PSOE. Hoy Murcia, mañana el Estado. Por José Antonio Martínez-Abarca

El camino para que el PSOE vuelva al Gobierno en España ahora que aún no se ha ido se está diseñando en estos momentos en Murcia, y desde luego no parece que tenga mucho que ver con una regeneración de la socialdemocracia.

Federico Jiménez Losantos ha intuido en su blog por dónde pueden ir las cosas en España tras el apalizamiento a un consejero del PP en Murcia. Sobre todo, por dónde pueden ir las cosas en España si el PSOE comienza a desgastarse de verdad no en el poder, sino a la italiana: no teniéndolo. Demasiados indicios ya, los que se han referido y otros que voy a aportar aquí, sustentan, en efecto, la proyección del suceso local hacia el futuro y hacia el resto del Estado. Esto es lo que puede pasar si el PP gana las elecciones autonómicas en donde no le llaman, y luego las generales. Porque en Murcia, donde la insalvable diferencia entre el primer partido y el segundo teóricamente debería aconsejar la entrega de la izquierda al desasimiento místico, está ocurriendo.

Que a pesar de ser este territorio objetivo prioritario para los "espías" telefónicos de Rubalcaba (la Unidad Central Operativa, especialmente creada para instruir telediarios desde los territorios no afectos), Interior no está obteniendo resultados. Y como resultados debemos entender que no ha sido posible establecer policialmente que en Murcia hay tramas corruptas del PP de algún calado, tras tomar bastantes ayuntamientos en superproducciones que dejarían la partición del Mar Rojo según Cecil B. de Mille como un mediometraje albanokosovar de arte y ensayo. Tal está siendo el fracaso del "presidenciable" que los electores de las localidades intervenidas, en cuanto pudieron hacerlo, votaron en masa al PP, incluso los que nunca lo habían hecho. Eso mantiene exasperados a los cargos y bases socialistas, que han decidido que sólo acudiendo civilizadamente a las urnas o apelando a la corrupción intrínseca del PP no van a ganar los representantes de la superioridad ética. Por tanto, no le hacen ascos a un "plan B". Que se parece, en todo, al de las memorables jornadas del 12 y el 13-M tras los atentados de Atocha.

La noche del 13-M, militantes socialistas y de los sindicatos "de clase" perfectamente identificados se apostaron frente a la sede del PP en Murcia, como ahora lo han perpetrado cada pocos días frente a la casa particular del presidente autonómico Valcárcel, y para lo mismo: para forzar la realidad hasta que ésta confiese lo que no ha hecho. Entonces, aporrearon al bedel del PP regional cuando a éste se le ocurrió sacar la basura (salió a echar la basura y la basura se echó sobre él), hoy agreden dos veces a la hija de Valcárcel y convidan por internet a su coral apiolamiento. Hace seis años gritaban "asesinos". Seis años después berrean "chorizos". Eso para ir haciendo boca, antes de la precampaña. Qué será en campaña. En la incipiente primavera de 2004 arrojaban calumnias. En el invierno de 2011 a las calumnias las acompañan huevos con tinta color de sangre, naranjas podridas y algún que otro perdonable intento de linchamiento (contra el secretario general de la Presidencia). Y lo decisivo: lo que hicieron en España los profesionales de cierta radio para malquistar a la población contra el Gobierno, en estas fechas lo iniciaron los intelectuales de la provincia, señalando durante estos meses al consejero de Cultura de Murcia como verdadero causante de la crisis mundial, llegando a crucificarlo en efigie y siendo paseados sus "restos" en procesión (lo que le ha ocurrido en persona es algo más tranquilizador: sólo le han roto el cráneo). No es del todo infrecuente, desde el siglo pasado, esto de que los intelectuales con sus ocurrentes tesis causen desgracias irreparables.

El camino para que el PSOE vuelva al Gobierno en España ahora que aún no se ha ido se está diseñando en estos momentos en Murcia, y desde luego no parece que tenga mucho que ver con una regeneración de la socialdemocracia.

Libertad Digital - Opinión

Ultras. Por Edurne Uriarte

La manipulación ideológica del extremismo ha conseguido que el concepto ultra sea habitualmente asimilado a la derecha. En España, oficialmente, sólo existe la ultraderecha. En la política y también en la comunicación donde ha quedado establecido que hay «tertulias de ultraderecha», pero no de ultraizquierda. De ahí que un medio de la izquierda sustituyera ayer en su portada la identidad ultraizquierdista del primer detenido de Murcia por la de «un ultra del fútbol mientra que otro medio del mismo perfil lo reemplazaba simplemente por «presunto agresor». A lo que añadían su indignación porque el PP atribuyera a la izquierda la responsabilidad política en la agresión al consejero. De tal forma que, al final, teníamos un malvado claro, el PP y sus excesos verbales, y un responsable borroso y difuso, un ultra del fútbol, un presunto agresor. En los mismos círculos ideológicos que habían tardado no más de tres horas, el tiempo de escribir un artículo y un editorial, en hacer la conexión entre el Tea Party, Sarah Palin y el perturbado de Tucson. Por mucho que tal conexión contradijera los datos policiales sobre el perfil del asesino. En este contexto, pretender que la derecha contenga las tentaciones populistas en asuntos como el de Murcia es como pedir que se combatan las agresiones verbales y las difamaciones realizadas bajo el anonimato de la red con las reglas de la cortesía y el respeto a los hechos. Flores contra cañones. Una pugna completamente desigual. Y, sin embargo, la única manera de fortalecer la autoridad y la legitimidad democráticas. Tanto para la derecha política como para la mediática. Lo que implica destapar los contenidos ideológicos y los modos de acción de la ultraizquierda, la de Murcia, por ejemplo, pero con el exquisito cuidado de separarla de la izquierda democrática, de la misma forma que ha de hacerse con la ultraderecha.

ABC - Opinión

Pedro Alberto Cruz. Cosas que no van a cambiar. Por Pablo Molina

En contra de lo que sugiere González-Sinde, todo parece indicar que al consejero de Cultura y Turismo de Murcia le han roto la crisma no por formar parte de eso que se ha dado en llamar "las gentes de la cultura" (sic), sino por pertenecer al PP.

La investigación de una agresión por motivos políticos es más complicada que, pongamos, un delito pasional o un robo, porque mientras en estos dos últimos casos el abanico de sospechosos es reducido, en el primero hablamos de todo un universo lleno de complejas relaciones que es necesario desentrañar hasta dar con los vándalos responsables del suceso.

Es necesario tener esta circunstancia presente, porque la investigación del atentado contra el consejero de Cultura y Turismo puede experimentar ciertos contratiempos fruto de esta complejidad, que pueden desviar la atención mediática y ciudadana de lo sustantivo. Y lo trascendente, en términos políticos, es que este alto cargo del PP ha sido colocado en la diana de la infamia colectiva a impulso directo de los dirigentes del partido rival. Sí, el Partido Socialista de la Región de Murcia guión Partido Socialista Obrero Español, para que no queden dudas.

Aunque finalmente los agresores de Pedro Alberto Cruz hayan sido los integrantes de un comando de sexagenarios de misa diaria afiliados al PP descontentos con la gestión de ese partido, nada cambiará el hecho de que, desde hace meses, los socialistas murcianos llevan trabajando en una campaña que busca atacar al consejero de Cultura en términos personales, por ejemplo utilizando su supuesta condición de sobrino del presidente a sabiendas de que es, también, mentira.

Tampoco ha de cambiar la valoración que los ciudadanos deban hacer de una candidata a la presidencia de la comunidad autónoma por el partido socialista, que advertida personalmente por la víctima de que los argumentos que utilizaba ese partido en su contra eran falsos, insistiera en que su "deber" era utilizar políticamente todo lo que considerara pertinente, como ha relatado públicamente en esta casa uno de los principales colaboradores del consejero.

Sea quien sea el que haya apalizado a Cruz o contratado a los matones para llevar a efecto el encargo siniestro, nadie puede eludir tampoco el hecho de que en las manifestaciones convocadas por los sindicatos de funcionarios, algunas de ellas ilegales, se ha paseado el nombre y el rostro del consejero como un espantajo contra el que cabían los mayores insultos para regocijo de los asistentes.

En contra de lo que sugiere González-Sinde hoy en un medio nacional, todo parece indicar que al consejero de Cultura y Turismo de Murcia le han roto la crisma no por formar parte de eso que se ha dado en llamar "las gentes de la cultura" (sic), sino por pertenecer al Partido Popular, que es algo ciertamente distinto. Si tiene alguna duda, la ministra sólo tiene que pedir a sus compañeros y compañeras de partido en Murcia que le envíen un archivo con las ideas-fuerza que han puesto en marcha a lo largo de los últimos meses para desacreditar al que ella define en su artículo encomiástico como "abierto e integrador". Mejor se lo envían en papel, no sea que lo hagan por internet y acaben colapsando el servidor del ministerio.

Libertad Digital - Opinión

¿Túnez, el próximo?. Por José María Carrascal

Esta Europa se parece cada vez más a la Roma del Bajo Imperio. Invadida ya está por los extranjeros, barbarusen latín.

LOS titulares anuncian el final de una era en Túnez, omitiendo que comienza otra, tal vez por no saber nadie en qué consistirá. Lo que ha terminado en Túnez es un régimen autoritario, prooccidental, aparentemente estable, que atraía el turismo, protegía las inversiones y gozaba del nivel de vida más alto de la zona, aunque eso tampoco quiera decir mucho. Todo ello se ha venido abajo en pocos días, casi en horas, mostrando cuán frágil era el tinglado y cuán equivocábamos estábamos. Con el agravante de que la sacudida puede extenderse a los países árabes «amigos de occidente», de Marruecos a Egipto.

Se suponía que el autoritarismo con un barniz democrático que viene controlándolos les proporcionaría, junto a la estabilidad, un progreso económico que sirviera de vacuna contra el islamismo y les acercase poco a poco a una democracia auténtica, como ocurrió en la España posfranquista, que no quiso saber nada del comunismo. Pero no ha ocurrido así. Los progresos económicos de esos países han sido escasos y los políticos, más escasos todavía. Lo que se ha disparado, en cambio, es la corrupción, al instalarse en ellos auténticas dinastías familiares, que acaparan los principales recursos, las empresas más importantes y los contratos más suculentos. Sin que occidente en general y Europa en particular hayan movido un dedo para poner fin a tal situación.

Hoy, todo el mundo se escandaliza de la misma y reclama democracia de verdad en la zona. Olvidando, en nuestra cómoda ceguera, la segunda parte de la ecuación: que nuestra democracia no despierta ningún entusiasmo entre los musulmanes. Es más, son muchos los que creen que «su» democracia, la que emerge del Corán, es mejor que la nuestra. La prueba de ello es que, en los países que se celebran elecciones libres, triunfan los partidos islamistas, ayer en Argelia, hoy en Turquía, ¿mañana en Túnez? Las razones son muy simples: por una parte, el resentimiento de aquellos pueblos hacia occidente, hasta hace bien poco su colonizador. Por la otra, que la democracia occidental les ha traído más corrupción que auténtica democracia. Únanle un tercer factor, a modo de mecha, que la mayoría de los habitantes de esos países son jóvenes veinteañeros que no encuentran otra salida que la revolución o el islamismo, que para muchos de ellos son lo mismo, y tendrán la perfecta mezcla explosiva.

Y nosotros contemplándolos como el lugar ideal para unas vacaciones invernales, agradables y baratas. Esta Europa se parece cada vez más a la Roma del Bajo Imperio. Invadida ya está por los extranjeros, barbarusen latín, que realizan las labores más duras y humildes. Hasta que sean más que nosotros.

ABC - Opinión

El confuso. Por Alfonso Ussía

No albergo dudas respecto a las buenas intenciones de don Alberto Oliart. Pero tampoco de la confusión que crea allá donde esté y trabaje. Es un hombre confuso, difícil de interpretar. No es comparable a Jorge Verstrynge, del que me dicen que ahora colabora con el régimen de Chávez. Verstrynge se abrazó a la izquierda cuando se le cerraron todas las puertas. En el último libro de memorias de Mario Conde, éste se olvida de mencionar que Verstrynge a punto estuvo de engañarlo para fundar un partido político con su dinero, no el de Verstrynge, sino el de Conde. Creo que Oliart no pertenece a ese tipo de personas proclives a desconcertarse a ellas mismas. Pero tiene algo en común. La necesidad de querer ser lo que nunca ha sido para obtener el perdón de la izquierda, como si la izquierda tuviera la hegemonía del perdón. Está en esas tonterías.

Fue un ministro de Defensa de UCD que pasó sin pena ni gloria. Los militares lo recuerdan como un amable desinteresado. No tan nefasto como Narcís Serra, pero mucho peor que el también socialista Julián García Vargas, que fue un ministro institucional y no de partido, consiguiendo el casi unánime respeto de nuestros militares. A Oliart se le conocía en las Fuerzas Armadas como «don ni fu ni fa», y no está mal puesto el mote. Nunca ha querido ser fu, y siempre ha intentado huir del fa. Por ello no ha perdido nunca la condición de reciclable, para unos y para otros.

Compartió despacho de abogados con un letrado íntimamente ligado y de la mayor confianza de la Casa Real. La unión se quebró cuando Oliart concedió al periódico de los etarras –no recuerdo si el «Egin» o el «Gara»– una amplia entrevista en la que defendía la necesidad de un acuerdo entre el Estado y la ETA. Esas actitudes, rechazables y nada edificantes, son buenas inversiones ante la retroprogresía. Y Zapatero echó mano de su presumible ecuanimidad encomendándole la más alta poltrona de RTVE con el apoyo del Partido Popular. A los pocos meses de su gestión, el Partido Popular dejó de apoyarlo, pero ya era demasiado tarde. Oliart, el confuso, ha prohibido la retransmisión y noticias de las corridas de toros incluyendo a la Fiesta Nacional en la relación de espectáculos violentos. Ha llevado a la confusión total a todos los aficionados a la Fiesta. Ser antitaurino es lo moderno, pero se puede ser «moderno» en casa y respetuoso con la mayoría cuando de sus decisiones depende la presencia de los toros en la televisión pública española. Y ha censurado, por presiones palestinas, un programa de «Españoles por el Mundo» grabado en Israel. Es decir, que además de antitaurino es antisemita, y se siente más cómodo con Hamás que con la única nación democrática del Oriente Medio. Intuyo a Oliart más descolocado que nunca, pero esa desubicación permanente puede ser el motivo de su mantenimiento. Para mí, que ya ha obtenido el perdón que imploraba por haber sido un político de la derecha, y a tiempo está de reaccionar al «síndrome Ruiz Giménez» que tanto le ha afectado.

Don Alberto tiene la obligación de aclarar sus ideas y sus conceptos. No dudo, repito, de sus buenas intenciones, pero su proceder confuso al frente de RTVE le está haciendo quedar muy mal.

La Razón - Opinión

Sinde. Si mi pluma valiera tu pistola. Por José García Domínguez

Rásquese con una uña el barniz retórico que embellece ese enunciado y, al punto, emergerán a la luz dos de los prejuicios falaces que abonan la pretendida superioridad moral de la progresía.

La ministra González Sinde, que es persona educada y respetuosa con las normas del decoro, ha dedicado un muy elogioso escrito en la prensa a Pedro Alberto Cruz. Gesto elegante el suyo que, sin embargo, deja entrever cómo la izquierda con mando en plaza aún contempla el mundo de las ideas y el pensamiento tras las destartaladas ventanas del jardín de infancia del sesenta y ocho. De ahí que Sinde presuma para la salvajada sufrida por el consejero murciano móvil tan peregrino como el que yace emboscado tras la siguiente interrogación: "Me pregunto si tiene alguna relación este hecho, el que sea precisamente consejero de Cultura y no de otro departamento, en [sic] las motivaciones de sus atacantes".

Rásquese con una uña el barniz retórico que embellece ese enunciado y, al punto, emergerán a la luz dos de los prejuicios falaces que abonan la pretendida superioridad moral de la progresía. "Como todo el mundo sabe, la cultura es cosa nuestra y solo nuestra, patrimonio exclusivo y excluyente de la izquierda", se nos viene a decir entre líneas con tal de apelar al primero. "Por tanto, si alguien la ataca por ser lo que es, debe tratarse de los seculares enemigos del espíritu, los reaccionarios y los fascistas que tanto la odian", infiere de modo implícito la ministra. ¿O acaso hubiera lanzado idéntica duda sobre el tapete si Alberto Cruz ejerciera como consejero de Ganadería, de Sanidad o, qué se yo, de Minas y Lagos?

Aún más pueril si cabe, el segundo a priori canónico de la socialdemocracia flácida pretende ver en la cultura un subproducto más de la factoría Disney, otro dulce caramero de fresa relleno de empalagoso buenismo kitsch. Como si la alta cultura y sus sumos sacerdotes laicos, los intelectuales, no estuvieran detrás de la barbarie criminal que asoló el siglo XX. A fin de cuentas, nada hay más emparentado con el pensamiento hegemónico en Occidente durante la modernidad que un puño americano salpicado de sangre. Al respecto, cuando la izquierda leía, muchos militantes podían recitar aquel soneto atroz de Machado. "Si mi pluma valiera tu pistola de capitán, contento moriría", que así comenzaba, memorable, su loa a un bárbaro. ¿La cultura remanso de paz y amor? No nos haga reír, Sinde. Hoy, no.

Libertad Digital - Opinión

Iguales en la inepcia. Por Gabriel Albiac

Profesor y alumno serán iguales. Iguales, Einstein y Pajín o Zapatero. Iguales todos. En la inepcia.

HACE ya algunos años, un antiguo alumno mío, por entonces catedrático de enseñanza media, se vio amenazado de expediente académico. Una denuncia de la asociación de padres de su instituto constataba la ausencia de «igualdad en el trato» mediante la cual el docente «humillaba» a sus alumnos. El profesor tenía la fea costumbre de hablar de «usted» a aquellas tiernas criaturas. Yo he hecho exactamente el mismo uso del trato que un día se llamó de cortesía con mis estudiantes en mis casi cuarenta años de docencia; por fortuna, a un catedrático de Universidad se le toleran ciertos anacronismos que se suponen ligados a su edad o extravagancia. El expediente contra el profesor no prosperó. Hace veinte años, una denuncia así podía aún parecer pintoresca. A partir de la aprobación de eso a lo cual la no muy letrada ministra Pajín llama una ley de «igualdad en el trato», un armario ropero y un atanor serán lo mismo. Y quien cuestione su igualdad incurrirá en delito desigualitario. A partir de ese día, los diccionarios podrán ser quemados en pública pira al buen estilo del Berlín de 1934. Destruir las sutilezas de la lengua es destruir lo humano: la desigualdad.

Nadie es igual a nadie. Nada es igual a nada. Platón hace nacer de esa desasosegante constancia la filosofía: ¿cómo hablamos, cómo podemos hablar, si cada empírico objeto determinado es, bajo algún aspecto, necesariamente distinto de todos los demás que comparten con él nombre?, ¿cómo podemos hablar de modo verosímil, si «lo igual se dice sólo de lo distinto»?

Nadie crea que los padres de la política moderna, los primeros teóricos de la democracia que en el último decenio del siglo XVIII erigieron la igualdad en soporte universal del ciudadano, ignoraban esta paradoja: que el de igualdad es un criterio formal, sólo unívocamente operativo en las disciplinas formales cuyo modelo da la matemática—-de la geometría, en efecto, tomó su problematicidad Platón—; y que su uso analógico en los demás campos del lenguaje requiere minuciosas cautelas y matices. Si hablamos de política, lo que se juega en esas cautelas y esos matices es la libertad misma de los individuos. La que dice a cualquiera en su sano juicio que un profesor no es igual a un alumno y que el trato entre ambos no es jamás un trato entre iguales.

Cuando la democracia nace, en 1789, el Abad de Sieyès se toma infinito cuidado en que la Asamblea Constituyente fundamente una sociedad de iguales… ante la ley. Y en ese matiz —al cual se opondrá el utopismo igualitario de Babeuf— sabe que se juega la función misma de la democracia, a la cual define precisamente como sociedad en la cual la primacía de la ley a la cual se hallan sometidos por igual los desiguales, protege a los más débiles del abuso de los más fuertes.
Se acabó. Si la ministra Pajín llega a tiempo de hacer ley firme su disparate, la base misma de la democracia en España habrá sido rota. Suplida por ese principio totalitario que predica la identidad de todos, para mejor asentar el absoluto del único desigual: el Estado. Y llamar a alguien de usted será -como lo fue en la Alemania nazi- delito. Y profesor y alumno serán iguales. Iguales, Einstein y Pajín o Zapatero. Iguales todos. En la inepcia.

ABC - Opinión

Esperpento en el Senado

Nada ilustra mejor la política de despilfarro y la frivolidad en el gasto público que la estampa ofrecida ayer por el Pleno del Senado, en el que sus señorías recurrieron a los servicios de traducción simultánea pese que todos ellos hablan y entienden perfectamente el castellano, que es la lengua oficial del Estado. En medio del vivo debate político y social que se ha planteado estos días sobre la racionalización del gasto de las autonomías, resulta esperpéntico que el Senado despilfarre, debido a la anuencia del PSOE con los nacionalistas, 350.000 euros al año para satisfacer un capricho político. No sólo es una burla a los millones de trabajadores en paro y a los cientos de miles de familias que no tienen ingreso alguno, sino también al sentido común. El despliegue de 25 nuevos traductores y 400 «pinganillos» para que un senador andaluz del PSOE «entienda» lo que dice otro senador andaluz del PSC sería sencillamente hilarante si no fuera porque implica un desembolso obsceno que ningún político responsable puede avalar, y menos aún en una época de crisis económica tan profunda. Argumentar, como han hecho los nacionalistas, que «los derechos no tienen precio» es, además de un alegato estúpido, una demagógica tomadura de pelo, pues el primer derecho lingüístico en una institución del Estado es el de emplear la lengua común y oficial para comunicarse sin necesidad de recurrir a artificios. Que el catalán, el gallego o el vascuence se hablen en Las Cortes ni les añade derechos ni se los quita, pues es una decisión que responde a meras maniobras partidistas que en nada los afectan como idiomas. De hecho, si fuera una cuestión «de derechos», ¿por qué se limita el uso a los plenos y no alcanza también a la sesión de control del Gobierno? ¿Acaso para no dar la nota de ver a un presidente del Gobierno de España con pinganillo para escuchar la interpelación de un compañero de partido catalán? No es extraño que ante espectáculos como el de ayer en el Senado o ante situaciones de privilegio como el régimen de pensiones de los parlamentarios vayan en aumento el desprestigio de la clase política y la desafección de los ciudadanos. Se echa en falta ese plus de ejemplaridad y probidad que debe exhibir todo servidor público, que otorga la necesaria autoridad moral a la hora de adoptar medidas difíciles. Quien pide sacrificios a los ciudadanos para que arrimen el hombro frente a la crisis no puede luego frivolizar con el dinero del contribuyente. Y haría bien el presidente del Senado, Javier Rojo, en no añadir más impostura al escándalo diciendo que no hay aumento de gasto sino «redistribución»: tal simpleza no es digna de la alta magistratura que ocupa. Al bailarle el agua a los nacionalistas, los dirigentes del PSOE han antepuesto el interés general a los de partido. Las lenguas cooficiales no sólo gozan ya de primacía casi total en las administraciones públicas respectivas, que en el caso catalán incluso ha marginado al castellano, sino que tiene su ámbito natural de desarrollo político en sus propios parlamentos. Por todo ello, la Cámara Alta debería replantearse recuperar cuanto antes la sensatez y el respeto de todos los españoles.

La Razón - Editorial

Merkel marca el ritmo

Alemania aplaza la reforma del fondo de rescate europeo, esencial para la estabilidad del euro.

Como estaba previsto, el Ecofin rechazó la ampliación del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) debido a las reticencias de Alemania y Francia. Pero sí llegó a un acuerdo de gran importancia para despejar las dudas sobre la viabilidad de la banca europea: antes del verano se realizarán nuevas pruebas a instituciones bancarias, incluyendo en estos exámenes el criterio de liquidez. La decisión permitirá por fin que los inversores, las instituciones y los ciudadanos adviertan la diferencia entre la solvencia y las dificultades de circulante. Así, volverá a comprobarse que la banca española es muy solvente, aunque al mismo tiempo quizá sufra de escasez de disponible para prestar. Se supone que la nueva modalidad de pruebas, más rigurosas y exigentes, aumentará su credibilidad, muy en entredicho después de que los primeros tests de resistencia bancaria europea salvaran a los bancos irlandeses cuya ruina provocó la intervención de Irlanda.

En el debate político y económico sobre la ampliación del Fondo de rescate, todo el mundo tiene sus razones. Los partidarios de ampliarlo, como el comisario Olli Rehn, sostienen que de esta forma se minimizarán los riesgos de ataques contra las deudas soberanas; quienes se oponen arguyen que una ampliación (actualmente de 440.000 millones de euros) equivaldría a un reconocimiento implícito de que otros países necesitarán de una intervención próxima. Las cuentas están hechas. Con el dinero disponible bastaría para acometer la intervención de otro país; después el fondo quedaría agotado. Según esta tesis, si se amplía, países como Portugal primero y España después quedarían como diana en los próximos ataques monetarios.

El equipo económico de Angela Merkel, con el ministro Wolfgang Schäuble en primera línea, sostienen además que cualquier reforma del Fondo debe hacerse de tal manera que no evite la reestructuración de las deudas soberanas afectadas (es decir, quitas asumidas por los acreedores privados) ni suavizar los compromisos de ajuste de los países implicados. Esta es hoy una posición política; puede variar después de las elecciones en Alemania.

Lo más probable es que la canciller y Sarkozy acepten la reforma del Fondo a cambio, como se ha sugerido en los últimos días, de un compromiso detallado de ajustes presupuestarios de los países tocados por las tormentas monetarias. La presión de gran parte de los países europeos en favor de un nuevo fondo de rescate frente a la obsesión alemana por la estabilidad presupuestaria empujará probablemente en esa dirección a partir de marzo. Pero hay una razón de más peso para defender la reforma y ampliación del FEEF: debería ser el germen de un Fondo Monetario Europeo. Una institución que Europa necesita urgentemente (dadas las limitaciones formales del Banco Central Europeo) junto con un Fondo de Garantía Bancaria para todo el sistema financiero europeo que separe de una vez por todas los riesgos bancarios del riesgo de la deuda.

El País - Editorial

La majadería se estrena en el Senado

Aunque Schiller nos advirtiera que "contra la estupidez hasta los mismos dioses luchan en vano", no podemos dejar de denunciar el bochornoso sistema de traductores que evita a los senadores tener que debatir en la única lengua en la que se entienden.

Aunque Schiller nos advirtiera de que "contra la estupidez hasta los mismos dioses luchan en vano", no podemos dejar de denunciar el bochornoso espectáculo que constituye el uso de traductores de lenguas regionales en el Senado para que los señores senadores no tengan que debatir en español, la única lengua que les es común, como al resto de los españoles.

El estreno oficial de esta majadería a cargo de los contribuyentes, aprobada este verano gracias al PSOE y a las formaciones nacionalistas, se ha producido este martes a cargo del socialista Ramón Aleu, quien ha utilizado el catalán en una moción sobre educación. El sistema de traducción simultanea que permite a los senadores hacerse entender cuando pronuncien sus discursos en catalán, euskera, valenciano o gallego ha requerido la compra de 400 equipos de traducción con auriculares, que han costado 4.526,48 euros. En cada sesión plenaria trabajarán siete intérpretes (tres de catalán y valenciano, dos de gallego y dos de euskara) que irán rotando semana tras semana entre los 25 traductores contratados, a los que se les abonará también los desplazamientos y la estancia en forma de dietas, ya que casi todos ellos residen fuera de Madrid. Con un desembolso por sesión de 12.000 euros, el esperpento supondrá para los contribuyentes un gasto de 350.000 euros por año. Y todo para que los senadores se puedan comunicar entre sí en lenguas que no todos entienden y evitar el uso de la única que les es común.

No quedaríamos cortos, por ello, si nos limitamos a criticar este circo en términos puramente económicos. Y es que este insulto a la inteligencia resulta ofensivo para los ciudadanos no sólo en su condición de contribuyentes sino también de españoles. Pudiendo los senadores comunicarse en castellano, tal y como lo han venido haciendo hasta ahora y lo siguen haciendo fuera de la cámara, el sistema de traducción simultánea es una muestra de desprecio al español tanto como una ficción que, al margen de lo que dice la Constitución, choca contra la realidad de lo que es España. Porque España no es una yuxtaposición de pueblos con lenguas distintas, sino un país en el que todos sus habitantes tienen una lengua común, que es, además, la única oficial de todo el Estado.

Los defensores de tan ofensivo esperpento han tendido, además, la orwelliana desfachatez de justificarlo en términos de "normalidad". Sí, normalísimo: tan normal que semejante disparate no tiene equivalente en ningún país civilizado del mundo. Sencillamente, no hay "traductor" que lo haga comprensible a un extranjero ni a nadie que tenga el más elemental sentido común.

Libertad Digital - Opinió

El PSOE, comisario audiovisual

Si el problema fuera la «telebasura», el Gobierno habría actuado antes. Pero lanza esta idea ahora, en año electoral y con las encuestas en contra.

EL Gobierno socialista está dispuesto a encarar el último año de su mandato como un tratamiento ideológico de choque para contrarrestar el desánimo entre sus votantes. La impotencia ante la crisis y la magnitud del desempleo están en el origen de esta estrategia agónica de recuperación electoral, con la que el Ejecutivo renuncia a resolver los problemas capitales de la sociedad española y acepta, por el contrario, crear otros nuevos. En este contexto de agitación ideológica se enmarca el anuncio hecho por el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, de constituir el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales y dotarlo con competencias inspectoras y sancionadoras sobre los contenidos de las televisiones. Nuevamente, el PSOE urde un comisariado a medida, un asalto intervencionista vestido con ropaje de virtud, porque Jáuregui justifica esta iniciativa denunciando la «banalización», los «personajes de escaso mérito» o la «vejación en directo de la dignidad y el respeto», como características de algunas programaciones televisivas. También con la asignatura de Educación para la Ciudadanía quería el Gobierno crear buenos ciudadanos, eso sí, mediante el adoctrinamiento de los alumnos en algunos de los tópicos de la ortodoxia progresista y de izquierda.

La «telebasura» es la última coartada para un Gobierno obsesionado con prohibir, sancionar e intervenir. Nada hay que objetar a la revisión de programas televisivos inadecuados en función del horario en el que se emitan o de unos contenidos manifiestamente contrarios a la ley. Pero esta función inspectora y sancionadora ya se puede ejercer por la Administración Pública. No hace falta dar al Consejo Estatal de Medios Audiovisuales ese sesgo inquisidor, y menos aún convertirlo en tutor de las líneas editoriales de las cadenas de televisión y radio, que es en lo que se convertirá si, como dijo Jáuregui, utiliza como pretexto los «climas de crispación y enfrentamiento», que, en el lenguaje de la izquierda, es una manera de señalar a radios y televisiones no afines al Ejecutivo. Si el problema fuera la «telebasura», el Gobierno habría tomado medidas mucho antes. Pero lanza esta idea ahora, en año electoral, con las encuestas en contra y necesitado de mensajes que reanimen a una izquierda que, al parecer, solo puede ser movilizada con la visceralidad. Ya lo dijo Zapatero una vez: necesitan poner a España en tensión.

ABC - Editorial

MENOS HUMOS. El artículo que El País pidió a Carlos Herrera y no publicó.

Aún soy incapaz de prever si la aplicación de la Ley Antitabaco promulgada por el gobierno socialista español derivará en un recalentamiento del malestar producido por sus evidentes excesos, con protestas, insumisión y “revuelta” incluidos, o si, finalmente, será deglutida sin más problemas que algunos chispazos iniciales por la totalidad de la población. No fumar en los bares hará que los fumadores permanezcan menos tiempo en ellos, pero también que los no fumadores lo hagan de forma más satisfactoria. No hacerlo en los restaurantes provocará que aquellos que gozan de un cigarrillo tras la comida dejen de pedir el café y la copa y se busquen la vida en el exterior. Mientras haya terrazas y el frío –o el calor— no sean extremos, los aspiradores de humo tendrán una salida, siempre que no acaben prohibiendo hacerlo también ahí, cosa que no habría que descartar. Quien les habla, ex fumador de cigarrillos y ocasional fumador de puros no tiene problema por ello: España no es Noruega y goza de un clima lo suficientemente benigno como para aliviarse en el exterior de un local. Lo particularmente rechazable de su concepción proviene de aspectos concretos altamente absurdos: no poder fumar en las terrazas de bares que estén relativamente cerca de un puñado de toboganes –a los cuales no llegaría el humo ni con cañones de nieve artificial-- es una estupidez de corte neoyorquino, ciudad en la que a un amigo le llamaron la atención por fumarse un cigarrillo cerca de las puertas giratorias de un hotel; según el estólido conserje podría entrar alguna brizna de humo por el revoloteo de la puerta y alcanzar el interior del Hall. Si a ello se suma la absurda invitación a la delación efectuada por la ministra de la cosa, se presume en el ambiente ese escenario tan del gusto del gobierno de nuestras carnes: el enfrentamiento de ciudadanos. Teóricamente, ni siquiera podría un sujeto fumarse un cigarro en su balcón si éste es un primer piso y está próximo a los dichosos “parques infantiles”. Ya ven.

No soporto los moralismos sobrevenidos ni los integrismos irritados, y esta ley, en lugar de conciliar intereses, aviva no pocos demonios irascibles. Muy acorde con un gabinete que dice proteger a la infancia pero sólo si ha salido ya del canal del parto.

Carlos Herrera es periodista.

ETA. Nuevos guiños de la mentira al crimen. Por Guillermo Dupuy

Quizá donde más tramposos se muestren los socialistas a la hora de vendernos el chantajista alto el fuego de los etarras como si de una conversión democrática se tratara es cuando piden a ETA "un comunicado aclaratorio". Pero, ¿es que no está claro?

No contento con considerar "un buen síntoma" que una marca de la "izquierda abertzale" estuviese presente en las elecciones, el secretario general del PSE de Guipuzcoa, Iñaki Arriola, ha pedido a ETA "un comunicado aclaratorio" sobre sus intenciones respecto al supuesto abandono irreversible de la violencia.

Para empezar, formaciones abertzales, tanto a la derecha –PNV– como a la izquierda –EA, Aralar– son y han sido siempre legales. Pero si, con lo de la "izquierda abertzale", Arriola se refiere a los proetarras, hay que decir que el hecho de que estos pudieran estar nuevamente presentes en unas elecciones sólo sería "síntoma" de que el Gobierno de la nación, a través de su siempre servil Fiscalía General del Estado, ha vuelto a hacer la vista gorda ante la enésima burla a la vigente Ley de Partidos. Eso y no otra cosa ha significado la continuada presencia de los proetarras desde la ilegalización de Herri Batasuna, bajo las distintas siglas o marcas que la han sucedido. Con ello, el Gobierno satisfaría, sin duda alguna, una de las múltiples exigencias que hace ETA en su chantajista comunicado de alto el fuego, relativa a la supresión de las llamadas "medidas de represión". Es lo mismo que ha dicho Otegi en Gara al considerar "fundamental nuestra presencia en las elecciones de mayo para abordar" lo que eufemísticamente llama "la irreversibilidad del proceso democrático".

A este respecto, hemos de advertir que si, por una parte, el Gobierno lo tiene más difícil por cuanto ya llueve sobre mojado respecto a su condescendencia con los proetarras, también lo tiene más fácil a la hora de colarlos nuevamente negando su condición de tales, tal y como ya hizo como ANV o PCTV. Y es que ahora no va a ver posibilidades de que informes policiales y de la Guardia Civil, filtrados a la prensa, le contradigan, tal y como ocurrió en el pasado, cuando el Ejecutivo decía que PCTV y ANV estaban "limpios", mientras que dichos informes acreditaban todo lo contrario. Y ello por la sencilla razón de que el Centro Nacional de Inteligencia, según El Mundo, ha monopolizado todos lo seguimientos e investigaciones que se hace del entorno de ETA, en el que antes también operaba la Policía y Guardia Civil.

Pero quizá donde más tramposos se muestren los socialistas a la hora de vendernos el chantajista alto el fuego de los etarras como si de una conversión democrática se tratara es cuando piden a ETA "un comunicado aclaratorio". Pero, ¿es que no está claro? Como no me cansaré de decir, para que todos tengamos claro de que ETA ni repudia ni renuncia irreversiblemente a la violencia no hay más que leer su comunicado de lo que no por nada llama "alto el fuego", y en el que claramente se condiciona a la consecución de los mismos objetivos por los que han matado y convocado treguas en el pasado. He de decir, a este respecto, que las "informaciones" de este domingo de algunos diarios nacionales, respecto a documentación interna de la banda que señala que, al margen de estrategias temporales, los terroristas no tienen intención de renunciar definitivamente a las armas, no contribuyen lamentablemente sino a la confusión, pues eso es exactamente lo que, hasta el día de hoy, ETA ha venido diciendo en todos y cada uno de sus comunicados públicos de tregua o alto el fuego.

Con todo, no hay que descartar, dada la instancia del Gobierno, la posibilidad que ETA/Batasuna dé el paso, en próximos comunicados, no de aclarar nada, sino de contribuir con sus propias palabras a esa gran trampa, a esa gran mentira institucional en la que consiste abordar el fin del terrorismo mediante procesos de diálogo o de paz. En este sentido, no hay que descartar que Batasuna condenase a ETA o que esta hiciera entrega de algunas –o de todas– de las muchas armas que tiene almacenadas. Es evidente que ambas cosas podrían ser tan engañosas como reversibles; pero si nuestras tramposas élites políticas y mediáticas nos han vendido en el pasado "procesos de paz" sin que ETA ni Batasuna hayan hecho nunca ni una cosa ni otra, qué no nos venderían y a qué no accederían de hacerlo por primera vez en su historia.

Sólo llegado ese inédito momento tendríamos derecho a plantearnos si los terroristas nos hacen trampas. Ya les adelanto que no hay riesgo de caer en ellas si, al igual que hacen los franceses, nos mantenemos fieles a un imperio de la ley que no debe supeditarse a la sinceridad o falsedad de las palabras que otorguemos a criminales prófugos de la justicia. Caso distinto sería el de su brazo político, al que se le debería exigir, llegado el caso, una "cuarentena" de varios años.

Pero no adelantemos acontecimientos que, tal vez, ni siquiera se produzcan. Las trampas que nos deben preocupar ahora no son las de los terroristas, sino las de quienes aspiran a volver a ser sus compañeros de viaje. Eso, si lo han dejado de ser en algún momento. Son las de los políticos que nos gobiernan y las de buena parte de los medios de comunicación.

Libertad Digital - Opinión

Hacia el tiempo del miedo. Por Hermann Tertsch

Se trata de la Ley del Trato Igualitario o de antidiscriminación, que es el golpe de gracia contra el Estado de Derecho.

ESTÁN nerviosos. Porque el plan era quedarse. Abolir la alternancia entre los dos grandes partidos por medio de una alianza permanente con todo el espectro secesionista. Que expulsara al Partido Popular del sistema. Su diseño estaba definido en el Pacto del Tinell. Habría sido la victoria postrera de la impoluta y gloriosa II República, la victoria que Rodríguez Zapatero le debía a su abuelito. Y el final de la Transición y la Reconciliación Nacional que consideran una farsa superada. Había que dividir otra vez a España en dos partes, homologables a las que supuestamente hubo entonces. Y readjudicar el papel de vencedores y buenos y derrotados y malos. Parece que no va a poder ser. El desastre económico, la ineptitud de la dirección y la propia lógica demencial del objetivo lo han impedido. Pero la traca final de esta legislatura puede helarnos a todos el corazón. Porque no asumen la derrota y son capaces de todo. La llegada de Rubalcaba al mando marcó el final del tiempo en el que apostaban por un vuelco gracias a una recuperación. La mentira ya no era eficaz y la remontada imposible. Ahora llega el tiempo del miedo. Están dispuestos a utilizar todos los medios del Gobierno y el Estado para acabar con el rival.

El miedo callejero queda a iniciativa de sindicalistas y de esos jóvenes sabedores que todo vale contra los fascistas y que lo somos todos los demás. Pero las formas más sutiles para callar bocas ya toman forma. Ayer el ministro Ramón Jáuregui anunciaba la creación de un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales que enjuiciará y sancionará programas y televisiones que, en su opinión, generen clima de crispación o fomenten «valores devaluados de convivencia». No sean ilusos, no van a por Belén Esteban ni sus socios de la Noria. Es que la nueva pluralidad televisiva no les gusta. La consideran culpable de su desastrosa situación en los sondeos. Rompe aquella deliciosa armonía que existía con la supremacía total del izquierdismo en televisión. Pero llega otra ley para acallar a todos. Con el miedo y la delación. Se trata de la Ley del Trato Igualitario o de antidiscriminación —cocinada bajo Leire Pajín— que es el golpe de gracia contra el Estado de Derecho. Un comité designado por el Gobierno, sin mediación judicial, se dedicará a «prevenir eliminar y corregir toda forma de discriminación en el sector público y privado». Actuara por iniciativa propia o por denuncias. Y la carga de la prueba recae sobre el denunciado. Tendrá que demostrar su inocencia. «Corresponderá a la parte demandada (….) la aportación de una justificación objetiva o razonable».

Dice el borrador de la ley: «Queda prohibida toda conducta, acto, criterio o práctica» tipificada. Prohibidos los criterios. Como cualquier cosa puede tacharse de discriminación —toda elección, toda decisión lo es— la ley otorga al Gobierno poder absoluto para intervenir en conductas individuales, empresas, organizaciones, relaciones personales o asociativas. El Gobierno tendrá capacidad de intervención en todas y cada una de las actuaciones y relaciones privadas y públicas de los individuos. Plena discrecionalidad. Una ley de leyes de ingeniería y experimentación social propia de una novela de terror totalitario. Que ningún gobernante occidental en sus cabales sugeriría siquiera en broma. Un puro delirio totalitario. Son las armas que el Gobierno prepara para intentar impedir la alternancia democrática. No perdamos los nervios. Pero sepamos la que se nos viene encima.

ABC - Opinión

Murcia-Madrid y el doble rasero moral de la izquierda. Por Federico Quevedo

Les voy a transcribir a ustedes algunos de los comentarios que ayer pude entresacar de los foros de dos medios de izquierda en Internet relativos a la agresión que sufrió el fin de semana el consejero de cultura de Murcia, Pedro Alberto Cruz. No tienen desperdicio: “Los PEPE gentuza necesitan una soga al cuello y mientras mueren cantarían el Cara al Sol”; “Eso tiene más pinta de ajuste que de otra cosa, eso si no ha sido cosa de algún compañero celoso, los fascistas son más amigos de los ‘puños americanos’ que nadie, bueno, a las mafias también les encanta”; “Alfredo os va a meter un puro que os acordareis toda vuestra puta vida fascistas peperos. Se os va a helar la sonrisa en la cara, gilipollas. Rajoy ya piensa que ‘no hay dos sin tres’, otros cuatro años saliendo en procesión con los curas”; “A estos psicópatas nazi-peperos (redundancia) hay que darles A DEGÜELLO, SIN CONTEMPLACIONES. Con estos MOBS no caben paños calientes ni medias tintas. Lo que más les jode es que reciban dosis industriales de su propia medicina. Y las van a tener, como sigan ladrando. Ese escenario es, precisamente, el que a mí me gusta”; “Se les paga con la misma moneda con la que predican”… Y un largo etcétera que por si solo sería todo un tratado de sectarismo, violencia, fascismo y totalitarismo que, sin duda, identifica a quienes los escriben pero, sobre todo, a los medios que dan amparo a estos comentarios y permiten su publicación sin ningún tipo de control ni autocensura.

Por supuesto, los comentarios no tendrían sentido si antes los medios en cuestión no los instigaran con titulares de la siguiente factura: “El PP vuelve a señalar al PSOE por la agresión a Cruz” o “Rajoy atiza el fuego: el delegado del Gobierno en Murcia debe dimitir”… ¡Ah! Bien, resulta que, de nuevo, la culpa es del PP. El Partido Popular es el que recibe la paliza y, además, tiene que pedir disculpas por ‘sospechar’ que detrás de la agresión pueda haber algún tipo de intencionalidad política. No, probablemente, como también señalan los comentarios de esos foros, la agresión es el resultado de las deudas de juego del consejero, o un asunto de faldas y de putas o una venganza del propio partido. ¡Qué más da! Ellos nunca reconocerán que durante semanas han ido gestando esa agresión con una campaña perfectamente orquestada de acoso, agresiones menores, insultos y provocaciones contra el Gobierno de Ramón Luis Valcárcel. No, pero por alguna misteriosa razón resulta que ahora los agredidos por las acusaciones del PP son ellos, y el hecho de que al consejero de cultura de Murcia haya habido que intervenirle quirúrgicamente tras la brutal paliza debe ser un hecho menor y, además, en opinión de la mayor parte de los foreros de estos medios que tanto empeño ponen en denunciar la campaña de crispación del PP, “se lo tenía merecido”.

«La reacción de los líderes del PP suele ser proporcional a los hechos, cosa que no ocurre en la izquierda que, sin embargo, siempre busca culpables en el otro lado.»

Hace tiempo que vengo denunciando la bajeza moral de cierta izquierda a la hora de medir algunos hechos. Energúmenos, por desgracia, los hay en todas partes, pero en los últimos años se ha practicado una política de división entre buenos y malos, siendo ellos -la izquierda- los buenos y la derecha -el PP, la Iglesia, algunos medios y ciertos periodistas a los que “habría que fusilar al amanecer”- los malos, que ha ido conduciendo al país a un clima de crispación como nunca antes se había vivido, o al menos en mi memoria. La violencia debe condenarse siempre, venga de donde venga, y lo que no vale es aplicar un determinado rasero cuando el agredido es José Bono -agresión que luego se demostró falsa-, y otro bien distinto cuando se le rompe la cara, literalmente, a un consejero del PP. O extender la vara de medir al máximo cuando en las filas del PP aflora un caso de corrupción que conduce al cese de sus cargos y baja del partido en Madrid de determinados dirigentes de ese partido, y acortarla todo lo posible cuando resulta que la número dos del PSOE en Madrid es formalmente acusada por un tribunal y condenada por un delito de prevaricación que nos es cosa menor. Ahora resulta que a Trinidad Rollán, según intenta ‘vendernos’ el PSOE, la han condenado por una falta administrativa. Ya, así es como le llaman a vender una parcela y adjudicar unas obras haciéndolo pasar por una permuta para evitar la licitación pública, beneficiando de esa manera a una empresa privada -Patrimonios Siglo XXI- que, curiosamente, está implicada en un escándalo de corrupción del PSOE en Ibiza.

No se si se han leído ustedes la sentencia, pero si no lo han hecho les aconsejo que lo hagan porque no tiene desperdicio, y en ella se dice claramente que los condenados actuaron con “el torpe propósito de soslayar el nítido mandato que imponían las normas legales para lograr así el cumplimiento de sus ilícitos propósitos”, y añade que “tal tramoya no tenía otro fin que el de burlar la norma jurídica que los encausados se habían obligado a respetar cuando accedieron al cargo del que abusaron”. No sigo, porque el Tribunal no ahorra calificativos y es mejor que sean ustedes mismos los que lo comprueben. Debería ser motivo más que suficiente como para que la número dos del PSM fuera apartada de su cargo, y que al menos Tomás Gómez -a quien esto le supone un duro golpe en sus escasas aspiraciones de ganar a Esperanza Aguirre en Madrid- diera algún tipo de explicación o asumiera alguna responsabilidad, pero su rasero no es el mismo que utiliza para medir a su rival la cual, sin embargo, reaccionó al caso Gürtel poniendo de patitas en la calle a los implicados del PP de Madrid. Miren, no seré yo quien niegue que en el PP se dan casos de corrupción, y que en la derecha española siguen existiendo, por desgracia, algunos grupúsculos de incontrolados que deberían estar entre rejas, pero la reacción de sus líderes suele ser proporcional a los hechos, cosa que no ocurre en la izquierda que, sin embargo, siempre busca culpables en el otro lado. Y, si no están de acuerdo, hagan memoria, porque ejemplos hay para aburrir.

El Confidencial - Opinión

Intervención. Zapatero como títere. Por Cristina Losada

Eso es diferente a afirmar que el centro decisorio se ha trasladado, en pleno, allende nuestras fronteras. La prueba de que aún permanece aquí es que, al menor resquicio, Zapatero se escaquea. Ni Europa consigue meterle en vereda.

Bien mirado, no hay tanta distancia entre los hunos y los otros. Existe, en realidad, un consenso, por completo ajeno a la voluntad de las partes. La izquierda asegura que la política económica de España ha pasado a manos de los mercados, léase codiciosos especuladores y otra gente ruin que habita el planeta neoliberal y tenebroso. La derecha denuncia que la economía española está intervenida desde el exterior y que, en ese crucial aspecto, la nación ha devenido un protectorado de los socios europeos más solventes. Por supuesto, no ha sido Aznar el primero en sostener tal cosa. Y, si no miente la hemeroteca, fue Rajoy quien estrenó esa opinión en el Congreso, al poco de que Zapatero se cayera –a medias– del caballo, a resultas del empujón de Merkel, Sarkozy, Obama y cuantos veían con temor la gran escapada de la realidad que protagonizaba.

Unos y otros coinciden, por tanto, en que las decisiones de calado económico se adoptan lejos de La Moncloa, premisa que nos deja a un Zapatero-muñeco, que mueve los bracetes y firma los decretos impulsado por fuerzas externas. En la izquierda, tal postulado guarda coherencia con su visión conspirativa del libre mercado. Y presenta la ventaja de eximir de responsabilidad al principal partido de la marca: Él no quería, oiga, pero le obligaron. Así, se lamentará que el abanderado de la "política social" cediera a las presiones, pero la artillería pesada se emplea contra los culpables auténticos: esos mercados sin corazón ni cara. Al calor del hogar, se cuenta de nuevo para instrucción de los neófitos, la vieja historia de lucha entre los bondadosos políticos y los mercaderes malévolos. Más leña al fuego del anticapitalismo primigenio.

Para la derecha, sin embargo, retratar a Zapatero como un monigote que baila al son que le tocan desde Berlín o Bruselas, tiene un inconveniente. Y es que, entonces, no cabe criticarle por las medidas que han sido dictadas desde fuera. Si la economía se halla intervenida y el Gobierno se limita a hacer cuanto le ordenan, los de Rajoy habrán de dirigir sus dardos contra el Ecofin, el FMI o quienquiera que mande realmente, pero no contra el presidente. El PP quiere significar que la desconfianza hacia él es tan profunda que se le mantiene bajo estricta vigilancia. Pero eso es diferente a afirmar que el centro decisorio se ha trasladado, en pleno, allende nuestras fronteras. La prueba de que aún permanece aquí es que, al menor resquicio, Zapatero se escaquea. Ni Europa consigue meterle en vereda.

Libertad Digital - Opinión

Dilo tú primero.... Por M. Martín Ferrand

Lo de Jáuregui es una treta de tercera división dialéctica. ¿No los hay de primera entre los pretorianos de Zapatero?

COMO suele suceder en nuestra vida política, tan corta de talento como larga de intereses, los problemas les sirven a los partidos políticos, más que para provocar una rápida y eficaz solución, para que unos puedan utilizarlos como una maza contra los otros. Es un efecto más de la partitocracia y de la defensa del propio empleo que tanto gusta a los líderes, grandes o pequeños, locales, regionales o nacionales, de la derecha o de la izquierda. Ahora, por ejemplo, se pone en primer plano el despilfarro que genera la organización autonómica del Estado con la que, contando con ayuntamientos y diputaciones provinciales, se duplican, triplican y hasta cuadruplican funciones y gastos administrativos. Eso era algo que estaba visto y anunciado desde que el Título VIII de la Constitución entró en el telar parlamentario; pero ahora, con la escasez que exige la crisis y la moderación que nos impone la UE, algunos caen en la cuenta de lo que viene siendo obvio desde hace décadas.

El ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, que parecía más brillante y sensato cuando le contemplábamos en la distancia de vicelehendakari vasco y, más todavía, cuando ejercía de eurodiputado, es de los de la maza. Sin venir a cuento, en provocación innecesaria, ha retado al PP, al hilo de las declaraciones de José María Aznar, para que «si está dispuesto a limitar el autogobierno, que lo diga en su programa autonómico». No estaría de más, y se echa de menos, que Mariano Rajoy nos contara su programa de Gobierno en lo autonómico y en todo lo demás. Ahora que las encuestas, que las carga el diablo, le señalan como muy probable y futuro jefe del Ejecutivo ya no puede seguir con la negación de lo que hay dejando en el misterio lo que debe de haber. Lo que no está claro es que sea Jáuregui, en la pulsión de funcionar como si el PSOE fuera el partido de la oposición, quien le reclame ese anticipo al PP.

Josep Durán, en quien no escasea el sentido común a pesar de su fundamento cristianodemócrata, les ha pedido a los dos grandes partidos nacionales que, con «coraje», abran debate sobre el futuro de las Autonomías, empezando por su número.
A cuatro meses de unas elecciones autonómicas, en el lote en el que algunas resultan superfluas, eso puede tener su coste político; pero, tal cual nos provocaba Francisco de Quevedo, ¿nunca se ha de decir lo que se siente? Independientemente de las mañas astutas de Rajoy, es al Gobierno a quien corresponde llevar la iniciativa en este y otros asuntos problemáticos. Lo de Jáuregui es una treta de tercera división dialéctica. ¿No los hay de primera entre los pretorianos de Zapatero?

ABC - Opinión

Los comandos. Por Alfonso Ussía

Ramón Luis Valcárcel, Presidente de Murcia, arrasa en las elecciones. Las expectativas de la cita electoral que se avecina, son más contundentes. Puede superar el 60% de los votos de los murcianos. Ese es el problema.

El socialismo en España ha dado marcha atrás en su integridad democrática. «La esencia de la democracia es aceptar las derrotas». Lo dijo Felipe González. Eran otros socialistas. Con todos sus desastres agónicos, el PSOE de González fue competente y moderno. El de Zapatero es un socialismo necio y antiguo, rabioso por el seguro desastre electoral que se le viene encima. Y la izquierda revanchista no acepta los resultados electorales si le son adversos. Zapatero es un Largo Caballero en tontorrón, una antigüedad ideológica. Quitando a Rubalcaba y a Ramón Jáuregui, su Gobierno es de risa. No lo habría empeorado ni Homer Simpson.

Pero lo preocupante es la agresividad que ha contagiado a muchos. De ello también tiene la culpa lo que el gran columnista de «ABC», Ignacio Camacho –gracias, Ignacio–, denomina «la trituradora». Hay que triturar la honra y la tranquilidad de los que no son partidarios de ellos. Difícil empresa, por cuanto ellos son bastantes, pero muchos más los que de ellos nada quieren saber. Y en Murcia, la diferencia es abismal.

Una ola de odio y de impotencia ha llegado a Murcia. Insultos y agresiones a su presidente, a su hija y algunos miembros de su Gobierno. A su consejero Pedro Alberto Cruz, una paliza brutal. La trituradora. Esta nueva izquierda del pasado siglo que ha reiventado Zapatero no quiere ser vencida ni por las urnas. Y los españoles, que antaño teníamos fama de valientes y arrojados, somos más bien corbardes. Se vio después del atentado islamista de 2004. Nueve millones de españoles resistieron. La periodista de Prisa Maruja Torres, que pertenece a la Trituradora, escribió que en España había nueve millones de hijos de puta. Lo que no se atrevió a escribir jamás de un terrorista de ETA se lo endosó a nueve millones de ciudadanos por votar al Partido Popular.

Pero los milagritos duran poco. Este Gobierno, el más mentiroso, incompetente y gamberro de nuestra Historia reciente, ha fracasado y asiste, con estupor, a su deterioro paulatino. Harán lo posible para que el batacazo no se produzca. Cuentan con la colaboración de los sindicatos, sus mejores clientes subvencionados. Y son maestros en la organización y convocatorias de actos intimidatorios. Madrid, Valencia, Galicia, La Rioja, y ahora Murcia. El ministro Rubalcaba ha prometido cumplir con su deber con quince días de retraso. Y el PSOE ha advertido al Partido Popular que no politice la agresión de su consejero. Se les vuela de las manos hasta la seguridad de los representantes de los españoles.

La sociedad ha retrocedido en tolerancia y respeto por la libre elección de los ciudadanos, eso que se llama democracia, aunque muchos no lo hayan entendido así. Mucho tendrán que hacer para variar el rumbo de las ilusiones. España no está harta de los socialistas, sino de estos socialistas, que todavía hay clases. Los que regaron desde el primer día de su mandato los campos olvidados del rencor. En Murcia han estallado. ¿La culpa? Los votos, las urnas, los instrumentos primarios de la libertad y la democracia.

La Razón - Opinión

Federalismo. Cafeína para todos. Por José García Domínguez

Lo que habita en la cabeza de Duran es un fantasmal Estado bicéfalo donde el autogobierno de Cataluña se fundamentaría en la soberanía compartida con cierta entelequia llamada Madrit.

Nada hay que ponga más de los nervios a un catalanista que la cafeína. Al punto de que la menor alusión al café para todos los priva del sueño durante meses, llevándolos a un angustioso estado de convulsión catatónica. Así, Duran Lleida, varón por lo común tan manso, que acaba de sufrir una severa crisis de ansiedad tras oír algunas campanas armonizadoras en La Moncloa. Extraña dolencia, si bien se mira. Y es que, en el fondo y en la forma, tanta desazón procede de que otros compartan con él parejo grado de autonomía. En su caso, al igual que sucede con la más baja de las pulsiones humanas, la envidia, el sufrimiento no nace de los males propios sino del desconsuelo por la dicha ajena.

Lo acaba de confesar sin el menor rubor. "El debate que la sociedad española y los partidos políticos de ámbito estatal deberían atreverse a afrontar es si tiene sentido tener diecisiete autonomías", viene de pontificar. "El infierno son los otros", que hubiera dicho el camarada Sartre. Pues que Cataluña requiera de los servicios de la Generalidad, una llamada Área Metropolitana de Barcelona, cuatro diputaciones provinciales, siete veguerías y cuarenta y un consejos comarcales de cometido no menos ignoto, amén de 946 ayuntamientos, al parecer, queda fuera de toda duda razonable. El genuino despropósito, según Duran, es que los de Albacete, Logroño o Zamora no resulten ser menos que los de Lérida y los de Vic.

Recurrente cantinela que vuelve a confirmar lo falaz de ese sambenito federalista que de vez en cuando se le atribuye al movimiento catalanista. Como si existiese algo más ajeno al particularismo tribal que el espíritu igualitario del federalismo. Bien al contrario, su ecuménico afán nivelador supone la antítesis del sentimentalismo romántico que informa la doctrina nacionalista. A ese respecto, y más allá de fraude semántico tan grosero, lo que habita en la cabeza de Duran es un fantasmal Estado bicéfalo donde el autogobierno de Cataluña se fundamentaría en la soberanía compartida con cierta entelequia llamada Madrit. Que de ahí, por lo demás, el empecinamiento siempre obsesivo con tal de que las atribuciones de la Generalidad hayan de ser distintas y distantes a las del resto de las comunidades. Ya se sabe, la cafeína.

Libertad Digital - Opinión

La calentura. Por Ignacio Camacho

La violencia política surge siempre de la demonización del adversario. Es urgente enfriar la fiebre trincherista.

TODA violencia política surge de un contexto de agresividad que demoniza al adversario en un clima de sectarismo hostil en el que los más exaltados encuentran la justificación para el ataque físico. La responsabilidad penal de una agresión es sólo de los que la llevan a cabo y en su caso de los instigadores directos, pero existe una escala de responsabilidad moral que alcanza a quienes amparan, justifican o exculpan los actos de brutalidad, y una responsabilidad política que afecta a los que inspiran el clima de enfrentamiento civil capaz de propiciar la barbarie. Por eso resulta una inaceptable enormidad culpar a los socialistas y sindicalistas murcianos de la autoría intelectual de la paliza al consejero Cruz, pero algunos de sus dirigentes más inmoderados deberían replantearse hasta qué punto han contribuido a generar o minimizar el contexto de crispación y señalamiento ad hominem en el que se ha producido esta embestida cavernaria.

Llueve sobre mojado. El episodio murciano tiene características de atentado político, incluidas la premeditación y la animadversión extremista, pero su aspecto más inquietante es que no se trata de un hecho aislado. En los últimos años hemos visto repetidos actos violentos en mítines y conferencias, casi siempre con víctimas del PP o de colectivos disidentes del nacionalismo y con autores de signo ultraizquierdista, nacionalistas radicales o antisistema.

Da igual porque nada se parece más a un fanático que otro fanático. El problema es que estas noches de cristales rotos no han generado el rechazo suficiente en una sociedad política dominada por la calentura sectaria; antes al contrario, siempre ha habido una cierta indiferencia oportunista cuando no directas coartadas exculpatorias. En vez de estrechar la solidaridad imprescindible entre los agentes de la política democrática se han dado actitudes ventajistas que trataban de aprovechar la intimidación del rival. Y si la dirigencia pública no levanta barreras tajantes ante la crecida de la violencia no puede extrañar que parte de la opinión pública incube el virus de hostilidad banderiza que es perceptible en las redes sociales y otros foros de internet donde el anonimato se convierte en amparo para una repugnante modalidad de guerracivilismo.

Esa furiosa fiebre trincherista hay que enfriarla antes de que sea demasiado tarde. La línea entre la discrepancia y el exabrupto, entre el antagonismo y la belicosidad, entre el rival y el enemigo, entre la legítima confrontación y la contienda espuria, la tiene que trazar la clase dirigente sin una sola concesión a los casuismos, a las justificaciones y a las disculpas. Sin fisuras que sólo sirven para que se cuelen por ellas los demonios goyescos de nuestro sempiterno cainismo. En Murcia no le han partido la cara sólo a un miembro del PP; han apaleado los fundamentos de la convivencia democrática.

ABC - Opinión