El BCE y los periféricos

La subida de tipos de interés desoye la necesidad de crecimiento en Grecia, Portugal o Irlanda.

Después de la tormenta provocada por la insólita decisión de Moody's de rebajar la deuda lusa al nivel de bono basura, el Banco Central Europeo (BCE) cumplió ayer el programa previsto y subió el tipo de interés del dinero en Europa en un cuarto de punto, hasta el 1,5%. Jean-Claude Trichet, presidente del BCE, criticó (con razón) el papel procíclico de las agencias de calificación, pero ha de saber que el encarecimiento del coste del dinero tampoco es una medida libre de controversia. Subir dicho coste indica que el BCE atiende prioritariamente a la situación de Francia, Alemania y países afines, allí donde el crecimiento podría causar más inflación. La recuperación de los países periféricos (los intervenidos Grecia, Portugal e Irlanda más España e Italia) importa menos.

Los hechos son que una subida de tipos de interés enfría el crecimiento, que la tasa de inflación en la eurozona está por encima del 2% fijado como objetivo (concretamente en el 2,7% en junio) y que la economía mundial (Europa y España con ella) está entrando en un periodo de ralentización. Es la recaída anunciada y tendrá consecuencias dañinas para la riqueza y el empleo en España. Este no parecía el mejor momento para subir los tipos, por más que los mercados ya lo hubieran descontado.

El cálculo de Trichet es otro. No niega la ralentización de la economía, pero la esgrime como excusa. Puesto que la inflación está disparada (aunque parece muy probable que caiga una vez que se desinflen los precios energéticos), súbase el coste del dinero y sugiérase que no habrá nuevas subidas en los próximos meses puesto que el enfriamiento económico que viene bastará para reducir la inflación. El argumento no carece de ingenio, pero olvida que las economías europeas (todas, no solo Francia, Alemania y su área) tienen que disponer de oportunidades de crecimiento. Si no tienen esas opciones, no podrán resistir a las periódicas convulsiones de los mercados de deuda. Cada punto básico que crece el diferencial drena dinero para la economía real. Si además se encarecen (poco o mucho) los créditos, se añade una carga más a las economías que todavía no están en fase de crecimiento.

Para soslayar esta contradicción, el BCE suele escudarse en su mandato estatutario antiinflacionista y en la suposición de que las economías con menos inflación ofrecen fundamentos más sanos para el crecimiento. Puede ser. Pero ya es hora de que la cruzada contra la inflación no se encomiende solamente a una política monetaria homogénea en una zona económica heterogénea; hay otras formas eficaces de garantizar la transparencia en la formación de precios nacionales.

Trichet podría haberse ahorrado la subida de ayer; es decir, no haberse comprometido al sugerirla con antelación. Al menos reaccionó con presteza ante el caso de Moody's y Portugal. Anunció que aceptará la deuda lusa como colateral, lo cual no deja de ser una reprimenda pública a la agencia. Una decisión adecuada.

El País - Editorial

Desmantelar el régimen extremeño

Monago tendrá que liquidar empresas públicas y adelgazar la administración, eliminando ese "tejido adiposo" que impide a Extremadura progresar. No es casualidad que la comunidad más pobre de España sea la que mayor porcentaje de empleo público tiene.

Una de las peores consecuencias del Estado autonómico ha sido la resurrección de la figura del cacique. Las Comunidades Autónomas han mostrado, en general, mucha menor alternancia, de ahí que fuera más fácil en ellas la formación de redes clientelares y la corrupción. Cuando no se tiene miedo a perder el sillón por muchos desastres que se provoquen, por muchas sinvergonzonadas que se les descubran, el poder ni siquiera disimula su condición y se convierte en una herramienta completamente al servicio de "los nuestros".

De ahí que, de todos los presidentes autonómicos nacidos de las elecciones del 22 de mayo, la elección de María Dolores de Cospedal y José Antonio Monago debiera ser la que más alegrara a todos los demócratas, sean del partido que sean. Su investidura supone una oportunidad de oro para abrir las ventanas y que el aire fresco empiece a ventilar por fin las estancias de los gobiernos de ambas comunidades. La necesidad de cuadrar las cuentas, además, les facilitará la tarea de desmontar las estructuras montadas durante décadas para sostener la hegemonía socialista.

De los dos es Monago, investido con bastante suspense este jueves, quien más difícil lo tiene. Ha necesitado de la abstención de una Izquierda Unida opuesta en lo ideológico pero harta también del Gobierno socialista de la comunidad. Su postura, apoyada por sus bases en la región, ha sido contestada por la dirección nacional con aperturas de expediente. Sí, hablamos de la misma IU que ponía el federalismo de la formación y la consiguiente autonomía de su partido en el País Vasco como excusa para no hacer nada contra la connivencia de Madrazo y sus sucesores con Batasuna y las demás marcas políticas de ETA. Se ve que para Cayo Lara y los suyos es más importante hacer de lacayo del PSOE que enfrentarse al terrorismo nacionalista vasco.

Monago tendrá que liquidar empresas públicas y adelgazar la administración, eliminando ese "tejido adiposo" que impide a Extremadura progresar. No es casualidad que la comunidad más pobre de España sea también la que mayor porcentaje de empleo público tiene. Un exceso que ha demostrado, allí más que en ningún otro sitio, no servir para hacer prosperar la región. El popular tendrá que hacer concesiones a Izquierda Unida, pero tampoco esos tres diputados deben valer más que los 32 con los que cuenta el PP. El programa de gobierno de Monago deberá ser el suyo, por más que acepte reformas como la de la ley electoral. Sólo en ese caso podrá desmontar el régimen extremeño y dar una esperanza de prosperidad a sus ciudadanos.

Libertad Digital - Editorial

Extremadura, nueva era

El cambio en esta Comunidad coloca al PSOE ante la verdadera dimensión de su debacle y la certeza de que su ciclo político está agotado.

LOS socialistas vivieron ayer la consecuencia más significativa de la derrota sufrida en las elecciones del 22-M. El acceso del Partido Popular al gobierno de la Comunidad Autónoma de Extremadura ha colocado al PSOE ante la verdadera dimensión de su debacle y ante la certeza de que su ciclo político está agotado. Los resultados electorales en Castilla-La Mancha y en las ocho capitales de provincia de Andalucía anuncian, a mayor abundamiento, una prolongación en las próximas elecciones generales, lo que supondría dejar al PSOE sin sus reservas naturales de voto fiel. Además, el hecho de que Izquierda Unida de Extremadura no haya apoyado al candidato socialista sienta un precedente que desdramatiza entre la izquierda la llegada del PP al poder. El PSOE no olvidará esta lección, confiado como estaba a que IU se sometiera a la condición de comodín. El gesto de IU en Extremadura contribuye a una normalización de la alternancia, más aún cuando el partido que ya gobierna en esta comunidad es el partido que ha ganado claramente las elecciones.

Aunque resulte una obviedad, los socialistas deberían asumir que el PP gobierna en Extremadura porque su candidato, José Antonio Monago, es el más apoyado por los electores. La desafección de IU es el efecto de décadas de gobierno hegemónico socialista, y no la causa de que el PSOE esté en la oposición. Este mensaje incumbe también al nuevo presidente autonómico, José Antonio Monago, quien ha tenido que equilibrar su discurso para no dar argumentos a la dirección nacional de IU para forzar la voluntad de sus tres parlamentarios extremeños. Ahora bien, el programa ganador es el del PP, no el de IU, y la política de pactos, siempre conveniente cualquiera que sea la fuerza parlamentaria del equipo gobernante, no debería llegar al extremo de distorsionar los planes de cambio.

La forma de gobierno del PP en las comunidades autónomas va a ser un punto de atención fundamental para el debate político. Los populares pueden utilizarla como credencial para el gobierno nacional; los socialistas no dudarán en utilizarla para revolverla contra Mariano Rajoy. Este juego de tácticas será especialmente relevante en Extremadura y en Castilla-La Mancha, por el efecto de contagio que puede producir en Andalucía, convocada a elecciones autonómicas en 2012, si no antes. La experiencia histórica demuestra que a la derecha se le exige mucho más y en mucho menos tiempo que a los gobiernos de izquierda, acostumbrados, hasta ahora, a ser juzgados más por lo que dicen que por lo que hacen.

ABC - Editorial

Las viñetas de la vergüenza. Por Pablo Yáñez González

Las imágenes de las viñetas denunciadas por la Asociación Nacional por la Libertad Lingüística en las que se habla de “hacer país”, de “identidad”, de “conquistadores”, de “guerra”, de “ahogar culturas” y de “luchas por nuestra lengua” llevan presentes en las mentes de los niños de cinco años de un colegio de Alcoy a lo largo de los últimos meses. Son, sin duda alguna, evidencias de un proyecto de adoctrinamiento escolar con tintes totalitarios que solo cabe calificar como “las viñetas de la vergüenza”.

Debemos sentir vergüenza porque esos mensajes son los que desde la educación pública se les transmite a nuestros hijos en muchísimos centros de determinadas Comunidades Autónomas. Debemos sentir vergüenza por la impunidad con la que un profesor emplea su posición de autoridad sobre los niños para formar guerreros de “causas identitarias”.

Debemos sentir vergüenza de unas Administraciones que no ejercen el control suficiente como para evitar estas situaciones en las aulas. Gobiernos que, al subvencionar todo tipo de entidades nacionalistas, juegan con un fuego que amenaza con quemar las posibilidades de una nueva generación.

«Tenemos un sistema enfermo que olvidó que es el ciudadano el que tiene que elegir libremente la lengua en la que vive su vida y nuestra mejor medicina para sanarlo no puede estar contaminada por este tipo de adoctrinamientos.»

Nuestra vergüenza son esas viñetas como reflejo de una sociedad que siente miedo de dejar a sus hijos en el aula y encontrarlos como guerreros que luchan por identidades y lenguas.

Tenemos un problema gravísimo como sociedad. Hemos tolerado que la riqueza lingüística que puede suponer el hablar dos lenguas se manipule para terminar siendo un enfrentamiento. Hemos olvidado que las lenguas son elementos de comunicación y hemos permitido que estén al servicio de determinadas minorías políticas para justificar sus proyectos cuasi-totalitarios. Tenemos un sistema enfermo que olvidó que es el ciudadano el que tiene que elegir libremente la lengua en la que vive su vida y nuestra mejor medicina para sanarlo no puede estar contaminada por este tipo de adoctrinamientos.

Nuestra oportunidad para evitar que en el día de mañana el político de turno decida multar al empresario que rotula en la lengua oficial del Estado pasa por formar jóvenes que comprendan las lenguas como elementos al servicio del ciudadano y nunca a la inversa, unos jóvenes con valores como la tolerancia, el respeto y la igualdad. Somos nosotros quienes tenemos que dibujar unas viñetas diferentes y obligar a la clase política a eliminar los libros apuñalados y las batallas entre “conquistadores y conquistados”.

En mi viñeta, el niño de cinco años no es un “soldado de la nación” y su padre jamás debería haber acudido a nosotros asustado por los deberes de su hijo. En mi viñeta el padre tiene la libertad de elegir la lengua en la que escolariza a su hijo, y el niño tiene la oportunidad de formarse para construir una sociedad sana.

El Confidencial - Opinión

Etiquetado. Cataluña contra Europa. Por Emilio J. González

Las instituciones comunitarias no se andan con chiquitas cuando se trata de defender el acervo comunitario, no como aquí, donde el Gobierno y las instituciones siempre claudican ante los deseos de los nacionalistas.

La Unión Europea tiene muchos defectos pero hay que reconocer que, en ocasiones, resulta de gran utilidad para resolver problemas de carácter nacional cuando en una de las partes impera el cerrilismo y la sinrazón. Todo esto viene a colación de la votación en el Parlamento Europeo de la directiva sobre etiquetado de los productos, en la que se ha rechazado la enmienda de los eurodiputados catalanes –¿qué hacía el PP apoyándola?, ¿es eso un reflejo de su idea de España?– que pedían que se pudiera etiquetar solo en catalán.

La cuestión tiene mucho fondo. En primer lugar, Estrasburgo ha rechazado las pretensiones catalanistas porque el catalán no es una lengua oficial de la Unión Europea. Ésta sólo reconoce como tales a los idiomas oficiales de los Estados, no de los niveles administrativos inferiores, como nuestras autonomías. Es más, en algunas sentencias del Tribunal Europeo de Justicia, como la contraria a las vacaciones fiscales vascas, la UE ya advierte que las autonomías, les guste o no, no son más que una parte de la Administración Pública española, sin entidad política propia. Ahora, con esta votación sobre el etiquetado, la UE vuelve a insistir sobre ese principio, y lo hace porque no quiere dar pie bajo ningún concepto a que en cualquier otro Estado miembro se repitan los problemas que tenemos en España con los nacionalismos catalán y vasco.

Además, las pretensiones catalanas vulneran algunos preceptos fundamentales de la construcción europea incluidos en el Tratado de la UE, fundamentalmente dos de ellos: el de libertad de circulación de bienes y el de libertad de inversiones. ¿Por qué? Porque las sanciones a las empresas que no etiqueten en catalán vulneran esos principios al impedir o dificultar la comercialización de aquellos productos etiquetados en castellano. Por elevación, eso equivale a decir que la política de inmersión lingüística es contraria a los preceptos comunitarios que constituyen los pilares fundamentales del mercado único europeo y, como es lógico, no se puede ir contra ellos. El rechazo a la enmienda catalana por parte del Parlamento Europeo también tiene mucho que ver con ello. Los eurodiputados catalanes deberían saberlo y, por ello, abstenerse de llevar a Estrasburgo sus cuitas con el Estado español porque el resultado final va a ser siempre el mismo: un estrepitoso fracaso porque lo que plantean es contrario a lo dispuesto en el Tratado de la UE. Como allí son serios, las instituciones comunitarias no se andan con chiquitas cuando se trata de defender el acervo comunitario, no como aquí, donde el Gobierno y las instituciones siempre claudican ante los deseos de los nacionalistas. Pero allí es diferente.

Por ello, debe haberles causado cuando menos risa el comunicado posterior de los eurodiputados catalanes amenazando con promover la independencia de Cataluña, porque la secesión de España implica también el abandono de la UE, de su mercado único y de su moneda. Y eso conlleva la salida de Cataluña de las empresas extranjeras, de las españolas y de muchas catalanas, así como, y en última instancia, la quiebra de la propia región, que no podrá pagar ni su deuda ni sus pensiones. A ver si se enteran de una vez por todas de que con Zapatero podrán jugar, pero con la UE no.

Libertad Digital - Opinión

Llamadle Alfredo. Por M. Martín Ferrand

El hombre que no quiere ser Pérez es un político hecho y derecho (izquierdo) y lo suficientemente marrullero.

RUBALCABA, llamadle Alfredo, no es un cadete, como la mayoría de sus compañeros de Gobierno, incluido José Luis Rodríguez Zapatero. Arrastra la experiencia de la oposición —no muy limpia, por cierto— contra Adolfo Suárez y del poder junto a Felipe González. Atravesó el desierto cuando José María Aznar, antes de que se le indigestara la gloria, encauzó el rumbo de la Nación a costa de comprometer el del Estado en el Hotel Majestic y, recuperada la púrpura, lleva unos años haciéndolo razonablemente bien como ministro de Interior y lamentablemente mal en su condición de co-responsable del zapaterismo. El hombre que no quiere ser Pérez es un político hecho y derecho (izquierdo), conocedor del terreno y lo suficientemente marrullero como para ser tan duradero en la democracia como Rodolfo Martín Villa lo fue en el pasado.

Hoy le corresponde a Rubalcaba, en su condición de ruidoso candidato a la presidencia, ser «el malo» oficial que necesita el PP para, a falta de una ideología definida y de un programa concreto, mantener unidos a sus militantes y devotos. Es natural, en consecuencia, que, de Mariano Rajoy abajo, quienes aspiran a constituirse como próximo Gobierno de España no pierdan oportunidad de alancear a quien desean ver al frente de las filas de la oposición.

Asumido el principio activo, queda por establecer la dosis con que conviene administrarlo. De momento, el alboroto crítico que promueve el PP con tanto hablar del todavía vicepresidente es, tal cual lo veo, la más eficaz de las campañas de lanzamiento que podría desear quien acude a la contienda con el pronóstico de perdedor. Sería más inteligente por parte de los de la gaviota insistir en la belleza y los encantos, con perdón, de Rajoy que abundar en el pregón de la hosca fealdad de Alfredo, simplemente Alfredo. La machacona demanda de su renuncia y salida del Gobierno le aporta al personaje una relevancia que, sin coste alguno, engrandece su figura. Su mérito objetivo, la encarnación del PSOE, no es muy grande si se consideran los frutos del partido decano entre los de ámbito nacional en sus últimas exhibiciones de poder; pero la crítica popular, insistente y monotemática, concentrada en su persona eleva la altura de su pedestal. Algo tendrá Alfredo, simplemente Alfredo, se dicen los incondicionales del voto socialista, para que su mera presencia irrite tanto a quienes le aventajan en expectativas de voto y posibilidades de victoria. Unos presumibles vencedores que, dada su dificultad para entenderse con sus próximos —piénsese en Asturias—, solo volverán a La Moncloa si vencen por mayoría absoluta.

ABC - Opinión

Irún. No hacer bandera. Por Cristina Losada

El problema que elude Santano es que, además de símbolo de la Nación y el orden constitucional, se trata de la bandera por la que han muerto asesinados militantes de su partido.

Con parecida sorpresa a la que causa el descubrimiento de que en un remoto rincón del planeta hay una tribu que vive en la Edad de Piedra, hemos sabido que el Ayuntamiento de Irún ha evitado exhibir la bandera española durante décadas. Pues vaya notición, se me dirá con motivo, cuando la ausencia de la enseña nacional es frecuentísimo hecho diferencial en municipios del País Vasco y Cataluña, por lo menos. La rareza será, en todo caso, que al alcalde de Irún se le obligue a ponerla todos los días del calendario, mientras se tolera que sigan perpetrando idéntica infracción –e idéntica sumisión al nacionalismo– tantos ediles catalanes, correligionarios suyos.

En Irún, ciudad fronteriza que aún se describe como nudo ferroviario, llevan gobernando los socialistas durante los últimos 28 años. Pero se lo tenían muy calladito. Decidieron camuflarse, adaptarse al medio ambiente. Para qué diablos tentar a la suerte y provocar crispación y polémicas haciendo ostentación de la bandera española. En cuatro o cinco fechas señaladas se sacaba del desván para cumplir con la conciencia y airear el tejido, y el resto del tiempo el consistorio mostraba el estandarte local únicamente. Qué gran solución de compromiso. Así se distinguía del PNV, que pone una ikurriña solitaria, y de los auxiliares de ETA, que cuelgan su iconografía macabra, y a la vez, tremendo beneficio, no se molestaba ni enfadaba a nadie. Total, para qué hacer bandera de la bandera si esa cuestión, puramente formal, trae cola. Tal suele ser el razonamiento que sirve de refugio en estos casos.

En esa línea, el alcalde, José Antonio Santano, condensaba la bondad del criterio mantenido con un "nunca ha habido problemas". Claro, tampoco había problemas bajo la dictadura si uno no se metía en política, tal como aconsejaban las abuelas. Y, en efecto, nunca hay problemas si no se provoca a los matones poniendo, por ejemplo, la bandera que excita su rabia troglodita. El problema que elude Santano es que, además de símbolo de la Nación y el orden constitucional, se trata de la bandera por la que han muerto asesinados militantes de su partido. Cierto, en la fachada del ayuntamiento irunés lucían meritorios carteles de "ETA no", pero la falta de banderas allí señalizaba un "sí" a las condiciones que impone la existencia ETA. Una existencia que se fortalece con el "sí" de los apaciguadores.

Libertad Digital - Opinión

Beautiful. Por Ignacio Camacho

El escándalo de la SGAE ha averiado la imagen de la elitista y millonaria jet-set cultural del zapaterismo.

MÁS allá de los vericuetos del sumario penal, el escándalo de la SGAE ha venido a poner en entredicho a la beautiful people del zapaterismo, esa alegre élite millonaria de artistas y cantantes que durante los últimos años ha arropado al presidente del Gobierno como adalid de la izquierda y el progreso. Teddy Bautista era el capataz que administraba los intereses de esa tribu de gauche caviar y gestionaba sus copiosos ingresos desde una proximidad al poder que los detalles de la investigación sitúan en los linderos del tráfico de favores. El patético estupor de la directiva ante las providencias del juez Ruz revela el desconcierto de una camarilla que como mínimo ha omitido su deber de controlar a los gestores de sus propios beneficios, limitándose a figurar como panel decorativo del jerarca que manejaba los hilos con maneras de cacique del sindicalismo vertical y despachaba con familiar anuencia los asuntos que dependían del amparo administrativo: el canon, las subvenciones, la ley antidescargas y otras regalías que colocan las simpatías políticas del llamado «clan de la ceja» bajo la sospecha de un amistoso y poco presentable quid pro quo.

La evidencia de que una sociedad de recaudación de impuestos y tasas estaba haciendo de su capa un sayo en las narices de los Ministerios de Industria y de Cultura obliga a preguntarse por la responsabilidad de quienes, teniendo el deber de vigilancia de las actividades que delegaban por autorización, se mostraban tan sensibles a las demandas legales de este lobby privilegiado. Hay demasiados testimonios gráficos del sonriente alborozo con que los dirigentes zapateristas —empezando por el propio líder— se fundían junto a los risueños músicos y cineastas en gestos de complicidad y afecto que iban mucho más allá de los rituales de protocolo. El propio nombramiento de la ministra Sinde fue un claro guiño cooperativo hacia los intereses de un sector que se sentía desoído por la firmeza displicente de César Antonio Molina. Esa especie de jet-setdel progresismo ilustrado, que ha monopolizado ante la opinión pública la representación de la cultura española bajo el beneplácito de un poder connivente, queda ahora averiada en su imagen colectiva al aparecer como patrocinadora de una antipática trama de manejos financieros.

Y le van a soplar malos vientos porque la debilidad política de la socialdemocracia no permite devaneos impopulares. El candidato del PSOE coquetea abiertamente con la retirada del canon digital y no parece muy dispuesto a volver a confraternizar en público con ese exquisito círculo endogámico que, pese a su reciente intento por capitalizar el descontento de la izquierda, permanece en el imaginario colectivo como soporte cultural del ahora denostado zapaterismo. Quienes pretenden apretar las tuercas a los banqueros no pueden mostrar demasiada complacencia hacia algunos de sus mejores clientes.

ABC - Opinión

RTVE. ¡Oliart, colócanos a toos! Por José García Domínguez

Una simple disputa de familia. O de familias, mejor. Y, al tiempo, otra prueba de la honda españolidad de don Alberto. A fin de cuentas, el pobre Oliart no hizo más que tratar de emular a los pater familias de los Chaves.

Por una vez va a ser verdad eso que aquí siempre se dice cuando hay que poner a un jerifalte en la calle. "He decidido presentar mi dimisión irrevocable por razones estrictamente personales y familiares", proclama el defenestrado llegado el caso. Y al punto todos entienden que, tras innúmeros forcejeos, sus pares han logrado echarlo a patadas pese a la resistencia, por lo común agónica, del interesado. Va a compadecerse con la verdad, digo, porque el motivo aparente del dimicese de Alberto Oliart en la Presidencia de RTVE sí tiene mucho de personal y más aún de familiar. Pues, como supongo sabedor al lector, Oliart padre dio en subcontratar con Oliart hijo un muy suculento momio que igual pretendía saborear, ¡ay!, otro patriarca de un clan rival. Por más señas, Jaume Roures, el amo y señor de Mediapro.

Una simple disputa de familia. O de familias, mejor. Y, al tiempo, otra prueba de la honda españolidad de don Alberto. A fin de cuentas, el pobre Oliart no hizo más que tratar de emular a los pater familias de los Chaves y de la sociedad de gananciales Pajín-Iraola, entre otros mil. Al respecto, y a diferencia de nuestros iguales, como Marruecos o Sicilia, en España rige una actitud filistea frente al nepotismo. Quien puede coloca a los hijos, los hermanos, los sobrinos, los primos, los cuñados, las nueras, las amantes, los cuates y los compadres. Como en toda sociedad premoderna, los vínculos de sangre y los lazos tribales priman sobre la aptitud, el mérito o cualquier otra consideración lejanamente relacionada con la excelencia.

Sin embargo, el discurso público se empecina en mantener la ficción del relato meritocrático. Qué le vamos a hacer, se ha perdido el gusto por la franqueza. No como en tiempos de la Restauración, cuando el célebre grito con que aquel espontáneo apeló al cacique liberal Natalicio Rivas durante un mitin electoral en las Alpujarras: "¡Natalico, colócanos a toos!". Por lo demás, el problema no ha sido el niño. Recuérdese que en su día don Alberto metió a su sobrina dilecta, Silvia Delgado, en la nómina del Pirulí. Y nada pasó. En esta ocasión, en cambio, se le hizo una oferta que no podía rechazar. Lo dicho, una disputa de familias. Apenas eso.

Libertad Digital - Opinión

¿Indignados o privilegiados?. Por José María Carrascal

«Si recordamos la definición de Ortega de las revoluciones —“van contra los usos de un sistema, no contra sus abusos”— nos damos cuenta de que el 15-M tiene un carácter claramente conservador, diría incluso reaccionario»

¡ESOS sí que son indignados!, exclamó un vecino de barra de bar, contemplando las imágenes de la batalla campal en Atenas. Comparados con ellos, en efecto, nuestros acampados en Sol y otras plazas parecían hippies, okupas o cualquier otra variedad de las muchas tribus urbanas, con sus barbas, perros, flores y guitarras. Pero en el fondo son los mismos, les mueve el mismo ánimo, pasión, objetivo: el de un Estado perfecto, en paz y armonía, donde haya sólo derechos, no deberes. La vieja utopía de la izquierda. La única diferencia es que, en Grecia, la utopía ha llegado a un estado terminal, mientras aquí sólo pierde gas. Pero ya verán cuando alcance los niveles griegos y los hippies tiren de máscara antigás y de cóctel molotov. En el Parque de la Ciudadela tuvimos una muestra. No me atreví, sin embargo, a decírselo a mi vecino de barra, por conocer la inutilidad de intentar convencer a un español de lo equivocado que está.

Voy a hacerlo ahora, en términos generales, uniéndome a los muchos analistas del 15-M y discrepando de la mayoría, que se despachan con frases como «hay que escucharles», «reflejan el hecho incontrovertible de la insatisfacción popular», «significan un caldo de cultivo que los políticos harían bien en tener en cuenta», con alguno rizando el rizo: «Son una performance ciudadana», como si se tratase de un espectáculo gratuito.

Cuando en realidad se trata de:

—Un movimiento ni siquiera original. Estamos ante una copia de las manifestaciones ocurridas en calles y plazas de las ciudades árabes —¡tiene gracia a dónde hemos ido a buscar modelo!— convocadas a través de las redes informáticas.

—Inspirado por un nonagenario que empezó pidiendo a los jóvenes que se «indignaran», para pedirles luego que se «comprometieran», no fueran a sobrepasarse.

—Desplazado, ya que tales movilizaciones tienen sentido en regímenes totalitarios, no en democracias donde existen vías para exponer la voluntad popular. A no ser que el verdadero objetivo sea deslegitimar la democracia, que es como empiezan todos los totalitarismos. Y aunque la democracia española tiene muchas cosas que corregir, la forma de corregirlas no es ponerse por montera las normas, sino con más democracia. ¿Qué significa eso? Pues que todos estamos obligados a cumplir las leyes, incluidas las más humildes. Y si las leyes no sirven, se cambian por los canales establecidos. Pero mientras no se cambien, hay que respetarlas. En resumen: nadie puede arrogarse qué norma hay que cumplir y cuál no, ni sacarse de la manga otra democracia —«real», «popular», «orgánica»—, al haber sólo una: la de cada ciudadano un voto, sin que ninguno valga más que el de los demás. Siendo de particular peligrosidad que sean los gobernantes quienes toleren esas infracciones de la legalidad. Significa que esa democracia está enferma.

—El catálogo de protestas de esos indignados incluye las medidas más diversas, aunque con un denominador común: la denuncia de abusos en nuestro sistema —corrupción, listas electorales cerradas, privilegios de la clase política—, pero no del sistema en sí, es decir, del llamado «Estado del bienestar», que más bien debería llamarse «Estado de beneficencia», pues se resume en el axioma «el Estado tiene la obligación de cuidarnos de la cuna a la sepultura». Es más, la principal denuncia va dirigida a las medidas, que según el movimiento 15-M buscan el desmantelamiento de tal Estado. Con lo que llegamos al quid del asunto. ¿Contra qué se indignan los indignados? Contra lo que consideran la privación de unos derechos adquiridos. Si recordamos la afilada definición de Ortega de las revoluciones —«van contra los usos de un sistema, no contra sus abusos»—, nos damos cuenta de que el movimiento 15-M tiene un carácter claramente conservador, diría incluso reaccionario. Esos jóvenes y mayores no buscan un nuevo estatuto social, un nuevo reparto de la riqueza nacional y del esfuerzo colectivo. Buscan conservar el statu quo anterior, como la aristocracia intentaba mantener en el siglo XVIII sus privilegios frente a la burguesía emergente y la burguesía intentó en el XIX mantener los suyos frente a la clase trabajadora. Ahora, son los trabajadores de los países desarrollados con empleo fijo y derechos sociales garantizados, convertidos en clase media, los que intentan conservar esos privilegios frente al nuevo lumpen proletariat: los parados de su país y los millones de trabajadores de los países en desarrollo, dispuestos a cobrar una fracción de su salario. Sin pararse a preguntar, primero, si han contribuido suficientemente a los beneficios sociales que reciben; y segundo, si en el mundo globalizado en que vivimos tales beneficios son compatibles con la viabilidad de sus empresas.

En los países con sindicatos responsables y opinión pública informada, se han venido haciendo los ajustes necesarios para adaptarse a la nueva situación desde que empezó la crisis. Mientras, en los países donde la responsabilidad escasea y la información no existe esas medidas han ido retrasándose, hasta que la situación económica se ha hecho insostenible. Esos griegos que protestan ante su Parlamento deberían haber protestado por las pensiones de los muertos que seguían cobrándose, por los impuestos que no se pagaban, por los fondos europeos desviados y por las falsas cuentas de sus gobiernos. Pero prefirieron callar, como se prefirió callar en España sobre las falsas jubilaciones, los favores a los amigos, los proyectos faraónicos y otras sinvergonzonerías que se cometieron y siguen cometiéndose a cuenta del «Estado social del bienestar», que por el camino que vamos no va a ser del bienestar, ni social ni siquiera Estado, pues no puede sacarse de él más de lo que se ha contribuido. Claro que, con ministras que dicen «el dinero del Estado no es de nadie», ¿qué tiene de extraño que la gente vea en él una especie de tío inmensamente rico, al que puede estafarse sin rubor? Cuando en realidad se está robando al resto de la ciudadanía. Resulta revelador que en las democracias desarrolladas no existe el «dinero del Estado». Existe el «dinero del contribuyente», es decir, de todos. De todos los que han contribuido, claro, pues el dinero no cuelga de los árboles, ni siquiera en los «paraísos del proletariado». Visiten alguno y lo comprobarán.

Por último, y como corolario de lo dicho, se habrán fijado en que pese a la amplia y rotunda indignación de los indignados el Gobierno apenas aparece en su lista de malditos. Lo que es cuanto menos extraño. ¿Acaso Zapatero y sus distintos gabinetes no tienen nada que ver con la situación en que nos encontramos? Por lo que leemos en las indignadas denuncias, poco o nada. Todos los ataques se dirigen a los políticos en general, a los mercados, a los especuladores, a los bancos, a las fuerzas ocultas que mueven el mundo. Y algo de culpa, digo yo, corresponderá a quienes durante siete años han llevado los asuntos del país, más cuando también han sido los que han hecho los mayores recortes sociales de la democracia. Pero, repito, los indignados no se indignan contra ellos, lo que hace su indignación muy selectiva, muy sorprendente, muy sospechosa. Por lo menos tan sospechosa como su condición de revolucionarios. Pues resulta que el mérito, el esfuerzo, la innovación, la preparación, la eficacia, la excelencia, motores del desarrollo en el mundo actual, no figuran en su lista de reclamaciones. Y es que el mejor disfraz de un reaccionario es el de progresista. Se lleva mucho en España.

ABC - Opinión

Agencias de derribos

Las penurias de Portugal para colocar ayer en los mercados 848 millones de euros en letras a tres meses ha desatado otra tormenta en la zona euro cuyos coletazos, además de golpear a España y sus mercados, ha reavivado la polémica sobre el comportamiento de las agencias de «rating». En concreto, ha causado gran irritación en Bruselas y en Lisboa la actitud de Moody’s, que el martes bajó de golpe cuatro escalones la calificación de la deuda portuguesa, hasta equipararla al bono basura, lo que sin duda agudizó el castigo propinado ayer por los inversores. El primer ministro portugués, Passos Coelho, lo calificó de «golpe bajo» y su compatriota Durao Barroso, presidente de la Comisión Europea, lo «lamentó profundamente» y advirtió de que la UE ultima una regulación de estas agencias y la creación de supervisores europeos para limitar el monopolio norteamericano. En efecto, sosprende que las tres grandes compañías (Moody’s, Standar&Poor’s y Ficht), que controlan el 90% del mercado, sean de EE UU. «Eso quizá explique ciertas tendencias», comentó ayer Durao Barroso. Pero asombra aún más su proceder, ya que parecen elegir la publicación de sus dictámenes con el momento más sensible o en el que más estragos puede causar. Se diría que estas tres agencias americanas quieren hacerse perdonar su desastrosa, y tal vez delictiva, gestión previa a la crisis mundial generada en Wall Street, especialmente con la quiebra de Lehman Brothers, a la que mantuvieron una alta calificación hasta el mismo día de su quiebra. No conviene olvidar que las hipotecas «subprime», muchos fondos estructurados y otros de alto riesgo, que cebaron la explosión de la crisis, tenían las mejores calificaciones de Moody’s, Standar&Poor’s y Ficht. No sin razón, fue el propio presidente Obama el primero en prometer una regulación más estricta de modo que no puedan actuar con la arbitrariedad y el oscurantismo actuales. El caso portugués es ilustrativo, porque el plan de recortes presentado por Passos Coelho, con más de cien medidas de ajuste, entre ellas un impuesto del 50% de la paga extra de Navidad, fue ampliamente respaldado por el Parlamento y bien recibido por Bruselas. Es decir, muestra la decidida voluntad del Gobierno lisboeta de cumplir con el objetivo de déficit y de aprovechar los 78.000 millones de euros del rescate para reactivar la economía del país. Especular, en este contexto, con que Portugal pueda seguir los pasos de Grecia hacia un segundo rescate es, cuando menos, prematuro, por no decir irresponsable. Lisboa se enfrenta en este tercer trimestre a varias emisiones de deuda para colocar entre 4.500 y 6.750 millones de euros y lo que ha provocado Moody’s con su veredicto es una condena por anticipado. Nadie duda de que las agencias de calificación cumplen una función imprescindible de información y valoración sobre la solvencia, ya sea de un país o de una empresa, sin la cual los mercados serían más inestables. Pero como toda herramienta, deben servir para resolver los problemas, no para crearlos y, en todo caso, ha de estar por encima de toda sospecha de que no sirven a intereses espurios y gestionarse con la máxima transparencia.

La Razón - Editorial

Confianza rota

La injusta rebaja de Moody's a Portugal impone la creación de una agencia europea de calificación.

La agencia de calificación de riesgo financieros Moody's ha conseguido elevar el nivel de crispación de los mercados y de las instituciones públicas, en especial de la Comisión Europea, con su insólita e inoportuna rebaja de la solvencia de Portugal en nada menos que cuatro escalones, hasta el nivel de bono basura. El paso de Moody's es grave. Una rebaja tan truculenta, que costó ayer caídas importantes en las Bolsas y una nueva explosión de los diferenciales de deuda de Grecia, Portugal y España, aumenta el desprestigio público de las agencias de rating, porque sugiere que no solo no están cumpliendo su papel de advertencia a los inversores (no percibieron, ni de lejos, la crisis financiera que se venía encima y tampoco tienen capacidad de análisis para reconocer la recuperación en ciernes de países como Islandia) sino que alientan, consciente o inconscientemente, la especulación a la baja contra los países situados en la diana.

Los argumentos de Moody's sobre Portugal son insostenibles porque operan como una profecía que tiende a autocumplirse. La agencia no tiene en cuenta los programas de ajuste puestos en pie en Lisboa, aprobados por Bruselas y gestionados por un Gobierno recién salido de unas elecciones. Si estos compromisos no son útiles para regenerar la solvencia de un país, no se entiende por qué motivo se exigen sacrificios económicos a los países, que se traducen siempre en una dolorosa pérdida de renta de los trabajadores.

Moody's acumula otro disparate, que es el de dar por sentado que Portugal necesitará otro rescate. No entra a considerar si un cambio de circunstancias (por ejemplo, una modificación de las condiciones exigidas para acceder a los fondos de ayuda) facilitaría la salvación portuguesa. Esta fatalidad es el aspecto que ha causado mayor irritación en Europa, porque da pábulo a quienes piensan que las agencias privadas actúan como un oligopolio cuyos informes avivan la especulación a la baja en los mercados. Queriendo o sin querer, sus análisis agravan las convulsiones financieras facilitando coartadas para que los inversores retiren su confianza a determinadas economías con independencia de sus compromisos de ajuste.

El desafortunado informe de Moody's es el momento crucial a partir del cual se pondrá en marcha una opinión mayoritaria: es necesario sustituir los informes de las agencias privadas por mecanismos de calificación más fiables. El presidente de la Comisión, Durão Barroso, reclamaba ayer la creación de una agencia de calificación europea. Su petición está cargada de razones. La confianza en la utilidad de las agencias privadas lleva tiempo con goteras y amenazas de quiebra; desde ayer, parece definitivamente rota.

Las conclusiones no pueden ser más claras. El Banco Central Europeo debe mantener los bonos portugueses o griegos como colaterales de sus inyecciones de liquidez y sustituir las evaluaciones de las agencias de calificación por clasificaciones realizadas por la propia institución.

El País - Editorial

Mejor sería el cese de las televisiones públicas

La falta de transparencia y eficiencia en la gestión, el abuso del contribuyente y el sectarismo político caracterizan no sólo a RTVE, sino a cualquier ente público. La presidencia de Oliart no ha sido una excepción, ni su salida será la solución.

El presidente de RTVE, Alberto Oliart, ha anunciado su "irrevocable" decisión de dimitir alegando razones "estrictamente personales" y, más concretamente, de "salud". Teniendo en cuenta que Oliart tiene ochenta y tres años, y que hace más de un mes ya comunicó a altos cargos del PSOE y del PP su deseo de dejar el cargo debido al cansancio "suyo y de su mujer", no vamos a negar la verosimilitud de estas supuestas razones. Sin embargo, no deja de ser un hecho cierto que el cese de Oliart se produce poco después de haberse conocido que la RTVE acaba de adjudicar a la empresa dirigida por su hijo, Pablo Oliart, el servicio técnico que hasta el pasado mes de junio prestaba Overon, de Mediapro, al programa La mañana de La 1.

Fuentes de la RTVE aseguran al respecto que se convocó "un proceso de licitación al que se invitó a las seis empresas del sector que ofrecen este tipo de servicios", y que el contrato se concedió finalmente a TBS debido a que era "la oferta más barata". Sin embargo, fuentes de dos empresas de referencia en la prestación de servicios audiovisuales en España, como Atlas y Hurí, aseguran que no recibieron invitación alguna, mientras que no faltan quienes aseguran que la oferta de Overon era superior desde el punto de vista de los requisitos técnicos.

Ya habrá tiempo de esclarecerlo, pero, sea como fuere, lo cierto es que la opacidad en las contratas y en la gestión de las televisiones públicas es tan grande que resulta difícil tanto ser honrado como parecerlo. Si la falta de transparencia y eficiencia en la gestión, el abuso del dinero del contribuyente y el sectarismo político caracterizan no sólo a RTVE, sino a cualquier medio de comunicación público, la presidencia de Oliart no ha sido una excepción. Pero precisamente por ello la solución no está en el cese de un determinado dirigente, sino en la privatización o cierre de todas las radios y televisiones públicas. Resulta inmoral que se comprometa el dinero del forzado contribuyente para financiar unos servicios que ya procuran al público las cadenas privadas. Más aun cuando se utilizan de manera sectaria y al servicio propagandístico del Gobierno de turno, lógica consecuencia de la designación política de sus gestores.

Libertad Digital - Editorial

Crisis y futuro en RTVE

Los partidos mayoritarios están obligados a actuar con sentido de la responsabilidad a la hora de pactar el nombre del sucesor de Alberto Oliart.

LA dimisión de Alberto Oliart como presidente de la corporación RTVE abre un nuevo periodo de crisis en la televisión pública. El ex ministro de UCD tira la toalla después de menos de dos años al frente de la entidad, una vez conocida la adjudicación a la empresa de su hijo de un contrato de servicio público para el programa «La Mañana de La 1». Al margen de la investigación a fondo del caso concreto, la dimisión pone en evidencia el fracaso de un modelo que tampoco esta vez ha conseguido garantizar la independencia y pluralidad de RTVE, a pesar de que el presidente fue nombrado como candidato de consenso entre PSOE y PP. Sin embargo, las críticas de la oposición en los últimos meses han puesto de relieve tanto el carácter sesgado de la información política como la discutible externacionalización de servicios a determinadas empresas. Es decir, existen al parecer viejas querencias que no hay manera de superar, porque el partidismo termina siempre por imponerse en perjuicio del interés general y los derechos de los ciudadanos.

Es un buen momento para hacer de la necesidad virtud. En efecto, estamos en periodo de descuento de la legislatura y surge una buena oportunidad para alcanzar un pacto serio y riguroso que garantice una etapa de estabilidad a una entidad que la necesita de forma imperiosa. No se trata de buscar a un candidato que no moleste a nadie, sino de elegir a la persona apropiada y apoyar un proyecto a medio plazo basado en la coherencia, la imparcialidad y la austeridad. De lo contrario, volverá a empezar la eterna noria de dirigentes que son incapaces de cumplir las expectativas. Sin perjuicio de un balance más detallado de su gestión, está claro que Oliart no ha conseguido enderezar el rumbo de la nave. El Estado democrático necesita contar con una televisión pública de calidad, respetuosa del pluralismo y de los derechos de los ciudadanos. Los partidos mayoritarios están obligados a actuar con sentido de la responsabilidad, dejando al margen el interés a corto plazo a la hora de pactar el nombre del sucesor de Alberto Oliart. La exigencia de una mayoría cualificada de dos tercios obliga a ese pacto. Pero lo importante es la voluntad política de que RTVE responda a las exigencias de una televisión pública propia del siglo XXI sin actuar como instrumento del Gobierno de turno.

ABC - Editorial

¿Vuelven los cincuenta?. Por José María Carrascal

Hace medio siglo vivíamos del turismo. Hoy volvemos a vivir de él. Algo hemos hecho mal para llegar a esta situación.

SIEMPRE es mejor tener un empleo temporal que ninguno, aunque esa no sea la solución del problema del paro, sobre todo cuando el empleo fijo disminuye, como ocurre en España. Pero no voy a ponerme a discutir con cualquiera de los muchos portavoces del Gobierno, siempre anunciando la salida de la crisis, cuando la única salida real es la suya. Así que voy a fijarme en un hecho alentador en la superficie, desolador bajo ella: en España, lo único que funciona de verdad es el turismo. Sobre todo ahora, que la revuelta en los países árabes y los disturbios en Grecia han convertido nuestras playas en las pocas donde uno puede uno tomar el sol tranquilamente. Es lo que ha traído esos empleos temporales de que hablábamos, que aliviarán un poco nuestra desequilibrada balanza de pagos, que buena falta le hace.

Pero si lo pensamos bien, la cosa es muy triste. Estamos como hace cincuenta, sesenta años, cuando el turismo era nuestra única industria, «nuestro petróleo» le llamábamos, entre cariñosa y vergonzosamente. No voy a ser yo quien critique el turismo, una de las industrias que mueve más dinero y personas en el mundo, y que deberíamos cuidar bastante más de lo que la cuidamos. Pero lo que eso significa ya no es tan glorioso: que no hemos adelantado mucho en el último medio siglo. Diría incluso que hemos retrocedido. Entonces teníamos, además del turismo, las inversiones extranjeras atraídas por los bajos costes, y las remesas de nuestros emigrantes a Europa, que no eran cortas. Hoy, las inversiones extranjeras se han reducido a un mínimo, al desviarse hacia países más rentables —los de la Europa del Este especialmente— y las remesas de nuestros emigrantes se han convertido en remesas de los emigrantes extranjeros en España a sus respectivos países, siempre que conserven su puesto de trabajo, claro.

Esta es la escueta y amarga realidad. Hace cincuenta, sesenta años, vivíamos del turismo, y volvemos a vivir de él. Con una balanza de pagos mucho más desequilibrada y una perspectiva de crecimiento que ha pasado del ocho por ciento anual de entonces al poco más del uno de ahora, si se cumplen las predicciones más optimistas y no volvemos a caer en las cifras rojas. Algo hemos hecho mal para llegar a esta situación, y no me refiero sólo al gobierno, porque en una democracia, los responsables son todos los ciudadanos, unos por hacerlo mal, otros por permitirles hacerlo.

¿Volvemos a los años cincuenta, sesenta del pasado siglo, a los alemanes viniendo a relajarse en nuestras playas y los españoles yendo a trabajar a Alemania? Eso parece y anuncian los titulares. Con una notable diferencia: entonces se iban los obreros, ahora se van los ingenieros. Lo que no es una buena noticia, aunque, como la de los contratos temporales, tampoco la peor.

ABC - Opinión

Indignados. La igualdad ante la ley según Gallardón. Por Pablo Molina

Ahora resulta que los caballeros de la rasta que se apropian del espacio público, rodean parlamentos y boicotean tomas de posesión son un “movimiento cívico” a diferencia de los que pretenden detener la masacre abortista.

Los integrantes de los movimientos cívicos contrarios al aborto que han intentado acampar en la Puerta del Sol parten de un error conceptual muy extendido, según el cual en España la ley se aplica a todos por igual. Todos somos iguales ante la ley siempre y cuando pretendamos vulnerarla bajo los postulados de la izquierda, que es un principio transversal de nuestro ordenamiento jurídico basado en la costumbre, hasta que la ley de Igualdad de Trato que está cometiendo el Gobierno le otorgue un carácter positivo en el repertorio Aranzadi.

La hemiplejía moral es una dolencia de etiología marxista muy extendida en el PP, cuyos líderes aún no han encontrado el remedio en el mejor de los casos y, en el peor, o sea, Gallardón, es considerada una virtud irrenunciable para destacar en el cotarro político.

Gallardón apadrina a los indignados y sólo les riñe un poco cuando se los encuentra en su calle mientras recoge las caquitas de la mascota familiar. No porque considere que actúan en contra de una ley que el regidor es el primer obligado en hacer cumplir, sino porque le fastidia recibir una dosis de democracia real en la misma jeta a la vista de su prole.

Con los defensores de la vida, que estos días pretenden conmemorar el primer aniversario de la ampliación del aborto de la flamante consejera de la ONU, el mismo Gallardón que suplicaba clemencia a los antisistema les envía a la policía local a desmontarles el chiringuito y pedirles la documentación.

Hay trabajos muy ingratos en esta vida, pero pocos tan sufridos como ser policía a las órdenes de Gallardón, porque la vergüenza que hayan pasado los agentes enviados a detener a ese peligroso comando de sexagenarias y jovenzuelos idealistas defensores del derecho a vivir mientras a unos metros los indignados tomaban kalimotxo a la salud del alcalde, para ellos se queda.

Ahora resulta que los caballeros de la rasta que se apropian del espacio público, rodean parlamentos y boicotean tomas de posesión son un "movimiento cívico" a diferencia de los que pretenden detener la masacre abortista, que a juicio del alcalde madrileño deben de ser un peligroso grupúsculo dedicado a desestabilizar el sistema democrático.

¿Quién expide el certificado de civismo ciudadano? Al parecer una comisión formada por el alcalde de Madrid y el candidato Alfredo, porque ambos han decidido que sus policías actúen de una u otra forma según la ética y la estética de los que vulneran las ordenanzas municipales y el ordenamiento jurídico común.

Todo un valiente, este Gallardón. Como su perrico, un precioso ejemplar de Beagle, raza especializada, pásmense, ¡en la caza del faisán! y prueba viviente de que las especies, al contrario de lo que suponía Darwin, también involucionan. Todas.

Libertad Digital - Opinión

El barón rojo del PP. Por Ignacio Camacho

Monago es un «self made man», un político arremangado que desencaja los esquemas clásicos de la derecha española.

A Guillermo Fernández Vara, uno de los políticos más sensatos, moderados y razonables del PSOE, le han dado en su trasero político dos patadas que no iban dirigidas a él, pero que han acabado derribándolo del poder en Extremadura. La primera la recibió como la mayoría de sus colegas autonómicos y locales en las elecciones de mayo, en las que los ciudadanos vapulearon por delegación a todo el que se hubiese juntado siquiera un rato con Rodríguez Zapatero. En ausencia del presidente salieron zurrados todos sus compañeros de partido, y mira que algunos intentaron desmarcarse de las malas compañías. Pero a Fernández Vara le esperaba otra ración de palos destinados a vengar ofensas que le superaban en el tiempo. La negativa redonda de Izquierda Unida a servirle de muleta para seguir en el gobierno tiene su causa profunda en el malestar que los comunistas extremeños sienten desde hace tiempo hacia el jubilado Rodríguez Ibarra, de quien guardan larga memoria de agravios cuya factura le han pasado a su sucesor de muy buena gana. Vara, que goza de buena reputación política y humana, ha sido el chivo expiatorio de esa doble corriente de desafecto y cansancio provocada al alimón por el fracaso zapaterista y la longevidad del régimen del que era heredero.

Le viene a sustituir un tipo que desencaja los esquemas clásicos de la derecha española, un self made man, un político populista y arremangado que fue bombero en el incendio de los almacenes Arias para pagarse los estudios de Derecho en Salamanca y sabe lo que es abrirse paso a base de esfuerzo en la vida. José Antonio Monago es un hombre honesto al que nadie le puede reprochar tics de pijo y que se ha entendido de tú a tú con los comunistas como se entendían Peppone y Don Camilo. La experiencia del pacto extremeño es importante porque consagra al PP como un partido atrapalotodo, un all catch partycapaz de negociar sin dogmatismos con cualquiera que no se sitúe fuera de las reglas de juego. Es el «anti-Tinell», la ruptura más brusca y extrema del cordón sanitario contra la derecha: una alianza pragmática y rara —para algunos francamente chocante— centrada en la prioridad de renovar unas instituciones desgastadas por 28 años de monocultivo de poder que habían desembocado en un latifundio socialista.

Si acaso cabe reprocharle a Monago que en su afán por responder al favor de IU haya estirado hasta ponerlo en cuestión el discurso nacional de su partido; sobre todo en materia fiscal, por mucho que tenga el visto bueno de Rajoy. Pedir la restauración del impuesto de patrimonio y comprometerse a «modular» el de sucesiones va con toda claridad en contra del programa liberal del centro-derecha. Y aunque toda regla tenga su excepción conviene no sembrar confusiones; si le aprietan un poco más acaba pidiendo el cierre de las centrales nucleares. Para ser el barón rojo del PP no hace falta que se vuelva leninista.

ABC - Opinión

Caso SGAE y la desidia de un Gobierno que tocó el violín. Por Antonio Casado

La lectura del auto del juez Ruz sobre el caso SGAE es el camino más corto para hacerse un sitio entre los indignados del 15-M. Por el masivo fraude a los creadores. Y por la desidia de los ministerios afectados (Cultura, Industria y Justicia), que tocaban el violín mientras por el sumidero de la corrupción se escapaba tanto el dinero privado de los creadores como el dinero público empaquetado en forma de subvención (ay, la burbuja cultural). Ha funcionado la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil. Pero no ha funcionado la Administración, obligada a vigilar el funcionamiento de la SGAE como entidad de gestión de los derechos de propiedad intelectual.

Especialmente bochornoso es el episodio referido a la planeada reintegración de la SDAE (la SGAE digital) en la SGAE matriz. Con rapidez, por expreso deseo de Teddy Bautista, el presidente de la entidad. Antes de las elecciones internas, que se celebraron la semana pasada. Y con opacidad, sin dar cuartos al pregonero y aprovechando que los del Gobierno ahora están “histéricos”. Causa sonrojo comprobar cómo se esforzaron en hallar la forma de distraer una deuda de dos millones de euros con el Ministerio de Industria en subvenciones. La contrariedad la explica José Luis Rodríguez Neri (en prisión eludible con fianza junto a Rafael Ramos) ante la previsible reacción en los Departamentos afectados (Industria, Justicia y Cultura). No les divertiría saber que “toda la pasta que han estado metiendo en la SDAE era una puta mentira”, en palabras de Neri intervenidas telefónicamente por orden judicial.

«El Gobierno de Zapatero ha estado tocando el violín mientras dos clanes familiares (Neri-García Pombo y Ramos-Vázquez) se forraban por facturación preferente con empresas instrumentales del grupo SGAE a través de esta trama parasitaria.»

Pero lo que los implicados en esta trama pensaban de este acreedor concreto, el Gobierno, dinero público, al fin y al cabo, queda claro en otro pasaje recogido en el auto del juez en el que Neri propone la fusión para agosto, “cuando todos están de vacaciones”, y Maria Antonia García Pombo, su compañera sentimental y otra de las implicadas en la “trama parasitaria” de la SGAE, añade que no será difícil engañarles: “Entre que son funcionarios, que son del Ministerio de Cultura, que son idiotas, que están de elecciones, que están de vacaciones…. pues imagínate”.

Lo imaginamos. Y si no bastaba con esta aberrante aportación de la novia de Neri, les remito a la excelente información de Sandra Remón, ayer en El Confidencial. Así hemos sabido de los estudios sobre la gestión de la SGAE encargados a la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, bajo epígrafe no menos rimbombante: “Evaluación del sistema de gestión colectiva de los derechos establecidos por la política de propiedad industrial”.

Nombres muy largos para resultados muy cortos. No se detectó ninguna irregularidad, más allá de recomendar “una mayor transparencia en los mecanismos de recaudación y asignación”. Todo lo cual nos viene a confirmar que, aunque por suerte han funcionado los mecanismos de defensa del Estado de Derecho frente a la corrupción (Fiscalía, Judicatura, Guardia Civil…), el Gobierno de Zapatero ha estado tocando el violín mientras dos clanes familiares (Neri-García Pombo y Ramos-Vázquez) se forraban por facturación preferente con empresas instrumentales del grupo SGAE a través de la trama “parasitaria” descrita en el auto firmado ayer por el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz.

El Confidencial - Opinión

Mahón. Por Alfonso Ussía

El texto ha quedado tan lejano y escapado del tiempo, que mucho dudo que el himno a Mahón siga vivo en los sentimientos mahoneses. Se trata de una composición de principios del siglo XX, que en una reunión inolvidable rescataron del recuerdo Luis Alejandre y Antonio Mingote, teniente general y teniente coronel del Ejército, respectivamente.

«Es Mahón
culta y galante.
Tiene co-
modidades de un pueblo importante.
Un salón
donde va la mejor sociedad,
y Juzgado de Primera Instancia
y alumbrado de electricidad.
También tiene muchachas bonitas,
tres boticas, dos cafés
lindas avenidas con gratas aceras
y el espléndido mar a sus pies
pies, pies, pies».

El autor de la letra no fue denunciado, ni detenido ni encarcelado, ni tirado al mar por una multitud indignada, lo que da a entender la gran calidad humana imperante entre los naturales de Mahón. El Mahón que yo conocí nada tiene que ver con el del himno. Su bahía cerrada y alargada es un milagro, y toda la avenida del puerto está encadenada de restaurantes. En uno de ellos, cuyo nombre no recuerdo, el propietario cantaba preciosas canciones menorquinas acompañado de una guitarra. Y sí, sobre dos suaves jorobas, a la luz del día, destacan dos edificios magníficos. La que fuera casa del Almirante Nelson y el Lazareto. La primera, ignoro a quién pertenece en la actualidad. El segundo, según me acabo de enterar, al Ministerio de Sanidad. En la isla del Lazareto, anclada en el centro de la bahía de Mahón, sólo pueden veranear funcionarios del Ministerio de Sanidad. Disfrutar de ella les está vedado a los mahoneses. Y a la isla del Lazareto, con sus playas privadas, robustos pinares y azules piscinas, se ha llevado la señora ministra de Sanidad, Leire Pajín, a sus padres a pasar unos días de vacaciones. Como detalle familiar, aplaudo y celebro el gesto de la señora Pajín. Algunos se han molestado por lo que interpretan un abuso por su parte, dado que los padres de doña Leire nada tienen que ver con el Ministerio de Sanidad, pero a mí, sinceramente, su posible arbitrariedad, me ha emocionado. La unión familiar me puede. De haberse llevado a un novio, o a su compañero sentimental, o a su pareja de hecho, no le faltaría a la señora ministra la aspereza de mi crítica negativa. Pero a los que se ha llevado es a los padres, y que la ministra de un Gobierno tan escasamente respetuoso con la unidad familiar lleve a cabo tan paternal imprudencia me abre las puertas de la emoción. Otra cosa es la pertinaz resistencia que Sanidad presenta a las muchas peticiones de abrir la isla del Lazareto al disfrute público. Se podría pactar una solución intermedia, respetando la propiedad y accediendo a los deseos de los mahoneses. Si hay ánimo de alcanzar un acuerdo, todo se andará. Pero no me traten a doña Leire con tanto desafecto por querer a sus padres. ¿Que podría haber invitado a sus progenitores a un hotel? De acuerdo. ¿Que podría haber elegido otro lugar del bellísimo litoral menorquín y no dar pábulo a chismes y rumores? De acuerdo. Pero a lo hecho, pecho, y nunca mejor escrito si es doña Leire la protagonista del hecho y del pecho. Escandalizarse por este tipo de tiquismiquis no lleva a ningun puerto sosegado. La familia, ante todo y sobre todo. Sólo un pero. El biquini marrón. No le sienta bien y le falta un buen trecho para ser decente. Y doña Mayte Iraola, la madre, que para eso están las madres, tendría que habérselo advertido. Quien bien te quiere te hará llorar.

La Razón - Opinión

SGAE. Teddy como síntoma. Por José García Domínguez

De entrada, podría ir confeccionando las fichas para los casos en que el presunto resulte ser de los nuestros. "Fulanito es víctima de una inadmisible campaña de linchamiento mediático", "ha sido condenado a la pena de telediario"...

Prueba de la definitiva pérdida del sentido del decoro en nuestra vida pública, aquí, en España, lo sustancial ya no es qué sucede sino a quién le sucede. Sin ir más lejos, he ahí el recital de sonrisas y lágrimas suscitado por lo de Teddy. Tan es así que uno anda tentado de imitar en sus columnas aquel método para redactar media docena de novelas a la semana que ingenió la gran Corín Tellado. Una técnica que, por cierto, no esconde arcanos misterios. Basta con procurarse un exhaustivo inventario con todas las peripecias que quepa imaginar entre un galán en celo y su amada. Luego, una vez catalogadas y numeradas las escenas, se puede poner en marcha la máquina de hacer churros.

"Quince, cuatro, treinta y dos, nueve", daba en dictar Corín a su secretaria. Al punto, otra irresistible historia de pasión, deseo, celos, concupiscencia, amor y créditos hipotecarios estaba lista para arrasar en los quioscos. Después, a barajar de nuevo las situaciones, y vuelta a empezar: "siete, veintiuno, tres, quince...". Pues otro tanto, digo, procedería hacer con el análisis político. De entrada, podría ir confeccionando las fichas para los casos en que el presunto resulte ser de los nuestros. "Fulanito es víctima de una inadmisible campaña de linchamiento mediático"; "ha sido condenado a la pena de telediario"; "no se está respetando, circunstancia gravísima, la presunción de inocencia".

"No olvidemos que imputado de ningún modo significa condenado"; "todos conocemos al juez menganito: solo busca protagonismo"; "detrás de esto se esconde una mano negra"; "no hay duda de que se trata de una campaña orquestada", "es una burla al Estado de Derecho", etc. Cada argumento, una cartulina; cada cartulina, un número. Y cuando el baranda resulte ser de los otros, lo mismo. "Todo el mundo sabía que éste se lo estaba llevando crudo"; "lo han pillao con el carrito del helao"; "es intolerable que todavía no haya presentado su dimisión "; "no puede seguir ahí ni un minuto más"; "en España la justicia es un cachondeo"... Qué placer entonces enfrentarse al artículo del día. Que el inculpado es de los buenos: cinco, doce, cuatro, y a otra cosa. Que por el contrario es de los malos: seis, once, dos, y aire. El Nirvana.

Libertad Digital - Opinión

La doctrina de Gómez. Por M. Martín Ferrand

Gómez, sumergido en el realismo ontológico, no sabe lo que dice, pero eso es lo que muchos quieren oír.

TAN acostumbrados estamos a verle asido a la ubre socialista que no podíamos sospechar que el ministro accidental Valeriano Gómez era un original moralista y un sutil innovador en lo que respecta a las relaciones del poder político con el sistema financiero. Posiblemente, lo primero le viene por militante y asalariado de UGT y lo segundo, de sus tiempos felipistas como asesor del Ministerio de Trabajo. Ahora acaba de poner el mingo sobre la mesa doctrinal socialista con una innovadora propuesta fiscal especializada en banqueros y bancarios de alto rango. En realidad es una síntesis perfeccionada de los apuntes que, al respecto, vienen dictando Alfredo P. Rubalcaba, José Blanco y Marcelino Iglesias. Después de subrayar que las retribuciones de las cúspides bancarias son «muy altas», sugiere Gómez que «a partir de un nivel que se considere máximo debería tener una gravación fiscal mayor».

Reducir el gravísimo problema de nuestras estructuras financieras al nivel retributivo de sus más altos dirigentes es, por si nos hiciera falta, una prueba de la total desorientación que experimentan los integrantes del Gabinete y padecemos nosotros, los ciudadanos, en nuestras propias y fiscalmente flageladas carnes. Es un retorno a la mala costumbre española de, a falta de mejores argumentos, establecer una comparación científica entre el culo y las témporas. El sistema financiero que padecemos tiene dos partes simétricas y diferentes. Los bancos, que tratan de imponer sus privilegios, es algo que corresponde vigilar al Banco de España, más tolerante y comprensivo de lo que exigen las circunstancias, y que, en nuestra doble condición potencial de accionistas y clientes, debiéramos atemperar los ciudadanos. Asistir a una Junta General de Accionistas, o delegar la asistencia, sin ánimo crítico y sentido del propio interés, conformarse con el regalito tradicional, es asumir lo que no nos gusta ni conviene.

Otra cosa son las Cajas de Ahorro, ese invento que hasta ahora ha funcionado (?) sin propietarios y con el que se construyen curiosos y no bien explicados emporios con propiedad cierta, pasados oscuros, consejeros y directivos predeterminados y mangoneo evidente de los poderes autonómicos. También es misión del BdeE su control y exigencia, pero pintan oros de permisividad en la partida nacional. En las Cajas, mientras no culmine su transformación, no caben los salarios desmedidos. No hay, todavía, accionistas con potencialidad correctora. ¿Se puede delegar esa función en el IRPF? Gómez, sumergido en el realismo ontológico, no sabe lo que dice, pero eso es lo que muchos quieren oír.

ABC - Opinión

La SGAE delata al Gobierno

El auto del juez Pablo Ruz sobre el «caso SGAE», basado en las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción, es tan demoledor y revela tal grado de corrupción en la primera sociedad gestora de derechos de autor, que difícilmente el Gobierno socialista puede soslayar su responsabilidad, por varias razones. Primero, porque la Ley de Propiedad Intelectual deposita en la Administración central el deber y la obligación de supervisar el correcto funcionamiento de estas gestoras. Segundo, porque las arcas públicas han destinado generosos fondos a la SGAE, bien directamente bien a financiar sus actividades. Tercero, porque la centenaria institución es la que se embolsa prácticamente todo lo que el Estado recauda mediante el canon digital. Y cuarto, porque se ha cuarteado seriamente la credibilidad de España, ya muy deteriorada, en la lucha contra la piratería. Si nuestro país ya es señalado como el segundo del mundo en prácticas ilegales contra la propiedad intelectual, ¿a qué puesto habremos llegado tras destaparse que la primera gestora de derechos de autor era un nido de presuntos corruptos, con un presidente que autorizaba, consentía e impulsaba el desvío de fondos? Resulta inaceptable el hermético silencio que ha mantenido el Gobierno, como si no se tratara de una sociedad de derecho público y no estuviera comprometido el destino de nuestros impuestos. Pero resulta aún más lacerante, de un cinismo irrespetuoso, que ministros como Caamaño y González-Sinde se hayan sacudido sus obligaciones desviando la responsabilidad a las comunidades autónomas. Mal que le pese al Gobierno, el «caso SGAE», aparte de su vertiente penal y fiscal, se ha convertido en un grave asunto político que salpica directamente a cuatro ministerios: Cultura, Justicia, Industria y Administraciones Públicas. Es decir, concierne muy directamente al vicepresidente primero, Pérez Rubalcaba, cuyo mutismo es muy elocuente de la dimensión del escándalo y de la proximidad ideológica de los imputados al PSOE. Además, como ministro del Interior, Rubalcaba tendría que haber ordenado ya una investigación sobre las irregularidades en las elecciones de la SGAE pues, según asevera el auto judicial, la candidatura oficial ocultó el censo electoral, distribuyó información engañosa y presionó a los votantes. ¿No son causas suficientes para anular esas elecciones? Tal vez Rubalcaba tenga previsto abandonar en breve todas sus carteras ministeriales y calcule que no le conviene como candidato chapotear en las aguas movedizas de la SGAE. En todo caso, este cúmulo de anomalías que asoma como la pequeña punta de un iceberg obliga a plantear la necesidad de que el Gobierno intervenga la gestora para salvaguardar los intereses de sus cien mil socios y los derechos de los consumidores y de la propia Administración. La Ley ofrece los mecanismos precisos para hacerlo en salvaguarda del interés general. Por lo demás, si le da tiempo, el vicepresidente Rubalcaba tiene otro urgente interrogante que despejar: si piensa suprimir o no el canon digital para satisfacer al movimiento del 15-M, con el que coquetea cada vez más abiertamente. Si así fuera, tendría que explicar cómo piensa cumplir la legislación europea en materia de propiedad intelectual.

MEDIO - La Razón

SGAE: opacidad y corporativismo

Pese a que la opacidad y el corporativismo constituyen el terreno ideal para perpetrar delitos como los que salpican a la SGAE, su directiva ha respondido ante el escándalo con nuevas dosis de opacidad y corporativismo.

El corporativismo y la opacidad parece que siguen imperando en el seno de la SGAE a pesar del monumental escándalo que ha causado en la opinión pública el conocimiento de la trama para desviar fondos por la que su presidente, Teddy Bautista, y dos de sus directivos han sido imputados por delitos de apropiación indebida y de administración fraudulenta. Así, en lugar de cesar de manera fulminante a quienes están bajo tan grave sospecha, la dirección de la SGAE ha anunciado este martes la creación de una "comisión rectora" que mantendrá a Bautista en su cargo de presidente y que se encargará de llevar a cargo una "investigación interna" cuyas conclusiones quedarán reflejadas en un informe que se comprometen a entregar a la Audiencia.

Causa sonrojo tener que recordar que, respecto a la SGAE, no estamos ante una empresa o compañía como las demás. Se trata de un organismo, supuestamente sin ánimo de lucro, al que se le ha concedido, en nombre de una abusiva concepción de la defensa de los derechos de autor, un estatus político y al que se le otorgan cuantiosas subvenciones públicas mientras se le permite esquilmar a todos los ciudadanos mediante el cobro de cánones cuya legalidad está en cuestión. Al tratarse de una especie de "agencia tributaria de los derechos de autor", el estándar de responsabilidad debería ser el mismo que cabe exigir a un político bajo sospecha de haber cometido delitos tan graves como los que presuntamente perpetró Bautista. Eso, por no hablar de la necesidad de repetir unas elecciones que también han quedado bajo sospecha en el auto judicial.

Pese a que la opacidad y el corporativismo constituyen el terreno ideal para que puedan perpetrarse delitos como los que salpican a la SGAE, su directiva ha respondido ante el escándalo con nuevas dosis de opacidad y corporativismo. No otra cosa puede decirse del hecho de que mantengan a Bautista en su cargo o de que la "investigación interna" corra a cargo, no de un grupo al margen de la actual directiva, sino de miembros de la misma, íntimamente relacionados con su presidente.

Seguramente, esta impresentable reacción se deba al hecho de que la actual directiva de la SGAE haya gozado de la protección del Gobierno de Zapatero, a quien muchos de los artistas que han salido a la palestra en defensa de Bautista ayudaron en sus pasadas campañas electorales. Es más: según revelan varias conversaciones telefónicas del cabecilla de la red fraudulenta, el director de la filial digital de la SGAE (SDAE), José Luis Rodríguez Neri, contenidas en el auto del juez Ruz, la trama podría salpicar a varios Ministerios como el de Industria, Justicia y Cultura. Tiempo habrá para esclarecerlo. Pero lo que parece evidente es que el Gobierno tiene una indiscutible responsabilidad in vigilando, pues suyo es el deber de control respecto de un dinero que, al fin y al cabo, los ciudadanos hemos pagado con la misma coerción con la que pagamos un impuesto.

Libertad Digital - Editorial

SGAE, explicaciones políticas

Es curioso que intelectuales y artistas de izquierda pidan que los políticos imputados sean inelegibles, y mantengan a directivos encausados en sus cargos.

EL auto del juez sobre la trama de sociedades que se lucraron con fondos de la SGAE se mueve en el terreno de los indicios, como es lo propio de la fase de investigación en la que ha sido dictado. Por tanto, no sobran los llamamientos a respetar la presunción de inocencia. Esos indicios se irán verificando cuando se analicen los documentos y ordenadores incautados y el juez tome decisiones acordes con los resultados de la investigación. Entretanto, la SGAE debe asumir la situación en la que se encuentra. Y no parece que la junta directiva haya comenzado muy bien este análisis si nos atenemos a que, si bien ha decidido poner al frente de la entidad a una junta gestora, no aparta a Eduardo Teddy Bautista de la presidencia ni al resto de los imputados de sus cargos, salvo al principal sospechoso, Rodríguez Neri. Todos quedan a disposición del nuevo ente. Los gravísimos delitos que se les achacan, penados con hasta diez años de cárcel, hacen prudente que se desvinculen de la entidad mientras se despeja ese horizonte penal. Es curioso que intelectuales y artistas de izquierda hayan exigido que los políticos imputados no vayan en las listas electorales y ahora blinden a sus dirigentes inculpados.

El relato judicial de las irregularidades es muy grave y enlaza con las dudas que dentro y fuera de la SGAE se habían formado sobre la limpieza de su gestión. La investigación se dirige contra tramas familiares, sociedades de pantalla, facturaciones por servicios no prestados; y apunta a la directiva de la SGAE —es decir, Bautista—, de la que el juez presume que tenía que conocer estas irregularidades porque era la única fuente de ingresos de la trama societaria de Neri. Ya nada podrá seguir igual en la SGAE. Tampoco puede esperar el debate político por este escándalo. El Gobierno debe dar explicaciones. No hay que olvidar que la SGAE basa su capacidad recaudatoria en una autorización administrativa. Además, el Ejecutivo no ahorró gestos hacia los artistas, encarnadas en la SGAE, como el canon digital —quizás en sus últimos días— o el nombramiento de González-Sinde como ministra, que dio nombre a una ley «antidescargas» ampliamente contestada entre los internautas. Y para el candidato Rubalcaba esta operación puede suponerle un muy oportuno apaciguamiento de la red, tan hostil al Ejecutivo socialista. Sí, claro que hay motivos para explicaciones políticas por parte del Gobierno.

ABC - Editorial