El Estatut se ha convertido en un agujero negro en el funcionamiento de una parte del Estado. Con efectos contagiosos en el resto. Y así seguirá siendo mientras el Tribunal Constitucional siga sin pronunciarse sobre los 120 artículos impugnados por el PP y los siete motivos de inconstitucionalidad apreciados por el Defensor del Pueblo, amén de tres recursos más. Todos ellos redundantes en las principales cuestiones de fondo: identidad, bilateralidad, uso de la lengua, derechos históricos y símbolos nacionales.
El retraso es una fuente de inseguridad jurídica, sobre todo en Cataluña, porque el Parlamento autonómico no ha dejado de parir leyes, decretos, normas y disposiciones diversas sobre unas bases legales puestas en cuestión. En cualquier momento pueden quedar abolidas si el alto tribunal considera inconstitucionales dichas bases, tal y como figuran en el vigente Estatuto de Autonomía (223 artículos, 15 disposiciones adicionales, dos transitorias, una derogatoria y cuatro finales) ratificado en referéndum ya hace más de tres años.
Es una aberración legislar en el vacío. Pero mayor aberración es saberlo con tres años de retraso. Salvo que aceptásemos las tesis del profesor Pérez Royo. Sostiene este catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla que ni el Tribunal Constitucional ni nadie puede enmendar la plana a los órganos de la soberanía nacional, en tanto que éstos ostentan la plena capacidad legislativa y, por tanto, vienen a ser la fuente del ordenamiento jurídico.
Pero eso parece inaceptable. Si eso fuera así, la fuente del Derecho sería no ya contingente sino de una levedad insoportable, pues contingente y ocasional es la naturaleza de la representación política personalizada en la figura de los parlamentarios elegidos cada cuatro años. Se supone que el Tribunal Constitucional sirve para preservar y garantizar lo que hay de permanente en el ordenamiento jurídico, frente a las pretensiones de desbordarlo por parte de, por ejemplo, los nacionalismos periféricos. O. simplemente, frente a las veleidades de los partidos políticos cuyos principales responsables se sientan en el Parlamento.
Según nos cuenta un periódico madrileño, en su segunda entrega sobre la marcha de las deliberaciones internas del tribunal, se trataría precisamente de evitar que del texto del Estatuto se pudiera inferir el “derecho a la nacionalidad”. Algo así como el paso previo para justificar antes o después la independencia de Cataluña. Por eso, al parecer, las discusiones se están centrando en los artículos relacionados con la identidad, los derechos históricos y los símbolos nacionales, que aparecen reñidos con el artículo 2 de la Constitución Española, donde se proclama el principio de soberanía nacional única e indivisible.
En definitiva, se trataría de impedir ese desbordamiento de la Constitución Española al que de forma más o menos explícita aspiran los nacionalistas catalanes, incluidos aquellos que, como Montilla y otros dirigentes del PSC, no llevan el nacionalismo en la biografía aunque se comporten como tales.
El confidencial - Opinión
