Odio a Madrid. Por Hermann Tertsch

Odio es lo que Pepiño, Zapatero y hasta algún madrileño de este gobierno sienten hacia Madrid y todo lo que Madrid significa.

ESTÁ claro, y el ministro de Fomento de este gobierno —ya en su séptimo año triunfal—, debería ser el hombre más avisado al respecto, que hay inversiones, por generosas que sean, que resultan inútiles por ser su objetivo ilusorio o equivocado. Pepiño, en sus esfuerzos por ser Don José, se puede hacer unos trajes a medida de elegancia sartorial, operarse los ojos para quitarse aquellas gafas de niño apocado y cabreado, construirse una casa con posibilidad de embarcadero pese a la Ley de costas, ir al logopeda para eludir el «conceto» y la «sinosis» y copiarle los zapatos a cualquier duque o conde de la Casa Alba. Pero en cuanto se irrita por un «quítame allá esas nieves» le sale el Pepiño original, previo al tuneado, y nos espeta eso de que hay que cerrar la Comunidad de Madrid. Y va él precisamente —muñeco mascota del resentimiento— y nos habla de odio y dice que los demás, es decir, ya saben, los fachas que no aplaudimos la carrera hacia la indignidad y el disparate de Zapatero, nos movemos por odio. ¡Quiá, Pepiño! No pediremos que hable con propiedad. Pero no se equivoque. Nada tiene que ver el odio con el desprecio. Ni con la fobia que genera la figura del impostor vocacional y eterno adolescente. Ni con la ira que lógicamente despierta el daño inmenso causado de forma gratuita a la patria de todos. El odio por definición no mira hacia abajo sino hacia arriba. Y por poderosos que se crean, se llamen Zapatero o Pepiño, para ser objeto de odio habrían de ser en alguna medida respetados. No es ya el caso.

Odio es lo que Pepiño, Zapatero y hasta algún madrileño de este gobierno sienten hacia Madrid y todo lo que Madrid significa. Lo que le lleva a querer «cerrar» Madrid. ¡Ay, la dichosa herencia de los años treinta que tanto han cultivado bajo el «nietísimo» del abuelo protomártir! Ha enterrado todo signo de identidad de la socialdemocracia europea para resucitar aquel socialismo guerracivilista y largocaballerista que quería cerrar, prohibir, perseguir, quemar y reprimir todo lo que obstaculizara sus planes. Madrid se ha convertido en una pesadilla para quienes quieren ciudadanos dóciles, dependientes, obedientes y temerosos. Representa el éxito de todo lo que combaten estos paleosocialistas que, anclados en sus mentiras históricas, quieren imponer el estado omnipresente, intervencionista y controlador. Por eso la tratan como a una provincia traidora. Es la denuncia viva de su fracaso. El sangrante agravio comparativo con sus desastres de Andalucía, Castilla La Mancha y Extremadura pero, ante todo, de Cataluña, donde nacionalismo y socialismo, en su combinación más tóxica, han hundido a una sociedad próspera en la autoconmiseración, el clientelismo endémico y la mediocridad superlativa. En todas ellas han impuesto un sistema de redistribución de la pobreza, además de perverso, desincentivador y fracasado, tramposo. Madrid controla su deuda, Madrid tiene casi cinco puntos menos de desempleo, Madrid recibe inversiones que huyen de regulaciones ideológicas, Madrid tiene unos servicios que envidian y utilizan ciudadanos de autonomías dedicadas a gastar en combate ideológico e identitario. Este fin de semana, Pepiño estaba especialmente irritado. El ridículo lo merece. Toda la región de la Sierra madrileña se vio afectada por la nevada. La única vía cerrada fue la dependiente del señor Pepiño y de una delegada que más parece gobernadora civil/comisaria política. Odian Madrid porque lo ven con resentida admiración. Porque es una isla de gestión pública europea en el lodazal de gestión paternalista autoritaria y tercermundista del socialismo de la impotencia y el insulto. Del que Pepiño es, con Zapatero, patético mascarón de proa.

ABC - Opinión

“A 110 por hora va a ir la santa madre del señor ministro”. Por Federico Quevedo

Llevamos dos semanas de debate a cuenta de las medidas de supuesto ahorro energético tomadas por el Gobierno, principalmente la limitación de los 110 kilómetros por hora en autovías y autopistas, y el asunto tiene pinta de continuar lo cual es un fiel reflejo del monumental ‘cabreo’ que el asunto ha generado en la sociedad española. Desde ayer la limitación es efectiva, y también desde ayer ha comenzado el Gobierno a hacer caja. Esta era, desde el principio, la principal razón de la medida, y prueba de ello es la prisa que se ha dado el Ministerio del Interior en modificar los radares para que salten cada vez que la aguja del cuentakilómetros sobrepase mínimamente los 110, lo que de entrada exige al conductor un nivel de atención sobre la limitación de velocidad que necesariamente se resta de otros asuntos que conciernen a la conducción, lo cual, según denuncian asociaciones de automovilistas, puede ser peligroso.

Pero, miren, yo no soy un experto en estas cosas y no voy a entrar en el detalle de si es mejor ir a 110 que a 120, ni si de verdad eso sirve para ahorrar gasolina -cosa que pongo en duda-. Me preocupa, y mucho, la obsesión de este Gobierno por prohibir siempre que encuentra una excusa para ello. Da igual lo que sea, el caso es imponer una prohibición y castigarla con una multa si es menester. Ayer el secretario de Organización del PSOE, Marcelino Iglesias, acusaba al PP de asimilar libertad con “conducir más deprisa, o con una copita o sin cinturón de seguridad”, en un alarde de insultante demagogia sin precedentes. No, mire señor Iglesias, libertad en este caso es que una persona pueda conducir como le dé la gana siempre que no ponga en riesgo la seguridad de los demás y la propia. Y si el debate es que ir a 110 ofrece más seguridad que ir a 120, entonces lo que no tiene sentido es la temporalidad de la norma, y si es temporal será porque esa no es la naturaleza del debate y por lo tanto estamos asistiendo a una nueva invasión del espacio privado por parte de los poderes públicos.

«Rebajar el límite de velocidad a 110 kilómetros, no teniendo impacto alguno sobre la seguridad, sí lo tiene sin embargo sobre nuestra libertad, y a eso los ciudadanos tenemos la obligación de oponernos, porque para eso no le hemos hecho ningún encargo al Estado.»

Es verdad que el Estado tiene la obligación de establecer unos márgenes en los que vela por la seguridad, y por eso nos sanciona si conducimos demasiado rápido, si lo hacemos sin cinturón de seguridad o si hemos bebido demasiado. Y los ciudadanos que somos los que le hemos hecho ese encargo al Estado aceptamos que eso sea así, aunque podemos discutir, por ejemplo, que el límite de los 120 kilómetros/hora se haya quedado obsoleto en relación a la renovación que estos últimos años se ha producido en el parque móvil nacional. Pero esa es la concesión que los individuos hacemos en beneficio de nuestra seguridad, no de nuestra libertad. Rebajar el límite de velocidad a 110 kilómetros, no teniendo impacto alguno sobre la seguridad, sí lo tiene sin embargo sobre nuestra libertad, y a eso los ciudadanos tenemos la obligación de oponernos, porque para eso no le hemos hecho ningún encargo al Estado, y ni siquiera la razón del ahorro energético es válida porque no le da derecho al Estado a imponernos una prohibición injusta.

Y es que nadie le ha pedido al Estado que se inmiscuya en nuestra vida privada y en la toma de nuestras propias decisiones. Hoy por hoy no tenemos ningún problema de escasez de energía, o al menos el Gobierno no ha dicho que lo tengamos salvo que nos esté mintiendo de nuevo. Tenemos, es verdad, un problema de dependencia exterior, pero si para reducir esa dependencia es necesario ahorrar energía, no tiene por qué ser el ciudadano el que pague ese pato, teniendo en cuenta que la mayor parte del consumo energético se produce en el sector público y en la industria. Que ahorren ellos, entre otras cosas porque durante todos estos años no han hecho nada, absolutamente nada, por reducir esa dependencia energética externa. Los ciudadanos son lo suficientemente maduros como para saber en qué tienen que ahorrar, y la propia escalada del precio de la gasolina actúa como revulsivo a la hora de conseguir un menor consumo.

No nos hace falta que un Estado paternalista venga a decirnos lo que tenemos y no tenemos que hacer, porque a estas alturas los ciudadanos ya hemos alcanzado la suficiente madurez como para saber cuando ese Estado paternalista lo que está haciendo, en realidad, es exprimir de nuevo nuestros ya de por sí vacíos bolsillos. Así que me quedo con lo que ayer decía un chófer del parque móvil ministerial: “A 110 va a ir la santa madre del señor ministro”

El Confidencial - Opinión

PP y PSOE. Corruptos son todos. Por Cristina Losada

El convencimiento de que todos lo hacen proporciona impunidad política. Y la impunidad política sólo puede incentivar las malas costumbres.

La lucha contra la corrupción se ha sustanciado, en nuestros partidos políticos, en un grito de guerra contra el adversario. El PSOE y el PP, en especial, aunque no son los únicos manchados, se baten en el fango a la voz de "tú eres más corrupto que yo". Gestionan sus inmundicias, ya sean probadas o presuntas, mediante el procedimiento de ensuciarse mutuamente. El detergente para lavar las corruptelas propias son las corruptelas del partido de enfrente, siempre más graves, desvergonzadas y cuantiosas, por supuesto. Si en el parlamento andaluz, se habla de los ERE, los de Griñán le echarán en cara a Arenas la trama Gürtel y si en alguna autonomía del PP, se le reprocha la Gürtel, los populares replicarán con los ERE andaluces, y así sucesivamente.

Extraña forma ésa de lidiar con la corrupción. Extraña desde la ejemplaridad que debe de ser norma en el ejercicio del servicio público, aunque también desde la impura perspectiva política. Pues un partido, al entregarse al "tú más", no sólo reconoce involuntariamente que "él también", sino que emborrona y desvía la responsabilidad. Asume, de facto, que los negocios sucios practicados a la sombra del poder son responsabilidad colectiva del partido y no de los individuos que los realizan. Cuando las cúpulas directivas se atrincheran en la defensa de –y en la inacción ante– imputados de los que hay serios indicios de delito o de conductas reprobables, están cargando el peso de la falta sobre el partido en su conjunto. Y aún se quejarán luego de la desconfianza en los políticos.

Al convertir la corrupción en una causa más de confrontación entre partidos, es posible que conserven y hasta exciten el entusiasmo de los seguidores acérrimos, siempre persuadidos de que los suyos son víctimas de una campaña orquestada por el rival. Pero el efecto último de esa pelea es consolidar una perversa noción de igualdad: todos los partidos son iguales en la corrupción. Tanto se ha extendido la idea, que las ollas podridas que se destapan no afectan prácticamente a la intención de voto. Y es que si todos son corruptos, nadie lo es. El convencimiento de que todos lo hacen proporciona impunidad política. Y la impunidad política sólo puede incentivar las malas costumbres. En esas condiciones, sólo un optimista antropológico dejaría a la voluntad de los partidos la labor de erradicarlas. Claro que el remedio se vislumbra lejano, pues no sería otro que limitar el poder de los partidos y reducir el dinero de disponen los gobiernos. O sea, el programa regeneracionista que no veremos.

Libertad Digital - Opinión

Zapatero vs. Gadafi. Por Florentini Portero

Siete años después tenemos a nuestros socialistas demandando el uso de la fuerza para proteger intereses petrolíferos.

Europa no supo reaccionar ante la crisis árabe, atrapada en la contradicción entre apoyar a quien está en el poder, para garantizar inversiones en curso, y defender la promoción de la democracia. La posición de España es más complicada, por tener que casar la Alianza de las Civilizaciones —con su renuncia a exigir avances hacia la democracia y el reconocimiento de que cada cultura tiene sus propios valores— con el apoyo a unas revueltas que gozan de la simpatía de la mayor parte de nuestros conciudadanos. El español de a pie se siente más próximo al joven que pide un puesto de trabajo que a los déspotas que se han enriquecido a costa de la miseria de su propia gente.

La crisis libia complica más las cosas, porque se trata de un conflicto tribal donde los que han estado gobernando juntos ahora se matan entre sí para llegar a un nuevo equilibrio de fuerzas. Nuestro Gobierno ha decidido unilateralmente que los defensores de la revuelta lo son de la libertad y ha apostado decididamente por ellos. ¿Por qué? Porque necesita tapar décadas de simpatía por el compañero revolucionario Gadafi, el camarada que no tuvo reparo en enfrentarse a los más poderosos y en denunciar el neocolonialismo, y años de Alianza de Civilizaciones bajo patrocinio iraní. Con el furor del advenedizo se especula con el uso de la fuerza, como si sólo se tratara de desplegar una fuerza de interposición. Pero con estas declaraciones dirigidas a un auditorio nacional se han quemado las naves de la relación con Gadafi, poniendo en peligro inversiones realizadas por empresas próximas al poder. Zapatero necesita que Gadafi se vaya como sea, porque de otra manera esas inversiones corren serio peligro. Siete años después tenemos a nuestros socialistas demandando el uso de la fuerza para proteger intereses petrolíferos. Ver para creer.

ABC - Opinión

Prueba satisfactoria. Por Alfonso Ussía

Para mejor adaptarme al futuro, el pasado viernes procedí a viajar a Santander en un «Seiscientos» que heredé de mi tía abuela Enriqueta. Creo que no superé los 110 kilómetros a la hora en ningún momento, pero estuve a punto de matarme en siete ocasiones. La primera, en la rampa del garaje de mi casa. Se me fue de culo y menos mal que pude frenar antes de impactar con el coche nuevo recientemente adquirido por el vecino del 6º derecha. A la hora de encontrar la autovía, más o menos en el kilómetro 37 en dirección a Burgos, me adelantó un camión que transportaba cerdos. Culpa del camión o de los cerdos, lo cierto es que la fuerza centrífuga –ignoro si se dice así–, me sacó del carril. En Somosierra se encendió la lucecita de la temperatura. Detención obligatoria. Todo bien hasta Honrubia de la Cuesta. Esta localidad llámase así porque tiene una cuesta muy pronunciada, hacia arriba rumbo a Madrid, y hacia abajo rumbo a Burgos. El «Seiscientos» que heredé de la tía Enriqueta perdió los estribos en la bajada y superó los cien kilómetros a la hora, velocidad que jamás había experimentado porque la tía Enriqueta nunca puso la directa. De Madrid a San Sebastián y vuelta lo hacía con la tercera marcha. Al alcanzar el final de la cuesta, una racha de viento casi me hace volcar. En Aranda de Duero, llené el depósito. En tiempos de tía Enriqueta se hacía con cien pesetas. Total, treinta euros, cinco mil pesetas del vellón. Pinchazo en Lerma. No encontraba el gato. Un amable camionero se detuvo, buscó el gato, lo encontró y cambió la rueda, que me arreglaron en un taller inmediato al Hostal Landa, en donde me equilibré con un plato de huevos fritos y morcilla. De Madrid al Landa, tres horas y media. Elegí la autovía del Camino de Santiago que desemboca en la de Palencia a Santander. En Melgar de Fernamental, una poderosa moto me llamó «tortuga hijaputa». No la moto, sino el motorista, claro está. Todo perfecto hasta Herrera del Pisuerga, donde tuve que repostar de nuevo. En Herrera del Pisuerga me perdí, pero ese contratiempo no hay que achacárselo al «Seiscientos» de tía Enriqueta, sino a mí, que soy tontísimo en la interpretación de las señales. Recuperada la autovía, superé Aguilar de Campoo y me dirigía hacia Reinosa, pero en Mataporquera se me encendió nuevamente la lucecita de la temperatura. Una pareja de la Guardia Civil de Tráfico me sancionó por no indicar con el intermitente que me iba a detener en el arcén, pero gracias a ellos conseguí la botella de agua salvadora. En Reinosa me embistió una vaca. Así como se lo cuento. Las vacas no actúan contra los coches que pasan a velocidades normales, pero los «Seiscientos» de 1967 les causan honda indignación. Salvado de milagro de la acometida de la vaca, comencé el descenso hacia Santander. Pero en Arenas de Iguña, otro golpe de viento casi me manda al otro mundo. Coincidió la ventolera con mi paso por un viaducto con ciento cincuenta metros de caída libre. Me acordé de la familia de Rubalcaba, Salgado y Sebastián, como es natural y obligado. En Torrelavega, depósito vacío. Otros treinta euros, que sumados a los sesenta anteriores dan la cifra de noventa del ala. Antes de Mazcuerras, reventón de la rueda trasera izquierda. Colisión contra la valla, y toque final contra un eucalipto. Me recogió mi amigo Ricardo Escalante, que me dejó en mi casa de Ruiloba. Nueve horas de viaje sin superar los 110 kilómetros a la hora. Volví en avión, pero ahorré muchísima energía. El «Seiscientos» al chatarrero.

Delicioso viaje ahorrando gasolina. Gracias, Gobierno.

La Razón - Opinión

Independencia. Mas president, Catalunya independent. Por José García Domínguez

Lo que en verdad pretende el catalanismo canónico no es la independencia sino el independentismo, esa pose retórica tan útil para que la secesión efectiva no se llegue a verificar nunca.

Feliz esquizofrenia la de Artur Mas y su igual Duran Lleida. Así, hechos unos hombrecitos altivos, gallardos y altaneros, todos sus concejales en el Ayuntamiento de Barcelona, con los píos democristianos de Unió a la cabeza, vienen de anunciar su adhesión inquebrantable al enésimo simulacro de autodeterminación pedánea. Jocosa comedia bufa que se representará en la capital de la provincia un día de estos. Al tiempo, y sin el menor asomo de pudor, los máximos dirigentes de CiU andan inmersos en frenéticas gestiones a fin de impedir que el Parlamento doméstico proclame la independencia de Cataluña. Tragicómica eventualidad que, gracias a una moción del errático Laporta, habrá de ser sometida a consideración del pleno de la Cámara coincidiendo con la referida performance secesionista en calles y plazas.

Átenme esa mosca por el rabo. Se ve que al devoto Duran Lleida le ocurre lo mismo que confesara Agustín de Hipona en memorable sentencia: "Yo soy dos y estoy en cada uno de los dos por completo". Una patología, la del síndrome soberanista bipolar, muy común a este lado del Ebro por lo demás. Y es que, como alguna otra vez se ha referido aquí mismo, lo que en verdad pretende el catalanismo canónico no es la independencia sino el independentismo, esa pose retórica tan útil para que la secesión efectiva no se llegue a verificar nunca. Mucho mejor que nadie lo saben ellos: una Cataluña escindida supondría su ruina.

Que por algo cierta fatalidad estadística nada baladí, a saber, 56 céntimos de cada euro que entra en la demarcación fruto de las exportaciones proceden del malhadado Estat espanyol. Como en simétrica desventura acontece con el 44 por ciento de las importaciones. Constatada tal evidencia, y desde el estricto territorio de la lógica, no habría reparo que objetar a esos ensayos suicidas. Siempre y cuando, claro, la pregunta de la papeleta se compadeciese con la siguiente obviedad fáctica: "¿Está usted dispuesto a que Cataluña resulte expulsada en el acto de la Unión Europea, excluida del recurso al euro y martirizado su comercio exterior con un sinfín de aranceles y contingentes lacerantes, amén de ver repatriadas a las innúmeras empresas de la Metrópolis sitas en su territorio, todo ello por mor de san Pombeu Fabra?". Responda, indómito edil.

Libertad Digital - Opinión

Ordenancismo. Por Ignacio Camacho

Este Gobierno ha destacado por su empeño en intervenir sobre las rutinas de la vida cotidiana de los españoles.

LA concepción de la política como herramienta de ingeniería social desemboca de forma inevitable en el ordenancismo, en la vocación de controlar desde el poder público la vida privada. En su búsqueda de nuevas vías para una izquierda desgastada, el zapaterismo apostó de salida por una modificación de hábitos individuales y colectivos que garantizaba éxitos rápidos sin gran coste económico y permitía proyectar con facilidad etiquetas de ideología posmoderna. La retórica de ampliación de derechos encubría una perceptible voluntad de intrusión en las costumbres. Era una estrategia pensada para tiempos de prosperidad en los que la sociedad carecía de las preocupaciones primarias que han sobrevenido con la crisis, y para las que este Gobierno no ha encontrado respuestas. Por ello sigue apegado al reflejo de intervenir sobre las conductas cuando la gente exige soluciones a los grandes problemas estructurales de la economía, frente a los que sólo se le ocurren medidas de regulación de la vida cotidiana.

En los últimos siete años el Gobierno y sus aliados han destacado por su empeño en legislar sobre aspectos que inciden de un modo u otro en la libertad individual. El zapaterismo ha intervenido, o lo ha intentado, en la alimentación de los españoles, en sus rutinas domésticas, en su forma de divertirse, de conducir o de relacionarse. Ha regulado la velocidad de las carreteras, la grasa de las hamburguesas y la bollería industrial, las descargas de internet y la temperatura del aire acondicionado. Ha extendido su mano arbitrista hasta los filamentos de las bombillas y las bolsas de los supermercados. Ha prohibido el tabaco y —en Cataluña— los toros, y en las autonomías de dominancia socialista ha tratado de organizar el idioma en que deben hablar los escolares en el recreo —perdón, segmento lúdico en la jerga neoadanista— e incluso, como en Andalucía, los juegos a que deben jugar. Ha establecido cuotas de sexos en los consejos de las empresas. Ha multado a empresarios por emplear el genérico masculino en sus ofertas laborales. Y para despedirse prepara otra obra maestra de ingeniería social en la que, bajo el pretexto de la igualdad de trato y la no discriminación, se dispone a reglamentar el acceso a espacios, medios, asociaciones y propiedades privadas, y a inmiscuirse en la libertad de alquilar o no un piso a quien su dueño considere oportuno. Todo ello mientras permanece estático o impotente en medio de un pavoroso estancamiento de la productividad, el empleo, el consumo y el crédito.

El resumen burlón de este proceso de injerencia, que cabría tomar a broma si no fuese una preocupante realidad, aparece en el epígrafe un recién creado grupo de Facebook: «A tu edad yo conducía a 120, fumaba en los bares y me bajaba pelis». Piadosamente, los bienhumorados firmantes han omitido otra declaración más cruel: «Y además tenía trabajo».

ABC - Opinión

Un aliado proetarra

El caso de Arturo Cubillas y todo lo relacionado con el santuario de ETA en Venezuela ha sido un asunto muy incómodo para el Gobierno. Desde las primeras informaciones en los medios y las posteriores investigaciones judiciales, el Ejecutivo se ha resistido a dar al escándalo el trato que merecía. El Ejecutivo fue siempre a contracorriente y nunca demostró voluntad de ponerse al frente. Como suele suceder cuando se toma la decisión de ir a remolque y ponerse de perfil, los acontecimientos te acaban atropellando y dejándote en evidencia. Es lo que le ocurrió ayer al Ejecutivo después de conocerse que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco procesó al ex cabecilla de ETA Mikel Kabikoitz Karrera Sarobe, «Ata»; al ex responsable del aparato político Francisco Javier López Peña, «Thierry», y, sobre todo, al enlace en Venezuela, Arturo Cubillas Fontán, por un delito de integración en organización terrorista en calidad de dirigente por haber colaborado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El juez considera acreditado en su auto que Cubillas ha mantenido al menos entre los años 2004 y 2008 «contacto constante, permanente, securizado y directo con la cabeza de la organización terrorista y los distintos dirigentes de los grupos activos de ésta, con quienes ha coordinado y ejecutado tareas directivas de formación e instrucción, mejora y armamento de técnicas terroristas».

Este jefe etarra es un alto funcionario del régimen de Hugo Chávez y ocupa la jefatura de Seguridad del Instituto Nacional de Tierras. La instrucción judicial ha evidenciado que Cubillas cuenta con la máxima protección del caudillo, y que, en consecuencia, ETA dispone de un refugio más o menos seguro en la Venezuela chavista.

Aunque es cierto que el Gobierno no ha tenido más remedio que solicitar la extradición de Cubillas pedida por dos magistrados de la Audiencia Nacional, en la gestión del Ejecutivo ha pesado más el cuidado de no importunar a un aliado de la Administración socialista como Chávez que actuar con la contundencia diplomática debida, lo que resulta inadmisible. Los paños calientes del Gobierno con un régimen que cobija terroristas es censurable y sus responsables tendrán que responder de ello. No cabe imaginar que el caudillo venezolano habría actuado con la displicencia y el desprecio con que lo ha hecho si España hubiera respondido como debía.

La complicidad con Chávez es uno de los peores legados de la política exterior de este Gobierno de una lista casi interminable de fiascos en la desastrosa gestión diplomática de los socialistas. El caso de Arturo Cubillas y el resto de etarras acogidos al abrigo de Chávez debería haber sido motivo más que suficiente para que el ministro responsable hubiera dimitido o le hubieran destituido. No hablamos de un delincuente más, sino de un dirigente terrorista que, por ejemplo, se burló recientemente de las víctimas, y de una banda responsable de cientos de asesinatos. Quien protege a ETA es un enemigo de España y de los españoles y hay que tratarle en consecuencia. Venezuela es un santuario de etarras y acabar con él es un deber y una obligación del Gobierno.

La Razón - Editorial

Revolucionarias árabes

Las mujeres de Egipto, Libia y Túnez temen que la liberación de sus países no las incluyan.

Han luchado codo con codo junto a sus compañeros masculinos para liberar a sus países de la opresión y ahora temen que su propia liberación quede en el olvido. Millones de mujeres árabes han vivido o están viviendo las rebeliones cívicas de sus respectivos países con la doble esperanza de conquistar la democracia y, al tiempo, liberarse de la opresión que sufren por su condición femenina exigiendo un cambio social. La evolución de los acontecimientos abre, sin embargo, la puerta a la decepción. Los datos no son esperanzadores. Una vez desalojados del poder los presidentes de Túnez y Egipto, los nuevos órganos de poder que van a gestionar la transición están dominados por los hombres. En ellos, la presencia de mujeres es nula o testimonial. Lo mismo está ocurriendo en las zonas conquistadas por los rebeldes libios.

El mundo árabe es el que peor trato depara a las mujeres. Todos los indicadores (empleo, participación política, brecha salarial) lo sitúan a la cola, por detrás incluso del África subsahariana. En algunos de los países hoy levantados en armas contra sus tiranos, las mujeres (muchas de ellas, veladas) tienen enormemente limitada su capacidad de movimientos, sufren la ablación del clítoris (una práctica que se mantiene en las zonas rurales egipcias), son forzadas a casarse con el hombre elegido por las familias y muchas de ellas son condenadas al analfabetismo. En Egipto, el 83% de las mujeres han sufrido acoso sexual alguna vez. Un triángulo diabólico formado por la falta general de libertades, la religión (en creciente radicalización frente al sentimiento antioccidental) y la cultura se ha cernido sobre las árabes durante décadas como un yugo asfixiante ante la indiferencia de sus compatriotas y la del resto del mundo. En ese contexto, que la cuarta parte del millón de manifestantes que tomaban cada día la plaza cairota de la Liberación fueran mujeres es un hito histórico que las democracias en ciernes no pueden dejar en el olvido.

Tampoco las potencias occidentales deberían desoír las ansias de libertad de las árabes, ahora que se han atrevido a reivindicarla de manera masiva. Al igual que las revueltas que han estallado en buena parte de los países árabes han dado al traste con las políticas de cooperación con dictadores que no dudan en robar y masacrar a sus pueblos, la discriminación que sufren las mujeres debería dibujar una línea roja insoslayable en las relaciones internacionales, como ha reivindicado más de una vez la secretaria de Estado Hillary Clinton. Solo una política internacional comprometida con los derechos humanos, que incluyen la igualdad de oportunidades, puede insuflar algo de esperanza a las decepcionadas árabes. Sus manifestaciones coinciden esta semana con las convocadas en todo el planeta por el Día Internacional de la Mujer, una fecha que recuerda que todas nuestras democracias siguen teniendo un déficit que hay que corregir.

El País - Editorial

Régimen corruptor

Más allá de un cambio de Gobierno, lo que necesita Andalucía es una auditoría general de su administración autonómica.

EL Gobierno socialista andaluz se enfrenta a una epidemia de casos de corrupción que lo ponen contra las cuerdas, no solo por su responsabilidad política inmediata derivada de hechos gravísimos, sino también por su responsabilidad histórica en la gestión de la autonomía andaluza. A los escándalos de Mercasevilla y de la financiación fraudulenta de multitud de expedientes de regulación de empleo, se suma ahora una probable malversación de fondos europeos destinados a subvencionar la contratación de trabajadores. El fraude consistía en que la empresa beneficiaria de la subvención despedía a los trabajadores contratados inmediatamente después de recibir la ayuda europea. La Junta de Andalucía era la encargada de tramitar las solicitudes de subvención de las empresas, que podían realizar este fraude con total impunidad por la falta de control posterior. Hasta 1.600 empresas podrían estar implicadas en este fraude, cuyas dimensiones hacen inverosímil que pudiera pasar inadvertido a las autoridades autonómicas. Además, una de las empresas investigadas, «Qualytel Teleservices, S. A.», con claros vínculos personales con el socialismo andaluz, fue contratada por la Junta de Andalucía para atender servicios telefónicos como el de asesoramiento a mujeres maltratadas; y también se le ha adjudicado —lo que parece un sarcasmo— el contrato de la Agencia Tributaria para la atención telefónica de la campaña del impuesto sobre la renta que comenzará el próximo mes de mayo.

Tanta corrupción es una manifestación enfermiza de un régimen político asentado en la servidumbre social, la compra de voluntades y el victimismo como coartada. El régimen socialista en Andalucía se está retratando en estos casos inadmisibles de gestión corrupta de fondos públicos, tanto más reprochables por tratarse de una comunidad autónoma aquejada por la tasa de paro más alta de España y sumida en una constante reivindicación de deudas históricas y agravios comparativos frente a otras comunidades. Más allá de un cambio de Gobierno, lo que necesita Andalucía es una auditoría general de su administración autonómica y de toda la red paralela de sociedades públicas. Es hora de saber cuánto ha costado la corrupción en Andalucía, y no se puede esperar a que los procesos judiciales terminen con sentencia, aunque en este caso la Fiscalía parece haber actuado con mayor claridad que en los de Mercasevilla o el fraude de los ERE. La revelación de la verdad sobre los fraudes masivos en Andalucía es una responsabilidad política que antes o después habrá de cumplirse.

ABC - Editorial

Atrapados en la nieve. Por José Manuel de Prada

La nieve mandaba al carajo todas las elucubraciones bizantinas que se habían hecho durante la jornada anterior.

EL viernes me pilló la nevada en la carretera de La Coruña, en un autobús de la línea Madrid-Zamora. El trayecto, que suele ocupar algo menos de tres horas, duró diez, seis de las cuales permanecimos encallados en mitad de la sierra madrileña. Borges escribió en alguna ocasión que la «magnífica ironía» divina le había regalado los libros y la noche. Mientras los pasajeros del autobús esperábamos la apertura de la carretera, pensé que, sin duda, también se trataba de una «magnífica ironía» divina que se nos regalara aquella nevada que hacía imposible el tráfico rodado, precisamente cuando nuestros gobernantes acababan de imponernos una reducción en los límites de velocidad por carretera. La lectura de los periódicos, a aquellas hora de la noche, mientras una tupida cortina de nieve descendía del cielo, se tornaba irrisoria: cálculos superferolíticos sobre la cantidad de combustible que se ahorraría con la nueva medida adoptada por el gobierno; cálculos desquiciantes sobre el tiempo añadido que, con la nueva medida, se tardaría en cubrir un mismo trayecto; opiniones de expertos defendiendo o execrando la medida de marras, como un cónclave de arbitristas ociosos disputando sobre el sexo de los ángeles. Y arriba Dios sempiterno, burlándose de los vanos desvelos de los hombres. «El hombre propone y Dios dispone», reza la sabiduría popular. Y, para ratificarlo, la nieve mandaba al carajo todas las lucubraciones bizantinas que se habían hecho durante la jornada anterior. En medio del caos, nadie era capaz de brindar una explicación medianamente tranquilizadora (tampoco intranquilizadora, por cierto): la compañía de autobuses había decidido hacer mutis por el foro, dejando desatendidos sus teléfonos de atención al cliente; en el número de emergencias te despachaban con una cháchara inepta, trufada de vaguedades voluntariosas; las máquinas quitanieves trataban de abrirse paso entre la reata de automóviles apalancados, provocando aún más confusión... Así hasta que se hizo el silencio, durante seis largas horas.

Los pasajeros de mi autobús se lo tomaron con filosofía, con ese resto de filosofía estoica que forma parte del código genético del pueblo español, pese a los intentos de convertirlo en ciudadanía histérica y en perpetua demanda de derechos. Algunos aprovecharon para darse un garbeo por la nieve y pegar la hebra con otros cariacontecidos damnificados. Hubo algún amago de protesta contra la autoridad incompetente que no acabó de prosperar, porque el español sabe que, cuando pintan bastos, reclamar responsabilidades es como pedir peras al olmo. Mi hija contemplaba arrobada el descenso de la nieve, como si estuviese asistiendo a las maniobras de una legión de ángeles sacudiéndose el plumón excedente; y cuando dejó de nevar, se arrebujó en el asiento, entregándose al sueño benefactor. A mi novia, que se moría de hambre, el conductor le regaló una manzana que le supo a gloria, tal vez porque su gesto de desprendimiento la hizo más sabrosa aún. Yo aproveché para pensar un poco en la novela que estoy escribiendo, donde también la nieve tiene su pizca de protagonismo. Y así fue pasando el tiempo, como pasan las generaciones de los hombres.

Llegamos a Zamora a las seis y media de la mañana, entumecidos y legañosos, con esa suerte de borrachera sorda que produce el insomnio. En lo alto, Dios se burlaba de los vanos desvelos de los hombres. El mundo, después de todo, estaba bien hecho.

ABC - Opinión

La caja negra de la sucesión, en los Estatutos del PSOE. Por Antonio Casado

Sobre el PSOE llueven las malas noticias. La cruzada contra las encuestas no está funcionando. Zapatero no remonta. Y los mercados le alejan más todavía de sus electores por cuenta de un plan de ahorro energético de dudosa eficacia, contradictorio y mal explicado. En éstas, el mensajero amigo pone al Gobierno y a los socialistas frente al espejo de una nueva encuesta sobre intención de voto. Casi 16 puntos de desventaja respecto al PP.

Como el que no se consuela es porque no quiere, eso refuerza las tesis de quienes se acogen a la ley del péndulo como tabla de salvación de cara a las elecciones generales. Son los que sostienen que una barrida del PP en las municipales y autonómicas del 22 de mayo actuaría como despertador de los votantes socialistas de cara a las elecciones generales de 2012.

Entre ellos no está Zapatero, claro. Su método viene algo más elaborado que la mera apelación a la ley del péndulo, aunque con la que está cayendo no es mucho más fiable. Son tres mandamientos. El primero, las siglas deben estar por encima de las personas. El segundo, defensa de la operación reformista de un Gobierno dispuesto a sacrificarse por el bien de España. Y tercero, voluntad de ganar en las urnas.

«En todo caso, lo que sí tiene claro Zapatero, y así lo ha dicho para quien lo quisiera oír, que la sucesión se hará por los normales cauces estatutarios.»

Es la doctrina con mensaje explicada por Zapatero ante el Comité Federal del PSOE, reunido este sábado al solo objeto de aprobar las listas para las elecciones territoriales del 22 de mayo y los presupuestos del partido. Apenas diez minutos de doctrina desganada que no respondió al precalentamiento de vísperas. Muchos dirigentes regionales habían viajado con el morbo de que el jefe, por fin, anunciase sus intenciones respecto a la cabecera del cartel electoral para las generales de 2012.

Un nuevo chasco. Aún no toca. Salvo que las intenciones fueran las de repetir candidatura, en cuyo caso cualquier momento es bueno para eliminar un factor de incertidumbre. Como todo invita a pensar que la intención es quitarse del medio, el momento de anunciarlo no puede ser cualquiera. De ninguna manera antes de las elecciones de mayo, por no entregar al adversario durante casi un año la figura de un presidente del Gobierno provisional.

En todo caso, lo que sí tiene claro Zapatero, y así lo ha dicho para quien lo quisiera oír, que la operación se hará por los normales cauces estatutarios. Así que, por encima, o al margen, de la marea especulativa, se abre paso el artículo 30 de los Estatutos del PSOE. Ahí está la caja negra del debate sucesorio que Zapatero y Rubalcaba quieren retirar de la agenda hasta que llegue el momento de abrir la caja.

Dice así: “El Congreso Federal se reúne ordinariamente entre el tercer y cuarto año desde la celebración del congreso ordinario anterior”. Recuerdo que el anterior se reunió los días 4, 5 y 6 de julio de 2008. Quiere decirse que a partir del 6 de julio de 2011 ya se puede convocar un congreso ordinario que, entre otras cosas, debe ratificar al secretario general (y su ejecutiva) o elegir uno nuevo (o una) entre uno o varios aspirantes, como ocurrió en el congreso que Zapatero ganó frente a José Bono, Rosa Díez y Matilde Fernández.

El Confidencial - Opinión

Libia. Sea lo que otros digan. Por Emilio Campmany

Los españoles queremos ser justos y benéficos, y como no sabemos cómo, queremos que alguien de fuera revestido de cándido izquierdismo nos lo diga.

Es asombroso cómo los españoles, de cualquier ideología, nos apuntamos a las tonterías de la izquierda cuando se trata de defender los derechos humanos fuera. Una encuesta publicada por El País pone de relieve que, en relación con una hipotética intervención en Libia, los votantes del PP y del PSOE opinan casi de la misma manera. A la primera pregunta de si España debería apoyar una intervención militar en Libia, la mayoría, igual da que hayan votado al PSOE o al PP, cree que sólo debería hacerlo si ha sido propuesta por la UE y la OTAN. También se muestran contrarios ambos electorados a que Estados Unidos utilice bases españolas si decide intervenir unilateralmente (64% de votantes del PSOE y 43% de votantes del PP). Pero la mayoría de electores de ambos partidos está dispuesta a permitirlo si la intervención ha sido autorizada por la ONU.

La conclusión es que los españoles, con independencia de que votemos a socialistas o a populares, sólo favorecemos la intervención si la respaldan la UE, la OTAN o la ONU. Y esto, con perdón para mis compatriotas, es una solemne tontería.

La UE no es una organización internacional dedicada a promover la defensa de los derechos humanos en el mundo. Es una entidad regional donde cada país defiende lo suyo. Apenas tiene competencias en materia de seguridad y defensa. Si llega a decidir algo, será el resultado de la combinación de intereses de todos los miembros del club.

La OTAN es una alianza militar en la que sus miembros, incluidos nosotros, estamos comprometidos a ayudarnos mutuamente en el caso de que uno de ellos sea agredido por un tercero. Es verdad que fue la que intervino en la antigua Yugoslavia por razones humanitarias, pero lo hizo porque era de interés para sus miembros europeos mantener la paz en el continente y porque Rusia vetó cualquier resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pudiera perjudicar a Serbia. Cualquier cosa que decida la OTAN, en esto de Libia o en cualquier otro ámbito, será lo que los intereses comunes de sus miembros aconsejen.

La ONU decide en materia de uso de la fuerza a través de su Consejo de Seguridad, donde Rusia y China gozan de un derecho de veto que emplearán con toda probabilidad para evitar una resolución que autorice una intervención para defender a unos sublevados por razones humanitarias, no vaya a ser que se cree un precedente que un día pueda volverse contra ellas. No habrá autorización mientras Rusia y sobre todo China tengan derecho a vetarla.

Los españoles deberíamos ser capaces de decidir por nuestra cuenta si estamos dispuestos a defender una incipiente e incierta democratización de Libia con medios militares, siquiera limitados (decretando por ejemplo una exclusión del espacio aéreo) o si preferimos apuntarnos al principio de no injerencia y que allá se las apañen los libios. Si nos gusta lo primero, deberíamos respaldar a cualquiera que se decidiera a hacerlo, y defenderlo en los foros internacionales. Si preferimos lo segundo, deberíamos oponernos, digan lo que digan la UE, la OTAN o la ONU. En cambio, queremos ser justos y benéficos, y como no sabemos cómo, queremos que alguien de fuera revestido de cándido izquierdismo nos lo diga. Es natural que a los socialistas les atraiga este planteamiento, pero que éste sea también el de los electores del Partido Popular es extraordinariamente inquietante.

Libertad Digital - Opinión

Diarrea reguladora. Por José María Carrascal

¿No dicen que están en la política para «servir al país»? Pues que lo demuestrencon hechos.

ACOSADO, y acusado, por todas partes, al gobierno le ha entrado tal pasión reguladora que España empieza a parecer un cuartel con nuevas órdenes cada día. Lo curioso es que el nuestro es uno de los países donde menos se cumplen las leyes, siendo muchas veces las autoridades las primeras en incumplirlas. Zapatero y sus ministros, con el miedo metido en el cuerpo, ni siquiera se dan cuenta de que nos dirigen en direcciones contrarias, produciendo atascos que ríanse ustedes del de la otra noche en la A-6. ¿Qué exagero? Ahí tienen al secretario de Estado de Hacienda, sr. Campa, pidiéndonos que gastemos más, porque somos ricos sin saberlo, y al ministro de Industria, sr. Sebastián, conminándonos a restringir el gasto, porque somos unos derrochones. Aunque eso no es nada comparado con el doble papel del presidente, yendo de pobre en algunos países árabes y de rey Midas en otros. Claro que siempre es mejor que esté fuera que dentro de casa, pues allí no causa tanto daño.

De bastante más sentido que las últimas medidas gubernamentales para afrontar el recrudecimiento de la crisis me parecen las que he encontrado en una hoja volandera en el buzón. Paso a exponérselas: eliminar el Senado, cámara inútil. Acabar con la pensión vitalicia de diputados, senadores y demás «padres de la patria». Revisar el sueldo de alcaldes y alcaldillos, ajustándolo al nivel de sus municipios. Reducir drásticamente el parque móvil oficial. Anular todo tipo de tarjetas de crédito oficiales. Eliminar las asesorías externas de los organismos gubernamentales. Obligar a devolver todo el dinero recibido directa o indirectamente en operaciones ilícitas con fondos públicos. Rebajar drásticamente las subvenciones a sindicatos y partidos políticos, así como su progresiva disminución hasta desaparecer y se financien con las cuotas de sus afiliados.

El ahorro que se alcanzaría con tales recortes tendría un doble efecto beneficioso: por una parte, permitiría alcanzar la estabilidad presupuestaria que nos exige Bruselas sin tomar medidas antisociales. Por la otra, aumentaría la confianza de los españoles en el sistema, al mostrarles que los sacrificios alcanzan a todos. Que son, la confianza y el desequilibrio presupuestario, los grandes déficit de nuestros país.

Naturalmente, este plan de ahorro iría en perjuicio de la clase política y del ejército de paniaguados que ha ido creciendo a su alrededor, hasta convertirse en losa sobre nosotros. Algo que no debe preocuparnos. ¿No dicen que están en la política para «servir al país»? Pues que lo demuestren con hechos. Pero que tenga uno que encontrarse estas propuestas en un folio anónimo indica cuanto le queda todavía por recorrer a nuestra democracia.

ABC - Opinión

La Democracia tiene sus defectos: Zapatero llegó a ser presidente. Por Federico Quevedo

Durante la lección magistral sobre la Democracia y sus virtudes que el presidente del Gobierno ofreció en Túnez el pasado miércoles a los españoles nos quedaron claras tres cosas: la primera, que Madrid es un país europeo; la segunda, que se le sigue apareciendo en sueños su abuelito del alma -¡menudo coñazo de tío, por Dios!-; y la tercera que la Democracia es tan buena que hasta él ha llegado a ser presidente. Es cierto que le faltó decir, para ser más correctos en la expresión, que hasta un inepto como él había llegado a ser presidente, pero quedó bastante claro en el sentido de la frase, porque es tan insultante su autoestima que ni siquiera se da cuenta cuando se dispara en su propio pie. Lo de Madrid es posible que sea un lapsus propio de alguien que cree que la Nación es un concepto discutido y discutible y que por tanto le da igual llamar país a una región, a una ciudad o a una aldea de cuatro casas. Lo del Capitán Rodríguez que mató Franco después de que él abuelo de Rodríguez y al que Rodríguez nunca conoció –lo cual hace más sorprendente tanta fijación- ya tuviera en su haber un currículum considerable de represión violenta y envilecimiento, empieza a ser cansino y deplorable. Pero lo que más me ha llegado al alma es lo de la bondad de la Democracia en la medida que le ha permitido a él ser presidente.

La verdadera bondad de la Democracia va a ser considerable el día en que las urnas lo larguen con viento fresco. Ese día, de verdad, podremos decir que la Democracia, en el sentido de expresión de la voluntad popular y la soberanía nacional, ha funcionado correctamente. Porque hasta ahora, y siento decirlo, lo que ha habido es una mala expresión de la Democracia, no porque las elecciones anteriores fueran ilegítimas -que no lo fueron y jamás se me ocurriría a mi ponerlo en duda-, sino porque una de la virtudes de la Democracia es que los pueblos pueden equivocarse, y después corregir sus errores. Yo no sé si Rodríguez es consciente de la estupidez de su afirmación, pero si aceptamos como bueno que cualquier necio puede llegar a ser presidente del Gobierno, tendríamos que dar por bueno que el pueblo alemán eligiera en su día a Hitler para dirigir sus destinos y conducir a la humanidad a una Guerra Mundial terrorífica. Lo que hace buena a la Democracia no es la posibilidad de que alguien tan nefasto como Rodríguez llegue a ser presidente, sino el hecho de que pueda corregirse tal error, es decir, el que los ciudadanos puedan seguir teniendo capacidad de elección para cambiar su destino. Se trata de eso, de poder elegir, aunque a veces la elección sea equivocada. Dicho de otro modo, el hecho de que los ciudadanos lo hayan elegido no hace bueno a Rodríguez, aunque eso es lo que él pretendía decir.

«Rodríguez es lo peor que nos ha pasado, y no debería ocurrir de nuevo, y para evitarlo en el futuro los ciudadanos deberíamos de tener una participación más activa en la selección de candidatos y en el propio proceso de elección.»

Esa es una confusión muy habitual a la que nos conduce la izquierda: dar por hecho que cuando las urnas hablan nunca se equivocan –siempre que les elijan a ellos, claro- y, por lo tanto, eso otorga una especie de aura de bondad natural que sitúa al elegido por encima del bien y del mal e, incluso, por encima de los demás seres humanos. Pero no es así. De hecho, esa es una de las imperfecciones de la Democracia, porque en general a todos nos gustaría elegir a los mejores, pero a veces se nos cuelan en el proceso de elección los más inútiles. Es lo que ha pasado, y por dos veces, con Rodríguez. ¿Quiere decir eso que los ciudadanos son tontos? No, simplemente quiere decir que ha habido una serie de factores que han jugado a su favor en la elección. Hoy, sin embargo, lo que hay es una suma de factores que juegan en su contra, y por eso las encuestas dicen lo que dicen. Con todo, esto debería servirnos de elección para la próxima vez, y conducir a los ciudadanos a una exigencia de calidad en la selección de candidatos en los partidos políticos. En todos los partidos políticos. Rodríguez es lo peor que nos ha pasado, y no debería ocurrir de nuevo, y para evitarlo en el futuro los ciudadanos deberíamos de tener una participación más activa en la selección de candidatos, primero, y en el propio proceso de elección mediante listas abiertas, después.

Pero mientras eso llega, si es que llega alguna vez, tenemos que seguir soportando los ejercicios de demagogia barata, de discursos de Saldos Arias empalagosos y huecos, de Rodríguez Zapatero. Pero, sobre todo, tenemos que seguir aguantando a un Gobierno que nos ha llevado a la ruina, que ha alcanzado el récord de los cinco millones de parados, que improvisa tonterías cuando los problemas se presentan como inevitables –y me refiero a la reducción a 110 kilómetros del límite de velocidad y el resto de sandeces con las que ayer nos obsequió el Ministro Bombilla-, que ha llevado a cabo el mayor recorte social de toda la Democracia y que nos ha dejado sin futuro a todos los españoles pero, sobre todo, a esa multitud de jóvenes que hoy no encuentran trabajo y tienen que emigrar para encontrar algo de esperanza. Éste ha sido, sin duda, el peor gobierno de la Democracia, y si los tunecinos tuvieran algo de sentido común no harían el más mínimo caso de un tipo que se ha caracterizado por buscar enfrentamientos, romper consensos y provocar a sus ciudadanos, es decir, haciendo todo lo contrario de lo que se hizo en esa Transición de la que ahora él tanto presume como si la hubiera parido. Así que ya saben: a votar y a botarle para dar una lección de democracia.

El Confidencial - Opinión

Comité electoral exprés. Por Carlos Carnicero

Diez minutos ha necesitado el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE para dictar su discurso en el Comité Federal del PSOE. La explicación, según los voceros de Ferraz, es que al tratarse de una reunión extraordinaria para aprobar las listas a las elecciones municipales y autonómicas, no tenía sentido extenderse más de lo que requiere una pequeña arenga.

El mensaje fue tan simple y tan breve que es dudoso que produzca efecto aunque pretenda ser un sortilegio: "Vamos a salir a ganar, no por el PSOE sino por el futuro de este país". Esta bien, forma parte de la liturgia de cualquier encuentro el dar ánimos a quienes tienen que salir de las trincheras a librar una batalla. Pero lo principal es que conozcan que armas y que bagajes tienen para enfrentarse a un mundo exterior, que tal y como retratan las encuestas, no puede ser más hostil.

El secretario general del PSOE está vicario de una decisión que no termina de tomar o comunicar. Y nadie sabe si su mando es provisional, si ya no lo ejerce del todo o si está preparando su retirada.

El Gobierno está en una de esas situaciones que coloca a veces la vida en la que haga lo que haga no tendrá credibilidad porque la ha gastado en muchos retrasos, contradicciones y ocurrencias. Y cosas que pudieran parecer razonables en otros momentos, ahora se discuten por sistema.

Desde esa inercia fatídica no se puede ir más que a la destrucción, salvo que se tenga la inteligencia y el coraje de dar un golpe de timón, hacer una catarsis y sustituir las vigas que sostienen un proyecto que ya nadie quiere por otras que apuntalen el futuro.

Diez minutos, incluso pueden ser demasiados cuando no se tiene nada que decir y cuando quienes asisten al acto no tienen interés en escuchar más de lo mismo. Ocho años de ceremonias en comités electorales de adoración han acostumbrado a los creyentes del PSOE a decir amén. Y ahora, de repente, ¡es tan difícil decir lo que uno piensa que coincide con lo que el sumo sacerdote no quiere oír¡ Por eso, diez minutos incluso pueden ser demasiados.

Periodista Digital - Opinión

PP. Más sociedad, menos Gobierno. Por José García Domínguez

Eslogan aparente y engañoso, urge añadir. Porque en buena lógica cartesiana, a más sociedad solo podría corresponder menos –que no mejor– Gobierno. Pero, ¡quia!, hasta ahí podríamos llegar.

Intercambiables como suelen, igual Zapatero que Rajoy han aprovechado los reglamentarios treinta segundos de gloria en el telediario del domingo para anunciar su muy hondo afán de modernizar la sociedad española. Y es que los españoles nunca lucimos lo bastante modernos a ojos de nuestra clase rectora. No hay nada que hacer. Tanto da que nos gastemos fortunas comprando tejanos raídos, corbatas absurdas, camisas asimétricas de improbables estampados o los ultimísimos chuches tecnológicos de Apple: siempre les pareceremos unos antiguos. Es más, desde que Rimbaud ordenara aquello de que "hay que ser absolutamente moderno", yo no recuerdo a nadie tan pesadito con la cantinela de la modernez. Aunque, ya puestos, podrían comenzar por modernizarse ellos, los partidos. A fin de cuentas, si algo delata a la modernidad es la efectiva emancipación de la sociedad civil con relación a la tutela dizque paternal del Estado.

"Más sociedad, mejor Gobierno", reza a ese aparente propósito el eslogan del Partido Popular cara a autonómicas y municipales. Aparente y engañoso, urge añadir. Porque en buena lógica cartesiana, a más sociedad solo podría corresponder menos –que no mejor– Gobierno. Pero, ¡quia!, hasta ahí podríamos llegar. "Más de lo mismo", debieran aclarar y la cosa se entendería mucho mejor. Al respecto, es sabido que nada hay más antiguo que un periódico de ayer ni nada más moderno que un poema de Homero. De ahí que si don Mariano se quiere moderno, moderno de verdad, lo mejor que puede hacer es exhumar los restos de Montesquieu cuanto antes. Por la vía de urgencia. Ahora mismo.

Y, de paso, acabar con el gemido hipócrita de su coro de plañideras y el impostado llanto por la virginidad perdida de jueces y fiscales. Siempre, claro está, que eso de la división de poderes no le suene también a rancia antigua carca. Luego, asentada la premisa mayor, quizá procedería empezar a imaginar una res publica donde los partidos no nombrasen desde el gerente del Orfeón Donostiarra hasta el último bedel del Excelentísimo Ayuntamiento de Cornellà del Llobregat. Antiquísimo vicio de los modernizadores, ése de patrimonializar el Estado y chulear a la sociedad, que nos retrotrae a la Restauración, tan moderna ella. Más sociedad, menos Gobierno. ¿Acaso no existirá absolutamente nadie en la derecha capaz de susurrarlo?

Libertad Digital - Opinión

Política de pegatina. Por Ignacio Camacho

Inconsistente, provisional y reversible: la pegatina es el logotipo de la política tornadiza del zapaterismo.

EN su vorágine arbitrista de improvisaciones y ocurrencias, el Gobierno ha acertado involuntariamente a diseñar el mejor logotipo posible del zapaterismo. La pegatina es desde hoy el símbolo de esta política de criterios reversibles, ideas inconsistentes y medidas transitorias con las que el presidente y su equipo se atornillan a un poder cuyos resortes hace tiempo que dejaron de controlar. Principios inconsistentes, decisiones retráctiles y normas convertibles a tenor de las circunstancias o vaivenes de opinión pública: todo el carácter tornadizo, liviano e inestable del estilo de gobernar de Zapatero está condensado en el ejercicio de quita y pon que mediante un simple adhesivo cambia la velocidad máxima en las carreteras como un epítome de la provisionalidad de sus métodos y valores.

Con un simple cambio de etiquetas, Zapatero ha ido adaptando su política a las necesidades derivadas de sus reiterados fracasos. Su concepto del poder está basado en una circunstancialidad relativista refractaria a cualquier fundamento permanente. Acostumbrado a la reinvención continua de sí mismo, cambia de avatar con una naturalidad desacomplejada y es capaz de asumir sin remordimientos la identidad de un reformista liberal tras seis años de contumaz autoproclamación como paladín del proteccionismo. Ayer era el campeón antinuclear y mañana revisa la vigencia de las centrales; antier entregaba dadivosos cheques sociales y hoy rebaña el subsidio del desempleo terminal; un día dispara el déficit al 12 por ciento y otro amanece como adalid del equilibrio presupuestario; un año niega la existencia misma de la crisis y al siguiente pronostica un estancamiento quinquenal; lo mismo se abraza en Túnez a Ben Alí (septiembre de 2004, ¿recuerdan?) que se presenta a dar a sus sucesores lecciones de tránsito democrático. Incluso sus señas de identidad más preclaras están sometidas al revisionismo express: la democracia deliberativa acabó en el diktat autoritario de los decretos-ley, los Ministerios de Igualdad o de Vivienda desaparecieron con la fulgurante determinación con que fueron creados y la guardia pretoriana del feminismo juvenil se transformó de repente en la masculina madurez del rubalcabismo. Como en una versión paroxística del devenir presocrático, en el zapaterismo todo fluye y nada permanece, sometida cualquier convicción al contraste de un pragmatismo exacerbado. Gobernanza posmoderna, oportunismo de cartelería, socialdemocracia versión 3.0.

Todo esa impronta de superficialidad y utilitarismo está condensada en el carácter efímero, cambiante y aparencial de las flamantes pegatinas viales: máxima flexibilidad, mínima sustancia y reversibilidad garantizada. Son desechables, biodegradables y fáciles de reciclar. Como las bombillas de bajo consumo. Como la política de bajo coste. Como la ideología de baja intensidad.

ABC - Opinión

El multazo del Gobierno

Desde hoy la circulación por autopistas y autovías tendrá limitada la velocidad máxima a 110 km/h. España se distancia también en este punto de los países más avanzados de nuestro entorno y se nos devuelve a escenarios de los años 70. La polémica generada por la fiebre prohibicionista de este Gobierno ha ido a más por la falta de solidez de los argumentos oficiales y por el aire de improvisación que rodea a estas iniciativas. Baste, como ejemplo, el desbarajuste en el cambio de las señales de tráfico, donde igual se da una pegatina completa, u otra de un solo número, o una cubierta con imán, o con silicona, o se cambia la señal completa. La imagen es cualquier cosa menos seria.

El Ejecutivo ha justificado el recorte de la velocidad en virtud de un plan de ahorro energético, motivado por las revueltas árabes y el encarecimiento del petróleo, y también por sus positivas consecuencias sobre la seguridad vial. Se ha demostrado, con estadísticas en la mano y a través de estudios y pruebas de conducción, que la nueva limitación no logrará los resultados anunciados. Ni se ahorrará combustible y, según la experiencia de 1976 cuando se bajó a 100 km/h, la siniestralidad tampoco mejorará. En aquel año hubo 245 muertos más.

Aunque el Gobierno prefiere la retórica a las cifras, la realidad de los datos es que en los últimos años los españoles hemos conducido más despacio, pero al mismo tiempo ha crecido el consumo de carburante y el número de víctimas. En 2004, la velocidad media fue de 117,20 km/h, con 7.538 víctimas y un consumo de 29,8 millones de toneladas. En 2007, fue de 116,50 km/h, 8.442 víctimas y 32,5 millones de toneladas. LA RAZÓN demostró además empíricamente que los motores del siglo XXI gastan más combustible a 110 que a 130.

Por tanto, hay que pensar que existen otras razones que no se han explicado a la opinión pública. Sea o no el motivo de fondo de la decisión, lo cierto es que la disminución de la velocidad máxima trae aparejada un multazo. La Administración se ha cuidado hasta el extremo de silenciar que con los cambios normativos las multas serán superiores e incluso algunas sanciones triplicarán su cuantía. Que se haya ocultado esta novedad demuestra que el Gobierno tendría extraordinarias dificultades en argumentar su decisión en motivos no crematísticos. Y es que los conductores que fueran sorprendidos circulando entre 141 km/h y 150 podían ser multados ayer con 100 euros, pero hoy lo serán con 300. Se calcula que Tráfico incrementará su recaudación un 30%, lo que supondrá un ingreso extra de 21 millones de euros, que son también 21 millones de razones para adoptar la iniciativa. Que el dinero parece ser importante lo prueba también que Interior no modificará la regulación sobre pérdida de puntos. Se pagará más, pero los infractores no tendrán mayores perjuicios.

La vocación obsesiva del Ejecutivo por entrometerse y recortar la libertad de los ciudadanos y su determinación de mejorar la salud financiera del Estado a través de los bolsillos de los españoles no nos convierte en un país mejor ni más próspero ni más justo. Gobernar a golpe de ocurrencia es converger con la mediocridad y no con la excelencia.

La Razón - Editorial

La temida independencia de las víctimas

Lo que no soportan de ninguna manera PP y PSOE es que haya cuerpos de la sociedad civil que escapen a sus designios e intereses; nada teme más un político que la existencia de contrapesos que puedan limitar su poder y eventualmente derrocarlo.

Durante mucho tiempo los medios de izquierdas trataron de desacreditar la rebelión cívica de las víctimas del terrorismo contra el proceso de rendición del Gobierno ante la ETA acusándolas de estar al servicio del Partido Popular. Se trataba, qué duda cabe, de una completa difamación por cuanto el único objetivo de las víctimas era el de defender la memoria, la dignidad y la justicia que el PSOE venía mancillando con sus genuflexiones ante la banda terrorista.

Con el tiempo, el progresivo acercamiento del nuevo PP de Rajoy al Ejecutivo de Zapatero demostró que las víctimas siempre habían actuado por su cuenta, sin otra motivación política que abortar las cesiones ante la ETA, las realizara quien las realizara desde el Gobierno de España. Recientemente, las protestas contra el nuevo proceso de negociación, en las que la deliberada ausencia del PP como partido ha sido percibida por todos, sólo ha hecho más que reforzar esa imagen de independencia de las víctimas.

Sin embargo, sí es cierto que desde siempre ha existido una tentación entre los dos principales partidos nacionales por colocar a las víctimas al servicio de sus propias agendas. Al cabo, lo que no soportan de ninguna manera es que haya cuerpos de la sociedad civil que escapen a sus designios e intereses; nada teme más un político que la existencia de contrapesos que puedan limitar su poder y eventualmente derrocarlo. Por eso, PP y PSOE han tratado, a veces con éxito, o de someter a las víctimas o de suprimir su influencia social: el PSOE lo hizo a través de Peces Barba y de sus intentos de infiltración en sus diversas asociaciones, y el PP condenando a las víctimas a un boicot informativo al que obviamente jamás se sumó Libertad Digital.

A día de hoy todavía hay gestos que ponen muy de manifiesto esa pulsión política por controlar los mensajes y las manifestaciones de las víctimas. Así, ante la próxima marcha de la AVT contra la posibilidad de que ETA permanezca en las instituciones tras las elecciones de mayo, al líder de los populares vascos no se le ha ocurrido otra cosa que aleccionar a las víctimas sobre cuál es el motivo último de la misma: no exigir firmeza y respeto a la ley en un contexto donde se están produciendo inquietantes movimientos que sugieren un nuevo proceso de rendición, sino "apoyar al Gobierno". La ecuación es simple: si el PP acude a la manifestación de la AVT y el PP, por motivos poco claros, continúa apoyando la política antiterrorista del Gobierno, es que la manifestación de la AVT tiene como propósito apoyar al Gobierno.

Normal, pues, que a las pocas horas la AVT de Ángeles Pedraza haya mostrado su indignación por la interesada manipulación de Basagoiti y Francisco José Alcaraz, cuya asociación Voces contra el Terrorismo secunda la marcha, muestre su perplejidad ante las palabras del líder popular. Las víctimas tienen muy claro que no son ni tienen la intención de ser los instrumentos de ningún partido político. ¿Algún día aprenderán la lección todos los políticos?

Libertad Digital - Editorial