Los familiares de los secuestrados en el atunero 'Alakrana' viven sus momentos más desesperados. El escenario es dramático por la espera y las negociaciones
LOS FAMILIARES del Alakrana viven sus horas más angustiosas desde que el atunero vasco fue secuestrado en el Índico el pasado 2 de octubre. No es exagerado decir que toda España está en vilo desde que ayer los captores desembarcaron a tres tripulantes españoles en territorio somalí con la amenaza de matarlos. Es una terrible medida de presión al Gobierno para que acate las exigencias de los piratas a cambio de la liberación de los rehenes. Y, según relataron estremecidos algunos familiares que hablaron unos instantes con ellos, los secuestradores no están dispuestos a negociar nada mientras no se libere a los dos piratas encarcelados en nuestro país. Nos encontramos, por tanto, ante un escenario de extraordinario dramatismo, si bien hay razones para mantener un moderado optimismo sobre el desenlace. El propio Gobierno cree que los secuestradores sólo tratan de hacer valer su fuerza para exigir un botín mucho mayor. Y es cierto que los piratas somalíes no han asesinado nunca a ningún rehén en los abordajes que han protagonizado en el Cuerno de África desde hace años, y que situaciones análogas a la del Alakrana ya las han vivido antes embarcaciones de otras nacionalidades.
Pero ello no resta gravedad al asunto, máxime cuando es obvio que estamos en un verdadero laberinto, en buena medida por la actuación temeraria de Garzón. El juez de la Audiencia Nacional, guiado una vez más por sus ansias de notoriedad, fue quien reclamó el inmediato traslado a España de los dos piratas apresados por la Marina, sin realizar siquiera las mínimas indagaciones -lo que tuvo como consecuencia el posterior vodevil judicial para determinar la edad de uno de ellos- y sin estudiar alternativas como la de llevar a los detenidos a Kenia -tal como han hecho siempre nuestros socios de la UE o EEUU en casos similares y como anoche propuso el lehendakari Patxi López-, para que fueran juzgados allí. Igual de frívolo ha sido el comportamiento del fiscal, secundando la petición de traslado.
Tampoco es fácil entender algunas actuaciones del Gobierno, cuando lo que corre peligro es la vida de 36 personas -16 españoles-. En especial, su falta de sensibilidad y apoyo hacia los familiares de la tripulación del Alakrana. Éstos denunciaron ayer que se les ha mentido «desde el minuto cero» y que la ministra de Defensa no se ha puesto en contacto en todo este mes de agonía.
La prioridad del Estado debe ser lograr la liberación de los pescadores y garantizar su integridad, anteponiendo su seguridad a cualquier otra consideración. Estamos seguros de que así se está actuando. Pero no es menos cierto que minimizar y hasta descartar las amenazas de los piratas, como está haciendo Defensa, es correr demasiados riesgos. Por ello, cabe exigir al Gobierno que tenga muy presente la senda marcada en su día por el presidente Zapatero, cuando enarbolando «el valor supremo de la vida», fue capaz de hacer algo tan poco edificante como permitir que el etarra De Juana Chaos saliera temporalmente de la cárcel tras echar éste un pulso al Estado poniéndose en huelga de hambre.
Con infinita más razón ahora, ni se pueden dar pasos en falso, ni cabe rasgarse las vestiduras por explorar cualquier vía para liberar el Alakrana. Incluida, si fuera necesario en último término, la búsqueda de un camino legal para trasladar a los dos piratas de la Audiencia Nacional a Somalia o Kenia, si con ello se evita que la vida de los 36 tripulantes corra el más mínimo peligro. Y es deseable que la Justicia, que tan bochornoso espectáculo ha ofrecido en este asunto, trabaje junto a los demás poderes del Estado para lograrlo. Después habrá tiempo, y será obligación del Gobierno hacer lo imposible para que sobre los piratas recaiga todo el peso de la ley.
Uno. El PP denuncia el uso ilegal o abusivo que, según su portavoz nacional, González Pons, estaría haciendo el Gobierno Zapatero de los medios técnicos disponibles en el control de las comunicaciones. Ha precisado más. Señala sin disimulo al ministro del Interior, Pérez Rubalcaba, como el instigador de un modelo de “sociedad vigilada”. Algún otro dirigente y medios próximos al PP prefieren hablar de “Estado policial”, como consecuencia del mal uso de la tecnología S.I.T.E.L (Sistema Integrado de Interceptación de Telecomunicaciones), contratada con una empresa nórdica de telecomunicaciones por el Gobierno Aznar en su segunda Legislatura, pero sin tiempo de aplicarla por la derrota electoral de 2004. Dos. Rubalcaba responde que nada de Estado policial. Judicial, en todo caso, si se trata de investigar, perseguir, detener y juzgar a los delincuentes. Terrorismo, narcotráfico y crimen organizado, básicamente. Generales de la ley. El ministro asegura que la intervención de las comunicaciones por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado sólo se practica con autorización judicial. Precisa que el material intervenido no interesado por el objeto de la investigación policial, tal y como viene descrito en la autorización del juez, se destruye.
Y tres. En medios judiciales, casi de forma unívoca, y como no podía ser de otro modo, se emplaza a denunciar ante los tribunales cualquier supuesto de intervención ilegal de las comunicaciones. Incluso ante el Tribunal Constitucional, si se presume la inconstitucionalidad de SITEL. Por si la propia herramienta, al margen del uso policial que se haga de la misma, estuviese reñida con derechos fundamentales. En este caso, la intimidad y el secreto de las comunicaciones, están especialmente protegidos en la Constitución y leyes orgánicas que los desarrollan.
"Nuestro espacio es la política"
Hasta aquí, los términos objetivos de la polémica desencadenada por el PP. El subsiguiente comentario descansa sobre la duda: ¿Hay razones para temer que el Gobierno, a través del Ministerio del Interior, esté interviniendo la navegación por internet o las conversaciones telefónicas de determinados ciudadanos sin la correspondiente autorización de un juez? Cuando se trata del poder, se agranda la tentación y escasea la virtud. Así que, a estas alturas de la película, mejor no arriesgar en la apuesta. Pero sí conviene apuntar algunas consideraciones.
Si el partido de Rajoy tiene sospechas fundadas sobre el uso indebido de esta herramienta policial debería ser más explícito. Incluso sin acudir a los tribunales porque, como ayer nos decía González Pons en la tele, “nuestro espacio es la política”. En ese terreno, pocas batallas merecen tanto la pena como la defensa de los derechos fundamentales. De modo que es oportuna y perfectamente legítima su reclamación de que se garantice el respeto a esos derechos en una ley orgánica específica, amén de las leyes de Enjuiciamiento Criminal y Control Judicial Previo, que se limitan a regular el mecanismo de la autorización judicial previa.
Si además el PP dispone de pruebas para demostrar que se ha violado el secreto de las comunicaciones o la intimidad de un ciudadano, tiene la obligación de denunciarlo ante los tribunales. Si no, se arriesga a que los ciudadanos tomen la ambigüedad de sus acusaciones como una ligereza impropia de un partido que ha gobernado y que, antes o después, volverá a gobernar, como le recordaron ayer los representantes de las asociaciones judiciales. También ha topado con la acusación de “malsana frivolidad”, que ayer le asignó el presidente de la Unión Progresista de Fiscales, Emilio Sánchez Ulled.
Durísimo castigo a Cobo por parte de la dirección del Partido Popular. Son tremendos. Atila a su lado, un pastor de ovejas. Férreos y ejemplares. Manuel Cobo insultó gravemente a Esperanza Aguirre. En la reunión en la cumbre, Manuel Cobo se ratificó en los insultos y acusó a Esperanza Aguirre de delincuente por la chorrada del espionaje. «Mis hijos y yo nos sentimos amenazados». Cobo, antes de asistir a la reunión de Génova, tendría que haberse presentado ante el Juez de Guardia para denunciar la amenaza. Y Rajoy, al oír las palabras de Cobo en la reunión, podría haberlo expulsado de la sala. No lo hizo, porque Cobo es Gallardón y Gallardón es Rajoy. Es decir que ninguno de los tres sabe lo que es y quién es. Mano de hierro. Cobo ha sido suspendido cautelarmente de militancia. El Alcalde le ha ratificado como Vicealcalde y portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento. A eso se le llama llevar bien las riendas de una diligencia, señor Rajoy. De haberle conocido John Ford, prescinde de John Wayne y le ofrece a usted el papel, por duro. Es decir, que insultar a la Presidenta de Madrid, ratificarse en los insultos y añadirle a ellos una velada acusación de comisión de un delito, lo zanjan en el PP con una suspensión de militancia y el mantenimiento del militante suspendido en sus cargos públicos. En resumen, que el Partido Popular lo único que ha hecho es ahorrarle al señor Cobo las cuotas mensuales mientras dure la escalofriante suspensión. Han hecho, una vez más, el ridículo. Mucho Santo Job y una ausencia de rigor insultante. Las declaraciones, es decir, las groserías de Cobo salieron por la boca de Cobo dictadas por Alberto Ruiz Gallardón. Y los dictados de Alberto Ruiz Gallardón los revisa previamente el Alcalde de Madrid con Mariano Rajoy. Suspéndanse de militancia don Mariano y don Alberto, que también se ahorrarán las cuotas. A este paso, y siguiendo la estela de la durísima sanción, todos suspendidos de militancia y las arcas vacías.
Que el señor Cobo haya sido respaldado y ratificado en sus cargos por el Alcalde de Madrid es más que una grosería. Es una chulería desproporcionada. Y que el señor Rajoy no intervenga al respecto es más que una cobardía. Es una resignación envilecida e indigna. Si Cobo se ha equivocado con tanta gravedad, Cobo tiene que ser expulsado del partido y abandonar en dos minutos su despacho del Ayuntamiento de Madrid. Lo que no es pasable es que su ineducada conducta le reporte, para más inri, el importe de las cuotas. Ustedes no sólo han perdido mi consideración. Eso se arregla. Han perdido mucho más. Lo más importante para un ciudadano libre en una democracia auténtica. Ustedes han perdido mi voto. Me han obligado a incumplir mis derechos. No he fallado, hasta la fecha, a ninguna cita electoral desde que España se abrazó a la libertad. He votado en los refrendos, las elecciones municipales, europeas y generales. Voté a la Constitución. Y mi voto, no es difícil adivinarlo, no es de izquierdas. Pero se ha acabado. Con esa tropa al frente del PP mi obligación es abstenerme. Me siento defraudado y profundamente avergonzado.
Nunca se había puesto tan poco empeño en defender los intereses españoles allí donde estos puedan verse afectados, desde la Unión Europea hasta Afganistán. España no da miedo a nadie, porque Zapatero no quiere que lo dé.
Para un Gobierno radical y sectario como el que soportamos, en el que la imagen lo es todo, no hay nada peor que enfrentarse a problemas reales en los que no existe salida fácil ni solución perfecta. Que nuestros barcos faenen en aguas internacionales en el Índico es malo para el Ejecutivo, pues le obliga a intentar defenderlos mediante el uso de la fuerza, lo que debilita ese lema de "antes morir que matar" que tan caro es a Zapatero y los suyos, o a pagar los sucesivos rescates, que cada vez serían mayores y más frecuentes, con el consiguiente escándalo entre la opinión pública. Carme Chacón no fue colocada al frente de nuestros ejércitos por sus conocimientos militares, por otra parte inexistentes, sino porque a Zapatero le gustaba la idea de tener a una mujer, y además embarazada, al frente del Ministerio de Defensa. Su papel en la crisis de los piratas ha dejado claro su incapacidad para el puesto. Ha cambiado la ley para permitir a los transexuales ingresar en el Ejército, pero al tiempo la ha puesto como excusa para impedir el embarco de militares en los atuneros amenazados por los piratas. Rápida para tomar medidas que queden bien ante su electorado; incapaz de actuar cuando se enfrenta a un problema real: ese es el resumen de cinco años y medio de Gobierno Zapatero. Pero lo que resulta ya grave en otras carteras, en Defensa es peligrosísimo. Porque el precio se paga en vidas humanas.
El Gobierno no tiene la culpa de que los piratas secuestren nuestros barcos, pero indudablemente tiene bastante responsabilidad en lo que está sucediendo. Es obligación de las Fuerzas Armadas defender a nuestros compatriotas de los ataques que puedan recibir. Chacón, sin embargo, ha impedido que lo hagan de forma efectiva escudándose en la ley y sin mostrar intención alguna de cambiarla. A cambio, ha dado permiso para que mercenarios civiles cumplan este papel, aunque sin dejarles usar el armamento que necesitan para la tarea. Como el perro del Hortelano, ni come ni deja comer.
Además, ha incentivado que los piratas escojan barcos españoles. Pero no sólo por el pago del rescate del Playa de Bakio. El Gobierno de Zapatero lleva mostrando su debilidad y haciendo dejadez de sus obligaciones internacionales desde la retirada de Irak de 2004. Nunca se había puesto tan poco empeño en defender los intereses españoles allí donde estos puedan verse afectados, desde la Unión Europea hasta Afganistán. España no da miedo a nadie, porque Zapatero no quiere que lo dé.
Sarkozy dejó claro cómo se comporta una nación orgullosa de serlo, con carácter, prestigio y fuerza. Pagó el rescate para recuperar sanos y salvos a los suyos, pero después persiguió a los piratas, los capturó y recuperó el dinero. Tiempo después, rescató a una pareja de turistas, matando a uno de sus captores. Nadie duda de que Francia actuará si los piratas vuelven a intentarlo, lo cual es razón suficiente para que no hayan vuelto a intentarlo.
Las amenazas de los piratas dejan claro también que el ridículo de capturar dos piratas, traerlos a España y ponerlos en manos de los jueces tiene un precio. Sin duda, el Gobierno podrá poner más dinero sobre la mesa para no atender las exigencias de que regresen a Somalia. Pero ya ha afectado a nuestra capacidad negociadora, debilitándola. Sin duda, los piratas juegan con el miedo de los marineros y sus familias para ponerse en una posición de mayor fuerza. Pero eso no se evita amenazando a los familiares para que no hablen, ni mintiéndoles ni ocultándoles información. Al contrario, debía haber procurado ganarse su confianza para poder tener su apoyo.
El PSOE, claro, ya está calificando de "irresponsabilidad" que se esté criticando la incapacidad del Gobierno para tratar con un problema tan serio. Sin embargo, lo único responsable que puede hacerse es denunciar sus errores, con la esperanza de que sean corregidos y los secuestrados regresen a casa, sin pagar ningún precio que incentive futuros secuestros. ¿Será capaz? Desgraciadamente, resulta muy difícil creer que sí.
LA primera regla ante los secuestros es que quien paga el rescate se expone a ser de nuevo secuestrado. El Gobierno español no ha aprendido todavía esta lección básica, lo que está llevando a nuestros pesqueros en el Índico a un grado de indefensión parecido al de nuestras tropas en Afganistán. Su negativa a reconocer que estamos allí en una guerra ha costado la vida a varios soldados españoles, y su negativa a tratar a los piratas del Índico como tales ha llevado al cautiverio a 36 marineros, tres de ellos ya en tierra, mientras sus secuestradores elevan sus amenazas: «los mataremos, dicen, si no se cumplen nuestras exigencias, como haremos con los demás». «Sabemos donde están», tranquiliza la Ministra del ramo. ¡Vaya cosa! También sabemos donde están los demás, en el «Alakrana», y donde están las fragatas «Canarias» y «Méndez Núñez», con todo su potencial bélico, sin que nos sirva de mucho. Pero es que a Carme Chacón sólo le gusta dar buenas noticias y fotografiarse ante las tropas. Las malas noticias y las situaciones conflictivas prefiere meterlas bajo la alfombra, con la consecuencia de que le aparecen por la otra esquina. Lo mejor que defiende esta Ministra de Defensa es al gobierno del que forma parte.
«Estamos haciendo todo lo posible para traer a la tripulación sana y salva», añade. ¡Faltaría más! Pero que no olvide que si se limita a hacer lo que la vez anterior -ceder al chantaje- nuestros barcos se convertirán en la presa favorita de los piratas. La mejor forma de evitar los secuestros es impedir que ocurran, y hasta ahora, el gobierno sólo ha tomado contra ellos medidas a posteriori, sin fuerza intimidatoria. La piratería en el Índico no se soluciona pagando rescates, se soluciona acabando con ella. Desde el mar y desde el aire, desde los navíos de guerra y desde los pesqueros que acepten armarse. Los que no lo acepten, mejor que no se acerquen a aquellas aguas.
He dicho antes que el zapaterismo se basa en las buenas noticias, aunque sean falsas, y en las buenas imágenes, aunque sean sesgadas. Pero ésa es sólo la mitad de su programa político, la que se ve, la menos importante. La otra mitad, lo que le mueve y ocupa es ganar las próximas elecciones. Afán legítimo mientras no se subordine a él todo lo demás, como viene ocurriendo. Desde la negociación con ETA a la piratería en el Índico, pasando por los nuevos estatutos de autonomía y la crisis económica, lo único que le ha preocupado es eso, a base de contar mentiras y tomar medidas equivocadas. ¿Cuántos marineros españoles tendrán que caer cautivos hasta que la Ministra Chacón se decida a defenderlos de verdad? Me temo que bastantes. A fin de cuentas, tanto ella como doña María Teresa Fernández de la Vega son Ministras de Telediario. No hace falta más que verles el vestuario.
Ofrecemos a nuestros lectores un resumen con los enlaces que les darán una somera idea del clima de corrupción que nos hace la atmósfera política irrespirable.
POR LA MOROSIDAD DE SUS HIJOS, los pensionistas empiezan a perder sus pisos debido a los embargos bancarios, como resultado de la ejecución de avales, concedidos en su día para que sus hijos pudieran adquirir un piso en propiedad. La imposibilidad de hacer frente a la hipoteca provoca que los bancos les reclamen a ellos la deuda.
"En los últimos meses estamos asistiendo económicamente a muchas personas mayores que están pasándolo muy mal por esta situación y que hasta ahora era impensable que pudieran ser sujetos de la ayuda social", según señaló el martes la directora de Cáritas Diocesana en Valencia, Concha Guillén, tras una reunión con la consellera de Bienestar Social, Angélica Such, a la que también asistieron los responsables de Cáritas en Alicante y en Castellón, informa laverdad.es.
El perfil medio suele ser el de una mujer con una pensión de viudedad, ya de por sí muy justa, cuya vivienda la tenía en propiedad. "La crisis ha enviado a familias enteras al paro. En muchos casos no pueden hacer frente a la hipoteca y el banco, para cobrar la deuda, recurre al avalista". "Es muy dramático,pero muchas personas mayores se ven obligadas a entregar sus pisos para pagar las deudas de sus hijos", explica Guillén.
Como resultado del embargo, no les queda más remedio que vivir de alquiler, "pero ni a ese pago pueden hacer frente, por lo que la única salida que encuentran es en la ayuda que reciben de Cáritas".
De hecho, la cantidad media que la institución destinaba hasta ahora a la ayuda para el pago de alquileres rondaba los 24.000 euros mensuales, "una cifra que ha aumentado hasta "target="_blank">los 35.000", según Guillén. A lo largo de 2008, la institución atendió a 41.059 personas. Las peticiones de ayuda este año se han disparado. De hecho, en el mes de septiembre la institución ya había sobrepasado en 250.000 el presupuesto anual.
Los destinatarios de las ayudas suelen ser mayoritariamente inmigrantes (68,5%), pero poco apoco también crece el porcentaje de españoles (31,5%). El perfil de estos últimos "no sólo responde a individuos con desarraigo, sino que aumentan los casos de familias perfectamente integradas socialmente que de la noche a la mañana se quedan sin nada", indicó Guillén. "Hemos pasado de atender a los pobres a ayudar a nuestros vecinos", aseguran desde Cáritas.
Ofrecemos a nuestros lectores un resumen con los enlaces que les darán una somera idea del clima de corrupción que nos hace la atmósfera política irrespirable.
Jean-Marie Domenach resumió en su libro "La propagande politique" las reglas que Göebbels y el aparato de propaganda Nazi emplearon de forma sistemática para alcanzar y mantenerse en el poder. Basta con detenerse un poco a analizar los medios de comunicación tradicionales, para reconocerlas en el uso cotidiano.
La primera regla es la de simplificación y del enemigo único. Simplificación. Cualquiera que esté familiarizado con el mundo publicitario sabrá que este concepto es fundamental. Los mensajes deben de ser sencillos, breves. Se debe evitar por todos los medios transmitir una idea compleja, algo que invite a la reflexión, pues se podría arruinar el efecto que se pretende conseguir: si el receptor tiene tiempo y/o la necesidad de pensar sobre el mensaje, puede percibir las contradicciones, lo negativo, lo que le produzca rechazo. Un mantra se repite sin cesar, se transmite sin pensar, y se retiene fácilmente en la memoria. Es el slogan o, en último término, el símbolo, ya sea una cruz gamada, una rosa o una gaviota. El slogan apela directamente a las pasiones y a los sentimientos. Está cuidadosamente estudiado para conseguir unos fines estéticos, y que se quede grabado en nuestra cabeza como esas insidiosas y molestas melodías que a veces asaltan nuestro cerebro.
Y la máxima simplificación debe de darse en el enemigo a batir. Las ideas del partido o grupo contrario, sus propuestas, sus defectos, todo debe de concentrarse en algo concreto, preferiblemente un individuo. Se debe identificar el odio o las esperanzas, la doctrina adversaria, en una sola persona, para reducir así la lucha política a un enfrentamiento personal, a una rivalidad entre individuos. Es más fácil enfrentar personas visibles que ideas. Y es más fácil manipular a la masa si se le hace creer que su adversario es una minoría, un pequeño grupo de disidentes, no un sector amplio de la población. Después, basta con desacreditar al individuo y no hará falta rebatir sus ideas. Se elimina así la necesidad de razonar sobre las propuestas ajenas y argumentar a favor o en contra: la validez del individuo es lo que dará validez a sus planteamientos. El efecto final se consigue cuando se hace recaer sobre ese adversario la culpabilidad por los errores propios: es el triste espectáculo diario que nos ofrecen los líderes del Estado de partidos.
Una buena parte de españoles, salvo víctimas de la ESO, recordarán con facilidad el final del soneto cervantino que da título a esta columna, y que describe la feliz decepción tras lo que se adivinaba como una gran bronca: una gran expectación que parece desvanecerse en el aire. ¿Eso es lo que ha pasado en el Comité ejecutivo del PP? Los primeros ecos del conclave, habitualmente silencioso, allí donde al parecer se debe hablar y nadie habla, registran, por el contrario, una situación de espadas en alto, una Aguirre ausente para que se pueda hablar con libertad del vómito, y un temeroso Cobo que se reafirma en la perversidad de la presidenta, y corre solícito a refugiarse en la lealtad al líder máximo. Todo un espectáculo frente al que, sin embargo, habría que rebajar el tono de las plañideras. Muchos adoptan ante las rencillas políticas el mismo tono pusilánime que pudiera tener un marciano asustadizo ante la viril entrada de un defensa a un delantero, en un partido enconado, pero la verdad es que, sin gresca cara al público, no hay otra política que la totalitaria. Lo que aquí ocurre es que hay muchos políticos que pretenden que el partido lo ganen los árbitros, que nadie diga nada, y que todos vayamos a votar disciplinadamente y en silencio. Rajoy parece propugnar alguna variante de esta política sin conflicto ni argumentos, tal vez porque suponga que tales minucias, ¡precisamente éstas! pudieren apartarle de la Moncloa. Muchos españoles, acostumbrados, únicamente, a aplaudir a los unos o a los otros, no parecen soportar fácilmente según qué discrepancias, pero deberían ir aprendiendo a hacerlo, pues es la única garantía de que no pierdan del todo el control de sus asuntos.
Me parece que las diferencias entre Aguirre y Gallardón son, por lo demás, perfectamente serias. Eso es lo que creen, por cierto, la inmensa mayoría de los militantes del PP de Madrid, unos ingenuos que creen que algo tendrían que decir en esto.
Pero en el PP se ha producido un fenómeno curioso y es que, ante la pérdida, perfectamente real, de poder nacional frente a las taifas regionales, algunos piensan que la solución está en ningunear a la organización madrileña; pareciera como si los dirigentes nacionales del PP, se hubiesen convertido a esa estúpida idea de los nacionalistas según la cual, no hay separatistas sino separadores; llevados de esa asombrosa presunción, algunos genoveses pretenden algo así como que Madrid (no, al parecer, el amantísimo ayuntamiento) sea el culpable único de la mala imagen del PP, y que conviene, por tanto, que en Madrid no haya otro partido que el que encarne la dirección nacional.
Así que, por procedimientos tan oscuros como torpes, esa dirección pretende mangonear Madrid a través de un personaje que no fue capaz de sacar un porcentaje digno de los votos en un congreso bastante más abierto, todo hay que decirlo, que el de Valencia. Madrid no ha pedido un estatuto homologable a nada, ni quiere embajadas, pero es una Comunidad que se merece un respeto que algunos no profesan, y en la que gana las elecciones un partido perfectamente coherente y organizado.
Populistas-gastones Vs liberales austeros
Hablamos pues, de problemas políticos perfectamente reales, como puede comprobar cualquiera que examine mínimamente las políticas del ayuntamiento, con más déficit que ZP, y las de la Comunidad. Pero el PP nacional parece lleno de gente a la que la política de verdad les da risa, de tan cercana que ven la toma de la Moncloa. Rajoy no debería caer en el error de minimizar esas diferencias políticas, y debiera tener alguna opinión sobre ellas, para que los demás pudiéramos hacernos una idea de lo que pretende. Si se trata de refugiar en la disciplina, en la prohibición y en pelillos a la mar, se equivocará, de nuevo, y de medio a medio, un desliz que no logrará tapar con otro buen discurso.
Por detrás de todo esto, está, sin duda, la persistencia en el seno del PP de un viejísimo enfrentamiento, con los matices que se quiera, entre populistas-gastones, que son de derecha más que nada por cuna, y liberales austeros, que pretenden una cosa un poco absurda para los primeros, a saber, que la política se base en ideas. Se trata de diferencias que tal vez pudiesen enriquecer un proyecto, pero que no debieran ocultarse bajo la alfombra.
Además de política, en los partidos deben imperar las buenas maneras y el respeto a las normas; supongo que Rajoy no dejará pasar el exabrupto del visir gallardoniano; Esperanza Aguirre ha dado ejemplo de sobrada buena disposición en todo este asunto, pero sería excesivo pedirle ataraxia frente a una minimización del salivazo de Cobo. Hay señoritos que creen poderlo todo, y es hora de que se enteren de que también ellos tienen que respetar ciertas reglas. No vale decir esto es lo que hay, porque es algo que no debiera consentirse de ningún modo. El valentón cervantino salió indemne porque los sonetos son cortos, pero la historia es larga y pondrá a cada uno en su sitio.
El 'Gran Hermano' de Orwell ya no es una fantasía. Se parece mucho al sistema que pretende usar Interior para controlar, mediante el teléfono, las comunicaciones.
EL 'GRAN HERMANO' al que hacía referencia George Orwell ya no es la fantasía de un intelectual sino una inquietante realidad que amenaza la vida íntima y las libertades de los ciudadanos.
Esteban González Pons, vicesecretario del PP, anunció ayer la presentación de una proposición no de ley en el Congreso para garantizar la privacidad de las comunicaciones. El dirigente del PP denunció el uso abusivo e ilegal que el Ministerio del Interior está haciendo del sistema Sitel, un ordenador que registra todas las comunicaciones electrónicas. Además de grabar las conversaciones, el Sitel permite localizar a cada individuo a través de su teléfono móvil, cruzar sus llamadas con las de otras personas y saber las páginas por las que navega en internet o las transacciones económicas que realiza.
La decisión de instalar el Sitel fue adoptada por el Gobierno de Aznar para emplearlo en la lucha antiterrorista, pero tuvo que paralizarlo por informes jurídicos de Justicia, Interior y el CGPJ, que advirtieron de su posible inconstitucionalidad. La Fiscalía de Madrid también se pronunció en contra por su falta de garantías jurídicas.
El Ministerio del Interior está utilizando desde finales de 2004 este sistema para diversas investigaciones policiales. Según Alfredo Pérez Rubalcaba, se emplea siempre con autorización judicial y se destruye aquel material que carece de interés para la causa.
Pero nadie sabe a ciencia cierta dónde están los ordenadores que graban las conversaciones ni cuántos hay, aunque se tiene constancia de que el CNI, al igual que la Policía Nacional y probablemente la Guardia Civil, tiene un equipo de estas características.
Nadie sabe tampoco qué información se archiva en discos, cuál es el criterio de selección, quién determina el material que se entrega al juez y quién custodia esos registros, como González Pons subrayó ayer.
Estamos ante un asunto que suscita enormes interrogantes, máxime teniendo en cuenta los abusos cometidos por el antiguo Cesid, que montó un dispositivo similar para espiar a políticos, jueces, empresarios y periodistas.
Por mucho que asegure el ministro del Interior que el sistema se usa dentro de la legalidad, parece imposible en la práctica garantizar que no se cometan abusos por parte de los servicios secretos o los aparatos policiales, que pueden controlar gracias al Sitel no sólo qué dicen los ciudadanos sino a dónde van y con quién se relacionan.
No dudamos de que el sistema puede ser muy útil para luchar contra ETA o contra las mafias, pero también puede ser instrumentalizado para espiar a personas honestas e incluso para chantajearlas con datos sobre su vida íntima.
Es cierto que el Estado tiene derecho a recurrir a las nuevas tecnologías para ser más eficaz en la persecución del crimen organizado, pero no todo vale. Tiene que haber límites y controles. Por ello, estamos también en contra de la obligación legal de los usuarios de los móviles con tarjeta de prepago de comunicar su identidad, lo que nos parece un exceso. Siguiendo la misma lógica, ¿por qué no forzar a revelar su nombre al que sube a un tren o llama desde una cabina telefónica?
Las enormes posibilidades de crear un Estado policial que ofrecen las tecnologías de la información obligan a abrir un gran debate social y a una mayor transparencia de los poderes públicos. El Parlamento debería entrar a fondo en este asunto que afecta a una cuestión sagrada en una democracia: los derechos de los ciudadanos y su seguridad jurídica.
ES una lástima que Alberto Ruiz-Gallardón sea reacio al casticismo. Parece que los aromas típicos del Madrid que le eligió como alcalde le sofocan y trata de evitarlos. Ha prescindido de la vara que lucieron en señal de mando sus mejores antecesores y se ha instalado lejos de cualquier verbena y de las praderas -¡a cualquier cosa llaman chocolate las patronas!- que han servido, de San Antonio a San Isidro, como escenario de ingenuas chulerías y simpáticos desplantes entre las parejas que, en su evolución, han convertido un pueblón manchego en una de las grandes ciudades de Europa. Esperanza Aguirre, por el contrario, es de rompe y rasga. Parece sacada de La Chulapona, habla con letra de Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw, y anda con ritmos de Federico Moreno Torroba. Ha superado el complejo de estar sobre un invento administrativo, la Autonomía de Madrid y, de hecho, se beneficia de las competencias que su predecesor, Gallardón, le quitó al Ayuntamiento. Así, el alcalde -alguacil alguacilado- anda hoy mermado de funciones y ve que sus ambiciones se derrumban con el vértigo con que se vienen abajo las de la presidenta.
En uno de esos síndromes que definen la derecha española y que alimentan su debilidad, Aguirre y Gallardón tienen como principal tarea, instalados en la comodidad de sus respectivas y rotundas mayorías, la de destrozarse mutuamente. Es superior a sus fuerzas porque, genio y figura, la izquierda nacional sólo tiene la energía y el poder que les proporciona, desde la Restauración, el caínismo de la derecha, su debilidad. Si estuvieran bien avenidos, serían otra cosa. No cabrían en el PP.
En Madrid, en el de antes de que Gallardón le convirtiera en un túnel interrumpido por grandes zanjas, se le llamaba «manuela» a un coche de alquiler, de un solo caballo como corresponde a la tradicional austeridad capitalina, que usaban las parejas bien avenidas en días de solemnidad y toros. En La Chulapona, el coro canta: «... y si luego tomamos un coche,/ pa que vean que somos de ley,/ recostados en una manuela/ no nos tosen ni el Papa ni el Rey». Ese es el encanto de la avenencia. La unión hace la fuerza. Aguirre, Gallardón y todos los demás, bien limpios de las impurezas que les envuelven y en la razonable unidad de quienes saben lo que quieren, resultarían imbatibles. Mientras tanto, hagámonos a la idea de Zapatero perpetuo. Hasta que amargue.
La unica razón para este simulacro de sanción es el no querer desairar a un envalentonado Gallardón, quien horas antes de que el órgano disciplinario se pronunciara, ya lo desautorizaba advirtiendo que él, en cualquier caso, no iba a suspender a Cobo.
En lo que parece más un simulacro de sanción que una sanción propiamente dicha, el Comité de Derechos y Garantías del PP ha decidido suspender cautelarmente de militancia a Manuel Cobo por los insultos dirigidos contra Esperanza Aguirre desde el diario El País. Por lo visto, el Comité de marras no tiene todavía los suficientes elementos de juicio y se va tomar un tiempo más para dilucidar si las injurias del segundo de Gallardón contra la presidenta madrileña deben ser consideradas "graves" o "muy graves" –lo cual estatutariamente conlleva en ambos casos la inhabilitación para desempeñar cargos en el seno del partido o en representación de éste– o, por el contrario, no merecen castigo alguno que no sea una mera amonestación. Es evidente, sin embargo, que el Comité de Derechos y Garantías tiene desde hace muchos días, y como cualquier ciudadano, elementos más que de sobra para enjuiciar las inadmisibles calumnias e injurias que Cobo ha lanzado contra Aguirre. La única razón para no haber tomado ya una decisión definitiva es el no querer desairar a un envalentonado Ruiz Gallardón, quien horas antes de que el órgano disciplinario se pronunciara, ya lo desautorizaba advirtiendo que tomara éste la decisión que tomara, él no iba a suspender a Cobo como vicealcalde y portavoz del partido.
Para no tener que enfrentarse a Gallardón –o por no querer hacerlo– el Comité ha optado por una sanción cautelar sin efecto práctico alguno, ya que ni siquiera obliga de manera cautelar a apartar a Cobo de sus cargos. Este resultado, no sólo permite a Esperanza Aguirre seguir sintiéndose justamente desamparada por la dirección de su partido, sino que también constituye un agravio comparativo con respecto a las sanciones tomadas –por muchos menos motivos– contra Ricardo Costa.
Como si la equiparación que hiciera Rajoy entre agresor y agredida no fuera bastante, y como si tampoco lo fuera el hecho de que Cobo, lejos de retractarse, elevara las injurias afirmando haber llegado a "sentir miedo por mí y por mis hijos", Esperanza Aguirre ha tenido que ver como este miércoles la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, la criticaba en la radio considerando un "error tremendo" su decisión de no acudir el martes a la reunión del Comité Nacional del partido.
Aun reconociendo como un error, y no como una gentileza, la ausencia de Aguirre –que ésta justificó con el argumento de que sus compañeros pudieran reflexionar con "mayor libertad" sobre un caso en la que ella estaba directamente afectada–, ¿no había determinado Rajoy que las criticas a los compañeros se hacían en el seno del partido? ¿Qué hace, entonces, Cospedal aireando el "tremendo error" de Aguirre ante los micrófonos de Onda Cero y la Cadena Cope? Por otra parte, ¿por qué nadie consideró como un plante, una falta de respeto o un tremendo error la decisión de Camps de no acudir a una reunión anterior del Comité Nacional en el que se iba a tratar el efecto del caso Gürtel en la Comunidad Valenciana?
Lo más criticable, sin embargo, de este simulacro de sanción contra Cobo es, tal y como apuntábamos, el agravio comparativo que supone respecto a las sanciones impuestas a Ricardo Costa. Éste ha sido sin motivo alguno, no sólo suspendido de militancia, sino también aparatado de todos sus cargos. Y lo ha sido en un momento en el que Costa todavía no ha podido comparecer ante el Comité de Derechos y Garantías. En el caso de Cobo, ni Rajoy ni el órgano disciplinario trasladaron la menor objeción a sus injurias contra Aguirre hasta que el Comité Regional de Madrid elevó la queja y solicitó su intervención. Sin ni siquiera tomar medida cautelar alguna, el órgano disciplinario convocó para varios días después su comparecencia y, tras ésta, todavía no ha apartado a Cobo de cargo alguno.
Se dirá que la falta de militancia no impide por sí misma la ostentación de determinados cargos de representación. Sin embargo, Cobo no es un independiente a quien, por razón de prestigio y trayectoria profesional, se le ofrece uno de estos cargos. La "independencia" de Cobo es sobrevenida por haber injuriado a un miembro del partido, y el hecho de que, pese a ello, pueda seguir ostentando esos cargos convierte su sanción en una auténtica tomadura de pelo. Una tomadura de pelo que, por lo visto, no resulta "inadmisible" para Mariano Rajoy.
HA sido probablemente lo más reconfortante de esta semana. Angela Merkel ha hablado ante el pleno del Congreso norteamericano, Casa de Representantes y Senado unidos. Ha sido un discurso como el que muchos soñamos escuchar de nuestros propios representantes y líderes. Muy pocos han sido los dirigentes extranjeros que han recibido semejante deferencia en Washington. Se ha dicho que Konrad Adenauer, el padre de la República Federal Alemana, hace la friolera de 56 años, recibió el mismo honor. No es exacto. Adenauer habló ante ambas cámaras, el único canciller alemán hasta ahora en hacerlo, pero no en sesión conjunta. Angela Merkel ha adquirido así un puesto muy especial en la jerarquía de relaciones con la administración norteamericana. Ante actos realmente históricos como éste producen hilaridad cuando no vergüenza los patéticos esfuerzos de algunos de presentar su foto semigótica con Barack Obama como un encuentro planetario. Y el efímero encuentro en el Despacho Oval como el principio de una larga y profunda amistad. Pero eso sucede cuando quien habla no sabe nada de casi nada y mucho menos de historia, de simbolismos, de la profundidad que confiere a las relaciones políticas y humanas una comunión de valores. Cuando no se sabe más que de insidias barriobajeras de trepadores e intrigantes de partido semileninista. Si hay algo que ofende quizás más que la incompetencia y el desprecio a la inteligencia ajena es la ignorancia paleta de la que hacen gala algunos dirigentes de este Partido Socialista nuestro, sobre todo los que más hablan. Ignaros arrogantes con trajes y vestidos nuevos que jamás habrían podido comprarse con un salario merecido en el mercado libre. Ustedes ya saben quiénes son. El discurso de Merkel no tiene desperdicio por su altura de miras, su calidad humana y su sabiduría política. Por supuesto que muy probablemente no sea todo el texto obra suya. Pero suya es la responsabilidad de haber escogido a la gente adecuada para que el discurso que aprobó y pronunció ante el Congreso en el Capitolio haya sido de lo mejor que se ha podido oír en mucho tiempo sobre los retos y los anhelos de la libertad. Sobre la dignidad de la persona y sobre la grandeza de la política, sobre el sacrificio y sobre la gratitud inexcusable a quienes lo hacen, sobre la fuerza de las ideas y el peligro de su debilidad para todos los valores que los hombres libres han de defender. Decenas de veces fue interrumpida por los aplausos y al final de su discurso toda la sala se puso en pie para brindar a la canciller varios minutos de ovación continua y entusiasta. Merkel habló de su infancia y juventud en una dictadura comunista que aquí aún muchos defienden. Y de sus sueños desde entonces del gran país de las oportunidades infinitas que otorgan el esfuerzo, el talento y la libertad. Habló de la grandeza de la democracia que da vía libre al individuo. Y por tanto de la miseria de los experimentos sociales que desde el Estado reprimen al ser humano en aras de promesas de felicidades futuras imposibles y siempre a la postre sangrientas. Merkel dio una lección de historia de una mujer que, súbdita de una dictadura miserable, ha logrado dirigir a la mayor potencia europea. Y lo hizo dando las gracias a Estados Unidos, que tantos hijos ha sacrificado por la libertad de tierras lejanas a las que sólo los unían sus antepasados. Grandeza había en sus palabras. Vergüenza daba recordar la charlatanería buenista y provinciana de nuestro Gran Timonel en su breve paso por Washington.
Cuando se habla de corrupción en debates públicos, es difícil desplazar a los contertulios de una idea de la corrupción basada en casos personales, detectados en tanto que se enfrentan a un sistema político y legal determinado (en buena parte por ellos mismos, deberíamos añadir). Pero apenas se cuestiona que sea éste precisamente el que esté corrupto, y que, en tal caso, la aparición de uno o cientos de casos de corrupción no se explica por la exclusiva malicia del criminal, los cuales son frutos lógicos y naturales de tal árbol, sino por la descomposición del árbol mismo.
Cuando, por ejemplo, nos enteramos de que cierto periódico de un pueblecito de Gerona recibe setenta euros de la Generalidad de Cataluña por cada ejemplar que vende, que cuesta sólo un euro, con la excusa de una “promoción de la cultura catalana”, sabemos que se trata de algo inmoral y políticamente corrupto. Pero la búsqueda de un culpable concreto de semejante monstruosidad tenderá a diluirse en responsabilidades cada vez más altas en el escalafón legal, que alcanzan a la Generalidad misma, el Parlamento catalán, y, si se quiere ir hasta el final, a la Constitución española. En efecto, es por eso por lo que tantos crímenes y corruptelas han sido pasados por alto por la justicia. El creador de una idea tan ignominiosa está a salvo. Es más, será aplaudido y considerado un campeón de la cultura y un héroe nacional. Pero, en todo caso, de creador no tiene nada, pues su engendro es tan sólo la consecuencia de una red de concesiones cuyo origen escapa a todo análisis subjetivista.
Es por tanto pueril argüir, como hacía un periodista recientemente en un debate televisivo, que, habiendo tratado a muchos políticos durante décadas, no ha conocido a ninguno corrupto. En primer lugar, como si, de estar realmente cometiendo algún delito, se lo fuese a decir al susodicho periodista. Pero ante todo porque este tipo de análisis no percibe que la degradación moral comienza desde la cúpula del poder, y que la vigencia un régimen político u otro determina el grado de corrupción moral de una sociedad. El discurso de la democracia no es psicologista, lo cual sería el refugio partidócrata por antonomasia (“yo no he hecho nada, o nada que no hayan hecho otros”), y debe saltar a examinar las causas de la corrupción desde un plano institucional, donde las soluciones toman la forma de una mecánica de fuerzas.
El ex director del Palau, además de pagar las bodas de sus hijas con los fondos de la Fundación –200.000 euros en total - consiguió rentabilizar aún más el desfalco. El Periódico desvela que cobró a su consuegro la mitad de los gastos, logrando un jugoso beneficio del enlace: 40.000 euros.
El proceso judicial abierto contra el desfalco del Palau de la Música no deja de depararnos sorpresas. Si hace unos días conocíamos como Félix Millet había costeado, con los fondos de la Fundación, las lujosas bodas de sus hijas, ahora El Periódico desvela como su el fraude iba más allá.
Después de cargar a las cuentas del Palau las facturas de la boda de su hija Clara, que ascendieron a 81.156 euros , además no quiso "invitar" a sus consuegros: Les cobró la mitad de los gastos del enlace. Por lo que, Millet logró una operación exitosa: la ceremonia nupcial le había reportado un beneficio de 40.000 euros.
Según afirma El Periódico, los consuegros no tenían conocimiento de que en realidad, el que pagaba no era el presidente del Palau y padre de la novia sino la Fundació Orfeó Català, según las facturas aportadas al proceso judicial abierto por el desvío de millones de euros de la entidad. De hecho, la familia del novio tuvo que recortar la lista de invitados para poder hacer frente al gasto.
El convite se celebró en el propio Palau, y se realizaron obras expresamente para la ceremonia, a la que acudieron consejeros de la Generalidad de la época, junto a financieros e importantes empresarios.
La boda de la otra hija de Millet, Laila, también presenta irregularidades. El Palau de la Música cambió la música clásica por la del legendario trompetista Louis Amstrong, a gusto de la novia. Solo el almuerzo costó 28.895 euros (4.8 millones de pesetas), y las flores 6.769 euros. En total, 129.010 euros. Las pagó el Palau, por supuesto.
En definitiva, Millet utilizaba estas cuentas como si fueran las suyas personales, cargando, por ejemplo, las vacaciones anuales de su familia en Menorca, donde tiene una vivienda. Según las mismas fuentes, en estos dispendios también podría figurar personal de servicio o un canguro para las niñas de la familia.
Ofrecemos a nuestros lectores un resumen con los enlaces que les darán una somera idea del clima de corrupción que nos hace la atmósfera política irrespirable.
