Paga el canon y calla. Por Antonio José Chinchetru

El mensaje a los ciudadanos y a quienes luchan por disminuir el abuso que supone la compensación por copia privada es claro: "paga el canon y calla".

Por si quedaba alguna duda, los hechos confirman lo que era previsible. La reforma del canon digital para adecuarlo a la sentencia que declara ilegal su aplicación indiscriminada en España no va a ser eficaz, veloz ni consensuada. Podría demorarse "meses". Hay que reconocer que en este aspecto González-Sinde no mintió, aunque sí trató de tomar por idiotas a los diputados y a los ciudadanos al decir que trataría de actualizar la normativa "lo más rápidamente posible", puesto que se dio a sí misma medio año para cambiar las cosas. Sin embargo, en el resto de los puntos salta a la vista la ausencia de sinceridad de lo que dijo la ministra hace más de tres semanas.

Se está negociando la reforma de la compensación por copia privada, eso es cierto, pero aquí no va a haber eficacia (excepto, con toda seguridad, para la SGAE y demás entidades de gestión), ni mucho menos consenso. Sobre esto último, el Gobierno está dispuesto a reunirse, y lo hace, con las "fuerzas vivas" del canon. Quienes han acudido al primero de los encuentros son las sociedades de gestión de derechos de autor, que se embolsan el canon, y Ametic. Sobre esta última hay que destacar que es una patronal (surgida de la fusión de otras dos) presentada en sociedad hace unas semanas por el Ministro de Industria, Pablo Sebastián, y cuyos miembros se van a ver beneficiados por los jugosos fondos de la prórroga del Plan Avanza 2. En concreto, para este año están presupuestados 1.116 millones de euros. Dudamos de que ante estas cifras, que además están pidiendo que se incrementen, estos señores quieran ser un incordio en sus negociaciones por el canon.

Quienes por el momento no han sido llamados a la mesa de negociaciones son las asociaciones de internautas, de consumidores y Apemit, la asociación de pequeñas y medianas empresas de informáticas afectadas de forma negativa por la compensación por copia privada. Dicho de otro modo, quienes pagan el canon o a quienes les destroza su cuenta de resultados no tienen derecho a voz ni voto en tan grave asunto. Al menos, por el momento. Lo que hay por ahora hacia el común de los españoles con respecto al canon es un puro y duro: "calla y paga". Y lo más seguro es que esto se mantenga.

Por si queda alguna duda de cuál es el papel que corresponde a quien sufre el canon, el Gobierno ni se ha molestado en decir cuándo podrán participar en las conversaciones. Quienes se han encargado de ello han sido los representantes de las entidades de gestión y de Ametic. Ambos han dicho que la participación de las asociaciones de internautas y Apemit tendrá lugar cuando lo marque la ley. Suena a pitorreo. Ninguna norma jurídica marca el momento en el que este tipo de organizaciones deben entrar en juego en unas negociaciones que, se supone, son a varias bandas. Pero el representante de la SGAE y sus hermanas han ido más allá, se han atrevido a indicar que los que todavía no tienen voz podrán hablar "en el momento adecuado". Le ha faltado decir que eso será cuando ya esté todo decidido.

En resumen, como señalábamos más arriba, el mensaje a los ciudadanos y a quienes luchan por disminuir el abuso que supone la compensación por copia privada es claro: "paga el canon y calla".

Libertad Digital - Opinión

Agamenón y su porquero. Por M. Martín Ferrand

La España autonómica, no cerrada del todo a la potencialidad constitucional, es económicamente inviable.

SOSPECHO que a José María Aznar le gusta fingirse a sí mismo para perpetuar su propia gloria. Es el problema del eventual discontinuo que genera la dedicación política: hoy mucho y mañana nada, independientemente del mérito acumulado. De ahí las apariciones que, de vez en cuando, proyectan en el presente quienes fueron, por el PSOE o por el PP, jefes del Gobierno y gozaron del aplauso mayoritario. Felipe González, mejor actor que Aznar, disimula con mayor naturalidad esa pulsión; pero los buenos catadores de la política saben que el síndrome de abstinencia no arranca únicamente de la dependencia de ciertas sustancias, sino que cuelga también de muchas experiencias y hasta de algún propósito. Por eso Aznar se les apareció en León a sus viejos subordinados y les dijo, según la pauta de Juan de Mairena: ayudadme a comprender lo que os digo y os lo explicaré más despacio.

El veterano líder de los populares, cuando es invierno, suele revestirse con una bufanda larga, larguísima, que evoca la solemnidad de la estola y con la que, se supone, se siente amparado para pontificar. De esa guisa, en una de esas liturgias huecas que los partidos se ofrendan a si mismos, Aznar demostró que tienen mucho más claras las ideas que los recuerdos y, en olvido del Pacto del Majestic que le instaló en La Moncloa, el chupinazo inaugural de la demasía autonómica, les advirtió que no podemos organizar nuestra vida en común multiplicándolo todo por diecisiete.

Es evidente que la España autonómica, no cerrada del todo a la potencialidad constitucional, es económicamente inviable; pero más nocivo y demoledor resulta lo que ello debilita al Estado en el que debieran asirse la certeza jurídica, la unidad educativa y la coherencia nacional. En consecuencia no es malo, salvo mejor opinión de Mariano Rajoy, que Aznar se apareciera para recordarlo. Alfredo Pérez Rubalcaba descalifica al ex presidente por esas declaraciones que, si fuera tan listo, astuto y eficiente como se nos quiere dar a entender, las agradecería por lo mucho que le ahorra al PSOE en el gasto de algo parecido. Como no somos alemanes y, en consecuencia, no parece posible que aquí se retrotraigan privilegios territoriales, raro concepto que antepone el territorio a los individuos, quizá sería cosa de ir pensando en que las próximas legislativas tuvieran valor constituyente para que el Congreso resultante pudiera revisar los supuestos sobre los que hoy sustentamos la convivencia para que resulten económicamente viables, respetuosos con la Historia y, en lo pragmático, nos haga fuertes frente a nuestros socios y vecinos.

ABC - Opinión

Culto al líder. La caída de ZP. Por Alberto Gómez

Cuando un líder socava el sustrato espiritual y las instituciones formales, entonces solo queda su autoridad como garante de algún orden por precario que sea; entonces surge la forma más primitiva de religión: el culto al jefe.

¿A qué se debe el desplome de Zapatero en las encuestas desde el verano hasta ahora? Si es por la crisis, ésta ya comenzó hace tiempo y su desplome debería haber comenzado antes. Un Maquiavelo informado por la teoría de la selección natural daría una explicación tan incompleta como otra cualquiera, pero al menos sería una pista interesante.

De acuerdo con la formulación más comprensiva de la teoría de la selección natural, las sociedades humanas son entidades naturales, sujetas a un proceso evolutivo, en el que se han contrastado violenta y pacíficamente distintas formas de organización interna, por tanto, sus normas, costumbres e instituciones escritas y no escritas, no son arbitrarias. La evolución no funciona solo a nivel biológico sino con cualquier tipo de unidades sujetas a variación y selección. Las sociedades humanas son entidades resultado de la unión de seres humanos. De forma análoga, los humanos son resultado de la unión de células eucariotas y así sucesivamente. Todos los niveles están sujetos a selección natural, y en cada nivel hay colaboración y conflicto entre las unidades que lo forman.

Para favorecer la colaboración y evitar el conflicto, la sociedad tiene sus mecanismos. La gente no busca la libertad ni la verdad. Debe satisfacer antes otras pulsiones más básicas. Atendiendo a la selección natural, la gente busca lo que le permita obtener más posibilidades de supervivencia y reproducción que en un ser social se traduce en la búsqueda de estatus, ayuda de otros y seguridad, que se consiguen a menudo con la conformidad con las ideas y valores del grupo en que se integra. El determinante más básico de la organización social es la naturaleza humana y esta, dependiente de la evolución biológica, cambia muy lentamente.

Fenómenos tan distintos como las religiones –con sus preceptos y ritos–, los conciertos de rock –en torno a bandas de "culto"–, hasta el "culto a la personalidad" en las dictaduras totalitarias, pasando por los mítines de los partidos políticos, por citar unos ejemplos, hacen pensar que la devoción en torno a líderes –bien sobrenaturales, bien reales idealizados que se convierten en modelos a imitar en diversos grados y maneras– es un fenómeno tan persistente en todo tiempo y lugar que es difícil eludir la idea de que estamos ante un instinto humano destinado a mejorar la colaboración y coordinación interna del grupo del que se trate. La psicología evolucionista estudia las religiones desde este punto de vista.

Las civilizaciones, o sea, los grupos humanos entendidos en su forma más extensa, tienen sus normas y valores que permiten la colaboración, asociados a entidades espirituales, lo cual garantiza su pervivencia a salvo de la arbitrariedad y el dictado de sus gobernantes. No es extraño que la religión sea el blanco preferente de los líderes despóticos e iluminados. Pero la ausencia de religión no elimina el omnipresente instinto humano de conformidad religioso, que siempre juega su papel.

Cuando un líder socava el sustrato espiritual y las instituciones formales, entonces solo queda su autoridad como garante de algún orden por precario que sea; entonces surge la forma más primitiva de religión: el culto al jefe. Un líder despótico se ve reafirmado en su poder si su acción destructora se ve acompañada por gestos de autoridad, porque, por su propio interés, el individuo se une al régimen para sobrevivir. Esto se ha podido comprobar a todas las escalas. No solo en los países totalitarios, sino durante los secuestros, con el llamado síndrome de Estocolmo. ZP, el héroe prometeico, justiciero de la mujer de la primera etapa, es una versión soft de ese culto a la personalidad.

La economía es la última piedra de toque para juzgar a los políticos que queda en pie en una sociedad moralmente inerme. Cuando esta falla, entonces es necesario incrementar la sensación de autoridad mediante técnicas más antiguas que la misma Humanidad; técnicas que cualquier jefe de mafia o secta conoce bien por instinto, no importa el moderno ropaje ideológico en el que se envuelvan: ya sea el ataque a minorías para obtener el favor de la mayoría, o el fomento de la envidia, o la división para presentarse ipso facto como garante de unión, o los ataques personales con su aparato de propaganda, o la búsqueda del favor de minorías influyentes: ZP ha ensayado todas estas técnicas con las mujeres, los gays, los controladores, los fumadores, las autonomías... eligiendo lo mas compatible con su agenda de iluminado. El hombre de los golpes de mano, recoge los vítores de los trepas que antes glorificaron al Caudillo o aplaudieron a los GAL.

Ahora bien, la efectividad de todos esos tours de force se basa en la idea de que el líder continuará en el poder. Cuando se hace evidente su debilidad, la voz de "el rey está desnudo" corre como la pólvora porque el rey ha perdido el poder. La misma caída súbita es prueba del despotismo y la destrucción en el que se ha sustentado.

Libertad Digital - Opinión

Intervenidos. Por Ignacio Camacho

España es desde hace nueve meses una economía tutelada al alimón por los mercados y el Directorio europeo.

TIENE razón Aznar: España está intervenida de hecho y las autonomías se han vuelto insostenibles. Otra cosa es que el diagnóstico, por acertado que sea, lo deba de hacer en tan delicado momento un ex presidente que además fue el que dio el impulso final a la dispersión de competencias; lo que hizo luego Zapatero fue directamente poner en marcha una centrifugadora. Pero la afirmación en sí misma no tiene réplica posible. El Estado se desangra por el gasto sobredimensionado del régimen autonómico y la política económica está desde mayo tutelada al alimón por el Directorio europeo y los mercados de deuda. Eso es una intervención indirecta, formalmente más suave que el rescate, pero bajo el mismo principio condicional: o aplicamos un ajuste o nos dejan caer en la suspensión de pagos.

Puede gustar más o menos, pero España es desde hace nueve meses una economía bajo custodia. El déficit fiscal originado por la política de derroche ha provocado la cesión de soberanía en una doble dirección. Por un lado, los inversores que compran nuestra deuda exigen medidas que garanticen la solvencia del Estado para pagar el principal y los cada vez más elevados intereses, y por otro —en el fondo es el mismo—, la creación del fondo comunitario de rescate supone una intervención de facto que establece condiciones de cumplimiento obligado. El margen de maniobra del Gobierno es mínimo por más que el presidente se empeñe en volver a su frivolidad en cuanto siente el más leve alivio de la presión internacional. La propia conversión —poco sincera, desde luego— de Zapatero al reformismo es la prueba clamorosa de esa imposición de criterios; para seguir en el poder ha tenido que desautorizarse de forma abrupta a sí mismo. Su brusca enmienda a la totalidad representa —está muy dicho— un fracaso sin paliativos tanto más escandaloso cuanto más solemne fue su público desdén por las medidas que se ha visto obligado a emprender.

En cuanto a las autonomías, queda fuera de duda que la situación no admite por más tiempo el tren de despilfarro clientelar en el que viven instaladas desde hace al menos una década y media. En este caso se trata de responsabilidades compartidas por todas las fuerzas políticas que las han gobernado, por lo que corresponde a todas el deber de embridar ese desbocado impulso de gasto. No se trata tanto de un problema del reparto de competencias —que también, pero en todo caso es menos prioritario— como de la necesidad de racionalizar los recursos que las administraciones regionales manejan a cañonazos de pólvora del rey. Si no se logra ese ajuste puede sobrevenir una quiebra que arrastre hasta el desplome al régimen autonómico. Acaso Aznar esté poco autorizado para ejercer de profeta, pero su discurso contiene verdades tan objetivas que no cabe relegar al desprecio. Estamos al borde de un abismo y lo de menos es de quién sea la voz de alerta.

ABC - Opinión

Abusivo Estado de Alarma

La extinción legal del Estado de Alarma a las doce de la noche de ayer, unida a la desmilitarización del tráfico aéreo acordada el viernes por el Gobierno, pone fin a un episodio que ha sentado un importante precedente en nuestra historia democrática. Nunca antes se había recurrido a medidas tan excepcionales para abordar un conflicto laboral que afectó a medio millón de pasajeros, ni siquiera en los momentos más críticos que ha atravesado España los últimos treinta y cinco años. Aunque sólo fuera por eso, por el carácter inédito y excepcional de una decisión que ha forzado las costuras constitucionales hasta el límite, era de esperar que el Gobierno rindiera un balance público más explícito y convincente de la larga cuarentena a la que ha sometido el Estado de Derecho. También por parte de la oposición cabía mayor interés en exigir cuentas y en ofrecer su propia versión. Por más que el conflicto de los controladores haya concitado la irritada oposición de la gran mayoría de los ciudadanos, no significa que la respuesta administrativa y legal haya sido la más adecuada ni la más eficiente. Lo cierto es que el balance de estos cuarenta y tres días no justifica la prolongación del Estado de Alarma, ni por su base jurídica ni por sus resultados. Es verdad que la militarización del espacio aéreo y el decreto de las medidas de emergencia cortaron de raíz la huelga salvaje de los controladores. Pero no ha quedado claro que el recurso al Estado de Alarma fuera impecablemente constitucional y, menos aún, que su prolongación hasta el 15 de enero fuera estrictamente necesaria, pues los propios controladores se habían comprometido por escrito a no hacer huelga. En cuanto a los resultados obtenidos, los hechos hablan por sí mismos: no se ha resuelto el conflicto laboral de origen, ni siquiera se ha avanzado en las causas básicas de divergencia; los retrasos en los vuelos fueron muy superiores a lo habitual, pese al control militar; y la situación del espacio aéreo sigue tan incierta como antes del 3 de diciembre, como así lo sugiere la permanencia ordenada por el Gobierno de mil controladores militares en las torres de control. Además, resulta muy revelador el argumento que ayer esgrimieron tanto la ministra de Defensa, Carme Chacón, como el ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, para avalar el Estado de Alarma: «Garantizó unas Navidades tranquilas a los viajeros». Suprema justificación que de aplicarse a todos los conflictos laborales que pongan en jaque servicios básicos, desde el Metro hasta el transporte por tren y carretera, llevaría al Consejo de Ministros a decretar el Estado de Alarma con relativa frecuencia. Preocupa que altos gestores públicos echen mano de ese tipo de excusas populistas para encubrir el fracaso de un Gobierno que ha sido incapaz de negociar y de llegar a acuerdos con el sindicato de los controladores. Y preocupa aún más que se utilice al Ejército para cubrirse las espaldas. Tiene razón Chacón cuando afirma que las Fuerzas Armadas son la institución más valorada por los españoles, pero no precisamente por las funciones de bombero que el Gobierno les ordena para que apaguen los incendios que él mismo provoca.

La Razón - Editorial

ETA no quiere

Si la estrategia político-militar es innegociable, Batasuna tendrá que enfrentarse con la banda.

Los datos ahora conocidos sobre el debate que ha precedido a la difusión del comunicado etarra del pasado lunes indican que la dirección de la banda no renuncia a seguir condicionando la política vasca mediante la violencia o la amenaza de usarla. En su búsqueda incesante de pretextos para no cejar, y ante la presión de su brazo político, ha optado por aceptar la tregua que le pedían, pero condicionando su conversión en definitiva a la aceptación por los demás partidos de una negociación para "consensuar la formulación" de su programa de siempre: autodeterminación y Navarra. De forma que si esa demanda no es atendida, se considerará liberada de su compromiso y legitimada para volver a la lucha armada.

A la luz de ese planteamiento pierden sentido algunos de los debates (y elucubraciones) que han seguido a la publicación del comunicado, como el sugerido por la propia Batasuna de que su contenido se había interpretado mal y que en realidad la banda no impone condiciones sino que plantea aspiraciones. Si el punto de partida es que la "estrategia político-militar es innegociable" queda clara la función de la tregua para ETA. Y Batasuna ha perdido la oportunidad de hacer lo que le habría dado la credibilidad que reclama: renunciar en todo caso a participar en cualquier negociación política planteada como contrapartida a la retirada de ETA. Esa sí que sería una iniciativa eficaz para que la banda desistiera de seguir condicionando la política vasca.

También se ha planteado que la legalización del nuevo partido que va a presentar Batasuna con vistas a su participación en las elecciones de mayo podría favorecer nuevos pasos del brazo político. Es una opinión defendible, pero hasta ahora ha ocurrido lo contrario: ha sido la negativa a rebajar el nivel de exigencia lo que ha forzado a Batasuna a dar pasos que sin esa firmeza hubieran sido impensables; si el alto el fuego se considerase suficiente aval para la legalización, esa evolución del brazo político se interrumpiría y desaparecería el principal incentivo que tiene Batasuna para enfrentarse a ETA.

Bastaría que el Ministerio del Interior no rechazase la inscripción para que el partido fuera legal. Sin embargo, es más verosímil que inste a la fiscalía a oponerse, con lo que la decisión quedará en manos de los tribunales, que deberán decidir con criterios jurídicos, valorando en particular si la vinculación con ETA que motivó la ilegalización ha desaparecido.

Lo que carece de sentido es considerar que si Batasuna participa en las elecciones quedará demostrado que el Gobierno está negociando con ETA, como sostiene, en contra del criterio de la dirección de su partido, el eurodiputado del PP Mayor Oreja. Su teoría se ha ido convirtiendo en obsesión y ahora incluye la insinuación de que el comunicado ha podido ser pactado con el Gobierno y que ETA solo se disolverá cuando alcance el objetivo de la independencia: lo que más anhelaba escuchar la banda para sentirse invencible.

El País - Editorial

El inexistente sentido del ridículo de Tomás Gómez

Con espectáculos como el desarrollado en torno a la delincuente Rollán, hasta los socialistas madrileños tendrán que reconocer que la demoscopia no hace más que confirmar los merecimientos electorales de unos y otros.

Los socialistas siguen afirmando que son un dechado de virtudes públicas en el ejercicio del poder, a pesar de que su pasado les delata y su presente les oprobia. Inasequibles al desaliento y con notable ausencia de sentido del ridículo, pretenden seguir dando lecciones de moral ciudadana hasta cuando la justicia les impone el castigo que merecen sus desmanes, que es exactamente lo que está ocurriendo en esta ópera bufa interpretada por el inefable Tomás Gómez a cuenta de la condena a los desafueros perpetrados en su día por su principal colaboradora.

A pesar de lo que sugieren los voceros del socialismo madrileño, la sentencia que condena a ocho años de inhabilitación a su secretaria de organización, Trinidad Rollán, no puede equipararse a una mera sanción administrativa impuesta por causa de un error de gestión. Muy al contrario, el texto de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirma de forma muy nítida la existencia de un delito de prevaricación, cometido mientras la hoy condenada ejercía de alcaldesa de la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz, respecto al que los magistrados no ahorran calificativos a cual más recio.

Lo que para Tomás Gómez es un simple desliz administrativo, para los magistrados del TSJM es un delito de prevaricación, cometido "de forma tan ilícita como burda y rudimentaria" para hacer pasar por legal un acuerdo municipal de supuesta permuta de terrenos, lo que constituye, siempre según la Justicia, "no sólo un dislate, un desatino o una aberración desde la más tosca o laxa de las valoraciones jurídicas posibles, sino que incluso resulta algo hasta risible, ridículo o grotesco para cualquier persona lega en derecho por escaso que sea su sentido común".

Trinidad Rollán, número dos de Gómez en el socialismo madrileño, impulsó desde la alcaldía de Torrejón de Ardoz la adopción de un acuerdo municipal que entregaba a una empresa privada el dominio de una parcela municipal a cambio de dinero y de ciertos trabajos de urbanización, algo que está taxativamente prohibido por ley como le advirtieron por escrito los responsables jurídicos municipales. Su contumacia en la decisión de beneficiar a esa mercantil en contra del interés de los ciudadanos cuyos intereses tenía el deber de proteger, la han llevado primero al banquillo de los acusados y finalmente a una condena en toda regla a pesar de los esfuerzos de su actual jefe filas por disimular el desafuero.

Las declaraciones de la delincuente informando de su decisión de no concurrir a los próximos comicios no puede ser más risible, pues esa es precisamente la consecuencia inmediata de la condena que le ha impuesto la Justicia. Por cierto, no podrá hacerlo ni a estos comicios ni a las dos citas electorales siguientes salvo que una instancia superior le rebaje la pena acordada, dato que apuntamos para un mejor conocimiento de los términos reales del castigo que le ha sido impuesto.

Tomás Gómez es muy libre de tener en su equipo a personajes condenados por prevaricación e incluso de hacer el ridículo comparando su supuesta virtud con la costumbre en esta materia del partido rival. Olvida que Esperanza Aguirre, sin esperar al pronunciamiento de los tribunales, expulsó de su ejecutivo por ejemplo a todos los cargos contaminados en la trama Gürtel.

Los que no parecen olvidar esta distinción entre la conducta pública de ambos candidatos son los ciudadanos madrileños a juzgar por las más recientes encuestas, que recetan a Gómez un varapalo sin precedentes. Con espectáculos como el desarrollado en torno a la prevaricadora Rollán, hasta los socialistas madrileños tendrán que reconocer que la demoscopia no hace más que confirmar los merecimientos electorales de unos y otros.

Libertad Digital - Edotorial

Lecciones de la crisis tunecina

Es altamente probable que la huida del dictador no haya terminado automáticamente con la dictadura en Túnez.

LA situación socioeconómica que ha provocado el estallido insurreccional en Túnez es prácticamente idéntica a la de los demás países de la región. Las sociedades de Marruecos y Argelia —por no hablar de los libios, sometidos a los pintorescos delirios de Gadafi— padecen males muy similares: falta de libertad, una economía anquilosada y una juventud desesperanzada y sin perspectivas. No se trata de una crisis económica coyuntural, sino un auténtico colapso que en cada país se ha tratado de contener hasta ahora con más Policía y represión, mientras los extremistas islámicos esperan su oportunidad. Los disturbios que han desembocado en la huida del dictador tunecino, Ziane Ben Ali, ni siquiera han sido los únicos de este mes de enero. En Argelia, el Gobierno de Abdelatif Buteflika ha tenido que bajar los precios de los alimentos después de más de una semana de disturbios por todo el país, y no es de extrañar que la Prensa argelina haya reaccionado a los sucesos de Túnez mencionando abiertamente la posibilidad de que se repitan en Argel. En Marruecos, los medios oficiales tratan de minimizar la defenestración de Ben Ali entre la propaganda del régimen, pero es evidente que la noticia corre ya por todas las medinas para intranquilidad de la monarquía.

Por desgracia, no hay nada que permita pensar que los responsables magrebíes estén pensando en recetas democráticas y modernas para proyectar a sus respectivas sociedades hacia el futuro, sino que, al contrario, seguirán con los viejos métodos de represión y aislamiento, confiando en la emigración hacia Europa como el medio más práctico de reducir las tensiones sociales. Incluso resulta probable que la huida del dictador no haya terminado automáticamente con la dictadura en Túnez, puesto que, en medio de la confusión, el Ejército sigue teniendo las riendas de la situación y por ahora las promesas de elecciones realmente libres están en el alero. Para la vecina Europa puede parecer más sencillo entenderse con los regímenes totalitarios que comprometerse seriamente con las reformas democráticas en los países del Magreb, pero la experiencia de Túnez demuestra claramente que la primera opción no tiene futuro. Antes o después, los países sin salida estallan. Como ha sucedido en Túnez.

ABC - Editorial

Un tiro en la pierna. Por Rafael M.-Simancas

Sólo desde el suicidio político y la cerrazón se entiende que el PSM mantenga a Trinidad Rollán como responsable de organización en Madrid. Papelón el de Maru Menéndez diciendo que una sentencia que inhabilita para ejercer cargo público no es «la muerte civil» de una persona, (no claro, pero cuándo uno es político es lo que más se acerca a ese concepto de muerte súbita). No deja de ser paradójico que quién tiene como misión confeccionar las listas no pueda presentarse a las elecciones. Además, elimina cualquier corriente crítica interna, quien ose dudar de la presencia de Rollán puede ser laminado.

Estamos ante lo que en teoría política se llama «un tiro en la pierna», pero en lugar de taparse el boquete se presume de sentencia y se reta al futuro con cierta temeridad torera que puede provocar disgustos en las urnas. Demasiada ventaja para el enemigo, tanta que ni siquiera ha hecho sangre. Al PP le ha bastado con la rueda de prensa de Trinidad Rollán que, (para mayor INRI), fue sin preguntas. Ni dándose con la cabeza en el quicio de la puerta del Ayuntamiento de Torrejón conseguirían hacerse más daño.

La encuesta que publicaba ABC esta semana le daba una amplia ventaja al PP con respecto al PSM; después de la resolución del TSJM podría decirse que todo queda «sentenciado». Los socialistas se quedan sin argumentos para lanzar contra el PP en cuánto a higiene política. Mal momento para recordarle a Tomás Gómez aquella lista de presuntos corruptos, (entre ellos un ciudadano difunto y un militante socialista). Entonces Gómez pidió la dimisión de Esperanza Aguirre, ahora por tanto en el PP podrían exigir lo mismo pero en la sede de Callao, 4. El tiro en la pierna procede de un disparo que a su vez es «disparate».

ABC - Opinión

La última cena de los auténticos ‘idiotes’. Por Federico Quevedo

Fue el pasado 7 de enero, y lo cuenta en su blog el hijo del filósofo Fernando Savater, el editor Amador Fernández-Savater. Desde hacía varias semanas la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, organizaba una serie de cenas ‘discretas’ con gente de eso que se llama el mundo de la cultura para hablar sobre la Ley Sinde y el modo en que estos modernos integrantes de la Cueva de Alí Babá le van a parar los pies al progreso. Todo iba más o menos bien, porque nada se sabía de esas cenas, y todos sus integrantes guardaban un uniformado silencio sobre las mismas, hasta la fecha en cuestión en la que a alguien se le ocurrió invitar al ágape al hijo de Fernando Savater pensando que quizás, al igual que el padre, éste sería un firme defensor de los privilegios de los amigos de González-Sinde. Pero no era así. Nadie investigó a Fernández-Savater ni se preocupó por conocer lo que pensaba sobre el asunto, porque de haber sido así no hubiera sido invitado, y eso que tenemos que agradecer a los anfitriones porque, de lo contrario, nos habríamos perdido el contenido de una cena cuyo plato principal, en palabras del autor del post, fue el miedo.

“El miedo lo impregnaba todo. Miedo al presente, miedo al porvenir, miedo a la gente (sobre todo a la gente joven), miedo a la rebelión de los públicos, miedo a la Red”, escribe nuestro amigo. ¿Quiénes estaban en la cena, se preguntarán ustedes? Se lo pueden imaginar: Álex de la Iglesia, Soledad Giménez, Antonio Muñoz Molina, Elvira Lindo, Alberto García Álix, Ouka Leele, Luis Gordillo, Juan Diego Botto, Manuel Gutiérrez Aragón, Gonzalo Suárez (relacionado con el ámbito de los vídeojuegos), Cristina García Rodero y alguna persona más. Todos contra él, contra Amador Fernández-Savater quien, según cuenta, se fue calentando a medida que avanzaba la cena y se avivaba el debate, ante el cúmulo de barbaridades que escuchó de boca del resto de los invitados. Hace unas semanas, a cuenta del rechazo de la Ley Sinde en el Congreso, escribí un artículo en el que afirmaba que el problema de la ministra –y con ella de todos estos paniaguados incapaces de ver más allá de la montura de sus gafas de oro de D&G- era que odiaba Internet y todo lo que Internet conlleva. Me equivoqué, porque en efecto no es un problema de odio, sino de miedo, y ese odio es producto de un miedo atroz al progreso. Y tiene narices que eso les pase a quienes van por la vida defendiendo su carácter progresista, a los mismos que hace décadas invadían la conciencia colectiva con la obsesión por la cultura en libertad, y que ahora quieren encerrar esa misma cultura en un búnker de plomo y cemento armado como bien dibuja en su post Fernández-Savater.

Miedo e ignorancia

Nadie como él ha resumido en tan pocas líneas lo que se respiraba en ese ambiente y lo que de verdad esconde la intención totalitaria de una ley absolutamente contraria a cualquier modelo de libertad y progreso: “Me preocupa que quien tiene que legislar sobre la Red la conozca tan mal. Me preocupa que sea el miedo quien está tratando de organizar nuestra percepción de la realidad y quien está tomando las decisiones gubernamentales. Me preocupa esa combinación de ignorancia y miedo, porque de ahí sólo puede resultar una cosa: el recurso a la fuerza, la represión y el castigo. No son los ingredientes básicos de la sociedad en la que yo quiero vivir”, afirma. Ni yo, pero extrañamente son los ingredientes básicos del modelo social que defiende e impulsa el Gobierno de Rodríguez Zapatero, y no solo en lo que respecta a esta ley, sino a otras muchas actuaciones que navegan en la misma dirección de represión y abuso de poder, o ¿qué creen que hay detrás del llamamiento de Leire Pajín a que los ciudadanos delaten a quienes se les ocurra encender un cigarro a 99 metros de la puerta de un colegio o de un parque infantil? Represión, represión y represión. Y lo peor de todo es que visten ese recurso a la represión de política de Estado, y aquí sí les interesa que el Estado haga valer su fuerza y su poder frente a la supuesta amenaza de casi 30 millones de internautas de los que Manuel Gutiérrez Aragón dice que “no se les puede dar tregua porque es como pactar con los terroristas”. ¿Cabe mayor salvajada?

«¿Qué creen que hay detrás del llamamiento de Leire Pajín a que los ciudadanos delaten a quienes se les ocurra encender un cigarro a 99 metros de la puerta de un colegio o de un parque infantil?.»

Pero esa es la actitud con la que este Gobierno se ha enfrentado al problema: “Sólo palpé ese miedo reactivo que paraliza la imaginación (política pero no sólo) para abrir y empujar otros futuros. Ese miedo que lleva aparejado un conservadurismo feroz que se aferra a lo que hay como si fuera lo único que puede haber. Un miedo que ve enemigos, amenazas y traidores por todas partes”, afirma Savater en su blog. Estos son los que se llaman progresistas, los que dan lecciones de moral y de ética, los que nos dicen cómo tenemos que ganar el futuro… Pero, en el fondo, no es más que una batalla de poder, y ellos mismos lo reconocen. “La batalla es política, y bastante antigua. Frente al Internet neoliberal, particularista, privada, habitada por vecinos, por idiotes, deberemos levantar una Internet republicana, universalista, pública, poblada por ciudadanos, por polites”, escribe en el diario Pravda el diputado socialista José André Torres Mora. Pero, no señor, los idiotes no son los millones de internautas que utilizan la Red para informarse, para intercambiar, para compartir, para conocer, para entretenerse, para ver, para escuchar, para observar, para reír y llorar, para sentir, para almacenar, para escribir, para grabar…, y que lo hacen igual desde la privacidad de un portátil escondido en un rincón de un armario que desde un ordenador a la vista del público en un cibercafé.

El búnker de los privilegios

No, señor, los idiotes que, una vez más, como siempre ha hecho la izquierda frente al progreso, quieren ponerle puertas al campo de la libertad son los que estaban sentados en aquella cena, los contertulios de Savater, los amigos de Torres Mora que quieren una Internet ¿republicana?, universalista y pública, sobre todo pública, es decir, controlada por el Estado, sometida al Estado, vigilada por el Estado y limitada por el Estado para evitar que esa ambición de libertad pueda acabar con su privilegio. Un privilegio que, extrañamente, se ha aliado con el capitalismo más feroz y salvaje, con las multinacionales de la producción cinematográfica y musical que son las que de verdad están presionando al Gobierno para que saque adelante una ley que se fundamenta en el miedo, que utiliza el miedo para combatir el propio miedo que en esta nueva casta de amigos del poder siente por la explosión de libertad que significa Internet y la nula capacidad de control que existe sobre la Eed y sus contenidos. Esa es la clave del asunto, no si Scarlett Johansson canta Yes we can o si Juan Diego Botto hace el signo de la ceja con su dedo índice, porque eso no es más que pura parafernalia servida en bandeja para distraer la atención de lo verdaderamente importante: que los auténticos idiotes están encerrados en su búnker intentando defender sus últimas posiciones de lo que ya se adivina como el hundimiento final.

El Confidencial - Opinión

Alí, c'est fini. Por Hermann Tertsch

Escribir sobre las consecuencias de un incendio que acaba de comenzar como el tunecino es un ejercicio insensato. Pero ya hay algo claro en Túnez y es que el presidente de Túnez, Zine el Abidine Ben Ali, —Ben Alí para súbditos, amigos y enemigos— ha tenido que poner pies en polvorosa. Y los principales socios y dirigentes de esta ordenada cleptocracia están buscando también medios para huir por tierra, mar o aire. Que el primer ministro que acababa de ser destituido con su gobierno por el presidente, quede de presidente interino puede ser una ilusión de días u horas. Si Ben Alí aterriza en París, donde se halla la fraccionada oposición, será Francia la que tenga que asumir un protagonismo en la limitación de daños. Será difícil.

En pocos días se ha derrumbado el régimen del presidente Alí, que durante más de 23 años ha controlado el estado como un negocio privado con muchos socios y un inmenso aparato policial. El negociado ha funcionado durante dos décadas, mientras el desarrollismo era un consuelo aceptado. Siempre ayudado por la comparación con los países vecinos, más míseros e inseguros. Y blandiendo la amenaza islamista. Pero con la crisis general se acabó la fiesta. La reacción del presidente ante los disturbios, con la destitución de todo el Gobierno y el anuncio de elecciones anticipadas llegó tarde. El presidente, rodeado de fieles obedientes incapaces de transmitir una mala noticia, estaba tan aislado que su omnipresente policía política no le sirvió de nada. Creer que amainaría la rabia con una reducción de impuestos al pan y otros alimentos revela el despiste del sátrapa. El problema ahora está en la falta de interlocutores. Y en que la amenaza islamista es real. Se hunde un régimen corrupto y absurdo. Pero nadie puede augurar en estos momentos una alternativa esperanzadora.

ABC - Opinión

Reformas. Zapatero vuelve a las andadas. Por Emilio J. González

Ahora Zapatero pretende hacer concesiones a unos sindicatos a los que la mayoría de la población da la espalda porque los culpa también de la crisis y de no hacer más que política en pro de sus intereses.

Lo peor que le podría ocurrir a España en esta crisis empieza a materializarse. Y no lo digo por las posibilidades crecientes de que la Unión Europea tenga que acabar de intervenir ‘de facto’ nuestro país, lo cual, dadas las circunstancias, es casi lo mejor que nos podría suceder. Me refiero a que, como Zapatero es como un niño travieso, en cuanto se le levanta la amenaza de castigo y uno le da la espalda, vuelve a las andadas. ¿De qué hablo? Pues de la actitud que está tomando el presidente del Gobierno en relación con la reforma laboral, que se puede extender al resto de reformas, desde que se ha quitado de encima el nuevo episodio de presión de los mercados, a raíz de las nuevas certezas de que la UE no va a dejar caer a ninguna economía del euro, por grande que sea ésta y de que, por ahora, China esté apoyando a la deuda española con sus compras de títulos de nuestro Gobierno.

¿Qué ha hecho ZP en cuanto la UE y los chinos le han quitado de encima la presión de los mercados? Pues ni más ni menos que empezar a dar marcha atrás en la reforma laboral, esa misma que el pasado mes de marzo les prometió a los mercados que llevaría a cabo para empezar a impulsar la creación de empleo en nuestro país y, con ella, comenzar a superar nuestras graves dificultades económicas. En concreto, Zapatero ya está preparando la modificación de las condiciones por las cuales una empresa puede acogerse al despido de 20 días por año trabajado para que las compañías con pérdidas temporales no puedan hacerlo. Se trata de una concesión a los sindicatos, pero también de un gran error.

Hay que tener en cuenta que, en España, lo que predomina fundamentalmente en el tejido empresarial es la pequeña y mediana empresa (pyme), que supone más del 90% del mismo, y que el tamaño medio de la empresa española es de 7,8 trabajadores. Son las pymes, además, las que crean y mantienen los puestos de trabajo, pero para ello necesitan poder sobrevivir a la crisis. Muchas de ellas no tendrán esa capacidad porque carecen del músculo financiero necesario para aguantar pérdidas temporales que, sin poder reducir plantilla, se acaban por convertir en permanentes y obligan a echar el cierre y despedir a todo el mundo. A los sindicatos, sin embargo, eso les importa un bledo. En su ideología, todo el esfuerzo lo tiene que asumir el empresario, le cueste lo que le cueste, sin entender que todo tiene un límite. Por ello, para proteger a unos cuantos, o conseguir que los despidan con más dinero, están condenando y van a condenar a muchos trabajadores al paro porque las empresas que los pueden contratar o bien desaparecen, o bien no quieren asumir los riesgos inherentes a ampliar sus plantillas en estos momentos de incertidumbre y con todo lo que nos queda de crisis por delante. Por desgracia, Zapatero tiene la misma forma de pensar, y así nos está yendo desde que la economía española empezó a caer hace más de cuatro años, batiendo todos los récords de desempleo y miseria habidos y por haber.

A Zapatero la crisis le importa un pimiento, sobre todo porque lo que tiene que hacer para sacarnos de ella va en contra de su forma de pensar y, en cuanto puede, es decir, en cuanto los mercados dejan de presionarle, se olvida de sus buenas intenciones y vuelve a lo suyo. ZP no actúa más que con la calculadora política de la mano, pensando cuántos votos le puede costar el enfrentamiento con los sindicatos o las reformas que tiene que poner en marcha, sin darse cuenta de que esas cuentas no le van a salir por ningún sitio. La sociedad española, más que desencantada, ya está harta de los experimentos socialistas de un presidente del Gobierno al que considera un incapaz y al que ya no va a volver a votar, haga lo que haga de aquí a las elecciones. Por mucho que se empeñe ZP, las encuestas de intención de voto son muy claras y sus intentos de ir a más en su izquierdización, con aquello de que la salida de la crisis será social, hunden todavía más las expectativas de voto de los socialistas, porque todo el mundo sabe que así ni se crea empleo, ni se sale de la miseria a la que ha condenado a millones de españoles. Y, por si fuera poco, en ese proceso ahora pretende hacer concesiones a unos sindicatos a los que la mayoría de la población da la espalda porque los culpa también de la crisis y de no hacer más que política en pro de sus intereses, en lugar de buscar el verdadero bienestar de los trabajadores y de unos parados a los que han abandonado desde el primer día.

¿Cuánto más dolor, cuántos más sacrificios tan inútiles como injustificados, nos va a costar que Zapatero siga al frente del Gobierno de este país? Porque, con lo que está haciendo, nunca vamos a conseguir salir de una crisis que, con él, sigue yendo a más mientras otros países de la Unión Europea ya están remontando con fuerza.

Libertad Digital

¿Un debate peligroso?. Por Edurne Uriarte

Peligroso es, según Ramón Jáuregui, el debate sobre la necesidad de revisar las duplicidades en las competencias del Gobierno central y de las autonomías. Además de neocentralista y antiautonomista. Lo que representa la posición de la izquierda española sobre cualquier cuestionamiento del funcionamiento de las autonomías. La posición más moderada, pues otra parte de la izquierda lo califica más bien de franquista.

De tal manera que ese debate ha sido tabú hasta el presente. Tanto que los sociólogos y politólogos ni siquiera se atrevían a preguntar sobre la cuestión. Cuando lo han hecho, en el Barómetro Autonómico del CIS de enero-marzo 2010, por ejemplo, parecían más bien abogados del sistema autonómico. Y una pregunta como la realizada por la encuesta de Dym para este periódico en torno al poder del Estado y de las autonomías era, en efecto, peligrosa. Lo que nos ha impedido conocer que una mayoría de españoles, lo muestra dicha encuesta, cree que el Estado debería gestionar más gasto público que el gestionado en la actualidad.

O que el juicio de Aznar sobre el Estado marginal y su inviabilidad comienza a instalarse en la sociedad española. Y, sobre todo, comienza a resquebrajarse el tabú sobre el sistema autonómico, el que impedía criticar cualquiera de sus aspectos bajo amenaza de ser descalificado como nostálgico de la dictadura. Por primera vez desde el inicio de la Transición, 35 años después, hay inquietud social para desarrollar ese debate. Y un nuevo punto de vista vinculado a la eficacia y a la racionalidad de nuestro sistema político que lo aleja de los viejos fantasmas franquistas y antifranquistas.

Peligroso para nuestro sistema democrático es eludir hoy ese debate. Impedir las reformas necesarias para la eficacia del Estado porque nuestra envejecida izquierda aún siga instalada en las categorías políticas de la Transición.

ABC - Opinión

Cataluña. Pasión de Gabilondo. Por Maite Nolla

La mayoría de los españoles cree necesario revisar de alguna manera el sistema autonómico. Los nacionalistas también; pero para evitar la igualdad.

Lo que nos faltaba por ver y oír es a la señora Casas presumiendo de que la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña pasará a la historia como una manera de ensamblar el sistema autonómico. Sus señorías han resuelto la cuestión tan malamente que es de presumir que el asunto nos acompañará durante los próximos veinticinco o treinta años. Y prueba de ello es que cuando los tribunales ordinarios han empezado a aplicar lo poco de la sentencia que obliga a los nacionalistas a romanizarse, ya nos han dicho que esperemos un futuro como el de la sentencia del Antenicidio.

El caso es que ya saben que al Gobierno le ha costado casi un mes leerse una sentencia del Supremo sobre la lengua en el sistema educativo en Cataluña, lo cual no deja de ser una forma de no cumplir sus compromisos. ¿Con la Constitución y las leyes? No, con los nacionalistas. De hecho a lo que se comprometió el Gobierno fue ayudar a la Generalitat a encontrar juntos el camino para sortear la aplicación de la sentencia del Estatuto. Y pese a ello, en el Gobierno, preocupados por otros asuntos, Rubalcaba ha tardado un mes en leerla sentencia y Gabilondo nos remite a Rubalcaba para cuándo se leyera la sentencia. El problema es que como no hay nada peor que un ministro de este Gobierno hablando de cosas que tengan que ver con el nacionalismo, el señor Gabilondo ha añadido al habitual argumento enmarañado del respeto al ejercicio de las competencias, la cuestión de que el Gobierno autonómico es "legítimo". Para el señor ministro ser titular de una competencia te exime de cumplir las leyes y las sentencias que te condenan; pero es que además lo de "legítimo" no deja de ser una forma de introducir como argumento defensivo el antiautonomismo. Afortunadamente no ha recurrido al anticatalanismo, pero va por ahí la cosa. Y lo mismo ha hecho Jáuregui cuando le han preguntado por la revisión de algunos aspectos del sistema autonómico. En el fondo lo que se quiere es guiñar el ojo al que corresponda y acusar a la derecha en general de centralista, un argumento que debidamente utilizado es todo un insulto. Como liberal o conservador, que a su vez, tienen su versión hardcore si lo acompañan ustedes con un estratégico neo o con un ultra, respectivamente.

Lo que demuestran estas declaraciones es que en España se haya llegado a una situación absurda. La mayoría de los españoles cree necesario revisar de alguna manera el sistema autonómico. Los nacionalistas también; pero para evitar la igualdad. Duran nos dice que no entiende cómo en España hay televisiones autonómicas que emiten en castellano y se pregunta si cuándo se aprobó la Constitución en España existían diecisiete "realidades". Mas no se ve en plano de igualdad con las regiones sin personalidad –léase murcianos y extremeños, objetivos prioritarios– y veinticinco diputados socialistas están por el federalismo asimétrico, que debe ser como la leche condensada sin azúcar. Por su parte en el PP, pese a que todo el mundo vería con buenos ojos una revisión como la que les he dicho, Rajoy no quiere saber nada de devolver competencias al Estado, y menos ahora que está a punto de arrasar. Y viendo lo que dicen sus ministros, en el PSOE siguen pensando que sacando el espantajo del centralismo desgastan al PP, que si no habla de otras cosas, menos va a hablar de esto.

Libertad Digital - Opinión

Violencia, ¿de género?. Por M. Martín Ferrand

Lo científico, en concordancia con lo humano, sería hablar de desesperación; pero eso no viste al feminismo deformador.

LA acuñación de frases hechas y, casi siempre deformadoras del significado que se les atribuye, es una de las muchas y malas costumbres nacionales. Algo engendrado por dos padres, la pereza mental que da la tierra y el sesgo que los obsesos del igualitarismo quieren darle, ellos sabrán por qué, a la indeseable violencia que algunos hombres ejercen, psíquica o físicamente, contra las mujeres y, por lo general, más sañuda cuanto mayor el vínculo que les une a ambos. ¿A qué se refieren realmente cuando hablan de «violencia de género»? Podría ser que, movidos por su amor a la zarzuela quieran hablarnos del género chico o, lectores recalcitrantes, encuentren la novela como el más excelso de los géneros literarios; pero el género humano se integra, y en parecida proporción, por hombres y mujeres. La confusión del género con el sexo es culturalmente indeseable, científicamente ignorante y políticamente tendenciosa. Una pieza más de la deseable igualdad de derechos entre los dos sexos o, si se prefiere usar la terminología de Simón de Beauvoir, el primero y el segundo.

En Torrecaballeros, un pueblecito aledaño a Segovia, un hombre mató a su mujer, a su hijo de 16 años y, después, se suicidó. Se trata de una familia acomodada y culta en la que no caben las explicaciones ambientales al uso. ¿Es eso violencia de género? Lo científico, en concordancia con lo humano, sería hablar de desesperación; pero eso no viste al feminismo deformador y traspasa una cuota de responsabilidad al marco público de nuestra existencia. A un desaliento capaz de producir esos efectos tan desgraciados es difícil llegar por uno mismo, sin la cooperación del marco sociopolítico y la influencia mediática. De hecho, cuanto mayor es la publicidad de este tipo de crímenes y más intensa es la condena pública, más crece su número y más diversa se hace su casuística.

Repulsar la violencia de género, como ha hecho el ayuntamiento donde se produjo el suceso, es un brindis al sol. Es ponerle adjetivos para la confusión a lo que es violencia y, si se quiere, con abuso de un sexo sobre el otro; pero no propiciado ni por el género que venden en las tiendas ni por los que utiliza la gramática para la taxonomía del lenguaje. El asunto es tan grave que constituye insensatez la consideración de esa violencia, tan dolorosa como frecuente, como un fruto de la relación entre los hombres y las mujeres. Es una patología social que no se arreglará más que con una educación más sólida y rigurosa que la existente y la introducción en la convivencia de unos códigos morales, religiosos o laicos, que hoy brillan por su ausencia.

ABC - Opinión

Reforma laboral. Legislativo, ejecutivo, judicial... y sindical. Por Pablo Molina

A los tres poderes clásicos del Estado moderno, en España hay que sumar el sindical, al que el ejecutivo, el legislativo y el judicial están sometidos por una cuestión no escrita de rango institucional.

Si los conflictos sociales cotizaran en las casas de apuestas por internet, los sindicatos serían una opción segura porque, hasta la fecha, no han perdido jamás ningún pulso al poder político en los distintos niveles ejecutivos en que se divide la gestión administrativa en España. El Gobierno central inunda a los sindicatos con subvenciones públicas, las comunidades suplen su menor disponibilidad presupuestaria concediéndoles todo tipo de gabelas en especie y los ayuntamientos cuentan con ellos de forma primordial para diseñar sus políticas locales, también subvención mediante. Todo con dinero público, es decir, de usted y mío, no sea que surja un malentendido y alguien pueda llegar a pensar que el sindicalismo es una actividad privada que busca simplemente mejorar la situación laboral de sus afiliados.

Los sindicatos son el poder fáctico de la democracia española, como el ejército lo era durante el franquismo, y con funciones parecidas, pues se trata de vigilar el funcionamiento de las instituciones democráticas para que no se desvíen ni un centímetro de la ortodoxia socialista bajo cuyos auspicios, para qué nos vamos a engañar, fueron todas ellas diseñadas.

A los tres poderes clásicos del Estado moderno, en España hay que sumar el sindical, al que el ejecutivo, el legislativo y el judicial están sometidos por una cuestión no escrita de rango institucional. El Gobierno no actúa sobre la economía sin consultar con ellos, las leyes que aprueba el congreso se derogan si los sindicatos así lo disponen y en cuanto a la justicia, hay todavía quien espera que algún día se produzca una sentencia que condene los excesos sindicales durante sus algaradas periódicas.

La huelga del 29-S fracasó en el asfalto con tanto estrépito como ha triunfado en las moquetas ministeriales, que es donde, no nos engañemos, se acaban dilucidando las grandes cuestiones. Zapatero no ha hecho nada distinto a sus antecesores, que también tuvieron que dar marcha atrás en sus propuestas políticas a pesar de que los ciudadanos estaban mayoritariamente a su favor. La última victoria de los sindicatos ha sido que Zapatero elimina los aspectos más controvertidos de su tímida, timidísima reforma laboral, a cambio de permitirle jubilar a los trabajadores dos años más tarde. Tiempo habrá de acabar también con esa ampliación de la vida laboral, no se preocupen.

Al final, todo programa de reformas laborales puesto en marcha por ZP para que los mercados internacionales le dieran unos meses de cuartelillo sólo ha servido para que CNN+ despida a sus trabajadores pagando una indemnización menor de la prevista. ¡Y que aún se queje Cebrián de los brujos visitadores...!

Libertad Digital - Opinión

Código de honor. Por Ignacio Camacho

Aramburu hizo posible que la Guardia Civil venciese con su sentido de la lealtad los recelos de la izquierda.

QUIZÁ cuando el general Aramburu Topete se enfrentó a Tejero en la puerta del Congreso, mirada contra mirada y casi pistola contra pistola, no estaba defendiendo tanto su convicción democrática como su sentido del deber. A aquella hora de la tarde, Aramburu aún no sabía quién estaba detrás del golpe ni quién en contra, no conocía la posición del Rey ni la correlación de fuerzas, y lo único que tenía claro es que un teniente coronel de fama conflictiva se había insubordinado hasta los límites de la locura y estaba mancillando el honor impecable de la Guardia Civil. Como la mayoría de los militares de aquel tiempo, el director general de la Benemérita, antiguo alférez provisional y divisionario azul, era un franquista que había asumido por disciplina el orden constitucional, y estaba acaso tan convencido como los golpistas de que la situación política se había degradado más allá de lo razonable. Pero a diferencia de los sublevados, Aramburu estaba lejos de ser un exaltado o un fanático, poseía un sentido inquebrantable de la lealtad que constituía el centro de su estructura moral, y la sola idea de la rebelión contra el legítimo poder establecido le provocaba una repugnancia capaz de activar toda su energía de hombre de bien. El factor decisivo que volcó el cuartelazo —el mes que viene hará treinta años— no fue la inexistente pasión constitucionalista de la mayoría de los generales sino el concepto de obediencia a la Corona y a las instituciones que ocupaba el primer lugar de su estricto código de valores.

Ese noble sentido de la legalidad y el patriotismo hizo posible también que, con hombres como Aramburu al frente, la Guardia Civil se ganase poco después la confianza del emergente Gobierno socialista venciendo los recelos que el golpe y los prejuicios ideológicos habían imbuido en la izquierda española y provocando que los dirigentes del felipismo reconocieran sin ambages su grato descubrimientodel Instituto Armado como eficaz garante del orden democrático. Esa clase de procesos resultaron cruciales para consolidar el legado de la Transición tras su segunda gran prueba de fuego, que fue el ascenso al poder del PSOE. La memoria del general Aramburu Topete estará siempre vinculada a aquella tarde infernal de febrero en que hubo de abordar con todo su equipaje de dignidad una conspiración de sus propios subordinados. Pero es de justicia resaltar en su balance necrológico la inolvidable eficacia con que, en un ambiente crispado por el recuerdo reciente de la intentona sediciosa, las dificultades de adaptación ideológica de una oficialidad educada en el franquismo y el acoso sangriento de una ETA capaz de cometer cien crímenes al año —la mayoría contra miembros de la milicia y las fuerzas del orden—, favoreció junto a sus compañeros de cúpula militar el retorno a la normalidad con un ejercicio de disciplina impagable.

ABC - Opinión

Túnez, fracaso de Europa

La convulsión social y política que sufre Túnez desde hace días desembocó ayer en un golpe de Estado. El presidente Ben Ali, en el cargo desde hace dos décadas, ha sido expulsado del país por el primer ministro, Mohammed Ghannouchi, y el Ejército ha tomado el control. Aunque se trate de una pequeña nación de apenas10 millones de habitantes, su papel en el Magreb no es menor y cuanto allí suceda tiene repercusiones en la política mediterránea, de la que España es parte sustancial. Tampoco son menores los intereses comerciales y turísticos de los empresarios españoles que están en juego. Preocupación añadida para Moncloa es la permanencia de varias decenas de turistas españoles que ayer estaban atrapados en sus hoteles sin poder salir por el cierre del espacio aéreo. La gestión del Ministerio de Exteriores para acelerar la repatriación y tranquilizar a los familiares es manifiestamente mejorable, en opinión de varios afectados que así lo han denunciado a los medios de comunicación. Por lo demás, la grave crisis tunecina reactiva el temor al avance del radicalismo islamista y a que Al Qaida aproveche las fisuras de la revuelta para infiltrarse en las capas más populares. Durante años, Túnez ha ofrecido la imagen amable y moderada de un país que, siendo musulmán, sabía abrirse al influjo occidental, observaba unos usos democráticos aparentes y se consolidaba como destino turístico atractivo y competitivo que impulsaba el crecimiento económico. Tal vez fue así durante algunos años, pero a raíz de las elecciones presidenciales de 2009, en las que Ben Ali no tuvo recato alguno en regalarse un pucherazo con el 90% de los votos, todo el decorado empezó a desmoronarse. Lo que se mostró a la vista de todos fue una Administración corrompida, unos dirigentes preocupados solamente en enriquecerse y una Jefatura del Estado que había convertido el país en un cortijo particular. También salió a flote una sociedad más empobrecida y una juventud a la que se le habían cerrado las puertas del futuro. Sólo era cuestión de tiempo que cualquier medida gubernamental, como el encarecimiento de los alimentos básicos, detonara el descontento social e hiciera saltar por los aires el aparente régimen de estabilidad. De ahí que el fracaso de este pequeño país magrebí sea también el fracaso de la política europea en la zona. Para conjurar la amenaza del terrorismo islámico no basta con auspiciar gobiernos fuertes e inequívocamente comprometidos en la lucha contra Al Qaida. También resulta imprescindible una organización política y económica que garantice la justa distribución de la riqueza, de modo que el progreso económico llegue a todas las capas sociales y no beneficie únicamente a las castas del poder. La obscena cleptomanía de la familia de Ben Ali, que ha acaparado todos los resortes económicos imaginables, es el vivo reflejo de unos dirigentes que se han mantenido en el poder gracias al apoyo tácito o directo de países europeos como Francia, España o Italia, mientras bajo sus pies se gestaba la revuelta de los desheredados. El caso de Túnez obliga a la UE, empezando por España, a revisar su política en el Magreb porque de seguir así no será la última crisis que convulsione el área y sus efectos no será tan controlables.

La Razón - Editorial

Túnez y la libertad

La revuelta ciudadana derroca a Ben Ali y abre las puertas a una transición a la democracia.

La chispa que prendió en el pueblo tunecino de Sidi Bouziz tras la muerte de Mohamed Bouazizi, un licenciado en informática que trabajaba como vendedor ambulante y se inmoló como protesta por el maltrato que recibió de la policía, ha terminado derribando la dictadura de Ben Ali, ininterrumpidamente en el poder durante casi un cuarto de siglo. Ben Ali huyó ayer a media tarde, cediendo el poder al primer ministro Mohamed Ghanuchi. Este podría presidir un Gobierno de transición hasta la celebración de elecciones democráticas en un breve plazo.

Tan pronto como se conoció la noticia de la huida de Ben Ali, fuerzas de la policía y del Ejército confraternizaron con los manifestantes. Tanto los tunecinos que han logrado desembarazarse de una sangrienta dictadura, como la comunidad internacional, que fue excesivamente condescendiente con ella hasta ayer mismo, están obligados a concertar esfuerzos para establecer un auténtico sistema democrático en el Magreb.

El derrocado Ben Ali supo granjearse el apoyo de las principales potencias mediante la hábil explotación de una fachada reformista y un explícito compromiso en la lucha contra el terrorismo. Las protestas que siguieron a la muerte de Bouazizi dejaron al descubierto la verdadera naturaleza de su régimen. Los tunecinos enfurecidos contra un presidente y un Gobierno que no solo les oprimían con mano de hierro, sino que, además, habían conseguido labrarse una falsa reputación exterior de prosperidad y tolerancia, deberían haber encontrado un decidido respaldo de la comunidad internacional, no la precavida indiferencia de todos estos años.

Todo está por hacer tras el triunfo de la revuelta democrática en Túnez. La comunidad internacional, y especialmente la Unión Europea, que defraudaron a los demócratas tunecinos durante casi un cuarto de siglo, el tiempo que Ben Ali estuvo en el poder, tiene ahora la oportunidad, y la obligación, de contribuir al establecimiento de un régimen de libertades que podría obligar, por su sola existencia y ejemplo, a repensar el futuro de una de las regiones más inestables del mundo. En esta ocasión ya no valen, frente a las aspiraciones democráticas de los tunecinos, las coartadas de las que se sirvió el régimen de Ben Ali para disfrazar como un oasis de modernidad amenazado por terroristas lo que, tras su caída, aparece como lo que era, un país empobrecido por el mal gobierno y la corrupción, y sojuzgado por una camarilla.

Los tunecinos que han salido a las calles reclamando libertad necesitan el apoyo internacional que merece su causa, aunque solo sea ahora que ha triunfado. En Túnez se decide ahora algo que excede sus fronteras: si las democracias de los países desarrollados apoyarán a partir de ahora a los hombres y mujeres libres del Magreb o si seguirán prefiriendo, por miedo, cortedad o miopía, respaldar a quienes los reprimen a sangre y fuego invocando los fantasmas del islamismo y del terror.

El País - Editorial

Las sentencias que Rubalcaba no hará cumplir

Lo importante para Zapatero, Rubalcaba y los suyos es mandar para moldear la sociedad a su antojo. Y una sociedad en la que en Cataluña se pueda estudiar en castellano no les interesa.

El liberalismo nace de la desconfianza hacia el poder. Cuando tantos reformadores han mirado a la política como una herramienta con la que alcanzar sus fines –en unos casos benéficos, en otros no–, el liberalismo encuentra en ella un peligro para las libertades: para el poderoso el poder termina siendo, si es que no lo fue desde el principio, un fin en sí mismo. Difícilmente podría pensarse en un mejor cartel publicitario para nuestra doctrina que Alfredo Pérez Rubalcaba.

La carrera política del actual vicepresidente en el Gobierno de España comenzó en los años 80, cuando fue el principal responsable de la elaboración de la LOGSE, una de las peores leyes de nuestra democracia, como secretario de Estado de Educación. Premiado primero con el ministerio del ramo, poco después pasó a Presidencia, donde se distinguió en labores de portavoz negando que el Gobierno hubiera tenido nada que ver con el GAL. Y una vez en la oposición ejecutó un rol estelar en el indigno papel del PSOE durante la jornada de reflexión del 13 de marzo de 2004, cuando él, precisamente él, dijo aquello de que España no se merecía un Gobierno que mintiera.

Una vez incorporado al Ejecutivo dirigido por Zapatero, ha destacado por sus numerosas mentiras durante el fracasado proceso de rendición ante ETA, cuando nos aseguró que había "verificado" que la banda había dejado las armas mientras intentaba ocultar que seguía rearmándose y chantajeando a los empresarios vascos para financiarse. Además de ser el responsable político del chivatazo, asunto por el que siempre se ha negado a dar la cara.

Con semejante currículo, no debería sorprender la desvergüenza con que ha dirigido la nula reacción del Gobierno ante la declarada intención de CiU y el PSOE catalán de violar la ley, incumpliendo las sentencias que obligan a tratar a quienes quieran que sus hijos reciban la enseñanza en castellano en igualdad de condiciones con quienes optan por el catalán. Después de eludir el tema durante semanas con la patética excusa de que no había leído la sentencia, inaceptable en un Gobierno que tiene entre sus obligaciones hacerla cumplir, finalmente ha optado por despachar el tema negando, con tono de perdonavidas, que el Tribunal Supremo diga lo que dice.

Que el modelo de inmersión lingüística que impide que los niños cuyos padres así lo desean opten por el castellano como lengua vehicular de la enseñanza es anticonstitucional es evidente. Lo han dejado claro muchas sentencias, de las cuales ésta es sólo el último ejemplo, notable por cuanto toma el Estatuto afeitado por el Constitucional como referencia. Pero cualquier sentencia que emita el Poder Judicial es papel mojado si el Ejecutivo no la hace cumplir. Y, evidentemente, el Gobierno por boca de Rubalcaba ha dejado claro que no va a mover un dedo para proteger los derechos de los ciudadanos catalanes.

¿Por qué iba a hacerlo? Al fin y al cabo, las libertades no son más que un obstáculo para el poder. Como se ve en otros ejemplos recientes, como el anteproyecto de ley de igualdad de trato, lo importante para Zapatero, Rubalcaba y los suyos es mandar para moldear la sociedad a su antojo. Y una sociedad en la que en Cataluña se pueda estudiar en castellano no les interesa.

Libertad Digital - Editorial