ETA nunca ha estado mejor, más sólida, más cerca de sus objetivos, y, en función de sus intereses separatistas y anexionistas en España y Francia, puede que asegure su mutación en mansos corderos, aunque las armas, los explosivos, el dinero y los zulos los entregue «ad calendas graecas» o cuando se enfríe el infierno. Para llegar a marzo, a Zapatero le basta con aceptar las condiciones etarras a cambio de una displicente palmada en el hombro que le permita mentir en televisión que ETA se ha disuelto. Los bárbaros del norte sí que saben hacer política.

La Razón - Opinión

Están nerviosos. Por Serafín Fanjul

Un tal J.M. Izquierdo, de cuya existencia no tenía la menor noticia con anterioridad, ni para bien ni para mal, largaba un panfleto dedicado a "ultraliberales y ultracasposos", que amenazan, al parecer, la vida y hacienda de los pobres y los rojos.

No suelo leer el periódico El País, por razones fáciles de colegir . Sin embargo, cuando voy de viaje prácticamente es el único diario español que se puede encontrar en Europa, o en México, por poner un ejemplo, y aunque yo no lo compro, nunca falta una mano que cree ser amistosa y lo coloca en las mías, en aeroplanos, casas de amigos y demás. El incorregible vicio de leer cuanta letra impresa me cae cerca hace el resto. El pasado 23 de julio, retornando de Alemania, me pasaron en el avión un ejemplar en el cual destacaba un artículo de opinión a toda página.

Un tal J.M. Izquierdo, de cuya existencia no tenía la menor noticia con anterioridad, ni para bien ni para mal, largaba un panfleto dedicado a "ultraliberales y ultracasposos", que amenazan, al parecer, la vida y hacienda de los pobres y los rojos, entre los cuales establecía una sabia coincidencia implícita. Del mismo modo que ultraliberales y ultracasposos alcanzaban una conjunción planetaria –de las que gustan a la Pajín– para "escaldar" [sic, imagino que quería decir "esquilmar"] los bolsillos de los pobres mediante crisis financieras provocadas, para divertirse amolando al prójimo.

Los ultracasposos se identificaban en el símbolo irrefutable de la peineta de la Sra. Cospedal, que se puso por el Corpus último, y ya como presidenta –¡ horror¡– de la autonomía manchego-alcarreña. El problema para J. M. era la peineta, no el pufo de 1.700 millones de euros que sus compadres le han dejado a la ganadora de las elecciones; tampoco le preocupaba que la mosquita muerta, pero desvergonzada, que cobra en concepto de ministra de Economía haya declarado que la Cospedal arregle el desperfecto (se sobreentiende que con ayuda del Cielo) y no pretenda pedirle dinero a ella, que está para otras cosas. Así pues, J.M. resume el carácter "casposo" de la derecha española en la peineta, instrumento peligroso donde los haya, anticipo de la España "de charanga y pandereta" (que de manera muy original también aparecía) y traicionera señal para que los "corneteros" de la reacción se lancen en los medios de comunicación –se supone que en los poquitos que controla, más o menos, la derecha– a preparar el terreno para, a continuación, pasar a cuchillo a la virginal izquierda; recortando derechos sociales y urdiendo nuevas artimañas para empobrecer a los pobres. Al día siguiente de que entre en vigor, por obra del Gobierno socialista, el aumento del cómputo de años para el cobro de la pensión y del alargamiento de la vida laboral a los 67 años (tras haber congelado las pensiones y rebajado el sueldo a los funcionarios), a J. M. le inquietan en grado sumo los siniestros planes que ultiman en secreto ultraliberales y ultracasposos.

Pero donde la paranoia –o la cara dura– rascan los cataplines a San Pedro (por lo alto) es al final. Tras mencionar una truculenta historieta de la Guerra de la Independencia, de huesos de franceses pulverizados y arrojados a la vía pública para que los pisotee el populacho en sus andares sainetescos, o las señoronas con peineta (se infiere que arrellanadas en ricos landós). El mismo plumilla no da mucho crédito al cuento, pero sí augura –y asegura– que eso es lo que preparan los casposos para cuanto progresista topen; y para pasar por encima de tabas y menudillos laicos y progres con sus "Audis y Mercedes", como las de la peineta con el landó. Aunque la verdad, la verdad, los aficionados a los coches caros son los socialistas, sobre todo si los paga el Erario: vean los que transportaban los sublimes traseros de los alcaldes madrileños que han dejado sus ayuntamientos en bancarrota (Getafe, Parla, Alcorcón, Aranjuez), o Pérez Touriño, anterior presidente de Galicia. Y francamente: ¿ustedes se imaginan a Rajoy organizando y dirigiendo los escuadrones de la muerte? Habiendo existido el GAL, el 11-M y el Faisán, ¿a quién le cuadra mejor el papel?

Alfredo Pérez, Cebrián, Pradera y compañía, sosieguen señores, ténganse tranquilos y no hagan el ridículo pagando a tipos como el J.M. Del cual espero seguir sin saber en mucho tiempo. Y lo dicho: están nerviosos, muy nerviosos.

Libertad Digital - Opinión

La trampa de Alfredo. Por José Antonio Vera

Anda Rubalcaba exultante por los resultados de la encuesta autobombo que le han hecho por encargo sus colegas del CIS para vender a la ciudadanía que, lejos de lo que se piensa en general, no es Alfredo una persona de la que no deba uno fiarse, sino al contrario: es guapo, leal, transparente y nada marrullero. La pena es que ni por esas consigue zafarse de la sombra de Chacón, que le persigue. Después de tanta aclamación y ostentación mediática, resulta que la catalana tiene aún la misma valoración que el nuevo líder del socialismo patrio. Cosas de la vida.

Aunque en lo que de verdad anda Pepunto ahora es en lo de ETA. Le va la vida en que la banda le bendiga diciendo que el bueno aquí no es Rajoy sino Rubalcaba. El otrora triministro espera subir de nuevo en el CIS con la inestimable ayuda de ETA, y por eso mantiene abierto el «buzón» con la banda que le facilita la Fundación Henry Dunant.

Favor por favor, a los etarras les facilitó nuestro hombre la legalización de Bildu, y ahora espera de ellos que le devuelvan la ayuda en forma de comunicado diciendo que mientras gobierne el PSOE no van a matar, pero que ya veremos si el que gana es Rajoy. Todo muy bonito, limpio y cristalino. Tal es la nueva trampa que le prepara estos días al PP el inefable Alfredo.

La Razón - Opinión

Crisis fiscal. El gran tabú. Por José García Domínguez

Ha llegado el momento procesal en que ya resulta ineludible aplicar la cirugía presupuestaria al núcleo duro del Estado del bienestar.

Más allá de la disputa feroz por las últimas migajas del mantel entre Gobierno y comunidades autónomas, la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera ha estado marcada por un silencio estruendoso. Ése que comparten PP y PSOE a propósito de la evidencia que yace tras las muchas miserias contables que han salpicado la cita. A saber, que ha llegado el momento procesal en que ya resulta ineludible aplicar la cirugía presupuestaria al núcleo duro del Estado del bienestar. O, si se quiere hablar con algún rigor, del sucedáneo de Estado del bienestar que aquí pasa por tal. Un tabú transversal que responde por educación y sanidad públicas.

A propósito de la primera, el consejero catalán Mas-Colell acaba de plantear una cuestión nada baladí. Por qué los contribuyentes están obligados a pagar los estudios universitarios de su hija, ha preguntado al viento. ¿Y por qué –podría haber añadido– tras obtener la licenciatura, él deberá costearle un posgrado en algún centro privado, a ver si la chica aprende algo? Con respecto a la segunda, Marina Geli protagonizó el gesto más insólito de la política española en los últimos treinta años. Así, siendo consejera de Sanidad del Tipartito, Geli pidió perdón por su personal proceder. Y es que a la buena mujer se le había ocurrido proponer el copago de los servicios médicos con el argumento de que el sistema iba camino de la quiebra. Corría el año 2004.

Pretendía un objetivo modesto, cobrar un euro por consulta. Tuvo suerte: el presidente de la Generalidad, tras obligarla a un acto de pública constricción, no la cesó. E pur si mouve. Pues, como ningún estudiante de primero de económicas ignora, si el precio de un bien es cero, la demanda tenderá a ser infinita. E infinita, aquí y ahora, significa planetaria. Cuando se pueden atravesar continentes por menos de doscientos euros, "todo el mundo" es, literalmente, "todo el Mundo". De ahí que únicamente el Servicio Catalán de Salud deba ofrecer sus prestaciones al cuarto de millón de extranjeros que ha reclamado su tarjeta sanitaria. Cotizantes o no, es lo de menos. ¿La razón? Para acceder a sus servicios, apenas se requiere figurar empadronado en alguno de los 8.116 municipios que hay en España. Clamoroso, decía, el silencio.

Libertad Digital - Opinión

Un rumbo preocupante

La posibilidad de un cercano comunicado de ETA ha provocado en la clase política reacciones de distinta índole sobre el siguiente paso de la banda. El consejero vasco de Interior, Rodolfo Ares, aclaró ayer que no se espera la disolución de la banda. En términos muy parecidos se expresó el fiscal coordinador de Terrorismo de la Audiencia Nacional, Vicente González Mota, que confirmó que «ETA mantiene su entramado militar, logístico y político». Nuestro periódico publica hoy en exclusiva que la banda y personas con acceso al Gobierno intercambian mensajes a través de la fundación suiza Henry Dunant, que ya actuó como intermediaria en la negociación de 2006-2007.

A través de este «buzón», ambas partes logran información para confeccionar su estrategia a corto y medio plazo, tomar las decisiones correspondientes y reaccionar ante distintas coyunturas. Inevitablemente el funcionamiento de este «buzón» debe ser enmarcado en una secuencia de acontecimientos que configura una escenografía alarmante: la legalización de Bildu y la más que probable de Sortu, las decisiones de Interior con determinados presos terroristas, las interpretaciones laxas de la Ley que están permitiendo homenajes a los reclusos etarras, los fallos favorables a Arnaldo Otegi, que está a un paso de recuperar la libertad, y las maniobras del Ejecutivo para desactivar el escándalo del chivatazo a ETA, entre otros. Hablar de situaciones circunstanciales en la lucha contra el terrorismo es posible, pero poco probable.

Como publica hoy LA RAZÓN, en el Partido Popular sopesan además la posibilidad de que el Gobierno blinde un falso escenario de alto el fuego con actuaciones políticas y jurídicas de rectificación compleja. Los populares están obligados a actuar con prudencia, como siempre lo han hecho en esta materia, pero no pueden ni deben asumir una política de hechos consumados nociva para el Estado de Derecho como la que pueden heredar. El PP tiene que estar especialmente atento a lo que se mueve entre bastidores y mantener a toda costa su decisión de expulsar a Bildu de las instituciones y de reactivar el cerco contra el entramado de ETA.

Los episodios de estas últimas semanas nos evocan la etapa del mal llamado proceso de paz, en el que se sobrepasaron varias líneas rojas de la democracia. Se buscaron atajos a costa de acabar con la unidad de los demócratas y se cayó de bruces en la tregua-trampa de ETA. Aquello tuvo un desenlace trágico. Esperemos que no se cometan los mismos errores y que no se busque como sea un escenario artificial para amortizarlo electoralmente. Sería un error histórico que pagaríamos todos. La dignidad del Estado de Derecho, la superioridad moral de las víctimas y la memoria de los muertos sólo hacen aceptable un final con vencedores y vencidos, con resarcimiento del daño causado a los inocentes, el arrepentimiento público de los asesinos y el cumplimiento de las penas. Si el final no se atiene a estas condiciones, ETA podrá entender con razón que los más de 800 asesinatos fueron necesarios y la democracia asumir que podría haberse ahorrado tanto dolor para acabar así.

La Razón - Editorial

Lecciones de la CAM

La pésima gestión de la caja intervenida se explica sobre todo por la espuria presión política.

La intervención de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) está descubriendo prácticas financieras irregulares en la entidad que, por sí mismas, justificarían la sustitución de los gestores y la entrada del Banco de España en la gestión. Del examen minucioso de sus balances se desprenden tropelías graves, como la concesión de créditos al 0% de interés a consejeros de la entidad, la financiación arriesgada de los proyectos faraónicos de la Generalitat valenciana (durante los mandatos de Eduardo Zaplana y Francisco Camps) y un riesgo inmobiliario exagerado, probable consecuencia de obligaciones de financiación impuestas con criterios políticos.

En las cuentas de la entidad se detecta además el seguimiento de criterios insensatos de crecimiento, impuestos probablemente con la finalidad de superar los resultados de Bancaja. El crecimiento a cualquier precio explicaría el aumento desorbitado del número de oficinas, contrario a la gestión prudente que muchas entidades habían adoptado ya a partir de 2007, cuando empezaban a atisbarse los primeros síntomas del crash financiero.

El caso de la CAM es pues un ejemplo perfecto de las perniciosas consecuencias que se producen cuando la gestión de una entidad bancaria se entrega en manos políticas. Cuando se repite desde las instituciones de control financiero que las cajas de ahorros han de ser dirigidas con criterios profesionales y se reclama una disminución de los vocales políticos en sus consejos, se pretende exactamente evitar este tipo de saqueo de las instituciones cuando se imponen una financiación obligada de proyectos políticos sin rentabilidad alguna o promociones inmobiliarias dirigidas por amigos de los poderes autonómicos. Las cajas no pueden ser las ventanillas abiertas siempre para financiar a cualquier coste las ocurrencias de los Gobiernos autónomos; por esa razón, las fusiones de cajas en la misma región, sin cortapisa alguna del mercado o de gestores independientes, debe ser revisada inmediatamente por el Banco de España.

En el caso de la CAM, la investigación de sus balances debería extenderse a las relaciones entre la Generalitat valenciana y la dirección de la caja. El primer paso para evitar la impunidad de los gestores ya se ha dado al destituirlos inmediatamente. Pero, a la vista de las extrañas operaciones que están aflorando tras la intervención, parece razonable suponer que no son los únicos responsables de la quiebra de una caja que, solo para cubrir las necesidades de capital, va a exigir un saneamiento de 4.000 millones de euros. Los corresponsables políticos, si los hay, también deberían hacer frente a sus responsabilidades. Una vez conocidas las cuentas de la entidad, se entiende mejor el tortuoso caso Camps.

La CAM ofrece un muestrario de errores que deberían evitarse en el futuro mediante las modificaciones legales oportunas. Además, es una baza política para instar a las comunidades empecinadas en mantener sus cajas locales a que acepten un modelo más abierto y profesional.

El País - Editorial

Salvar al candidato Rubalcaba

Este juez condecorado por Rubalcaba trata de evitar las responsabilidades políticas, y en el futuro tal vez penales, del candidato socialista por un delito de colaboración con banda armada que perpetraron presuntamente sus más directos subordinados.

No, no nos referimos al fantástico y propagandístico barómetro del CIS que asegura que el PSOE ha recortado en 3,3 puntos la distancia que le separa del PP desde que Rubalcaba ha sido designado candidato socialista a la presidencia del Gobierno. Estamos hablando de algo infinitamente más grave como es el posible intento de un juez condecorado por Rubalcaba de evitarle las responsabilidades políticas, y en el futuro tal vez penales, del candidato socialista por un delito de colaboración con banda armada que perpetraron presuntamente sus más directos subordinados en el bar Faisán. Nos referimos a Javier Gómez Bermúdez, presidente de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, y a su injustificada decisión de convocar el pleno de la Audiencia para debatir a estas alturas si los tres acusados que estaban a las órdenes de Rubalcaba tienen que ser juzgados por colaboración con banda armada o por encubrimiento.

Minutos antes de que Bermúdez, sin necesidad legal alguna, tomara esta decisión, el juez instructor Pablo Ruz había desestimado un recurso de los tres procesados, ratificando que debían ser juzgados por colaboración con banda armada puesto que para la comisión de este delito no era ni es necesaria "la adhesión ideológica ni la prosecución de determinados objetivos políticos".

Por mucho que Bermúdez haya basado su personal decisión de elevar esta cuestión al pleno en su supuesta "complejidad e importancia jurídica", basta leer lo que el propio Bermúdez afirmó en su sentencia del 11-M para que el asunto quede meridianamente claro: "El delito de colaboración con banda armada ni siquiera exige que el colaborador comparta los fines políticos e ideológicos de los terroristas, sino que basta con saber que se pone a disposición de esos criminales un bien o servicio, que se les está ayudando o facilitando su ilícita actividad".

Si Bermúdez, que tendría que ser, pues, el primero en reconocer que dar un soplo a ETA para evitar la detención de los cabecillas de su red de extorsión es claramente un delito de colaboración con banda armada, eleva, sin embargo, la cuestión al pleno, es porque sabe, como sabemos todos, que allí son mayoría los magistrados de "tendencia progresista", muchos de los cuales pueden considerar, como consideró Garzón en su día, que "por la paz hay que hablar hasta con el diablo". Téngase en cuenta, además, que si García Hidalgo, Pamiés y Ballesteros son acusados de un mero delito de encubrimiento se sentarían en el banquillo de un juzgado de Irún y la pena máxima no podría superar los tres años de prisión. Si, por el contrario, se les acusa de un delito de colaboración con banda armada, los entonces subordinados del actual candidato socialista y del actual ministro del Interior serían juzgados por la Sección Segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, cuyos magistrados han venido confirmando hasta la fecha todas las decisiones del juez Ruz, y se enfrentarían a una condena que podría ascender a los 10 años de cárcel. Mucho tiempo como para pensar que no fueran a tirar de la manta y decir que lo que hicieron no fue por motu proprio, sino, como apunta la lógica más elemental, siguiendo órdenes de sus entonces superiores.

Libertad Digital - Editorial

La Sección de Opinión de ABC "ahora es de pago".

A partir del 23 de Julio de los corrientes, para acceder a los artículos de opinión del ABC hay que suscribirse en una opción de pago. Y hay una limitación legal que impide la reproducción libre de los textos. A veces hay algún artículo de acceso libre. Posiblemente por error.

ABC - Opinión

La deuda pone en cuestión el Estado de las Comunidades Autónomas. Por Antonio Casado

Pensado con parámetros políticos, insostenible con parámetros económicos en tiempos de vacas flacas. Vale para la UE y vale para nuestro Estado de las Autonomías. A la luz del mismo imperativo político: cargar con los pecados de otros, o encubrirlos, para salvar el conjunto. El paradigma económico también ha venido siendo el mismo durante la forja del llamado Estado del Bienestar: endeudamiento como herramienta política. E idéntica la tensión entre el deudor y el acreedor, que transfiere a los mercados el papel clásico de las democracias representativas: el de control-limitación del poder.

Ya sea Barack Obama reclamando un mayor umbral de gasto ante el Congreso norteamericano o Grecia rogando a sus socios europeos, y consiguiendo, toda clase de facilidades para ponerse al día. Con su telón de fondo inevitablemente político: la cohesión entre los ciudadanos y los territorios. Prestación de servicios al ciudadano viva donde viva. En Alemania, sin pedir prestado. O en Grecia, que gasta muchísimo más de lo que tiene, como California. Sin que se sepa en el segundo caso porque lo tapa una misma bandera (EE UU), mientras que es piedra de escándalo en el primero. Lo de Grecia no lo tapa la bandera azul de las estrellas (UE) al ser la unidad política (y fiscal) un simple esbozo, una vocación unitaria confesada pero no consumada.

En nombre de la descentralización y el reconocimiento de la diversidad territorial en España la Constitución de 1978 alumbró el Estado de las Autonomías. Y hoy, hoy mismo, a la vista de cómo vaya el Consejo de Política Fiscal y Financiera (órgano de coordinación económica del gobierno central con los 15 gobiernos autonómicos de régimen no foral), sabremos si la bandera nacional tapa o no tapa los agujeros en las cuentas públicas de las Comunidades Autónomas.

«A la vista de cómo vaya el Consejo de Política Fiscal y Financiera, sabremos si la bandera nacional tapa o no tapa los agujeros en las cuentas públicas de las Comunidades Autónomas.»

No solo eso. Sabremos también, o nos haremos una idea muy aproximada, si ha llegado el momento de revisar el modelo autonómico en nombre de la eficiencia y la racionalización del gasto público. En todo eso puede desembocar el temido choque de trenes entre el Gobierno de Zapatero, representado por los vicepresidentes Salgado (económica) y Chaves (político) y las Comunidades gobernadas por el PP, cuyos consejeros acuden a la reunión con una postura común consensuada ayer en una cumbre de presidentes autonómicos con su líder nacional, Mariano Rajoy.

El bloque de consejeros conservadores quiere facilidades para liquidar o mitigar la deuda contraída con la Administración central (liquidaciones por dineros públicos anticipados a cuenta en 2008 y 2009 que, en aplicación del nuevo modelo de financiación autonómica, han resultado a devolver). Pedirán al Gobierno un aplazamiento a diez años para resolver sus problemas de liquidez. Y el Gobierno, que no anda sobrado de liquidez precisamente, ya ha dicho que nones por boca del secretario de Estado de Hacienda, López Carbajo. Porque necesita ingresos para alcanzar los techos de déficit público comprometidos (6% en 2011) y sobre todo, ay, porque quiere que las comunidades gobernadas por el PP (once de las quince de régimen no foral) asuman el coste político de las promesas incumplidas por falta de recursos.

El Confidencial - Opinión

Autonomías. La crisis institucional está servida. Por Emilio J. González

Para poder reclamar más frugalidad a las autonomías, el Estado tiene que empezar por dar ejemplo, cosa que no hace ni de lejos.

Gobierno y autonomías andan de nuevo a la gresca a cuenta tanto de los dineros de más que el Estado adelantó a los ejecutivos regionales como del reparto de la carga del saneamiento presupuestario que tiene que llevar a cabo el conjunto de las administraciones públicas españolas para superar la actual crisis fiscal. Y, como el enfrentamiento está servido, la prima de riesgo vuelve a subir.

Al Estado ahora le han entrado las prisas por empezar a registrar ingresos en las arcas de Hacienda, no tanto para poder cuadrar mejor sus cuentas –porque esas devoluciones que reclama a las autonomías no contabilizan a efectos de déficit público– cuanto para disponer de recursos con los que financiar las ocurrencias del nuevo candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Alfredo ‘Paro’ Rubalcaba, a quien ahora no se le ha venido a la cabeza nada mejor que reeditar la política de los 400 euros como engañifa para 600.000 jóvenes que percibirían ese dinero en época electoral a cambio de seguir un curso de formación que, de paso les sacaría de las listas del paro y maquillaría las cifras de desempleo. Es decir, en tiempos de necesaria austeridad, el PSOE quiere recursos públicos para invertir en su candidato, con independencia de que ese sea un lujo que la economía española ahora no se puede permitir ni de lejos. No es de extrañar, por tanto, que las autonomías pongan el grito en el cielo y digan que necesitan más tiempo para devolver los dineros que adeudan a Hacienda.

El Gobierno, además, pretende que los Ejecutivos regionales se aprieten todavía más el cinturón, cosa que me parece muy bien porque de lo que se tienen que dar cuenta los políticos españoles de todo signo es de que la fiesta se ha acabado y de que ya no pueden, ni podrán, seguir gastando como antes, como si todo lo que le pasa a la economía española, y por ende a la recaudación fiscal, fuera poco menos que una tormenta pasajera cuando, en realidad, se trata de un problema estructural. Pero para poder reclamar más frugalidad a las autonomías, el Estado tiene que empezar por dar ejemplo, cosa que no hace ni de lejos, y tiene que seguir por aplicar la misma vara de medir a todos. No se puede permitir que a unas autonomías se les pretenda obligar a reducir más y más sus gastos mientras con Cataluña y Andalucía hay manga ancha en todo momento simplemente por los intereses electoralistas del PSOE. Si el Gobierno central no actúa de esta manera, el conflicto con las autonomías estará servido y entonces no habrá forma de rebajar la prima de riesgo, porque Zapatero volverá a demostrar que ni cuenta con la capacidad necesaria para gobernar este país en estos tiempos difíciles, ni tiene la menor intención de que el Estado central haga la parte de los deberes presupuestarios que le corresponde.

Libertad Digital - Opinión

No hay un duro. Por José Antonio Vera

La situación en las autonomías empieza a ser dramática. A la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, se le escapó recientemente, en un arrebato de sinceridad ante Gallardón, que la realidad es que su Gobierno no tiene «un puto duro». Y es verdad. Las administraciones públicas, particularmente las regionales y locales, están en situación de semiquiebra, acuciadas por unas deudas que no pueden pagar y, en algunos casos, como Castilla-La Mancha, ni siquiera refinanciar. No hay un euro de verdad y la situación es extrema porque se dan situaciones, como Andalucía, donde los medicamentos no se pagan desde hace más de dos años, o como Castilla-La Mancha, que lleva tres meses sin liquidar a las farmacias, o Valencia, con empresas que están teniendo que cerrar porque la televisión autonómica acumula meses de demora en la actualización de sus compromisos. Las comunidades están arruinadas y los ayuntamientos también. Lo peor es que el problema no se solventa ya sólo con recortes. Los recortes en el gasto corriente son completamente necesarios porque habíamos hinchado la Administración con una compleja maraña burocrática en gran medida inservible, saturada de altos cargos y asesores, despachos y coches oficiales, edificios y empresas públicas ineficientes. Ha sido tal el descontrol, que nadie sabe a ciencia cierta el volumen real de lo adeudado. Cada vez que se hurga en un cajón aparecen facturas sin pagar, algunas hasta en pesetas. El Gobierno toledano de Barreda dijo que el montante de impagados por su Gobierno, en lo que va de año, ascendía a 700 millones de euros, pero una vez vistas las cuentas y analizadas de verdad, resulta que son 2.000 millones más.

Sinceramente creo que en la reunión de hoy del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el Ejecutivo no va a tener más remedio que buscar una fórmula para desbloquear esta situación de falta de tesorería que supone una amenaza real de suspensión de pagos. Pero abrir la mano significa incumplir la previsión de déficit para este año, y eso tendrá una repercusión inmediata en la imagen de España en los mercados.

La solución no es fácil, y en todo caso debería pasar siempre por un ajuste completo de gastos innecesarios. Pese a los últimos recortes, aún nuestras autonomías mantienen mucha incomprensible inversión en servicios improductivos, representación institucional, «acción exterior», televisiones gigantescas y otras camelancias innecesarias creadas a mayor gloria de los políticos.
Tendrán que recortar hasta quedarse con lo indispensable para gestionar bien, y en segundo lugar han de empezar a pagar lo que deben. La única manera de que nos dejen tranquilos los tiburones financieros es saneando las cuentas, volviendo a ponerlas como las tuvimos con Aznar. Si para pagar deudas hay que vender activos, que lo hagan. Tienen edificios, terrenos, locales, televisiones, empresas y mucho patrimonio que pueden colocar a quien esté dispuesto a adquirirlo. Ahora es difícil, pero no imposible. Sólo hay que ponerse manos a la obra. Y después, cuando hayamos conseguido equilibrar, no volvernos a endeudar a lo loco como se ha hecho en estos años de zapaterismo inconsciente.

La Razón - Opinión

Stiglitz. Un Nobel con los indignados del 15-M. Por Agapito Maestre

Se puede adoptar ante los del 15-M cualquier posición, excepto el escapismo de decir que la cosa no va con nosotros.

Un premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, se ha acercado a una asamblea de los del 15-M, en el Retiro, y les ha alentado a que insistan en sus reivindicaciones, entre las que ocupa un lugar importante que los mercados no dicten sus normas al margen de los intereses de los ciudadanos. Es obvio que para los organizadores de estas protestas –que, paradójicamente, gritan eslóganes contra todo el sistema institucional, pero no piden la dimisión del Gobierno de la nación– tiene que haber sido una inyección moral la visita del Nobel.

Nadie reste importancia, por otro lado, a la visita del Nobel, porque fuera invitado por un grupo de doctorandos de la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Complutense, que participaron en un curso de verano en San Lorenzo de El Escorial, en colaboración con la Fundación Ideas del PSOE, del que Stiglitz era ponente; por el contrario, esos datos dan aún más relevancia a la visita del Nobel a los acampados del Retiro. Son unos jóvenes estudiantes, en pleno proceso de formación, los que invitan a todo un Nobel a qué adopte una posición y éste acepta el reto. Bravo...

Esta visita del Nobel a los del 15-M revela, en mi opinión, la importancia de este fenómeno político. Su relevancia no sólo procede del número de personas movilizadas, tampoco de sus principios e ideas para proponer alternativas económicas al actual sistema, sino sobre todo en que este movimiento es ya un símbolo de protesta contra el sistema establecido. En efecto, y no me cansaré de repetirlo, el movimiento del 15-M, con todas sus idas y venidas, errores y falsificaciones, interpretaciones y manipulaciones, nos ha puesto ante nuestros ojos una serie de problemas, conflictos y quiebras políticas que no cabe eludir si no es al precio de negarnos a nosotros mismos como intelectuales o políticos.

Se puede adoptar ante los del 15-M cualquier posición, excepto el escapismo de decir que la cosa no va con nosotros. Esa posición escapista, que han adoptado muchos analistas políticos e intelectuales, vinculados de un modo u otro al PP, no es de recibo. Más aún, no critico esa posición por cobarde sino por estúpida. Negar los problemas no es una manera de resolverlos sino de acrecentarlos; por cierto, hay un asunto que este movimiento, independientemente de cómo juzguemos su forma de hacerlo, ha puesto en evidencia del que no podemos zafarnos. O lo aceptamos o lo negamos. No valen evasivas. O contestamos afirmativa o respondemos negativamente. Me refiero a que el sistema político vigente está, por decirlo suavemente, colapsado, entre otros motivos porque la "clase política" se considera dueña y señora del espacio público-político.

Precisamente, por eso, alenté y, por supuesto, seguiré alentando cualquier movimiento social y, finalmente, político, que critique con razones que el espacio público-político sea propiedad de los políticos profesionales. Y por eso, sin duda alguna, apoyé al principio al movimiento del 15-M. Y también por eso, obviamente, sigo la evolución de este movimiento con especial atención: unas veces, como aquí he expuesto, para criticar sin piedad sus tácticas de protesta, por ejemplo, la ocupación del espacio público en detrimento de las libertades de otros ciudadanos; otras veces, especialmente en el orden de los principios, he cuestionado su "cosmopolitismo" abstracto que les aleja de una nación llamada España y les acerca a posiciones de violencia revolucionaria; y, naturalmente, también he criticado la instrumentalización que de este movimiento está haciendo el PSOE en general, y el Gobierno de Rodríguez Zapatero en particular. En cualquier caso, y lo digo como aviso a mis críticos, ninguna de esas críticas me impedirá ver lo que ha puesto en evidencia este movimiento: no podemos dejar que la "clase política" –necesaria, dicho sea de paso, en cualquier sociedad civilizada– se considere la única propietaria del espacio público-político.

Libertad Digital - Opinión