PP. Aznar y Rajoy. Por Agapito Maestre

Toda la casta política está inquieta. Ya no puede seguir simulando que el Estado de las Autonomías es la solución de España. Falso. Es el fracaso de España.

Aznar puso a Rajoy en la presidencia del PP. Siempre lo ha seguido de cerca. Las últimas declaraciones de Aznar comprometen, sin duda alguna, a Rajoy. Aznar ha sido contundente. En efecto, que el modelo autonómico de España es insostenible lo sabe cualquiera con un poco de cabeza; que el endeudamiento creciente de las comunidades autónomas lleva a la quiebra del Estado español también era previsible; pero que todo eso lo reconozca alguien, como Aznar, que no hizo nada en el pasado por plantarle a cara al chanchullo de las autonomías, es digno de atención. Me han gustado sus declaraciones sobre el fiasco del Estado de las Autonomías. Ha llegado tarde a esa corriente de opinión política, pero, por lo menos, ha caído en la sensatez. Nunca es tarde si la dicha llega.

Aznar no lo quiso ver, cuando estuvo en el poder; pero, ahora, además de hacer su autocrítica, está comprometiendo en términos políticos al actual presidente del PP. O Rajoy se suma a esta corriente de opinión crítica contra el Estado de las Autonomías o tendremos que decir que está fuera de juego. Aznar está exigiéndole a Rajoy un compromiso sobre el asunto. Tendrá que vertebrar un discurso sobre un régimen autonómico que gasta, gasta y gasta sin control, y no gestiona nada con decencia y eficacia. No basta con que salga González Pons, vicesecretario del PP, y proponga un pacto con el PSOE para que algunas competencias de las comunidades puedan volver de nuevo al Estado. Es menester que el líder diga, vertebre y cree un nuevo discurso sobre la viabilidad de España como nación. Una vez que el señor Rajoy ya se ha convencido de que no puede confiar en CiU, tiene que decir exactamente qué modelo de nación quiere para España.

La irresponsabilidad en la cayeron más de seis comunidades autónomas, que aumentaron su endeudamiento por encima del 30% durante 2008, no sólo pone en evidencia a esas comunidades sino que deja al pie de los caballos a toda la casta política española. Toda la casta política está inquieta. Ya no puede seguir simulando que el Estado de las Autonomías es la solución de España. Falso. Es el fracaso de España. Ese modelo de Estado, como algunos llevamos diciendo hace más de una década, es inviable no sólo económica y políticamente, sino sobre todo social y culturalmente. La coincidencia en este punto entre Aznar y el PSOE es obvia. El Gobierno de Zapatero, por un lado, trabaja para reducir el gasto autonómico; por otro lado, Aznar está dispuesto a seguir dando la batalla... Así las cosas, nadie interpretaría con benevolencia que Rajoy permaneciese en silencio sobre este trascendental asunto. Más aún, creo que si Rajoy tuviera la tentación de caer en una cierta indolencia, podría ser un motivo suficiente para que algunos le pidiésemos a Aznar que cumpliera su palabra.

Nadie olvide que Aznar ha dicho, más de una vez, que sólo si España está en riesgo, él volvería a la política activa. Creo que el fracaso del modelo de Estado por un lado, y el hipotético silencio del hombre que tendría que poner remedio a ese fiasco, por otro lado, son motivos suficientes para que Aznar terminase postulándose para ser candidato a la presidencia del Gobierno.

Libertad Digital - Opinión

Autonomías. No hay bastante café para todos. Por Emilio Campmany

A lo mejor lo que hay que hacer es un referéndum por comunidades autónomas donde se pregunte a la gente si quieren seguir siendo españoles.

Aznar nos lo acaba de recordar en León, nuestro Estado de las Autonomías no es viable. Ya no es una cuestión ideológica ni política, es simplemente económica. No nos lo podemos permitir.

Durante la Transición hubo que dar respuesta a las ansias de autogobierno de Cataluña y País Vasco. Pareció entonces injusto que el resto de regiones de España no pudieran gozar de los privilegios que habría que otorgar a aquellas dos. No obstante, se decidió que habría dos clases de comunidades autónomas, las nacionalidades y las regiones. Las nacionalidades, llamadas, no sé por qué, "históricas", serían Cataluña, País Vasco y Galicia, a las que luego, tampoco sé por qué, se añadió Andalucía. Y las regiones serían el resto. Al principio pareció que las primeras tendrían un mayor grado de autonomía y luego se dijo que la diferencia sólo estaría en la velocidad en el acceso al autogobierno, pero que las competencias transferidas serían las mismas. Esto es lo que se llamó "café para todos".

El problema, no resuelto desde entonces, es que País Vasco y Cataluña, por principio, no quieren la misma autonomía de La Rioja porque, si es un autogobierno que puede otorgarse a una región "corriente", no puede ser bastante para ellos. Por principio, ya digo, catalanes y vascos quieren, y han de obtener, más de lo que se dé a los riojanos. En el País Vasco, esta ofensa de ser tratados como una región cualquiera, se ve compensada por el Concierto Económico, privilegio exclusivo de vascos y navarros, que les permite ser de facto un paraíso fiscal dentro del Estado, que a su vez les garantiza una prosperidad económica superior a la del resto de España. En Cataluña, en cambio, no había nada equivalente hasta la aprobación del último estatuto. Es más, el Concierto Económico del País Vasco y Navarra constituía, y aun hoy sigue constituyendo, un agravio por ser algo de lo que disfrutan otros y ellos no.

Ahora, este Estado de las Autonomías, que no ha sido útil para colmar las ansias de autogobierno de vascos y catalanes y ha servido sólo para despertar las del resto de españoles, no es sostenible. Podemos esperar a que aragoneses, canarios, valencianos, castellanos, gallegos y los demás se convenzan de que hay que renunciar a la autonomía tal y como hoy la conocemos. Pero ¿lo harán vascos y catalanes? ¿Estarán dispuestos éstos a devolver al Estado las competencias que tienen por ejemplo en Educación? No se trata de responder si sería o no razonable que lo estuvieran. Se trata de que, sea o no razonable, no lo van a estar. Así que, si hemos de acabar reformando nuestra organización territorial, hay que ser conscientes de que País Vasco y Cataluña sólo seguirán siendo España si conservan los privilegios que ya obtuvieron. Eso o la independencia. ¿Y los demás estarán dispuestos a devolver competencias que no se les exigirá devolver a Cataluña y País Vasco? Probablemente tampoco.

A lo mejor lo que hay que hacer es un referéndum por comunidades autónomas donde se pregunte a la gente si quieren seguir siendo españoles, en cuyo caso lo serán como ciudadanos de un Estado no tan descentralizado como el Estado de las Autonomías, o si prefieren, en caso contrario, ser independientes, sin admitir soluciones intermedias.

Se ha terminado el pastel y ahora hay que afrontar los problemas que no resolvimos en 1978 y que treinta años de autonomías han agravado extraordinariamente. Valor y al toro.

Libertad Digital - Opinión

Orwell en la España de Zapatero. Por José Carlos Rodríguez

Yo no soy capaz de identificar una sola norma desde el final de la Guerra Civil que sea tan totalitaria como la que ha concebido el Gobierno socialista.

Las 33 páginas del anteproyecto de ley para la igualdad de trato y la no discriminación nos llevan, ya desde el tí­tulo, a un mundo orwelliano. sin ironías ni como una denuncia, sino como un objetivo deseable. En el planeta pajinesco no habrá acción u omisión que resulte en una discriminación, menoscabo o perjuicio de terceros.

Sigamos el texto, y hagámoslo fielmente, porque de otro modo todo lo que se diga de él parecerí­a mentira. Su objetivo es "prevenir, eliminar y corregir toda forma de discriminación en los sectores público y privado". No sólo serán penadas las acciones que considere la administración que están tipificadas en la ley, sino también las omisiones. Y no cabe descargarse en el error, pues tipifica la "discriminación por error", esto es, la que "se funda en una apreciación incorrecta acerca de las caracterí­sticas de la persona discriminada". Atentarán contra la ley las meras opiniones. Dice: "Queda prohibida toda conducta, acto, criterio o práctica" tipificada. Un mero criterio, una opinión, podrá ir contra la ley. Y cualquier uso social asentado, cualquier tradición, se puede convertir en ilegal con la plasmación de este texto en el BOE.

Si les cabe aún el asombro, sepan que queda invertida la carga de la prueba. Será el acusado quien tenga que demostrar que es inocente: "Corresponderá a la parte demandada o a quien se impute la situación discriminatoria la aportación de una justificación objetiva y razonable". Como es un delito de opinión, de ofensa, y es el ofendido quien alega sus razones para sentirse así­, resultará muy difí­cil defenderse. Además, cualquiera puede verse en la tesitura de ser denunciado por llevar una vida normal, como la que hacemos todos los dí­as Y los ofendidos o discriminados tienen la consideración, en el texto que quiere ser norma, de "ví­ctimas". Lo cual nos convertirá a los ciudadanos de a pie en... bueno, ya se lo imaginan.

El anteproyecto "incorpora expresamente tres nuevos motivos"de discriminación: "enfermedad, identidad sexual y lengua". Bien, por fin el Gobierno va a echarse atrás en su connivencia con las discriminaciones contra quienes quieren recibir la educación en castellano en regiones como Cataluña, Paí­s Vasco, Galicia o Valencia. Pues no, porque dice textualmente: "La prohibición de discriminación por lengua excluye cualquier diferencia de trato por el uso del castellano en todo el territorio nacional así­ como por el uso de las distintas lenguas cooficiales en sus respectivos territorios y en aquellos otros ámbitos previstos en las leyes". Hay que leerla varias veces para creérsela. Es decir, que el anteproyecto introduce un nuevo criterio de discriminación, que es la lengua, pero saca del ámbito de la ley las lenguas oficiales, precisamente las que están creando un problema de derechos civiles por discriminación y atentado contra nuestra libertad. Por lo que se refiere a la "identidad sexual", ya podemos ver claramente que cualquier opinión que resulte intolerable a la ideologí­a de género de los socialistas estará perseguida por la ley.

Menciona expresamente, para que nos vayamos todos preparando, a los medios de comunicación, y precisa que "se prevé su sometimiento a dicha prohibición". Si han podido multar a Intereconomí­a por una autopromoción sin necesidad de la ley, ¿qué no harán cuando entre en vigor? Pues lo que harán será cerrarla; a esta cadena o a cualquier otro medio de comunicación que les resulte incómodo, como este mismo. Acaso no sólo por sus contenidos, pero sí­ porque la ley entra en el ámbito de la empresa, y arroga a la administración la facultad de cerrar cualquier compañía que considere recalcitrante en la discriminación. Ah, y lo de la Educación para la Ciudadanía va a ser de risa en comparación con lo que puede esperarle a los colegios, pues el texto ya apunta que va por ellos.

Yo no soy capaz de identificar una sola norma desde el final de la Guerra Civil que sea tan totalitaria como la que ha concebido el Gobierno socialista. Es un instrumento para modelar la sociedad según los pobres esquemas de nuestra izquierda. Pero no es un salto cualitativo. Es la culminación de todo un proceso intelectual que conduce al sometimiento de los individuos a las terrorí­ficas ensoñaciones socialistas.

Libertad Digital - Opinión

Agresiones en Murcia. Por José María Carrascal

En Tucson no sabemos si el agresor estaba movido por la política, en Murcia, en cambio, sí.

¿SE imaginan ustedes la que se hubiera armado si el consejo de Cultura de una comunidad gobernada por el PSOE hubiese sido agredido por tres individuos con «puños americanos», esto es, metálicos, causándole fracturas en la cara y graves daños en un ojo, que obligaron a intervenirle quirúrgicamente? ¿Se imaginan los titulares de la prensa «progresista», las denuncias de las emisoras afines, las acusaciones a la extrema derecha y a la «caverna» del PP por estar, de cerca o de lejos, detrás de la agresión? Más si, como en este caso, formara parte de una larga cadena de violencias contra su partido, sin que las autoridades se hubieran mostrado particularmente activas en investigarlo y frenarlo.

Pues eso es lo que ha ocurrido al consejero de Cultura de Murcia, Pedro Alberto Cruz, en una céntrica calle de su ciudad, que no es Tucson precisamente. Y si cito a Tucson es para advertir que, salvando la distancia en el número de víctimas a consecuencia del atentado que acaba de producirse allí, la violencia irracional ha sido la protagonista. Es más, en Tucson no sabemos si el agresor estaba movido por la política, en Murcia, en cambio, sí, pues los tres individuos golpearon a su víctima mientras le llamaban «sobrinísimo», al serlo del presidente de aquella comunidad, lo que por, otra parte, hace más fácil su identificación, pues la inmensa mayoría de los murcianos votan PP.

La izquierda, desde que se arrogó la superioridad moral de su ideario sobre todo los demás, se cree por encima del bien y del mal, y tanto justifica las dictaduras de su signo —¿cuánto tardó en condenar el estalinismo, incluso después de haber asesinado a montones de izquierdistas? ¿Cuándo va a condenar el castrismo que está condenando a Cuba a prolongar su miseria, a la vista de todos?—, como convierte la violencia de sus seguidores en arrebatos esporádicos frente a la «opresión secular de las fuerzas conservadoras», en respuestas a la provocaciones de la misma o incluso en «expresiones del ánimo popular en su afán de justicia». Me remito a los asaltos que han sufrido las sedes del PP en momentos críticos.

Tanto el PSOE como el Gobierno han condenado la agresión al señor Cruz en términos inequívocos. Pero en este caso no basta, pues se trata de la agresión a un representante de los ciudadanos, lo que quiere decir, a los ciudadanos mismos, o si lo quieren, a la democracia. Hay que llevar el asunto hasta el final, quiero decir, a descubrir a los agresores y ponerlos ante la justicia. Vamos a ver cuánto tarda el alabado Rubalcaba en hacerlo. Será la mejor prueba tanto de su eficacia como de su imparcialidad para el alto cargo que su partido parece haberle destinado.

ABC - Opinión

Federalismo. El único camino. Por José García Domínguez

Nuestra, ésa sí, es la responsabilidad de promover un Estado eficaz y eficiente. Tesitura ante la que no resta más alternativa que recorrer el trecho que aún nos separa del genuino federalismo.

Acusar a los políticos de actuar por electoralismo viene a ser como afearles a los futbolistas que solo piensen en marcar goles: una perogrullada contra natura. De ahí que nada proceda criticar a Aznar por acordarse justo ahora, tras haber morado ocho plácidos años en La Moncloa, de que el modelo de Estado presenta ciertas taras de fábrica. Asunto, ése de las autonomías, que, por lo demás, ha devenido nuestra particular caja de Pandora. Un terreno siempre abonado para quien busque el aplauso fácil del tendido por la vía del tremendismo. Así, el eterno totum revolutum, generosamente condimentado con sal gorda y demagogia a granel, donde se juntan en abigarrado caos la factura del Estado del bienestar, su estructura territorial, vicios mil inherentes a la partitocracia, la desazón ante los nanonacionalismos periféricos y el rutinario juicio sumarísimo al sistema electoral.

Demencial mezcla de churras analíticas con merinas conceptuales que impide el más elemental rigor intelectual en el análisis de cuestión alguna. Y guirigay tras el que, en el fondo, late una fantasía ingenua, a saber, que otro régimen, centralista, hubiese logrado eludir las pulsiones secesionistas en Cataluña y el País Vasco. Enternecedora quimera ante la que conviene recordar aquello de que con la Historia se puede hacer cualquier cosa, salvo huir de ella. Y es que nunca podremos reescribir la del siglo XIX, que es donde en verdad habita el huevo de la serpiente. Se acepte o no se acepte, eso nadie lo va a cambiar. A lo sumo, pues, nos queda la conllevancia, el orteguiano atenuar los estragos más virulentos de una enfermedad crónica de muy improbable cura.

Nuestra, ésa sí, es la responsabilidad de promover un Estado eficaz y eficiente. Tesitura ante la que no resta más alternativa que recorrer el trecho que aún nos separa del genuino federalismo. Esto es, la mutación radical del Senado, convirtiéndolo en verdadera cámara territorial, a imagen y semejanza del Bundesrat alemán. Una asamblea formada en exclusiva por presidentes y consejeros autonómicos que, al modo de lo que ocurre en Berlín, socave el romo particularismo castizo, tan caro siempre al populismo provincial, haciéndolos corresponsables de los intereses comunes de la nación. Desengáñense los escépticos: el federalismo (simétrico, of course) no es problema, es la solución.

Libertad Digital - Opinión

Confusos y desconfiados. Por Ignacio Camacho

El desprestigio de la política dibuja a una sociedad olvidada de que cada pueblo tiene el gobierno que merece.

LA democracia es un régimen de opinión pública basado en el principio de que el pueblo siempre tiene razón… incluso cuando no la tiene. El problema es que en la posmodernidad este principio ha derivado en una supremacía del marketing porque los partidos y demás agentes políticos declinan cualquier compromiso de persuasión para elaborar su oferta como un menú a medida del electorado. La hegemonía del zapaterismo, por ejemplo, se ha basado en un depurado conocimiento del mercado sociológico que hacía abstracción simultánea de las dos éticas weberianas —la de la convicción y la de la responsabilidad— para formular una política de gestos de impacto priorizados según demanda. Cuando esa fórmula ha chocado con las exigencias de la realidad derivadas de la crisis se ha vuelto inviable porque la sociedad no estaba advertida de la verdadera dimensión de las dificultades; el Gobierno se había limitado a anestesiarla con promesas optimistas y recetas indoloras.

El sociólogo Víctor Pérez Díaz, un intelectual riguroso, brillante y honesto, ha dirigido un serio estudio de diagnóstico sobre el perfil de esa sociedad española sacudida por la recesión hasta dejarla en un estado de ánimo que define en tres palabras cargadas de pesimismo: alerta, confusa y desconfiada. El documento retrata un país desconcertado y receloso, apalancado en inercias pasivas, refractario a debates conflictivos y con escaso nivel de entendimiento sobre los mecanismos reales de la economía abierta. Una mentalidad colectiva de fuerte anclaje paternoestatalista, reacia a la competencia y acostumbrada a que le resuelvan los problemas sin implicarse demasiado en las soluciones. Un pueblo refugiado en las redes de apoyo familiar que se queja amargamente de una dirigencia pública enfrascada en sus conflictos de poder. Es decir, la clase de sociedad un poco victimista en la que resulta muy difícil encajar la idea de autorregeneración por el esfuerzo; resulta muy significativo que el desplome de popularidad de Zapatero se haya producido precisamente cuando se ha visto obligado a desdecirse de sus mensajes blandos y emprender reformas antipáticas que implican un margen de sacrificio. El acentuado desprestigio, rayano en la animadversión, de una clase política surgida a imagen de los propios ciudadanos dibuja la realidad sociológica de una nación renuente a aceptar que en democracia todo el mundo tiene el gobierno que se merece.

Ése es el retrato de esta España… y de la que va a heredar el próximo Gobierno, al que le queda una importante tarea de pedagogía social para explicar la necesidad de los inevitables esfuerzos pendientes. Para que el relevo de poder sirva de algo, a esa gente confusa y desconfiada hay que decirle desde ahora mismo dónde está, lo que le espera y para qué. Ha llegado la hora de la ética de la convicción por encima de los oportunismos electorales.

ABC - Opinión

Una agresión política

La primera consideración que ha de hacerse de la criminal agresión contra el consejero de Cultura de Murcia y colaborador de LA RAZÓN, Pedro Alberto Cruz, es que tiene un claro móvil político. No se trata de un episodio de delincuencia común, sino de matonismo político puro y duro que lleva el sello de la izquierda radical. El insulto que precedió al ataque delata la intención de los tres agresores: «Sobrinísimo hijo de puta», en alusión al parentesco de Cruz con el presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel. Con este atentado a un consejero se ha dado un salto cualitativo en las protestas callejeras que desde hace varias semanas se vienen realizando en la capital murciana contra los recortes del gasto público del Gobierno regional. Este clima de tensión, alimentado por unos dirigentes sindicales que parecen descargar contra los gobernantes del PP la frustración que les producen los recortes sociales del Gobierno del PSOE, es el que ha envalentonado a la ultraizquierda «borroka» y chulesca. Es natural que los dirigentes sindicales murcianos se quieran desmarcar del ataque, pero tendrán que preguntarse si el ambiente de crispación y agresividad que han fomentado contra Valcárcel no habrá servido de coartada a los matones. El mismo interrogante vale para los responsables socialistas y, en especial, para quienes tienen la obligación institucional de velar por la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos. En este punto, la actuación del delegado del Gobierno, Rafael González, dista mucho de haber sido competente y previsora. Peor aún, hay fundadas sospechas de que desoyó deliberadamente las advertencias y peticiones de más seguridad hechas por las autoridades regionales. Lejos de multiplicar la vigilancia sobre los manifestantes más violentos y de acentuar la protección de los cargos públicos, el delegado González ha desatendido su obligación, a pesar de que ya se habían registrado agresiones a viviendas y amenazas anónimas contra consejeros autonómicos. No sin razón, Mariano Rajoy denunció ayer la pasividad del Ministerio del Interior. Por el contrario, es un sarcasmo que el PSOE pida ahora al PP que «no politice los hechos», cuando es notorio que el delegado del Gobierno ha ignorado o desoído todas las señales de alarma y todas las peticiones de protección. Por lo demás, resulta preocupante el aumento del matonismo de izquierdas, que está pasando de las amenazas a las agresiones directas, sin que los responsables de la seguridad ciudadana parezcan inquietarse lo más mínimo. Ya no se contentan estos comisarios ideológicos de puño americano fácil con haber impuesto su ley en las universidades, donde tras acogotar a unos rectores pusilánimes deciden quién puede y quién no puede pronunciar una conferencia. Se aproximan fechas electorales a las que no son ajenas las dificultades y angustias derivadas de la crisis económica, y la brutal paliza al consejero Cruz podría no ser la última si el Ministerio del Interior no se toma más en serio su obligación de garantizar la seguridad de los responsables políticos, aunque sean de la oposición.

La Razón - Editorial

Una brutal agresión que debería haberse evitado

Al Gobierno, pues, no se le puede reclamar responsabilidad penal por la comisión del delito, pero sí cabe denunciar la responsabilidad política derivada de su negligente actuación a la hora de prevenirlo.

Cuando hace apenas una semana un loco de Arizona disparó contra una multitud de ciudadanos entre los que se encontraba la senadora demócrata Gabrielle Giffords, ya señalamos que, en contra del execrable uso del atentado que estaba realizando la izquierda dentro y fuera de Estados Unidos, no había ninguna evidencia en aquel momento que relacionase al Tea Party con Jared Loughner. Por supuesto, no negábamos la posibilidad de que la agitación política mezclada con elementos violentos degenerara en agresiones de tipo político, pero lo cierto es que el Tea Party siempre ha repudiado toda actuación violenta por cuanto en su núcleo ideológico se encuentra el respeto a la libertad, a la propiedad privada y a la vida.

Sin embargo, siguiendo la misma lógica que empleó entonces la izquierda, parecería consecuente relacionar la agresión al consejero de Cultura y Turismo de la Región de Murcia, Pedro Alberto Cruz, con la "campaña de odio" que desde todos los medios de comunicación afines al socialismo se dirige de manera persistente contra la derecha y el PP.

Por supuesto, nosotros no caeremos en la misma tentación populista, por cuanto supondría la instrumentalización política de una tragedia, algo que resultaría insultante para la víctima y que va en contra de nuestra vocación de búsqueda de la verdad. Otra cuestión es acotar las responsabilidades y pensar que, tal como cree la policía, la campaña que desde hace un mes ha orquestado la extrema izquierda contra el PP murciano con la excusa de un decreto aprobado el 22 de diciembre que rebajaba los salarios a los funcionarios de acuerdo con lo decretado por Zapatero, sí haya podido servir de inspiradora o ejecutora de la agresión. Sin ir más lejos, el mismo día 23 de diciembre un senador y alto cargo del PP ya resultaron heridos.

Al Gobierno, pues, no se le puede reclamar responsabilidad penal por la comisión del delito, pero sí cabe denunciar la responsabilidad política derivada de su negligente actuación a la hora de prevenirlo. Pese a no ser, como decíamos, el primer ataque contra miembros del PP murciano, el delegado del Gobierno en la región no reaccionó para proporcionar los medios necesarios con los que proteger a los militantes y cargos públicos amenazados, entre los que se encontraba Pedro Alberto Cruz, destinatario con especial inquina del acoso de la extrema izquierda. Rubalcaba llega un mes tarde a la hora de prometer una ayuda que habrá que aún está por ver si llega.

Es urgente detener a los agresores pero también lo es depurar a todos aquellos que con su pasivo comportamiento han facilitado que tuviera lugar este ataque contra un cargo público, contra todos los ciudadanos a los que representaba y, en el fondo, contra la democracia misma. En estos momentos de dificultades, máxime si el PP llega al Gobierno de España e implementa las reformas que el país requiere, lo último que necesitaríamos es que la extrema izquierda usara la crisis para construir, como en Murcia, una campaña de mentiras que cristalizara en forma de violencia política y social.

Libertad Digital - Editorial

Mensajes creíbles y manipulación

Las expectativas electorales del PP no responden sólo al hartazgo hacia Zapatero, sino a su mensaje creíble contra los abusos en muchas autonomías.

TODOS los indicios confirman las expectativas muy favorables para el PP de cara a las elecciones autonómicas y locales. En los comicios de mayo, el centro-derecha podría arrebatar al PSOE todas las regiones en las que ahora gobiernan los socialistas. No se trata sólo del hartazgo generalizado ante la incapacidad de Rodríguez Zapatero para afrontar la crisis económica. En efecto, hay otros factores que demuestran de forma concluyente que muchos ciudadanos buscan nuevos horizontes frente a una política sectaria y oportunista, cuyo único objetivo es la descalificación del adversario. Así lo demuestra una vez más la reacción desmesurada de determinados dirigentes —incluso algunos habitualmente moderados— ante la razonable propuesta del PP sobre el futuro del sistema autonómico. Como es evidente, nadie ha puesto en cuestión los fundamentos constitucionales del modelo de organización territorial ni pretende de ninguna manera volver al centralismo ya superado. Muy al contrario, se trata de cumplir con rigor lo establecido por el título VIII de la Norma Fundamental y por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, evitando abusos, despilfarros y distorsiones.

En tiempos de crisis económica se hacen patentes las malas prácticas y los excesos que, con frecuencia, no tienen amparo normativo sino que obedecen a los intereses clientelares de unos y la irresponsabilidad de otros. Cuando se analiza la notoria ventaja del PP en las encuestas, conviene tener presente que estos planteamientos racionalizadores están calando en una sociedad que no está dispuesta a seguir tolerando arbitrariedades. La forma de organización territorial establecida por la Constitución exige que Estado y comunidades autónomas desempeñen su papel con eficacia, coordinación y distribución racional de los recursos públicos. No es admisible el Estado «residual» ni son aceptables a estas alturas los egoísmos competenciales que generan desigualdades, corruptelas, desprecio por la austeridad, desmesura en el gasto público y una exacerbación nacionalista e identitaria que a menudo se apacigua con más dinero. Cuando el PP expone con rigor la magnitud real delproblema que representan los abusos del Estado autonómico —no el Estado autonómico en sí—, la respuesta del Ejecutivo consiste en manipular las palabras y las intenciones del adversario. Con esa actitud la magnitud de la debacle electoral que se avecina puede ser todavía mayor.

ABC - Editorial

¿Hasta cuándo?. Por José María Carrascal

Puede llegar el momento en que Europa se harte de garantizar nuestros disparates, y entonces se armará la de San Quintín.

SIENTO decirles que la versión que se ofrece en el exterior de la economía española no es, ni de lejos, la ofrecida desde dentro, y les pongo un par de ejemplos: «Las dudas se dirigen ahora hacia los bancos (españoles), que sufren la resaca de los créditos concedidos durante la burbuja inmobiliaria. Hay también dudas sobre la capacidad de España de mejorar la competitividad y volver a un robusto crecimiento», se leía en el «Financial Times» del viernes, mientras El «New York Times» remachaba: «El foco de los inversores se centra cada vez más en los bancos españoles, expuestos significativamente al colapso del mercado inmobiliario». Algo que confirmaba el principal economista del Citigroup, Willem Buiter: «Los bancos españoles pueden necesitar 150.000 millones de euros, que no aparecerán en sus balances contables, lo que obligará a España a pedir prestado a sus socios europeos».

¿Por qué les cuento estas cosas? No por ganas de aguar la fiesta, sino porque ya está bien de que nos cuenten siempre el mismo cuento. Y que nosotros lo creamos. No es para echar las campanas al vuelo el haber conseguido colocar 3.000 millones de deuda soberana, primero, porque ha sido al interés más alto de nuestra historia. Segundo, porque este año necesitaremos colocar otros 94.000 millones de deuda, a intereses tanto o más altos. Tercero, porque habrá que pagarlos y con el aumento raquítico de nuestra economía no sé de dónde vamos a sacar el dinero, mejor dicho, sí lo sé, endeudándonos más. Cuarto, y último, porque si el mercado nos presta ese dinero no es por nuestra fortaleza sino por saber que está garantizado por la Unión Europea. Pero puede llegar el momento en que Europa, Alemania especialmente, se harte de garantizar nuestros disparates, y entonces se armará la de San Quintín y la de San Quintón.

Pienso que Aznar se equivocó al decir que «estábamos intervenidos de hecho». ¡Ya quisiéramos! Ya quisiéramos, porque de estar intervenidos, a estas alturas ya hubiéramos hecho todas esas reformas que tan urgentemente necesitamos, la laboral, la de las pensiones, la financiera y las demás que el Gobierno viene anunciando, debatiendo, promoviendo, recortando, manoseando, sin atreverse a poner en práctica, no sabemos si por querer que otros se las hagan o por ese suicida optimismo suyo de esperar la recuperación universal que las haga innecesarias. El caso es que hace ocho meses que las anunció, y seguimos sin ellas.

Hace dos años, en un editorial que aún conservo, el citado «Financial Times» advertía: «Cuanto más tiempo tarde España en hacer las reformas que necesita, más costosas y difíciles le serán». Pues ahí nos tienen, en las mismas y presumiendo encima de no ser Grecia, Irlanda o Portugal. ¿Hasta cuándo?

ABC - Opinión

Paga el canon y calla. Por Antonio José Chinchetru

El mensaje a los ciudadanos y a quienes luchan por disminuir el abuso que supone la compensación por copia privada es claro: "paga el canon y calla".

Por si quedaba alguna duda, los hechos confirman lo que era previsible. La reforma del canon digital para adecuarlo a la sentencia que declara ilegal su aplicación indiscriminada en España no va a ser eficaz, veloz ni consensuada. Podría demorarse "meses". Hay que reconocer que en este aspecto González-Sinde no mintió, aunque sí trató de tomar por idiotas a los diputados y a los ciudadanos al decir que trataría de actualizar la normativa "lo más rápidamente posible", puesto que se dio a sí misma medio año para cambiar las cosas. Sin embargo, en el resto de los puntos salta a la vista la ausencia de sinceridad de lo que dijo la ministra hace más de tres semanas.

Se está negociando la reforma de la compensación por copia privada, eso es cierto, pero aquí no va a haber eficacia (excepto, con toda seguridad, para la SGAE y demás entidades de gestión), ni mucho menos consenso. Sobre esto último, el Gobierno está dispuesto a reunirse, y lo hace, con las "fuerzas vivas" del canon. Quienes han acudido al primero de los encuentros son las sociedades de gestión de derechos de autor, que se embolsan el canon, y Ametic. Sobre esta última hay que destacar que es una patronal (surgida de la fusión de otras dos) presentada en sociedad hace unas semanas por el Ministro de Industria, Pablo Sebastián, y cuyos miembros se van a ver beneficiados por los jugosos fondos de la prórroga del Plan Avanza 2. En concreto, para este año están presupuestados 1.116 millones de euros. Dudamos de que ante estas cifras, que además están pidiendo que se incrementen, estos señores quieran ser un incordio en sus negociaciones por el canon.

Quienes por el momento no han sido llamados a la mesa de negociaciones son las asociaciones de internautas, de consumidores y Apemit, la asociación de pequeñas y medianas empresas de informáticas afectadas de forma negativa por la compensación por copia privada. Dicho de otro modo, quienes pagan el canon o a quienes les destroza su cuenta de resultados no tienen derecho a voz ni voto en tan grave asunto. Al menos, por el momento. Lo que hay por ahora hacia el común de los españoles con respecto al canon es un puro y duro: "calla y paga". Y lo más seguro es que esto se mantenga.

Por si queda alguna duda de cuál es el papel que corresponde a quien sufre el canon, el Gobierno ni se ha molestado en decir cuándo podrán participar en las conversaciones. Quienes se han encargado de ello han sido los representantes de las entidades de gestión y de Ametic. Ambos han dicho que la participación de las asociaciones de internautas y Apemit tendrá lugar cuando lo marque la ley. Suena a pitorreo. Ninguna norma jurídica marca el momento en el que este tipo de organizaciones deben entrar en juego en unas negociaciones que, se supone, son a varias bandas. Pero el representante de la SGAE y sus hermanas han ido más allá, se han atrevido a indicar que los que todavía no tienen voz podrán hablar "en el momento adecuado". Le ha faltado decir que eso será cuando ya esté todo decidido.

En resumen, como señalábamos más arriba, el mensaje a los ciudadanos y a quienes luchan por disminuir el abuso que supone la compensación por copia privada es claro: "paga el canon y calla".

Libertad Digital - Opinión

Agamenón y su porquero. Por M. Martín Ferrand

La España autonómica, no cerrada del todo a la potencialidad constitucional, es económicamente inviable.

SOSPECHO que a José María Aznar le gusta fingirse a sí mismo para perpetuar su propia gloria. Es el problema del eventual discontinuo que genera la dedicación política: hoy mucho y mañana nada, independientemente del mérito acumulado. De ahí las apariciones que, de vez en cuando, proyectan en el presente quienes fueron, por el PSOE o por el PP, jefes del Gobierno y gozaron del aplauso mayoritario. Felipe González, mejor actor que Aznar, disimula con mayor naturalidad esa pulsión; pero los buenos catadores de la política saben que el síndrome de abstinencia no arranca únicamente de la dependencia de ciertas sustancias, sino que cuelga también de muchas experiencias y hasta de algún propósito. Por eso Aznar se les apareció en León a sus viejos subordinados y les dijo, según la pauta de Juan de Mairena: ayudadme a comprender lo que os digo y os lo explicaré más despacio.

El veterano líder de los populares, cuando es invierno, suele revestirse con una bufanda larga, larguísima, que evoca la solemnidad de la estola y con la que, se supone, se siente amparado para pontificar. De esa guisa, en una de esas liturgias huecas que los partidos se ofrendan a si mismos, Aznar demostró que tienen mucho más claras las ideas que los recuerdos y, en olvido del Pacto del Majestic que le instaló en La Moncloa, el chupinazo inaugural de la demasía autonómica, les advirtió que no podemos organizar nuestra vida en común multiplicándolo todo por diecisiete.

Es evidente que la España autonómica, no cerrada del todo a la potencialidad constitucional, es económicamente inviable; pero más nocivo y demoledor resulta lo que ello debilita al Estado en el que debieran asirse la certeza jurídica, la unidad educativa y la coherencia nacional. En consecuencia no es malo, salvo mejor opinión de Mariano Rajoy, que Aznar se apareciera para recordarlo. Alfredo Pérez Rubalcaba descalifica al ex presidente por esas declaraciones que, si fuera tan listo, astuto y eficiente como se nos quiere dar a entender, las agradecería por lo mucho que le ahorra al PSOE en el gasto de algo parecido. Como no somos alemanes y, en consecuencia, no parece posible que aquí se retrotraigan privilegios territoriales, raro concepto que antepone el territorio a los individuos, quizá sería cosa de ir pensando en que las próximas legislativas tuvieran valor constituyente para que el Congreso resultante pudiera revisar los supuestos sobre los que hoy sustentamos la convivencia para que resulten económicamente viables, respetuosos con la Historia y, en lo pragmático, nos haga fuertes frente a nuestros socios y vecinos.

ABC - Opinión

Culto al líder. La caída de ZP. Por Alberto Gómez

Cuando un líder socava el sustrato espiritual y las instituciones formales, entonces solo queda su autoridad como garante de algún orden por precario que sea; entonces surge la forma más primitiva de religión: el culto al jefe.

¿A qué se debe el desplome de Zapatero en las encuestas desde el verano hasta ahora? Si es por la crisis, ésta ya comenzó hace tiempo y su desplome debería haber comenzado antes. Un Maquiavelo informado por la teoría de la selección natural daría una explicación tan incompleta como otra cualquiera, pero al menos sería una pista interesante.

De acuerdo con la formulación más comprensiva de la teoría de la selección natural, las sociedades humanas son entidades naturales, sujetas a un proceso evolutivo, en el que se han contrastado violenta y pacíficamente distintas formas de organización interna, por tanto, sus normas, costumbres e instituciones escritas y no escritas, no son arbitrarias. La evolución no funciona solo a nivel biológico sino con cualquier tipo de unidades sujetas a variación y selección. Las sociedades humanas son entidades resultado de la unión de seres humanos. De forma análoga, los humanos son resultado de la unión de células eucariotas y así sucesivamente. Todos los niveles están sujetos a selección natural, y en cada nivel hay colaboración y conflicto entre las unidades que lo forman.

Para favorecer la colaboración y evitar el conflicto, la sociedad tiene sus mecanismos. La gente no busca la libertad ni la verdad. Debe satisfacer antes otras pulsiones más básicas. Atendiendo a la selección natural, la gente busca lo que le permita obtener más posibilidades de supervivencia y reproducción que en un ser social se traduce en la búsqueda de estatus, ayuda de otros y seguridad, que se consiguen a menudo con la conformidad con las ideas y valores del grupo en que se integra. El determinante más básico de la organización social es la naturaleza humana y esta, dependiente de la evolución biológica, cambia muy lentamente.

Fenómenos tan distintos como las religiones –con sus preceptos y ritos–, los conciertos de rock –en torno a bandas de "culto"–, hasta el "culto a la personalidad" en las dictaduras totalitarias, pasando por los mítines de los partidos políticos, por citar unos ejemplos, hacen pensar que la devoción en torno a líderes –bien sobrenaturales, bien reales idealizados que se convierten en modelos a imitar en diversos grados y maneras– es un fenómeno tan persistente en todo tiempo y lugar que es difícil eludir la idea de que estamos ante un instinto humano destinado a mejorar la colaboración y coordinación interna del grupo del que se trate. La psicología evolucionista estudia las religiones desde este punto de vista.

Las civilizaciones, o sea, los grupos humanos entendidos en su forma más extensa, tienen sus normas y valores que permiten la colaboración, asociados a entidades espirituales, lo cual garantiza su pervivencia a salvo de la arbitrariedad y el dictado de sus gobernantes. No es extraño que la religión sea el blanco preferente de los líderes despóticos e iluminados. Pero la ausencia de religión no elimina el omnipresente instinto humano de conformidad religioso, que siempre juega su papel.

Cuando un líder socava el sustrato espiritual y las instituciones formales, entonces solo queda su autoridad como garante de algún orden por precario que sea; entonces surge la forma más primitiva de religión: el culto al jefe. Un líder despótico se ve reafirmado en su poder si su acción destructora se ve acompañada por gestos de autoridad, porque, por su propio interés, el individuo se une al régimen para sobrevivir. Esto se ha podido comprobar a todas las escalas. No solo en los países totalitarios, sino durante los secuestros, con el llamado síndrome de Estocolmo. ZP, el héroe prometeico, justiciero de la mujer de la primera etapa, es una versión soft de ese culto a la personalidad.

La economía es la última piedra de toque para juzgar a los políticos que queda en pie en una sociedad moralmente inerme. Cuando esta falla, entonces es necesario incrementar la sensación de autoridad mediante técnicas más antiguas que la misma Humanidad; técnicas que cualquier jefe de mafia o secta conoce bien por instinto, no importa el moderno ropaje ideológico en el que se envuelvan: ya sea el ataque a minorías para obtener el favor de la mayoría, o el fomento de la envidia, o la división para presentarse ipso facto como garante de unión, o los ataques personales con su aparato de propaganda, o la búsqueda del favor de minorías influyentes: ZP ha ensayado todas estas técnicas con las mujeres, los gays, los controladores, los fumadores, las autonomías... eligiendo lo mas compatible con su agenda de iluminado. El hombre de los golpes de mano, recoge los vítores de los trepas que antes glorificaron al Caudillo o aplaudieron a los GAL.

Ahora bien, la efectividad de todos esos tours de force se basa en la idea de que el líder continuará en el poder. Cuando se hace evidente su debilidad, la voz de "el rey está desnudo" corre como la pólvora porque el rey ha perdido el poder. La misma caída súbita es prueba del despotismo y la destrucción en el que se ha sustentado.

Libertad Digital - Opinión

Intervenidos. Por Ignacio Camacho

España es desde hace nueve meses una economía tutelada al alimón por los mercados y el Directorio europeo.

TIENE razón Aznar: España está intervenida de hecho y las autonomías se han vuelto insostenibles. Otra cosa es que el diagnóstico, por acertado que sea, lo deba de hacer en tan delicado momento un ex presidente que además fue el que dio el impulso final a la dispersión de competencias; lo que hizo luego Zapatero fue directamente poner en marcha una centrifugadora. Pero la afirmación en sí misma no tiene réplica posible. El Estado se desangra por el gasto sobredimensionado del régimen autonómico y la política económica está desde mayo tutelada al alimón por el Directorio europeo y los mercados de deuda. Eso es una intervención indirecta, formalmente más suave que el rescate, pero bajo el mismo principio condicional: o aplicamos un ajuste o nos dejan caer en la suspensión de pagos.

Puede gustar más o menos, pero España es desde hace nueve meses una economía bajo custodia. El déficit fiscal originado por la política de derroche ha provocado la cesión de soberanía en una doble dirección. Por un lado, los inversores que compran nuestra deuda exigen medidas que garanticen la solvencia del Estado para pagar el principal y los cada vez más elevados intereses, y por otro —en el fondo es el mismo—, la creación del fondo comunitario de rescate supone una intervención de facto que establece condiciones de cumplimiento obligado. El margen de maniobra del Gobierno es mínimo por más que el presidente se empeñe en volver a su frivolidad en cuanto siente el más leve alivio de la presión internacional. La propia conversión —poco sincera, desde luego— de Zapatero al reformismo es la prueba clamorosa de esa imposición de criterios; para seguir en el poder ha tenido que desautorizarse de forma abrupta a sí mismo. Su brusca enmienda a la totalidad representa —está muy dicho— un fracaso sin paliativos tanto más escandaloso cuanto más solemne fue su público desdén por las medidas que se ha visto obligado a emprender.

En cuanto a las autonomías, queda fuera de duda que la situación no admite por más tiempo el tren de despilfarro clientelar en el que viven instaladas desde hace al menos una década y media. En este caso se trata de responsabilidades compartidas por todas las fuerzas políticas que las han gobernado, por lo que corresponde a todas el deber de embridar ese desbocado impulso de gasto. No se trata tanto de un problema del reparto de competencias —que también, pero en todo caso es menos prioritario— como de la necesidad de racionalizar los recursos que las administraciones regionales manejan a cañonazos de pólvora del rey. Si no se logra ese ajuste puede sobrevenir una quiebra que arrastre hasta el desplome al régimen autonómico. Acaso Aznar esté poco autorizado para ejercer de profeta, pero su discurso contiene verdades tan objetivas que no cabe relegar al desprecio. Estamos al borde de un abismo y lo de menos es de quién sea la voz de alerta.

ABC - Opinión

Abusivo Estado de Alarma

La extinción legal del Estado de Alarma a las doce de la noche de ayer, unida a la desmilitarización del tráfico aéreo acordada el viernes por el Gobierno, pone fin a un episodio que ha sentado un importante precedente en nuestra historia democrática. Nunca antes se había recurrido a medidas tan excepcionales para abordar un conflicto laboral que afectó a medio millón de pasajeros, ni siquiera en los momentos más críticos que ha atravesado España los últimos treinta y cinco años. Aunque sólo fuera por eso, por el carácter inédito y excepcional de una decisión que ha forzado las costuras constitucionales hasta el límite, era de esperar que el Gobierno rindiera un balance público más explícito y convincente de la larga cuarentena a la que ha sometido el Estado de Derecho. También por parte de la oposición cabía mayor interés en exigir cuentas y en ofrecer su propia versión. Por más que el conflicto de los controladores haya concitado la irritada oposición de la gran mayoría de los ciudadanos, no significa que la respuesta administrativa y legal haya sido la más adecuada ni la más eficiente. Lo cierto es que el balance de estos cuarenta y tres días no justifica la prolongación del Estado de Alarma, ni por su base jurídica ni por sus resultados. Es verdad que la militarización del espacio aéreo y el decreto de las medidas de emergencia cortaron de raíz la huelga salvaje de los controladores. Pero no ha quedado claro que el recurso al Estado de Alarma fuera impecablemente constitucional y, menos aún, que su prolongación hasta el 15 de enero fuera estrictamente necesaria, pues los propios controladores se habían comprometido por escrito a no hacer huelga. En cuanto a los resultados obtenidos, los hechos hablan por sí mismos: no se ha resuelto el conflicto laboral de origen, ni siquiera se ha avanzado en las causas básicas de divergencia; los retrasos en los vuelos fueron muy superiores a lo habitual, pese al control militar; y la situación del espacio aéreo sigue tan incierta como antes del 3 de diciembre, como así lo sugiere la permanencia ordenada por el Gobierno de mil controladores militares en las torres de control. Además, resulta muy revelador el argumento que ayer esgrimieron tanto la ministra de Defensa, Carme Chacón, como el ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, para avalar el Estado de Alarma: «Garantizó unas Navidades tranquilas a los viajeros». Suprema justificación que de aplicarse a todos los conflictos laborales que pongan en jaque servicios básicos, desde el Metro hasta el transporte por tren y carretera, llevaría al Consejo de Ministros a decretar el Estado de Alarma con relativa frecuencia. Preocupa que altos gestores públicos echen mano de ese tipo de excusas populistas para encubrir el fracaso de un Gobierno que ha sido incapaz de negociar y de llegar a acuerdos con el sindicato de los controladores. Y preocupa aún más que se utilice al Ejército para cubrirse las espaldas. Tiene razón Chacón cuando afirma que las Fuerzas Armadas son la institución más valorada por los españoles, pero no precisamente por las funciones de bombero que el Gobierno les ordena para que apaguen los incendios que él mismo provoca.

La Razón - Editorial

ETA no quiere

Si la estrategia político-militar es innegociable, Batasuna tendrá que enfrentarse con la banda.

Los datos ahora conocidos sobre el debate que ha precedido a la difusión del comunicado etarra del pasado lunes indican que la dirección de la banda no renuncia a seguir condicionando la política vasca mediante la violencia o la amenaza de usarla. En su búsqueda incesante de pretextos para no cejar, y ante la presión de su brazo político, ha optado por aceptar la tregua que le pedían, pero condicionando su conversión en definitiva a la aceptación por los demás partidos de una negociación para "consensuar la formulación" de su programa de siempre: autodeterminación y Navarra. De forma que si esa demanda no es atendida, se considerará liberada de su compromiso y legitimada para volver a la lucha armada.

A la luz de ese planteamiento pierden sentido algunos de los debates (y elucubraciones) que han seguido a la publicación del comunicado, como el sugerido por la propia Batasuna de que su contenido se había interpretado mal y que en realidad la banda no impone condiciones sino que plantea aspiraciones. Si el punto de partida es que la "estrategia político-militar es innegociable" queda clara la función de la tregua para ETA. Y Batasuna ha perdido la oportunidad de hacer lo que le habría dado la credibilidad que reclama: renunciar en todo caso a participar en cualquier negociación política planteada como contrapartida a la retirada de ETA. Esa sí que sería una iniciativa eficaz para que la banda desistiera de seguir condicionando la política vasca.

También se ha planteado que la legalización del nuevo partido que va a presentar Batasuna con vistas a su participación en las elecciones de mayo podría favorecer nuevos pasos del brazo político. Es una opinión defendible, pero hasta ahora ha ocurrido lo contrario: ha sido la negativa a rebajar el nivel de exigencia lo que ha forzado a Batasuna a dar pasos que sin esa firmeza hubieran sido impensables; si el alto el fuego se considerase suficiente aval para la legalización, esa evolución del brazo político se interrumpiría y desaparecería el principal incentivo que tiene Batasuna para enfrentarse a ETA.

Bastaría que el Ministerio del Interior no rechazase la inscripción para que el partido fuera legal. Sin embargo, es más verosímil que inste a la fiscalía a oponerse, con lo que la decisión quedará en manos de los tribunales, que deberán decidir con criterios jurídicos, valorando en particular si la vinculación con ETA que motivó la ilegalización ha desaparecido.

Lo que carece de sentido es considerar que si Batasuna participa en las elecciones quedará demostrado que el Gobierno está negociando con ETA, como sostiene, en contra del criterio de la dirección de su partido, el eurodiputado del PP Mayor Oreja. Su teoría se ha ido convirtiendo en obsesión y ahora incluye la insinuación de que el comunicado ha podido ser pactado con el Gobierno y que ETA solo se disolverá cuando alcance el objetivo de la independencia: lo que más anhelaba escuchar la banda para sentirse invencible.

El País - Editorial

El inexistente sentido del ridículo de Tomás Gómez

Con espectáculos como el desarrollado en torno a la delincuente Rollán, hasta los socialistas madrileños tendrán que reconocer que la demoscopia no hace más que confirmar los merecimientos electorales de unos y otros.

Los socialistas siguen afirmando que son un dechado de virtudes públicas en el ejercicio del poder, a pesar de que su pasado les delata y su presente les oprobia. Inasequibles al desaliento y con notable ausencia de sentido del ridículo, pretenden seguir dando lecciones de moral ciudadana hasta cuando la justicia les impone el castigo que merecen sus desmanes, que es exactamente lo que está ocurriendo en esta ópera bufa interpretada por el inefable Tomás Gómez a cuenta de la condena a los desafueros perpetrados en su día por su principal colaboradora.

A pesar de lo que sugieren los voceros del socialismo madrileño, la sentencia que condena a ocho años de inhabilitación a su secretaria de organización, Trinidad Rollán, no puede equipararse a una mera sanción administrativa impuesta por causa de un error de gestión. Muy al contrario, el texto de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirma de forma muy nítida la existencia de un delito de prevaricación, cometido mientras la hoy condenada ejercía de alcaldesa de la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz, respecto al que los magistrados no ahorran calificativos a cual más recio.

Lo que para Tomás Gómez es un simple desliz administrativo, para los magistrados del TSJM es un delito de prevaricación, cometido "de forma tan ilícita como burda y rudimentaria" para hacer pasar por legal un acuerdo municipal de supuesta permuta de terrenos, lo que constituye, siempre según la Justicia, "no sólo un dislate, un desatino o una aberración desde la más tosca o laxa de las valoraciones jurídicas posibles, sino que incluso resulta algo hasta risible, ridículo o grotesco para cualquier persona lega en derecho por escaso que sea su sentido común".

Trinidad Rollán, número dos de Gómez en el socialismo madrileño, impulsó desde la alcaldía de Torrejón de Ardoz la adopción de un acuerdo municipal que entregaba a una empresa privada el dominio de una parcela municipal a cambio de dinero y de ciertos trabajos de urbanización, algo que está taxativamente prohibido por ley como le advirtieron por escrito los responsables jurídicos municipales. Su contumacia en la decisión de beneficiar a esa mercantil en contra del interés de los ciudadanos cuyos intereses tenía el deber de proteger, la han llevado primero al banquillo de los acusados y finalmente a una condena en toda regla a pesar de los esfuerzos de su actual jefe filas por disimular el desafuero.

Las declaraciones de la delincuente informando de su decisión de no concurrir a los próximos comicios no puede ser más risible, pues esa es precisamente la consecuencia inmediata de la condena que le ha impuesto la Justicia. Por cierto, no podrá hacerlo ni a estos comicios ni a las dos citas electorales siguientes salvo que una instancia superior le rebaje la pena acordada, dato que apuntamos para un mejor conocimiento de los términos reales del castigo que le ha sido impuesto.

Tomás Gómez es muy libre de tener en su equipo a personajes condenados por prevaricación e incluso de hacer el ridículo comparando su supuesta virtud con la costumbre en esta materia del partido rival. Olvida que Esperanza Aguirre, sin esperar al pronunciamiento de los tribunales, expulsó de su ejecutivo por ejemplo a todos los cargos contaminados en la trama Gürtel.

Los que no parecen olvidar esta distinción entre la conducta pública de ambos candidatos son los ciudadanos madrileños a juzgar por las más recientes encuestas, que recetan a Gómez un varapalo sin precedentes. Con espectáculos como el desarrollado en torno a la prevaricadora Rollán, hasta los socialistas madrileños tendrán que reconocer que la demoscopia no hace más que confirmar los merecimientos electorales de unos y otros.

Libertad Digital - Edotorial

Lecciones de la crisis tunecina

Es altamente probable que la huida del dictador no haya terminado automáticamente con la dictadura en Túnez.

LA situación socioeconómica que ha provocado el estallido insurreccional en Túnez es prácticamente idéntica a la de los demás países de la región. Las sociedades de Marruecos y Argelia —por no hablar de los libios, sometidos a los pintorescos delirios de Gadafi— padecen males muy similares: falta de libertad, una economía anquilosada y una juventud desesperanzada y sin perspectivas. No se trata de una crisis económica coyuntural, sino un auténtico colapso que en cada país se ha tratado de contener hasta ahora con más Policía y represión, mientras los extremistas islámicos esperan su oportunidad. Los disturbios que han desembocado en la huida del dictador tunecino, Ziane Ben Ali, ni siquiera han sido los únicos de este mes de enero. En Argelia, el Gobierno de Abdelatif Buteflika ha tenido que bajar los precios de los alimentos después de más de una semana de disturbios por todo el país, y no es de extrañar que la Prensa argelina haya reaccionado a los sucesos de Túnez mencionando abiertamente la posibilidad de que se repitan en Argel. En Marruecos, los medios oficiales tratan de minimizar la defenestración de Ben Ali entre la propaganda del régimen, pero es evidente que la noticia corre ya por todas las medinas para intranquilidad de la monarquía.

Por desgracia, no hay nada que permita pensar que los responsables magrebíes estén pensando en recetas democráticas y modernas para proyectar a sus respectivas sociedades hacia el futuro, sino que, al contrario, seguirán con los viejos métodos de represión y aislamiento, confiando en la emigración hacia Europa como el medio más práctico de reducir las tensiones sociales. Incluso resulta probable que la huida del dictador no haya terminado automáticamente con la dictadura en Túnez, puesto que, en medio de la confusión, el Ejército sigue teniendo las riendas de la situación y por ahora las promesas de elecciones realmente libres están en el alero. Para la vecina Europa puede parecer más sencillo entenderse con los regímenes totalitarios que comprometerse seriamente con las reformas democráticas en los países del Magreb, pero la experiencia de Túnez demuestra claramente que la primera opción no tiene futuro. Antes o después, los países sin salida estallan. Como ha sucedido en Túnez.

ABC - Editorial

Un tiro en la pierna. Por Rafael M.-Simancas

Sólo desde el suicidio político y la cerrazón se entiende que el PSM mantenga a Trinidad Rollán como responsable de organización en Madrid. Papelón el de Maru Menéndez diciendo que una sentencia que inhabilita para ejercer cargo público no es «la muerte civil» de una persona, (no claro, pero cuándo uno es político es lo que más se acerca a ese concepto de muerte súbita). No deja de ser paradójico que quién tiene como misión confeccionar las listas no pueda presentarse a las elecciones. Además, elimina cualquier corriente crítica interna, quien ose dudar de la presencia de Rollán puede ser laminado.

Estamos ante lo que en teoría política se llama «un tiro en la pierna», pero en lugar de taparse el boquete se presume de sentencia y se reta al futuro con cierta temeridad torera que puede provocar disgustos en las urnas. Demasiada ventaja para el enemigo, tanta que ni siquiera ha hecho sangre. Al PP le ha bastado con la rueda de prensa de Trinidad Rollán que, (para mayor INRI), fue sin preguntas. Ni dándose con la cabeza en el quicio de la puerta del Ayuntamiento de Torrejón conseguirían hacerse más daño.

La encuesta que publicaba ABC esta semana le daba una amplia ventaja al PP con respecto al PSM; después de la resolución del TSJM podría decirse que todo queda «sentenciado». Los socialistas se quedan sin argumentos para lanzar contra el PP en cuánto a higiene política. Mal momento para recordarle a Tomás Gómez aquella lista de presuntos corruptos, (entre ellos un ciudadano difunto y un militante socialista). Entonces Gómez pidió la dimisión de Esperanza Aguirre, ahora por tanto en el PP podrían exigir lo mismo pero en la sede de Callao, 4. El tiro en la pierna procede de un disparo que a su vez es «disparate».

ABC - Opinión

La última cena de los auténticos ‘idiotes’. Por Federico Quevedo

Fue el pasado 7 de enero, y lo cuenta en su blog el hijo del filósofo Fernando Savater, el editor Amador Fernández-Savater. Desde hacía varias semanas la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, organizaba una serie de cenas ‘discretas’ con gente de eso que se llama el mundo de la cultura para hablar sobre la Ley Sinde y el modo en que estos modernos integrantes de la Cueva de Alí Babá le van a parar los pies al progreso. Todo iba más o menos bien, porque nada se sabía de esas cenas, y todos sus integrantes guardaban un uniformado silencio sobre las mismas, hasta la fecha en cuestión en la que a alguien se le ocurrió invitar al ágape al hijo de Fernando Savater pensando que quizás, al igual que el padre, éste sería un firme defensor de los privilegios de los amigos de González-Sinde. Pero no era así. Nadie investigó a Fernández-Savater ni se preocupó por conocer lo que pensaba sobre el asunto, porque de haber sido así no hubiera sido invitado, y eso que tenemos que agradecer a los anfitriones porque, de lo contrario, nos habríamos perdido el contenido de una cena cuyo plato principal, en palabras del autor del post, fue el miedo.

“El miedo lo impregnaba todo. Miedo al presente, miedo al porvenir, miedo a la gente (sobre todo a la gente joven), miedo a la rebelión de los públicos, miedo a la Red”, escribe nuestro amigo. ¿Quiénes estaban en la cena, se preguntarán ustedes? Se lo pueden imaginar: Álex de la Iglesia, Soledad Giménez, Antonio Muñoz Molina, Elvira Lindo, Alberto García Álix, Ouka Leele, Luis Gordillo, Juan Diego Botto, Manuel Gutiérrez Aragón, Gonzalo Suárez (relacionado con el ámbito de los vídeojuegos), Cristina García Rodero y alguna persona más. Todos contra él, contra Amador Fernández-Savater quien, según cuenta, se fue calentando a medida que avanzaba la cena y se avivaba el debate, ante el cúmulo de barbaridades que escuchó de boca del resto de los invitados. Hace unas semanas, a cuenta del rechazo de la Ley Sinde en el Congreso, escribí un artículo en el que afirmaba que el problema de la ministra –y con ella de todos estos paniaguados incapaces de ver más allá de la montura de sus gafas de oro de D&G- era que odiaba Internet y todo lo que Internet conlleva. Me equivoqué, porque en efecto no es un problema de odio, sino de miedo, y ese odio es producto de un miedo atroz al progreso. Y tiene narices que eso les pase a quienes van por la vida defendiendo su carácter progresista, a los mismos que hace décadas invadían la conciencia colectiva con la obsesión por la cultura en libertad, y que ahora quieren encerrar esa misma cultura en un búnker de plomo y cemento armado como bien dibuja en su post Fernández-Savater.

Miedo e ignorancia

Nadie como él ha resumido en tan pocas líneas lo que se respiraba en ese ambiente y lo que de verdad esconde la intención totalitaria de una ley absolutamente contraria a cualquier modelo de libertad y progreso: “Me preocupa que quien tiene que legislar sobre la Red la conozca tan mal. Me preocupa que sea el miedo quien está tratando de organizar nuestra percepción de la realidad y quien está tomando las decisiones gubernamentales. Me preocupa esa combinación de ignorancia y miedo, porque de ahí sólo puede resultar una cosa: el recurso a la fuerza, la represión y el castigo. No son los ingredientes básicos de la sociedad en la que yo quiero vivir”, afirma. Ni yo, pero extrañamente son los ingredientes básicos del modelo social que defiende e impulsa el Gobierno de Rodríguez Zapatero, y no solo en lo que respecta a esta ley, sino a otras muchas actuaciones que navegan en la misma dirección de represión y abuso de poder, o ¿qué creen que hay detrás del llamamiento de Leire Pajín a que los ciudadanos delaten a quienes se les ocurra encender un cigarro a 99 metros de la puerta de un colegio o de un parque infantil? Represión, represión y represión. Y lo peor de todo es que visten ese recurso a la represión de política de Estado, y aquí sí les interesa que el Estado haga valer su fuerza y su poder frente a la supuesta amenaza de casi 30 millones de internautas de los que Manuel Gutiérrez Aragón dice que “no se les puede dar tregua porque es como pactar con los terroristas”. ¿Cabe mayor salvajada?

«¿Qué creen que hay detrás del llamamiento de Leire Pajín a que los ciudadanos delaten a quienes se les ocurra encender un cigarro a 99 metros de la puerta de un colegio o de un parque infantil?.»

Pero esa es la actitud con la que este Gobierno se ha enfrentado al problema: “Sólo palpé ese miedo reactivo que paraliza la imaginación (política pero no sólo) para abrir y empujar otros futuros. Ese miedo que lleva aparejado un conservadurismo feroz que se aferra a lo que hay como si fuera lo único que puede haber. Un miedo que ve enemigos, amenazas y traidores por todas partes”, afirma Savater en su blog. Estos son los que se llaman progresistas, los que dan lecciones de moral y de ética, los que nos dicen cómo tenemos que ganar el futuro… Pero, en el fondo, no es más que una batalla de poder, y ellos mismos lo reconocen. “La batalla es política, y bastante antigua. Frente al Internet neoliberal, particularista, privada, habitada por vecinos, por idiotes, deberemos levantar una Internet republicana, universalista, pública, poblada por ciudadanos, por polites”, escribe en el diario Pravda el diputado socialista José André Torres Mora. Pero, no señor, los idiotes no son los millones de internautas que utilizan la Red para informarse, para intercambiar, para compartir, para conocer, para entretenerse, para ver, para escuchar, para observar, para reír y llorar, para sentir, para almacenar, para escribir, para grabar…, y que lo hacen igual desde la privacidad de un portátil escondido en un rincón de un armario que desde un ordenador a la vista del público en un cibercafé.

El búnker de los privilegios

No, señor, los idiotes que, una vez más, como siempre ha hecho la izquierda frente al progreso, quieren ponerle puertas al campo de la libertad son los que estaban sentados en aquella cena, los contertulios de Savater, los amigos de Torres Mora que quieren una Internet ¿republicana?, universalista y pública, sobre todo pública, es decir, controlada por el Estado, sometida al Estado, vigilada por el Estado y limitada por el Estado para evitar que esa ambición de libertad pueda acabar con su privilegio. Un privilegio que, extrañamente, se ha aliado con el capitalismo más feroz y salvaje, con las multinacionales de la producción cinematográfica y musical que son las que de verdad están presionando al Gobierno para que saque adelante una ley que se fundamenta en el miedo, que utiliza el miedo para combatir el propio miedo que en esta nueva casta de amigos del poder siente por la explosión de libertad que significa Internet y la nula capacidad de control que existe sobre la Eed y sus contenidos. Esa es la clave del asunto, no si Scarlett Johansson canta Yes we can o si Juan Diego Botto hace el signo de la ceja con su dedo índice, porque eso no es más que pura parafernalia servida en bandeja para distraer la atención de lo verdaderamente importante: que los auténticos idiotes están encerrados en su búnker intentando defender sus últimas posiciones de lo que ya se adivina como el hundimiento final.

El Confidencial - Opinión