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VICTORIANO Fernández Asís, una de las más luminosas -y maltratadas- cabezas del periodismo español del siglo XX, solía decirnos a sus pupilos de la televisión, envuelto en el vaho del misterio que marcaban la época y la prudencia, que venimos de un mundo de certezas radicales y avanzamos hacia otro alarmantemente embolismático. Ahí está, envuelto en la sutil pedantería que marcaba la genialidad del maestro, un diagnóstico certero, breve como un sms, de la Historia de España del siglo XX y, como si se tratara de un estrambote, su proyección en este inane y atribulado siglo XXI. Aquí, quien no está instalado en una torre de certezas indiscutibles y perpetuas, vive en la más absoluta confusión. Lo primero radicaliza, cosa poco deseable, y lo segundo relativiza, lo que tampoco mejora el ambiente ético y liberal y convierte en fofos la inteligencia y el carácter.
En la política española de hoy se ven nítidamente los efectos de las nieblas instaladas y la indeterminación que nos pierde. El PSOE, por ejemplo, dispone de un buen número de militantes capaces y curtidos por la experiencia. Sin embargo, los mecanismos de la oscuridad determinan que cuando el veterano partido tuvo que buscar un líder resultó elegido José Luis Rodríguez Zapatero y, lo que es más significativo, pudieron serlo José Bono o Rosa Díez. Es la abdicación en la pretensión de la excelencia y, para mayor desesperación, algo parecido puede señalarse en el PP, CiU, PNV y cualquier otro partido que no sea monoparental. Es el éxito del fracaso: un conjunto de inteligencias medianas propone y consigue la consagración de la más escasa de todas ellas.
La muerte de Michael Jackson confirma que la confusión dominante no es una característica española. Se expande por todas partes y sirve de cimiento y sostén para muchos de los males, especialmente los de raíz ética, que nos afligen. El que fue estrella precoz de los Jackson Five y se convirtió -junto con los Beatles y Elvis Presley- en la banda sonora de una etapa de la Historia, en uno de los máximos vendedores de discos -muchos más que Bing Crosby y Frank Sinatra-, es la muestra inversa y complementaria de lo que señalaba más arriba: el fracaso del éxito, algo tan social y políticamente demoledor como el éxito del fracaso. El guirigay establecido, el enredo que suscita el salto apuntado por Fernández Asís, es inevitablemente demoledor, el germen de un embrollo cósmico.
ABC - Opinión
«Zapatero debe de pensar que por ahí se ata a los perros con longanizas y que va a poder obtener en los mercados internacionales todos los recursos que necesite a través de ingentes emisiones de bonos que van a dejar a España endeudada hasta las zejas.»
Zapatero se ha convertido, por méritos propios, en el principal y más serio problema de la economía española, a pesar de la gravedad intrínseca del estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera, la internacional y la propia. El presidente del Gobierno se ha ganado a pulso tan dudoso título honorífico no tanto porque no tiene ni idea de economía sino, lo que es peor, porque no quiere tenerla para que nada ni nadie se interponga en sus planes de ser el más socialista de entre los socialistas y dar a nuestro país toda una auténtica pasada por la izquierda. Resulta que, con la que está cayendo y con unos presupuestos públicos con más agujeros que un queso de gruyere, a ZP no se le ha ocurrido nada mejor que incrementar el gasto del Estado en el próximo ejercicio ni más ni menos que un tan sorprendente como escandaloso 15% (lo que le permitirá seguir interpretando ese personaje del Roosevelt español del siglo XXI que él mismo se ha creado). La cuestión es de dónde va a sacar el dinero.
Nuevamente, el Gobierno sustenta su fuerte expansión del gasto público en unas previsiones económicas que no se van a cumplir ni de lejos. Frente a la caída de la economía del 3,5% este año y una ligera recuperación el próximo, la OCDE, siempre muy prudente a la hora de decir estas cosas, estima que el desplome en este ejercicio superará con creces el 4% y que el próximo continuará la recesión porque, diga lo que diga la vicepresidenta económica, Elena Salgado, la crisis dista mucho de haber tocado fondo. Un diagnóstico este en el que coincide la OCDE con todos los análisis de coyuntura serios que se llevan a cabo en nuestro país. Por tanto, la actividad productiva, lejos de producir parte de esos ingresos que Zapatero quisiera conseguir para seguir financiando su política de populismo a golpe de ocurrencia, va a continuar reduciendo sus ingresos a las arcas del Estado, al tiempo que incrementará aún más los pagos con cargo a las mismas a través de las prestaciones por desempleo. Bajo otras circunstancias, esta situación podría ser manejable y, desde luego, permitir que en 2012 el déficit público se redujera hasta el 5% del PIB (como dice el Gobierno, siempre según sus cuentas de la lechera, que va a suceder). Lo malo es que el punto de partida es el de un agujero fiscal que se posicionará este año entorno al 10% del PIB. ¿Hasta dónde se va a disparar con los planes de gasto de Zapatero? Mejor no pensarlo porque a uno se le ponen los pelos como escarpias.
En este contexto, lo que tenían que haber hecho el Gobierno es meter drásticamente la tijera al gasto público y forzar a las autonomías y ayuntamientos a hacer lo mismo. Pero como eso implica tener que abandonar el terreno de la mal llamada política social, que beneficia a unos pocos a costa del empleo y el bienestar de todos los demás, Zapatero no quiere oír ni hablar del tema. Él pretende seguir despilfarrando en supuestos planes para impulsar la actividad económica y en más políticas sociales, cueste lo que cueste, que va a ser mucho. Con ello, y como pasa siempre en estos casos, lo único que va a conseguir, empero, es agravar y prolongar una crisis económica ya de por sí larga y profunda.
Zapatero debe de pensar que por ahí se ata a los perros con longanizas y que va a poder obtener en los mercados internacionales todos los recursos que necesite a través de ingentes emisiones de bonos que van a dejar a España endeudada hasta las zejas. Nada más lejos de la realidad. Ni por el mundo hay tanto dinero como cree nuestro presidente, ni él es el único que acude a los mercados en su busca. Otros muchos países avanzados, mucho más serios y fiables que la España de ZP, también demandan esos recursos escasos, con muchas más posibilidades de obtenerlos que el Tesoro español. Lo que va a implicar dos cosas: nuevas rebajas de la calificación crediticia de nuestro país, y, por tanto, más problemas aún para financiar nuestra economía: inevitables subidas de tipos de interés, que no van a ser, precisamente, de uno o dos puntos, ni mucho menos. Y así piensa que se recuperen el crédito, el consumo y la inversión cuando lo único que va a conseguir es hundirlos todavía más y provocar aún más paro si cabe.
Lo mismo sucederá con lo que pretende hacer con los ingresos. Ya lo ha dicho Elena Salgado, se van a revisar todos los impuestos, o sea, que van a meter a la economía española una dosis de caballo de nueva presión fiscal y a saquear todavía más los ya de por sí esquilmados bolsillos de los españoles; y ello sólo para financiar el electoralismo populista y la política de ocurrencias de nuestro bien amado y nunca bien ponderado presidente del Gobierno. Pues con esto pasa lo mismo que con lo anterior, que al consumo y a la inversión les espera una larga etapa de depresión mientras se condena a muchos trabajadores a un muy prolongado período de alistamiento en las filas del Servicio Nacional de Empleo. Y, para más inri, encima no se va a contener el crecimiento del endeudamiento público, que amenaza con llegar a tales niveles que va a impedir durante años desarrollar otras políticas tributarias y de gasto que no sean las de pagar más y más intereses de la deuda.
Hace unas semanas me preguntaba en esta misma columna cuánto nos iba a costar Zapatero. Hoy esa cuestión empieza a parecer irrelevante porque ya no se trata de la magnitud de la factura que vamos a tener que afrontar los españoles durante años y años. Ahora de lo que se trata, simple y llanamente, es de que ZP nos lleva directamente a la ruina. A las economías domésticas y al país
Libertad Digital - Opinión
EL proceso de unión entre Gas Natural y Unión Fenosa es una noticia muy relevante para la economía española. Más de veinte millones de clientes en 23 países avalan la realidad de la primera empresa que consolida un modelo integrado de gas y electricidad que repercute en una estructura vertical y ofrece una mayor solidez a los usuarios. En tiempos de crisis es imprescindible desarrollar sinergias y planteamientos empresariales que superen los compartimentos estancos. De este modo, se favorecen el servicio al cliente y la rentabilidad para los accionistas en el marco de un sector muy competitivo que arrastra todavía algunas inercias incompatibles con la dinámica contemporánea de la economía mundial. La empresa gasista anunció ayer de cara a la junta general de accionistas nuevos planes de inversión centrados en el crecimiento orgánico, así como la elevación del dividendo de los accionistas en un diez por ciento anual, todo ello en el marco de un proceso de racionalización cuyo objetivo es adaptar la actividad empresarial a la compleja situación actual. A su vez, Unión Fenosa aprueba la integración con el firme convencimiento de que la evolución del mercado energético exige cambios en un sector que funciona en base a hábitos muy arraigados pero ya superados por las circunstancias.
El Gobierno ha sido incapaz desde el comienzo de la legislatura de plantear una política energética coherente, porque el presidente está empeñado en recuperar un discurso antinuclear obsoleto. Mientras tanto, las empresas privadas mueven ficha en el terreno de la adaptación a un mercado global donde la única regla es la competencia y no se entienden ciertos conflictos artificiales ajenos al libre juego de la oferta y la demanda. En definitiva, las decisiones empresariales deben tener como única justificación el análisis de costes y beneficios al servicio del interés de los accionistas. El modelo integral que refleja el acuerdo entre Gas Natural y Unión Fenosa puede ser pionero a efecto de un nuevo sistema que sirva para racionalizar la gestión y beneficiar a los consumidores y usuarios. También es destacable la búsqueda de un tamaño adecuado para competir en mercados abiertos y multinacionales. La adopción de los acuerdos exigidos por la normativa mercantil por parte de las correspondientes juntas de una y otra sociedad supone así el paso definitivo para una integración empresarial que será analizada con lupa por partidarios y detractores.
ABC - Editorial
El lenguaje de los políticos resulta siempre fascinante porque nunca sabes a qué carta quedarte, dicen una cosa y su contraria y al final consiguen lo que realmente parecen pretender: que uno no se entere de nada. En esta línea se expresaba la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, cuando anunciaba la aprobación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (que vaya usted a saber lo que es exactamente) durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros: a pesar de que el sistema financiero español tiene una "probada solvencia", algunas entidades podrían "tener dificultades en los próximos meses". O sea, que si aun teniendo nuestro sistema financiero esa "probada solvencia" algunas entidades podrían tener dificultades, imagínense lo que sería sin la solvencia estuviera menos probada.
Total: nueve mil millones más por ahora pero con un techo de endeudamiento que puede alcanzar los noventa mil millones. Y eso, hay que insistir, en un sistema de probada solvencia. ¿Y qué dice la oposición? Pues lo de siempre: que no es más que un parche y que no va a servir para nada; lo que no dice -al menos públicamente- es lo que habría que hacer, que solución proponen, su receta.
Y el problema, me temo, va a seguir siendo el mismo: que le dinero que están haciendo bancos y cajas con tanta inyección, allí se queda durmiendo el sueño de los injustos y no llega ni por casualidad a las pymes, a los autónomos o a las familias; sigue, por tanto, siendo un dinero especulativo y no productivo y quiero imaginar que al menos alguien controla con criterio e independencia. Eso es lo más preocupante porque la tendencia de los que ostentan el poder es la de creer que son ellos los poseedores del dinero y no sus administradores.
Hace muy poco días no recuerdo qué ministro/a volvía a repetir una expresión que me saca de quicio: "el gobierno esta haciendo un gran esfuerzo*" A ver; el Gobierno no hace el menor esfuerzo porque el esfuerzo lo hacemos todos y cada uno de los españoles -y más que vamos a hacer- pagando impuestos dentro de poco hasta por respirar. El Gobierno administra nuestro dinero, el de todos, de forma que si ahorra en una partida o aumenta el gasto en otra, ni se esfuerza en la primera ni es generoso en la segunda porque tira con pólvora ajena, con euros que no son sus euros sino los de todos. Aquí no hay más dinero que el de los españoles que por mil caminos, directos o indirectos, llega al Gobierno y este administra de una forma u otra. El problema grave ahora es que este Gobierno está gastando incluso el dinero que no tiene, el dinero que le llegará, se supone en su momento y hace exactamente lo mismo de lo que nos acusan a los ciudadanos: vive -y gasta- por encima de sus posibilidades -que son las nuestras- y por tanto está apostando no ya con nuestro dinero sino con el que se supone tendrá de nuestros hijos. Que toda una generación llegue la vida social ya con deudas, es duro y debería ser evitable en la medida de lo posible. Pero una vez más, decir estas cosas es hablar en el desierto. Y eso que aun no se ha comenzado a financiar todo el sistema autonómico, que esa va a ser otra.
Periodista Digital - Opinión
«Las cláusulas del plan de rescate del Gobierno son suficientemente claras como para perfilar cuáles son las intenciones del mismo: reestructurar el sistema bancario español a gusto del Gobierno para luego nacionalizarlo parcialmente.»
Pese a que la crisis ha venido achacándose al sistema de libre mercado, a la desregulación y a la retirada del Estado de la vida social, lo cierto es que el origen de la misma se encuentra en un sector tan poco "libre" y "desregulado" como es el financiero. Cualquiera que conozca mínimamente las normas y las supervisiones a los que se somete la banca, sabe perfectamente que se encuentran entre las más intervencionistas de la economía.
Ahora bien, no toda intervención se plasma a través de mandatos escritos y públicos. El Estado, como monopolio de la violencia en una sociedad, tiene un enorme poder para presionar a sectores económicos enteros. Muchas veces no hace falta ni que los políticos se dirijan a un empresario en concreto para leerla la cartilla; basta con que éste se preocupe de no molestar a los cargos públicos y se comporte como cree que ellos esperan que lo haga.
En el ámbito bancario, estas fuentes informales de intervención son bastante habituales. Pensemos que estamos hablando de un mundo donde los relativamente pocos empresarios se conocen todos entre sí y donde, para más inri, todos ellos mantienen una fluida y habitual relación con dos importantes instituciones públicas: el banco central (encargado de proporcionar casi diariamente liquidez a los bancos) y el Tesoro (que emplea a los bancos ya sea como colocadores de su deuda o como prestamistas directos).
No es de extrañar, por consiguiente, que política y banca hayan mantenido históricamente una relación demasiado estrecha como para poderla tildar de libre o desregulada. Los empleados y directivos de la banca entran y salen de los gobiernos (Henry Paulson, el anterior secretario del Tesoro de Estados Unidos, llegó a su cargo desde la dirección del banco Goldman Sachs, como también lo hizo Robert Rubin, el secretario del Tesoro de Clinton; en España el caso más reciente y conocido es obviamente el de Miguel Sebastián, director del Servicio de Estadios del BBVA) y los gobiernos intentan en todo momento orientar la estrategia de los bancos, "sugiriendo" a sus accionistas que nombren a directivos afines (como ocurrió en nuestro país con la operación de acoso y derribo de Francisco González) o directamente nombrándolos a dedo (caso de las cajas de ahorro).
Toda esta camaradería tan poco competitiva y libre –ya que las barreras legales de entrada al sector son muy elevadas– se vino produciendo sin interrupción desde antes de que estallara la crisis actual, pese a lo cual la izquierda no ha dejado de vender la imagen de una cada vez mayor desregulación de los mercados. Sin embargo, la situación de alarmismo generada por el casi completo colapso financiero que se produjo en septiembre del año pasado, ha dado alas a los Estados para iniciar el asalto definitivo sobre la banca.
Las decisiones políticas que se han tomado desde septiembre de 2008 han sido todo un ejemplo de abuso de poder, arbitrariedad gubernamental y derroche de miles de millones de euros. Por muy necesarios que pudieran ser ciertos rescates a la banca, no deberían haber servido como plataforma para la expansión del poder del Estado y el manejo político de los ahorros de centenares de millones de ciudadanos.
Este exagerado dirigismo prácticamente no ha conocido excepciones a ambos lados del Atlático. Ayer supimos con certeza que la Reserva Federal obligó en septiembre a Bank of America a adquirir al banco de inversión Merrill Lynch so pena de no poder participar en el inminentes plan de rescate público. Dicho de otra manera, Bernanke no sólo obligó a los accionistas y depositantes de Bank of America a que soportaran el riesgo y las pérdidas de Merrill Lynch, sino que hizo gala de un comportamiento totalmente errático, contradictorio y arbitrario al dejar quebrar a Lehman Brothers el mismo día en que se consumó la anterior transacción. ¿Por qué Merrill Lynch bien valía una ofensiva contra Bank of America y en cambio Lehman Brothers –por quien también mostró su interés esta última entidad– no? Tras el descubrimiento de los emails de la Fed hemos comprobado que las fusiones de bancos en Estados Unidos se guiaron por criterios puramente políticos y no económicos. ¿Desde cuándo esto es un ejemplo de libre mercado?
Y como parece que en España sólo somos capaces de importar lo malo de Estados Unidos, este modelo dirigista es el que ha inspirado al Gobierno de Zapatero a la hora de crear el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. Después de que se nos hablara por activa y por pasiva de que contábamos con el sistema financiero más sólido del mundo, el Ejecutivo ha tenido que constituir un fondo dotado con 90.000 millones de euros para proporcionar financiación a bancos y cajas.
Sus cláusulas son lo suficientemente claras –el Gobierno podrá sustituir a los administradores y decidir sobre los procesos de fusión de las entidades y convertirá en acciones los fondos que bancos y cajas no devuelvan antes de siete años– como para perfilar cuáles son sus intenciones: reestructurar el sistema bancario español a gusto del Gobierno para luego nacionalizarlo total o parcialmente.
Si el intervencionismo estatal en sus distintas formas –desde las expansiones de crédito del banco central hasta los préstamos teledirigidos de los bancos por parte de los políticos– ha sido una de las causas más importantes de esta crisis, no parece que la solución vaya a consistir en incrementarlo aún más. Estos planes de rescate diseñados a la medida de los burócratas no nos harán ni más prósperos ni más libres, sino todo lo contrario: más pobres y, especialmente, más sumisos.
Libertad Digital - Editorial
TRAS muchas incertidumbres, el Gobierno aprobó el Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB). Un proyecto tan ambiguo como su nombre y con el que el Ejecutivo ha desaprovechado una buena crisis para acabar con un riesgo diferencial del sistema financiero español. No se ha atrevido a tocar la ley de Cajas de Ahorros como no quiere oír ni hablar de la reforma laboral. El proyecto busca incentivar con dinero público la restructuración del sistema financiero, es decir, que los contribuyentes paguemos parte del coste de las fusiones bancarias con la excusa de ordenar el proceso. Pero el FROB nace de un diagnóstico discutible, que el sistema financiero español es básicamente solvente y solo necesita pequeños retoques; no hay un problema serio, solo la posibilidad de que algunas entidades sufran más de la cuenta poniendo en peligro el conjunto del sistema. Un diagnóstico que no coincide con el de la mayor parte de analistas internacionales que subrayan la existencia de un riesgo diferencial por la especial naturaleza de la mitad del sistema financiero ajeno a la disciplina de mercado, la excesiva concentración de riesgo inmobiliario y el sobredimensionamiento experimentado en un ciclo alcista inusualmente largo.
El proyecto diseña un mecanismo con tres categorías de actuación. En la primera, entidades sin problemas acuerdan soluciones privadas para ganar tamaño y acuden a los incentivos del FROB. En una segunda, entidades básicamente solventes pero que atraviesan dificultades temporales de liquidez, acuden al Fondo de Garantía de Depósitos y emprenden una restructuración consensuada con el FROB; es en estos casos cuando las Comunidades Autónomas mantienen sus prerrogativas. Y un tercer caso, de entidades básicamente insolventes que serán intervenidas por el Banco de España. El problema está en que no acaba de entenderse muy bien por qué si las entidades no tienen problemas necesitan fondos del contribuyente. Y si los tienen, parece lógico que se impongan condiciones. Más aún si parte del problema lo han causado los propios políticos con su ocupación de las Cajas. Tampoco se entiende cómo se va a hacer la distinción entre las diferentes categorías de entidades. En la América de Obama que tanto gusta al Gobierno, el plan Geitner ha sido mucho más claro, solo se consideran solventes aquellas entidades por las que algún privado está dispuesto a arriesgar su dinero. Es entonces cuando el sector público interviene completando los fondos necesarios.
Estamos ante un Gobierno débil y que ha agotado el margen de endeudamiento. No puede permitirse el lujo de enfrentarse a los partidos nacionalistas, ni siquiera a sus propios barones territoriales, pues corre el riesgo de ver rechazados los presupuestos. Tampoco dispone del dinero prometido, porque se lo ha gastado en ocurrencias innecesarias. Cabe preguntarse si en estas condiciones el Fondo era necesario, si no bastaba con utilizar decididamente los mecanismos existentes: el Fondo de Garantía de Depósitos y la ley de disciplina financiera que autoriza al Banco de España a intervenir, vender o liquidar entidades y, con autorización específica del Consejo de Ministros, a imponer un plan de recapitalización con fondos públicos.
ABC - Editorial
Cada vestido de gala que luce Elena Salgado -la inmensa mayoría de Juanjo Olivacuesta unos 4.000 euros; mil y pico cada traje de chaqueta perfectamente cortado de Alfredo Villalba, de los que tiene decenas. Aunque más elegante y discreta que otras, ¿puede o debe una ministra de Economía llevar vestidos de 4.000 euros cuando estamos al borde de los cinco millones de parados?
Acaba de aprobar una subida de impuestos que amenaza con ser de aúpa, de reconocer que el empleo tardará en crecer, de protagonizar las peores cifras de la historia económica reciente, pero si los españoles no compramos ni en las rebajas adelantadas del 70% y frecuentamos Zara, doña Elena no se ha bajado un peldaño a la hora de vestir, según publica el semanario Época.
Está claro que gana en estilo y elegancia a María Teresa, pero más claro está aún que gasta el triple; nadie da duros a pesetas. Hace muchos, muchos años que la ministra de Economía y ahora también vicepresidenta eligió al diseñador Alfredo Villalba para sus infinitos tailleurs de día.
Este modista que jamás desfila ni muestra la cara lleva más de 30 años instalado en una pequeña tienda de la calle Serrano, pegado a la milla de oro. Su estilo es inconfundible: tejidos de alta calidad, corte clásico, chaquetas con solapas estrechas y alargadas, entalladas y cortas.
“Hace años que es clienta habitual de Alfredo Villalba; se nota por el trato, y allí me la he encontrado muchas veces -porque le encanta esta tiendaprobándose ropa e incluso arreglándose chaquetas de temporadas anteriores”, cuenta Pilar Blanco, jefa de producción de Intereconomía Radio y Televisión.“Prácticamente todos los trajes de chaqueta con los que la vemos en los medios son de Villalba. Y los tiene por decenas, a unos mil y pico euros cada uno, en tonos pastel, verdes, fucsias, negros, tostados; vamos, de todos los colores. Nunca estampados. El estilo de Villalba no es nada fashionista. Es un clásico renovado y retocado de refinado corte y patronaje que nunca llevarían una Alborch, Carmen Calvo o Trinidad Jiménez".
Para la noche y gala la ministra tira de talonario y de diseñador más caro aún: Juanjo Oliva, del que sólo podemos hacer crítica positiva. Estudió diseño de moda en Madrid y la Parson’s
School de Nueva York y enseguida coordinó desfiles para Helena Rohner, Sybilla y Amaya Arzuaga.
Periodista Digital
QUIZÁS en tiempos de gran estupidez igualitaria, como los que vivimos, no resulte políticamente correcta la expresión «bailar con la más fea» para dar a entender que alguien debe quedarse con la parte menos atractiva en un determinado asunto. En lo que respecta a los Presupuestos Generales del Estado -esa ley que nunca cumple el Gobierno-, el portavoz de los socialistas en el Congreso, José Antonio Alonso, va a tener que bailar más que Fred Astaire y con las más diversas parejas, algunas horripilantes. La debilidad parlamentaria del Gobierno, la confusión mental que evidencia José Luis Rodríguez Zapatero, la endeblez de Elena Salgado y la intrínseca dificultad del momento le exigirán al añorado ex ministro de Defensa negociar lo innegociable con los grupos y grupúsculos que pueblan la Cámara y que, en razón del enfrentamiento de los dos grandes partidos nacionales, tienen, en los hechos, el poder de decisión.
Ayer, de milagro y con la sospechosa ayuda de Coalición Canaria y UPN, la vicepresidenta segunda -que así quiere ser llamada- consiguió, con la oposición del PP, ERC y UpyD y la abstención de todos los demás, salvar su proyecto de limite para los gastos financieros en los Presupuestos que están por venir. Coincidieron sus oponentes, incluso de manera machacona, en señalar la indefinición de Hacienda en los cambios fiscales para el próximo ejercicio. Debe de ser un efecto de la resaca que sigue a la melopea presidencial cuando, en el plazo de solo unas horas, cambió su pretensión de subir los impuestos a los ricos -¡qué talante más social!- por dejar, de momento, las cosas como están.
Visto lo que llevamos visto tras la sustitución del muermo polivalente que precedió a Salgado, le ocurre a la vicepresidenta -segunda, naturalmente- lo mismo que a su presidente, afortunadamente único. No estuvieron suficientemente atentos a las emisiones de Barrio Sésamo y desperdiciaron las útiles enseñanzas de Epi y Blas para distinguir entre más y menos, cerca y lejos, arriba y abajo... Ahora somos todos quienes pagamos su indolencia juvenil. Alonso la pagará un poco más cara, cosas del rango y la función; pero, dado que nuestra vida parlamentaria maneja mejor los precios que las ideas, será cosa, en atención al morbo, de ir tasando cada uno de los apoyos que, en todos sus epígrafes, puedan merecer los Presupuestos y sus mentores. Mucho, poco; caro, barato; rico, pobre...
ABC - Opinión
Jurisdición universal
«Más de la mitad de nuestros políticos son licenciados en Derecho. ¿Es que sólo se dedica a la política lo peor de cada casa? ¿No hay nadie entre tanto diputado, senador, ministro, consejero y demás que sepa redactar una norma con rigor y templanza?»
La malhadada jurisdicción universal de la que nuestros jueces disfrutan en delitos de genocidio, terrorismo y ahora también de lesa humanidad, nos ha dado múltiples disgustos diplomáticos. Pero, hasta ahora, nunca habíamos topado con la Administración norteamericana. En el momento en que Garzón quiso empitonar a altos funcionarios de los Estados Unidos, todo se ha vuelto en contra de la jurisdicción universal. En el Supremo han empezado a admitir querellas contra el juez estrella y a los partidos "serios" les ha faltado tiempo para acordar la reforma y poner sordina a nuestras ansias de justicia planetaria.
Tiene gracia el rojerío. Por de pronto, exculpan a los suyos de todo delito como si ser de izquierdas fuera algo tan moralmente elevado como para justificar cualquiera. Creen que sus dictadores a lo más son responsables de pensar que el fin justifica los medios. Y si no, véase la indulgencia con la que acunan a gente como Fidel Castro o Santiago Carrillo. Y cuando se trata de ir a por los de derechas, resulta que se encrestan como gallos de pelea persiguiendo a un Pinochet senil o a un Franco muerto, pero se rajan como mansos cuando hay que enfrentarse a los amos del universo y asoma la primera protesta diplomática de Washington. Entonces, tiemblan como hojas en otoño y se apresuran a pedir ayuda a la derecha para aprobar una reforma que ponga tasa a tanto desvarío justiciero. Naturalmente, nuestra derecha, en vez de negarse para que se enfrenten a sus contradicciones, acude al rescate satisfecha de que estos frívolos chicos se hayan dado cuenta al fin de que esto de la jurisdicción universal era un disparate.
La cosa no queda ahí. Cuando unos y otros se deciden a actuar, lo hacen atropellando el sentido común. El nuevo artículo 23 que acaba de aprobar el Congreso de los Diputados apenas añade unas líneas al viejo, pero están llenas de despropósitos. Está bien que nuestra jurisdicción universal se limite a los casos en que existan víctimas españolas. Pero aceptarla cuando "los presuntos responsables se encuentren en España" obliga a los dirigentes extranjeros que nos visiten a calcular qué riesgo corren de ser detenidos al bajar de la escalerilla del avión por orden de Garzón o cualquier otro emulador. Peor aun es mantenerla para el caso en que se constate "algún vínculo de conexión relevante con España". ¿Qué es un vínculo relevante? ¿Que el presunto responsable tenga una tía española? ¿Que el delito se haya cometido en un país iberoamericano? ¿Que las víctimas hablaran español? En Derecho, la imprecisión es peligrosa, pero en Penal es intolerable, pues implica dejar al arbitrio del juez decisiones trascendentales para la vida y la hacienda del reo. Ya verán como no faltarán garzones que encuentren vínculos de conexión relevantes con España debajo de las piedras si el asunto tiene la chicha suficiente como para permitir al juez aspirante a estrella abrir los telediarios de medio mundo.
Más de la mitad de nuestros políticos son licenciados en Derecho. ¿Es que sólo se dedica a la política lo peor de cada casa? ¿No hay nadie entre tanto diputado, senador, diputado autonómico, ministro, consejero y demás que sepa redactar una norma con rigor y templanza? La verdad es que, viendo como hablan desde la tribuna y como se expresan en las ruedas de prensa y en los debates de la televisión, a nadie puede extrañar que a la hora de hacer leyes, las hagan como las hacen.
Libertad Digital - Opinión
SIETE intérpretes, siete, contrató ayer el Senado para traducir la comparecencia de Manuel Chaves en la Comisión de Autonomías del Senado. El vicepresidente es hombre de lenguaje confuso, con tendencia a la dislalia y a los lapsus -en el Parlamento andaluz aún se mondan de risa al recordar cuando, a propósito de ley de Memoria Histórica, dijo que a la oposición le iba a salir «el tiro por la cuneta»-, pero no tanto como para resultar del todo ininteligible ni necesitar traducción simultánea en castellano. Ocurre que en este país de pobres en el que Cáritas recibe seiscientas mil peticiones de socorro al año y la crisis desborda los planes de ayuda pública, las instituciones aún continúan atando los perros con longanizas y se permiten lujos como el de gastarse siete mil euros en versionar sesiones parlamentarias a las lenguas cooficiales. De este modo los senadores vascos, catalanes, valencianos y gallegos pudieron hacerse en sus respectivos idiomas autóctonos el mismo lío que los demás ante el borroso galimatías chaviano sobre la financiación autonómica, ya de por sí indescifrable en versión original.
La citada sesión políglota del Senado representa toda una metáfora de cómo este país es capaz de plantearse en cinco idiomas problemas que no sabe resolver en ninguno. Lo que allí se trató fue el modo de cuadrar la demanda financiera de unas comunidades que en gran medida exigen dinero para satisfacer necesidades tan artificiales como la propia versión multilingüe en que las expresaron. Hablando en castellano, idioma común de todos los reunidos, el Estado se hubiese ahorrado siete mil euros en traductores, que no son muchos pero sin duda estarían mejor empleados en otros asuntos más perentorios cuya desatención va a provocar que el Estado acabe subiendo los impuestos. La discusión de la financiación autonómica afecta a algunos servicios esenciales, pero también en buena parte a la exigencia caprichosa y voraz de poderes virreinales que mantienen aparatos administrativos tan costosos como superfluos, con un tren de gasto inaceptable en una época de quiebra social y económica.
No se trata sólo de una cuestión de falta de austeridad, sino de una insensible determinación de prioridades. Para nuestra clase -quizá fuese más apropiado decir casta- política, la defensa de los símbolos identitarios prevalece ante la necesidad de economizar recursos generales. De ahí que el debate de la financiación constituya un desaprensivo tironeo entre regiones que sólo puede resolverse mediante una inyección de fondos con cargo al desbordado déficit público. La traducción simultánea del Senado no es más que la parábola absurda de este extravagante desvarío. Por más que, siendo Chaves el orador principal, acaso hubiese estado justificada la contratación no tanto de siete intérpretes como de un gramático.
ABC - Opinión
Luis Bárcenas, tesorero del Partido Popular y senador por Cantabria, debe dimitir. Ya. No puede añadir a las muchas presunciones de culpabilidad o juego poco estético que acumula la hipótesis de que chantajea a su partido con las cosas que ha ido sabiendo en el ejercicio de sus cargos para exigir una protección que Rajoy no puede, ni debe, darle.
Estoy casi seguro de que, al final, su trayecto por el Supremo acabará bastante bien para él. No importa: lo verdaderamente relevante es el daño que pueda hacer a la imagen del PP y a la marcha de su partido hacia La Moncloa. Mariano Rajoy, que es persona sin duda honesta, pero con escaso coraje político, ha de forzar su salida del cargo que ocupa.
No me comparen el caso Bárcenas con el del ex presidente de la Junta andaluza, Manuel Chaves, ni con el del president de la Generalitat valenciana, Francisco Camps. Las acusaciones que pesan sobre los dos últimos no tienen comparación con las que afligen a Camps o Chaves, y la situación judicial de cada uno es sensiblemente diferente: el "caso Camps", basado en el regalo de unos trajes al líder de los populares valencianos, carece de enjundia, se empeñe quien se empeñe en lo contrario. Y el "caso Chaves" ha sido engordado con evidente ánimo de "vendetta". Otra cosa es que, estéticamente, la actuación de ambos arroje, para ellos, un penoso balance: el poder corrompe aun incluso dentro de un marco de honradez. Ocurre, además, que muchas veces la estética no tiene un correlato penal, y suele ser perdonada por los electores.
Lo de Bárcenas es peor: ha sido incapaz de explicar, más allá del despacho de Rajoy, los movimientos de sus cuentas bancarias. Ha evitado siempre a la prensa y ha rechazado cualquier posibilidad de dimitir, aun cuando el cerco judicial en torno a él se estrecha. Este jueves pasé unas horas en los pasillos del Congreso de los Diputados: no había uno solo en el grupo Popular que no pensase, a micro cerrado y con promesa de respetar el anonimato, que Bárcenas tiene que abandonar su despacho en la sede "popular" de la madrileña calle Génova.
Algunas veces me he permitido opinar que el director del CNI, Alberto Saiz, también tiene que dejar ya su cargo de jefe de los servicios secretos. No porque haya pescado o cazado con dinero particular o público, no porque haya utilizado o no buceadores del Centro para limpiar su piscina: tiene que irse porque el CNI, que vela por nuestra seguridad, está dejando de ser seguro. Pues Bárcenas, respetando también su presunción de inocencia, lo mismo. Ya no es apropiado para el cargo, y en una empresa privada lo hubiesen echado.
¿Hasta cuándo?
Periodista Digital - Opinión
«Quien se asocia y se amiga con dictaduras que lapidan a mujeres y ahorcan a homosexuales, nada puede objetar cuando masacran a sus súbditos, que no ciudadanos.»
En España nadie se ha tomado en serio la Alianza de las Civilizaciones. Prueba de ello es que la durísima represión que está ejerciendo el régimen de los ayatolás no ha despertado curiosidad alguna por saber qué dice y hace al respecto ese tinglado que costeamos. No dice ni hace nada y a nadie le importa. No, desde luego, al Gobierno de Zapatero, que asiste en silencio a los acontecimientos, si es que asiste. Unas melifluas palabras de Leire Pajín en nombre de la dirección del PSOE ha sido todo cuanto se les ha escuchado decir a quienes van de paladines de los derechos.
Qué diferencia cuando, meses atrás, Zapatero se sintió tan concernido por un asunto exterior como el conflicto entre Israel y Hamás sobre el que realizó, serio y apesadumbrado, una larga declaración institucional. Hasta reclamó a Rajoy que se "mojase". La población civil de Gaza le preocupaba enormemente al presidente. La de Teherán no merece de él ni un mísero segundo de atención. La Alianza de Civilizaciones envió entonces a su Alto Representante, Jorge Sampaio, para expresar la clásica condena escorada. Ahora, silencio. No vaya a molestarse uno de los pocos socios del chiringuito que tan gloriosa y costosamente conmemora la cúpula de Barceló.
La teocracia iraní ha gozado siempre de las simpatías, más o menos contenidas, de la izquierda radical con la que Zapatero es uña y carne en política internacional y otros ámbitos. Por ese lado del mapa, no hay nada que esperar. Las bocas permanecerán cerradas y las cejas caídas mientras los ayatolás sancochan a los disidentes. En esas latitudes, un enemigo furibundo de Estados Unidos y de Israel es un amigo. Cuanto haga dentro de sus fronteras y aun fuera de ellas, cuenta con su aquiescencia o su indiferencia.
El mutismo de Zapatero y de su Alianza de Civilizaciones ante la represión en Irán no puede sorprender y, de hecho, no sorprende. A fin de cuentas, parte de reconocer como civilizados a los que no lo son. Y entiende que los derechos humanos, lejos de universalizarse, han de pasar por el filtro de las culturas. Quien se asocia y se amiga con dictaduras que lapidan a mujeres y ahorcan a homosexuales, nada puede objetar cuando masacran a sus súbditos, que no ciudadanos. Cada "civilización" tiene sus propios métodos represivos y la Alianza, con su diálogo intercultural, está ahí para respetarlos.
Libertad Digital - Opinión
DESPUÉS de lo que ha pasado en estos últimos días en Teherán, ya no es posible mantener relaciones con el régimen iraní como si no hubiera sucedido nada. Un mandatario que desoye a una parte muy relevante de los ciudadanos y que los aplasta violentamente porque denuncian las irregularidades electorales, no gobierna con la legitimidad de los votos, sino por la fuerza. Detener las protestas a base de aterrorizar a la población es propio de dictaduras. Es más, todas las cautelas y paños calientes de las principales potencias occidentales ante el aplastamiento a sangre y fuego de las protestas de los ciudadanos iraníes no han tenido el menor efecto. Si lo que temían era una reacción hostil por parte de Mahmud Ahmadineyad, ya han llegado tarde, porque el dictador iraní ha elegido abiertamente el camino de la confrontación. La respuesta al mismísimo presidente Barack Obama, que tendía la mano al mundo musulmán en su discurso de El Cairo, ha sido compararle con su predecesor y anticipar un periodo de enfrentamiento.
Tampoco para los propios iraníes será posible pasar página como si tal cosa. Aunque la represión haya logrado poner sordina a la protesta, la fractura del régimen ha salido a la luz del día y todos saben que tarde o temprano las venganzas se irán ejecutando, incluyendo a aquellos que han accedido a aparecer en público «confesando» su participación en las protestas, al estilo de las grandes purgas en las peores dictaduras. La sangre inocente que se ha vertido en las calles de Teherán no se desvanecerá y aunque el miedo puede acallar las gargantas de aquellos que piden reformas, la ya antes cuestionada legitimidad del actual régimen de Teherán está manchada para siempre.
En estas circunstancias, los países occidentales tienen que hacer frente a la peor de las alternativas: un Ahmadineyad enrocado en su intransigencia, acosado por sus propios errores, e inclinado hacia la confrontación con el exterior para tratar de distraer las tensiones en el interior. Precisamente pensando en las aspiraciones del régimen de los Ayatolás para dotarse de armas nucleares, cualquier intento de apaciguamiento es un arma de doble filo. Antes de cualquier tentación de legitimar la permanencia de Ahmadineyad en el poder hay que tener en cuenta que la posibilidad de llegar a un acuerdo con él es la misma que la de hacer que reconozca que la elección presidencial no fue justa.
ABC - Editorial
El PP, en sus trece. “Actuaré en conciencia”, dice Rajoy. Pero no sin conocer las acusaciones por los propios autos judiciales, no por los periódicos, según doctrina oficial de Génova. Es ir muy lejos en el arropamiento personal y organizativo a Bárcenas, que ascendió de gerente a tesorero hace un año por decisión de Rajoy. Ahora el PP está pagando un coste político como grupo por las malas prácticas de un determinado dirigente.
Por eso acierta el PP cuando, por medio de su portavoz, González Pons, reclama para el partido la condición de “perjudicado”. Ya es muy notable el daño que Bárcenas le está causando a las siglas. Así que Pons da en el clavo. Pero no actúa en consecuencia si al mismo tiempo apoya al causante del daño. Es de puro sentido común, ¿a quién apunta Pons cuando afirma que el PP está sufriendo un perjuicio? Supongo que ya no se referirá a Garzón, a la Fiscalía, a la Policía Judicial, a la Agencia Tributaria o al diario El País, todos ellos recaderos del Gobierno, según doctrina política y mediática del PP.
Ya no cuela. Ahora es el mismísimo Tribunal Supremo el que aprecia indicios de que el senador y tesorero del PP puede haber cometido delitos contra la Hacienda Pública y de cohecho. Por tales supuestos delictivos le llamará a declarar como imputado. Nada se dice de financiación irregular del PP y nunca se dijo en sede judicial. Carece de sentido esa actitud defensiva respecto a una acusación inexistente. Si lo insinuó el El País en línea editorial será un problema de ese periódico. En todo caso, la insinuación no tuvo recorrido por falta de soporte documental o testifical. Razón de más para distanciarse de Bárcenas o pedirle un paso atrás en nombre de la causa.
Cuando ahora el PP sale felicitándose porque se ha demostrado que no había caso de financiación irregular -y es verdad que no lo hay-, traslada la impresión de estar encantado con el hecho de que a su tesorero le puedan acusar solamente de defraudar al Fisco o de aceptar cantidades bajo cuerda de la trama empresarial que pilotaba el tal Francisco Correa, uno de los invitados a la boda de la hija de Aznar. No se entiende el arropamiento de Rajoy a un tesorero que, según la Audiencia Nacional, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el Tribunal Supremo, puede haber cometido los referidos delitos, porque la honorabilidad de Rajoy y la del PP están por encima de la honorabilidad de Luis Bárcenas cuando ambas están siendo cuestionadas.
En la duda, el buen nombre de la organización y el de miles de militantes honrados que trabajan generosamente por una causa política no puede estar a expensas de la palabra de un dirigente concreto, cuando esa palabra queda desmentida por tan copiosa acumulación de testimonios en su contra.
Es lógica la defensa del PP frente al aprovechamiento del caso por parte del adversario político. Véanse las declaraciones del socialista Antonio Hernando, ayer, cargando contra Rajoy. Pero también tiene sentido defenderse de los desaprensivos que utilizan las siglas del PP para llenarse los bolsillos, como presuntamente habría hecho el tesorero Bárcenas, el diputado Merino y ciertos alcaldes madrileños en relación con el caso Gürtel.
Lo he escrito en varias ocasiones. La última vez en mi comentario del pasado 17 de junio: “Bárcenas debe dar un paso atrás por el bien de su partido”. E insisto. Mientras Rajoy no ponga tierra por medio, las siglas del PP y el propio nombre de su líder sufrirán un desgaste paralelo al de los implicados en términos de imagen pública.
el confidencial - Opinión
El aspecto más polémico de la reorganización de las cajas españolas es que la ley actual confiere a las autonomías la capacidad de vetar fusiones entre ellas.
MENOS DE un año después de que Zapatero cantara las excelencias de nuestro sistema financiero, el Consejo de Ministros se dispone a aprobar -seguramente hoy- un decreto por el que se crea el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, que ascenderá a un máximo de nada menos que 99.000 millones de euros.
Esta considerable suma de dinero servirá para reordenar el sector financiero -en concreto, las cajas de ahorro- mediante un proceso de fusiones que será supervisado por el Banco de España. El Gobierno reforzará la capitalización de las entidades que se fusionen mediante este Fondo, aunque en principio no dispondrá de derechos políticos; es decir, no intervendrá en la gestión.
El aspecto más polémico de la reordenación de las cajas es que el actual marco legislativo confiere a las comunidades autónomas la capacidad de vetar una fusión si la considera lesiva para sus intereses. La vicepresidenta Elena Salgado declaró públicamente que el Gobierno iba a eliminar este veto, pero posteriormente quedó desautorizada por el propio Zapatero.
El presidente del Gobierno se vio obligado a dar marcha atrás por las presiones de Montilla y Griñan -reyezuelos de taifa antes que socialistas-, que se oponían a perder el derecho de vetar las fusiones de sus cajas por miedo a perder el control. Ésta es la tesis que desgraciadamente se ha impuesto.
A lo largo de los últimos meses, el Gobierno ha intentado llegar a un acuerdo con el PP para reformar el sistema financiero, pero el pacto no ha sido posible porque Mariano Rajoy quería acabar con el derecho de veto y, además, desconfiaba de la neutralidad política del Banco de España en la determinación de las fusiones y en la exigencia de responsabilidades a los gestores. Anoche, el Gobierno aceptó la creación de una comisión parlamentaria que controlará el proceso.
Las suspicacias de Rajoy no son imaginarias. Tienen base en la forma cómo el Gobierno tuvo que intervenir Caja Castilla-La Mancha, que se hizo tarde, mal e intentando ocultar en un primer momento la incompetencia de los gestores.
Nadie duda en estos momentos que el sector financiero se encuentra en una situación difícil y, más concretamente, que hay más de una docena de cajas que necesitan capitalización para afrontar sus problemas de liquidez. También es evidente que el proceso de concentración es la solución más racional, teniendo en cuenta que hay un sobredimensionamiento del sector.
Pero las fusiones no pueden ser abordadas para satisfacer las apetencias de poder de los barones autonómicos sino para fortalecer y sanear unas entidades que se tambalean. Lo lógico y lo coherente sería las concentraciones de cajas complementarias geográficamente, lo que permitiría aumentar su implantación territorial y, por ello, la competitividad del sistema.
Ello choca con las pretensiones de algunos presidentes autonómicos que quieren fusionar cajas de la misma comunidad para reforzar su poder y evitar intrusiones de fuera en detrimento de una mayor competencia. Por citar un ejemplo, Montilla apoyaría la absorción de Caixa Catalunya por La Caixa con ayudas públicas, pero no aceptaría una fusión con Bancaja, que opera en Valencia, ya que ello supondría además difuminar el carácter identitario de su primera entidad financiera.
Parece claro que el proceso de ordenación de las cajas está condenado al fracaso si al final priman los intereses políticos sobre la racionalidad económica. Pero además el Gobierno está dejando pasar la gran oportunidad de modificar su régimen jurídico para profesionalizar su gestión y blindarlas de interferencias políticas.
En conclusión, existe el riesgo de dilapidar unos recursos considerables para perpetuar un sistema que ya ha demostrado su ineficiencia.
El Mundo - Editorial
«El precio a pagar por el despido reduce la contratación de nuevos trabajadores. Las barreras de salida son barreras de entrada. Pocas empresas van a arriesgarse a contratar cuando el despido supone un coste tan alto.»
Los sindicatos han vuelto a mostrar su absoluta incapacidad para entender la economía y, por tanto, hacer un diagnóstico acertado que pueda llevar a una solución que funcione. El secretario general de UGT considera que "la clave para la lucha contra la crisis" consiste en que las empresas no despidan a sus trabajadores. Singular descubrimiento, no cabe duda. En una próxima entrega, suponemos, nos informará de la importancia de que además no cierren.
Cándido Méndez, que jamás ha dirigido otra cosa que un sindicato subvencionado, cree que puede enseñar a quienes se juegan su dinero en el empeño a cómo hacer las cosas. Así, indica que los empresarios deben "retener, reclasificar o reubicar" a sus empleados y no "rescindir contratos". Olvida Méndez que despedir suele ser una mala noticia para un empresario, pues significa en general que su compañía no va lo suficientemente bien o que se equivocó al invertir demasiados recursos humanos en una línea de negocio determinada.
En cualquier caso, las opiniones del sindicalista desvelan un problema más de fondo. Como tantos otros, Méndez pretende que la marcha de la economía puede arreglarse con meros esfuerzos de voluntad, y que si no funciona es porque hay personas poco menos que malvadas que no aportan lo suficiente de su parte. Desgraciadamente, el problema es mucho más profundo, de ahí que sea necesaria una reforma laboral para que España no destruya tanto empleo.
La cuestión es que, como ya empiezan a denunciar incluso los medios afines al Gobierno, a Zapatero le importa bastante menos que los españoles no encuentren trabajo que la mucha o poca impopularidad que pudiera acarrearle las mejoras en el mercado de trabajo. Así que ha condicionado cualquier posible cambio al resultado de un "diálogo social" que, en vista de las opiniones expresadas por el secretario general de la UGT, no puede resultar sino estéril.
Mientras la economía funcionaba, la rigidez de nuestro mercado laboral pasaba más desapercibida, pero pese a ello se creaba menos empleo del que nuestro crecimiento podía hacer pensar; sólo había que comparar nuestra tasa de paro con la de muchas otras economías occidentales. El precio a pagar por finalizar un contrato puede reducir el número de despidos en un momento determinado, pero también reduce la contratación de nuevos trabajadores. Las barreras de salida, nos enseña la economía, son barreras de entrada. Pocas empresas van a arriesgarse a contratar cuando la incertidumbre planea sobre su propio futuro y el despido supone un coste tan alto. Como en cualquier otra inversión –y el empleado es una inversión para el empresario– hay que dotar provisiones para hacer frente a los eventuales riesgos y esas provisiones necesariamente van a suponer un coste que no va a pagar otra persona sino el propio trabajador.
Una crisis significa que la economía debe reestructurarse, desapareciendo compañías –e incluso sectores– que ya no resultan rentables y viendo nacer otras mejor adaptadas a las necesidades de los consumidores. Se trata de un proceso que debe facilitarse y no impedirse u obstaculizarse, porque en caso contrario estaremos alargando la agonía. Incrementar los gastos laborales de las empresas que han de nacer o que podrían crecer es una pésima política para encarar la recuperación.
La propuesta de los empresarios de un contrato de primer empleo para jóvenes con un coste de despido muy reducido, pero que se incrementa con el tiempo, seguramente no sea suficiente. No obstante, tiene la virtud de no atacar "los derechos de los trabajadores", pues está enfocado a emplear a personas que no han trabajado nunca y que, por tanto, no tienen "derecho adquirido" alguno. Pero a esto, como a todo, se niegan los sindicatos. Zapatero debería tomar el toro por los cuernos y obviar la opinión de los autodenominados representantes de los trabajadores... pero no lo hará. Y su incompetencia la pagaremos todos.
Libertad Digital - Editorial
LO llaman «geometría variable» pero, en la práctica, es una chapuza permanente. Una y otra vez, el grupo socialista hace equilibrios en el Congreso de los Diputados para sacar adelante las votaciones de acuerdo con el espíritu del «como sea» que inspira muchas decisiones de Rodríguez Zapatero. Ayer, el PSOE sacó adelante el «techo» de gasto público para 2010 de cara a los próximos presupuestos generales del Estado, gracias al apoyo de Coalición Canaria y UPN y a las abstenciones de CiU, IU-ICV, BNG y Nafarroa Bai, es decir, un total de 172 votos a favor a base de pactos heterogéneos y a veces contradictorios. Los reproches de los diversos grupos, incluidos algunos que se abstuvieron a la hora de la votación son muy significativos de la debilidad parlamentaria de un Ejecutivo inestable y oportunista. La clave ha sido la abstención de CiU, gracias a que el Gobierno rectificó poco antes su giro fiscal hacia la izquierda, tras un pacto con IU-ICV que apenas duró unas pocas horas. Hay que tener en cuenta además que la posición de los socialistas en el Senado es todavía más endeble, de tal modo que nadie está seguro de que este paso previo al gran debate presupuestario del último trimestre ofrezca una mínima garantía de que las cuentas del sector público van a salir adelante en las Cámaras.
Así no se puede continuar, porque no hay manera de poner en marcha una política coherente y razonable frente a la crisis económica para generar la confianza imprescindible en los sectores productivos de una sociedad cada vez más escéptica y desencantada. Rodríguez Zapatero vive al día en términos políticos hasta límites insospechados, porque los aliados de hoy son los adversarios de mañana y, por supuesto, porque la factura por estos apoyos puntuales crece de forma imparable. En último término, los ciudadanos son los que pagan el agujero en las cuentas públicas, como bien demuestra la intención inequívoca del Ejecutivo de subir los impuestos para obtener nuevos ingresos. Su pésima gestión de la crisis sitúa al PSOE en su peor momento desde 2004, como refleja claramente el resultado del 7-J por mucho que el presidente intente minimizar los daños. Con el drama del paro como telón de fondo, es imprescindible una política económica rigurosa y eficaz que el Gobierno se muestra incapaz no ya de desarrollar, sino ni siquiera de proponer de forma coherente ante la eventualidad de tener que dar un paso adelante y otro atrás por exigencias de sus aliados coyunturales.
El más elemental sentido de la responsabilidad exige que el PSOE plantee y consiga algún tipo de pacto estable que otorgue una mínima credibilidad a su política económica y garantice una mayoría solvente para el debate presupuestario. De lo contrario, la legislatura tendrá que ser necesariamente muy breve porque existe un serio peligro de colapso en la actividad política y legislativa. Si no tiene valor suficiente para intentar un pacto de Estado con el PP, Rodríguez Zapatero debe al menos decantarse por uno u otro de los socios posibles con el fin de evitar este espectáculo cotidiano que provoca el desprestigio de la clase política y un daño evidente a la credibilidad de las instituciones. Las cosas deben cambiar, porque la desconfianza de los españoles en un Gobierno ineficaz y oportunista es un impedimento para encauzar la gravísima situación económica.
ABC - Editorial
HACE bien poco me llegó una multa de 400 euros por despistarme en un maldito radar instalado en el túnel de la calle de Costa Rica. Me pareció, me dejarán decirlo, una pequeña pasada. Pero la pagué porque aquí ya sabemos que los tribunales pueden ser decimonónicos, las carreteras albanesas, los servicios tercermundistas y los discursos de épocas de entreguerras, pero la informática y efectividad recaudadora es, como dice el presidente, de auténtica «txampionslig». Como en realidad me podrían haber cobrado mil o dos mil euros porque los criterios de nuestro Fouche Rubalcaba y acólitos a la hora de ponderar multas son inescrutables, me ofrezco hoy aquí públicamente a hacer una pequeña donación para otra multa que me parece casi más injusta. El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, va a tener que hacer un esfuerzo para pagar la multa de 300 euros que le han impuesto las autoridades judiciales, que Dios tenga en su gloria. Es lo que le cuesta una pezuña de alguno de los corzos que abate por las serranías carpetovetónicas. Es lo que vale probablemente el tercio de una aleta de un merlín, esos bichos grandes que nadan hasta que los trinca otro de nuestros máximos responsables de la seguridad, el señor Alberto Saíz, jefe del CNI.
Mi problema está en que me cuentan que el señor Garzón no paga 300 euros por una pezuña de corzo ni por una aleta de merlín. Supongo que esos trofeos para ciertas gentes son regalo de la casa. Ni siquiera los paga por pasar a sesenta kilómetros por hora por el túnel de la calle Costa Rica en Madrid. El juez de la Audiencia Nacional que quería ser presidente de ese tribunal especial y que tiene potestad legal y libertad para meternos a todos en la cárcel por lo que considere oportuno, va a pagar 300 euros como multa por dejar en libertad a dos traficantes de drogas. De los serios, no unos «dealers pringaos» de barrio. De los que inundan las ciudades de heroína y son responsables directos de que en la Cañada Real de Madrid o tantas zonas de España deambule un ejército de enfermos hechos unos espantajos. Cuentan que Garzón no se leyó todo lo que debía leer antes de dejar que estos dos personajes tomaran las de Villadiego. A nadie debe extrañar que alguien que escribe tanto lea tan poco. Solían decir de Todor Yivkov y de Nicolae Ceaucescu eran los únicos humanos que había escrito más que leído. Yo recuerdo bien como las inabarcables obras completas de esos dos grandes dirigentes alimentaban las estufas en aquel gélido invierno de los Balcanes hace ahora veinte años. Lejos de mi intención o deseo ver que las obras de Garzón corran la misma suerte. Creo que serán un útil testimonio para los estudiosos de nuestra propia balcanización política, intelectual y judicial. Pero animo a una cuestación pública para pagar la ominosa multa de 300 euros impuesta a Garzón por su despiste.
ABC - Opinión
VICTORIANO Fernández Asís, una de las más luminosas -y maltratadas- cabezas del periodismo español del siglo XX, solía decirnos a sus pupilos de la televisión, envuelto en el vaho del misterio que marcaban la época y la prudencia, que venimos de un mundo de certezas radicales y avanzamos hacia otro alarmantemente embolismático. Ahí está, envuelto en la sutil pedantería que marcaba la genialidad del maestro, un diagnóstico certero, breve como un sms, de la Historia de España del siglo XX y, como si se tratara de un estrambote, su proyección en este inane y atribulado siglo XXI. Aquí, quien no está instalado en una torre de certezas indiscutibles y perpetuas, vive en la más absoluta confusión. Lo primero radicaliza, cosa poco deseable, y lo segundo relativiza, lo que tampoco mejora el ambiente ético y liberal y convierte en fofos la inteligencia y el carácter.
