Zapatero hunde al PSOE

El PP tiene actualmente una ventaja de voto estimado de casi doce puntos porcentuales sobre el PSOE. Si se consolida esta tendencia, la debacle socialista puede ser histórica

EL Partido Popular tiene actualmente una ventaja de voto estimado de casi doce puntos porcentuales sobre el Partido Socialista, según la encuesta que hoy publica ABC, realizada por la empresa DYM. La diferencia refleja la tendencia general de los sondeos conocidos en las últimas semanas, a raíz del «decretazo» antisocial aprobado por el Gobierno, que puso de manifiesto todas las contradicciones y falsedades del discurso oficial sobre la crisis. Esa ventaja del PP es también importante en la intención de voto, con casi nueve puntos de diferencia, cuando en diciembre de 2009 era solo de 1,4 por ciento. Hay, por tanto, una tendencia preelectoral que está consolidándose a favor del PP y en contra del PSOE. Si esta tendencia llega en las condiciones actuales a las próximas citas electorales —comicios catalanes el próximo otoño y elecciones municipales y autonómicas en la primavera de 2011—, la debacle socialista puede ser histórica. Esta perspectiva empieza a calar en el socialismo español, y tiene razones para que sea así, porque la encuesta de DYM revela que, a día de hoy, Rodríguez Zapatero perjudica claramente la «marca PSOE», hasta el extremo de que una mayoría de sus votantes (55 frente a 37 por ciento) considera que no debe ser candidato en las próximas elecciones.

La valoración sobre Mariano Rajoy como candidato es mejor entre sus seguidores, pero por la mínima, porque sus votantes apoyan en un 50 por ciento, frente a un 48, que sea candidato. Lo importante para los populares es que esta opinión sobre Rajoy —mejor visto como presidente que Rodríguez Zapatero— no merma la fidelidad del voto de sus electores, lo que a su vez explica la solidez del PP sobre el PSOE. Ahora bien, que ambos líderes compartan la misma valoración (una mala nota de 3,2, y bajando) debe emplazar al PP a cambiar los fundamentos de su ventaja, para que dejen de tener un sesgo coyuntural y pasen a ser definitivos.

En cualquier caso, es significativa la reserva de votos que a priori conserva el PP respecto a las elecciones generales de 2008, en contraste con los sufragios que retendría el PSOE, ya que el 81 por ciento de los votantes que hace dos años se inclinaron por apoyar a Rajoy continuarán haciéndolo, cuando en el caso de Rodríguez Zapatero solo repetirían voto el 43 por ciento, dando pie a una amplia abstención. El dato resulta demoledor, especialmente porque si hace dos años, tras la derrota electoral, surgieron muchas dudas en el centro-derecha español sobre la idoneidad de que Mariano Rajoy repitiese candidatura en 2012, ahora el 45,3 por ciento de los votos que el sondeo DYM atribuye al PP le situarían directamente en un escenario de mayoría absoluta, que abriría una profunda crisis en el PSOE. Solo el incremento de votos previsto para UPyD y CiU podría «rebañarle» escaños al PP en Madrid y Cataluña, pero en ningún caso serían escaños en liza con el PSOE.

Ni en sus peores augurios el PSOE había calculado que a mitad de legislatura los varapalos económicos generarían internamente en el partido, y externamente en la sociedad, una crisis de credibilidad y desconfianza tan severa. Lo peor para los socialistas, según se empieza a admitir en círculos del PSOE, es la incapacidad y el escaso margen de maniobra para remontar. El temor es que la pésima gestión de la crisis económica y los «bandazos» impuestos desde el exterior, unidos al efecto del «tijeretazo» social, a la incapacidad para generar empleo, a las consecuencias que pueda conllevar el «decretazo» de la reforma laboral y al incremento de impuestos en los próximos meses, conviertan el declive electoral del PSOE en un proceso irreversible. En este sentido, la gran incógnita que abre esta encuesta es el límite que tiene el PSOE para tolerar el daño que Zapatero le está causando. No sería extraño que pronto empezara una campaña de opinión publicada y de mensajes encriptados desde el partido que trasladara al ciudadano la idea de que Zapatero ya no representa al verdadero PSOE y de que va por libre. El canibalismo de los partidos es implacable, pero en este caso la responsabilidad política de Zapatero por la desastrosa gestión de la crisis y del Estado está compartida con su partido.

ABC - Editorial

El recibo de la luz. Por M. Martín Ferrand

Si es usted capaz de entender en todos sus epígrafes y detalles lo que, desde siempre, venimos llamando «el recibo de la luz», siéntase fuerte, único e imbatible

Si es usted capaz de entender en todos sus epígrafes y detalles lo que, desde siempre, venimos llamando «el recibo de la luz», siéntase fuerte, único e imbatible. Lo esotérico no existe para usted e, incluso, sin estar instalado en el conocimiento de la Mecánica Cuántica, tiene capacidad suficiente para comprender conceptos tan herméticos como las teorías de Wolfgang Pauli: no puede haber dos fermiones con todos sus números cuánticos idénticos. Un juego de niños frente a la impenetrabilidad de las tarifas eléctricas y su facturación en España. Una consecuencia más de una privatización del negocio de la energía que no fue acompañada de su deseable liberalización y que, en flagrante abuso intervencionista, le permite al Gobierno manosear, según sus caprichos, los costes de producción y los precios de venta de las energías en general y de las eléctricas en particular.

Ahora, para no ser diferente de los productos y servicios que consumimos y pagamos, nos sube el precio de la electricidad que llega a nuestras casas. ¿Llegaremos algún día a pagar la electricidad a un precio justo? Es decir, a producirla del modo más económico posible, sin complejos estratégicos y falsas consideraciones ecológicas, y venderla con un razonable porcentaje de beneficio para el suministrador. Con la subida que se nos viene encima, pagamos la electricidad con un 25 por ciento de incremento sobre los precios de hace dos años y, aun así, el Estado acumula en su debe una creciente cuantía en el capítulo, tan ambiguo como enigmático, del «déficit de tarifa», un concepto enfermizo que incluye la subvención a un carbón nacional sin calorías, el incentivo a nuevas energías, diz que renovables, que, como la termosolar, no se justifica por su precio y todo un largo rosario-tapadera de viejos errores que se remontan a fechas anteriores a las constitucionales.

Forma parte del misterio energético una razonable duda: la actual malformación tarifaria de la electricidad, a la que hay que añadir el pintoresquismo de los sistemas de distribución y transporte, ¿es consecuencia de la torpeza sucesiva de los Gobiernos o convendría analizarla a través del prisma de los intereses escondidos y no siempre confesables?. Lo pregunto porque no lo sé; pero la experiencia —es decir, la costumbre de los errores— nos enseña que cuando las cosas van de mal en peor, lo contrario de la tendencia natural de los acontecimientos que es la de la mejora, debe aplicarse la V Ley de Baura: Lo que a la mayoría le parece inconveniente e inextricable se compensa por la existencia de una minoría anónima que lo considera benéfico y comprensible.

ABC - Opinión

Crisis. La realidad moral. Por José María Marco

Los gobiernos no pueden permitirse ya lo que hasta ahora se han permitido: ni los lujos para los políticos, ni los derroches culturales, ni actividades que se decían esenciales y eran pura y simple compra del electorado.

Cuando se desencadenó definitivamente la crisis, en otoño de 2008, florecieron los diagnósticos morales que nos machacaban con la idea de que todo aquello era culpa de nuestra avaricia, de nuestra codicia, de nuestro egoísmo. Era una crisis de valores tanto como una crisis económica, y de pronto todo el mundo andaba preocupado con las virtudes, sobre todo las privadas.

Aquello resultaba altamente sospechoso, porque, al final, la mayor parte de aquellos neo moralistas acababan preconizando una mayor intervención del gobierno, como si los políticos y los administradores poseyeran una clave moral de la que los demás carecíamos, y sólo una mayor intervención gubernamental y administrativa nos pudiera rescatar de nuestros pecaminosos desvaríos.

Así era como los sermones acababan exaltando al difunto Keynes, y como Keynes, tan celebrado en su milagrosa resurrección, vino a avalar otra vez políticas socialistas que consiguieron el respaldo de todos los partidos. El resultado era de prever. Sin haber salido de la crisis primera, nos han metido en otra aún más profunda de la que nadie sabe cómo salir porque nadie sabe de dónde sacar el dinero que se requiere para pagar las fantasías morales de aquellos neokeynesianos enfebrecidos.

Entre las consecuencias colaterales de la deriva está el descrédito completo de los políticos. Cuanto más se envolvieron en el lenguaje de la moral para justificar su nuevo poder, menos credibilidad tienen ahora. Aún les queda algo de la ficción de lo "público" que en la práctica, como en todas las economías socialistas, es al mismo tiempo patrimonio de las oligarquías y un recurso cada vez más precario por la ineficacia del sistema económico. Les queda, en otras palabras, la inercia de la costumbre, que al ritmo al que vamos parece que durará poco.

Y sin embargo, la crisis inacabable en la que nos encontramos es también una ocasión para volver a articular –en la medida de lo posible– el mundo de la acción política con el mundo de la moral. Hemos vivido en una ficción que se está desplomando ante nuestros ojos. Los gobiernos no pueden permitirse ya lo que hasta ahora se han permitido: ni los lujos para los políticos, ni los derroches culturales, ni actividades que se decían esenciales y eran pura y simple compra del electorado. Se ha terminado la fábula de los gobiernos todopoderosos, que tenían en su mano la solución de los problemas, la creación de derechos, la felicidad de sus súbditos.

También se han acabado algunas fantasías. Como es fácil de entender, sólo volverá a haber trabajo cuando aceptemos que tenemos que trabajar más... por bastante menos. Que los precios están disparatados. Que nuestra educación, nuestra salud y nuestras pensiones son responsabilidad nuestra, no de los políticos. Que los mileuristas no son seres explotados, sino personas que se ganan muy dignamente la vida, que los inmigrantes no han venido a España para que los españoles nos tumbemos a la bartola o que hay que estudiar para sacar un título, sea cual sea este.

La verdad es que no sé por qué se tiene tanto miedo a afrontar lo que tenemos por delante. ¿Tanto nos gusta vivir en la mentira? ¿Tan terrible es un mundo en el que asome un poco la realidad de las cosas?

Libertad Digital - Opinión

¡Levántate y anda!. Por José María Carrascal

¿Va Zapatero a hacer caso a la figura más importante del socialismo español o va a seguir remoloneando?

¿ES Zapatero un cadáver político? El Zapatero que quería establecer un cordón sanitario en torno al PP, el que hablaba de brotes verdes y aseguraba que el gasto social no se tocaría, desde luego. Se suicidó al anunciar el ajuste más duro de la democracia. Y lo han enterrado el Papa, Berlusconi y Felipe González, tres personajes que él quería enterrar. Lo del Papa y Berlusconi no necesita explicarse. Lo de Felipe González, en cambio, merece una reflexión. ¿A qué fue FG a la fiesta-aniversario de los socialistas? Pues a recordar a su sucesor que su ajuste es bueno, pero necesita ser más duro; que progresismo no es hablar sólo de derechos, sino también de obligaciones; que para recibir un mejor salario hay que trabajar más; o sea, fue a decirle que se olvide del buenismo que viene practicando, y ponga al PSOE al nivel de los tiempos que corren, como él hizo cuando mandó a Marx a las bibliotecas, ingresó en la OTAN y aceptó la economía de mercado. Pues en otro caso, no ya el partido, sino España se va al garete. Y es que, desde que dejó la presidencia, FG sólo se codea con los más ricos y poderosos, y sabe cómo funciona al mundo.

Dos preguntas a ello. La primera: ¿Por qué ha tardado tanto tiempo FG en decir estas cosas a ZP? ¿Por qué ha dejado que la situación se deteriorase hasta este punto? Posiblemente, porque temía que no le hiciese caso, como no se lo hizo a nadie, y prefirió ahorrarse el sofocón. Ahora, no quedaba otro remedio.

La segunda pregunta: ¿va Zapatero a hacer caso a la figura más importante del socialismo español o va a seguir remoloneando, como acostumbra? La respuesta a esa pregunta la tendremos en la reforma laboral que nos presente. Será su prueba de fuego. Si es auténtica, esa reforma significará tirar por la borda cuanto ha dicho y hecho hasta ahora, dejar de ser el presidente de media España contra la otra media, renunciar no solo a sus convicciones, sino también a sus sentimientos, entonar el «adiós amigos, compañeros de mi vida», reconocer que se había equivocado de medio a medio. Algo que nunca se hace fácilmente, menos, con cincuenta años, sin capacidad de reinventarse. Ojo, pues, a esa reforma, no vaya ser que, queriendo contentar a todos, ZP no contente a nadie.

Pero si el cambio no es duro, profundo, radical, como se le pide, quien tendrá que ser cambiado es él, algo que, hoy, sólo puede hacer su partido. De momento, el partido le ha dicho que se levante de la tumba y se ponga a andar en dirección opuesta a la que venía siguiendo.

Será interesante contemplar el milagro. Si acontece, porque con ZP nada es seguro hasta que ocurre. E incluso tras ocurrir. Este hombre es capaz de mentir después de muerto.

ABC - Opinión

Durán i Lleida. Objeto de mofa. Por Maite Nolla

Ahora sabemos que, aunque se lo llevara a rezar con Obama, Zapatero cree que Durán es un Erkoreka cualquiera. Es como la diputada de Coalición Canaria, como el de Unión del Pueblo Navarro o, lo que es peor, como Joan Herrera.

La política es ingrata e injusta. Un día estás arriba y otro día estás fuera. Más aún con los políticos de cartón piedra que tenemos ahora, que vaciados de su fachada, de las fotos en la Telva o del jabón gratuito, no tienen ni pasado, ni futuro, ni contenido, ni una sola idea que llevarse a la boca. No son más que un pie desnudo. Y así pasas de ser un líder, un estadista, en resumen, un "monstruo", al olvido en una tarde.

De los discursos con motivo de la fiesta del socialismo parlamentario del jueves, ha pasado desapercibida la mofa que de Durán i Lleida hicieron Felipe González y Zapatero. Felipe alabó el discurso presuntamente brillante de Durán, pero le sacó punta con mucha gracia, la verdad. ¿Cómo va a votar en contra de los futuros presupuestos si no conoce su contenido? Pero lo mejor fue cuando Zapatero añadió: "Bueno, ya veremos si no vota a favor; je, je, je...".

Durísimas declaraciones; el fin del mito. Un golpe definitivo después de unos días en los que el líder nacionalista ha estado en lo más alto; parecía incluso que estuviese tutelando al Gobierno en la reforma laboral, aunque no fuera verdad, y que, en general, CiU estuviera tomando medidas económicas o algo así, cuando tampoco es verdad. Durán culminaba su momento de gloria presentándose en el Círculo Ecuestre como el estadista que pretende ser y que algunos le atribuyen sin fundamento, y van Felipe y Zapatero y se ríen de él.

Hasta la fecha, las críticas a Durán tenían diferentes escalas. Algunos criticaban que utilizara la técnica del eslálom democratacristiano –socialcristianos, se hacen llamar– para supuestamente atornillar a Zapatero y acabar apoyándole. Otros ponían el acento en el miedo convergente a que unas elecciones generales anticipadas coincidieran con las autonómicas, cosa que sería catastrófica para CiU. Los menos recordaban que no se puede ser independentista, soberanista, nacionalista moderado y un hombre con gran sentido de Estado, sin tener un grave problema médico. Por no hablar de la corrupción de la que, dicho sea de paso, en Cataluña no habla nadie.

Pero Felipe y Zapatero le han dado donde más duele: siempre hay un precio. Zapatero no considera a Durán un hombre de Estado, un ministrable, un puente entre Cataluña y España. Es más, pasa de la tradición europeísta de Durán. Ahora sabemos que, aunque se lo llevara a rezar con Obama, Zapatero cree que Durán es un Erkoreka cualquiera. Es como la diputada de Coalición Canaria, como el de Unión del Pueblo Navarro o, lo que es peor, como Joan Herrera. Zapatero piensa que es como todos los demás: fácil de adquirir. Si ganan las elecciones catalanas se les podrá comprar porque gobernarán, y si las pierden porque no tendrán otra cosa a la que agarrarse. Y qué que hayan dicho que no van a apoyar los presupuestos, ¿desde cuándo eso ha sido un impedimento para votar luego lo contrario? ¿Quién piensa que Zapatero es tonto?

Libertad Digital - Opinión

Angela Merkel y nosotros. Por Hermann Tertsch

La canciller alemana Angela Merkel tiene suficientes problemas propios como para ocuparse de los que generan sin cesar algunos otros europeos.

La canciller alemana Angela Merkel tiene suficientes problemas propios como para ocuparse de los que generan sin cesar algunos otros europeos. Europeos por situación geográfica, pero caribeños por convicción. No hay más que escuchar las sinsorgadas sobre la evolución positiva de Cuba de nuestro ministro Moratinos por el hecho de que la dictadura castrista va a soltar a un preso medio muerto y quedarse con todos los demás. O el papel de España en exigir al resto de los europeos, desde la presidencia de la UE, que se dediquen a las mismas ocurrencias cretinas de nuestro ministerio de Igualdad, que nos cuestan decenas de millones de euros. Y que sólo responden a esa ideología sectaria de barrio de la que es máxima responsable nuestra ministra Bibiana Aído, «la intelectuala», aunque muchos otros miembros de la tropa gubernamental no le van demasiado a la zaga. O la defensa hasta de un orden laboral franquista y de unos sindicatos que han tomado con toda naturalidad —y la misma representatividad— el papel de los viejos sindicatos verticales.

Por eso, Angela Merkel, y no sólo ella, ha llegado a la conclusión de que aquí hay muchos que quizás sobren, porque no reman, sino infestan la sentina. El proyecto europeo ha sido siempre una apuesta alemana de la posguerra. Por mil razones. Unas históricas y otras de pragmatismo económico. Y pocos países se han visto más beneficiados de esa actitud alemana que España. Pero ni unas razones ni otras pueden justificar a medio plazo una sangría económica alemana por el tontiloquismo de unos vecinos o socios. Simplemente no hay razón lógica que lo fundamente. Como tampoco es comprensible que vayan a asumir la pérdida de votos y si acaso el poder por defender o financiar las películas socialistas en rincones que, por falta de competitividad, por nula política energética razonable —es decir nuclear y no de bailes carísimos como la solar—, y por imposiciones ideológicas perfectamente obsoletas, van camino de ser estados fracasados.

Aquí cada uno se suicida por sí mismo como el término especifica. Y nadie puede esperar que otros se vean inducidos a acompañarle. La solidaridad no llega tan lejos como para compartir la ruina o la muerte entre las naciones. Nunca fue así y nunca lo será, por mucha reunión común de los 27 que se organice. Y aquí, en la UE, cada vez estamos hablando más de estados nación y menos de filigranas unitaristas y federales. Está claro ahora, después de ver las gamberradas cometidas por Grecia o por España, que el euroescepticismo británico tenía mucho de racionalidad. No se puede bailar tan apretado con parejas que carecen, no ya de ritmo, sino de intenciones saludables. Y además tienen ocurrencias y hábitos enfermizos como es el caso de la España de Zapatero. En Alemania esa convicción va cogiendo fuerza día a día y obligando a los gobernantes a tomar decisiones en consecuencia. Porque las toman ellos o las toman por ellos los votantes. Y entonces podríamos ver en muchos países el surgimiento de fuerzas que no tienen el menor interés en cooperar con quienes son las auténticas y procaces cigarras en la comunidad de hormigas. En algunos países, especialmente en Alemania, no se juega con enfrentar a una parte de la sociedad contra la otra como aquí hace el presidente Zapatero.

ABC - Opinión

Impuestos. Cómo la socialdemocracia extorsiona a las clases medias. Por Juan Ramón Rallo

Tengo malas noticias para estos hijos de proletarios: gracias a la izquierda que supuestamente defiende sus intereses, seguirán siendo de por vida simples proletarios; ellos, sus vástagos y los vástagos de sus vástagos.

La izquierda siempre se ha llenado la boca diciendo que sus intenciones pasaban por querer igualar las condiciones de partida y de llegada de todos los ciudadanos. Era la zanahoria de este igualitarismo extremista lo que justificaba el palo de la más injusta de las desigualdades, aquella que pasaba por que los políticos se constituyeran en una auténtica casta, en una terrible nomenclatura, que viviera como los antiguos monarcas absolutistas explotando al pueblo.

Sin embargo, el igualitarismo nunca pasó de ser un camelo. Como mucho, allí donde la socialdemocracia supo guardar la compostura y no degenerar en un populismo corrupto y corruptor, las medidas izquierdistas lograron convertirse en un lastre que impidiera a todos enriquecerse y despuntar por igual. Lejos de permitir que la riqueza de todos se acelerara en la misma medida, trataron de colocarles a todos un peso que les dificultara el vuelo de forma equitativa.

De ahí que la socialdemocracia sea la primera enemiga real de los trabajadores, de esas clases medias que aspiran a amasar un cierto patrimonio que les permita jubilarse anticipadamente o completar las remuneraciones que obtienen vía salarios. Es la sencilla idea de una sociedad de propietarios, donde se haya consumado el sueño de Marx pero a la inversa: no que los trabajadores arrebaten, previa aniquilación, a los capitalistas los medios de producción, sino que los trabajadores se hayan convertido, gracias a su ahorro y a sus inteligentes inversiones, en los capitalistas propietarios de los medios de producción.

A cambio de la sociedad de propietarios, nos ofrecieron ese fraude piramidal, ese timo que empequeñece el de Madoff, llamado Seguridad Social. Un castillo de naipes que el propio PSOE ya ha reconocido que no nos aguanta otra década a menos que reduzcamos de un modo u otro las pensiones de los actuales cotizantes.

Pese a ello, o precisamente por ello, quedaban algunos hijos de obreros que, ay ingenuos de ellos, todavía aspiraban a poder promocionar socialmente. Sus padres habían trabajado duramente durante décadass para poderles costear una educación hasta los veintitantos años, habían accedido gracias a ella a una escala salarial que les permitía ahorrar algo más que para entregar propina en los bares, y pensaban acumular un cierto patrimonio que al cabo de 25 ó 30 años les llevara a vivir con comodidad incluso sin trabajar.

Pues bueno, tengo malas noticias para estos hijos de proletarios: gracias a la izquierda que supuestamente defiende sus intereses, seguirán siendo de por vida simples proletarios; ellos, sus vástagos y los vástagos de sus vástagos. Mientras tanto, los hijos de los antiguos capitalistas tendrán su parcelita asegurada con esas SICAVs prácticamente libres de impuestos –no me malinterpreten, yo no aboliría las SICAVs, las generalizaría para todos los ciudadanos– y muchos de ellos incluso vivirán de las subvenciones que el Estado les entregue en concepto de amistad e intereses comunes (por ejemplo, las empresas que han medrado gracias a las renovables).

Vean, si no, cuáles serán los efectos de la reforma que ha propuesto la Fundación Ideas para reducir el déficit sin tocar ni un euro el gasto a los apesebrados, es decir, subiendo salvajemente impuestos a las clases medias. Entre muchas otras medidas: incremento del IRPF al 50% para las rentas superiores a 200.000 euros (no descarten que como Griñán también se lo suban a tramos menores) y aumento de la tributación sobre el ahorro al 25%.

Ahora imaginen a un hijo de obrero como el que les describía antes. En un año muy bueno de su actividad profesional, un año como tal vez no tenga otro en su vida, consigue una renta bruta de 250.000 euros. Puede que haya escrito un libro de éxito, haya vendido un proyecto industrial, haya logrado enormes comisiones de venta... Con la nueva reforma que propone el centro socialista que dirige Caldera, esa renta bruta se reducirá aproximadamente en un 40% hasta los 150.000 euros; si con esos 150.000 euros decide adquirir acciones de una empresa que obtiene unos beneficios antes de impuestos del 10% de su capital, en principio esas acciones podrían abonarle hasta 15.000 euros anuales de dividendos. Pero dado que la empresa debe pagar un 30% en concepto de impuesto de sociedades, el dividendo máximo que podría repartir se reduce a 10.500 euros; y, como a su vez, el hijo de obrero deberá pagar un 25% de impuestos sobre ese importe (paradigma de la doble tributación que padece este país), el dividendo final que podrá percibir será inferior a los 8.000 euros anuales.

Compare, en cambio, qué sucedería sin la intromisión del Estado. El hijo del obrero podría invertir los 250.000 euros en acciones y obtener un 10% de dividendos, es decir, 25.000 euros anuales; lo que, dicho sea de paso, sería una renta muy decente para vivir sin trabajar. 25.000 frente a 8.000 euros anuales. Ése es el empobrecimiento que produce la socialdemocracia: impedir de facto que los trabajadores lleguen a convertirse en capitalistas; atarles durante toda su vida a un empleo que pueden incluso detestar. Progreso.

Libertad Digital - Opinión

Impuesto sobre el éxito. Por Ignacio Camacho

Se trata de pasar la factura a las élites burguesas que emergen sobre la mediocridad general de unas sociedades subsidiadas

ANDALUCÍA es la autonomía española con más altos cargos —sólo los delegados provinciales de la Junta suman más de cien— y Extremadura, la de más funcionarios por habitante; en ambas comunidades vive también el mayor número de trabajadores subsidiados. El parque móvil andaluz suma unos 1.200 coches oficiales, y el gobierno regional mantiene en el exterior —en esto le ganan Cataluña y Valencia— 22 oficinas de representación con cometidos poco claros. Uno de cada cinco empleados extremeños trabaja para la Administración. Un sector público sobredimensionado tutela —causa y efecto— la mortecina actividad de los dos territorios menos desarrollados del país, gobernados desde hace treinta años por un mismo partido que ha echado en ellos las raíces de sendos regímenes hegemónicos. Para mantener todo ese tren de gasto clientelista, y sobre todo para enarbolar un falso discurso redistributivo, las autoridades autonómicas han decidido incrementar de uno a tres puntos el IRPF de sus élites burguesas, estableciendo un impuesto adicional progresivo a partir de los 60.000 y 80.000 euros de renta. Un impuesto sobre el éxito que gravará a los escasos profesionales —alrededor de 30.000 en total— que han logrado saltar la barrera del adocenamiento burocrático.

Estos son los «ricos» que identifica el PSOE: no empresarios ni terratenientes, casi todo ellos también subvencionados, sino asalariados de cierto nivel, directivos de empresas, médicos, abogados, arquitectos, ingenieros, catedráticos universitarios. Se trata de pasar la factura política del ajuste —porque la recaudación cuantitativa será insignificante— a las clases medias altas, a los ciudadanos que han logrado a base de estudios, esfuerzo y superación situarse en un nivel de ingresos ligeramente desahogado, a la tenue masa crítica que emerge por encima de la mediocridad general de unas sociedades subsidiadas. Al ejecutivo que logra buenas cifras productivas, al jurista que gana pleitos, al especialista que ha establecido una consulta de prestigio. A la gente que ha invertido dinero y años en desarrollar su formación y no se ha conformado con el puestecito oficial, a la que aporta valor añadido en comunidades uniformadas por la resignación y la dependencia.

Esa es la mentalidad socialdemócrata en estado puro, la del arrinconamiento inclemente de cualquier intento de sobresalir en el marasmo. Una especie de anatematización del progreso individual destinada a satisfacer el instinto popular de la envidia. El mundo gris de un pseudoigualitarismo sectario: un ejército de mediocres burócratas en coche oficial dedicados a desalentar y estigmatizar la excelencia independiente.

ABC - Opinión

Agentes de Igualdad, la policía de Aído

Estamos ante una ofensiva estatal, otra más, que tiene por objetivo infiltrarse en las capas más amplias de la sociedad para transformarla según el dictado de la ex responsable de la oficina de flamenco de la Junta de Andalucía.

La Ley de Igualdad, aprobada en 2007, bien hubiera podido ser un documento voluntarista repleto de lugares comunes y proclamas igualitarias con el único objetivo de convertirse en un sugerente reclamo electoral. Sin embargo, la tenacidad de la titular del ministerio más prescindible que hemos padecido en toda nuestra historia, está convirtiendo esa aparente declaración genérica en el origen de una ofensiva estatal, otra más, que tiene por objetivo infiltrarse en las capas más amplias de la sociedad para transformarla según el dictado de la ex responsable de la oficina de flamenco de la Junta de Andalucía.

No es probable que los socialistas consigan finalmente adecuar la realidad a sus prejuicios, porque para eso hace falta gozar de un poder absoluto, cosa que por desgracia para el PSOE y por suerte para la sociedad civil sólo ocurre en las tiranías marxistas que aún perduran por el mundo. Sin embargo, el daño que este empecinamiento igualitario puede provocar en los sectores productivos es algo que debiera provocar la oportuna reacción de los agentes privados implicados en el proceso.

Como es sabido, la función crea el órgano, y eso es lo que está empezando a ocurrir con las “políticas transversales” que el lúgubre ministerio de Bibiana Aído se ha propuesto imponer en la administración, la educación y la empresa. No de otra forma cabe interpretar la creación de un nuevo cuerpo de “agentes” de la igualdad que, a impulso del ministerio y con la colaboración interesada de los sindicatos y la universidad pública, amenaza con adquirir carta de naturaleza para especificar a los empresarios a quién deben o no ofrecer un puesto de trabajo en función, por ejemplo, del número de empleados de cada sexo existentes en un momento dado.

En mitad de una recesión económica sin precedentes que amenaza con devastar nuestra economía para varias generaciones, el Gobierno de Zapatero tiene la desvergüenza de auspiciar con dinero de todos estas nuevas especialidades académicas para perjudicar a las empresas en la misma medida en que benefician a los sindicatos y las universidades, dispuestos a degradarse hasta lo obsceno a cambio de acaparar unos fondos que de otra forma permanecerían en el bolsillo de los contribuyentes.

La nueva “policía” de Aído es tan inútil como su ministerio pero con un agravante. Y es que si sus funciones se institucionalizan, el que se atribuya también una potestad sancionadora será sólo cuestión de tiempo. Justo lo que necesita un país que, desde que gobierna el jefe de la señorita Aído, no deja de provocar desastres, infortunios y mucha, mucha vergüenza ajena.

Libertad Digital - Editorial

Aislado y sin horizonte

El PSOE pierde votaciones en el Congreso, y sus socios hipotéticos se desmarcan un día sí y otro también, dejando al descubierto la penuria política de un presidente que ya no da más de sí

NI el eterno voluntarismo del presidente ni la infatigable propaganda gubernamental pueden ocultar la realidad de los hechos: el Ejecutivo está desprestigiado ante la opinión pública y nadie confía en su capacidad para encauzar un proyecto agotado cuando ha transcurrido poco más de la mitad de la legislatura. La soledad del PSOE en sede parlamentaria queda patente en numerosas ocasiones, con derrotas —a veces estrepitosas— frente al resto de los grupos como ha ocurrido recientemente en materia de pensiones. Las maniobras de José Antonio Alonso y demás responsables socialistas en el Congreso no consiguen disfrazar una situación insostenible que puede desembocar en la imposibilidad de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2011. En este sentido, la entrevista que hoy publica ABC con el portavoz de CiU Josep Antoni Duran i Lleida anticipa lo que puede ocurrir en los próximos meses. Es cierto que los nacionalistas catalanes mantienen una ambigüedad deliberada que cabe interpretar en función de las ya cercanas elecciones autonómicas. Sostiene Duran que su grupo ha salvado a la economía española y no a Rodríguez Zapatero con su apoyo al «decretazo», pero no se pronuncia todavía sobre la eventual convalidación del decreto ley que impondrá la reforma laboral. El parlamentario catalán —que juega con habilidad sus bazas en el Congreso y ocupa un lugar de privilegio entre los líderes mejor valorados— afirma, en cambio, de forma rotunda que CiU no apoyará al Gobierno en el debate de Presupuestos y que votaría «no» en caso de una hipotética cuestión de confianza.

En definitiva, hay que descartar que los nacionalistas catalanes sirvan de soporte a un Ejecutivo desbordado por las circunstancias de aquí a final de legislatura, de manera que —gracias a las urnas autonómicas— le queda al presidente un margen de pocos meses para sacar adelante sus proyectos, aunque sea a trompicones. En plena crisis económica, España no se puede permitir este desbarajuste político. El PSOE pierde votaciones en el Congreso o bien se ve obligado a «apoyar» a la oposición para disfrazar su aislamiento. Los socios hipotéticos se desmarcan un día sí y otro también, dejando al descubierto la penuria política de un presidente que ya no da más de sí. El clamor social en favor de unas elecciones anticipadas está más que justificado porque en democracia los ciudadanos tienen siempre la última palabra, una vez agotada la confianza que Rodríguez Zapatero obtuvo en 2008.

ABC - Editorial

Los manirrotos del poder. Por M. Martín Ferrand

España es un dislate en el gasto público. Mírese en la dirección que se quiera, salta la liebre manirrota

AQUÍ, en España, lo real es casi siempre imaginario o, cuando más, algo dudoso e impreciso. A lo largo de los siglos, y no siempre por las buenas, nos hemos ido acostumbrando a ver lo que no miramos, escuchar con oídos ajenos, palpar con guantes, oler de espaldas y paladear sin criterio: efectos negativos de la poca educación y el mucho descanso que nos sirven como indicadores de conducta colectiva. Por eso es más real en nuestras vidas Hannah Montana que María Teresa Fernández de la Vega y Elena Salgado, las dos juntas. No es el triunfo de la imaginación, sino la consecuencia de la prioridad contemplativa —tan perezosa, tan estéril— que le hemos dado a nuestras vidas. Montana nos viene dada por Disney Channel y las vicepresidentas son un efecto colateral, y no necesariamente deseado, del voto a José Luis Rodríguez Zapatero, el hombre que convierte a los pobres en parados y a los ricos en pobres. Una lumbrera.

A partir de esa confusión entre lo real y lo fantasioso nos pasa lo que nos pasa y, especialmente, con cuanto afecta al Presupuesto. Ayer se publicaba en estas páginas que el Gobierno, después de congelar las pensiones, autorizó una aportación de 1'4 millones de euros de la Seguridad Social para la formación de sindicalistas en Iberoamérica. Aparte de que nuestros hermanos del otro lado del mar no han hecho nada tan perverso como para merecer el castigo de un sindicalismo clónico del que aquí encarnan especímenes tales que Cándido Méndez o Ignacio Fernández Toxo, ¿está el horno para esos bollos o somos víctimas de otro espasmo de la prodigalidad gubernamental típica del zapaterismo?

España, en el todo y en sus diecisiete porciones, es un dislate en el gasto público. Mírese en la dirección que se quiera, salta la liebre manirrota. En Castilla-La Mancha, por ejemplo, las Cortes Regionales acaban de aprobar —con la abstención del PP, algo es algo— un aval de 140 millones de euros para el Aeropuerto de Ciudad Real, uno de esos proyectos megalómanos y ruinosos que tanto gustan en las Autonomías. El aeropuerto es una ruina inviable y enterrar en él, sobre los más de 1.000 ya derrochados, otros 140 millones no tiene más explicación que el encubrimiento de quienes financiaron una pintoresca iniciativa privada con dinero público. Ya se llevaron por delante la Caja de Ahorros que lleva el nombre de la Autonomía y, de seguir así, terminarán con todo el patrimonio, incluso el espiritual, de la Región. Incluidos Don Quijote, Sancho, Dulcinea y el mismísimo Plinio, imaginario jefe de la Policía local de Tomelloso. No es que gasten con más o menos justeza, es que destrozan.

ABC - Opinión

Desempleo. Una reforma desenfocada. Por Emilio J. González

En cualquier reforma del mercado de trabajo son las empresas, y no los trabajadores, quienes deberían ocupar el centro de la misma, cosa que hasta ahora no se ha hecho, ni este Gobierno va a hacer, lo cual es un gran error.

Todo lo que signifique liberalizar el mercado de trabajo español ha de ser bienvenido y, en este sentido, los planes de reforma laboral que baraja el Gobierno avanzan en la dirección correcta. Lo malo es que avanzan muy poco y con el foco desviado, con lo cual, en la situación actual, puede que su puesta en práctica no sirva de mucho.

El primer problema de los planes del Gobierno es su filosofía. Ésta se sigue centrando en proteger al trabajador, aunque reduzca algo esos niveles de protección, sin tener en cuenta dos cuestiones fundamentales. La primera de ellas es que la reforma debe hacerse para ofrecer una nueva oportunidad de empleo a los millones y millones de personas que lo han perdido y la posibilidad de acceder a su primer puesto de trabajo a ese casi 50% de jóvenes en paro. En este sentido apenas se avanza debido a la segunda cuestión, que es que, al final, aquí lo que no se está teniendo en cuenta es la realidad de la empresa española, que es, en última instancia, quien crea empleo, y si no le facilitan las cosas, no lo va a poder hacer.

España es un país de pymes. Éstas suponen más del 90% de nuestro tejido empresarial y entre ellas predominan claramente las microempresas –compañías con cinco o menos trabajadores. Y son también las responsables de más del 80% del empleo en nuestro país. Por tanto, en cualquier reforma del mercado de trabajo son las empresas, y no los trabajadores, quienes deberían ocupar el centro de la misma, cosa que hasta ahora no se ha hecho, ni este Gobierno va a hacer, lo cual es un gran error. En este sentido, está bien que el Ejecutivo clarifique las causas económicas del despido, especificando que cuando la empresa atraviese por dificultades tan sólo pague una indemnización de 20 días por año trabajado. Esto puede resolver el problema de supervivencia de muchas de ellas, siempre y cuando los jueces quieran aplicar la norma, porque los magistrados de lo social son muy dados a ir por sistema en contra del empresario y a favor del trabajador sin atender a demasiadas razones. Pero lo que no se arregla con esta medida es el problema de la creación de puestos de trabajo.

Hoy por hoy, las pymes se resisten a incrementar su plantilla, aunque lo puedan necesitar, porque ante lo incierto del panorama, ante una crisis como la actual, muy profunda y que se adivina que va a ser muy larga, no quieren correr el riesgo de encontrarse con un sobrecoste si las cosas se tuercen y no salen los planes. Un sobrecoste, además, que se incrementa con las indemnizaciones por despido si éste no es considerado objetivo; con lo cual, antes de contratar a más personas, optan o bien por ofrecer más horas extras a sus trabajadores, o bien por seguir utilizando de forma masiva el contrato temporal para evitarse problemas. Las medidas que propone el Gobierno no resuelven esta cuestión simplemente porque no abordan plenamente el abaratamiento del coste del despido. Lo de los 20 días si la empresa lleva seis meses en pérdidas, como ha afirmado Corbacho, está bien, pero no basta, como tampoco resulta suficiente el contrato con despido de 33 días para incentivar la conversión de los contratos en indefinidos por la simple y sencilla razón de que sigue siendo un despido caro, en especial en las circunstancias actuales. En otras, como las de finales de los 90, fue muy útil, pero aquellos eran años de intenso crecimiento económico y los actuales son tiempos de recesión y estancamiento.

Lo mismo cabe decir con relación a la contratación de jóvenes sin experiencia. Al no abordarse la reducción de su salario de entrada y al haber tantos millones de parados con experiencia y cualificación acreditadas, los jóvenes no tienen apenas oportunidades. Y eso tampoco se aborda en la propuesta del Ejecutivo.

Con la descentralización de la negociación colectiva ocurre tres cuartos de lo mismo. En un país de pymes como el nuestro, hay que acercarla lo más posible al nivel de la empresa, con el fin de que se adapte a su verdadera realidad. Sin embargo, eso implicaría recortar drásticamente el papel de los sindicatos y su poder a nivel nacional y, por tanto, ni éstos quieren ni oír hablar de ello, ni el Gobierno se atreve a provocarlos introduciendo semejante medida, por muy débiles que estén ahora UGT y CCOO.

Sin estos elementos, u otros, como la potenciación de la movilidad geográfica, todo lo que se haga no son más que parches o pequeños avances, sin que se ataquen de verdad las auténticas raíces del problema, que no son otras que el énfasis en la protección al trabajador que se pone en la regulación laboral, olvidando que por muy importante que sea la defensa de los derechos de los trabajadores, nunca habrá empleos si no hay empresarios que se esfuercen y se arriesguen por sacar adelante una idea convertida en empresa, que es la que crea puestos de trabajo. Ellos son los que deben estar en el centro de cualquier reforma laboral, y más aún en las circunstancias actuales porque sin más empresa nunca saldremos de la crisis, con todo lo que ello implica, y menos aún si los socialistas insisten en subir y subir los impuestos en lugar de renunciar a tanto derroche de dineros públicos tanto por parte del Estado como de las autonomías.

Libertad Digital - Opinión

La fe del converso. Por Ignacio Camacho

El hermano mayor de la cofradía del Santo Derroche se ha convertido en catecúmeno del ajuste duro

DE la bendición papal, confirmada luego por ese santón laico que es Felipe González, parece haber salido Zapatero limpio de las culpas del socialproteccionismo y el déficit; en estado de gracia, que dice Berlusconi, para predicar con obras la buena nueva del reformismo. Como no hay fe más activa que la del converso, a la vuelta de la Santa Sede ha anunciado una reforma laboral que es la madre de todas las reformas, la recontrarreforma, el reformazo. El hombre que antes de ayer decía que estas medidas no creaban empleo ha preparado una que si no lo crea va a destruirlo. Despido a mitad de precio con miniERESen saldo, por pérdidas o reorganización empresarial: un coladero para la expulsión de trabajadores caros o con antigüedad excesiva. La caída paulina del caballo va a ser una anécdota al lado de esta conversión meteórica del antiguo paladín de los derechos sociales, el trueno de Rodiezmo, que ha oído en ultratumba la voz del dios de los mercados: Saulo, ¿por qué me persigues? De resultas de esa experiencia mística, el quijote rojo del puño en alto está a punto de pasar por la derecha, y con el turbo puesto, al más liberal de los liberales, al más manchesteriano de los capitalistas. Por favor, que alguien del Vaticano aclare que no ha sido Su Santidad el inductor de esta metamorfosis ideológica.

Como en el soneto quevedesco —«buscas a Roma en Roma, oh peregrino, y a Roma en Roma misma no la hallas»—, es imposible hallar a ZP en el propio Zapatero. El hermano mayor de la cofradía del Santo Derroche se ha transformado en un catecúmeno del ajuste duro, bañado en un misterioso jordán de pragmatismo. Cuando acabe con el mercado laboral irá a por la prolongación de las jubilaciones, y a este ritmo no sería extraño que acabe por proclamar que sobran funcionarios después de haber contratado a más de cien mil. Lo más asombroso es que no se le ha oído una mínima autocrítica, una leve confesión de errores o pecados, un atisbo de explicación de esta diametral voltereta. Ni siquiera se ha molestado en decir dónde ha oído las voces de su nuevo mandato ni en qué Sinaí le han dado las Tablas de la Ley, aunque todo el mundo sospecha que ha recibido instrucciones perentorias de Berlín y Washington, olimpos financieros donde moran los dioses de la deuda. No hay asomo de contrición política, tal como si todo lo visto hasta ahora, el despilfarro sistemático, la apoteosis de los subsidios, la liquidación del superávit con cheques y regalías, fuese cosa de otro, de algún antecesor irresponsable que le hubiera dejado la tesorería tiritando. La penitencia se la deja a los que creyeron en él.

ABC - Opinión

Una decisiva reforma que puede volverse irrelevante

Si la reforma laboral se aprueba tal y como la ha presentado hoy el Gobierno, podemos decir ya que su relevancia será casi marginal y que, por consiguiente y como no se cansa de repetir Corbacho, no contribuirá a crear empleo o favorecer la recuperación.

Que el Gobierno haya decidido por fin sacar del letargo a la imprescindible reforma laboral española es en sí mismo una buena noticia. Delegar su redacción a esos representantes sociales que a nadie representan salvo ellos sí mismos y a sus clientes fue una estratagema que le permitió durante tres años no tocar ni una coma del excesivamente rígido mercado laboral nacional con las funestas consecuencias que todos conocemos: cinco millones de parados y una tasa superior al 20%, más del doble de la media europea.

Ahora, por orden indeclinable de Bruselas, el Gobierno se ha puesto las pilas y aunque todavía continúa mareando la perdiz siempre que le resulta posible, parece decidido a aprobar una reforma laboral que toque los puntos clave de nuestro mercado de trabajo. La gran mayoría de analistas coincide en que tres son los males de que adolece nuestra regulación: alto coste del despido, dualidad entre fijos y temporales y negociación colectiva. De una forma u otra, la reforma presentada ayer por el Ejecutivo a sindicatos y patronal incide sobre estos tres defectos pero sin resolver claramente ninguno.

En cuanto al primero, el excesivo coste del despido de 45 días por año trabajado que actúa como una auténtica barrera de entrada para los desempleados, la fórmula que ha encontrado Zapatero, y que ya adelantó prácticamente en exclusiva Libertad Digital en febrero, ha sido la de admitir el despido objetivo individual por causas económicas. Hasta el momento, la mala situación de una empresa sólo justificaba que se pudieran despedir a un colectivo de trabajadores –los famosos ERE–; en otro caso, el empresario no podía acogerse a esta modalidad de rescisión contractual cuya indemnización es de 20 días por año trabajado. El problema es que, de momento, la propuesta de reforma no especifica qué debe entenderse por dificultades económicas, dejando su concreción al arbitrio de los jueces de lo laboral, muy acostumbrados a fallar, con razón o sin ella, en contra de la empresa. De no rellenarse esta laguna, tasando claramente cuáles son los supuestos objetivos en los que cabe hablar de dificultades, este cambio quedará muy probablemente en papel mojado.

El segundo problema de nuestro mercado laboral –la dualidad entre fijos y temporal– deriva en gran parte del anterior. Habida cuenta del alto coste del despido, los trabajadores que acumulan más antigüedad adquieren el derecho a cobrar una mayor indemnización en muchos casos inasumible para la empresa, de modo que, ante las primeras dificultades, a quienes siempre se despide son a los temporales –cuya indemnización era sustancialmente menor, de 8 días por año– aun cuando fueran mucho más productivos para la compañía. La reforma pretende atajar esa discriminación que se suele cebar con los más jóvenes encareciendo por un lado la indemnización de los temporales a 12 días por año y promoviendo por otro el uso generalizado del contrato de fomento del empleo, cuya indemnización es de 33 días por año. En estos últimos, además, se introduce una bonificación para la empresa: si el despido es objetivo por causas económicas, el FOGASA le subvencionará 8 de los 20 días por año que tiene que pagar en concepto de indemnización, con lo cual, y en la práctica, el coste del contrato temporal sería idéntico al indefinido por fomento del empleo.

Claro que esta reducción de la dualidad se logra a costa de, por un lado, volver más rígido una parte del mercado laboral dificultando la concertación de contratos temporales y de, por otro, cargarles a los contribuyentes los costes del despido que el Estado les impone a las empresas.

Por último, la reforma prevé introducir cláusulas en los nuevos convenios colectivos que permitan a las empresas en dificultades inaplicar las tablas salariales que éstos contienen. El problema está en que los convenios colectivos ya suscritos, es decir, todos los que hoy siguen vigentes, al no incorporar estas cláusulas sólo permitirán el descuelgue por acuerdo entre empresa y sindicatos o por mediación de un laudo arbitral. Es decir, la reforma conserva en su práctica totalidad los distorsionadores convenios colectivos; entre otras cosas responsables de que los salarios españoles estén alejados de nuestra productividad y, por tanto, de que el paro no deje de aumentar con escasa probabilidad de reducirse.

Así pues, la reforma laboral, cuyas líneas generales han sido redactadas en Bruselas, apunta a los problemas esenciales, pero no termina de darles una solución. De quedar tal y como hoy la ha presentado el Gobierno, podemos decir ya que su relevancia será casi marginal y que, por consiguiente y como no se cansa de repetir Corbacho, no contribuirá a crear empleo o favorecer la recuperación.

Cuestión distinta es que, tras este amago inicial, el Gobierno vuelva a modificar el próximo miércoles por orden de la UE las carencias del texto. Ya dijimos en el editorial de ayer que nada nos extrañaría menos que el documento que filtró el Ejecutivo –en dos distintas versiones– a los medios de comunicación el jueves fuera distinto al que presentara el viernes. Y en efecto así fue. Tampoco nos sorprendería repetir esto mismo el próximo miércoles. Lo dicho: en su elaboración, una chapuza laboral en toda regla; en su contenido, una incógnita que, pese a detectar los problemas, no los resuelve y que probablemente llega demasiado tarde para que los inversores recuperen la confianza en nuestra maltrecha economía.

Libertad Digital - Editorial

Los frutos del descrédito

Es evidente que España está en la diana internacional de los rumores y los peores presagios sobre la recuperación económica y el futuro. Pero no es una conspiración planetaria

EN menos de cuarenta y ocho horas, el Gobierno ha tenido que salir al paso de dos informaciones muy negativas sobre el estado de nuestra economía. Primero fue el Banco Mundial, que calificó de «muy grave» la situación económica de España. Y ayer, el «Financial Times» anunciaba que la Unión Europea se estaba preparando para la quiebra de la economía española. El Gobierno replicó al Banco Mundial que estaba utilizando datos equivocados y ayer mismo Bruselas desmintió la información del rotativo. Es evidente que España está en la diana internacional de los rumores y los peores presagios sobre su futuro. También lo es que no siempre son análisis totalmente correctos, ni sustentados en las mejores intenciones. Por eso es comprensible que el Gobierno no los acepte y trate de contrarrestar sus efectos perniciosos negando la mayor.

Ahora bien, al mismo tiempo es necesario que el Gobierno asuma que si esto está sucediendo no es por una conspiración planetaria, sino por causas relacionadas con las incógnitas y los temores que provocan la situación económica española y, principalmente, la inconsistencia del Ejecutivo socialista. Para muchos operadores financieros e incluso muchos gobiernos, las noticias sobre los riesgos que se ciernen sobre España pueden no ser ciertos, pero sí verosímiles. El Ejecutivo socialista ha aprobado medidas de recorte social, se dispone a aprobar una reforma laboral que promete ser convulsa y ha vuelto a plantear la reforma del sistema de pensiones. Se supone que todas estas iniciativas van en la línea que reclaman los mercados, los organismos financieros internacionales y la UE. Aun así, sigue sin haber confianza en la recuperación. También el Gobierno ha probado sin éxito con todos los chivos expiatorios posibles para eludir el impacto de las críticas. Ha tenido que acatar el giro de política económica impuesto por las grandes economías. Pese a todo, el Banco Mundial dice que la situación es muy grave, y el «Financial Times», que estamos al borde de la quiebra. Un Gobierno que, como el de Rodríguez Zapatero, dice que quiere sacar a su país de la crisis más grave de su historia no puede pasarse un día sí y otro también de desmentido en desmentido si, al mismo tiempo, no analiza con sinceridad cuáles son las causas de este pesimismo en torno a España. No basta con hacer declaraciones si está visto que son insuficientes. Faltan hechos, faltan decisiones políticas de calado y, sobre todo, falta confianza. Hay muchos errores reparables en la acción política, pero el descrédito del Gobierno es irreversible y, haga lo que haga, está condenado al rechazo. Lo que tarde Zapatero en darse cuenta es tiempo perdido.

ABC - Editorial

Quiebra. Por qué Zapatero nos lleva a la ruina. Por Emilio J. González

Todo se conjuga para llevar a este país a la ruina. A la ruina del Estado, a la ruina del sistema de pensiones, a la ruina de las familias y a la ruina de las empresas.

La situación de España es muy grave. Lo ha dicho el Banco Mundial y, por supuesto, lo ha desmentido la vicepresidenta económica, Elena Salgado. Pero, por mucho que lo niegue el Gobierno, la situación de nuestra economía puede definirse tal cual lo hace el organismo internacional, a causa de que la solución de los problemas presupuestarios se supedita a la estrategia política de Zapatero, lo cual nos puede dejar en la más absoluta indigencia.

El presidente del Gobierno está tratando de colocar como sea las ingentes cantidades de deuda pública que tiene que emitir el Tesoro porque los inversores internacionales han dicho basta y, en lugar de adquirirla, se desprenden de ella en cuanto pueden. Esa es la primera señal de alarma de la proximidad de la quiebra, que Zapatero no quiere escuchar porque le obligaría a cambiar radicalmente su política y no está por la labor.

A diferencia de otras crisis, en la actual todos los países avanzados compiten por captar el ahorro internacional con el fin de financiar sus abultados desequilibrios presupuestarios. Vamos, que la situación en lo que se refiere a los niveles de déficit y deuda no difiere mucho entre ellos. Aún así, los mercados discriminan entre buenos y malos, porque hay una diferencia fundamental entre el primer tipo de países y el segundo. Se trata de la forma en que están encarando la crisis. Alemania, el paradigma de los buenos, ha agarrado el toro por los cuernos y ha anunciado un recorte del gasto público incluso mayor que el propio déficit presupuestario, tocando incluso la protección social. A España, en cambio, el recorte se lo han tenido que imponer la UE y el Fondo Monetario Internacional, porque ZP no quería hacerlo, y aún así el Gobierno ha discutido las cifras: Bruselas pedía una rebaja de 35.000 millones, la tercera parte del déficit, y el presidente del Gobierno sólo ha aceptado meter la tijera hasta los 15.000 millones. También le piden al Ejecutivo reformas estructurales, sobre todo la laboral, para poder crear empleo y, de esta forma, impulsar el crecimiento económico y los ingresos tributarios y, en vez de hacerlo, el Gabinete sigue mareando la perdiz para acabar aprobando, posiblemente, una reforma ‘light’ y más de cara a la galería que otra cosa. En consecuencia, los mercados castigan a España no porque la situación, con ser difícil, no resulte manejable, sino porque no confían en la capacidad y la disposición de Zapatero para resolver las cosas, todo lo contrario de lo que sucede con la canciller alemana, Ángela Merkel. A las pruebas me remito.

¿Qué hace, entonces, Zapatero? Pues acudir a todo tipo de argucias y triquiñuelas para ir capeando el temporal, por ejemplo, invertir el Fondo de Reserva de la Seguridad Social en deuda española, que se va a volatilizar como se produzca la suspensión de pagos, dejando, de esta forma, al sistema público de pensiones herido de muerte. O, por ejemplo, haciendo que bancos y cajas de ahorros adquieran los títulos que emite el Tesoro, por lo mucho que tienen que perder si se produce el ‘default’ de nuestro país, con lo cual la financiación del déficit absorbe todos los recursos disponibles y deja secos los cauces del crédito para la financiación al sector privado, tan necesaria para salir de la crisis y generar empleos y, sobre todo, para evitar la quiebra de cientos de miles de familias y de pequeñas y medianas empresas. Y, por si no bastara con ello, ahora Moncloa baraja aprobar una amnistía fiscal para todos aquellos que inviertan su dinero en deuda pública. Cualquier cosa vale con tal de seguir colocando los bonos y letras del Tesoro y con tal de evitar que el diferencial de tipos con Alemania se dispare más de lo que ya lo está haciendo y alcance dimensiones astronómicas. Como ven, todo se conjuga para llevar a este país a la ruina. A la ruina del Estado, a la ruina del sistema de pensiones, a la ruina de las familias y a la ruina de las empresas, en una huida permanente hacia delante por parte de un ZP que no quiere alterar ni lo más mínimo el curso de su estrategia política.

¿Por qué actúa así el presidente? Porque lo cierto es que, con tantos dineros como derrochan las administraciones públicas, hay margen y capacidad más que de sobra para aplicar un profundo tijeretazo al gasto y acabar con el déficit. Ello, sin embargo, exige renuncias que Zapatero no está dispuesto a aceptar. A él lo que le importa, ante todo y sobre todo, es la política, su política, o sea, el Ministerio de Igualdad y todo lo que se deriva de él, la ley de memoria histórica, la conversión de España en una confederación, una ayuda al desarrollo mal entendida, la ampliación de los supuestos del aborto, el matrimonio homosexual, la verticalización del sistema sindical o la paz con ETA a cualquier precio, por poner tan sólo unos ejemplos que se pueden ver complementados en el futuro con la ley de eutanasia y la ley de libertad religiosa. Esta es la herencia que Zapatero sueña con dejar a nuestro país, a la cual lo sacrifica todo, y como lo sacrifica todo a ese fin, no le queda tiempo, ni recursos, ni fuerzas, ni ganas para arreglar la economía, además de tratar de resistir como sea en La Moncloa hasta la celebración de elecciones generales en 2012. ¿Resultado? Posiblemente, la quiebra de España.

Libertad Digital - Opinión

El burlador de León. Por José María Carrascal

Los sindicatos han confiado en su amante. Pero su amante ha hecho lo acostumbrado: irse con otra, la patronal

LOS sindicatos han sido la última víctima de ese tenorio político que es nuestro presidente del Gobierno. Zapatero ha engañado a casi tantos colegas como don Juan a mujeres, «mil tres» según su criado Leporello en la ópera de Mozart. Ni uno solo de cuantos sucumbieron a sus arrumacos se libró del escarnio. A los catalanes les engañó a todos desde el famoso «os daré lo que me pidáis». A Rajoy, tantas veces como se vieron. A sus propios ministros, cada dos por tres.

Ahora les toca el turno a quienes venían siendo su ligue más duradero, los sindicatos.

Entre ellos y el presidente había algo más que afinidad; había intereses, que son los que dan solidez a una relación. Zapatero garantizaba a la cúpula sindical sus privilegios, a cambio de que ésta mantuviera tranquilas a las bases. Relación, por cierto, que data de los tiempos de Franco y que inexplicablemente ha durado hasta nuestros días. Es como se explica que, pese a los cuatro millones y medio de parados, se haya mantenido la paz social. El paro no amenazaba a Méndez, ni a Toxo, ni a los «liberados», ni a los trabajadores con empleo fijo. Así daba gusto.

Hasta que llegó la puñetera crisis que puso todo patas por alto. Al principio, ambos socios creyeron que iba a ser pasajera, que con unos parches bastaba, hasta que escampase. Pero ha resultado que no, que esta crisis no escampa, sino que se agrava, y que como no se tomen las medidas apropiadas todo se va por la cañería.

Los sindicatos han confiado hasta el último minuto en su amante. Pero su amante ha hecho lo acostumbrado: irse con otra, la patronal. No lo hace por convicción, su corazón sigue con ellos. Pero, amigo, se lo exigen Europa, los mercados, el propio Obama, ante lo que no hay corazón que valga. Y los ha dejado como dejó a Mas, tirados, o como don Juan dejó a doña Ana y a doña Elvira, «imposibles para mí y para vos».

Una de las pocas cosas buenas que puede salir de esta crisis es que ha dejado en evidencia la vaciedad de ese enorme, vociferante, costosísimo edificio que son nuestros sindicatos. Mantenidos artificialmente, con una cabeza muy grande y un cuerpo raquítico, opuestos a toda innovación, ya no representan ni a los trabajadores, como acaba de verse en la huelga de funcionarios y se verá en la general, que no tendrán más remedio que declarar, tras quedarse compuestos y sin novio. Es la consecuencia de haber traicionado su cometido, de haber vivido del cuento, de haberse convertido en auténticos parásitos de un Estado que derrocha el esfuerzo de sus verdaderos trabajadores en tramoya ideológica y pesebres para adictos. Hoy se encuentran a la intemperie sin prestigio ni influencia. En el pecado tienen la penitencia.

ABC - Opinión

El colgajo de las grúas. Por Alfonso Ussía

Don Antonio Poveda es el presidente de los «gays» y lesbianas españolas. También el organizador del desfile multicolor llamado del «Orgulloso Gay» que se celebra en Madrid cuando los capullos de las flores estallan de algarabía primaveral.

Don Antonio Poveda, por aquello de la flotilla de la Paz (¿) y la actuación del Ejército de Israel, ha vetado la participación de la carroza israelita, dejando a los mariquitas y lesbis de aquel país democrático compuestos y sin desfile. Don Antonio Poveda es un malón. Un malón, malote, malón. En este tipo de celebraciones no se puede meter la política de por medio. Figúrese, don Antonio, que soldados españoles repelen un ataque de los talibanes en Afganistán. De los talibanes o de los terroristas de Al Qaida, que son primos hermanos de los palestinos de Hamas. Y no es necesario que se lo figure, porque ha ocurrido en más de sesenta ocasiones en los últimos meses. De ser usted consecuente, tendría que vetarse a sí mismo, y quedarse sin carroza, sin fiesta, sin jolgorio y sin frenesí.

Aprenda don Antonio, malón, que es usted un malón. Israel es una nación democrática y con los derechos civiles ampliamente desarrollados. También tiene su Día dedicado a los «gays». En Israel no se persigue a los «gays» ni a las lesbianas. Se reconoce respetuosamente su inclinación sexual y su libertad para optar al sendero de los gustirrinines de cada uno. Se trata de un Estado occidental rodeado de naciones árabes enemigas. Enemigas de Israel y de ustedes, los «gays». No aceptan maricas. Los de Hamas, que son tan valientes y tan queridos por usted, don Antonio, se divierten sobremanera lapidando públicamente a los que ellos consideran «corruptos, impuros y desviados». Y si al pobre desgraciado acusado de ser homosexual, lo agarran en las cercanías de una construcción, usan su grúa de patíbulo. Tendría que verlo, don Antonio. Anudan una soga al cuello del dador o receptor de amores masculinos, y elevan hasta lo más alto la jirafa de la grúa. Y ahí queda, como un colgajo que advierte a los palestinos que ser hombre y gustar de los hombres se castiga con la muerte. Entretanto, en Israel, los «gays» hebreos y los visitantes bailan, ríen y se besan sobre sus libres carrozas multicolores.

Ignoro que opinará acerca de su medida su principal promotor, el señor Zerolo. Si servidor fuera «gay», estaría muy enfadado con usted, por malón y caprichosón. Y por inculto. Y por sectario. Y por dictador. Y por preferir a los que cuelgan a sus colegas de las grúas, que a los que libremente pueden expresar sus sentimientos y sus inclinaciones. Lo que ustedes han hecho con los «gays» israelitas, usando el lenguaje normal de la calle y sin pretensión alguna de zaherir, es una auténtica mariconada. Y todo por sectarismo, por sometimiento a un disparate político e ideológico al que usted, don Antonio, no es ajeno. Porque algún día tendrán que explicar ustedes a los suyos cómo es posible que el movimiento homosexual en España rechace a los homosexuales libres y defienda la brutalidad de quienes los consideran una escoria. Escorias que penden como colgajos desde lo alto de las grúas.

La Razón - Opinión

La chapuza laboral

Se trata de que Zapatero pueda vender que los trabajadores por cuenta ajena sigan teniendo nominalmente las mismas ventajas, pero de facto éstas se vean reducidas en una parte y subsidiadas en otra.

El Gobierno quiere vender una reforma laboral que no haga "perder derechos" a los trabajadores, pero que en la práctica abarate el despido. Por lo que indican los distintos documentos filtrados a los medios, se pretende que gracias a diversos mecanismos el despido le pueda costar al empresario en la mayoría de los casos 12 días por año trabajado frente a los 45 actuales.

Como ya adelantó Libertad Digital, la principal vía para lograr esta rebaja pasa por la ampliación de las causas de despido objetivo, dificultando a los jueces de lo laboral su costumbre de favorecer al empleado aunque éste haya agredido a su jefe, que algún caso ha habido. Pero también parece estar decidido, entre otras medidas de menor alcance, que sea el Estado quien pague una parte de la indemnización. En definitiva, la cuestión es que Zapatero pueda vender que los trabajadores por cuenta ajena sigan teniendo nominalmente las mismas ventajas, pero de facto éstas se vean reducidas en una parte y subsidiadas en otra.

Porque de eso se trata, de que Zapatero reciba el visto bueno de nuestros nuevos amos europeos procurando que afecte a su popularidad lo menos posible. Tras años de demagogia continua, llenándose la boca con "los derechos de los trabajadores", sabe perfectamente que unos sumarios televisivos fáciles de entender, con cifras, cavarían aún más hondo su tumba política. De modo que, como siempre, hay que esconder la cruda realidad embarullándolo todo para que sólo se puedan enterar de la misma aquellos más atentos o preocupados por informarse.

No está claro que lo vaya a conseguir. La mentira funciona mejor en asuntos como el de la memoria histórica, por poner un ejemplo claro de tantos que nos ha brindado Zapatero, porque no son algo que afecte a los ciudadanos en su día a día. Un ciudadano normal puede pasar días, meses, años o toda su vida sin que la existencia de tal o cual placa en una calle le preocupe lo más mínimo, ni enterarse del debate político sobre el asunto ni de la existencia de la ley en cuestión. Pero cuando se le está tocando el bolsillo, su contrato, su pan de cada día, procura enterarse mucho mejor.

Pero como Zapatero está preocupado por su imagen, y no por nuestra economía, el proceso de aprobar la reforma está resultando esperpéntico. Primero, los continuos retrasos en la fecha del "ultimátum" a quienes dicen representar a trabajadores y empresarios. Y ahora, los cambios sustanciales al borrador de la reforma en apenas unas horas. Así, primero se decía que los ocho días por año trabajado los pagaría el Gobierno gracias a un incremento en las cotizaciones empresariales. Como esto no abarataba realmente el despido, y tras las más que probables quejas de la CEOE, ahora ese aumento se ha suavizado indicando que se compensará con la reducción de "otras cotizaciones empresariales". Parece que sólo las de la seguridad social son suficientemente cuantiosas para compensar unas con otras. De manera que a corto plazo la reforma laboral empeoraría el lamentable estado de nuestro insostenible sistema de pensiones, precisamente el tercer frente que podría tener que abrir Zapatero en el futuro cercano por orden de Bruselas.

Pero no se alarmen aún: nada nos extrañaría menos que el próximo documento del Gobierno no tuviera mucho que ver con los filtrados y que este sea a su vez distinto al que se apruebe la próxima semana. De un Gobierno cuya relación con la competencia profesional –ideologías aparte– se acerca a la del agua con el aceite cabe esperar cualquier cosa. Aun con Merkel mirando por encima del hombro.

Libertad Digital - Editorial

Una financiación inquietante

Las medidas de recorte social aprobadas por el Gobierno siguen acompañadas de nuevas decisiones de gasto público incompatibles con los compromisos de austeridad y esfuerzo que pide y aplica Rodríguez Zapatero a los españoles

Las medidas de recorte social aprobadas por el Gobierno siguen acompañadas de nuevas decisiones de gasto público incompatibles con los compromisos de austeridad y esfuerzo que pide y aplica Rodríguez Zapatero a los españoles. El último episodio de esta contradicción han sido los 1.400.000 euros que la Tesorería de la Seguridad Social va a destinar, por acuerdo del último Consejo de Ministros, a unos planes de formación de «agentes sociales» en Iberoamérica, en el marco de un proyecto del Ministerio de Trabajo. No tiene sentido alguno que, en las actuales circunstancias, con recorte de pensiones, de salarios públicos, de ayudas a la maternidad y de atención a dependientes, el Gobierno desvíe recursos de la Seguridad Social para proyectos que pueden ser muy estimables en tiempos de bonanza, pero hoy absolutamente prescindibles. Si Fomento va a rescindir contratos de obra pública que ya se están ejecutando, con más motivo Trabajo podría cancelar convenios de esta naturaleza. Incluso, podría cuestionarse la legalidad de utilizar dinero de este organismo para fines distintos de los asignados por la ley, los únicos a los que puede destinar sus fondos. El dinero de la Tesorería de la Seguridad Social es finalista y no precisamente para sufragar gastos ajenos.

En todo caso, el problema sigue siendo la responsabilidad política en la que incurre el Gobierno con la administración de los fondos públicos en una coyuntura que el Banco Mundial ha calificado como «muy grave». Y el hecho de que el Eurogrupo apoyara ayer las medidas anticrisis del Gobierno —nada especial después de haber impuesto a Zapatero el cambio de su política económica— no significa que pueda relajarse en la forzosa restricción de gastos innecesarios. El Gobierno socialista ha estado derrochando dinero público mucho antes de que la crisis de la actividad económica y el aumento del paro provocara la explosión del déficit público hasta los niveles actuales. Gastó mucho y mal, creyendo que nunca vendrían mal dadas. Todavía en mayo de 2008, el Gobierno decía que «hablar de crisis es enormemente exagerado». Mientras se recorte una sola nómina o una sola pensión, el Gobierno no puede autorizar gastos que no sean imprescindibles para la recuperación económica, el sostenimiento esencial de la actividad administrativa y el cumplimiento de los compromisos básicos del Estado. Todo lo demás, como estas aportaciones de la Tesorería de la Seguridad Social a unos proyectos de formación de agentes sociales iberoamericanos, debe quedar en las arcas públicas, a disposición de las prioridades nacionales.

ABC - Editorial