Castillos en el aire. Por M. Martín Ferrand

No debiera servir de consuelo para la derecha el hecho de que los españoles (78,9 por ciento) no confíen en Zapatero.

SORPRENDE la alegría con que muchos de los santones del PP han acogido la sospechosamente extemporánea encuesta del CIS que ayer se enseñoreaba de los diarios nacionales. Es cierto, y constituye una buena señal, que, si las elecciones se celebraran hoy, el 41,2 por ciento de los españoles votarían al partido de la gaviota: 6,3 puntos de ventaja sobre las estimaciones de voto que se le atribuyen al PSOE; pero también lo es, según la misma fuente, que el 84,6 por ciento de los electores piensan que Mariano Rajoy les produce «poca a ninguna confianza». Aun sabiendo que la demoscopia, siempre más cercana a la sociología recreativa que al análisis científico de la realidad, es la organización de la entelequia, el dato es sobrecogedor. Además, del 1 al 10, los encuestados del CIS valoran a José Luis Rodríguez Zapatero con 3,48 puntos y a Mariano Rajoy con tres décimas menos: 3,18 puntos.

Si se ahonda en las tripas de la encuesta del CIS, la realidad se hace todavía más negra para un PP, que, irresponsablemente, se jalea a sí mismo por su pírrica victoria. El PP, con respecto a las legislativas de 2008, solo ha crecido 1,3 puntos en expectativa de voto, mientras que el PSOE ha bajado 9 puntos. Es decir, por formularlo llanamente, que la abstención, IU, CiU y UPyD recogen más renta electoral de las pérdidas socialistas que el PP, lo que, en una formulación drástica, niega la cacareada opción alternativa que encabeza Rajoy. No debiera servir de consuelo para la derecha, como se han hartado de repetir ayer en los programas de la radio fofa que cubre el expediente veraniego, el hecho de que los españoles (78,9) no confíen en Zapatero. Es mayor, como señalaba más arriba, la desconfianza que provoca Rajoy.

El PP, sometido a la astucia rajoyana, un cóctel entre el no hacer nada y estarse quieto, es un partido sin liderazgo y, que sepamos, sin programa. Su tremenda debilidad se expresa en la encuesta que comentamos. Cuando el PSOE pierde 9 puntos, el PP solo gana 1,3. Así no hay manera de acortar distancias, todo lo contrario. Esa pasividad actuante está configurando y fortaleciendo nuevos partidos bisagra —atención a UPyD de Rosa Díez— que, unidos al vampirismo operativo de los nacionalismos ya establecidos, pueden llegar a condicionar, e incluso impedir, la recta gobernación de la Nación. Algo que por cierto, y sin que nadie lo impida, ya sucede en virtud de los excesos socialistas y de las perezosas carencias populares. Aun así, el PP se manifiesta contento y esperanzado. Su falta de percepción de la realidad resulta pasmosa y, lo que es peor, define a sus responsables.

ABC - Opinión

Crisis. El verano de 2010. Por Agapito Maestre

Me encojo de hombros, después de haber oído la plática del dueño del chiringuito. Y no me atrevo a largarle un jarro de agua fría a su optimismo, pero me he quedado con las ganas de preguntarle: "¿Cuánto tiempo todavía podremos aguantar?".

Oigo por la radio que los controladores amenazan con huelga, pero el ministro Blanco aguanta, porque se siente fuerte frente a un "colectivo" que parece haber perdido la cabeza. El verano está entretenido con el truchimán de La Moncloa cambalacheando con la ETA. Después de siete años, que ya son años, ha conseguido detener al asesino de Josefa Pagazaurtundua. La gente de bien celebra, cómo no, estas detenciones, pero los periodistas de Zapatero exhiben esa detención como el fin de la negociación con ETA. Falso. Es absolutamente compatible esta política de detenciones con una negociación a medio plazo con los criminales de ETA. Es la gran aportación de Zapatero a la historia de la infamia de la política.

Malo es lo de ETA, pero la crisis económica parece minar aún más la moral de los españoles. Es obvio que las vacaciones se han reducido, o peor, muchas familias españolas no saldrán de sus casas en todo el verano. Escribo cerca del mar. El chiringuito de la playa está casi vacío. La gente apenas consume. Pago por el alquiler del piso la mitad que el año pasado, pero me dice un vecino que lo podría haber conseguido aún más barato. Ya sé que no descubro nada nuevo, pero son datos básicos para saber que la crisis va para largo. Este cronista percibe que el personal está triste. Nadie ve por dónde puede salir esta ruina.

Sin embargo, me atrevo a darle un poco de ánimo al dueño del chiringuito, que no para de quejarse de la puñetera crisis. La gente, digo con cierto desmayo del alma, se adapta. Sobrevive. Parece que las redes familiares funcionan y protegen a los más desfavorecidos. También las ayudas de la caridad, especialmente las gestionadas por la Iglesia Católica, están paliando las desgracias de los más desfavorecidos. Y, por supuesto, la economía sumergida puede todavía mantener durante mucho tiempo esta agonía económica y social. Hay, pues, motivos para la esperanza.

Ya lo creo que hay motivos para la esperanza, me dice mi interlocutor, y si no mire, por ejemplo, lo de la señora Obama en la Costa del Sol. Hasta 800 millones de euros, según ha calculado una consultoría, puede generar la visita de la esposa del presidente de los EEUU. Lo importante ahora es no desesperar; se trata de mantener la cabeza serena, imperturbable, en fin, vital, porque sin esas cualidades Rodríguez Zapatero podría hacer aún más daño.

Me encojo de hombros, después de haber oído la plática del dueño del chiringuito. Y no me atrevo a largarle un jarro de agua fría a su optimismo, pero me he quedado con las ganas de preguntarle: "¿Cuánto tiempo todavía podremos aguantar?". ¡Quién lo sabe!

Libertad Digital - Opinión

Una rebelión. Por César Alonso de los Ríos

La diferencia de seis puntos que hay entre el PP y el PSOE es propia de una rebelión.

Lo que nos ha descubierto el CIS es una «rebelión». La diferencia de seis puntos que hay entre el PP y el PSOE (pongamos diez, como dice Ana Mato) no es simplemente una gran brecha, ni siquiera una alternancia en las preferencias sociales y en los programas económicos. En España esta distancia es, más bien, propia de una rebelión. Desarticulada en buena medida, no liderada, como lo prueba la nota que los encuestados dan a Rajoy; tampoco expresiva de una de las dos grandes concepciones que han dominado el mundo en el siglo XX… Es el rechazo radical de lo instalado que es la forma de organizarse que tienen las ideologías a estas alturas del desarrollo de los medios de comunicación. Como ha señalado hace tiempo André Glucksmann.

Es verdad que la razón principal de esta rebelión tiene su fundamento en la crisis, pero no sólo. Tiene que ver con la forma de gobernar de los socialistas. Está en relación con los contenidos en otras cuestiones: esa brutalidad de animar al aborto a las menores; ese modo sibilino y paternalista de imponer el igualitarismo y el estatismo en la Educación; esa utilización del maquiavelismo incluso en la «lucha» contra el terrorismo y, sobre todo, el entreguismo con los nacionalistas a fin de dominar el Estado hasta destruirlo a su conveniencia… Esta forma de plantarse la mayoría de la opinión pública tiene algo de levantamiento general frente a la normalidad que venido representando el socialismo a lo largo de esta tres décadas de democracia. Incluso los tardofranquistas de UCD se convirtieron mentalmente a la izquierda y no sólo en lo económico…

Esta ruptura aminorada que señala el CIS era temida por los ideólogos de la izquierda, ahora noqueados. Han comenzado a criticar a Zapatero pero no se atreven a condenarle. Tienen puesta la esperanza en una mejoría económica. No han tirado la toalla pero ya amenazan con hacerlo.

ABC - Opinión

Controladores. Pepiño Peso Pesado. Por Humberto Vadillo

Celebremos la aparente valentía de José Blanco, pero recordemos que es el mismo Pepiño Blanco que el día 29 se septiembre se irá del bracete con Don Toxo y Méndezzone.

Resulta sospechosa la intensidad con la que se conduce José Blanco contra la huelga de controladores aéreos. Una intensidad que contrasta poderosamente con el dulce cruce de miradas que resume la relación del Gobierno Zapatero con los sindicatos. Blanco, sólo o en compañía de su abismal ambición, ha encontrado en la Unión Sindical de Controladores Aéreos el sparring que necesita para comenzar su carrera hacia el título de los Pesos Pesados. Chaves ya ha marcado el terreno al decir que los controladores no defienden derechos sino privilegios y lo primero que hizo Blanco al saltar al cuadrilátero fue hacer públicos los latisueldos de los controladores. Pepiñus Clay pretende volar como una mariposa pero pica como un abejorro.

Como admirablemente ha denunciado Francisco Capella en estas mismas páginas, la USCA ha conseguido para los controladores abultados salarios "mediante la elevación de la demanda de controladores y la restricción de su oferta, fenómenos que no han sido ajenos a la presión sindical y a su capacidad de hacer daño al dejar de prestar un servicio esencial difícilmente sustituible". La USCA lleva meses desarrollando una huelga encubierta, de la que he sido víctima, por cierto, en al menos dos ocasiones. La USCA plantea ahora una huelga-espada de Damocles para este mismo mes sin importarle lo más mínimo los perjuicios, enormes, que causará a millones de pasajeros, a la imagen exterior de España y a nuestro principal sector económico. Unos daños que el mero anuncio de la huelga ya ha comenzado a producir.

Es decir, la USCA se está comportando como se comportan normalmente los sindicatos.

¿Por qué entonces el Gobierno Zapatero ha decidido plantar cara a la USCA cuando no lo hizo con aquellos sindicalistas del Metro que paralizaron la capital al grito de "Si tenemos que entrar a matar, entraremos a matar"? ¿Por qué Cándido Méndez tiene sillón favorito en la Moncloa? ¿Por qué la huelga general anunciada para septiembre tiene ese aire de sainete? Sainete por lo jocoso, sainete por lo liviano, sainete por lo chusco de los protagonistas, pero sobre todo porque, como el sainete, la función de esta huelga es servir de intermedio y alivio breve de una obra principal cuyo argumento es el absoluto control que los sindicatos CCOO y UGT ejercen sobre el mercado laboral español. Para que las carcajadas sean mayores, Zapatero acaba de premiar a los sindicatos con 29 millones de nuestros euros. ¿Cómo están Usteeeedes? ¡Bieeeeen!

Los sindicatos españoles se comportan como monopolistas del factor trabajo. Para tener éxito, el monopolista ha de ser capaz de restringir la cantidad de producto que llega al mercado. Los sindicatos lo han conseguido con la anuencia de sucesivos gobiernos, planteando un mercado de trabajo que semeja un castillo: en el interior del castillo se encuentran los trabajadores "fijos", de grandes empresas, con antigüedad, sindicados o al menos susceptibles de sindicación. En el exterior una enorme masa de desempleados, jóvenes sin experiencia, trabajadores con contrato temporal, trabajadores del sector servicios o de pequeñas empresas. Las armas con las que los sindicatos defienden su castillo son el salario mínimo, las indemnizaciones de 45 días por año trabajado, lo insólito de que los tribunales declaren un despido como procedente, la inexistencia de una Ley de Huelga... Todo ello ha conseguido crear una casta de trabajadores prácticamente intocables y una aristocracia sindicalista liberada por fin de la maldición bíblica de tener que trabajar. Han conseguido al mismo tiempo que España tenga una tasa de paro constantemente superior a la de los demás países de Europa y que llega ahora al 20%. Cinco millones de parados que a los sindicalistas dejan totalmente indiferentes. Han conseguido que España destaque por su baja productividad. Han condenado a miles de jóvenes a la temporalidad y al subempleo (la otra cara de la rigidez laboral), dañando gravemente las perspectivas vitales de toda una generación.

Así que critiquemos, sin duda, a la USCA pero recordemos que no hace nada que no hagan mejor UGT y Comisiones. Celebremos la aparente valentía de José Blanco, pero recordemos que es el mismo Pepiño Blanco que el día 29 se septiembre se irá del bracete con Don Toxo y Méndezzone, y con Zapatero si se tercia, a manifestarse en favor del Gobierno contra la pertinaz sequía.

Libertad Digital - Opinión

Elegir la derrota. Por Ignacio Camacho

Si la brecha sigue aumentando Zapatero va a tener que elegir por cuánto quiere perder y ponerle fecha a la derrota.

COMO la célebre rosa de Gertrude Stein, una encuesta es una encuesta es una encuesta es una encuesta. Sólo una encuesta. Es decir, un retrato (aproximado) de opinión pública en unas determinadas circunstancias, que no conviene extrapolar sin riesgo a situaciones eventualmente diferentes. No es un pronóstico, ni una predicción ni una cábala, y sólo tiene el valor del momento en que sus preguntas han sido contestadas. Ahora bien, cuando muchas encuestas coinciden en similares resultados y además lo hacen durante un lapso de tiempo sostenido, entonces estamos ante una tendencia sociológica, y ésa es la conclusión esencial que se desprende de los numerosos sondeos que desde hace meses reflejan una considerable y creciente ventaja electoral del PP. Lo que esa variopinta serie de estudios indica es que, en primer lugar, el Partido Popular ganaría las elecciones si se celebrasen ahora mismo, y en segundo, que tiene toda la traza de ganarlas en un plazo medio porque el desgaste del Gobierno está consolidando un vuelco político.

La última y recién conocida oleada del CIS señala, además, que la relativamente baja valoración de Mariano Rajoy no influye demasiado en esa expectativa de triunfo, porque la imagen y el crédito de Zapatero se han desmoronado y la gente ha dejado de creer en sus maniobras tácticas. También indica el sondeo que la intención directa de voto del centro-derecha es ya sensiblemente superior a la de los socialistas; y por último, revela que el instituto de opinión oficial maneja de forma discrecional sus propias proyecciones, cocinando a la baja los resultados del PP porque no se los acaba de creer del todo. En realidad, la ventaja probable —y la que habría reflejado cualquier otro estudio a partir de los mismos datos— es de unos diez puntos, o sea, una verdadera paliza; pero el CIS, que dispone de los mejores encuestadores y de la mejor red de campo de España, tiende a corregir sus cifras con un criterio político. A lo mejor, sin embargo, está en lo cierto y cuando lleguen las elecciones el PSOE consigue recortar la distancia hasta esos cinco o seis puntos que ahora mismo parece haberse sacado de la manga con un sesgo favorable al Gobierno.

Con esas perspectivas tan poco alentadoras para sus intereses, es evidente que el único recorrido político viable para Zapatero consiste en principio en sostener «como sea» la legislatura a ver si le mejoran un poco las expectativas, y no adelantar de ningún modo unas elecciones que a día de hoy tiene más perdidas que el famoso barco de arroz de Perón en la autarquía franquista. Pero si la brecha sigue aumentando va a tener que tomar una decisión dolorosa: elegir por cuánto quiere perder y ponerle fecha a la derrota. Quizá ésa sea su última prerrogativa, aunque está por ver si tendrá la responsabilidad suficiente para comprenderla.

ABC - Opinión

Al carajo. Por Alfonso Ussía

Durante un tiempo, no breve, he creído que el CIS, creado como Centro de Investigaciones Sociológicas, se había convertido en el Centro de Invenciones Socialistas. Y todavía no las tengo todas conmigo. Sus máximos responsables son designados por los gobiernos de turno, y el perro no muerde la mano de quien le regala el pan. Pero en esta ocasión no ha sido posible el mejunje. Se ha podido camuflar la catástrofe, pero no el desastre. El Partido Popular ganaría, de celebrarse ahora las elecciones, por seis puntos. Y no se debe a una espectacular subida del PP, que ha contagiado su entusiasmo a la ciudadanía. El PP de Arriola sigue donde estaba. Sucede que el PSOE de Zapatero se está yendo al carajo, que no es oración fina ni sutil, pero muy expresiva. Tenemos que recuperar la libertad de expresión de nuestros clásicos, que no se cortaban un pelo. Al pan, pan; al vino, vino, y al que se marcha al carajo, al carajo. Con anterioridad a los sumos sacerdotes del Siglo de Oro, Cervantes, Góngora, Quevedo y Villamediana –Calderón de la Barca era todavía un niño–, la poesía castellana del áspero medievo no se paraba en barras. Y de Juan de Valladolid a Perálbarez de Ayllón, pasando por el mismo Conde de Paredes, padre de Jorge Manrique y cuya muerte llevó al gran poeta a escribir una de las joyas inalcanzables de la poesía española, el carajo era habitual inquilino en las composiciones poéticas. Ahora nadie se atreve a mandar al carajo al Presidente del Gobierno, y el que escribe forma parte del grupo de los prudentes, pero lo ha hecho el CIS, muy a pesar suyo, y no hay más remedio que comentarlo.

Se deduce de la última encuesta que los españoles están hasta las narices de sus representantes. Los políticos se han convertido en el tercer problema de España, después del paro y de la situación económica, que son, a su vez, consecuencia de las decisiones políticas. Se empiezan a oír voces contra las autonomías, y se miran con lupa los despilfarros de dinero público. Como hay que pagar las vacaciones de los liberados sindicales, el Gobierno les ha mandado una limosna estival de veintinueve millones de euros, con el fin de que la anunciada huelga general sea más huelguita que huelga y menos general que Fidel Castro, que se quedó en comandante.

La valoración de los políticos es pavorosa. Y más de uno tendría que pensar si es conveniente su insistencia en permanecer en la cosa. Sorprende que el PP, al que el propio CIS da por ganador rotundo en las próximas elecciones, cuente con un líder que no alcanza ni cuatro puntos de estima popular. Así está la gente. Harta del Gobierno, harta de sus «girls» inútiles, harta de sus compromisos subvencionados, harta de sus mentiras y harta de su desfachatez. «Fuése don Gomo al trabaxo/ y don Alvar al caraxo», que escribió Antón de Montoro, «El Ropero».

Ya no le queda al CIS, Centro de Investigaciones Sociológicas o Centro de Invenciones Socialistas, que a estas alturas lo mismo da, margen para la manipulación de datos. Me los figuro suavizados, después de un denodado esfuerzo. Y aún así, devastadores para Zapatero y su Gobierno. Me gustaría conocer los resultados de una encuesta sobre los sindicatos, pero no se atreven. Lo que se palpa aquí es que la política va por un lado y la ciudadanía por el otro. Viven aparte, como decía el gran Saki. «Vivo tan por encima de mis posibilidades, que por decirlo de una manera, vivimos aparte». Eso se deduce. El CIS ha mandado al carajo a Zapatero. Ayer cumplió cincuenta años, no el CIS, sino Zapatero. Felicidades atrasadas.

La Razón - Opinión

Políticos. Lo peor de cada casa. Por Emilio Campmany

Da la impresión de que a la política va lo peor de cada casa y que, después de una rigurosa selección, son escogidos los peores de todos los que aspiran a un cargo público.

Los españoles tenemos en Europa fama de violentos y pasionales. La Guerra Civil y los toros tengan quizá la culpa de esta imagen tan deformada. Yo creo más bien que somos ingenuos e indulgentes. Díganme si no por qué cuando el CIS nos pregunta cuáles son los más graves problemas que padecemos, los españoles ponemos por delante de los políticos a la crisis y el paro. Es absurdo. Buena parte de la responsabilidad de la crisis y el paro que padecemos la tienen los políticos, de forma que ellos son los que deberían aparecer en primer lugar. Luego, cuando dentro de varias décadas desaparezcan la crisis y el paro, los españoles atribuiremos la milagrosa curación a los políticos, cuando lo más probable es que la solución de ambos problemas, si es que algún día se superan, se habrá logrado a pesar de ellos, no gracias a ellos.

El problema que tenemos es tan grave que ni siquiera el señor Lobo, ese personaje de Pulp Fiction que interpretaba Harvey Keitel, podría arreglarlo no obstante ser su oficio el de resolver problemas. Sólo en estas horas, han detenido a un concejal de IU de Martín de la Jara (Sevilla) por sacudirle a su hija. Otro del PSOE, de San Antoni, en Ibiza, lo ha sido por poseer pornografía infantil. Y en Asturias, han arrestado a un concejal del PP con ocasión del atropello mortal de un ciclista acusándole de omisión de socorro.

Da la impresión de que a la política va lo peor de cada casa y que, después de una rigurosa selección, son escogidos los peores de todos los que aspiran a un cargo público. Ya no es sólo la corrupción, que puede asumirse como un mal endémico. Ya no es la soberbia y la vanidad de la que hacen gala, que puede ser perdonable si se considera que nadie sin un ego del tamaño del Taj Mahal podría dedicarse a una profesión en que los desayunos consisten en media docena de sapos con una generosa guarnición de culebras a cambio de un cargo. Ya no es el desprecio que sienten respecto de las leyes que ellos mismos dictan y que violan sistemáticamente, desde las normas de tráfico hasta las de Sanidad. Ya no es que empleen todos los medios públicos que se ponen a su servicio para el mejor desempeño del cargo con fines privados utilizando helicópteros y aviones de la Fuerza Aérea en viajes privados o encargándole a la Guardia Civil que les localicen a la criada porque se olvidaron las llaves de casa. Todo eso es más o menos asumible si aceptamos que nuestro país es poco más o menos una república bananera con forma de reino.

Lo que no hay quien aguante es una casta política rodeada de pelotas y aduladores que, no conforme con esquilmar los fondos públicos que se nutren de lo que nos sacan con impuestos abusivos, se dedique a destrozar la estructura social, económica y política del país como un modo de justificar sus privilegios. No encuentran otro modo de merecer los muchos abusos que perpetran que "haciendo cosas". Y luego resulta que esas "cosas" son del estilo del estatuto de Cataluña, por poner el ejemplo más flagrante.

Así que tenemos en nuestros políticos un gravísimo problema. Lo que no sé es cómo lo vamos a resolver. Ahora, sí sé que somos nosotros quienes tenemos que hacerlo.

Libertad Digital - Opinión

Lo que no se puede

El Gobierno sigue buscando burlar un fallo que anula el intento nacionalista de un gobierno judicial propio.

DE espaldas a la sentencia del Tribunal Constitucional y, lo que resulta más grave, al margen de su papel institucional, el Gobierno sigue buscando subterfugios legales para burlar un fallo que anula, entre muchos otros artículos, el intento nacionalista de poner en marcha un sistema de gobierno judicial propio. Ayer fue el secretario de Estado de Justicia el encargado de asegurar que «poderse, se puede perfectamente», en relación con la creación de consejos territoriales de justicia en las diferentes comunidades autónomas. Ni siquiera la negativa con que distintos miembros del CGPJ respondieron a este nuevo y alegre desafío hace desistir de su empeño a un Ejecutivo decidido a abanderar la batalla por una causa en la que defiende intereses particulares.

ABC - EDitorial

Alerta ante Al Qaida

El terrorismo islamista sigue siendo una amenaza real para España. Así lo advierte el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, en el que se subraya que nuestro país continúa siendo un «objetivo principal» de los grupos islámicos terroristas. Prueba de ello es que, en la actualidad, dos españoles permanecen secuestrados desde noviembre por la rama de Al Qaida en el Magreb Islámico, que tiene en el punto de mira a España. Lejos de ser casual, es significativo, y preocupante, que hayan bautizado su unidad de propaganda como «Al Andalus». Y es que, como subraya el informe del Departamento de Estado, parte del arsenal ideológico de los grupos islámicos terroristas descansa en su imaginario sobre la necesidad de reconquistar el solar donde floreció la cultura musulmana, ese mítico Al Andalus que tienen como paraíso perdido o tierra de promisión. También se amparan en la necesidad de «liberar» los enclaves españoles en África de Ceuta y Melilla y en la retirada militar de los contingentes españoles en Afganistán y Líbano. La primera conclusión de este informe es que desmonta la falacia del discurso que azuzó la izquierda que afirmaba que el salvaje atentado del 11-M era una trágica consecuencia de nuestra presencia en Irak. La realidad nos dice que, desde 2004, el terrorismo islamista no ha dejado de mostrarse activo en nuestro país. Prueba de ello son las más de 28 operaciones antiterroristas que han llevado a cabo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad contra redes cuyas principales funciones eran el apoyo logístico, el reclutamiento y envío de voluntarios para integrarse en células terroristas, así como la preparación de atentados en nuestro país que fueron finalmente abortados. Entre ellas cabe destacar la detención, en enero de 2008, de una célula que preparaba un ataque contra el sistema de transporte en Barcelona. Los once acusados, la mayoría pakistaníes, fueron condenados, en 2009, con sentencias de entre 8,5 y 14,5 años. Aunque la comunidad musulmana está bien arraigada en nuestro país sin que protagonice ningún altercado cívico o algún episodio que altere la convivencia, sí es cierto que hay una minoría ante la que conviene estar alerta. Los radicales están asentándose en torno a ciertas mezquitas con la intención de captar adeptos entre los más moderados. Recientemente, especialistas en combatir el terrorismo islamista advirtieron del riesgo de que el canal de televisión de contenido religioso «Córdoba» se convierta en plataforma del yihadismo a partir de octubre. No en vano difundiría el wahabismo, una doctrina radical del islam, con la intención de adoctrinar y desestabilizar a la comunidad musulmana. Conviene estar más que atentos a la evolución de estos focos radicales, calibrar su operatividad dentro y fuera de nuestras fronteras y actuar con diligencia en cuanto aparezca cualquier indicio de delito. Hasta el momento, el Ministerio de Interior y los jueces están haciendo una notable labor, pero hay que insistir en ella, diseñando unas líneas de actuación aún más eficaces dentro y fuera de nuestras fronteras para impedir que los fanáticos vuelvan a golpear brutalmente a los españoles.

La Razón - Editorial

El fracaso del feminismo socialista

Las organizaciones feministas radicales podrán buscar las excusas que quieran, pero la realidad ha desmentido sus presupuestos ideológicos. El socialismo no sólo fracasa en la economía; legislar olvidando al individuo siempre será un error.

La ley integral contra la violencia de género fue aprobada merced a un gran consenso político y judicial. Ahora que tanto se critica al Tribunal Constitucional por su infame sentencia sobre el Estatuto, no está de más recordar que ese mismo órgano dictaminó que considerar los mismos hechos como delito o falta dependiendo del sexo del culpable no chocaba con el artículo 14 de nuestra carta magna, ese que dice que todos somos iguales y no podemos ser discriminados por razón, entre otras cosas, de sexo. Aquel consenso iba a traernos la desaparición o, al menos, una gran reducción de la violencia doméstica. Sin embargo, las cifras de asesinatos no muestran ninguna tendencia a reducirse.

Aquella ley violaba obscenamente un principio sagrado que observa todo Estado de Derecho que merezca tal nombre: la igualdad ante la ley. Cabía esperar que, al menos, fuera efectiva en su propósito. Pero no. Sin embargo, no existe arrepentimiento ni mucho menos propósito de enmienda, porque quienes promulgaron la ley están seguros de tener razón al margen de lo que nos digan los hechos: están blindados ante la realidad por una ideología, en concreto la de genéro: el feminismo socialista.

El feminismo nació como un movimiento liberal, que buscaba equiparar a las mujeres en derechos y libertades; es decir, buscaba la igualdad ante la ley, acabar con la discriminación por razón de sexo. Pero una vez desapareció en los países occidentales esa desigualdad legal, el feminismo mutó y se convirtió en una más de las múltiples ideologías socialistas, que no buscan la defensa de los derechos de las mujeres como individuos, sino como colectivo. Así, el feminismo pasó de defender la igualdad ante la ley a patrocinar la igualdad mediante la ley: es decir, pretender que las mujeres en conjunto tengan unos resultados idénticos al de los hombres en conjunto, aunque eso suponga cometer numerosas injusticias con hombres y mujeres reales, de carne y hueso.

En las cloacas más radicales de este nuevo feminismo antiliberal, al no alcanzarse esa igualdad de resultados, derivó en la denigración del hombre y la exaltación de la mujer: la culpa de que no funcionaran sus recetas era el machismo, la agresividad y demás taras del hombre, que impedían que la mujer, netamente superior, alcanzara su sitio en la sociedad. Herencia de esta basura ideológica, que culpa al hombre no por sus propios actos, sino por ser hombre, es la ley de violencia de género. En ella se creó una jurisdicción especial, se consiguió que un hecho fuera considerado delito por el hecho de que lo cometiera el hombre y se aprobó que se pudieran aplicar todo tipo de medidas cautelares contra un hombre con sólo la palabra de la mujer, lo que ha llevado a muchas de ellas –no precisamente las destinatarias de la ley– a abusar de este prerrogativa denunciando falsamente a su pareja.

No cabe duda de que para muchos esas injusticias merecerían la pena si se lograra reducir esa lacra que es la violencia de género. Pero el caso es que no se ha conseguido, de modo que estamos globalmente peor que antes de la aprobación de la ley. La solución del feminismo radical, como siempre sucede con el socialismo al verse el fracaso de sus recetas, es la huida hacia delante. La última del ministerio de Aído ha sido culpar a los jueces por no activar suficientes pulseras para controlar a los maltratadores, lo que ha provocado la lógica respuesta de los magistrado, algo cansados ante tanta demagogia.

El Ministerio de Igualdad y las organizaciones feministas radicales podrán buscar las excusas que quieran, pero lo cierto es que la realidad ha desmentido sus presupuestos ideológicos. El socialismo no sólo fracasa en la economía; legislar olvidando al individuo siempre será un error. Ha llegado el momento de reformar o derogar la ley contra la violencia de género. Cada minuto que pase sólo supondrá la perpetuación de la injusticia y la desigualdad ante la ley.

Libertad Digital - Editorial

Violencia creciente

El Ministerio de Igualdad ha fracasado a la hora de poner freno a una lacra social que no desaparece con su recurrente palabrería y, menos aún, con acusaciones hacia los jueces.

LA violencia contra la mujer es un problema que debe ser combatido con acciones eficaces y no con mera propaganda. Sin embargo, el Ministerio de Igualdad parece empeñado en buscar cualquier pretexto para eludir su responsabilidad en un fenómeno que desde el principio le vino grande. Durante la presentación de su último informe estadístico, el delegado del Gobierno para la Violencia de Género quiso ir más allá del enorme drama que revelan las cifras para responsabilizar a los jueces de la presunta desprotección en la que se hallan 161 mujeres —«en riesgo extremo», dijo— que deberían llevar pulsera de protección. Es lógico que desde el ámbito judicial le hayan recordado a este alto cargo que el deber de los jueces es aplicar la ley y que, por tanto, no pueden «repartir» pulseras si no se cumplen estrictamente los requisitos legales y sin los preceptivos informes policiales. A la desesperada, y sin rigor alguno, el departamento que dirige Bibiana Aído ha fracasado a la hora de poner freno a una lacra social que no desaparece con su recurrente palabrería y, menos aún, con acusaciones tan graves como las vertidas hacia los jueces. Las campañas se suceden, los medios no llegan a tiempo y la violencia no cesa: este año se está registrando un repunte del número de víctimas, con el peligro de un incremento a corto plazo, habitual en la segunda quincena de agosto.

Un amplio sector social sigue siendo particularmente insensible a la violencia de género, lo que obliga a intensificar las medidas educativas. Resulta alarmante que el 40 por ciento de la población culpe de la violencia a la mujer cuando continúa viviendo con el maltratador, y roza lo intolerable que un 6 por ciento justifique la agresión cuando una mujer pone fin a la relación de pareja. Tampoco es un éxito el teléfono 016, que Aído presentó como la panacea de todos los males: el número de llamadas ha disminuido más del 15 por ciento y, por supuesto, no es creíble que este descenso se deba a que ahora resulta menos necesario que antes, como afirma sin pruebas el delegado del Gobierno. Sigue siendo un reto pendiente mejorar la situación de las mujeres extranjeras, un colectivo especialmente vulnerable por su debilidad. A la vista del informe, está claro que la «ley estrella» de Rodríguez Zapatero, aprobada en su día con el máximo consenso, no ha cumplido las expectativas, acaso porque Aído y otros responsables políticos malgastan el tiempo en una retórica vacía de contenido, cuando no irresponsable, y no ponen los medios personales y materiales imprescindibles para frenar esa auténtica sangría que sufre la sociedad española.

ABC - Editorial

Nuestro amable asesino. Por Hermann Tertsch

Es la sociedad enferma de nacionalismo la que debe reinsertarse en la comunidad civilizada de la libertad.

SIEMPRE es motivo de alegría la detención de un etarra, y mucho más cuando está acusado de crímenes de sangre. Pero perdonarán que algunos sintamos una alegría especial al ver esposado y escoltado por la Erztaintza a ese tal Gurutz Aguirresarobe, aún presunto asesino de Joseba Pagazaurtundúa y probablemente también de Manuel Giménez Abad. En los siete años desde el asesinato de Pagaza en Andoaín no se habían tenido noticias sobre sus verdugos, y muchos eran los temores de que este caso entrara finalmente en ese saco de los crímenes no resueltos de ETA. Que no son pocos e inducen siempre al desasosiego por la certeza de que los asesinos andan sueltos. En el caso de Pagaza concurren otros elementos que hicieron especialmente trágico y repugnante el crimen. Por un lado, la convicción de la víctima —expresada una y mil veces a amigos y autoridades— de que le iban a matar. Por otro, la miseria moral de los entonces responsables de Interior en el Gobierno vasco, pero también de notables de su partido, el socialista, que hicieron oídos sordos a sus llamadas de auxilio. Háganse un favor todos y compren el libro «Vidas rotas» (Espasa), que recoge la historia personal de las 857 víctimas mortales de ETA en medio siglo. Es un monumento a las víctimas. Pero también un acta de acusación. Contra los terroristas, pero también contra la sociedad vasca —y la española en general— y contra tantos políticos que han sabido convivir con el terrorismo cuando no aprovecharlo en beneficio propio. El capítulo sobre Joseba es desgarrador. Revela el grado de soledad e indefensión en que vivió los últimos años y meses de su vida, en los que llamó a mil puertas. Pidiendo por su vida. Inútilmente.

Ahora tenemos al miserable que lo mató. Y su identificación crea interrogantes que podrían resultar incómodos a más de uno. ¿Quién es? Buen comedor, trabajador, jugador de rugby, educado y amable, poco bebedor, sanote y pronto papá. Un jatorra que diríamos allí. Perfectamente socializado. Si el objetivo máximo de la cárcel es la reinserción, se la pueden ahorrar al mocetón. Está mucho más integrado de lo que nunca estuvo Joseba, ignorado, difamado y asesinado. En Hernani gobiernan —gracias al fiscal general del Estado y al presidente del Gobierno— los etarras de ANV. Lograron casi el 50 por ciento de los votos, defendiendo el asesinato de Joseba. Puede la Policía pedirle ahora mismo al asesino amable que firme esa cartita con la que el ministro Rubalcaba justifica beneficios a otros asesinos etarras. ¿A que la firma? Queda así en evidencia todo el discurso tramposo del ministro. Porque los asesinos están insertados. Es la sociedad enferma de nacionalismo la que debe reinsertarse en la comunidad civilizada de la libertad y la compasión. Para lo que debe abolirse la impunidad vigente. Significa que el asesino sociable, todos los asesinos etarras, han de cumplir todas sus penas hasta el final. Quien mate debe saber que acaba con dos vidas, la de la víctima y la propia.

ABC - Opinión

Corrupción soberanista. Por M. Martín Ferrand

La corrupción de los políticos no suscita mayores irritaciones. Está en la costumbre y en la tradición.

HACE cinco años, cuando era presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall se lo dijo a Artur Mas, a la sazón jefe de la oposición en el Parlament: «Ustedes tienen un problema y ese problema se llama 3 por ciento». Maragall se quedó corto. Según la Agencia Tributaria y el juez que investiga el desfalco en el Palau de la Música, el problema en lo que a Convergencia Democrática de Cataluña respecta es del 4 por ciento. Otra cosa es lo que los intermediarios, indispensables en el tráfico mercantil lícito e ilícito, se hayan quedado por el camino. Félix Mollet y Jordi Montull, los administradores del Palau y protagonistas del escándalo en curso, sirvieron de intermediaros entre el Gobierno de CiU y Ferrovial para que la compañía fundada por Rafael del Pino recibiera el encargo para la construcción de la línea 9 del Metro barcelonés y —simbólicamente, supongo— la Ciudad de la Justicia.

Nuestra corta experiencia democrática es larga en escándalos de corrupción. El crecimiento económico de los últimos 30 años, que ha sido parejo a la merma de los servicios de intervención y control del Estado, ha favorecido, junto con la laxitud moral imperante, un generalizado desprecio por los fondos públicos, el dinero de todos, que, a decir de la que fue ministra de Cultura, Carmen Calvo, «no es de nadie». Pero un caso tan flagrante como el de las relaciones entre una empresa constructora y un Gobierno autonómico, con conocimiento de los intermediarios y el monto de la operación, es algo nuevo que, eso sí, tendrán que sentenciar los tribunales; pero que, con lo ya puesto en evidencia, es motivo suficiente para el escándalo. No es un problema de cuantía, que la moral no tiene calculadora; sino de actitudes y modos de proceder.
En casos como éste, demasiado frecuentes, no se sabe qué ver con peores ojos. La corrupción de los políticos, aun siendo la mayoría —supongo— de acrisolada honradez, no suscita mayores irritaciones. Está en la costumbre y, con diversas cuantías y procedimientos, también en la tradición. Que se lo pregunten al Duque de Lerma. Otra cosa es la seriedad y el rigor de las empresas. Especialmente de las que cotizan en Bolsa y, por ello, tienen una propiedad dispersa y colectiva. ¿Cuentan sus rectores con el visto bueno de sus accionistas para entregarse a prácticas tan indignas y reprobables? En el caso de Ferrovial, ¿podrá esa compañía firmar nuevos contratos con cargo al Presupuesto de las Administraciones públicas? La frecuencia de la corrupción instala la sospecha permanente y es urgente erradicar del juego a los tramposos, públicos o privados.

ABC - Opinión

Síndrome de abstinencia. Por Ignacio Camacho

La nostalgia de la vieja Marbella ha generado un bucle melancólico de ansiedad por reconstruir la imagen del paraíso.

EN la Marbella de Hohenlohe, mucho antes de que Gil convirtiese la ciudad en una siniestra «banana republic», los verdaderos ricos y las auténticas bellezas se paseaban en traje de baño sin que nadie se dignase dirigirles una mirada. El glamour consistía exactamente en eso: en la naturalidad con que Onassis podía atracar en Banús —atracar el yate; los atracos luego los perpetraron los concejales— y tomarse un helado en el muelle sin que lo molestara un papparazzoni le saliese a recibir un comité de próceres locales y autonómicos como escapados de una película de Berlanga. El turismo de élite se sentía allí en un confortable biotopo construido a la medida de su privacidad y sus silencios; un lugar donde el éxito o la fama eran parte del paisaje y del clima como el sol o las buganvillas, y donde cualquier celebridad planetaria contaba con la complicidad de una indiferencia espontánea que no necesitaba la protección de ejércitos de guardaespaldas especializados en el blindaje de anonimatos.

La nostalgia de aquel tiempo liminar en que la marca marbellí se promocionaba sola a través de susurros en un mundo de lujo discreto ha generado un bucle melancólico acrecentado por la ansiedad de reconstruir la imagen del paraíso que los mangantes más horteras de la modernidad convirtieron en una cleptocracia. El marketing político e industrial suspira hoy por iconos que proyecten reflejos realmente universales en un mundo en el que cualquier mediocre semifamoso anuncia en twitter el momento exacto en que se dispone a ir a mear. Todo el alboroto organizado, con notables ribetes de paletismo, en torno a la visita de Michelle Obama obedece a esa necesidad compulsiva de crear valor añadido mediante técnicas de branding, una cierta obsesión de supervivencia competitiva a la que se suma el afán de rentabilidad electoral de una clase dirigente obcecada con el rédito populista. En la expectativa aldeana de esa recepción desmedida, cuya indiscreta ostentación ha tenido que corregir la Casa Blanca, se manifiesta una mezcla de síndrome de abstinencia de momentos estelares y de afán de protagonismo político. La estancia de la familia presidencial americana —que acaso debería por su propio bien alejarse de ciertos tics de nuevos ricos— constituye sin duda el mejor y más importante impulso publicitario que podía soñar la Marbella honrada y acogedora cuyo merecido prestigio arrasó el latrocinio gilista, pero el exceso de alboroto ha revelado una desazón pueblerina magnificada por la urgencia histórica de una ciudad que se echa de menos a sí misma. Nada tiene de cuestionable el aprovechamiento de una oportunidad legítima; sin embargo, esta agitación exagerada de gestualidad propagandística ha dejado una sensación inevitable de sobreactuación que no es sino la involuntaria confesión de una preocupante decadencia.

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Concordia y legitimidad. Por Ignacio Sánchez Cámara

«El problema del socialismo es que su doctrina del poder le hace incompatible con el principio de legitimidad democrática. De ahí la tentación revolucionaria, es decir, totalitaria, que siempre padece el socialismo y a la que con tanta frecuencia sucumbe».

LA clave del problema del poder se encuentra en la legitimidad. Y la clave de ésta reside en la creencia generalizada en que el poder, sea más o menos justo o eficaz, es legítimo. Sin concordia básica no es posible la legitimidad. Cuando la convivencia de una sociedad se rompe en dos grupos antagónicos, cuando la concordia deja de existir, la legitimidad es imposible. Tan imposible como cuando el poder legítimo es usurpado.

Y no conviene despreciar la relevancia del poder. Si la tendencia a verlo todo políticamente es un error, también lo es, y no menor, no ocuparse nunca de la política. En realidad, sólo caben tres posibilidades: o vivimos bajo un gobierno legítimo, es decir, que estimamos que, nos guste más o menos, o incluso nada, quien gobierna tiene derecho a mandar; o, en caso contrario, debemos intentar cambiar el gobierno; o, y ésta es la tercera posibilidad, podemos vivir bajo un gobierno ilegítimo y aceptarlo. Esto no es otra cosa que puro envilecimiento.

Pero entonces, la primera gran cuestión política es algo previo a ella, que afecta al fondo de una sociedad: la concordia. Sin ella, no es posible un poder legítimo. Y no hay pecado social y político mayor que el que cometen quienes contribuyen a la destrucción de la concordia. Por cierto, y para los «consensualistas» al uso, por concordia entiendo no el acuerdo político ni el consenso sobre las grandes cuestiones de Estado, sino algo más profundo y previo: la decisión de vivir juntos y bajo instituciones aceptadas por todos (o casi todos, pues la concordia puede no ser total). Lo que significa la concordia y su pérdida fue explicado magistralmente por Cicerón. También puede leerse con provecho el ensayo de Ortega y Gasset sobre el Imperio romano.

Parece que andan empeñados algunos entre nosotros (incluso en el Gobierno) en renegar de la Transición y reivindicar la legitimidad de la Segunda República. Doble y terrible irresponsabilidad. Primero, por romper la concordia y, con ella, destruir las condiciones de posibilidad de la convivencia y de la legitimidad democráticas. Segundo, por sustituir la legitimidad actual por un régimen que nunca llegó a ser legítimo. Lo siento, pero la República nunca llegó a ser un régimen legítimo. Y, suponiendo que lo hubiera sido en la primera hora, desde luego pronto dejó de serlo, como muy tarde en 1934.
Y no llegó a ser legítimo porque no pudo o no supo serlo, porque nació bajo la ausencia de la concordia y nunca logró restaurarla. Esto es lo que, entre otros, vio claro muy pronto Ortega y Gasset: que, desde su origen, la República renunció a ser un régimen para todos, y aspiró a ser el de unos, fueran o no mayoría, frente a otros. Pero si el gobierno democrático puede ser cuestión de mayorías (con respeto a las minorías), la concordia es otra cosa.

Discutir si la guerra civil pudo ser evitada puede ser más o menos ocioso. En realidad, pudo evitarse, pero el camino tomado en 1931 y, sobre todo, en 1934, y más aún en febrero del 36, conducía a ella, a menos que se rectificara el rumbo y se restaurara la concordia. De ahí, que ninguno de los dos posibles bandos vencedores hubiera podido aspirar a la legitimidad. Sin concordia, no hay legitimidad. Y una guerra civil es la más radical y terrible ruptura de la concordia. Por eso se equivocan (o, quizá algunos de ellos, mienten) quienes pretenden que el Gobierno republicano de febrero del 36 era legítimo. Como lo hacen quienes piensan que el nacido del levantamiento de julio fue legítimo. Se trataba de otra cosa. La guerra civil no fue un conflicto entre un Gobierno democrático legítimo y unos golpistas fascistas. Ignoran quienes esto pretenden lo que fue el Frente Popular y lo que son los principios de legitimidad y su fundamento: la concordia. Para subsanar lo primero, conviene acudir a la Historia, no a la memoria histórica. Para lo segundo, puede resultar útil la lectura de un ya casi viejo libro de Guglielmo Ferrero, publicado en 1942: El Poder. Los Genios invisibles de la ciudad. Europa ha combatido desde 1789 hasta la segunda guerra mundial por dos principios de legitimidad: uno, el aristocrático-monárquico, que ya había perdido su legitimidad, y otro, el electivo-democrático, que, salvo excepciones como Suiza e Inglaterra, aún no lograba alcanzarla. En realidad, fue la lucha entre las dos revoluciones francesas: la liberal y democrática y la propiamente revolucionaria. Como recordaba Talleyrand, sólo el trascurso del tiempo permite que un poder termine convirtiéndose en legítimo. Aunque la legitimidad se nutre más de pasiones que de doctrinas, en nuestro tiempo, al menos en las sociedades occidentales, ha terminado por imponerse la legitimidad democrática. Pero la democracia es, como principio de legitimidad, más frágil que la aristocracia o la monarquía. Además, no deja de afectarle la eficacia. Como afirma Ferrero, «el día en que el pueblo empiece a dudar del poder y de su eficacia para satisfacer sus necesidades, la legitimidad habrá comenzado inexorablemente su cuenta atrás».

La democracia se basa en dos principios: la libertad de sufragio y el derecho de oposición. Y vive bajo una contradicción: la imposibilidad de una comunidad política en la que los que tienen el deber de obedecer sean, a la vez, titulares del derecho de mando. El poder viene siempre de arriba; la legitimidad, de abajo. La democracia no es el gobierno del pueblo, sino el régimen en el que el poder es elegido y, por tanto, delegado. El mayor riesgo para las democracias es la generación de un dualismo destructivo, que conduzca a la ruptura de la concordia y a un gobierno revolucionario o, lo que es lo mismo, totalitario. Por eso, la democracia requiere educación, cultura y un exquisito juego limpio entre el Gobierno y la oposición. Y si negar legitimidad al Gobierno legítimo es pecado de lesa democracia, también lo es negar legitimidad a la oposición, que forma parte de la soberanía popular tanto como el Gobierno.

El ideario de la soberanía popular se sustenta en grandes valores morales y espirituales, en los que deben coincidir Gobierno y oposición. Una vez más, la concordia. «Sin esta coincidencia previa el derecho de oposición terminará convirtiéndose inexorablemente en el campo de batalla de un duelo mortal en el que los partidos, en vez de batirse caballerosamente según unas reglas del código del honor conocidas y respetadas por todos, tratarán de destruirse mutuamente».

En este sentido, el problema del socialismo es que su doctrina del poder le hace incompatible con el principio de legitimidad democrática. De ahí la tentación revolucionaria, es decir, totalitaria, que siempre padece el socialismo y a la que con tanta frecuencia sucumbe. Si todo lo anterior no está equivocado, entonces la mayor irresponsabilidad que puede cometer un Gobierno es contribuir a romper la concordia básica de la sociedad. Y en el pecado lleva la penitencia, pues, al destruir la concordia, destruye, a la vez, el principio de su propia legitimidad.

Ignacio Sánchez Cámara es Catedrático de Filosofía del Derecho

ABC - Opinión

EEUU. ¿Tan mal lo están haciendo los demócratas?. Por Ignacio Moncada

El motivo por el que los americanos comienzan a darle la espalda al Partido Demócrata es porque sus reformas, pese a su atractivo europeo, son lesivas para el contribuyente. Y por tanto para la economía.

El Partido Demócrata de Estados Unidos esperaba dar un bajón en las elecciones parciales que se producirán en noviembre. Pero, según se acerca la fecha clave, amenaza con convertirse en una pesadilla. En las mid-term elections se renuevan 37 de los 100 escaños del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes. Y las perspectivas demócratas no son buenas. Robert Gibbs, el secretario de Prensa de la Casa Blanca, encendió las alarmas del partido al ponerle voz al temor que gravita sobre la formación política del presidente Obama: admitió que podían perder la mayoría en el Congreso, y que el Senado estaría disputado. Lo que hace pocas semanas era impensable, perder el Senado, ahora es factible. Y podría ir acompañado de un golpe psicológico mayor. Los republicanos pueden lograr la llamada trifecta: hacerse con los escaños que antes ocupaban Obama por Illinois y el vicepresidente Biden por Delaware, y la silla que ocupa Harry Reid, el líder de la mayoría Demócrata en el Senado.

La política estadounidense siempre parece sorprender desde Europa. El clima mediático europeo es propenso a caer del lado demócrata y a recelar del Partido Republicano. Por eso, diversos líderes de opinión europeos se preguntan extrañados: pero, ¿tan mal lo están haciendo los demócratas? Los logros de Obama y los suyos durante esta primera mitad de legislatura pueden parecer satisfactorios. Se han aprobado estímulos económicos por valor de un trillón de dólares, se han rescatado de la bancarrota gigantes industriales como General Motors o Chrysler, se ha aprobado la ambiciosa reforma sanitaria con la que tantos presidentes han soñado, y se ha sacado adelante la tan ansiada regulación financiera. Si sobre el papel da la sensación de que el balance es razonablemente exitoso para los demócratas, ¿a qué se debe este desplome electoral?

Es cierto que las políticas anteriores son muy atractivas para el europeo medio. Pero en Estados Unidos encuentran una gran oposición por un motivo muy sencillo: atacan directamente al bolsillo de los contribuyentes. La reforma sanitaria, los estímulos económicos y los rescates industriales van a suponer un coste inmenso para la economía del país. La nueva regulación del sistema financiero incrementa el intervencionismo del Gobierno en los negocios privados de los ciudadanos, y por tanto genera costosas ineficiencias que a la larga se pagan. La economía americana arroja cifras preocupantes. El paro está estancado por encima del 9,5%, el déficit público está disparado y la deuda pública podría llegar en diciembre a cerca del 100% del PIB. Ahí está la clave de las elecciones. El motivo por el que los americanos comienzan a darle la espalda al Partido Demócrata es porque sus reformas, pese a su atractivo europeo, son lesivas para el contribuyente. Y por tanto para la economía.

Libertad Digital - Opinión

Viajeros o rehenes

La eventual convocatoria de huelga durante la segunda quincena de agosto crea una situación de inseguridad para los pasajeros y produce pérdidas de difícil reparación para el sector turístico.

NADIE pone en duda que los controladores aéreos ejercen una función muy cualificada y que, como los profesionales de cualquier otro sector, tienen derecho a plantear sus legítimas reivindicaciones. Sin embargo, la Unión Sindical de Controladores Aéreos se equivoca cuando utiliza a millones de usuarios de los aeropuertos españoles como rehenes en su guerra sin cuartel contra el Ministerio de Fomento. En este sentido, resulta inaceptable la ambigüedad sobre la eventual convocatoria de huelga durante la segunda quincena de agosto, porque crea una situación de inseguridad para los pasajeros y produce pérdidas de difícil reparación para el sector turístico en una época de grave crisis económica. La opinión pública percibe determinadas actitudes como un chantaje a la Administración, y ello debería mover a reflexión a los responsables sindicales, que dejan abierta la fecha de su convocatoria de huelga y lanzan un ultimátum a José Blanco como «último aviso» para que los reciba en las próximas horas. Se trata, sin duda, de una medida de presión ante la negociación del convenio colectivo con AENA, pero su principal objetivo es conseguir que recaiga sobre el ministro toda la responsabilidad de un conflicto en el que ambas partes deberían ser conscientes de que es imprescindible actuar en función del interés público.

Fomento ha gestionado con escaso acierto el apoyo recibido por parte del Congreso de los Diputados, tal vez porque José Blanco se ha tomado el asunto como una operación de imagen política. No obstante, es cierto —como dijo ayer— que no es posible admitir los privilegios de ningún colectivo y que sólo cabe la negociación en el marco de la legislación vigente. Así lo deben aceptar los controladores, puesto que la razón se pierde cuando las posiciones se llevan al extremo y se incurre en el chantaje.

ABC - Opinión

Violencia doméstica sin freno

Los datos proporcionados ayer por el delegado del Gobierno para la violencia de género son estremecedores y obligan a replantearse de manera realista si la política y la estrategia gubernamentales son las adecuadas para combatir esta lacra. Pese a las campañas publicitarias y a los recursos empleados, los resultados no acompañan al esfuerzo, y durante el primer semestre de este año son peores que los de 2009. Así, el número de mujeres asesinadas por sus parejas asciende a 42, lo que supone un aumento del 26%. Si se tiene en cuenta que lo peor está por llegar, pues está comprobado que la segunda quincena de agosto es la que registra más homicidios de todo el año, es muy probable que las cifras de 2010 se disparen a cotas sin precedentes. Al analizar los datos más en detalle se aprecia que, de manera inopinada, se han producido ciertos cambios en las pautas estadísticas, de modo que en estos seis meses ha caído el volumen de denuncias, hay menos solicitudes de protección, los homicidios con órdenes de alejamiento han descendido y ha aumentado el número de víctimas que no habían presentado denuncia. Es decir, los datos apuntan a que se ha difuminado la percepción del riesgo entre las mujeres amenazadas, lo que las convierte en mucho más vulnerables. Aunque no conviene sacar conclusiones apresuradas sobre estos cambios de tendencia, pues las estadísticas hay que analizarlas a través de periodos de tiempo más dilatados, lo cierto es que no pueden caer en saco roto ni archivarse a beneficio de inventario con la esperanza de que el segundo semestre sea menos trágico y «salve» el ejercicio, que es lo que parece preocuparle a determinados responsables del Gobierno. Por el contrario, el pésimo balance publicado ayer obliga a todos los sectores implicados en esta lucha a revisar sus estrategias. Empezando por el Ministerio de Igualdad, cuyas iniciativas, campañas y actividades se han revelado insuficientes y, a veces, más orientadas a la propaganda que a la eficacia. Nadie le exige que haga milagros, porque combatir un fenómeno en el que intervienen multitud de factores requiere la acción combinada de diferentes agentes e instituciones, desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad hasta los jueces y fiscales, desde los colegios hasta los medios de comunicación, pasando por el papel insustituible de las familias y del entorno vecinal. Precisamente porque es imprescindible el concurso de tantos y tan diferentes actores, el Ministerio de Igualdad, como responsable que debe liderar la lucha, no puede caer en improvisaciones, ni ocurrencias, ni frivolidades. Especialmente dañina resulta esa «ideología de género» que inspira algunos de los planes ministeriales, en virtud de la cual sólo son aceptables aquellos postulados feministas y de izquierda. Al politizar e ideologizar el problema se generan polémicas estériles y se pierde credibilidad, pues se transmite a los ciudadanos, y sobre todo a las mujeres, que la lucha contra la violencia doméstica está contaminada por intereses partidistas. Este combate será muy difícil de ganar, sin duda, pero lo será aún más si se mezcla con ideologías de género y se provoca la división de fuerzas.

La Razón - Editorial

Abuso de posición

Una huelga en las actuales condiciones sería el mayor error de los controladores aéreos.

Los controladores aéreos han votado ir a la huelga en contra de la variación de sus condiciones laborales, pero delegando en la junta directiva de su sindicato la fijación de la fecha de inicio y duración de la misma. Con ello dejan abierta la posibilidad de no formalizar la convocatoria mientras prosiguen las negociaciones, que ayer se reanudaron, pero a la vez refuerzan la presión sobre la sociedad porque la incertidumbre extiende los efectos de la amenaza: provoca cambios de planes de vacaciones, cancelaciones de viajes y de reservas hoteleras por un periodo indefinido.

Con ello no solo amargan la vida a mucha gente sino que perjudican gravemente a la principal industria del país, el turismo, que pugna por superar la crisis. Los controladores tratraron ayer de desviar contra el ministro de Fomento (al que acusan de interferir en la negociación mediante decretos) la responsabilidad de esos trastornos, pero entre las reivindicaciones de su plataforma han incluido la aplicación inmediata del real decreto aprobado el viernes pasado por el Gobierno fijando los horarios laborales y periodos de descanso. El argumento es que más vale una mala regulación que la situación actual.

Es incoherente, pero puede interpretarse como un gesto para favorecer la negociación, al que ha respondido el ministro con su disposición a discutir ese y otros puntos de la plataforma sindical. Si llega a producirse, será la primera huelga legal del sector, aunque hay antecedentes de huelgas encubiertas, de celo o por la vía de bajas médicas simuladas como las desplegadas desde que el Gobierno aprobó, en febrero, modificaciones que afectaban sobre todo al regimen salarial. Especialmente, al sistema de computar como horas extras, pagadas al triple que las ordinarias, gran parte de la jornada laboral real.

Los 2.200 controladores españoles han estado cobrando sueldos muy altos y disfrutando de unas condiciones laborales y organizativas que perpetuaban esa situación. Lo han podido hacer porque su posición les otorgaba una fuerte capacidad de intimidación sobre los administradores públicos: una huelga de controladores puede paralizar un país (hay antecedentes) y provocar graves destrozos económicos. A cambio, han suscitado una antipatía social sin parangón: algo que ha comenzado a preocuparles, como demuestran sus declaraciones de las últimas horas diciendo que ellos no harán una huelga salvaje.

Según AENA, entre el 16 y el 20 de agosto están previstas 27.000 operaciones en los aeropuertos españoles. Una huelga de controladores en agosto y en plena crisis económica sería un hecho muy grave. Los portavoces de su sindicato dicen ser conscientes de ello, y seguramente también lo son de que no les conviene que llegue a producirse, pero a la vez se resisten a renunciar a sus privilegios. El Gobierno tiene razón en su intención de poner fin a las inercias que han llevado a esta situación. Mantener el pulso contra una opinión pública ya muy irritada sería el mayor error que los controladores podrían cometer.

El País - Editorial

El problema no era el 3%, sino el 4%

El nacionalismo ha convertido a Cataluña en un oasis en el que impera, no la tranquilidad, sino la ley del silencio. Sus políticos en todo momento lo tuvieron claro: entre el Estatut y el 3%, Maragall no dudó un instante en elegir el primero.

Como ya ocurriera con el caso de Banca Catalana, entidad financiera catalana que tras una ruinosa, imprudente y poco clara gestión del Molt Honorable Jordi Pujol tuvo que ser rescatada con el dinero de todos los españoles, el nacionalismo catalán no ha tardado ni un minuto en ocultar toda la basura del oasis debajo de la alfombra cuatribarrada. En este caso, los protagonistas son distintos, pero el partido dentro del que han desarrollado sus tramas no.

Cada vez hay más indicios de que Convergència i Unió, el partido que gobernó con mano de hierro Cataluña hasta el año 2003, se financió de manera ilegal entre 1999 y 2009 a través de la Fundación del Palau de la Música, presidida por el imputado por corrupción Félix Millet.

El informe de la Agencia Tributaria que acaba de hacerse público es meridianamente claro a este respecto: Millet –y su mano derecha, Jordi Montull – actuaba como intermediario entre CiU y empresas privadas que recibían adjudicaciones de las distintas administrciones donde gobernaban los nacionalistas catalanes. Gracias a esta ímproba labor, Millet se embolsaba un 4% de los fondos recibidos. Al parecer, el exiguo 3% no bastaba para colmar las aspiraciones económicas del nacionalismo.

El caso más sonado es el de Ferrovial, que llegó a convertirse en el principal patrón de una fundación supuestamente dedicada a promover la cultura catalana pero en la práctica ocupada, según se desprende de los informes que tiene en su poder el juez, al blanqueo de dinero y a la financiación de partidos políticos. Ferrovial recibía adjudicaciones de las administraciones catalanas y, a cambio, ingresaba suculentas contribuciones al Palau que, tras la mordida del 4% de Millet, iban a parar a CiU o a fundaciones cercanas a la formación, como la Trias Fargas.

Entre las obras públicas cuyas adjudicaciones a distintas empresas redundaron en sinuosos movimientos de fondos se encuentran la reforma del propio Palau de la Música, la edificación del pabellón deportivo de Sant Cugat del Vallés o la construcción de la Ciudad de la Justicia.

Si la presunta financiación irregular, que de momento alcanza la cifra de los 6 millones de euros (1.000 millones de las antiguas pesetas), no se ha convertido en un escándalo nacional de la magnitud de Gürtel o Filesa (donde se acreditó un desvío de 1.200 millones de pesetas) es simplemente porque los propios implicados han comenzado a agitar la "cuestión nacional" a cuenta del Estatut y la sentencia del Tribunal Constitucional. Lo patriota es centrarse en la independencia y en la defensa de la nación catalana y, en todo caso, dejar para la era postespañola la depuración de los delitos de sus políticos.

El nacionalismo ha convertido a Cataluña en un oasis en el que impera, no la tranquilidad, sino la ley del silencio. Sus políticos en todo momento lo tuvieron claro: cuando Mas le dio a elegir a Maragall entre el Estatut y el 3%, el entonces president no dudó un instante en retirar sus acusaciones. Ahora vemos que no era el 3%, sino el 4%, pero la sociedad está tan anestesiada que parece que no habría ningún tipo de contestación ni aunque se hubiese tratado del 100%.

Libertad Digital - Editorial