La guerra de las cajas. Por Ignacio Camacho

Balances oscuros, pasivo inmobiliario y bronca política: el mejor modo de atraer inversores a las cajas de ahorro.

UNA guerra en las cajas de ahorros promete víctimas colaterales como un tiroteo delante de una guardería. Pero la va a haber porque el Gobierno, después de muchos titubeos y procrastinaciones, ha abordado la reforma del sector manu militari, por las bravas y armando lío según la marca de la casa. El peligro de esta trifulca es que entre los contendientes está plantada la mitad del sistema financiero español, los ahorros, las hipotecas y el crédito de millones de ciudadanos y pequeñas empresas: las cosas de comer, el motor de la economía cotidiana.

Los cajeros sospechan que Zapatero y Salgado actúan bajo la presión de unos grandes bancos ansiosos por merendarse el pastel, y el PP se siente hostigado por una legislación que parece diseñada para perjudicar sus intereses autonómicos. En la cúpula popular barruntan mala intención cuando la ratio de capital básico —core— exigida queda justo fuera del alcance de las recientes fusiones de Madrid-Valencia y Galicia; recelan de una jugada similar a la de la deuda de los ayuntamientos, en la que el poder puso el listón a la altura precisa para dejar a Gallardón fuera de concurso. Rodrigo Rato y Núñez Feijóo han convencido a Rajoy de que se trata de una maniobra predirigida, una estrategia ad homines, y el líder de la oposición se va a echar al monte. Allí se puede encontrar del brazo de Comisiones Obreras, que clama contra las intenciones privatizadoras del plan gubernamental y anuncia recursos jurídicos. Habrá bronca, que es lo último que conviene para atraer inversores; si es ya difícil poner dinero en entidades que presentan unos balances muy oscuros y arrastran un pasivo inmobiliario desolador, sólo falta dejar claro urbi et orbeque están controladas por políticos a la greña.

Al Gobierno no le importa demasiado dejar al PP fuera del pacto de reforma, porque tiene a los nacionalistas de su parte. Las cajas vascas son las más saneadas y en Cataluña la Caixa de Fainé, que cuenta con vara alta en Moncloa, ha hilado fino anticipándose a las directrices oficiales con una puesta en limpio de activos. La guerra que se avecina va a mostrar con toda su crudeza el problema esencial de este sector financiero, que no es tanto la palmatoria en el ladrillo —eso le ha pasado también a la banca convencional— sino la dependencia política. Por ese lado la oposición puede quedar en parte presa de sus postulados retóricos; se ha pasado mucho tiempo clamando contra la sumisión de las cajas a la nomenclatura autonómica y ahora se encuentra en medio de una trampa. El zapaterismo le ha hecho la envolvente y ha pillado en el círculo a Cajamadrid, la joya de la corona. Estamos en berrea electoral y ya no queda en pie más consenso que el antiterrorista; tal vez entre sortus y faisanes tampoco dure mucho tiempo.

ABC - Opinión

El futuro de las cajas

La reestructuración del sistema financiero es una de las reformas estructurales imprescindibles. Pero cuando ese proceso acumula tres intervenciones del Gobierno en un año, más que garantizar la solidez del sistema, se genera desconfianza dentro y fuera de nuestras fronteras. El Gobierno tiene previsto aprobar este viernes el decreto-ley del Plan de Reforzamiento del Sistema Financiero, que pretende inyectar una solvencia excepcional al sector. A diferencia de las anteriores actuaciones, esta última reforma ha generado críticas de las cajas y de los grupos políticos, como el PP y CiU, que ya han anunciado que no están dispuestos a respaldar la convalidación del decreto si no hay cambios sustanciales en el texto conocido. A ninguno de ellos les satisfacen las grandes líneas del proyecto del Gobierno, que imponen con carácter general a las entidades un mínimo de capital de máxima calidad («core capital») del 8%, y del 10% en el caso de las cajas sin capital privado. O lo que es igual, se critica la diferencia y el agravio entre las condiciones para los bancos y las cajas, a las que se les exigen límites de capitalización más duros. La excusa del Gobierno es que la propia naturaleza jurídica de las cajas, sin propietarios identificados, así como la reciente reestructuración a través de las confusas fusiones frías, han configurado un escenario de duda sobre ellas, en particular en los mercados exteriores. Aunque esa percepción fuera cierta, el hecho de que se cambien las reglas de juego en detrimento de un sector fundamental de nuestro sistema financiero es algo que no se justifica fácilmente. Este trato desigual puede hacer pensar que el Gobierno juega a favor de que se pesque en este río revuelto. Que el Gobierno establezca también plazos cortos, sea septiembre o diciembre, para cubrir las necesidades de capitalización obligará a muchas cajas a la nacionalización con la entrada de dinero público del FROB para alcanzar el capital requerido. La conversión en bancos para atraer inversión privada ha sido una opción de algunas entidades, pero no supone una solución global. El decreto es un punto de desencuentro, lo que no es admisible cuando se aborda un asunto de este calado. La reforma del sector financiero demanda un consenso político suficiente como lo tuvieron las anteriores y en este caso no se da. Poner contra las cuerdas a las entidades con la enésima vuelta de tuerca regulatoria sin más salida factible que la nacionalización a costa del erario público provocará perjuicios notables, porque se restringirá el crédito a las familias y a las pymes, se resentirá el crecimiento y se aumentará la deuda del Estado, lastrado además con todo el riesgo de esas entidades.

La prioridad actual para las entidades financieras debe ser la de sanear sus balances, porque tienen instrumentos y capacidad para ello, que sería además una forma de asumir la responsabilidad por los errores en la gestión. Y después, buscar la capitalización privada necesaria sin nuevas cargas para el Estado. Sólo así podrá fluir un crédito saludable, que incentive la actividad y alimente la recuperación. Y todo ello con la debida transparencia y consenso.

La Razón - Editorial

Rubalcaba, el catalizador

Sorprende que la oposición asuma con tanta docilidad los criterios de Rubalcaba sobre lo acontecido en el bar Faisán, entre otros tantos asuntos. Sobre todo cuando esos criterios son que aquí no ha pasado nada, como siempre que se trata de Rubalcaba.

Alfredo Pérez Rubalcaba no muestra la más mínima preocupación por las perspectivas judiciales que se deducen del caso Faisán, y la acumulación de evidencias en torno a uno de los mayores escándalos de la democracia no parece suficiente para que el PP ejerza de forma activa sus funciones y cuestione al vicepresidente sobre su papel en el chivatazo a la red de extorsión de ETA o sobre su demora en satisfacer las peticiones judiciales en torno al 11-M. Esos dos asuntos forman parte de la agenda de la actualidad; aparecen un día sí y otro también en los medios y son fundamentales para desentrañar las posibles responsabilidades policiales y políticas en la ocultación y manipulación de pruebas. No se trata, por tanto, de historias ya prescritas, sino de expedientes en activo, de vigencia plena y cuyas consecuencias deberían haber incluido ya varias dimisiones, entre ellas las de Rubalcaba y su número dos, Camacho.

Tanto el 11-M como los contactos con ETA demuestran la tendencia innata del PSOE a la opacidad, su inclinación hacia los bajos fondos, su propensión a los atajos y su más absoluta falta de respeto por las formas y los cauces democráticos y legales. No hace falta remitirse al funesto episodio de los GAL para connotar al habilidoso Rubalcaba como uno de los principales artífices de una suerte de leyes de punto final sobre todo aquello que le incomoda, le afecta o le apunta directamente. La terca realidad sitúa al vicepresidente demasiado cerca de las zonas de penumbra, a un paso de las cloacas o en pleno chapoteo. La ausencia absoluta de explicaciones por su parte sobre los hechos ocurridos en torno al bar Faisán, en torno a un soplo a la banda terrorista para que evitara la caída de su aparato de chantaje, es un ejemplo palmario de impunidad política con extensiones judiciales.

Al vicepresidente parece bastarle un gesto para desactivar las iniciativas judiciales que puedan poner en riesgo sus planes. Basta con observar el itinerario del caso Faisán por la Audiencia Nacional para concluir en el más absoluto pesimismo respecto al esclarecimiento de lo sucedido y la atribución de responsabilidades. Rubalcaba no puede permitir que los manejos de la penúltima tregua afloren y menos ahora, cuando se está gestando el clima propicio para la legalización de la vieja Batasuna, lo que incluye nada sutiles presiones a los jueces por parte del propio vicepresidente y primer aspirante a sucesor. Lo singular es que le sobre con apelar a la paz para convertir a quienes exigen la verdad, además de memoria, dignidad y justicia, en cómplices de la perpetuación del terrorismo.

Afectado por su condición de químico, Rubalcaba exhibe grandes conocimientos sobre fotones y ondas, pero nada ha dicho de momento sobre la catálisis, que es una transformación química motivada por sustancias que no se alteran en el curso de la reacción. La sucinta definición evoca perfectamente el rol del vicepresidente en operaciones como las que se derivan de los contactos con ETA, tanto los presentes como los pasados, en los que el vicepresidente parece ejercer de catalizador sin que eso le acarree ninguna modificación sustancial tanto en estatus como en consideración. Otra cosa es que la transformación química que se intenta en este caso haya sido probada ya con ningún éxito.

Sería de una ingenuidad pasmosa aspirar a una clarificación sin paliativos del chivatazo en un país en el que hasta el Rey asume la imposibilidad, parece ser que metafísica, de llegar al fondo de asuntos como el 23-F y el 11-M, tal como se ha puesto de manifiesto en este diario. No obstante, sorprende que la oposición asuma con tanta docilidad los criterios de Rubalcaba sobre lo acontecido en el bar Faisán, entre otros tantos asuntos. Sobre todo cuando esos criterios son que aquí no ha pasado nada, como siempre que se trata de Rubalcaba. Sin embargo, de las declaraciones de los policías, de los informes periciales, de los números de móvil, de las contradicciones, de los testimonios recabados y de los mismos hechos se desprenden responsabilidades sobre las que él tendría que responder como poco en sede parlamentaria.

Libertad Digital - Editorial

La revuelta se acerca a España

Por su importancia estratégica para España, convendría reflexionar sobre las aspiraciones de Argelia sin pensar solamente en el gas.

TAL y como se preveía, las ondas sísmicas que partieron de Túnez y Egipto se extienden a lo largo del espacio árabo-musulmán. La difusión universal de la revuelta de la plaza Tahrir levantó un viento de revuelta que sopla ya en Argelia, en Yemen o en el mismo Irán, donde han vuelto a atreverse a salir a la calle los partidarios de la apertura que hace año y medio fueron aplastados a sangre y fuego. Igual que nadie en Occidente se extraña ya de que miles de jóvenes musulmanes reclamen el fin de un modelo basado en la opresión, desde Casablanca a Teherán, millones de personas se preguntan quién será el próximo en seguir la amarga ruta que ya han emprendido Ben Alí y Mubarak.

Este esperanzador proceso no será fácil, ni sucederá sin fuertes tensiones. No hay más que ver las dudas que prevalecen ante el futuro de un Egipto que hoy en día está siendo gobernado por el Ejército, o el éxodo masivo de tunecinos, que confían en cosechar los frutos de la revolución democrática marchándose en Italia. Por lo que respecta a España, es evidente que los dos focos de inquietud son Marruecos y, más a corto plazo, Argelia, suministrador energético de primer orden. Las admoniciones expresas de la Casa Blanca hacia el Gobierno de Abdelaziz Buteflika reclamando que no se use la fuerza contra la expresión legítima de los manifestantes recuerdan —palabra por palabra— las que se utilizaron en el caso de Egipto y Túnez para señalar que Estados Unidos prefiere apoyar a los demócratas que al viejo sistema.

Por su importancia estratégica para España, convendría reflexionar sobre las aspiraciones de la sociedad argelina sin pensar solamente en el gas, combustible que —dicho sea de paso— no dejó de fluir ni siquiera en los peores momentos de la guerra civil. Precisamente porque Argelia ya atravesó el infierno integrista en su primer intento fallido de apertura democrática, es más necesario que nunca que España contribuya a que prevalezcan las fuerzas democráticas de esa Argelia joven que espera un futuro mejor para su país, lejos del fanatismo religioso y del inmovilismo totalitario. Apoyándose en la represión policial, como hasta ahora, para Buteflika será muy difícil alcanzar el final de su mandato en 2014 sin aceptar una verdadera reforma democrática.

ABC - Editorial

Cospedal. La reina de la Torre de Marfil. Por Agapito Maestre

Señores diputadines del PP, prepárense, porque de Cospedal hará la mayor reforma interna del PP que quepa imaginarse, incluso quizá consiga expulsar de la cúpula del partido a gente que se le resiste; por ejemplo, logrará eliminar a Ignacio Uriarte.

Muchos creen que la sede del PP, en la calle Génova 13, es una torre de marfil sobre la que reina con desparpajo y facundia la señora María Dolores de Cospedal. Puede ser. El futuro de los políticos del PP no está en las estrellas sino en la Torre de Marfil. Lo cierto es que la reina, la Secretaria General del PP, ya tiene un libro. Antonio Martín Beaumont presenta en sociedad una biografía no autorizada de la señora de Cospedal. Habrá que leerla por amistad con el autor y por respeto a la persona de la biografiada. Y, sobre todo, porque, de paso que nos narra la aventura política de la señora de Albacete, nos revelará algún secreto de la Torre de Marfil, por ejemplo, cómo un hombre que habita en la quinta planta de la Torre, nada más y nada menos que al lado de González Pons y otros figuras del parlamento, actúa de vocero de José Bono.

De momento, he leído la prepublicación del libro y promete cosas interesantes. Para empezar, nadie extraerá de este libro que la política, o mejor, la profesión de político es peligrosa. Ahí tienen el ejemplo de la biografiada: por un lado, si gana las elecciones en Castilla-La Mancha, seguirá siendo, además de presidenta del mesogobierno castellano-manchego, la gran reinona de la Torre de Marfil... Para entonces, señores diputadines del PP, prepárense, porque de Cospedal hará la mayor reforma interna del PP que quepa imaginarse, incluso quizá consiga expulsar de la cúpula del partido a gente que se le resiste; por ejemplo, logrará eliminar a Ignacio Uriarte que, aparte de presidente de Nuevas Generaciones del PP, se precia de haber mediado entre Bono y González Pons a petición del primero.

Por otro lado, si pierde en Castilla-La Mancha, aunque sea por la mínima y porque hay pueblos ásperos con el PP en la provincia de Ciudad Real, por ejemplo, Puertollano, no le pasará absolutamente nada; seguirá ostentado su cargo en el partido y, además, es muy probable que sea nombrada, supuesto que gane el PP las generales, ministra del Interior por Mariano Rajoy. A eso le llamo yo baraka. Suerte. Nada parece que a esta mujer se le resiste. Cierto es que ha tenido algunas dudas, pero son menores. Poca importancia tendrá que Francisco Álvarez Cascos le quite al PP el feudo de Asturias, si ella gana en Castilla-La Mancha y el PP en el resto de España.

En fin, a la luz del libro de Martín Beaumont diría que la profesión de político no sólo no es peligrosa, sino que está asegurada por la Torre de Marfil del Partido. Quien tiene el poder en el partido, sin duda alguna, lo tiene todo, a pesar de que haya tenido que pasar por un divorcio, una fecundación in vitro y mil maledicencias de periodistas y compañeros de partido.

Libertad Digital - Opinión

Patio de monipodio. Por José María Carrascal

La izquierda ha venido usando su «superioridad moral» sobre la derecha para tapar sus desafueros.

SI por doce trajes, cuatro chaquetas, cinco pares de zapatos y cuatro corbatas, los medios de comunicación «progresistas» le han montado a Camps el cirio que conocen, ¿se imaginan ustedes la que hubieran montado de haber ocurrido en una comunidad del PP lo acaecido en Andalucía, con 647 millones de euros afanados, no en el sentido de «afán», sino en el de «robar o hurtar» que se le da en la jerga de los truhanes? Pues con truhanes estamos tratando, individuos que se han apropiado del dinero destinado a jubilaciones anticipadas sin haber dado golpe en las empresas en quiebra. ¡Claro que se lo imaginan! Titulares de a cuarta, declaraciones indignadas, insultos, descalificaciones, sarcasmos, y peticiones de penas, que no llegaban a la de muerte por no existir en España. Pero ahí los tienen ustedes, calladitos como muertos ante el mayor escándalo de la democracia, pues se han usado fondos dispuestos para ayudar a los menos favorecidos a los chupópteros de siempre.

Ésta es nuestra izquierda. Una izquierda a la que ya no le queda ni vergüenza, tras haber perdido el rumbo, el liderato y las recetas, que tiene que pedir prestadas a la derecha. Una izquierda convertida en clan familiar, que mira por los suyos sin atenerse a ninguna norma ideológica o ética y a la que, tras proclamar que «bajar los impuestos es de izquierdas», sólo le falta decir que «también es de izquierdas quedarse con el dinero de los que se van a paro». Y si no lo dicen, lo practican. Ahí los tienen, en el lugar de la ignominia, Sevilla, sentando cátedra de ciencia política su numero dos: «Rajoy y Arenas son incompatibles con la democracia porque pierden siempre las elecciones», y anunciando por enésima vez su número uno que «la recuperación ya ha empezado». Con la entera sala aplaudiendo. ¿Cómo no iban a aplaudir si la crisis no ha ido con ellos?

La izquierda ha venido usando su «superioridad moral» sobre la derecha para tapar sus desafueros. La altura de sus principios, empezando por «la defensa de los débiles», le ha permitido ocultar desde los crímenes del estalinismo al saqueo del dinero público, que por ser público «no es de nadie», según aquella humorada de una de sus ministras. Pero a estas alturas los conocemos de sobra para saber qué se esconde tras esas alharacas sociales: un afán de obtener ventajas sobre los demás que les asemeja al más grosero capitalismo. Y puede incluso que a algo aún más castizo y antiguo: al Patio de Monipodio, al amparo del Estado de Bienestar.

Lo que puede explicar que siendo Andalucía la más subvencionada de las comunidades españolas, sea, tras décadas de gobierno socialista, la que aparezca a la cola de todas ellas. Claro que ahora sabemos para qué se empleaban esas subvenciones.

ABC - Opinión

Tribunal Constitucional. Árbitro parcial. Por Emilio Campmany

Zapatero se ha hinchado a hacer leyes inconstitucionales, desde el estatuto de Cataluña hasta la ley del aborto, y necesita que el Tribunal Constitucional no le afee la conducta o lo haga de la manera más suave posible.

Es habitual entre nosotros atribuir a los dos partidos mayoritarios por igual las disfunciones que se producen exclusivamente por culpa del PSOE. Este domingo nos informa El Mundo de que el Rey se ha entrevistado con tres ex presidentes del Tribunal Constitucional para tratar el tema del bloqueo que sufre la renovación de tres de sus magistrados y la cobertura de la vacante producida por el fallecimiento de un cuarto.

Está muy bien que su Majestad se preocupe por el buen funcionamiento de tan alta institución, pero el problema no es nuevo y ni siquiera es ahora cuando es más grave. La situación, en palabras del editorial del periódico, se debe a la "pertinaz negativa de los socialistas a aceptar a uno de los candidatos que proponían los populares –el magistrado Enrique López– y la no menos contumaz resistencia de éstos a aceptar el veto". Se está dando la falsa impresión de que ambos partidos son responsables en la misma medida del bloqueo que el tribunal padece. Y no es así.

Para empezar, ningún partido tiene derecho de vetar los candidatos del otro. Encima, el PP jamás ha vetado a ningún aspirante socialista, que los ha habido tan poco idóneos como pueda serlo López. Si el problema es que es dudoso que éste cumpla el requisito de los quince años de ejercicio profesional porque los socialistas creen que no se deben contar los que pasó en el Consejo del Poder Judicial, que, cuando el Congreso lo nombre, recurran a los tribunales la designación y que sean éstos los que decidan. ¿Quiénes son los socialistas para decir cuando es legal o no un nombramiento que corresponde a otros?

El PSOE se empeñó en que María Emilia Casas presidiera el tribunal durante seis años seguidos, cuando la Constitución permite hacerlo sólo durante tres. Y se negó igualmente a cubrir la vacante de García-Calvo, que pertenecía al sector conservador, para beneficiarse de que un puesto que correspondía cubrir al PP estuviera vacante.

El Mundo pone de relieve lo importante que es regularizar la situación del tribunal ahora que ha de debatir sobre algunas leyes que el Gobierno Zapatero ha presentado como símbolos de la ampliación de derechos. Es el caso de las leyes sobre el matrimonio homosexual y el aborto. Y no se dan cuenta, o no quieren darse, que es eso precisamente lo que hace que el PSOE bloquee la renovación. Zapatero se ha hinchado a hacer leyes inconstitucionales, desde el estatuto de Cataluña hasta la ley del aborto, y necesita que el Tribunal Constitucional no le afee la conducta o lo haga de la manera más suave posible. Los populares no tienen en esto más responsabilidad que la de haber intentado no dejarse avasallar y, con todo, podían haber hecho mucho más.

Así que la culpa del desprestigio del tribunal no la tienen los políticos en general, sino el PSOE. A quien tiene que llamar el Rey no es a los ex presidentes del TC, sino a Zapatero y exigirle que deje de mangonear la institución y eso tendría que haberlo hecho hace mucho tiempo, no ahora. Y El Mundo, en vez de vestirse de ángel neutral y acusar a los dos partidos como si ambos fueran igualmente culpables, podría denunciar la utilización torticera y partidaria que el PSOE viene haciendo del tribunal cuando ostenta el poder. Así son las cosas para quien quiera verlas.

Libertad Digital - Opinión

Golpe en El Cairo. Por Gabriel Albiac

El gran juego empieza ahora, cuando el espantajo de Mubarak sale de escena y los focos iluminan a sus sucesores.

LA clave del dominio está en hacer que aparezca como evidencia lo contrario exacto de lo que sucede. La política es el arte de tejer ficciones con las cuales suplir la realidad. Fábrica de espejismos, que son único suelo firme sobre el cual se alza el glacial palacio de espejos de la sumisión. Egipto ahora. Como último laboratorio del álgebra del golpe de Estado, que teorizó Gabriel Naudé, en 1639, para dar razón de una toma del poder tan vertiginosa «como el rayo que aniquila antes de que el trueno pueda ser escuchado».

Un dictador asienta su estabilidad sobre el control absoluto de aparatos represivos que no pueden permitirse flaquezas. Ese control puede ejercerlo él, o bien delegarlo en un fiel vicario. La primera hipótesis entraña una fuerte erosión de esa imagen de padre severo pero justo sobre la cual se asienta la leyenda dictatorial. La segunda trae consigo riesgos difíciles de acotar: el poder que, bajo una tiranía, acumulan la policía política y los servicios de inteligencia es ilimitado. Y la tentación de —como el Iznogoud del cómic de Goscinny— «ser Califa en lugar del Califa», late siempre en el hombre que sabe todo de todos y puede con todos hacer lo que le venga en gana: prisión, como tortura, como muerte. En el plazo largo, hay sólo dos opciones: o el dictador va decapitando a sus sucesivos hombres de las alcantarillas, o el hombre de las alcantarillas acaba por asaltar los salones de palacio, con todas las posibilidades de éxito que el material de engaño acumulado pone a su alcance.

Un militar —el cuarto desde la independencia de Egipto— ha caído; estaba políticamente muerto desde hace cuatro semanas. Un militar —el quinto desde la independencia de Egipto—, el señor de las sombras, el control y la tortura, Omar Suleiman, ha dado jaque a Mubarak: refriega entre generales. De los jóvenes a los que torturó, encarceló, asesinó durante dos decenios, ha hecho instrumento de su ascenso. No se le puede negar astucia. Pero el gran juego empieza ahora, cuando el espantajo de Mubarak sale de escena y los focos iluminan a sus sucesores. De momento, les bastará con una convencional retórica, hecha de palabrería populista y garantías internacionales. Muy pronto, sin embargo —y eso Suleiman lo sabe mejor que nadie—, llegará la hora de la verdad: la recomposición de un nuevo régimen que no ponga en riesgo los básicos privilegios de la casta armada.

Egipto no es El Cairo. Como no era Argelia Argel en el no tan lejano año 1991 que vio ganar al islamista FIS las elecciones y desencadenar una guerra civil entre religiosos y militares, cuyo rebote temen ahora los argelinos. Suleiman debe saber —o sospechar, al menos— qué dirían las urnas del Egipto profundo en unas elecciones libres. Y cuáles serían los costes de una victoria de los Hermanos Musulmanes y de sus periferias más extremas: desde la pérdida de las inmensas ventajas que la corrupción generalizada otorga a los militares, hasta el riesgo bélico que la ruptura del tratado de paz con Israel arrastraría.

El gran juego no ha hecho más que comenzar. Pueden vencer militares o clérigos: los que poseen armas y medios organizativos. La población, en esta partida, es rehén y envite. Sacrificable.

ABC - Opinión

Odón Elorza. Los guionistas de ETA. Por José García Domínguez

Frente a lo que pretenden sus ilustres abogados de oficio, la ETA que se esconde bajo las faldas de Sortu no es hija putativa del franquismo, sino de la Transición y la temeraria negligencia histórica que con ella brotó.

Demasiado cobarde para luchar y demasiado gordo para salir corriendo, ese Odón Elorza, de San Sebastián, a mí siempre me ha recordado al protagonista de La historia de un idiota contada por él mismo, aquella novela de Félix de Azúa. Un tipo que, al modo de Odón, había comprado todas las coartadas ideológicas de la épica insurreccional con tal de huir de la vida adulta y sus áridas responsabilidades. Proceder típico, por lo demás, de una generación de señoritos que, en palabras del propio Azúa, se creyó llamada a dirigir la revolución y acabó dirigiendo un departamento municipal. Ésa que aún no ha dejado de rendir culto al santoral mitológico en el que ETA tiene su altar de honor junto al viejo póster del Che Guevara y la quimera ya algo prostática del mayo francés.

Así, el niño Elorza, como el prosista Cercas o el orgánico Ramoneda, anda estos días muy ocupado en buscarle analogías morales al partido de Miguel Ángel Blanco con el de los matarifes de Miguel Ángel Blanco. Que "entre el franquismo y la derecha también hubo continuidad", viene de deponer en auxilio retórico del enésimo disfraz de Batasuna. Pues, igual que en los demás casos, se trata de vindicar la legitimidad, si no política sí sentimental, del discurso de las pistolas. ETA, nos pretenden hacer creer, representaría la última rémora fatal de la dictadura, de ahí la pertinencia tanto del olvido como del perdón.

Obviando la clamorosa evidencia estadística de que ETA ha matado, sobre todo y por encima de todo, en la democracia y contra la democracia. Al punto de que el noventa y cinco por ciento de sus crímenes –811 sobre un total de 857– los ha cometido con Franco amortajado bajo una losa de mil quinientos kilos en el Valle de los Caídos. Y es que, frente a lo que pretenden sus ilustres abogados de oficio, la ETA que se esconde bajo las faldas de Sortu no es hija putativa del franquismo, sino de la Transición y la temeraria negligencia histórica que con ella brotó. La que por aquel entonces llevó a amnistiar su reguero de sangre sobre la Tierra a cambio de nada, ni tan siquiera de un falsario "lo siento". Tal como otra vez ansía Odón.

Libertad Digital - Opinión

Proceso de paz 2.0. Por Ignacio Camacho

La versión 2.0 en pruebas sustituye el concepto de «paz» por el más unilateral del «fin de la violencia»

LA única demostración empírica y positiva de que Jaime Mayor Oreja no lleva razón en su constante y agorero lamento de Casandra, con el que trata de advertir a la confiada sociedad española de la presencia de un caballo de Troya terrorista construido a expensas de una presunta negociación subterránea con el Estado, consiste en que los tribunales troyanos cierren el paso a ese artificio electoral urdido por los estrategas batasunos y ordenen su traslado inmediato al otro lado de las murallas de la democracia. La hipotética admisión por el Supremo o el Constitucional del nuevo partido, aceptando la condena táctica de la violencia que sus promotores pronuncian sin referirse a los crímenes pasados y sin que medie la disolución verificable de ETA, supondrá por ajustada a derecho que pudiese resultar un profundo quebranto de la cohesión nacional que ha alentado la resistencia democrática al terrorismo y dejará en una gran parte de la opinión pública el sinsabor amargo de un fracaso: la certeza moral de que el pragmatismo de un final más o menos acordado de ETA puede sustituir la premisa esencial de no pagar contrapartida alguna con la que los asesinos pudiesen obtener por dejar de matar lo que jamás han conseguido en cuarenta años de sufrimiento y sangre.

La teoría de una nueva o continuada negociación Gobierno-ETA carece de respaldo verosímil y cuenta —en la firmeza policial y judicial de los últimos tres años— con abundantes elementos objetivos con que rebatirla. No sucede lo mismo, sin embargo, con la idea de una nueva revisión del «Proceso de Paz» en la que los contactos directos con la banda hayan sido sustituidos por estrategias de quid pro quo trazadas con su brazo político a través de emisarios, mediadores y demás profesionales de la intermediación. Esa versión 2.0 en pruebas diferiría de la antigua en que el concepto recíproco y concesivo de «paz» se ha transformado en el más unilateral del «fin de la violencia», pero vendría a mantener el elemento común del rescate institucional de una izquierda abertzaleque dé continuidad política al proyecto etarra sin una ruptura definitiva y explícita con el pasado y sin despejar las dudas sobre la tutela terrorista; simplemente bajo la benévola y remota esperanza de que sea una Batasuna reconvertida la que aísle a ETA y la convenza para desistir de su delirio a cambio de la construcción de una pista civil de aterrizaje.

Mientras la versión definitiva del Proceso 3.0., la que traiga de serie la derrota completa de ETA y sus cómplices, no tenga fecha prevista de salida al mercado, las profecías jeremíacas sobre una capitulación del Estado y un cambio implícito de las reglas de juego vigentes dispondrán de una base sobre la que sostenerse. Jeremías era sin duda un fundamentalista y un llorón, pero si ha pasado a la historia es porque rara vez se equivocó en sus taciturnos pronósticos.

ABC - Opinión

Mercasevilla, peor que «Gürtel»

Conviene explicar que mientras se conocen los escandalosos detalles de la trama de los ERE, Andalucía –con casi nueve millones de habitantes, la comunidad más poblada de España– supera el 30% en la tasa del paro. En el último año, uno de cada cuatro españoles que han perdido su puesto de trabajo reside en Andalucía. Bajo estas circunstancias, la Junta, que preside el socialista José Antonio Griñán, es, a día de hoy, incapaz de explicar detalladamente a qué fin se destinaron 647 millones de euros. Oficialmente, esos más de 107.000 millones de pesetas nutrían un fondo para posibilitar ERE en empresas con problemas de viabilidad. Oficialmente, así ha sido durante casi diez años, desde 2001 a 2009. La pasada semana, la Consejería de Presidencia explicó que, en aras de una mayor eficacia, los fondos sortearon, con el consentimiento y la anuencia de tres consejeros de Empleo, que fueran fiscalizados. Los ciudadanos padecen las consecuencias de una Administración andaluza burocrática, desordenada y lenta. Pero tales circunstancias no justifican que uno de los garantes de la legalidad, el Gobierno regional, se salte sus propias normas; es su responsabilidad agilizar la tramitación administrativa, pero dentro de la legalidad más estricta. La Junta reitera que los controles han funcionado y por eso se han detectado los casos. El argumento no es cierto por dos motivos. Primero, ha sido la instrucción de la magistrada Mercedes Alaya –encargada del denominado «caso Mercasevilla»– la que ha ido arrojando luz a una trama cuya dimensión aún se desconoce. Mercasevilla ha acabado por reducirse a ser sólo la punta del iceberg. En el mercado central de abastos sevillano se fraguó el inicio del escándalo al descubrirse a los dos primeros prejubilados: nunca habían puesto un pie en la empresa. Y el segundo motivo es que, ya en 2005, la Junta desoyó informes de la Intervención General de Hacienda en los que se conminaba a Empleo a dejar de utilizar el «fondo de reptiles» y tramitar las ayudas como subvenciones. Al menos 12 empresas y 39 personas –quedan por analizar 15 expedientes, elevados a 36 por la Policía– se beneficiaron de esta práctica fraudulenta que encontró en el método de las pólizas de seguros una garantía para el engaño. Bajo la presidencia de Manuel Chaves se han producido estos «pelotazos laborales» y tanto el ex presidente como su sucesor nombrado a dedo, José Antonio Griñán, deben aclarar el destino del dinero, toda vez que ya se conoce que alcaldes socialistas, ex gobernadores civiles y otros cargos del PSOE se han lucrado. Guillermo Gutiérrez, José Antonio Viera –actual secretario provincial del PSOE en Sevilla– y Antonio Fernández han sido los tres consejeros de Empleo que completaron el periodo en el que se abusó del «fondo de reptiles». Con la llegada al cargo de Manuel Recio en 2009 se finiquitó la práctica. El actual consejero fue el que descubrió, ante su propio estupor, una caja fuerte en su despacho y mandó llamar a la Policía para que la abriera en su presencia. Para situarlo en su verdadera dimensión económica, nótese que el escándalo de los ERE es de 647 millones a justificar, mientras que el «Pretoria» fue de 45 millones y el «Gürtel», de 30 millones.

La Razón - Editorial

Más cerca de Luis Candelas que de Goya

Tras semejante atropello a los derechos de los españoles y al sentido común más elemental, se han levantado numerosos colectivos de ciudadanos y algún que otro cineasta honrado, rara avis en ese circo de arribistas que son los cineastas españoles.

Desde siempre ha habido sectores económicos que se han resistido al cambio y que se han acercado al poder político para conseguir favores. El gran Adam Smith ya constataba en La Riqueza de las Naciones que los empresarios se reunían era para conspirar y, si se les dejaba, subir los precios. En la actualidad, las cosas no han cambiado demasiado: los productores ineficientes se aproximan al Gobierno para reírle las gracias y obtener prebendas a costa de las libertades de todos los ciudadanos.

En este sentido, el caso del cine español es paradigmático. Tanto se ha aislado de la realidad y de los gustos de los españoles que en los últimos años las subvenciones públicas que recibe han superado la recaudación en taquilla. Escandaloso dato que pone de manifiesto tres cosas: una, que los gobiernos de derecha han sido lo bastante pusilánimes como para no acabar de raíz con este latrocinio organizado a costa de todos los contribuyentes; dos, que los gobiernos de izquierda han comprendido bastante bien el uso electoralista que, No a la Guerra o ¡Hay Motivo! mediante, pueden darle a este ejército de propagandistas a sueldo; y tres, que todos los españoles, por la fuerza, pagamos las entradas de unas películas que no queremos ir a ver.

No satisfechos con el expolio, sin embargo, nuestros cineastas se alzaron con una nueva reivindicación para distraer la atención de su propio fracaso: al parecer, los españoles no acudíamos a sus proyecciones, no por la escasísima calidad de las mismas, sino porque las descargábamos de internet. Motivo que, al parecer, justificaba el cierre inmediato de las páginas que enlazaran con semejante contenido. Sólo había un problema: dado que esas páginas no albergaban contenido alguno, los tribunales se negaban sistemáticamente a clausurarlas, por cuanto ello supondría un atentado contra los derechos fundamentales.

Fue para superar semejante escollo –escollo llamado Estado de Derecho– para lo que se colocó a González Sinde al frente de Cultura y para lo que se aprobó –gracias al auxilio reformista del PP– la nefasta ley que lleva su nombre y que permite el cierre administrativo de webs. Por fortuna, tras semejante atropello a los derechos de los españoles y al sentido común más elemental, se han levantado numerosos colectivos de ciudadanos y algún que otro cineasta honrado, rara avis en ese circo de arribistas que es el mal llamado "mundo de la cultura" español.

Ayer, durante la gala de los Goya tanto unos como otro se lo hicieron saber a los políticos. Mientras que González Sinde fue recibida con abucheos y pitadas, Álex de la Iglesia fue bienvenido entre vítores. Tal vez por tratarse de unos de los pocos directos españoles que intentar hacer películas que agraden al público, el ex presidente de la Academia parece haber aprendido la lección: internet no es la tumba sino la salvación del cine. Claro que es mucho suponer que la mayoría de sus colegas reputen sus películas como algo distinto a un medio para acceder a la subvención pública. Lo que les preocupa no es la difusión de su obra artística, sino conservar su parcela en el cortijo del presupuesto público. Por eso carecen de todo incentivo para adaptarse a los nuevos tiempos y por eso confunden una oportunidad con una amenaza que debe ser aplastada por sus amigos los políticos.

Libertad Digital - Editorial

Rearme moral fallido en el PSOE

Decirle a los candidatos municipales que den prioridad al empleo parece un sarcasmo o una provocación en boca de Rodríguez Zapatero.

EN plena precampaña hacia las municipales y autonómicas de mayo, los líderes políticos envían mensajes contrapuestos a la opinión pública. Ayer, en la convención del PP gallego, Rajoy dijo con razón que España no tiene un problema ideológico, sino de competencia —incompetencia, más bien—, ya que este Gobierno carece de criterio fijo y genera una incertidumbre que impide salir de la crisis económica. La mejor prueba de esa «ineficacia absoluta», concluyó el líder popular, son los 4,7 millones de parados y el recorte de derechos sociales más grande de la democracia. Frente a la acusación interesada de que no ofrece un programa de actuación, Rajoy reiteró algunos elementos básicos para un futuro ejecutivo popular: austeridad, estabilidad presupuestaria, techo de gasto público, modelo laboral «flexible» y energía nuclear. Hay, sin duda, aspectos muy positivos en un proyecto que saca provecho de la buena imagen del centro-derecha como gestor de la economía y que otorga prioridad a la competencia sobre la retórica. De ahí que acierte el PP al denunciar el radicalismo del PSOE como una cortina de humo para esconder a base de polémicas artificiales los verdaderos problemas que interesan a día de hoy a los ciudadanos.

A su vez, Rodríguez Zapatero, que volvió a fallar ayer en Sevilla en su enésimo intento de rearme anímico del PSOE, se sitúa en una posición de falso victimismo y, a falta de argumentos, sólo acierta a reaccionar contra Rajoy a base de una campaña de desprestigio personal. Zapatero sabe que, con su liderazgo, el PSOE no está en el mejor camino hacia el 22 de mayo. Su mensaje sería más creíble si en lugar de descalificar a su rival, el presidente del Gobierno hiciera un balance sincero de su pésima gestión y no siguiera elogiando inútilmente ocurrencias fallidas como el Plan E o predicando una austeridad que no practica. Decirle a los candidatos municipales que den prioridad al empleo parece un sarcasmo o una provocación en su boca . El PSOE teme una debacle en las urnas y parece emprender un huida hacia adelante, en contraste con un PP al que los sondeos retratan muy sólidamente. Falta tiempo todavía, pero todo apunta a una campaña dura en la que es exigible que el debate político se imponga sobre las descalificaciones personales.

ABC - Editorial

Castores. Por Jon Juaristi

La nueva marca de Batasuna no es la heredera de ETA.Es la propia ETA resignada a un desarme táctico.

ERA creencia muy extendida en otro tiempo que los castores se emasculaban a dentellada limpia para escapar de los cazadores, a los que cedían graciosamente sus criadillas, órganos muy solicitados por la medicina tradicional. La actual operación de maquillaje de la antigua Batasuna recuerda este comportamiento instintivo que la fantasía popular atribuía a los pobres bichos.

La imaginación del vulgo quería que a los castores castrados les crecieran nuevos atributos, como colas a las lagartijas rabonas. No es probable que algo similar le vaya a ocurrir de inmediato a Sortu, la Batasuna maquillada, porque una organización terrorista como ETA no se monta con facilidad desde un partido legal (ETA nació, por si hiciera falta recordarlo, bajo una dictadura), y esto argumentan quienes dicen fiarse de la sinceridad de la izquierda abertzale. Pero la cuestión fundamental es otra. Aun estableciendo un límite entre política democrática y violencia política, la izquierda abertzale representa la continuidad del proyecto de ETA en la medida en que elude un proceso interno de depuración ideológica. Mientras persista en su condición de izquierda abertzale, Sortuno será otra cosa que el brazo político de ETA, obligado por las circunstancias a transigir con un desarme puramente táctico. El castor deprimido a la espera de un trasplante.

El problema está ahí, y no lo soluciona una ruptura formal con ETA ni un rechazo retórico de la violencia. ¿Era acaso posible un nazismo inofensivo? Cuando Hannah Arendt regresó a Alemania, concluida la Segunda Guerra Mundial, comprobó que muchos alemanes seguían pensando como nazis aun condenando los recientes crímenes de Hitler. Fue preciso un profundo proceso de desnazificación para que la sociedad alemana se reintegrara a la democracia. Antiguos nazis, fascistas y comunistas devinieron demócratas con más o menos convicción u oportunismo en muchos países europeos, cuyas actuales democracias se formaron tanto con ese material como con los antiguos resistentes. Podrá gustarnos o no, pero es lo que hay, con independencia de que nos caiga o no simpático el pasado del vecino. Ahora bien, una democracia se suicidaría concediendo estatuto de legalidad a partidos cuya ideología criminógena hubiera probado de sobra su potencial mortífero en el pasado más próximo. Tal es, precisamente, el caso de la izquierda abertzale, aunque muchos no quieran enterarse. Incluso la condena explícita a ETA resultaría un gesto hueco sin una renuncia no menos clara al nacionalismo totalitario.

Pero no le veo arreglo. Estoy seguro de que la nueva Batasuna será legalizada en plazo breve y de que relanzará la política frentista de Estella, a la que acabará cediendo, tarde o temprano, un PNV que preferirá siempre una coalición con la izquierda abertzale antes que con el PSE (del PP, ni hablemos). Imagino sin esfuerzo un futuro gobierno vasco homogéneamente nacionalista que utilizará a la ETA residual como moneda de cambio en la negociación de sus demandas soberanistas. El nacionalismo vasco de cualquier color se las ha ingeniado siempre para convertir sus derrotas en victorias, y con el actual gobierno lo tiene bastante fácil. No desaprovechará la ocasión.

ABC - Opinión

Zapatero. El presidente sigue de perfil. Por José T. Raga

¿Se ha enterado usted de que Moody’s advierte o amenaza con rebajar el rating de la deuda española si sigue usted con su beneplácito para el endeudamiento de las comunidades autónomas? Aunque no se lo diga el FMI, es conveniente que se entere.

Tras profundizar en el estudio del modo de ser de nuestro presidente, he llegado a una doble alternativa: o bien es un ser atemporal y aespacial, es decir, está fuera del tiempo y fuera del lugar –por eso dice esas cosas, que no pasan de ser una antigualla, y además las dice referidas a un país que nadie reconoce y que puede dudarse de que exista– o bien es un mago posicional que se coloca en la posición más conveniente, según los casos, para eludir cualquier responsabilidad y para exonerarse de dar cualquier explicación satisfactoria. Yo me inclino más por esta segunda alternativa que por la primera, lo cual no exime de que, en ocasiones, las haga compatibles.

Como en un vertiginoso salto atrás en el tiempo –es lo que él hace bien y que identifica como progresismo– se ha situado en los comienzos de 2006, ignorando los cinco años transcurridos desde entonces, para decir que lo que no previó el FMI respecto a la crisis financiera, no se le puede exigir que estuviera en sus previsiones. En efecto, esa exigencia ni siquiera estaría en la mente del mayor de los ingenuos optimistas.

El año 2006 estuvo todo él bombardeado por mensajes y advertencias sobre la burbuja inmobiliaria –seguramente no recuerda nada, porque también anda mal de memoria... cuando le interesa–, del seguro estallido de ésta y de las consecuencias que tal estallido produciría en el sistema financiero español; eso en un escenario de equilibrio presupuestario y no de un déficit excesivo como el actual, que absorbe todos los recursos crediticios y más, de los que dispone el país.

Pero cuando la crisis ya golpea con dureza a nuestro país –hablamos de finales de 2007 y principios de 2008– el señor presidente se pone de perfil para negar que la cosa le afectase a él y a la nación española, negando rotundamente una y mil veces la existencia de la crisis. Y pasó el 2008 y todo el 2009, negando una y otra vez la evidencia más palpable, cuando de momento, no estando en crisis, sin embargo, estábamos saliendo de la crisis. Todo un despropósito, pensarán ustedes, y no les falta razón, pero así es el señor Rodríguez Zapatero. Además tiene un buen acompañamiento de palmeros, que cantan y bailan al son que tocan, menospreciando y humillando su propia dignidad, único patrimonio que podrían haber defendido.

Ahora, arrinconado en un desastre financiero del que él es protagonista indubitado, con una economía real –la de la producción de bienes y servicios– paralizada por restricciones financieras derivadas del despilfarro del sector público, y preso de sus compromisos políticos para mantenerse en el poder, único objetivo de su presidencia, ha compuesto una nueva partitura que cantan, con ocasión y sin ella, él mismo, su Vicepresidenta Económica, y cualquier otro sainetista de la escena política, tratando de responsabilizar a Rodrigo Rato, en su época de director gerente del Fondo Monetario Internacional, cargo en el que estuvo hasta julio de 2006, de no haber previsto la crisis financiera que se avecinaba.

Cualquiera que le escuche, si es que alguien lo hace, pensará que estamos viviendo en noviembre de 2007 o, como máximo, en la Navidad de ese mismo año. Pero, señor presidente, aunque usted no prestara atención a las voces que en el país estaban ya hablando de los desequilibrios y de las consecuencias financieras de los mismos, han pasado ya tres años que usted ha perdido miserablemente, regando de dinero el mercado para ocultar la realidad en la que vivíamos, y endeudándose hasta más allá de lo tolerable en una actitud de total irresponsabilidad, aunque espero que con punibilidad histórica. Sí, espero que la historia le exija cuentas de su actitud falsaria, del engaño en que ha mantenido a la sociedad española y, si el país fuera más adelantado en la efectividad de los derechos individuales y colectivos, sería de esperar también la dación de cuentas en el presente y no solo en el devenir histórico.

Y, por cierto, puesto a distraer la atención de la noble concurrencia nacional, yéndose al Fondo Monetario Internacional como cinco años atrás, me pregunto: ¿cómo no se le ocurre pedir responsabilidades a alguien más cercano, el gobernador del Banco de España, que lo es desde julio de 2006, por no haberle advertido del problema que se vislumbraba y que se hizo realidad a finales de 2007? Por lo visto, nada le dijo y esto le hizo ser el único mandatario del mundo que vivió los años siguientes en la más absoluta inopia.

Por lo visto, lo que no le dijo el gobernador del Banco de España, también se lo ocultó el subgobernador, Sr. Viñals, pues usted siguió sin enterarse de nada, porque Don Rodrigo Rato no lo había previsto. Quizá es que usted no mira lo que ocurre en el país, y sólo está pendiente de lo que se contiene en los informes del Fondo Monetario Internacional, aunque tampoco de todos; por eso, ahora que está allí aquel señor Viñals que nada le dijo cuando estaba en el Banco de España, sí que se entera que Rato no hizo los deberes, porque se lo dice desde Washington. Y es que no hay nada como ser internacional para no enterarse de lo que no se quiere.

A quien estuvo en el Banco de España desde 2006, y desde abril de 2009 está en el FMI también le pasó inadvertido por lo visto, o al menos no levantó la voz, sobre la concentración de riesgos y la falsedad de balances de no pocas entidades financieras, esas mismas a las que ahora está presionando para que compren deuda pública del Estado español.

¿Se ha enterado usted de que Moody’s advierte o amenaza con rebajar el rating de la deuda española si sigue usted con su beneplácito para el endeudamiento de las comunidades autónomas? Aunque no se lo diga el FMI, es conveniente que se entere, aún siendo su objetivo seguir de perfil hasta mayo del año que viene –elecciones generales– fecha casual en la que usted promete que se iniciará la recuperación acelerada de la economía. De momento, lo único acelerado son los cinco millones de parados y el caos económico de unas pretendidas reformas que en nada quedan por el momento. El tiempo pasa, aunque para los de perfil lo hace, por lo visto, con mayor lentitud y menor memoria.

Libertad Digital - Opinión

El Ejército al poder. Por José María Carrascal

Algo ha empezado a moverse en el mundo árabe, un mundo que nos es mucho más ajeno de los que pensamos

SALE un militar y entra el Ejército. Es lo único que sabemos de Egipto. E incluso eso no lo sabemos del todo. ¿Cómo es posible que Mubarak anunciase una noche que se quedaba, y al día siguiente dimitiera? ¿Le obligaron los militares? ¿Hubo forcejeo? ¿O hubo pacto? Pues todo ha salido demasiado bien para no ser comedia que evitase el drama: Mubarak anuncia que no se va. Antes de que la desilusión cuaje en furia popular, el Ejército asume el poder y le envía lejos de la misma, reconociendo la «legitimidad del pueblo». Y éste estalla en júbilo. Pero fíjense en la diferencia: si Mubarak hubiese anunciado aquella noche su dimisión, hubiera sido el pueblo quien le echaba. De este modo, son los militares. Y en vez de revolución, tenemos orden.

¿Es esto lo que ha ocurrido en Egipto? Sinceramente, no lo sé y, menos, en qué devendrá. Como no lo sabe nadie. Todos esos titulares y análisis que pretenden saberlo reflejan más bien los deseos de sus autores que vaticinios firmes. Hay, sí, precedentes de cambios de dictaduras en democracias. Pero son tantos y tan distintos, según las circunstancias y los desenlaces, que más confunden que orientan. Lo único que sabemos es que algo ha empezado a moverse en el mundo árabe, un mundo que nos es mucho más ajeno de los que pensamos, pese a haber entre nosotros excelentes arabistas. Pero la inmensa mayoría de ellos, por no hablar ya de los enviados de prensa, toman contacto con sólo un fragmento selecto de aquella población, por lo que la idea que transmiten de ella es ínfima.

¿Y el resto, y los millones y millones de campesinos analfabetos, de gentes que viven con euro y medio al día, de los que tienen que emigrar a Europa para dedicarse a las labores que no quieren realizar los europeos, qué sabemos de lo que quieren, sienten y piensan? Seguro que buscan salir de la miseria, pero ¿tienen el mismo concepto de la democracia que nosotros? No lo sé, pero viendo a sus hijos y nietos mantener sus costumbres en los guetos de las ciudades europeas, lo dudo.

Lo único que me atrevo a afirmar es que en el mundo árabe sólo existen dos fuerzas organizadas y potentes: el islamismo y Ejército. El islamismo ha venido representando la tradición y la cohesión social. El Ejército, la modernidad y, curiosamente, la sociedad civil. Siempre, naturalmente, que no caiga en la corrupción y la satrapía, como ha ocurrido a Mubarak y a su familia, dueños de medio Egipto, que les ha llevado a su caída.

Para sucederle, el Ejército se ha adelantado a los islamistas y ocupado el poder. Pero que consigan mantenerse dependerá de que logre satisfacer las ansias de progreso, justicia y libertad de ese pueblo, por el orden que, no ustedes ni yo, sino él quiera.

ABC - Opinión

Ecoñogistas. Por Alfonso Ussía

A pesar de mi avanzada edad, se me antojan lejanísimos los tiempos en los que Madrid fue regida por alcaldes socialistas. Tierno era un verso libre y Barranco un verso malo. La contaminación subía y bajaba de acuerdo con la meteorología. Se lo recuerdo a los ecologistas «sandía». En aquellos años también había coches. Diez días sin llover, y Madrid, como ahora, se cubría por una boina de aire sucio. Llovía, y se solucionaba el problema. Los ecoñogistas –es decir, la unión de los ecologistas «sandía» y los ecologistas «coñazo»– no se manifestaban contra los alcaldes socialistas cuando no llovía, y menos aún les interponían una querella criminal, que es lo que han hecho ahora contra Ruiz-Gallardón y Ana Botella, a los que consideran enemigos de la pureza ambiental. Una chorrada más del ecoñogismo.

Lo que sí recuerdo, y bien, fue el silencio sepulcral y ovejuno de los ecoñogistas cuando se hizo añicos la central nuclear soviética de Chernobyl. No dijeron ni «mu», que es lenguaje de vacas. Cuando la ideología sobrevuela a la naturaleza, los ecoñogistas se ponen esparadrapos en la boca, y quedan muy monos, pero poco creíbles. Ahora están muy contentos con eso que llaman «energía limpia», cuando la menos contaminante y la más barata es la nuclear. La «energía limpia» ha destrozado los paisajes de España, pero al ecoñogista políticamente correcto y obediente tras la caída del Muro, la estética no le afecta. No hay altiplano, ni páramo, ni cuerda montañosa que no haya sido invadida por esos terribles molinos de viento. En una dehesa de Extremadura, se prohibió a su propietario acondicionar su caserío para vivir porque en su interior habían anidado tres parejas de mochuelos moteados. Vendió la dehesa, el caserío y ahí se quedaron los mochuelos moteados. Los ecoñogistas utilizan en invierno las delicias de la calefacción y en verano del aire acondicionado. La única finalidad de los ecoñogistas es dar la tabarra, una tabarra siempre sesgada hacia la cursilería naturalista carente de rigor científico. A un ganadero andaluz se le prohibió, años atrás, levantar una cerca para guardar su ganado. El argumento no fue otro que dicha cerca interrumpía el camino natural de una pareja de sapos parteros que pasaba por momentos de pasión fecunda. A nadie le gusta vivir bajo un chambergo de polución, pero en todas las grandes ciudades del mundo se da ese fenómeno negativo. Si los anticiclones permanecen, los ecoñogistas harían bien en querellarse contra los anticiclones. Y cuando llueve y el llamado «smog» desaparece, se quedan con un palmo de narices y sin saber qué hacer, porque no hacen nada. Para los ecoñogistas la caza es una actividad brutal, aun sabiendo que no hay caza si no existen los cazadores y los propietarios de los cotos que invierten centenares de millones de euros cada año para su preservación. En la Segunda República se prohibió la caza. Y las dehesas, sierras y campos de España se quedaron mudas y quietas. Todo desapareció. Ahora están con la querella contra el Alcalde de Madrid y la señora Botella. Se les considera culpables de que en Madrid circulen muchos coches. Prohíban la venta de coches. Prohíban la importación de crudo y propongan un plan para destruir las refinadoras. Todo blanco, todo hermoso, todo bello, los cisnes unánimes, los patitos en los lagos, los linces con sus horribles localizadores ahorcando sus cuellos, los amantes ecoñogistas besándose en la orilla de un río limpio, el sol en lo alto, los jabalíes por las calles, los conejos reclamando una ley de igualdad con las conejas, y todo el mundo feliz.

Majaderamente feliz, claro.

La Razón - Opinión

El método Rajoy. Por M. Martín Ferrand

Cuentan los cronistas de la época, Azorín con especial rotundidad, que Antonio Maura, que nunca perdió el acento mallorquín de su origen, basaba su eficacia oratoria en una inteligente modulación de sus silencios. Las pausas de su discurso, largas y bien dosificadas, le servían para subrayar las ideas que deseaba proyectar sobre su auditorio parlamentario. Más de un siglo después, el ahora líder de la derecha es, en lo que a las pausas respecta, la contrafigura de Maura. De vez en cuando interrumpe sus silencios, como para matizarlos, con algunas palabras que le sirven, mejor que como proyección de su pensamiento, como fe de vida. Tiende a ir detrás de los acontecimientos en lugar de anticiparse a ellos que es, antes y ahora, lo que estimula al personal adicto, marca el respeto del distante y la precaución del opuesto. Él sabrá, si lo sabe, la razón de un modo tan pintoresco de comunicación de un líder con sus seguidores y potenciales electores; pero, en una observación distante, el caso parece singular y rarísimo entre las conductas democráticas en las que la adhesión suele pretenderse como fruto germinado por las ideas y las palabras y no como consecuencia de la revelación de los espíritus.

El método Rajoy, ese profundo no decir nada —no comprometerse— con aires de ya haberlo dicho todo, no debe ser malo si lo valoramos por sus resultados. Siete años después de su primera derrota electoral sigue ahí, al frente del primer partido nacional, y se ha podido permitir el lujo de prescindir de las mejores cabezas de su formación y rodearse de otras de menor empaque, pero capaces de entender su mutismo crónico. A eso, algunos, le llaman astucia y otros lo entienden como retranca; pero es, a largo plazo, una forma temeraria de encabezar un partido con posibilidad de Gobierno. Rajoy asume el riesgo de que sus propios silencios, los de su sutileza, terminen atrapándole y expresando lo contrario de lo que cabría suponer que quería darnos a entender.

Ahora, cuando el fiscal solicita una abultada multa para Francisco Camps por un supuesto delito continuado de cohecho impropio, algo penalmente menor y políticamente muy grave, los silencios de Rajoy sobre el caso se vuelven gritos. Quiso, según su método, que el tiempo arreglara lo que tiene poco arreglo y el tiempo, siempre vertiginoso, le ha alcanzado en el límite del cierre de las listas electorales que se someterán a la votación ciudadana el próximo mayo. Es como si Velázquez hubiera pintado La rendición de Breda con Justino de Nassau pasando su mano sobre el hombro de Ambrosio de Spínola. Un error de interpretación.

ABC - Opinión

Artur Mas. La desvergüenza fiscal de Cataluña. Por Emilio J. González

Al Ejecutivo madrileño no se le permite bajar los impuestos a los madrileños para que éstos sigan financiando las políticas secesionistas catalanas. Tiene narices la cosa.

Las ambiciones dinerarias de los políticos catalanes no conocen límites. Quieren más y más y, por supuesto, que se lo pague el resto de España, a quien tratan como si fuera una colonia que pueden explotar hasta la saciedad y ellos la metrópoli. Ocurre que las cuentas públicas catalanas no cuadran ni a martillazos, pero la Generalitat no quiere hacer lo que tiene que hacer y pretende que seamos el resto de los españoles quienes paguemos sus onerosas facturas.

Recientemente, el presidente catalán, Artur Mas, vino a Madrid a pedir al Gobierno no sólo que permitiera a Cataluña endeudarse aún más de lo que ya está, sino también a tratar de sacarle la nada despreciable cifra de 16.000 millones de euros adicionales a todo lo que ya se lleva del Estado. El Ejecutivo de Zapatero consintió en lo primero y le costó, por un lado, que las demás autonomías dijeran que aquí todos somos iguales y que café para todos y, por otro, que los mercados volvieran a desconfiar, una vez más, de la firmeza del Gobierno central a la hora de acometer los necesarios ajustes presupuestarios (esos mismos mercados que opinan que Cataluña es el problema de España). Ante esta realidad, el Ministerio de Economía se negó a aflojar todavía más la bolsa y le dijo a Mas que recortase el gasto catalán entre un 12% y un 15% y que si quería más dinero, que subiese los impuestos, que para algo está la corresponsabilidad fiscal. Mas ha reaccionado este viernes diciendo que, de subir impuestos, nada de nada, y desde su Gobierno ya han empezado con la cantinela de siempre contra el Gobierno central.

Ocurre, sin embargo, que los problemas presupuestarios catalanes se los han creado ellos solitos. Mas puede decir que no tienen dinero porque el tripartito ha dejado un agujero en las arcas públicas catalanas de dimensiones astronómicas. Pero, aunque eso es cierto, dista mucho de ser toda la verdad. De entrada, Cataluña es la autonomía con el gasto público por habitante más alto de España, no como consecuencia de los desmanes económicos del tripartito, que también, sino porque Jordi Pujol, correligionario y padrino político de Mas, apostó por más y más gasto público desde que llegó a la presidencia de la Generalitat en 1980. Es ahí donde se creó un problema que el tripartito no hizo más que agravar y Mas tiene que aceptar las consecuencias, de la misma forma que tiene que asumir la nefasta herencia económica que le dejó Montilla, entre otras cosas porque en el tiempo en que estuvo sentado en los bancos de la oposición nunca denunció las políticas de gasto de sus predecesores en el palacio de la Plaza de San Jaume. Es más, lejos de dar marcha atrás en esas políticas de derroche presupuestario, como la de las ‘embajadas’ catalanas, a Mas le ha faltado tiempo para ‘bendecir’ la ‘embajada’ en Perpiñán. Y lo mismo cabe decir de la inmersión lingüística y demás políticas que quieren separar a Cataluña de España. Pues si esto es lo que persiguen, que lo paguen ellos.

En Cataluña, empero, ocurren todavía más cosas de naturaleza presupuestaria. Esta autonomía, por ejemplo, es la que cuenta con mayores niveles de fraude fiscal de toda España. Pues si Mas quiere más recursos, que sea el primero en perseguirlo, cosa que, por supuesto, nunca hará porque sería para él tan impopular como subir impuestos. Y también hay que decir que si la Generalitat no tiene dinero no es sólo porque lo tiran a manos llenas en políticas más que discutibles y en financiar todo tipo de clientelismos políticos; es, también, porque en su pecado están llevando su propia penitencia. Con tanta política de inmersión lingüística, tanto rotulado y etiquetado en catalán, están consiguiendo que las empresas instaladas allí se marchen de estampida; discretamente, en muchos casos, pero de estampida. Y claro, sin empresas no hay riqueza, ni empleo, ni impuestos, y así la Hacienda catalana deja de recaudar tanto como debería hasta el punto de que entre el 10% y el 12% de su presupuesto tiene que proceder del fondo de suficiencia del sistema de financiación autonómico. ¿Y quién aporta ese dinero? Pues, ni más ni menos, que una Comunidad de Madrid a la que los catalanes no quieren permitir que baje los impuestos porque temen tanto su competencia como que el fondo de suficiencia se quede sin recursos y ellos tengan que afrontar esa realidad presupuestaria que no quieren contemplar. Dicho lisa y llanamente: que al Ejecutivo regional no se le permite bajar los impuestos a los madrileños para que éstos sigan financiando las políticas secesionistas catalanas. Tiene narices la cosa.

Lo de Cataluña, se mire como se mire, es una desvergüenza fiscal completa. Y, encima, pretenden hacer valer las necesidades de apoyos de los socialistas en el Congreso y en el Senado, así como en el caso eventual de que el PP gane las elecciones pero sin el número de escaños suficientes que le permita gobernar con tranquilidad, para pedir más y más dinero. Y si no es por esas, es por la exigencia del concierto económico, que viene a ser algo así como que toda la recaudación tributaria de Cataluña la gestionan los catalanes y dan al resto de España lo que consideren oportuno, en un gesto y un deseo claro de insolidaridad con quien, en definitiva, consideran su colonia, olvidándose de que si se cierra el mercado español para las empresas con barretina, Cataluña se hunde definitivamente. ¿Para cuándo una reforma de la ley electoral que acabe con la representación y la influencia desmedida sobre España de quien no quiere saber nada de ella y sólo la contempla como a una colonia a la que explotar hasta dejarla exhausta?

Libertad Digital - Opinión

Cómplices. Por Ignacio Camacho

¿Nada tuvieron que decir los sindicatos, nada barruntaron los comités de empresa en tanto ERE subvencionado?

ALGUNOS espíritus cándidos se preguntan dónde estaban los sindicatos andaluces cuando la Junta y sus conseguidores de cabecera fraguaban los expedientes fraudulentos de regulación de empleo en decenas de empresas en crisis a las que los propios intermediarios planteaban las «virtudes» de acogerse a los planes de despidos masivos, entre los que luego aparecían incluidos militantes socialistas que jamás habían trabajado (allí). Almas de cántaro; los sindicatos estaban en lo suyo, en lo que vienen haciendo desde que Chaves implantó hace unos veinte años los «acuerdos de concertación social». Esto es, en gestionar millones de euros de subvenciones para formación laboral —Andalucía debe de ser el territorio con más parados bien formados de Europa—, en dirigir su poderoso lobby de influencia en empresas públicas y cajas de ahorros, en vigilar el acceso preferente de sus afiliados a los empleos oficiales, en llevar al cine a los desempleados de Deplhi y otras compañías cerradas con ayuda de fondos públicos, en administrar con cuidado sus silencios para disfrutar de su posición preeminente en el entramado de poder clientelar en que se ha transformado la autonomía.

Pero ahora se va sabiendo que también andaban, al menos en parte, cerca de la masa de fraude en la que algunos listos han dejado rastro de sus manazas. Ya ha dimitido algún secretario provincial de UGT —en el Jaén de Zarrías, vaya por Dios— cuya mujer fue incluida de matute en uno de los ERES de esa red tramposa. Y surgen en el sumario indicios más que notables de que en la federación alimentaria ugetista, de donde procede el principal comisionista investigado, existían connivencias sospechosas con la trama del fondo de reptiles que manejaba a su capricho la Consejería de Empleo. Pero la lista de despidos y prejubilaciones irregulares incluye empresas metalúrgicas, bioquímicas, turísticas o textiles; en alguna los beneficiarios de la órbita socialista se llegaron a repartir ¡setecientos mil euros! ¿Nada tuvieron que decir los sindicatos, nada vieron los comités, nada llamó la atención de sus cuadros de mando en esas derramas con que la Junta subvencionaba alegremente el adelgazamiento del mermado tejido laboral andaluz?

Nada vieron, que se sepa; nada objetaron, nada hicieron, nada barruntaron. O sí: cuando se cerró Delphi —1.500 trabajadores a la calle en una Bahía de Cádiz con 57.000 desempleados— y la Junta proclamó que los cesantes eran «parados con perspectiva», el presidente del comité de empresa rompió el carné de Comisiones Obreras y se afilió al PSOE. Después de tres años de cobrar las correspondientes prestaciones —Dispositivo de Tratamiento Singular, lo llamaban—, se prejubiló al cumplir medio siglo. Delphi aparece entre los 39 expedientes investigados como parte del escándalo; hay casualidades que, si no existiesen, convendría inventarlas.

ABC - Opinión

El cine necesita otro guión

Nuestro cine no tiene a su mejor aliado entre su público natural: los españoles. Según una encuesta de NC Report, un 45,2% de los encuestados, hace más de un año que no ha acudido al cine para ver una película española. Esto sucede, entre otras razones, porque un 54,2% considera que el cine español está politizado, mientras un 56,2% considera que es muy reiterativo o, dicho de otra forma, que aborda siempre los mismos temas mostrando una preocupante falta de creatividad. Los espectadores tampoco se muestran partidarios de que el Gobierno subvencione al cine, menos aún en tiempos de crisis. Un 51,7% es partidario de que se reduzcan estas ayudas y se destinen a otros cometidos, e incluso un 56,2% respaldaría otra alternativa: que las ayudas directas sean menores a cambio de beneficios fiscales. También creen que el cine español está sobredimensionado, ya que se ruedan demasiadas películas para su potencial mercado. Así, un 60,2% de los sondeados es partidario de rodar menos filmes pero con mayor presupuesto para competir con el cine extranjero. Con respecto a la gala de los Goya, que se celebra hoy, un 69,2% considera que no es el mejor escenario para reivindicar asuntos ajenos al cine. El desapego que los españoles sienten ante la cinematografía patria ha sido singularmente significativo el año pasado, cuando se perdieron 6,7 millones de espectadores con un 33% de caída de recaudación. Con frecuencia se dice que los directores hacen sus películas de espalda a los espectadores, y en la mayoría de los casos es verdad. Nuestros cineastas no tienen en su ADN el criterio de comercialidad –no sin subrayar que ésta nunca debe ser a cualquier precio– y parece que tampoco el de la calidad. En 2010 se estrenaron más de cien películas españolas y sólo 26 tienen candidaturas en los Premios Goya, que, supuestamente, distinguen lo mejor del año. Es evidente que las carencias pasan por una preocupante falta de creatividad y así no se puede ser competitivo. Otro importante escollo de nuestra cinematografía es que tiene un serio problema de imagen. Los españoles perciben que los directores, actores y actrices están muy politizados. De más está decir que tienen todo el derecho a ejercer su libertad de expresión, pero en algunos casos esos nombres y apellidos que están en las mentes de todos rezuman un sectarismo revanchista que resulta incómodo, cuando no hiriente para muchos espectadores, que también están en su derecho de no ir a ver películas protagonizadas o dirigidas por personas que directamente los están insultando. Lejos de lamentarse –es un imperativo que se deshagan de la imagen de quejicas que tienen– los cineastas deben ejercer la autocrítica sin más demora, aplicar la sensatez, aparcar el ego y admitir que la producción anual de películas no se ajusta al mercado y que muchas de ellas son prescindibles desde el punto de vista artístico. Falta riesgo, ambición y madurez y sobra una actitud acomodaticia a la espera de que papá Estado les dé una subvención para insistir en los errores que ponen en riesgo la supervivencia del cine español, un lujo que, a pesar de las críticas, no nos podemos permitir.

La Razón - Opinión

Fuerte con los hosteleros, débil con los terroristas

Aquí se puede cometer cualquier tropelía, siempre que vaya en detrimento de la unidad de la nación o la dignidad de sus instituciones, pero en el que no se admiten discrepancias en la aplicación exhaustiva de la agenda política de la izquierda.

La ley antitabaco impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que prohíbe a los hosteleros determinados comportamientos legítimos en su propiedad privada, ya ha comenzado a dar sus primeros frutos tal y como se esperaba desde que se puso en marcha a comienzos de este año. Para evaluar el beneficio proporcionado a la salud colectiva de los españoles habrá que esperar al menos una década, pero hoy ya sabemos que el sector de la hostelería española ha perdido en torno a una quinta parte de sus ingresos, una mala noticia en todo momento, pero especialmente sangrante cuando se produce en el contexto de una crisis económica devastadora como la que padecemos, agravada precisamente por la incuria del mismo Gobierno responsable de esta norma coercitiva, innecesaria e injusta.

Pero es que además, la saña con que el Estado está actuando contra los propietarios de restaurantes que se niegan a que el Gobierno les diga cómo administrar su negocio en lo que al consumo del tabaco se refiere, contrasta notablemente con la laxitud de la que esos mismos poderes públicos hacen gala cuando se trata de hacer cumplir también la ley en asuntos mucho más graves. En España hay terroristas convictos, confesos, juzgados y condenados que deambulan tranquilamente por las calles sin acabar de cumplir sus condenas, otros andan preparando la reentrada de una nueva marca política en las instituciones democráticas y otros más esperan tranquilamente en sus cómodos exilios a volver sin que, al parecer, nadie les moleste. En cambio, si usted tiene un bar, una cafetería o un restaurante y decide, de acuerdo a los deseos de sus clientes, permitir en su interior el consumo de una sustancia legal , la autoridad gubernativa hará todos los esfuerzos para impedírselo, llegando incluso a decretar el cierre de su negocio.

Se podrá argumentar que el deber del Gobierno es hacer cumplir las leyes una vez entran en vigor, sin tener en cuenta la polémica social que entrañe su contenido. Es cierto; como también lo es que ese mismo Gobierno, tan escrupuloso en la persecución de los hosteleros rebeldes, consiente al gobierno nacionalista catalán, -por cierto, un órgano estatal al que cabe exigir mayor diligencia que a un particular-, no ya el incumplimiento de una ley como la que establece el reparto de contenidos educativos en las dos lenguas oficiales en la enseñanza pública, sino las reiteradas sentencias del Tribunal Supremo en ese mismo sentido a las que los responsables autonómicos ya han dicho públicamente no van a hacer el menor caso.

Vivimos en un país en el que se puede cometer cualquier tropelía, siempre que vaya en detrimento de la unidad de la nación o la dignidad de sus instituciones, pero en el que no se admiten discrepancias en la aplicación exhaustiva de la agenda política de la izquierda. En otras palabras, España. La España de Zapatero.

Libertad Digital - Editorial

Andalucía, finca socialista

El «caso Mercasevilla» es sólo un síntomade lo que puede haber oculto en el historialdel PSOE al frente del Gobierno andaluz.

LA malversación de fondos destinados a financiar expedientes de regulación de empleo en Andalucía amenaza con convertirse en uno de los mayores escándalos de corrupción de una administración pública. Las circunstancias que agravan el juicio que merece este fraude son las propias características del régimen hegemónico implantado por el socialismo andaluz durante décadas y sostenido en buen medida gracias a la red de clientelismo y servidumbres trenzada para asegurarse el voto de amplios sectores sociales. Esta es una de las consecuencias más propias de la perpetuación en el poder, que favorece la descomposición de los sistemas de control político y económico, el debilitamiento del sentido crítico social y el ejercicio arrogante y autoritario del gobierno, que tiene como una de sus manifestaciones más graves el sentimiento de impunidad asegurada. Todos estos efectos perversos del régimen socialista andaluz concurren en estado puro y máxima intensidad en la utilización de dinero público para pagar expedientes de regulación de empleo en los que se colaban amigos y paniaguados del PSOE, fondos públicos que superaban ampliamente los 600 millones de euros, a libre disposición del manejo arbitrario que quisieran darle los cargos competentes de la Junta de Andalucía.

El «caso Mercasevilla» es sólo un síntoma de lo que puede haber oculto en el historial del PSOE al frente del Gobierno andaluz; y cuando se abre una brecha en el muro del silencio y la prebenda, las consecuencias son imprevisibles. Tan grave es la situación que la estrategia del PSOE es ponerse —o hacer que se pone— al frente de la manifestación y anunciar su máxima colaboración con los tribunales. Bien está que se diga esto, pero es que a los socialistas andaluces no les cabe otra opción. El problema del PSOE es que se le está viniendo abajo el régimen andaluz, y con él, su reserva principal de votos, junto Cataluña, que hasta ahora inclinaba la balanza electoral a su favor. Esto no ha hecho más que empezar y tan abrumadores resultan los hechos conocidos y los indicios de lo que se puede conocer que es un sarcasmo que José Blanco augure la derrota electoral del PP por que, a su juicio, es un partido incompatible con la democracia. Las incompatibilidades democráticas se resumen perfectamente en la forma como el PSOE ha gobernado Andalucía.

ABC - Editorial