El parto de los montes. Por José María Carrascal

La línea entre los verdugos y las víctimas es demasiado clara para que puedan borrarla unas ampulosas declaraciones.

HA sido demasiada olla para tan poca carne o mucho ruido para tan pocas nueces. Que se salude, en algunos casos con alborozo, que la nueva Batasuna rechace todo tipo de violencia, incluida la de Eta, indica hasta qué punto el terrorismo nos tiene amedrentados. Rechazar la violencia no es ningún mérito. Es un deber ciudadano. Por otra parte, ¿qué quieren decir con lo de «todo tipo»? En la España democrática sólo hay violencia por parte de Eta y de los delincuentes comunes. El resto no robamos, ni matamos, ni extorsionamos, ni amenazamos. Y si se quiere decir que el Estado también usa la violencia, hay que contestar que está autorizado a usarla contra los que infringen la ley. Que es lo que ha venido haciendo Eta y su entorno.

Que parte de ese entorno haya decidido abjurar de la violencia es una buena noticia, pues indica que las medidas del Estado de Derecho contra ellos están dando resultado. Pero no es suficiente para darles credenciales democráticas. No es suficiente, primero, porque rechazan la violencia futura, olvidando la pasada. Nada hay en sus largas declaraciones ni en sus farragosos documentos que indique que se retractan de la violencia que cometieron día tras día, año tras año, década tras década, y digo cometieron porque Batasuna es Eta según los tribunales y tan culpable es quien perpetra un delito como sus cómplices, que son en bastantes casos los mismos.

Y no es suficiente, segundo, porque no exigen a Eta que cese su violencia. Se limitan a decirla que romperán con ella, si sigue practicándola. Aquí, el subconsciente les ha jugado una mala pasada con uno de esos lapsus freudianos que nos hacen decir sin querer lo que sentimos. Si se rompe con alguien, significa haber estado unido a él o ella.

Pretender que con un comunicado altisonante, unos estatutos alambicados y una docena de pardillos van a quedar limpios de su pasado criminal sólo cabe en cabezas que aún no se han concienciado de su crimen. Y creerles, sólo cabe en la cabeza de un ingenuo o de alguien aún más malvado que ellos. Nos han engañado en tantas ocasiones, nos han herido, robado, extorsionado, escarnecido y asesinado demasiadas veces para que podamos confiar en sus buenos propósitos. La línea entre los verdugos y las víctimas es todavía demasiado clara para que puedan borrarla unas ampulosas declaraciones y unos estatutos ad hocpara su redención. Serán los tribunales quienes tengan que decidir si «Portu», la nueva Batasuna, merece participar en unas elecciones democráticas. Pues la justicia contempla la «libertad condicional» para quienes se han hartado de delinquir y no existen garantías de que no vuelvan a hacerlo. Más, cuando sus viejos cómplices siguen con la pistola amartillada.

ABC - Opinión

Encuestas. La barbarie de Zapatero. Por Agapito Maestre

Pocos signos, pues, para la esperanza hallamos en el desconocimiento permanente que muestra Zapatero de la Oposición y, quizá, también al revés. Remar en la misma dirección no es cosa de los políticos españoles.

La encuesta del CIS es inapelable. Rubalcaba ya está por delante de Zapatero. Ratifica que el presidente del Gobierno es un cadáver político. Puede que sea cierta la retirada de este hombre de la candidatura a la presidencia. Pero, mientras decide si se queda o se va, sus declaraciones no sólo hacen daño a su partido sino a todo el tejido institucional. La política, el arte de pactar, languidece sin que nadie de la casta política sea capaz de regenerar el ligero imaginario democrático. En verdad, la legislatura está peor que muerta. Huele mal por todas partes. Es imposible algún tipo de catarsis política con Zapatero al frente del Gobierno.

Por ejemplo, ayer, en el Congreso de los Diputados, Zapatero pedía con gesto impostado respeto para los sindicatos, naturalmente, a la vez que despreciaba a la Oposición para la tarea de gobierno al decir: "Al PP se le han subido las encuestas". No es alternativa. Por este camino, Zapatero no hace sino repetir, e incluso elevar a la enésima potencia, una imagen cainita de la "política" española de todos los tiempos: se gobierna sólo para los nuestros y se desprecia a los otros. Acaso por eso, a los ojos de los ciudadanos, la vida política española se presenta pesada, lenta e inútil. El PSOE de Zapatero ya no da más de sí mismo, excepto para seguir generando destrucción y odio entre los españoles; por ejemplo, le concede a Mas, en Cataluña, lo que niega a los de Castilla-La Mancha, Murcia o Madrid.

Pocos signos, pues, para la esperanza hallamos en el desconocimiento permanente que muestra Zapatero de la Oposición y, quizá, también al revés. Remar en la misma dirección no es cosa de los políticos españoles. Han hecho del desconocimiento de sus diferentes "propuestas" la única manera de estar en el espacio público político. Los políticos no hablan para encontrar puntos de coincidencias, o sea, políticas viables para todos, sino para insultarse y prometerse odio eterno en nombre de su "ideología" o su tradición. Los políticos españoles, lejos de hacer política, niegan la viabilidad de cualquier acuerdo. Parece que el Gobierno tiene prohibido aceptar cualquier propuesta de la Oposición, y viceversa. He ahí el impulso ciego, la mera ambición de poder, que define la barbarie política española. La democracia española representa, nos guste o no, una civilización bárbara. No hay nada más allá de la mera ambición de poder.

Pero, ayer, Zapatero fue más allá del tópico: no sólo despreció a los adversarios políticos, sino que se pasaba por el arco de triunfo las encuestas del CIS, o sea, lo que digan los ciudadanos al presidente del Gobierno a través de un Instituto Oficial le importa una higa. Aunque es práctica común de los políticos españoles despreciar las encuestas electorales, especialmente si los resultados les son desfavorables, un jefe de Gobierno, sencillamente por respeto a la propia institución que ha realizado la encuesta, debería ser un poco más prudente y, sobre todo, mostrar maneras democráticas. En fin, malo es caer en el tópico, por ejemplo, decir que la única encuesta verdadera es la que surge el día de las elecciones, pero peor es despreciar los sondeos electorales. Este Zapatero empieza a resultar patético.

Libertad Digital - Opinión

El CIS cabalga. Por M. Martín Ferrand

Zapatero hace lo imposible para perder; pero no se ve correspondido por un Rajoy que hace muy poco para ganar.

A doña Inés, la pobre, la enajenaba la mera presencia de don Juan Tenorio. A mí me ocurre lo mismo con el CIS. Su barómetro alucina tanto como sus datos fascinan. Es, buena o mala, la mejor sociometría periódica de que disponemos para ayudarnos en el análisis político y, cuando aparece, sirve para tomar conciencia de algo que solemos ignorar, el país en que vivimos. España, siempre escasa de pulso e iniciativa, en donde la sociedad tiene menos valor que el de la suma de sus individuos, tiende a criticar con los pies mejor, y antes, que con la cabeza y por eso nos van más la bulla y el estruendo que la sutileza. Desde el último barómetro del CIS, el PP ha incrementado en dos puntos su diferencia porcentual con el PSOE en lo que respecta a la intención de voto. 44,1 frente al 34 por ciento.

El proceder gubernamental, escaso en las formas, pobre en su contenido, lamentable en sus frutos y despilfarrador en los medios, no basta para que la oposición alargue de modo inequívoco su distancia. Con esa distancia, si se mantuviera inamovible, Mariano Rajoy no obtendría la mayoría absoluta. Es decir, no alcanzaría a subir la escalinata de La Moncloa. Según la vigésima pregunta de las que el CIS formuló a los 2.500 encuestados de su muestra —¿Cuál de los dos, Zapatero o Rajoy, le inspira más confianza?—, el líder socialista alcanza un 35,3 por ciento de adhesiones y Rajoy se queda en el 33,7. No soy capaz de discernir, aunque lo sospecho, a cuál de los dos corresponden el mérito y el demérito de tan inquietante cercanía; pero, con 4,7 millones de parados, una perspectiva de futuro incierto y tras siete años de Gobierno socialista, el líder del PP, como dicen los castizos, debiera hacerse ver por quien corresponda. ¿Qué circunstancias necesita para provocar, aunque solo fuera de boquilla, como son las encuestas, mayor confianza que la de su antagonista?

En las cercanías en las que, ayer, pude testar el estado de ánimo del PP, brillaban la esperanza y la alegría. Supongo, para que así sea, que dispondrán de otros datos y demoscopias distintas que las del CIS. Si arrancan de éstos para el contento es que no saben muy bien lo que vale un peine en la opinión pública española. Según las preguntas 18 y 19 del trabajo del CIS, Zapatero no le inspira «ninguna confianza» al 43,9 de los encuestados y Rajoy, al 43,5. Cuatro décimas de ventaja en una valoración tan negativa, ¿pueden centrar un pronóstico optimista en lo que se refiere a la incuestionable necesidad del relevo? Zapatero hace lo imposible para perder; pero no se ve correspondido por un Rajoy que, en puridad, hace muy poco para ganar.

ABC - Opinión

Artur Mas. Cataluña no paga. Por Manuel Llamas

Cataluña percibirá, vía financiación autonómica, mucho más dinero del que le correspondería en base a la evolución de la recaudación fiscal.

Los hechos ratifican que Cataluña es, hoy por hoy, la comunidad autónoma menos solvente de España junto a Castilla-La Mancha, Murcia y, en otro ámbito, el ayuntamiento de Madrid, cuyos responsables apenas han tardado 24 horas en solicitar al Gobierno central el mismo trato concedido a la Generalidad. Es decir, poder endeudarse a largo plazo con el aval del Estado para hacer frente a sus inminentes compromisos de pago.

Se veía venir. La gestión económica del anterior tripartito ha sido todo un fiasco, hasta el punto de tener que emitir los ya famosos bonos patrióticos para poder pagar las nóminas de los funcionarios autonómicos hasta finales de año, evitando así in extremis el suculento escándalo que ello supondría. De hecho, Montilla ha falseado las cuentas al ocultar el terrible agujero presupuestario que dejaba en Cataluña.

Las primeras estimaciones del nuevo Gobierno que preside Artur Mas avanzan que el déficit público superará los 7.000 millones de euros en 2010, más del doble del objetivo inicial –2.600 millones, equivalente al 1,3% del PIB catalán–. Y la situación este año no será mucho mejor: Cataluña precisa captar cerca de 11.000 millones de euros extra en los mercados para cubrir sus necesidades de financiación, tal y como ha reconocido el propio Mas. Esta cuantía corresponde a los cerca de 3.000 millones de euros que acumula la Generalidad en pagos pendientes de diversa índole, los 2.600 millones de déficit público previsto para 2011 y el vencimiento de entre 5.000 y 6.000 millones de euros de deuda a lo largo del año –en esta partida se incluyen los bonos patrióticos–.

Ante esta dramática situación presupuestaria, Mas ha señalado que "la necesitad de ajuste es fuerte". Evidente, pero ¿en cuánto cifra el president dicho ajuste? Según el Plan de Estabilidad elaborado a tal efecto, la Generalidad tan sólo se compromete a reducir en un 10% interanual el gasto público para 2011, unos 3.000 millones de euros.

Una cifra claramente insuficiente para estrechar la gran brecha fiscal existente. De ahí, precisamente, que Mas haya recurrido a Zapatero para cubrir la diferencia a cambio, eso sí, del ya habitual apoyo parlamentario en el Congreso. Dicho y hecho, el Estado avalará (con el dinero del resto de los españoles) la emisión de nueva deuda catalana. Sin embargo, siendo esto grave, la clave del pacto alcanzado reside en que Mas ha reclamado, igualmente, que la financiación estatal que perciba su comunidad el presente ejercicio sea idéntica a la del año pasado.

¿Y esto que quiere decir? Pues que, simplemente, Cataluña percibirá, vía financiación autonómica, mucho más dinero del que le correspondería en base a la evolución de la recaudación fiscal. De hecho, según las últimas estimaciones de ejecución presupuestaria, la Generalidad percibió del Estado un 37% más en 2010 de lo que realmente tendría que haber recibido. Así pues, Cataluña no pagará sus dispendios sino que será el resto de contribuyentes españoles los encargados de afrontar tales desmanes por obra y gracia del sistema de solidaridad interterritorial. En el juego del café para todos está claro que a algunos éste se les sirve mucho más cargado que a otros.

Libertad Digital - Opinión

Café para uno. Por Ignacio Camacho

Mas obtuvo una franquicia financiera y puso cara de haberle hecho un favor al presidente pidiéndole dinero.

EL «café para todos» de las autonomías no fue un invento tan malo como se desprende de su histórica mala prensa. Aunque acabase propiciando un desparrame virreinal insostenible, sirvió para fraguar un mínimo de cohesión territorial y evitar que cuajase el concepto confederalista de una España de dos velocidades en la que las comunidades llamadas históricas viajasen en vagón de primera y el resto en los furgones de cola. De ahí que siempre le hayan tenido inquina los nacionalistas vascos y catalanes y los partidarios de una nación asimétrica, aliados bajo el mandato de Zapatero en sucesivas intentonas, más o menos exitosas, de darle al modelo territorial una vuelta de tuerca. Cuando no lo han podido lograr por la vía legal han apelado al mercado negro, favorecidos por la inestabilidad de un presidente necesitado de apoyos de alquiler que le han prestado a cambio de sus complacientes favores de pagafantas.

La última —por ahora— de esas recurrentes asimetrías ha sido la autorización de deuda suplementaria a una Cataluña a la que el derroche del tripartito ha dejado ciertamente al borde de la bancarrota. Zapatero no ha cedido por mala conciencia ante el calamitoso saldo del montillatosino porque necesita el respaldo de CiU para apuntalar la legislatura y además no desea ahondar la fosa de su desprestigio en la comunidad que le permitió ganar las últimas elecciones. Pero resulta clamoroso el agravio con otras regiones —Murcia, Aragón, Castilla-La Mancha— y ciudades —Madrid o Valencia— a las que ha bloqueado el crédito con razonables criterios de ajuste que no han valido igual para todo el mundo. Sin más planificación que el regateo improvisado, el presidente ha otorgado a Artur Mas un privilegio discriminatorio y no va a obtener por ello un agradecimiento deferente porque el nacionalismo es de suyo insaciable y considera que lo acordado es sólo un alivio provisional, apenas una parte de los atrasos que observa en su contabilidad victimista. Haciendo honor a su apellido, Mas aún piensa exprimir a este presidente amortizado y luego tratará de sablear a Rajoy cuando le llegue el turno.

Quedó patente en el ejercicio de gestualidad política escenificado el lunes en Moncloa. Mientras Zapatero, el donante, sonreía de oreja a oreja, el líder catalán salió con calculado gesto de parcial insatisfacción, como si hubiese ido a hacerle un favor al presidente pidiéndole dinero y encima se hubiese conformado con una limosna. Mas compuso un papel perfecto de victimismo displicente, arrancando una franquicia con cara de haberse rebajado a una concesión de dignidad. Ésa va a ser de nuevo la tónica de los próximos años: una queja doliente y a mano tendida del nacionalismo para intentar beberse a solas el café de todos… presentando como una generosa merced el simple hecho de sentarse a la mesa.

ABC - Opinión

Fealdad perversa. Por Alfonso Ussía

Ahí estaban los grandes canallas haciéndose los buenos. Ni una palabra dedicada a los mil asesinados, a los heridos, a los mutilados, a los familiares de los inocentes muertos, que de por vida, llevarán el dolor en el alma allá donde vayan. Necesitan con urgencia el dinero que concede el Estado que ellos han ensangrentado a los que forman parte de las instituciones.

¿Eta, Batasuna, Sortu? Es lo mismo. Las mismas caras feas del terror y la perversidad anunciando un «futuro sin violencia, aunque la hubiere». No se han molestado en disimular.

Las mismas expresiones de odio y placer por la sangre derramada. Curiosa la reacción de una buena parte de la izquierda. Esperanza, cambio, buenos indicios… Todo tan aburrido, tan viejo, tan terrorífico.

Ni una palabra anunciando la entrega de las armas. Ni una palabra referida al pasado criminal.

Ni una palabra de autocrítica, de condolencia, de arrepentimiento. En su mirada fea se resumían las imágenes de las nucas destrozadas, de los niños calcinados por las bombas, de las nubes irrespirables de sangre, pólvora y metralla. Del paseante que se topa con la ráfaga de su último segundo de vida. De la tortura de los secuestrados. De la destrucción de la misericordia. Ellos, las mismas caras de siempre, las que celebraban en las «Herriko tabernas» la tragedia de los inocentes. Barrena, Iruin, Goricelaya, Moreno, Beitialarrangoitia, Echeverría, Ziluaga, Permach, el Rufino… Los de siempre, y haciéndose los buenos, los demócratas, los tolerantes, los adversarios de la «violencia», que así llaman al terrorismo. Lo malo es que también le dicen «violencia» al terrorismo algunos ministros del Gobierno, y alguna asociación de jueces, y algunos medios de comunicación. Hay que suavizar los conceptos. Mil muertos por la violencia, pero nunca mil muertos por el terrorismo. Se pueden enfadar los terroristas oyéndose o leyéndose llamar así.

Están seguros de que van a poder presentarse. Esa seguridad sólo puede garantizarla un Gobierno que habla por las trastiendas, que envía a sus cónsules a tomar vinos con los terroristas, que hace cálculos electorales mientras pisotea mil tumbas de inocentes y ríos de lágrimas. Esperanza, primer paso, buenos indicios…

Tengo en mis ojos, y nunca se marcharán de ellos, mil muertos. Guardias civiles, militares, policías, municipales y ertzainas uniformados. Niños uniformados también para ir al colegio al que no llegaron, con sus mochilas repletas de cuadernos y donuts. Peligrosas armas para repeler la «lucha armada», que también llaman así al terrorismo. Y centenares de asesinados civiles, representantes del pueblo, empresarios, jueces, secuestrados fulminados por un tiro, gentes a las que sorprendió la explosión cuando esperaban la llegada del autobús o paseaban libremente por la calle. Ahí estaban ellos, los cínicos, los defensores de los criminales, los dueños absolutos de la fealdad perversa en las miradas haciéndose los buenos. Esperanza, primer paso, buenos indicios…

Si algún día volvieran a sentarse esta manada de indeseables en los escaños municipales o de los distintos parlamentos, se debería, sin duda, a una traición. Traición a los muertos de todos, a los heridos de todos, a los afligidos de todos, a los huérfanos de todos, a los padres de los niños asesinados, que somos todos. Traición de gobernantes, o de algunos fiscales, o de algunos jueces. Y el futuro de España sería de fango y de cloaca.

La Razón - Opinión

Artur Mas. Otro motivo para pedir la independencia (de España). Por Pablo Molina

Ni Arturo Mas ni los nacionalistas talluditos quieren realmente separarse de España, porque se sienten muy cómodos usufructuando el esfuerzo ajeno bajo la amenaza de castigarnos con su indiferencia.

Cada vez que Zapatero se reúne con Mas en La Moncloa para tratar asuntos referidos a Cataluña, los ciudadanos del resto de España salen perjudicados en su soberanía o en su bolsillo sin que ambas circunstancias sean necesariamente excluyentes. Ocurrió con el nuevo estatuto de aquella nacionalidad, antes comunidad autónoma, y ha ocurrido ahora a cuenta de los principios de racionalización del gasto público que ZP exige a las otras dieciséis autonomías.

El artículo 138 de la constitución que ZP juró cumplir y hacer cumplir prohíbe taxativamente la existencia de privilegios económicos o sociales entre comunidades, exigiendo que se trate a todas las autonomías con idéntico criterio en función del principio de solidaridad territorial. Sin embargo, el Gobierno socialista permite a la autonomía más endeudada de Europa aumentar su nivel de deuda, mientras a otras, gobernadas por el PP, les niega el mínimo auxilio para equilibrar sus cuentas en medio de una crisis devastadora. La comunidad autónoma catalana tiene una deuda viva de unos cuarenta mil millones de euros, por unos mil ochocientos en el caso de, pongamos, Murcia. Ambas han incurrido en el mismo porcentaje de déficit durante el año pasado –aunque por distintos motivos–. En consecuencia, a los nacionalistas catalanes se les permite un lanzamiento de bonos patrióticos por 7.000 millones y a los dirigentes populares del sureste se les deniega la posibilidad de pedir prestados 500 millones con los que enjugar la falta de financiación a que el Gobierno central somete a las regiones desafectas.

La consecuencia inmediata es que los auténticos separatistas catalanes, los que queremos realmente la independencia de Cataluña, estamos cada vez más frustrados con la pusilanimidad de Arturo Mas, quién lo iba a decir con ese mentón. Y es que eso de venir a pedir permiso a Madrid para lanzar una salva de bonos patrióticos no es muy compatible con la dignidad exigida al primer mandatario de una nación, como pretende serlo el presidente de la Generalidad catalana. ¿Desde cuándo un país pide permiso a otro para reorganizar sus finanzas? Es más, si Mas aspirara realmente a devolverle a la nación catalana los derechos usurpados por el centralismo ibérico, qué mejor ocasión para proclamar el fin de la sumisión a Madrid que la actual hecatombe financiera provocada en las cuentas catalanas por el tripartito, sobre todo teniendo en cuenta que, según afirma el nacionalismo más ortodoxo, la independencia traería aparejado de forma inmediata un crecimiento económico sin precedentes en su historia.

La solución a esta paradoja es que, evidentemente, ni Arturo Mas ni los nacionalistas talluditos quieren realmente separarse de España, porque se sienten muy cómodos usufructuando el esfuerzo ajeno bajo la amenaza de castigarnos con su indiferencia si no aflojamos la pasta en la medida en que consideran suficiente. Por eso, a aquellos que defendemos la independencia de Cataluña sólo nos queda la esperanza de que las juventudes de los partidos nacionalistas actúen con la honestidad intelectual y la altura de miras propias de la edad, y acaben obligando a sus mayores a cumplir aquello que les llevan prometiendo desde que empezaron la guardería: un país soberano separado de España de forma definitiva. Hay cuarenta y siete mil millones de razones para apoyarlos.

Libertad Digital - Opinión

Propaganda armada. Por Rogelio Alonso

«La admisión de una hipotética imposición de Batasuna sobre ETA obliga a extraer conclusiones: si las decisiones de Batasuna vinculan a ETA, ¿por qué no exigen la disolución de la banda? ¿No dice Batasuna que ha renunciado a una estrategia político-militar?»

«LA izquierda “abertzale” da un paso de gigante». «Indudablemente la pelota está en el tejado del Gobierno». «Batasuna ha puesto muy difícil su ilegalización al Gobierno y a la Justicia». Así valoraba el lunes un prestigioso diario español los nuevos estatutos del brazo político de ETA, sin haberlos leído, tras anunciar que se presentarían hoy. La propaganda terrorista había logrado uno de sus objetivos: encuadrar la escenificación de los líderes de Batasuna en un marco positivo para esta al dar credibilidad a una aparente ruptura del partido con la violencia. Los optimistas criterios con los que el influyente medio definió el acto de Batasuna fueron idénticos a los que un día después utilizó «Gara» para exigir la legalización. Esos son también los elementos con los que formadores de opinión y políticos —no solo nacionalistas— están demandando la legalización de los representantes políticos de ETA. En un escaso margen de tiempo se ha establecido un marco con el que desarrollar un relato favorable a Batasuna y, en consecuencia, para ETA. Su propaganda no ha parado de reproducir simplificaciones con las que se está construyendo una ficción sobre falsedades como las siguientes: Batasuna ha dado un importante e histórico paso al decir cosas que hasta ahora no había dicho, y por primera vez rechaza la violencia y aboga por reparar a las víctimas.

Numerosos son los ejemplos que demuestran la ausencia de novedad en contenidos tan injustamente ensalzados —entre ellos, el pacto de legislatura de 1999 en el que los representantes políticos de ETA «reiteraron» su «apuesta inequívoca por las vías exclusivamente políticas y democráticas para la solución del conflicto»; o las declaraciones de Otegi en 1998 con las que aseguraba que «si ETA tuviera la tentación de usar la violencia para imponer un modelo político y social, seríamos los primeros en denunciarlo»; o las de 2010 al repetir que «nosotros rechazamos el uso de la violencia»—. Además, ninguna relevancia debería concederse a la promesa de futuro cumplimiento de la ley cuando estos mismos líderes consideran que jamás la incumplieron. Por tanto, no solo se trata de contenidos ya repetidos, sino que también debe cuestionarse la credibilidad de integrantes de un movimiento terrorista que los venden como todo lo contrario ante la necesidad de volver a las instituciones.

Sin embargo, la propaganda terrorista ha desviado la atención de obviedades tan esclarecedoras, definiendo engañosamente los términos del debate en torno a la responsabilidad de responder al «importante paso» de Batasuna. La credibilidad que se les ha otorgado a quienes han hecho de la mentira y la coacción violenta su modo de vida ha desencadenado una manipulación que permite a Batasuna aliviar la presión provocada por su ilegalización. Así es porque bastantes son los actores que han aceptado de forma acrítica la propaganda de Batasuna al identificar erróneamente unas meras declaraciones como la prueba irrefutable de algo que no se ha producido: la ruptura con ETA. De ese modo se transfiere al Gobierno, a la Justicia y a aquellos políticos y ciudadanos que se oponen a esta simulación del frente político de ETA la responsabilidad por la continuidad de una violencia con la que la banda sigue comprometida. «La estrategia político-militar es incuestionable», recalcaba la cúpula terrorista a finales de 2010, exponiendo el error de quienes se empecinan en deformar la realidad en torno a la simbiosis entre ETA y Batasuna.

Aunque entre ambas formaciones han surgido conflictos de intereses debido a la ilegalización, las tensiones no han derivado en la ruptura entre «políticos» y «militares». Los primeros no han exigido la disolución de ETA ni han condenado las actuaciones de la banda, pues, tal y como revela su documentación interna, desean mantener la presencia coactiva del grupo terrorista. Los «políticos» pretenden beneficiarse de la existencia de ETA prometiendo una desaparición del terrorismo que difícilmente llegará si Batasuna logra rentabilizar la debilidad que la política antiterrorista les ha provocado. Batasuna promete el final de ETA exigiendo concesiones que, de ser obtenidas, demostrarían la eficacia de la amenaza terrorista. Por ello la legalización de Batasuna sin la desaparición de ETA desincentivaría a los representantes políticos de la banda para reclamar un final que posponen con objeto de seguir extrayendo beneficios, entre ellos una negociación con ETA presente a la que no renuncian. Con esa finalidad, los dirigentes de Batasuna recurren a mecanismos de difusión de responsabilidad para presentarse como actores que simulan esforzarse por un final de ETA que, sin embargo, no exigen. Sus ejercicios de propaganda, eficazmente dosificados para alumbrar expectativas recibidas con esperanza por ciertos sectores sociales y políticos, les permiten disfrazarse de agentes interesados en la paz, cuando lo que realmente persiguen es persuadir a la opinión pública y a los políticos de que estos deben solucionar los problemas de Batasuna y de ETA.

Si Batasuna volviera a la legalidad sin la desaparición de ETA, se eliminaría la causa que ha motivado el conflicto de intereses entre las dos formaciones que integran el movimiento terrorista. ETA podría reanudar el terrorismo, consciente de que uno de los instrumentos más eficaces contra ella ha sido superado. Lo haría con un brazo político reforzado que confía en cohesionar su desmoralizada base con argumentos que algunos actores democráticos le están facilitando al aceptar su propaganda. Ya en junio de 2007 «Gara» justificó el fin de la tregua aludiendo a la demanda de concesiones a los terroristas para salvar las negociaciones entre ETA y el Gobierno que un destacado diario apoyaba. Este mismo medio nacional ha sido citado en un reciente boletín interno de Batasuna al reconocer el éxito propagandístico que supuso la publicación en él de una entrevista con Otegi. Este diario, importante generador de opinión, contribuye a la rehabilitación de los proetarras, al convertirse en plataforma privilegiada para que el entorno terrorista exponga su propaganda sin el necesario cuestionamiento crítico que exige la búsqueda de la información veraz, obligación ineludible al informar sobre ETA.

Así lo ilustraba una reciente entrevista con Rufino Etxeberría en la que anticipaba las promesas ahora repetidas. Las preguntas revelaban falta de rigor profesional al eludir los lógicos interrogantes que debían cuestionar la credibilidad con la que el periodista investía a tan interesado entrevistado. La inapropiada conversión del periodista en partidista difusor de los postulados terroristas afloraba al preguntarle a Etxeberría sobre si su decisión de rechazar la violencia obliga a ETA: «Tuvimos un debate de la base, participaron 7.000 personas, y sus decisiones vinculan a todas las organizaciones, incluida ETA», respondió el político. La admisión de una hipotética imposición de Batasuna sobre ETA, como se desprende de estas palabras, obliga a extraer conclusiones que desmoronan las ideas-fuerza con las que la propaganda terrorista está vendiendo la falsa ruptura de Batasuna respecto de ETA: si las decisiones de Batasuna vinculan a ETA, ¿por qué no exigen la disolución de la banda? ¿No dice Batasuna que ha renunciado a una estrategia político-militar?

Sorprendería que los tribunales ignoraran la abundante evidencia que confirma la continuidad del nuevo partido con el movimiento terrorista. Aunque los tribunales ratifiquen la ilegalización, no debe subestimarse el éxito de la propaganda para conformar opiniones que distorsionan la realidad en torno a ETA y Batasuna y que tiene el potencial de debilitar un eficaz consenso antiterrorista. Si existe voluntad para ello, a tiempo estamos de evitar ese triunfo ansiado por un movimiento terrorista en crisis.

Rogelio Alonso es profesor de CC. Política en la Universidad Rey Juan Carlos

ABC - Opinión

Salario y productividad

El proyecto que desarrolla la reforma laboral ha establecido que los empresarios y los sindicatos tienen de plazo hasta mediados de marzo para alcanzar un acuerdo sobre la nueva negociación de los convenios colectivos. El Gobierno ha advertido a las partes de que, en caso de que no alcancen un acuerdo, presentará una iniciativa de forma unilateral. Esta reforma, de honda repercusión para las empresas y también para la dinamización de la economía, ha cobrado una dimensión política especial después de que Angela Merkel defendiera la necesidad de un Pacto por la Competitividad, que tiene como uno de sus ejes la eliminación de las cláusulas de subida salarial indexadas a la inflación. Se trata de un debate abierto en la reforma de los convenios colectivos. Las diferencias en nuestro país son sustanciales. A favor de la fórmula Merkel se han manifestado desde los empresarios hasta el Banco de España, pasando por Felipe González. En contra, las centrales sindicales, porque consideran que será muy perjudicial para los trabajadores. Y en una especie de limbo o término equidistante, el Gobierno, que entiende que la revalorización de los salarios debe estar vinculada a la inflación prevista para poder mantener el poder adquisitivo, pero que también se tiene que incorporar «mejor» la productividad. En Europa, como incidió el Banco de España, la mayoría de los países de la zona euro han cambiado el modelo de fijación de salarios relacionado con los precios. En cambio, España conserva una tozuda rigidez, como que la mantiene en un modelo de negociación colectiva que lastra a las empresas y, por ende, al empleo. La fórmula más equilibrada pasa por vincular los sueldos al balance de las empresas. Se permite así la necesaria flexibilidad y que las compañías dispongan de instrumentos para recomponer sus cuentas y afrontar en mejores condiciones las coyunturas. Es cierto que este modelo requeriría de algún elemento corrector para casos excepcionales en los que el poder adquisitivo de los trabajadores se viera muy quebrantado. El objetivo es oxigenar la empresa y no asfixiarla cortándole el aire con obligaciones imposibles en situaciones de pérdidas. La reforma de la negociación colectiva debe primar también los convenios de empresa, porque favorecen unas relaciones laborales ajustadas a las particularidades de las sociedades, lo que abunda en la eficacia para transitar con garantías a través de toda clase de vicisitudes sin condicionantes ni limitaciones impuestas por negociaciones en ámbitos ajenos como el sectorial, el provincial o el estatal. Hoy no tiene sentido que normas pensadas para las grandes empresas condicionen la vida de las pequeñas. Estamos ante un debate fundamental para la recuperación económica. Hay que racionalizar y vertebrar mejor los convenios con protagonismo para la negociación en la empresa. Y para ello es imprescindible repensar aspectos como la ultraactividad (prórroga de un convenio si no hay pacto para renovarlo) y la cláusula de revisión salarial, así como flexibilizar los acuerdos y agilizar los procesos negociadores. También en este terreno estamos obligados a entrar ya en el siglo XXI.

La Razón - Editorial

Apretarse el cinturón

La demagogia no debe desvirtuar las propuestas de reducir gastos en las dos Cámaras.

Los grupos parlamentarios han empezado a hacer públicas sus propuestas de recorte en los gastos de funcionamiento de las Cámaras en respuesta a una invitación del presidente del Congreso que coincidió con el debate social previo a la reforma de las pensiones. La regulación que rige para diputados y senadores es distinta de la aplicada al resto de los ciudadanos, y su mantenimiento podía transmitir la impresión de que los parlamentarios se autoconceden privilegios difíciles de justificar, sobre todo en tiempos de crisis. La iniciativa a la que están respondiendo los diferentes grupos se enmarca en el deseo de corregir el creciente desapego de los ciudadanos hacia la política, intentando cubrir uno de los flancos más tópicos, pero también con mayor capacidad de desgaste.

Aunque con matices, la mayor parte de las propuestas que han llegado hasta el presidente del Congreso abundan en la idea de incrementar la transparencia para conocer los bienes de diputados y senadores. Mientras que el Partido Socialista y los grupos minoritarios de la oposición abogan por la publicación del patrimonio de los parlamentarios, incluyendo la participación en sociedades o, también, los bienes de cónyuges y descendientes, el Partido Popular pone el acento en las medidas de control para detectar los incrementos de riqueza injustificados. Para los populares, no se trataría tanto de conocer una foto fija del patrimonio de los parlamentarios -que, en su perspectiva, solo contribuiría al sensacionalismo-, como de dotar a las Cámaras y, por tanto, a los ciudadanos, de instrumentos para prevenir comportamientos irregulares.

Las propuestas de algunos grupos minoritarios, como Izquierda Unida, abogan, además, por endurecer el régimen de incompatibilidades de los parlamentarios, una medida en la que coincide el PNV y que ha resumido en la alternativa "o escaño o despacho". Populares y socialistas lo rechazan. Otras medidas que también proceden de IU, como la de que los parlamentarios viajen en clase turista cuando lo hagan a cargo de las Cámaras, no han provocado reacciones en contra ni a favor.

El efecto que buscaba el presidente del Congreso con esta iniciativa tenía que ver más con la pedagogía ciudadana y con la necesidad de restaurar la imagen de la política y de quienes se consagran a ella, que con la búsqueda de un ahorro significativo para las cuentas del Estado. Es importante, por ello, que los grupos parlamentarios sigan como hasta ahora evitando enzarzarse en una espiral de demagogia que arruinaría por completo el sentido último del ejercicio. Pero también deberían ser conscientes de que la desafección hacia la política tiene causas diferentes y seguramente más profundas.

Si el Parlamento no recupera el papel central que le corresponde en la vida política, habrá sectores sociales que considerarán siempre un malgasto los recursos que se dediquen a su mantenimiento y al de sus miembros. Tanto si se aprietan el cinturón, como si no lo hacen.

El País - Editorial

Vergüenza suprema

Ignoramos de qué planeta va a surgir un magistrado que, antes del juicio, ignore quién es Arnaldo Otegi y las veces que éste se ha negado a condenar la violencia de ETA.

La Audiencia Nacional condenó en marzo de 2010 al proetarra Arnaldo Otegi como autor probado de un delito de enaltecimiento del terrorismo a dos años de prisión "e inhabilitación absoluta durante dieciséis años, que conlleva la privación definitiva de todos los honores, cargos y empleos públicos que tenga el penado aunque sean electivos y la incapacidad para obtener los mismos o cualesquiera otros honores, cargos o empleos públicos y la de ser elegido para cargo público durante el tiempo de la condena".

Ni que decir tiene que esta condena, conforme a derecho, y especialmente en lo referente a la pena de inhabilitación, dejaba fuera del juego institucional a Arnaldo Otegi –ese "hombre de paz" que diría Zapatero–, aun en el caso de que los batasunos volvieran ahora a sortear la Ley de Partidos. El Tribunal Supremo, sin embargo, acaba de levantar ese obstáculo, al menos temporalmente, con una bochornosa sentencia que anula la sentencia condenatoria de la Audiencia Nacional y que obliga a la repetición del juicio.

Ni que decir tiene que el Alto Tribunal no ha justificado su vergonzosa resolución alegando estas razones extrajurídicas –hacerlo equivaldría a perpetrar y reconocer, al tiempo, un delito de prevaricación–; pero, no pudiendo tampoco cuestionar la validez jurídica de las irrefutables pruebas sobre las que descansa la condena de Otegi por parte de la Audiencia Nacional, ha optado por cuestionar la imparcialidad del tribunal enjuciador, tal y como pretendía la defensa del batasuno. La base de tan grave cuestionamiento por parte del Supremo es algo tan escandalosamente nimio e irrelevante como el comentario que hizo la presidenta del Tribunal al negarse Otegi a responderle si condenaba la violencia de ETA: "Bueno, ya lo sabía. Puede sentarse".

El Tribunal Supremo, que gasta tinta para defender algo que nadie cuestiona como es la importancia de la imparcialidad de jueces y magistrados, tiene la poca vergüenza de considerar que "la pregunta formulada por la presidenta del Tribunal y, muy especialmente, su reacción al negarse el recurrente a contestar, pueden interpretarse, desde perspectivas objetivas como una expresión de una opinión ya formada, previamente o al inicio del juicio, acerca del significado que cabría otorgar a las palabras pronunciadas por el recurrente que, a juicio de las acusaciones, constituían un delito de enaltecimiento del terrorismo".

Ignoramos de qué planeta va a surgir un magistrado que, antes del juicio, ignore quién es Arnaldo Otegi y las veces que éste se ha negado a condenar la violencia de ETA. En cualquier caso, la pregunta de la presidenta del tribunal era sumamente pertinente de cara a dejar patente en sede judicial la negativa del acusado a condenar la violencia de ETA, cuestión esta decisiva si Otegi estaba siendo juzgado precisamente por un delito de enaltecimiento de un etarra preso. El comentario de la presidenta –"ya lo sabia"–, no por innecesario deja de ser una mera y legítima confirmación verbal de algo a lo que la presidenta del tribunal tenía perfecto derecho a conocer, sin por ello quedar invalidada para juzgar.

Por otro lado, considerar, tal y como hace el Supremo, que ese "ya lo sabía" supone un inadmisible prejuicio de cara a qué significado otorgar a las encomiables palabras que Otegi dirigió a un asesino irredento como José María Sagarduy es el colmo de la impostura: Otegui encumbró a este asesino como un "luchador por la libertad" y equiparó su encarcelamiento con el apartheid sudafricano, entre muchas otras lindezas. Pero lo más delirante de todo es que, en sede judicial, la defensa de Otegi volvió a enaltecer a los terroristas encarcelados calificándolos de "presos políticos vascos".

En fin, que cada día cuesta más atribuir al papanatismo y a la estupidez lo que cada vez apesta más a complicidad con sucios procesos de paz. Más aun cuando no hace ni dos meses una sentencia, no menos vergonzosa, absolvía a Otegi y Permach por los delitos de enaltecimiento perpetrados en Anoeta. Más aun cuando retumban en nuestros oídos las exigencias que ETA ha hecho a nuestro Estado de Derecho en todos sus comunicados de tregua; más aun cuando recordamos las palabras del fiscal general del Estado instando a "que la Ley no sea obstáculo para la paz", o calificando la Ley de Partidos de "Guantánamo electoral", o animando a jueces y fiscales a "ensuciar sus togas con el polvo del camino".

Libertad Digital - Editorial

El CIS también condena al PSOE

La nueva encuesta, en la que el PP aventaja a los socialistas en diez puntos, es la radiografía del cambio político que quieren los españoles.

AUNQUE el presidente del Gobierno quiera restar importancia a la pérdida imparable de apoyo social diciendo que «al PP se le suben las encuestas a la cabeza», lo cierto es que todos los sondeos de estimación de voto ponen a Mariano Rajoy a las puertas de una mayoría absoluta. El último estudio que lo confirma es el del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), dependiente del Ministerio de Presidencia, que ayer publicó los resultados del barómetro de enero, realizado entre los días 7 y 16. Según esta encuesta, el PP tiene el respaldo del 44,1 por ciento de los ciudadanos, frente al 34 por ciento del PSOE. Respecto al barómetro de octubre de 2010, el PP gana 1,9 puntos y los socialistas pierden dos décimas. En cuanto al voto directo, el PP saca casi siete puntos al PSOE, ganando los dos partidos en este concepto respecto a octubre de 2010, lo que quiere decir que el PP amplía su ventaja con nuevos apoyos, sin cargo a la abstención.

Por tanto, la tendencia está confirmada, aun antes de conocer el desastroso dato del paro de enero y el impacto sobre la opinión pública del acuerdo con sindicatos y empresarios sobre pensiones y edad de jubilación. A poco más de tres meses de las elecciones autonómicas y locales, no parece fácil para los socialistas invertir no solo el dato concreto de las diferencias de porcentaje en las encuestas, sino tampoco el proceso constante que se está produciendo en la opinión pública acerca de la necesidad de cambio político. Más del 70 por ciento de los encuestados creen que el PP ganará las elecciones generales, frente a poco más del 10 por ciento que opinan que lo harán los socialistas. Pero lo importante es que el 34,6 por ciento quieren que ganen los populares, y el 28,7 que gane el PSOE.

Las percepciones directas sobre Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy también están cambiando a favor del líder popular. El presidente del Gobierno inspira poca o ninguna confianza en porcentaje superior (80,7 por ciento) al de Rajoy (78,8 por ciento); y la gestión de su Gobierno es peor valorada (58,8 por ciento) que la de la oposición popular. Incluso, Rajoy cuenta con más respaldo ciudadano en cuanto a capacidad para gobernar mejor que Zapatero. En esta encuesta hay mucho más que una mera foto fija de la estimación de voto: es la radiografía del cambio político que quiere la sociedad española.

ABC - Editorial

ETA. Batasuna y su "París bien vale una misa". Por Guillermo Dupuy

El particular "París bien vale una misa" de Batasuna es perfectamente comprensible si tenemos en cuenta que, desde hace mucho tiempo, la principal fuente de financiación de ETA es la que le ha procurado la subvención pública.

Vaya por delante que, por lo que sabemos de los estatutos del "nuevo" partido con el que el irredento brazo político de ETA pretende permanecer en las instituciones, en ellos no se condena el terrorismo. Al limitarse a un "rechazo" genérico a la violencia, "incluyendo la de ETA", lo que se hace es equiparar el legítimo uso de la violencia por parte de un Estado de Derecho con la que practica una organización criminal, frente a la que se quiere simular autonomía. Téngase en cuenta, además, que estas afirmaciones de los batasunos en modo alguno suponen una colisión con lo manifestado por la propia banda terrorista en su comunicado de tregua que, al igual que en las anteriores, permanece fiel a aquella máxima casi fundacional de ETA que en su V asamblea dictaminaba que "cada tiempo exige unas formas organizativas y de lucha específicas".

Con todo es innegable el deseo de los batasunos por burlar la Ley de Partidos –eso sí, con las mínimas renuncias y abdicaciones posibles a sus "principios" y a su razón de ser–, tal y como con éxito han logrado hacer hasta ahora. El mismo cambio de siglas es una muestra de esas "fórmulas" con la que la dirección de ETA ha sido condescendiente con tal de no perder esa portavocía política y subvención pública para la que fue creada Herri Batasuna. El vocero de la banda, Arnaldo Otegi, explicaba muy bien en un libro entrevista Mañana, Euskal Herria, publicado en 2005, por qué, a pesar de las ilegalizaciones sucesivas (EH, ASB, Aukera Guztiak, EHAK, ANV...) los proetarras han ido ensayando diversas fórmulas para, pese a todo, estar presente en las elecciones: "Porque nosotros no vamos a regalar nuestra base electoral a nadie. Nos ha costado mucho esfuerzo construir esa base popular. En segundo lugar, para demostrarle al enemigo lo inútil de su estrategia. Y eso ha quedado demostrado".

Más recientemente, en su última entrevista a Gara, Otegi dejaba aun más en evidencia que no se trata de una conversión sincera, sino meramente táctica y subordinada a los objetivos por los que ETA siempre ha declarado treguas o pegado tiros en la nuca: "El precio de aceptar las condiciones de la Ley de Partidos es insignificante si lo comparamos con el precio que pagaría nuestro pueblo si no estamos en las mejores condiciones para avanzar en el proceso de liberación nacional. Y en segundo lugar, hay un único precio que no pagaríamos jamás: renunciar a la lucha por conquistar una Euskal Herria independiente y socialista".

La brillante conjunción que hace este canalla de pragmatismo, por una parte, y de fidelidad a los "principios" últimos, por otra, no es nueva. Y ciertamente su particular "París bien vale una misa" es perfectamente comprensible si tenemos en cuenta que, desde hace mucho tiempo, la principal fuente de financiación de la organización terrorista es la que le ha procurado el Estado español.

Digo, además, que esta flexibilidad de los terroristas y de sus voceros para burlar los imperativos legales no es nueva, sino que es el resultado de un debate interno que se ha producido en ETA cada vez que se ha planteado la conveniencia de llevar a cabo una tregua, ya fuese para hacer "avanzar" el Estatuto de Guernika, para "pulsar" mediante conversaciones la firmeza del Gobierno de turno, para llevar a cabo tareas de rearme y reorganización interna, para favorecer electoralmente a Herri Batasuna o, más recientemente, para verificar que los separatistas cumplían con lo pactado en Estella o que Zapatero cumplía con los compromisos adquiridos en una prenegociada tregua.

Como también señalaba otro histórico batasuno, Tasio Erkicia, "nadie ni nada nos debe alejar de nuestros objetivos, pero la habilidad para superar las trampas que nos impone el sistema es parte de nuestra estrategia política. La firmeza y la inteligencia son parte substanciales de un proceso de cambio y transformación social y política".

Libertad Digital - Opinión

Sería un disparate inscribir sin más a la nueva Batasuna. Por Antonio Casado

Batasuna fue puesta fuera de la ley en una operación de Estado iniciada en el año 2002 (Ley de Partidos Políticos) con directa implicación de sus tres poderes. El Ejecutivo se lo propuso al Legislativo. El Parlamento legisló para evitar la participación política de organizaciones vinculadas al terrorismo. Y el Poder Judicial aplicó la ley. En estos momentos, Batasuna es una organización ilegal, según sentencia del Tribunal Supremo ratificada por el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Estrasburgo. Por lo que los miembros de dicha organización hacen y no por lo que piensan.

¿Toda esa arquitectura jurídica y política debe ser desmontada de un día para otro porque de un día para otro los dirigentes de Batasuna retocan sus estatutos hasta hacerlos encajar en la letra de la Ley de Partidos Políticos?

«Así no se despacha una vieja complicidad de cuarenta años con una banda terrorista cuyo rastro de sangre sigue fresco en el dolor de miles de familias y en la memoria de todos los españoles.»

No, rotundamente, no. No sin un tiempo de prueba. Al menos mientras ETA siga existiendo en su delirante pretensión de tutelar el futuro del País Vasco. Hechos son amores y, por ahora, como dice Rubalcaba, “la credibilidad de Batasuna está bajo mínimos”. Rufi Echevarría e Iñigo Iruin, dirigentes de la Batasuna proscrita por el Estado de Derecho, ofrecen palabras, dichos, anuncios, intenciones, promesas, hilvanados en su novedoso rechazo a la violencia. Esperan que sea suficiente hacer expresa renuncia al terrorismo, como resorte político, para merecer la inscripción en el Registro del Ministerio del Interior.

Así no se despacha una vieja complicidad de cuarenta años con una banda terrorista cuyo rastro de sangre sigue fresco en el dolor de miles de familias y en la memoria de todos los españoles. Sería un disparate que el Ministerio tramitase sin más la inscripción, sólo porque el ideario y los estatutos del partido presentado ayer en Bilbao se ajustan formalmente, a la letra de la Ley de los Partidos Políticos (ver artículo 9).

Sería como encargarle el mayor edificio de la ciudad a un arquitecto con el título recién estrenado. Como devolverle el carnet de conducir a un alcohólico porque supera las pruebas técnicas en un pasajero estado de sobriedad. Como fiarse de un maltratador por un minuto de arrepentimiento tras veinte años de reincidencias. O como permitir decir misa a un desconocido sólo porque lleva puesta una sotana, que es lo que le ha ocurrido al Ejército colombiano con el falso cura de Yopal.

En consecuencia, al Gobierno no le queda otra que atenerse a las generales de la ley. Es decir, recibir la solicitud de inscripción en el Ministerio del Interior y ponerla en manos de la Fiscalía para que la impugne en incidente de ejecución de sentencia (sentencia de ilegalización aplicable a Batasuna y a quienes traten de sucederla). Que la última palabra la tenga el Tribunal Supremo. También en el caso de la izquierda abertzale el propósito de la enmienda tiene que ser general y verificable. Pero la verificación no le corresponde a Zapatero, ni a Rubalcaba, ni al lehendakari López, ni a Urkullu, ni a Rajoy, sino a los tribunales, en tanto ETA siga viva y Batasuna siga siendo una organización ilegal.

El Confidencial - Opinión

ETA. La nueva vieja capucha. Por Cristina Losada

Sólo han manifestado la intención de oponerse a la violencia de ETA "si la hubiera", un condicional que sirve, a la vez, de subterfugio y de recordatorio. Es la sombra de la amenaza: puede haber violencia si no nos dejan acudir a los comicios.

Quién diría que Batasuna es ilegal. Dos individuos vinculados a dicha organización y, por lo tanto, a ETA presentan un nuevo partido y suscitan enorme expectación en la prensa y en la política. Equivale ese revuelo a una suerte de re-legalización anticipada y, desde luego, brinda al entorno y al núcleo de la banda criminal el foco de atención que ambos necesitan. Todavía se ignoran la letra de los estatutos y el nombre de esa criatura frankensteiniana, forjada en laboratorios tan poco de fiar como sus padrinos, sean los que peroran a cara descubierta, sean los que hablan tras ridículas capuchas. Pero el vacío informativo no ha impedido que los partidos y el Gobierno se explayaran con cautela, con rechazo o con buenísimos deseos. Cuando bastaba una flecha que señalara el itinerario de la ley y la justicia, y apuntara a la experiencia.

Quién lo diría, pues las intervenciones de los voceros batasunos aparecen en ciertos papeles con las campanillas que se reservan para los grandes discursos. Los que llevan años descubriendo inverosímiles indicios de ruptura entre la ETA y la ETA, creen estar ahora, por fin, más cerca que nunca de ese imposible. Sin embargo, hasta las palabras, elegidas como han sido para la ocasión, marchan firmes en dirección contraria. Aunque Marcelino Iglesias se empeñara en permutar los términos, no hay condena a la banda terrorista en los propósitos que declaran los marchantes del nuevo embozo. Sólo han manifestado la intención de oponerse a la violencia de ETA "si la hubiera", un condicional que sirve, a la vez, de subterfugio y de recordatorio. Es la sombra de la amenaza: puede haber violencia si no nos dejan acudir a los comicios.

De haber querido abandonar su condición de cómplices de una banda terrorista, los Rufi y compañía no se hubieran limitado a rechazar una eventual violencia futura. Condenarían la historia de terror de ETA, ésa que, por desgracia, ya está escrita, y ofrecerían su colaboración a la policía y la justicia para acabar con ella. Es así cómo se rompe con una organización terrorista. No hay otra vía. Pero el Gobierno ha decidido premiarles con afectuosas palmaditas por haber mejorado su comportamiento. Los pupilos revoltosos van por buen camino. Por el camino de colarse con otro cambio de capucha.

Libertad Digital - Opinión

La nueva fase del cambalache infame. Por Hermann Tertsch

Bienvenidos todos a la nueva fase del plan de Zapatero para llevar a los terroristas al redil de la izquierda.

¡Ya está aquí, queridos amigos! Ya tenemos la nueva marca de ETA para las elecciones municipales. Fresquita y jurídicamente pulida. El nuevo partido político de los «nuevos abertzales», listo para inscribirse, legalizarse y estar en mayo en las instituciones. Y para cobrar del erario público. Lo presentaron ayer en Bilbao Rufino Echevarría, uno de los duros legendarios de la rama política de ETA e Iñigo Iruin, el principal abogado de los asesinos desde hace décadas. No han creído necesario recurrir a alguien algo menos comprometido con ETA. Parecen no albergar dudas de la buena voluntad que encontrarán en las autoridades. Parece que no se equivocan. Desde luego en el Gobierno, a tenor de la recepción de este acto. Nadie pide prudencia. Nadie sugiere que la conversión y las palabras podrían no ser del todo sinceras y deberse a la necesidad de la organización de presentarse a las elecciones. Nadie habla de una recomendable cuarentena que nos demostrara la sinceridad de sus intenciones. Al contrario. No pueden disimular su entusiasmo los medios afines al Gobierno por esta nueva izquierda abertzale, como la llaman. «Un paso de gigante», dice un distinguido vocero de Zapatero. Por fin han cruzado el Rubicón, dicen otros. Los medios del gobierno parecen tener tanta o más prisa que la propia Batasuna por conseguir esa legalización. El secretario de organización del PSOE, Marcelino Iglesias, se ha entusiasmado tanto que nos ha mentido para hacérnoslo todo más apetecible. «Han condenado a ETA» ha dicho. Tranquilo Marcelino. No es cierto. No. Han dicho que condenarán toda la violencia, ya saben, «venga de donde venga», incluida la de ETA. Pero da igual, es lo que quieren entender. Rubalcaba aun disimulará un poco, se supone, pidiendo alguna cosilla más.

Pero denlo por hecho. ¿Es suficiente? Todo indica que para el Gobierno va a ser que sí. Y éste ya se encargará de que las togas se manchen en el camino, como dijo el Fiscal General del Estado hace cuatro años. ¿Se acuerdan? Entonces se llamaban ANV. Ahora ya es la «nueva Batasuna». ¿Y ETA? se preguntarán ustedes. «¿Se ha disuelto ETA?». En absoluto. ¿Ha entregado las armas ETA? Para nada. ¿No eran esas las condiciones innegociables para acometer cualquier legalización de Batasuna? Cierto, lo eran. Pero ya no. Ahora hay mucha prisa por convencernos de que la ETA buena ya no es ETA. Que la sentencia que decía que Batasuna es ETA ya no vale. Y que estamos en una nueva era en la que recordar a los asesinos y a las víctimas es de mal gusto. Que sería demasiado pedirles que se disculpen por sus miles de víctimas. Y que condenen los cincuenta años de atentados. ¿Para qué? Al fin y al cabo, sus chicos van saliendo por la puerta de atrás, sin que los españoles se irriten. Exigir esto sería un atentado contra la paz. Porque ahora habrá que zanjar cuentas con quienes se opongan a este nuevo plan de paz. El primer objetivo es Mayor Oreja. Lleva años diciendo que Zapatero nunca ha dejado de negociar con ETA. Y que Batasuna estaría en las elecciones. La realidad nunca le ha desmentido. Pero no será el único. Todos los que se opongan a este miserable cambalache serán de nuevo objeto de la ira difamadora. Seremos los que viven de ETA. Los enemigos de la paz. Abierta la veda de la infamia oficial, otra vez. Comienza la lluvia de insultos y mentiras contra quienes exigimos la derrota de ETA. Prepárense. Bienvenidos todos a la nueva fase del plan de Zapatero para llevar a los terroristas al redil de la izquierda.

ABC - Opinión

La izquierda sale del armario y se identifica con Batasuna. Por Federico Quevedo

En la encuesta online que publicaba ayer el diario Pravda, un 73% de los participantes se mostraba partidario de permitir que Batasuna concurra a las elecciones municipales de mayo de 2011, y tan solo un 24% se pronunciaba en sentido contrario. Ya sé que este tipo de sondeos tienen una credibilidad reducida porque su base sociológica es la que es, pero para el caso que me ocupa, sin embargo, tiene mucha relevancia.

Y es que probablemente el sondeo en sí haya llamado la atención de lectores identificados con posiciones de izquierda muy militantes que sirven de avanzadilla a un Gobierno que navega entre dos aguas: por un lado manifiesta una insincera dureza hacia el mundo abertzale considerando insuficientes sus movimientos, pero por otro parece no ver el momento de legalizar a ese mismo mundo y permitirle la concurrencia electoral para garantizarse así eso que muy eufemísticamente llaman el cese definitivo de la violencia. Solo hacía falta leer el diario Pravda este fin de semana, y comprobar el seguimiento que ayer mismo hacía en su página web de la presentación de la nueva alternativa electoral de los etarras, para darse cuenta de por dónde van los tiros, y perdón por la expresión pero viene muy al caso: ETA va a estar presente en las municipales de mayo, porque ese es el acuerdo al que ha llegado con el Gobierno para decretar su disolución definitiva.

Inexplicablemente, la izquierda está encantada. Entiendo que Rodríguez y Rubalcaba puedan pensar que un final de ETA antes de las elecciones generales junto a una incipiente recuperación económica que tuerza los malos datos que hasta ahora ofrecen las cifras del paro, puedan dar la vuelta a la tortilla electoral, pero de ahí a esta identificación casi obscena con los postulados de los proetarras, la verdad, me cuesta comprenderlo. Pero no hay más que acudir a las fuentes, a algunos artículos de opinión de los más acérrimos defensores de la presencia de Batasuna en las urnas, a sus declaraciones, para darse cuenta de que no es solo una razón de estrategia electoral, sino que hay un mar de fondo, una escandalosa identificación con algunos de los postulados de los etarras que tienen que ver con la fragmentación de España como nación.

Ahora, los más sectarios me dirán eso de que “ese es el discurso de Mayor Oreja”… Pues sí, y qué. A lo mejor es que Mayor Oreja tiene y tenía razón. Detrás de todo esto no solo hay un intento por lograr una aparente victoria con la que endulzar una campaña electoral marcada por la gravedad de la crisis económica. No, detrás de todo esto está también la convicción por parte de cierta izquierda de que solo a través de la radicalización y la fragmentación van a poder conseguir, de nuevo, que el PSOE siga en el poder.

«Detrás de todo esto está también la convicción por parte de cierta izquierda de que solo a través de la radicalización y la fragmentación van a poder conseguir, de nuevo, que el PSOE siga en el poder.»

Digo cierta izquierda porque dudo mucho que ese sea el sentir mayoritario al otro lado del arco parlamentario: no hemos acumulado tantos muertos, tantos caídos por la libertad y por la democracia, para que ahora uno de los que más víctimas han sumado las traicione en nombre de no se sabe muy bien qué justificación. Y a tenor de lo escuchado ayer en boca del tal Rufi Etxeberría y de la lectura de los nuevos estatutos de la nueva marca de ETA, aquí hay más de lo mismo, es decir, más engaño y más trampa para ver si caemos en ella. Por eso es doloroso escuchar las palabras de Marcelino Iglesias valorando positivamente que estos tíos condenen ahora la violencia…, futura. La pasada no. O sea que a todos los muertos, niños, madres, padres, hermanos y hermanas, civiles y militares, policías, guardias civiles, políticos de uno y otro lado, a todos ellos que les jodan. Los atentados que acabaron con sus vidas no son condenables para esta pandilla de hijos de la gran p… No, ahora condenamos los atentados que puedan venir en el futuro, porque sabemos que como el Gobierno ha pactado con ETA su presencia en las municipales a cambio del cese definitivo de la violencia, esa condena nos sale gratis… ¿Verdad, señor Rufi Etxeberría? Y pretenden que los demás, como idiotas, asintamos y nos demos por contentos…

No, hombre, no. Ya está bien de bromas. El Gobierno jugó demasiado con nosotros en la pasada legislatura durante un ‘proceso de paz’ del que parece que nunca conoceremos el verdadero alcance de las cesiones a las que llegó Rodríguez con ETA, pero que podemos sospechar solo por los movimientos que en aquel momento se hicieron. ¿Y ahora quieren que traguemos otra vez con ruedas de molino? Pues ni hablar. ETA no puede salirse con la suya, ni este Gobierno ni ningún otro puede permitírselo. Lo de ayer fue una indecencia, y ni siquiera debería de habérseles permitido el acto de presentación de la nueva marca etarra. No puede ser que las víctimas sufran esta humillación, que sus muertos hayan caído gratis bajo las balas de estos desalmados canallas, para que ahora se rían de nosotros ajustándose a la letra de la ley y condenando sólo la violencia futura. El Gobierno puede tener ahora la tentación de dejar esto en manos de los Tribunales para que sean los jueces los que decidan ajustándose, también ellos, a la letra de la ley. Pero aquí no hay más letra que la decidida acción del Gobierno contra la torticera intención de la banda etarra. O eso, o arriesgarse a ser acusado de complicidad con la armada abertzale.

El Confidencial - Opinión

ETA. La tapadera. Por José García Domínguez

Como si las organizaciones nazis morasen fuera de la ley en todo el mundo por los asesinatos presuntos que cometería un hipotético cuarto Reich, no por los reales y concretos que en su día llevó a cabo el tercero.

Después de tanto alarde vano de laicismo, resulta que nuestra socialdemocracia doméstica compartía con Roma la premisa mayor, a saber, que la fe encarna la primera de las virtudes teologales. Al respecto, si fe es creer con rendida devoción en lo nunca visto, ¿acaso cabe superior testimonio de piedad que festejar unos estatutos, los de la enésima reencarnación de Batasuna, por nadie conocidos aún? Pues eso que el Iglesias del PSOE ya ha dado en proclamar "mejora notable", de momento, yace escrito en tinta invisible. E igual cabe certificar de la prensa gubernativa, tan comecuras ella, repentina presa ahora de la fe del carbonero. Y es que, a fin de cuentas, todo lo que hay en ese asunto es el verbo tosco de cierto Rufino, un montaraz franco de servicio mientras dure el asueto táctico de su partida.

Así, el tal Rufino se dice presto a repudiar ahora mismo los crímenes que no han sucedido. Pero solo ésos. Otros venden parcelas de la Luna, Rufino, más audaz, reparte certificados de buena conducta prendido a la máquina del tiempo. Como si las organizaciones nazis morasen fuera de la ley en todo el mundo por los asesinatos presuntos que cometería un hipotético cuarto Reich, no por los reales y concretos que en su día llevó a cabo el tercero. Ya en otro orden de perplejidades, los creyentes, víctimas de una muy oportuna amnesia, pretenden desconocer letra y música de la Ley de Partidos.

Olvido, el suyo, que exoneraría a Rufino de tener que expulsarse fulminantemente a sí mismo de la nueva tapadera. Sépase que celebrar a terroristas, único empleo conocido del interfecto, supone factor expreso de prohibición. Tampoco, en fin, las sentencias todas de los tribunales –las del Supremo, las del Constitucional, la definitiva de Estrasburgo– dejan demasiadas rendijas a la infamia. Recuérdese la meridiana claridad de ésa última, cuando resuelve que la ilegalización no se fundamentó exclusivamente en la pertinaz renuencia de los rufinos de turno a condenar las carnicerías de sus pares. "El comportamiento de los políticos", prescribe tajante, "engloba de ordinario no solo sus acciones o discursos, sino igualmente, en ciertas circunstancias, sus omisiones o silencios, que pueden equivaler a tomas de posición y hablar más incluso que toda acción de apoyo expreso". Tan abyectos, Rufino, los silencios.

Libertad Digital - Opinión

Que no. Por Ignacio Camacho

Demasiada prisa y poco arrepentimiento. No pueden volver sin pedir perdón como si no hubiese pasado nada.

QUE no, que no cuela la pantomima. Que estos etarras sin capucha no engañan más que a quien esté dispuesto —¿queda alguien aún?— a dejarse engañar. Que tienen demasiada prisa para tan poco arrepentimiento. Que hace falta mucho tiempo para cauterizar las heridas de tantos años de plomo. Que no pueden volver disfrazados de hijos pródigos y sin pedir perdón como si aquí no hubiese pasado nada.

Porque han pasado muchas cosas, y porque aún tienen que pasar muchas más. Tienen que pasar años de sedimento del dolor, que no de olvido. Tienen que transcurrir muchas lunas sin violencia, sin intimidación, sin terror, sin coacción y sin muerte. Tiene que cumplirse la justicia sin la que no hay reconciliación posible. Tiene que disiparse de manera categórica todo atisbo de dependencia y de continuismo respecto al delirio autoritario de dominación armada. Tiene que quedar demostrada de forma fehaciente la voluntad de reinserción en el sistema que tan cruelmente han combatido sin compasión ni piedad. Tiene que ser patente la contrición y explícita la autocrítica. Tiene que mediar una petición expresa y convincente de perdón a las víctimas. Tienen que existir pruebas claras de un desistimiento convencido que vaya más allá del tacticismo pragmático y del ventajista principio de la oportunidad. Y, sobre todo, y previamente, tiene que desaparecer por completo la amenaza sobre la que desde hace años respaldan su chantaje político. Tiene que rendirse ETA y hacerlo sin condiciones expresas ni sobrentendidas. Tiene que reconocer su fracaso y disolverse a cambio de nada.

A cambio de nada es a cambio de nada. Ni impunidad penal ni indulgencia moral ni tolerancia social ni contrapartida política. Nada. Primero nada, después nada y luego ya veremos. Pero luego es mucho más tarde, cuando la sociedad agredida pueda asimilar con dignidad y honor el final del sufrimiento y acaso sentirse en condiciones de ser lo generosa o lo compasiva que no han sabido ser sus enemigos. Antes, nada. Nada de agradecimientos, nada de amnesia, nada de subterfugios. Sólo silencio. Y firmeza. Y ley.

Después de 870 asesinatos no pueden venir con urgencias, recién maquillados para la ocasión y sin arrepentirse. El dilema no consiste en creerles o no creerles, sino ceder o no ceder. Si de veras quieren romper con el terrorismo es menester darles tiempo para mostrar la autenticidad de su abandono. Mayo no es mañana: es casi ayer a efectos de esta difícil recomposición moral que ha de presidir la normalización política. No al revés. Después de mayo tendrán un año hasta las generales y cuatro hasta las nuevas locales y forales que tanto les interesan; un plazo suficiente para asentar su recién adquirida vocación de retorno a la civilidad democrática. Antes no puede ser, salvo que además de inventar la democracia bonita queramos patentar la democracia tonta.

ABC - Opinión

Otra farsa de ETA

Ninguna sorpresa: los secuaces de ETA escenificaron ayer su enésima pantomima al Estado de Derecho al presentar una nueva franquicia de Batasuna con el objetivo de presentarse a las próximas elecciones municipales. Prueba de ello es que las voces y los rostros de la nueva marca –Rufi Etxeberria, Joseba Permach, Jon Petrikorena y Tasio Erquicia– presentan las credenciales de pleitesía a los etarras, además de participar activamente en generar recursos para sus extorsiones y asesinatos a través de su presencia en las instituciones, algo que se logró erradicar con la Ley de Partidos y con las distintas sentencias del Supremo que fueron ilegalizando a la propia Batasuna y después a sus «herederas» Acción Nacionalista Vasca, Partido Comunista de las Tierras Vascas e Iniciativa Internacionalista.

El nuevo órdago al Gobierno, a la Justicia y a la sociedad española bebe de las fuentes de Batasuna aunque utilice, –e incluso manosee en función de su conveniencia– otras palabras. Algunos, entre ellos el PNV, están tentados de creerse esta farsa ante la «novedad» de que incluya en sus estatutos un «rechazo a la violencia, incluyendo la de ETA si la hubiera», como si ésta no existiese en la actualidad. Es obvio que los etarras no van a actuar contra la línea de flotación de su nuevo proyecto político con un atentado en los próximos meses, tan obvio como que el entorno etarra vuelve a la escaramuza dialéctica para decir a la sociedad que «rechaza» la violencia, pero no la «condena», como sería deseable y pertinente. Tampoco han pedido a ETA lo que solicitan todos los demócratas: su disolución sin ninguna contrapartida, incluso ayer hablaron de un proceso de diálogo y negociación, asumiendo así que la desaparición de la banda debe ir acompañada de algún gesto de magnanimidad. No condenaron los atentados de los etarras de las últimas décadas, como si interpretaran que hay que hacer tabla rasa, lo que sería un insulto inaceptable para las víctimas, y se ampararon en los principios del senador Mitchell, que contempla un escenario con dos partes en conflicto, una vieja aspiración de ETA, que siempre ha querido que sus crímenes sean considerados como parte de un enfrentamiento político entre España y el País Vasco que no es tal.

Es de esperar que este nuevo partido no encuentre ningún resquicio legal para estar presente en las urnas la próxima primavera. Porque no hay lugar para el engaño: ETA sigue viva y Batasuna continúa siendo su ramificación política que busca desesperadamente un hueco en la escena política vasca. Ante esta nueva treta, el Gobierno tiene que responder con contundencia buscando pruebas con las que se las pueda llevar ante los tribunales, como anunció ayer Pérez Rubalcaba, que remitirá a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado los estatutos junto a los informes de la Policía. Este escenario no debería erosionar la firmeza con la que el PSOE y el PP han amparado las condiciones de la Ley de Partidos que tan buenos frutos ha dado en el pasado, al desactivar políticamente cualquier iniciativa del entorno etarra. Sabemos cuál es el camino para derrotar a los asesinos. Cualquier desvío al albur de esta nueva estratagema de los esbirros etarras supondría cometer un error que los demócratas no nos podemos permitir.

La Razón - Editorial