La majadería se estrena en el Senado

Aunque Schiller nos advirtiera que "contra la estupidez hasta los mismos dioses luchan en vano", no podemos dejar de denunciar el bochornoso sistema de traductores que evita a los senadores tener que debatir en la única lengua en la que se entienden.

Aunque Schiller nos advirtiera de que "contra la estupidez hasta los mismos dioses luchan en vano", no podemos dejar de denunciar el bochornoso espectáculo que constituye el uso de traductores de lenguas regionales en el Senado para que los señores senadores no tengan que debatir en español, la única lengua que les es común, como al resto de los españoles.

El estreno oficial de esta majadería a cargo de los contribuyentes, aprobada este verano gracias al PSOE y a las formaciones nacionalistas, se ha producido este martes a cargo del socialista Ramón Aleu, quien ha utilizado el catalán en una moción sobre educación. El sistema de traducción simultanea que permite a los senadores hacerse entender cuando pronuncien sus discursos en catalán, euskera, valenciano o gallego ha requerido la compra de 400 equipos de traducción con auriculares, que han costado 4.526,48 euros. En cada sesión plenaria trabajarán siete intérpretes (tres de catalán y valenciano, dos de gallego y dos de euskara) que irán rotando semana tras semana entre los 25 traductores contratados, a los que se les abonará también los desplazamientos y la estancia en forma de dietas, ya que casi todos ellos residen fuera de Madrid. Con un desembolso por sesión de 12.000 euros, el esperpento supondrá para los contribuyentes un gasto de 350.000 euros por año. Y todo para que los senadores se puedan comunicar entre sí en lenguas que no todos entienden y evitar el uso de la única que les es común.

No quedaríamos cortos, por ello, si nos limitamos a criticar este circo en términos puramente económicos. Y es que este insulto a la inteligencia resulta ofensivo para los ciudadanos no sólo en su condición de contribuyentes sino también de españoles. Pudiendo los senadores comunicarse en castellano, tal y como lo han venido haciendo hasta ahora y lo siguen haciendo fuera de la cámara, el sistema de traducción simultánea es una muestra de desprecio al español tanto como una ficción que, al margen de lo que dice la Constitución, choca contra la realidad de lo que es España. Porque España no es una yuxtaposición de pueblos con lenguas distintas, sino un país en el que todos sus habitantes tienen una lengua común, que es, además, la única oficial de todo el Estado.

Los defensores de tan ofensivo esperpento han tendido, además, la orwelliana desfachatez de justificarlo en términos de "normalidad". Sí, normalísimo: tan normal que semejante disparate no tiene equivalente en ningún país civilizado del mundo. Sencillamente, no hay "traductor" que lo haga comprensible a un extranjero ni a nadie que tenga el más elemental sentido común.

Libertad Digital - Opinió

El PSOE, comisario audiovisual

Si el problema fuera la «telebasura», el Gobierno habría actuado antes. Pero lanza esta idea ahora, en año electoral y con las encuestas en contra.

EL Gobierno socialista está dispuesto a encarar el último año de su mandato como un tratamiento ideológico de choque para contrarrestar el desánimo entre sus votantes. La impotencia ante la crisis y la magnitud del desempleo están en el origen de esta estrategia agónica de recuperación electoral, con la que el Ejecutivo renuncia a resolver los problemas capitales de la sociedad española y acepta, por el contrario, crear otros nuevos. En este contexto de agitación ideológica se enmarca el anuncio hecho por el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, de constituir el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales y dotarlo con competencias inspectoras y sancionadoras sobre los contenidos de las televisiones. Nuevamente, el PSOE urde un comisariado a medida, un asalto intervencionista vestido con ropaje de virtud, porque Jáuregui justifica esta iniciativa denunciando la «banalización», los «personajes de escaso mérito» o la «vejación en directo de la dignidad y el respeto», como características de algunas programaciones televisivas. También con la asignatura de Educación para la Ciudadanía quería el Gobierno crear buenos ciudadanos, eso sí, mediante el adoctrinamiento de los alumnos en algunos de los tópicos de la ortodoxia progresista y de izquierda.

La «telebasura» es la última coartada para un Gobierno obsesionado con prohibir, sancionar e intervenir. Nada hay que objetar a la revisión de programas televisivos inadecuados en función del horario en el que se emitan o de unos contenidos manifiestamente contrarios a la ley. Pero esta función inspectora y sancionadora ya se puede ejercer por la Administración Pública. No hace falta dar al Consejo Estatal de Medios Audiovisuales ese sesgo inquisidor, y menos aún convertirlo en tutor de las líneas editoriales de las cadenas de televisión y radio, que es en lo que se convertirá si, como dijo Jáuregui, utiliza como pretexto los «climas de crispación y enfrentamiento», que, en el lenguaje de la izquierda, es una manera de señalar a radios y televisiones no afines al Ejecutivo. Si el problema fuera la «telebasura», el Gobierno habría tomado medidas mucho antes. Pero lanza esta idea ahora, en año electoral, con las encuestas en contra y necesitado de mensajes que reanimen a una izquierda que, al parecer, solo puede ser movilizada con la visceralidad. Ya lo dijo Zapatero una vez: necesitan poner a España en tensión.

ABC - Editorial

MENOS HUMOS. El artículo que El País pidió a Carlos Herrera y no publicó.

Aún soy incapaz de prever si la aplicación de la Ley Antitabaco promulgada por el gobierno socialista español derivará en un recalentamiento del malestar producido por sus evidentes excesos, con protestas, insumisión y “revuelta” incluidos, o si, finalmente, será deglutida sin más problemas que algunos chispazos iniciales por la totalidad de la población. No fumar en los bares hará que los fumadores permanezcan menos tiempo en ellos, pero también que los no fumadores lo hagan de forma más satisfactoria. No hacerlo en los restaurantes provocará que aquellos que gozan de un cigarrillo tras la comida dejen de pedir el café y la copa y se busquen la vida en el exterior. Mientras haya terrazas y el frío –o el calor— no sean extremos, los aspiradores de humo tendrán una salida, siempre que no acaben prohibiendo hacerlo también ahí, cosa que no habría que descartar. Quien les habla, ex fumador de cigarrillos y ocasional fumador de puros no tiene problema por ello: España no es Noruega y goza de un clima lo suficientemente benigno como para aliviarse en el exterior de un local. Lo particularmente rechazable de su concepción proviene de aspectos concretos altamente absurdos: no poder fumar en las terrazas de bares que estén relativamente cerca de un puñado de toboganes –a los cuales no llegaría el humo ni con cañones de nieve artificial-- es una estupidez de corte neoyorquino, ciudad en la que a un amigo le llamaron la atención por fumarse un cigarrillo cerca de las puertas giratorias de un hotel; según el estólido conserje podría entrar alguna brizna de humo por el revoloteo de la puerta y alcanzar el interior del Hall. Si a ello se suma la absurda invitación a la delación efectuada por la ministra de la cosa, se presume en el ambiente ese escenario tan del gusto del gobierno de nuestras carnes: el enfrentamiento de ciudadanos. Teóricamente, ni siquiera podría un sujeto fumarse un cigarro en su balcón si éste es un primer piso y está próximo a los dichosos “parques infantiles”. Ya ven.

No soporto los moralismos sobrevenidos ni los integrismos irritados, y esta ley, en lugar de conciliar intereses, aviva no pocos demonios irascibles. Muy acorde con un gabinete que dice proteger a la infancia pero sólo si ha salido ya del canal del parto.

Carlos Herrera es periodista.

ETA. Nuevos guiños de la mentira al crimen. Por Guillermo Dupuy

Quizá donde más tramposos se muestren los socialistas a la hora de vendernos el chantajista alto el fuego de los etarras como si de una conversión democrática se tratara es cuando piden a ETA "un comunicado aclaratorio". Pero, ¿es que no está claro?

No contento con considerar "un buen síntoma" que una marca de la "izquierda abertzale" estuviese presente en las elecciones, el secretario general del PSE de Guipuzcoa, Iñaki Arriola, ha pedido a ETA "un comunicado aclaratorio" sobre sus intenciones respecto al supuesto abandono irreversible de la violencia.

Para empezar, formaciones abertzales, tanto a la derecha –PNV– como a la izquierda –EA, Aralar– son y han sido siempre legales. Pero si, con lo de la "izquierda abertzale", Arriola se refiere a los proetarras, hay que decir que el hecho de que estos pudieran estar nuevamente presentes en unas elecciones sólo sería "síntoma" de que el Gobierno de la nación, a través de su siempre servil Fiscalía General del Estado, ha vuelto a hacer la vista gorda ante la enésima burla a la vigente Ley de Partidos. Eso y no otra cosa ha significado la continuada presencia de los proetarras desde la ilegalización de Herri Batasuna, bajo las distintas siglas o marcas que la han sucedido. Con ello, el Gobierno satisfaría, sin duda alguna, una de las múltiples exigencias que hace ETA en su chantajista comunicado de alto el fuego, relativa a la supresión de las llamadas "medidas de represión". Es lo mismo que ha dicho Otegi en Gara al considerar "fundamental nuestra presencia en las elecciones de mayo para abordar" lo que eufemísticamente llama "la irreversibilidad del proceso democrático".

A este respecto, hemos de advertir que si, por una parte, el Gobierno lo tiene más difícil por cuanto ya llueve sobre mojado respecto a su condescendencia con los proetarras, también lo tiene más fácil a la hora de colarlos nuevamente negando su condición de tales, tal y como ya hizo como ANV o PCTV. Y es que ahora no va a ver posibilidades de que informes policiales y de la Guardia Civil, filtrados a la prensa, le contradigan, tal y como ocurrió en el pasado, cuando el Ejecutivo decía que PCTV y ANV estaban "limpios", mientras que dichos informes acreditaban todo lo contrario. Y ello por la sencilla razón de que el Centro Nacional de Inteligencia, según El Mundo, ha monopolizado todos lo seguimientos e investigaciones que se hace del entorno de ETA, en el que antes también operaba la Policía y Guardia Civil.

Pero quizá donde más tramposos se muestren los socialistas a la hora de vendernos el chantajista alto el fuego de los etarras como si de una conversión democrática se tratara es cuando piden a ETA "un comunicado aclaratorio". Pero, ¿es que no está claro? Como no me cansaré de decir, para que todos tengamos claro de que ETA ni repudia ni renuncia irreversiblemente a la violencia no hay más que leer su comunicado de lo que no por nada llama "alto el fuego", y en el que claramente se condiciona a la consecución de los mismos objetivos por los que han matado y convocado treguas en el pasado. He de decir, a este respecto, que las "informaciones" de este domingo de algunos diarios nacionales, respecto a documentación interna de la banda que señala que, al margen de estrategias temporales, los terroristas no tienen intención de renunciar definitivamente a las armas, no contribuyen lamentablemente sino a la confusión, pues eso es exactamente lo que, hasta el día de hoy, ETA ha venido diciendo en todos y cada uno de sus comunicados públicos de tregua o alto el fuego.

Con todo, no hay que descartar, dada la instancia del Gobierno, la posibilidad que ETA/Batasuna dé el paso, en próximos comunicados, no de aclarar nada, sino de contribuir con sus propias palabras a esa gran trampa, a esa gran mentira institucional en la que consiste abordar el fin del terrorismo mediante procesos de diálogo o de paz. En este sentido, no hay que descartar que Batasuna condenase a ETA o que esta hiciera entrega de algunas –o de todas– de las muchas armas que tiene almacenadas. Es evidente que ambas cosas podrían ser tan engañosas como reversibles; pero si nuestras tramposas élites políticas y mediáticas nos han vendido en el pasado "procesos de paz" sin que ETA ni Batasuna hayan hecho nunca ni una cosa ni otra, qué no nos venderían y a qué no accederían de hacerlo por primera vez en su historia.

Sólo llegado ese inédito momento tendríamos derecho a plantearnos si los terroristas nos hacen trampas. Ya les adelanto que no hay riesgo de caer en ellas si, al igual que hacen los franceses, nos mantenemos fieles a un imperio de la ley que no debe supeditarse a la sinceridad o falsedad de las palabras que otorguemos a criminales prófugos de la justicia. Caso distinto sería el de su brazo político, al que se le debería exigir, llegado el caso, una "cuarentena" de varios años.

Pero no adelantemos acontecimientos que, tal vez, ni siquiera se produzcan. Las trampas que nos deben preocupar ahora no son las de los terroristas, sino las de quienes aspiran a volver a ser sus compañeros de viaje. Eso, si lo han dejado de ser en algún momento. Son las de los políticos que nos gobiernan y las de buena parte de los medios de comunicación.

Libertad Digital - Opinión

Hacia el tiempo del miedo. Por Hermann Tertsch

Se trata de la Ley del Trato Igualitario o de antidiscriminación, que es el golpe de gracia contra el Estado de Derecho.

ESTÁN nerviosos. Porque el plan era quedarse. Abolir la alternancia entre los dos grandes partidos por medio de una alianza permanente con todo el espectro secesionista. Que expulsara al Partido Popular del sistema. Su diseño estaba definido en el Pacto del Tinell. Habría sido la victoria postrera de la impoluta y gloriosa II República, la victoria que Rodríguez Zapatero le debía a su abuelito. Y el final de la Transición y la Reconciliación Nacional que consideran una farsa superada. Había que dividir otra vez a España en dos partes, homologables a las que supuestamente hubo entonces. Y readjudicar el papel de vencedores y buenos y derrotados y malos. Parece que no va a poder ser. El desastre económico, la ineptitud de la dirección y la propia lógica demencial del objetivo lo han impedido. Pero la traca final de esta legislatura puede helarnos a todos el corazón. Porque no asumen la derrota y son capaces de todo. La llegada de Rubalcaba al mando marcó el final del tiempo en el que apostaban por un vuelco gracias a una recuperación. La mentira ya no era eficaz y la remontada imposible. Ahora llega el tiempo del miedo. Están dispuestos a utilizar todos los medios del Gobierno y el Estado para acabar con el rival.

El miedo callejero queda a iniciativa de sindicalistas y de esos jóvenes sabedores que todo vale contra los fascistas y que lo somos todos los demás. Pero las formas más sutiles para callar bocas ya toman forma. Ayer el ministro Ramón Jáuregui anunciaba la creación de un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales que enjuiciará y sancionará programas y televisiones que, en su opinión, generen clima de crispación o fomenten «valores devaluados de convivencia». No sean ilusos, no van a por Belén Esteban ni sus socios de la Noria. Es que la nueva pluralidad televisiva no les gusta. La consideran culpable de su desastrosa situación en los sondeos. Rompe aquella deliciosa armonía que existía con la supremacía total del izquierdismo en televisión. Pero llega otra ley para acallar a todos. Con el miedo y la delación. Se trata de la Ley del Trato Igualitario o de antidiscriminación —cocinada bajo Leire Pajín— que es el golpe de gracia contra el Estado de Derecho. Un comité designado por el Gobierno, sin mediación judicial, se dedicará a «prevenir eliminar y corregir toda forma de discriminación en el sector público y privado». Actuara por iniciativa propia o por denuncias. Y la carga de la prueba recae sobre el denunciado. Tendrá que demostrar su inocencia. «Corresponderá a la parte demandada (….) la aportación de una justificación objetiva o razonable».

Dice el borrador de la ley: «Queda prohibida toda conducta, acto, criterio o práctica» tipificada. Prohibidos los criterios. Como cualquier cosa puede tacharse de discriminación —toda elección, toda decisión lo es— la ley otorga al Gobierno poder absoluto para intervenir en conductas individuales, empresas, organizaciones, relaciones personales o asociativas. El Gobierno tendrá capacidad de intervención en todas y cada una de las actuaciones y relaciones privadas y públicas de los individuos. Plena discrecionalidad. Una ley de leyes de ingeniería y experimentación social propia de una novela de terror totalitario. Que ningún gobernante occidental en sus cabales sugeriría siquiera en broma. Un puro delirio totalitario. Son las armas que el Gobierno prepara para intentar impedir la alternancia democrática. No perdamos los nervios. Pero sepamos la que se nos viene encima.

ABC - Opinión

Murcia-Madrid y el doble rasero moral de la izquierda. Por Federico Quevedo

Les voy a transcribir a ustedes algunos de los comentarios que ayer pude entresacar de los foros de dos medios de izquierda en Internet relativos a la agresión que sufrió el fin de semana el consejero de cultura de Murcia, Pedro Alberto Cruz. No tienen desperdicio: “Los PEPE gentuza necesitan una soga al cuello y mientras mueren cantarían el Cara al Sol”; “Eso tiene más pinta de ajuste que de otra cosa, eso si no ha sido cosa de algún compañero celoso, los fascistas son más amigos de los ‘puños americanos’ que nadie, bueno, a las mafias también les encanta”; “Alfredo os va a meter un puro que os acordareis toda vuestra puta vida fascistas peperos. Se os va a helar la sonrisa en la cara, gilipollas. Rajoy ya piensa que ‘no hay dos sin tres’, otros cuatro años saliendo en procesión con los curas”; “A estos psicópatas nazi-peperos (redundancia) hay que darles A DEGÜELLO, SIN CONTEMPLACIONES. Con estos MOBS no caben paños calientes ni medias tintas. Lo que más les jode es que reciban dosis industriales de su propia medicina. Y las van a tener, como sigan ladrando. Ese escenario es, precisamente, el que a mí me gusta”; “Se les paga con la misma moneda con la que predican”… Y un largo etcétera que por si solo sería todo un tratado de sectarismo, violencia, fascismo y totalitarismo que, sin duda, identifica a quienes los escriben pero, sobre todo, a los medios que dan amparo a estos comentarios y permiten su publicación sin ningún tipo de control ni autocensura.

Por supuesto, los comentarios no tendrían sentido si antes los medios en cuestión no los instigaran con titulares de la siguiente factura: “El PP vuelve a señalar al PSOE por la agresión a Cruz” o “Rajoy atiza el fuego: el delegado del Gobierno en Murcia debe dimitir”… ¡Ah! Bien, resulta que, de nuevo, la culpa es del PP. El Partido Popular es el que recibe la paliza y, además, tiene que pedir disculpas por ‘sospechar’ que detrás de la agresión pueda haber algún tipo de intencionalidad política. No, probablemente, como también señalan los comentarios de esos foros, la agresión es el resultado de las deudas de juego del consejero, o un asunto de faldas y de putas o una venganza del propio partido. ¡Qué más da! Ellos nunca reconocerán que durante semanas han ido gestando esa agresión con una campaña perfectamente orquestada de acoso, agresiones menores, insultos y provocaciones contra el Gobierno de Ramón Luis Valcárcel. No, pero por alguna misteriosa razón resulta que ahora los agredidos por las acusaciones del PP son ellos, y el hecho de que al consejero de cultura de Murcia haya habido que intervenirle quirúrgicamente tras la brutal paliza debe ser un hecho menor y, además, en opinión de la mayor parte de los foreros de estos medios que tanto empeño ponen en denunciar la campaña de crispación del PP, “se lo tenía merecido”.

«La reacción de los líderes del PP suele ser proporcional a los hechos, cosa que no ocurre en la izquierda que, sin embargo, siempre busca culpables en el otro lado.»

Hace tiempo que vengo denunciando la bajeza moral de cierta izquierda a la hora de medir algunos hechos. Energúmenos, por desgracia, los hay en todas partes, pero en los últimos años se ha practicado una política de división entre buenos y malos, siendo ellos -la izquierda- los buenos y la derecha -el PP, la Iglesia, algunos medios y ciertos periodistas a los que “habría que fusilar al amanecer”- los malos, que ha ido conduciendo al país a un clima de crispación como nunca antes se había vivido, o al menos en mi memoria. La violencia debe condenarse siempre, venga de donde venga, y lo que no vale es aplicar un determinado rasero cuando el agredido es José Bono -agresión que luego se demostró falsa-, y otro bien distinto cuando se le rompe la cara, literalmente, a un consejero del PP. O extender la vara de medir al máximo cuando en las filas del PP aflora un caso de corrupción que conduce al cese de sus cargos y baja del partido en Madrid de determinados dirigentes de ese partido, y acortarla todo lo posible cuando resulta que la número dos del PSOE en Madrid es formalmente acusada por un tribunal y condenada por un delito de prevaricación que nos es cosa menor. Ahora resulta que a Trinidad Rollán, según intenta ‘vendernos’ el PSOE, la han condenado por una falta administrativa. Ya, así es como le llaman a vender una parcela y adjudicar unas obras haciéndolo pasar por una permuta para evitar la licitación pública, beneficiando de esa manera a una empresa privada -Patrimonios Siglo XXI- que, curiosamente, está implicada en un escándalo de corrupción del PSOE en Ibiza.

No se si se han leído ustedes la sentencia, pero si no lo han hecho les aconsejo que lo hagan porque no tiene desperdicio, y en ella se dice claramente que los condenados actuaron con “el torpe propósito de soslayar el nítido mandato que imponían las normas legales para lograr así el cumplimiento de sus ilícitos propósitos”, y añade que “tal tramoya no tenía otro fin que el de burlar la norma jurídica que los encausados se habían obligado a respetar cuando accedieron al cargo del que abusaron”. No sigo, porque el Tribunal no ahorra calificativos y es mejor que sean ustedes mismos los que lo comprueben. Debería ser motivo más que suficiente como para que la número dos del PSM fuera apartada de su cargo, y que al menos Tomás Gómez -a quien esto le supone un duro golpe en sus escasas aspiraciones de ganar a Esperanza Aguirre en Madrid- diera algún tipo de explicación o asumiera alguna responsabilidad, pero su rasero no es el mismo que utiliza para medir a su rival la cual, sin embargo, reaccionó al caso Gürtel poniendo de patitas en la calle a los implicados del PP de Madrid. Miren, no seré yo quien niegue que en el PP se dan casos de corrupción, y que en la derecha española siguen existiendo, por desgracia, algunos grupúsculos de incontrolados que deberían estar entre rejas, pero la reacción de sus líderes suele ser proporcional a los hechos, cosa que no ocurre en la izquierda que, sin embargo, siempre busca culpables en el otro lado. Y, si no están de acuerdo, hagan memoria, porque ejemplos hay para aburrir.

El Confidencial - Opinión

Intervención. Zapatero como títere. Por Cristina Losada

Eso es diferente a afirmar que el centro decisorio se ha trasladado, en pleno, allende nuestras fronteras. La prueba de que aún permanece aquí es que, al menor resquicio, Zapatero se escaquea. Ni Europa consigue meterle en vereda.

Bien mirado, no hay tanta distancia entre los hunos y los otros. Existe, en realidad, un consenso, por completo ajeno a la voluntad de las partes. La izquierda asegura que la política económica de España ha pasado a manos de los mercados, léase codiciosos especuladores y otra gente ruin que habita el planeta neoliberal y tenebroso. La derecha denuncia que la economía española está intervenida desde el exterior y que, en ese crucial aspecto, la nación ha devenido un protectorado de los socios europeos más solventes. Por supuesto, no ha sido Aznar el primero en sostener tal cosa. Y, si no miente la hemeroteca, fue Rajoy quien estrenó esa opinión en el Congreso, al poco de que Zapatero se cayera –a medias– del caballo, a resultas del empujón de Merkel, Sarkozy, Obama y cuantos veían con temor la gran escapada de la realidad que protagonizaba.

Unos y otros coinciden, por tanto, en que las decisiones de calado económico se adoptan lejos de La Moncloa, premisa que nos deja a un Zapatero-muñeco, que mueve los bracetes y firma los decretos impulsado por fuerzas externas. En la izquierda, tal postulado guarda coherencia con su visión conspirativa del libre mercado. Y presenta la ventaja de eximir de responsabilidad al principal partido de la marca: Él no quería, oiga, pero le obligaron. Así, se lamentará que el abanderado de la "política social" cediera a las presiones, pero la artillería pesada se emplea contra los culpables auténticos: esos mercados sin corazón ni cara. Al calor del hogar, se cuenta de nuevo para instrucción de los neófitos, la vieja historia de lucha entre los bondadosos políticos y los mercaderes malévolos. Más leña al fuego del anticapitalismo primigenio.

Para la derecha, sin embargo, retratar a Zapatero como un monigote que baila al son que le tocan desde Berlín o Bruselas, tiene un inconveniente. Y es que, entonces, no cabe criticarle por las medidas que han sido dictadas desde fuera. Si la economía se halla intervenida y el Gobierno se limita a hacer cuanto le ordenan, los de Rajoy habrán de dirigir sus dardos contra el Ecofin, el FMI o quienquiera que mande realmente, pero no contra el presidente. El PP quiere significar que la desconfianza hacia él es tan profunda que se le mantiene bajo estricta vigilancia. Pero eso es diferente a afirmar que el centro decisorio se ha trasladado, en pleno, allende nuestras fronteras. La prueba de que aún permanece aquí es que, al menor resquicio, Zapatero se escaquea. Ni Europa consigue meterle en vereda.

Libertad Digital - Opinión

Dilo tú primero.... Por M. Martín Ferrand

Lo de Jáuregui es una treta de tercera división dialéctica. ¿No los hay de primera entre los pretorianos de Zapatero?

COMO suele suceder en nuestra vida política, tan corta de talento como larga de intereses, los problemas les sirven a los partidos políticos, más que para provocar una rápida y eficaz solución, para que unos puedan utilizarlos como una maza contra los otros. Es un efecto más de la partitocracia y de la defensa del propio empleo que tanto gusta a los líderes, grandes o pequeños, locales, regionales o nacionales, de la derecha o de la izquierda. Ahora, por ejemplo, se pone en primer plano el despilfarro que genera la organización autonómica del Estado con la que, contando con ayuntamientos y diputaciones provinciales, se duplican, triplican y hasta cuadruplican funciones y gastos administrativos. Eso era algo que estaba visto y anunciado desde que el Título VIII de la Constitución entró en el telar parlamentario; pero ahora, con la escasez que exige la crisis y la moderación que nos impone la UE, algunos caen en la cuenta de lo que viene siendo obvio desde hace décadas.

El ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, que parecía más brillante y sensato cuando le contemplábamos en la distancia de vicelehendakari vasco y, más todavía, cuando ejercía de eurodiputado, es de los de la maza. Sin venir a cuento, en provocación innecesaria, ha retado al PP, al hilo de las declaraciones de José María Aznar, para que «si está dispuesto a limitar el autogobierno, que lo diga en su programa autonómico». No estaría de más, y se echa de menos, que Mariano Rajoy nos contara su programa de Gobierno en lo autonómico y en todo lo demás. Ahora que las encuestas, que las carga el diablo, le señalan como muy probable y futuro jefe del Ejecutivo ya no puede seguir con la negación de lo que hay dejando en el misterio lo que debe de haber. Lo que no está claro es que sea Jáuregui, en la pulsión de funcionar como si el PSOE fuera el partido de la oposición, quien le reclame ese anticipo al PP.

Josep Durán, en quien no escasea el sentido común a pesar de su fundamento cristianodemócrata, les ha pedido a los dos grandes partidos nacionales que, con «coraje», abran debate sobre el futuro de las Autonomías, empezando por su número.
A cuatro meses de unas elecciones autonómicas, en el lote en el que algunas resultan superfluas, eso puede tener su coste político; pero, tal cual nos provocaba Francisco de Quevedo, ¿nunca se ha de decir lo que se siente? Independientemente de las mañas astutas de Rajoy, es al Gobierno a quien corresponde llevar la iniciativa en este y otros asuntos problemáticos. Lo de Jáuregui es una treta de tercera división dialéctica. ¿No los hay de primera entre los pretorianos de Zapatero?

ABC - Opinión

Los comandos. Por Alfonso Ussía

Ramón Luis Valcárcel, Presidente de Murcia, arrasa en las elecciones. Las expectativas de la cita electoral que se avecina, son más contundentes. Puede superar el 60% de los votos de los murcianos. Ese es el problema.

El socialismo en España ha dado marcha atrás en su integridad democrática. «La esencia de la democracia es aceptar las derrotas». Lo dijo Felipe González. Eran otros socialistas. Con todos sus desastres agónicos, el PSOE de González fue competente y moderno. El de Zapatero es un socialismo necio y antiguo, rabioso por el seguro desastre electoral que se le viene encima. Y la izquierda revanchista no acepta los resultados electorales si le son adversos. Zapatero es un Largo Caballero en tontorrón, una antigüedad ideológica. Quitando a Rubalcaba y a Ramón Jáuregui, su Gobierno es de risa. No lo habría empeorado ni Homer Simpson.

Pero lo preocupante es la agresividad que ha contagiado a muchos. De ello también tiene la culpa lo que el gran columnista de «ABC», Ignacio Camacho –gracias, Ignacio–, denomina «la trituradora». Hay que triturar la honra y la tranquilidad de los que no son partidarios de ellos. Difícil empresa, por cuanto ellos son bastantes, pero muchos más los que de ellos nada quieren saber. Y en Murcia, la diferencia es abismal.

Una ola de odio y de impotencia ha llegado a Murcia. Insultos y agresiones a su presidente, a su hija y algunos miembros de su Gobierno. A su consejero Pedro Alberto Cruz, una paliza brutal. La trituradora. Esta nueva izquierda del pasado siglo que ha reiventado Zapatero no quiere ser vencida ni por las urnas. Y los españoles, que antaño teníamos fama de valientes y arrojados, somos más bien corbardes. Se vio después del atentado islamista de 2004. Nueve millones de españoles resistieron. La periodista de Prisa Maruja Torres, que pertenece a la Trituradora, escribió que en España había nueve millones de hijos de puta. Lo que no se atrevió a escribir jamás de un terrorista de ETA se lo endosó a nueve millones de ciudadanos por votar al Partido Popular.

Pero los milagritos duran poco. Este Gobierno, el más mentiroso, incompetente y gamberro de nuestra Historia reciente, ha fracasado y asiste, con estupor, a su deterioro paulatino. Harán lo posible para que el batacazo no se produzca. Cuentan con la colaboración de los sindicatos, sus mejores clientes subvencionados. Y son maestros en la organización y convocatorias de actos intimidatorios. Madrid, Valencia, Galicia, La Rioja, y ahora Murcia. El ministro Rubalcaba ha prometido cumplir con su deber con quince días de retraso. Y el PSOE ha advertido al Partido Popular que no politice la agresión de su consejero. Se les vuela de las manos hasta la seguridad de los representantes de los españoles.

La sociedad ha retrocedido en tolerancia y respeto por la libre elección de los ciudadanos, eso que se llama democracia, aunque muchos no lo hayan entendido así. Mucho tendrán que hacer para variar el rumbo de las ilusiones. España no está harta de los socialistas, sino de estos socialistas, que todavía hay clases. Los que regaron desde el primer día de su mandato los campos olvidados del rencor. En Murcia han estallado. ¿La culpa? Los votos, las urnas, los instrumentos primarios de la libertad y la democracia.

La Razón - Opinión

Federalismo. Cafeína para todos. Por José García Domínguez

Lo que habita en la cabeza de Duran es un fantasmal Estado bicéfalo donde el autogobierno de Cataluña se fundamentaría en la soberanía compartida con cierta entelequia llamada Madrit.

Nada hay que ponga más de los nervios a un catalanista que la cafeína. Al punto de que la menor alusión al café para todos los priva del sueño durante meses, llevándolos a un angustioso estado de convulsión catatónica. Así, Duran Lleida, varón por lo común tan manso, que acaba de sufrir una severa crisis de ansiedad tras oír algunas campanas armonizadoras en La Moncloa. Extraña dolencia, si bien se mira. Y es que, en el fondo y en la forma, tanta desazón procede de que otros compartan con él parejo grado de autonomía. En su caso, al igual que sucede con la más baja de las pulsiones humanas, la envidia, el sufrimiento no nace de los males propios sino del desconsuelo por la dicha ajena.

Lo acaba de confesar sin el menor rubor. "El debate que la sociedad española y los partidos políticos de ámbito estatal deberían atreverse a afrontar es si tiene sentido tener diecisiete autonomías", viene de pontificar. "El infierno son los otros", que hubiera dicho el camarada Sartre. Pues que Cataluña requiera de los servicios de la Generalidad, una llamada Área Metropolitana de Barcelona, cuatro diputaciones provinciales, siete veguerías y cuarenta y un consejos comarcales de cometido no menos ignoto, amén de 946 ayuntamientos, al parecer, queda fuera de toda duda razonable. El genuino despropósito, según Duran, es que los de Albacete, Logroño o Zamora no resulten ser menos que los de Lérida y los de Vic.

Recurrente cantinela que vuelve a confirmar lo falaz de ese sambenito federalista que de vez en cuando se le atribuye al movimiento catalanista. Como si existiese algo más ajeno al particularismo tribal que el espíritu igualitario del federalismo. Bien al contrario, su ecuménico afán nivelador supone la antítesis del sentimentalismo romántico que informa la doctrina nacionalista. A ese respecto, y más allá de fraude semántico tan grosero, lo que habita en la cabeza de Duran es un fantasmal Estado bicéfalo donde el autogobierno de Cataluña se fundamentaría en la soberanía compartida con cierta entelequia llamada Madrit. Que de ahí, por lo demás, el empecinamiento siempre obsesivo con tal de que las atribuciones de la Generalidad hayan de ser distintas y distantes a las del resto de las comunidades. Ya se sabe, la cafeína.

Libertad Digital - Opinión

La calentura. Por Ignacio Camacho

La violencia política surge siempre de la demonización del adversario. Es urgente enfriar la fiebre trincherista.

TODA violencia política surge de un contexto de agresividad que demoniza al adversario en un clima de sectarismo hostil en el que los más exaltados encuentran la justificación para el ataque físico. La responsabilidad penal de una agresión es sólo de los que la llevan a cabo y en su caso de los instigadores directos, pero existe una escala de responsabilidad moral que alcanza a quienes amparan, justifican o exculpan los actos de brutalidad, y una responsabilidad política que afecta a los que inspiran el clima de enfrentamiento civil capaz de propiciar la barbarie. Por eso resulta una inaceptable enormidad culpar a los socialistas y sindicalistas murcianos de la autoría intelectual de la paliza al consejero Cruz, pero algunos de sus dirigentes más inmoderados deberían replantearse hasta qué punto han contribuido a generar o minimizar el contexto de crispación y señalamiento ad hominem en el que se ha producido esta embestida cavernaria.

Llueve sobre mojado. El episodio murciano tiene características de atentado político, incluidas la premeditación y la animadversión extremista, pero su aspecto más inquietante es que no se trata de un hecho aislado. En los últimos años hemos visto repetidos actos violentos en mítines y conferencias, casi siempre con víctimas del PP o de colectivos disidentes del nacionalismo y con autores de signo ultraizquierdista, nacionalistas radicales o antisistema.

Da igual porque nada se parece más a un fanático que otro fanático. El problema es que estas noches de cristales rotos no han generado el rechazo suficiente en una sociedad política dominada por la calentura sectaria; antes al contrario, siempre ha habido una cierta indiferencia oportunista cuando no directas coartadas exculpatorias. En vez de estrechar la solidaridad imprescindible entre los agentes de la política democrática se han dado actitudes ventajistas que trataban de aprovechar la intimidación del rival. Y si la dirigencia pública no levanta barreras tajantes ante la crecida de la violencia no puede extrañar que parte de la opinión pública incube el virus de hostilidad banderiza que es perceptible en las redes sociales y otros foros de internet donde el anonimato se convierte en amparo para una repugnante modalidad de guerracivilismo.

Esa furiosa fiebre trincherista hay que enfriarla antes de que sea demasiado tarde. La línea entre la discrepancia y el exabrupto, entre el antagonismo y la belicosidad, entre el rival y el enemigo, entre la legítima confrontación y la contienda espuria, la tiene que trazar la clase dirigente sin una sola concesión a los casuismos, a las justificaciones y a las disculpas. Sin fisuras que sólo sirven para que se cuelen por ellas los demonios goyescos de nuestro sempiterno cainismo. En Murcia no le han partido la cara sólo a un miembro del PP; han apaleado los fundamentos de la convivencia democrática.

ABC - Opinión

España-Israel, 25 años

Hace 25 años, España e Israel normalizaron sus relaciones diplomáticas y la efeméride bien hubiera merecido mayor énfasis y celebración por parte del Gobierno español, aunque sólo fuera para subrayar que aquel histórico paso fue obra de Felipe González. Pero también fue un gesto de honda significación para la joven democracia española, que superaba así un viejo prejuicio del régimen franquista. La Transición no habría sido completa ni ejemplar si no se hubieran derribado los muros diplomáticos que aún aislaban a España de las corrientes democráticas internacionales. El Estado de Israel era una asignatura pendiente, tanto más lacerante cuanto que miles de sefardíes exibían con orgullo por todo el mundo su condición de españoles e israelíes. Era una anomalía que un país occidental llamado a ser parte sustancial de Europa mantuviera una política exterior hemipléjica con respecto al conflicto de Oriente Medio hasta el punto de ignorar a la única nación democrática de la zona. El Gobierno socialista de González tuvo la lucidez y la audacia necesarias para abrir una nueva etapa diplomática pese a la furibunda oposición del mundo musulmán. El tiempo le ha dado plenamente la razón. A lo largo de estos 25 años, las relaciones entre Madrid y Tel Aviv han sido globalmente positivas, aunque han pasado por fases y estados de ánimo dispares, desde la buena sintonía durante la época de Aznar hasta los malentendidos absurdos y estériles de la época Zapatero, en los que era especialista consumado el ex ministro Moratinos. En éste, como en otros capítulos, el sectarismo ideológico de los gobernantes socialistas ha contaminado con demasiada frecuencia la comunicación entre ambas partes, incluso en los momentos más críticos para la estabilidad internacional. No parece que la actual ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, haya superado la mediocre etapa de su predecesor, cuyo alineamiento propalestino resultaba bochornoso incluso para muchos dirigentes del PSOE. No es casual, por ejemplo, que días atrás TVE retirara de su web un capítulo de su espacio «Españoles por el mundo» en el que nuestros compatriotras elogiaban la vida en Israel. A pesar de todo ello, si algo ha quedado muy claro para los ciudadanos durante este cuarto de siglo es que los vínculos con Israel no son meramente comerciales y culturales, que no son desdeñables, sino de una naturaleza superior, porque entran en juego principios democráticos, valores morales y fundamentos de convivencia. En torno al Estado de Israel no se dirimen sólo cuestiones territoriales o de supervivencia, sino también la supremacía moral del sistema democrático y de libertades sobre los regímenes feudales y las satrapías que imperan a su alrededor. Dejar a la nación israelí a su suerte ante una teocracia como la iraní, que financia y arma a organizaciones terroristas como Hamas y Hizbulá, sería suicida para las propias democracias occidentales, que perderían toda autoridad moral para defender en casa lo que no hicieron en Oriente Medio. La clave última es la capacidad de la comunidad internacional para garantizar el derecho a la existencia de un Estado legítimamente constituido. España, a la luz de estos 25 años, contribuye a ello, aunque algunos gobernantes se muestren remisos.

La Razón - Editorial

La Revolución Cultural de Jáuregui

Sería una suerte de consejo creado para parchear el problema del alarmante descrédito del decadente tardozapaterismo en el que nos encontramos inmersos, reprimiendo una de las libertades ciudadanas más básicas como es la de prensa.

A pesar de que se le acusa de lo contrario, si de algo no anda ayuno el Ejecutivo es de ideas. El problema es que todas son malas y sólo persiguen que el actual inquilino de la Moncloa o su previsible sucesor se perpetúen en el poder. La última ocurrencia liberticida del Gobierno ha venido de la mano de Ramón Jáuregui, ministro de Presidencia, que ha anunciado la próxima creación de un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales con capacidad sancionadora. Abreviando, un remedo a nivel nacional del funesto CAC catalán, que se encargue de amordazar a las televisiones críticas con el poder.

Jáuregui, que ha protagonizado una de las comparecencias de contenido más surrealista de cuantas se recuerdan en su ministerio, cree que "tenemos que hacer una reflexión en el país sobre los contenidos de las televisiones", un esfuerzo que, según él, han de protagonizar las propias emisoras. Si no lo hacen ahí estará ese consejo "para ayudarlas". Ni haciéndolo aposta habría el ministro cuadrado de manera tan magistral el fondo con la forma, totalitarias ambas. El nuevo artilugio en manos del Gobierno se convertiría de este modo en una "ayuda" para que las televisiones dejen de programar lo que incomoda al poder político. Todo en aras de una supuesta "entronización de falsos valores" que, presumiblemente, atentan contra los principios democráticos.

Los "falsos valores" que perseguiría el consejo audiovisual serían aquellos "devaluados de convivencia" (sic) que difunden "determinados personajes de escaso mérito como modelos sociales". Un fiel retrato de la telebasura con la que las cadenas afines al Gobierno alimentan su parrilla de programación. Jáuregui, sin embargo –corrección política mediante–, no ha querido dar nombres, pero sí insistir en que una de las labores del consejo será poner freno a cierto "clima de crispación y enfrentamiento" que, siempre según él, se promociona desde algunas emisoras de televisión.

La clásica coartada de enunciar un mal menor reconocido por todos pero, a fin de cuentas, inevitable, para que el poder político pueda invadir un terreno que hasta el momento le estaba vedado. Con el consejo en funcionamiento no cabrá pues más apelación que al propio consejo, que de un modo necesariamente arbitrario, se constituirá en juez y parte de las buenas formas televisivas. Como parece altamente improbable que el Gobierno incomode a sus terminales mediáticos habituales que son, por añadidura, los que con diferencia más telebasura emiten, sólo cabe pensar que este consejo nace para acallar las crecientes críticas al Gobierno que se dan en canales de TDT de nuevo cuño como Intereconomía, Veo7 o LDTV, antena televisiva de Libertad Digital.

Sería, pues, una suerte de consejo creado para parchear un problema concreto de un momento concreto, el del alarmante descrédito del decadente tardozapaterismo en el que nos encontramos inmersos, reprimiendo una de las libertades ciudadanas más básicas como es la de prensa. Como en el caso de otras leyes de ralea semejante, el consejo audiovisual no conseguiría más que castigar severamente a unos para que los poderosos gocen de una injustificada impunidad. Un clásico de este Gobierno que, sabedor de que el país le ha dado ya la espalda, trata por todos los medios de atornillarse al poder cueste lo que cueste.

Libertad Digital - Editorial

Violencia contra el PP

Los violentos no necesitan recibir instrucciones concretas: les basta con atender discursos incendiarios para justificar sus acciones.

EL PSOE ha reaccionado con dureza a las manifestaciones de dirigentes del PP, en particular del presidente del Gobierno de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, que han denunciado la relación entre la agresión sufrida por su consejero de Cultura, Pedro Alberto Cruz, y la campaña de acoso contra los populares murcianos ejecutada por la izquierda en esa comunidad autónoma. En efecto, durante los últimos meses la izquierda ha protagonizado actos de violencia verbal y física, amenazas e insultos contra el Gobierno murciano, con la excusa de las medidas de recorte. Políticos del PP y sus familiares, incluyendo los del presidente Valcárcel, han sido perseguidos y golpeados, dando lugar a escenas más propias de otras latitudes que de una democracia europea. A pesar de las denuncias y peticiones por los perjudicados, la Delegación del Gobierno en Murcia —es decir, el Ministerio del Interior— se negó a poner protección policial. El silencio del PSOE entonces y la negativa del delegado del Gobierno a atender las peticiones de seguridad son actos objetivos de responsabilidad política no por las agresiones físicas y verbales en concreto, sino por haber contribuido a crear el ambiente que las propició. La indignación de Ramón Jáuregui y José Blanco por las denuncias populares son una reacción defensiva ante el descontrol de los acontecimientos causado por una escalada más de violencia izquierdista contra la derecha.

Una más, en efecto, porque hay muchos antecedentes de acoso violento al PP en tiempo electoral. Fuera en su día la crisis del «Prestige», o fuera la intervención en Irak, la izquierda no ha dudado en recurrir a la violencia para intimidar al PP. Los violentos no necesitan recibir instrucciones concretas: les basta con atender discursos incendiarios para creer que sus acciones criminales están justificadas, porque la víctima no es inocente, porque se lo merece, como el consejero Pedro Alberto Cruz. Es hora, por supuesto, de serenar los ánimos, pero no de olvidarse de que un ciudadano, cargo político del PP, ha recibido una brutal paliza. La investigación judicial determinará quién ha sido y sus móviles, aunque no corresponderá a los jueces juzgar las responsabilidades políticas. Bienvenidas sean las condenas socialistas a la agresión y la oferta, tardía y forzada, del Ministerio de Interior para proteger a los amenazados. Pero en Murcia una parte de la izquierda se ha retratado con la agresión y otra, con su silencio.

ABC - Editorial

PP. Aznar y Rajoy. Por Agapito Maestre

Toda la casta política está inquieta. Ya no puede seguir simulando que el Estado de las Autonomías es la solución de España. Falso. Es el fracaso de España.

Aznar puso a Rajoy en la presidencia del PP. Siempre lo ha seguido de cerca. Las últimas declaraciones de Aznar comprometen, sin duda alguna, a Rajoy. Aznar ha sido contundente. En efecto, que el modelo autonómico de España es insostenible lo sabe cualquiera con un poco de cabeza; que el endeudamiento creciente de las comunidades autónomas lleva a la quiebra del Estado español también era previsible; pero que todo eso lo reconozca alguien, como Aznar, que no hizo nada en el pasado por plantarle a cara al chanchullo de las autonomías, es digno de atención. Me han gustado sus declaraciones sobre el fiasco del Estado de las Autonomías. Ha llegado tarde a esa corriente de opinión política, pero, por lo menos, ha caído en la sensatez. Nunca es tarde si la dicha llega.

Aznar no lo quiso ver, cuando estuvo en el poder; pero, ahora, además de hacer su autocrítica, está comprometiendo en términos políticos al actual presidente del PP. O Rajoy se suma a esta corriente de opinión crítica contra el Estado de las Autonomías o tendremos que decir que está fuera de juego. Aznar está exigiéndole a Rajoy un compromiso sobre el asunto. Tendrá que vertebrar un discurso sobre un régimen autonómico que gasta, gasta y gasta sin control, y no gestiona nada con decencia y eficacia. No basta con que salga González Pons, vicesecretario del PP, y proponga un pacto con el PSOE para que algunas competencias de las comunidades puedan volver de nuevo al Estado. Es menester que el líder diga, vertebre y cree un nuevo discurso sobre la viabilidad de España como nación. Una vez que el señor Rajoy ya se ha convencido de que no puede confiar en CiU, tiene que decir exactamente qué modelo de nación quiere para España.

La irresponsabilidad en la cayeron más de seis comunidades autónomas, que aumentaron su endeudamiento por encima del 30% durante 2008, no sólo pone en evidencia a esas comunidades sino que deja al pie de los caballos a toda la casta política española. Toda la casta política está inquieta. Ya no puede seguir simulando que el Estado de las Autonomías es la solución de España. Falso. Es el fracaso de España. Ese modelo de Estado, como algunos llevamos diciendo hace más de una década, es inviable no sólo económica y políticamente, sino sobre todo social y culturalmente. La coincidencia en este punto entre Aznar y el PSOE es obvia. El Gobierno de Zapatero, por un lado, trabaja para reducir el gasto autonómico; por otro lado, Aznar está dispuesto a seguir dando la batalla... Así las cosas, nadie interpretaría con benevolencia que Rajoy permaneciese en silencio sobre este trascendental asunto. Más aún, creo que si Rajoy tuviera la tentación de caer en una cierta indolencia, podría ser un motivo suficiente para que algunos le pidiésemos a Aznar que cumpliera su palabra.

Nadie olvide que Aznar ha dicho, más de una vez, que sólo si España está en riesgo, él volvería a la política activa. Creo que el fracaso del modelo de Estado por un lado, y el hipotético silencio del hombre que tendría que poner remedio a ese fiasco, por otro lado, son motivos suficientes para que Aznar terminase postulándose para ser candidato a la presidencia del Gobierno.

Libertad Digital - Opinión

Autonomías. No hay bastante café para todos. Por Emilio Campmany

A lo mejor lo que hay que hacer es un referéndum por comunidades autónomas donde se pregunte a la gente si quieren seguir siendo españoles.

Aznar nos lo acaba de recordar en León, nuestro Estado de las Autonomías no es viable. Ya no es una cuestión ideológica ni política, es simplemente económica. No nos lo podemos permitir.

Durante la Transición hubo que dar respuesta a las ansias de autogobierno de Cataluña y País Vasco. Pareció entonces injusto que el resto de regiones de España no pudieran gozar de los privilegios que habría que otorgar a aquellas dos. No obstante, se decidió que habría dos clases de comunidades autónomas, las nacionalidades y las regiones. Las nacionalidades, llamadas, no sé por qué, "históricas", serían Cataluña, País Vasco y Galicia, a las que luego, tampoco sé por qué, se añadió Andalucía. Y las regiones serían el resto. Al principio pareció que las primeras tendrían un mayor grado de autonomía y luego se dijo que la diferencia sólo estaría en la velocidad en el acceso al autogobierno, pero que las competencias transferidas serían las mismas. Esto es lo que se llamó "café para todos".

El problema, no resuelto desde entonces, es que País Vasco y Cataluña, por principio, no quieren la misma autonomía de La Rioja porque, si es un autogobierno que puede otorgarse a una región "corriente", no puede ser bastante para ellos. Por principio, ya digo, catalanes y vascos quieren, y han de obtener, más de lo que se dé a los riojanos. En el País Vasco, esta ofensa de ser tratados como una región cualquiera, se ve compensada por el Concierto Económico, privilegio exclusivo de vascos y navarros, que les permite ser de facto un paraíso fiscal dentro del Estado, que a su vez les garantiza una prosperidad económica superior a la del resto de España. En Cataluña, en cambio, no había nada equivalente hasta la aprobación del último estatuto. Es más, el Concierto Económico del País Vasco y Navarra constituía, y aun hoy sigue constituyendo, un agravio por ser algo de lo que disfrutan otros y ellos no.

Ahora, este Estado de las Autonomías, que no ha sido útil para colmar las ansias de autogobierno de vascos y catalanes y ha servido sólo para despertar las del resto de españoles, no es sostenible. Podemos esperar a que aragoneses, canarios, valencianos, castellanos, gallegos y los demás se convenzan de que hay que renunciar a la autonomía tal y como hoy la conocemos. Pero ¿lo harán vascos y catalanes? ¿Estarán dispuestos éstos a devolver al Estado las competencias que tienen por ejemplo en Educación? No se trata de responder si sería o no razonable que lo estuvieran. Se trata de que, sea o no razonable, no lo van a estar. Así que, si hemos de acabar reformando nuestra organización territorial, hay que ser conscientes de que País Vasco y Cataluña sólo seguirán siendo España si conservan los privilegios que ya obtuvieron. Eso o la independencia. ¿Y los demás estarán dispuestos a devolver competencias que no se les exigirá devolver a Cataluña y País Vasco? Probablemente tampoco.

A lo mejor lo que hay que hacer es un referéndum por comunidades autónomas donde se pregunte a la gente si quieren seguir siendo españoles, en cuyo caso lo serán como ciudadanos de un Estado no tan descentralizado como el Estado de las Autonomías, o si prefieren, en caso contrario, ser independientes, sin admitir soluciones intermedias.

Se ha terminado el pastel y ahora hay que afrontar los problemas que no resolvimos en 1978 y que treinta años de autonomías han agravado extraordinariamente. Valor y al toro.

Libertad Digital - Opinión

Orwell en la España de Zapatero. Por José Carlos Rodríguez

Yo no soy capaz de identificar una sola norma desde el final de la Guerra Civil que sea tan totalitaria como la que ha concebido el Gobierno socialista.

Las 33 páginas del anteproyecto de ley para la igualdad de trato y la no discriminación nos llevan, ya desde el tí­tulo, a un mundo orwelliano. sin ironías ni como una denuncia, sino como un objetivo deseable. En el planeta pajinesco no habrá acción u omisión que resulte en una discriminación, menoscabo o perjuicio de terceros.

Sigamos el texto, y hagámoslo fielmente, porque de otro modo todo lo que se diga de él parecerí­a mentira. Su objetivo es "prevenir, eliminar y corregir toda forma de discriminación en los sectores público y privado". No sólo serán penadas las acciones que considere la administración que están tipificadas en la ley, sino también las omisiones. Y no cabe descargarse en el error, pues tipifica la "discriminación por error", esto es, la que "se funda en una apreciación incorrecta acerca de las caracterí­sticas de la persona discriminada". Atentarán contra la ley las meras opiniones. Dice: "Queda prohibida toda conducta, acto, criterio o práctica" tipificada. Un mero criterio, una opinión, podrá ir contra la ley. Y cualquier uso social asentado, cualquier tradición, se puede convertir en ilegal con la plasmación de este texto en el BOE.

Si les cabe aún el asombro, sepan que queda invertida la carga de la prueba. Será el acusado quien tenga que demostrar que es inocente: "Corresponderá a la parte demandada o a quien se impute la situación discriminatoria la aportación de una justificación objetiva y razonable". Como es un delito de opinión, de ofensa, y es el ofendido quien alega sus razones para sentirse así­, resultará muy difí­cil defenderse. Además, cualquiera puede verse en la tesitura de ser denunciado por llevar una vida normal, como la que hacemos todos los dí­as Y los ofendidos o discriminados tienen la consideración, en el texto que quiere ser norma, de "ví­ctimas". Lo cual nos convertirá a los ciudadanos de a pie en... bueno, ya se lo imaginan.

El anteproyecto "incorpora expresamente tres nuevos motivos"de discriminación: "enfermedad, identidad sexual y lengua". Bien, por fin el Gobierno va a echarse atrás en su connivencia con las discriminaciones contra quienes quieren recibir la educación en castellano en regiones como Cataluña, Paí­s Vasco, Galicia o Valencia. Pues no, porque dice textualmente: "La prohibición de discriminación por lengua excluye cualquier diferencia de trato por el uso del castellano en todo el territorio nacional así­ como por el uso de las distintas lenguas cooficiales en sus respectivos territorios y en aquellos otros ámbitos previstos en las leyes". Hay que leerla varias veces para creérsela. Es decir, que el anteproyecto introduce un nuevo criterio de discriminación, que es la lengua, pero saca del ámbito de la ley las lenguas oficiales, precisamente las que están creando un problema de derechos civiles por discriminación y atentado contra nuestra libertad. Por lo que se refiere a la "identidad sexual", ya podemos ver claramente que cualquier opinión que resulte intolerable a la ideologí­a de género de los socialistas estará perseguida por la ley.

Menciona expresamente, para que nos vayamos todos preparando, a los medios de comunicación, y precisa que "se prevé su sometimiento a dicha prohibición". Si han podido multar a Intereconomí­a por una autopromoción sin necesidad de la ley, ¿qué no harán cuando entre en vigor? Pues lo que harán será cerrarla; a esta cadena o a cualquier otro medio de comunicación que les resulte incómodo, como este mismo. Acaso no sólo por sus contenidos, pero sí­ porque la ley entra en el ámbito de la empresa, y arroga a la administración la facultad de cerrar cualquier compañía que considere recalcitrante en la discriminación. Ah, y lo de la Educación para la Ciudadanía va a ser de risa en comparación con lo que puede esperarle a los colegios, pues el texto ya apunta que va por ellos.

Yo no soy capaz de identificar una sola norma desde el final de la Guerra Civil que sea tan totalitaria como la que ha concebido el Gobierno socialista. Es un instrumento para modelar la sociedad según los pobres esquemas de nuestra izquierda. Pero no es un salto cualitativo. Es la culminación de todo un proceso intelectual que conduce al sometimiento de los individuos a las terrorí­ficas ensoñaciones socialistas.

Libertad Digital - Opinión

Agresiones en Murcia. Por José María Carrascal

En Tucson no sabemos si el agresor estaba movido por la política, en Murcia, en cambio, sí.

¿SE imaginan ustedes la que se hubiera armado si el consejo de Cultura de una comunidad gobernada por el PSOE hubiese sido agredido por tres individuos con «puños americanos», esto es, metálicos, causándole fracturas en la cara y graves daños en un ojo, que obligaron a intervenirle quirúrgicamente? ¿Se imaginan los titulares de la prensa «progresista», las denuncias de las emisoras afines, las acusaciones a la extrema derecha y a la «caverna» del PP por estar, de cerca o de lejos, detrás de la agresión? Más si, como en este caso, formara parte de una larga cadena de violencias contra su partido, sin que las autoridades se hubieran mostrado particularmente activas en investigarlo y frenarlo.

Pues eso es lo que ha ocurrido al consejero de Cultura de Murcia, Pedro Alberto Cruz, en una céntrica calle de su ciudad, que no es Tucson precisamente. Y si cito a Tucson es para advertir que, salvando la distancia en el número de víctimas a consecuencia del atentado que acaba de producirse allí, la violencia irracional ha sido la protagonista. Es más, en Tucson no sabemos si el agresor estaba movido por la política, en Murcia, en cambio, sí, pues los tres individuos golpearon a su víctima mientras le llamaban «sobrinísimo», al serlo del presidente de aquella comunidad, lo que por, otra parte, hace más fácil su identificación, pues la inmensa mayoría de los murcianos votan PP.

La izquierda, desde que se arrogó la superioridad moral de su ideario sobre todo los demás, se cree por encima del bien y del mal, y tanto justifica las dictaduras de su signo —¿cuánto tardó en condenar el estalinismo, incluso después de haber asesinado a montones de izquierdistas? ¿Cuándo va a condenar el castrismo que está condenando a Cuba a prolongar su miseria, a la vista de todos?—, como convierte la violencia de sus seguidores en arrebatos esporádicos frente a la «opresión secular de las fuerzas conservadoras», en respuestas a la provocaciones de la misma o incluso en «expresiones del ánimo popular en su afán de justicia». Me remito a los asaltos que han sufrido las sedes del PP en momentos críticos.

Tanto el PSOE como el Gobierno han condenado la agresión al señor Cruz en términos inequívocos. Pero en este caso no basta, pues se trata de la agresión a un representante de los ciudadanos, lo que quiere decir, a los ciudadanos mismos, o si lo quieren, a la democracia. Hay que llevar el asunto hasta el final, quiero decir, a descubrir a los agresores y ponerlos ante la justicia. Vamos a ver cuánto tarda el alabado Rubalcaba en hacerlo. Será la mejor prueba tanto de su eficacia como de su imparcialidad para el alto cargo que su partido parece haberle destinado.

ABC - Opinión

Federalismo. El único camino. Por José García Domínguez

Nuestra, ésa sí, es la responsabilidad de promover un Estado eficaz y eficiente. Tesitura ante la que no resta más alternativa que recorrer el trecho que aún nos separa del genuino federalismo.

Acusar a los políticos de actuar por electoralismo viene a ser como afearles a los futbolistas que solo piensen en marcar goles: una perogrullada contra natura. De ahí que nada proceda criticar a Aznar por acordarse justo ahora, tras haber morado ocho plácidos años en La Moncloa, de que el modelo de Estado presenta ciertas taras de fábrica. Asunto, ése de las autonomías, que, por lo demás, ha devenido nuestra particular caja de Pandora. Un terreno siempre abonado para quien busque el aplauso fácil del tendido por la vía del tremendismo. Así, el eterno totum revolutum, generosamente condimentado con sal gorda y demagogia a granel, donde se juntan en abigarrado caos la factura del Estado del bienestar, su estructura territorial, vicios mil inherentes a la partitocracia, la desazón ante los nanonacionalismos periféricos y el rutinario juicio sumarísimo al sistema electoral.

Demencial mezcla de churras analíticas con merinas conceptuales que impide el más elemental rigor intelectual en el análisis de cuestión alguna. Y guirigay tras el que, en el fondo, late una fantasía ingenua, a saber, que otro régimen, centralista, hubiese logrado eludir las pulsiones secesionistas en Cataluña y el País Vasco. Enternecedora quimera ante la que conviene recordar aquello de que con la Historia se puede hacer cualquier cosa, salvo huir de ella. Y es que nunca podremos reescribir la del siglo XIX, que es donde en verdad habita el huevo de la serpiente. Se acepte o no se acepte, eso nadie lo va a cambiar. A lo sumo, pues, nos queda la conllevancia, el orteguiano atenuar los estragos más virulentos de una enfermedad crónica de muy improbable cura.

Nuestra, ésa sí, es la responsabilidad de promover un Estado eficaz y eficiente. Tesitura ante la que no resta más alternativa que recorrer el trecho que aún nos separa del genuino federalismo. Esto es, la mutación radical del Senado, convirtiéndolo en verdadera cámara territorial, a imagen y semejanza del Bundesrat alemán. Una asamblea formada en exclusiva por presidentes y consejeros autonómicos que, al modo de lo que ocurre en Berlín, socave el romo particularismo castizo, tan caro siempre al populismo provincial, haciéndolos corresponsables de los intereses comunes de la nación. Desengáñense los escépticos: el federalismo (simétrico, of course) no es problema, es la solución.

Libertad Digital - Opinión

Confusos y desconfiados. Por Ignacio Camacho

El desprestigio de la política dibuja a una sociedad olvidada de que cada pueblo tiene el gobierno que merece.

LA democracia es un régimen de opinión pública basado en el principio de que el pueblo siempre tiene razón… incluso cuando no la tiene. El problema es que en la posmodernidad este principio ha derivado en una supremacía del marketing porque los partidos y demás agentes políticos declinan cualquier compromiso de persuasión para elaborar su oferta como un menú a medida del electorado. La hegemonía del zapaterismo, por ejemplo, se ha basado en un depurado conocimiento del mercado sociológico que hacía abstracción simultánea de las dos éticas weberianas —la de la convicción y la de la responsabilidad— para formular una política de gestos de impacto priorizados según demanda. Cuando esa fórmula ha chocado con las exigencias de la realidad derivadas de la crisis se ha vuelto inviable porque la sociedad no estaba advertida de la verdadera dimensión de las dificultades; el Gobierno se había limitado a anestesiarla con promesas optimistas y recetas indoloras.

El sociólogo Víctor Pérez Díaz, un intelectual riguroso, brillante y honesto, ha dirigido un serio estudio de diagnóstico sobre el perfil de esa sociedad española sacudida por la recesión hasta dejarla en un estado de ánimo que define en tres palabras cargadas de pesimismo: alerta, confusa y desconfiada. El documento retrata un país desconcertado y receloso, apalancado en inercias pasivas, refractario a debates conflictivos y con escaso nivel de entendimiento sobre los mecanismos reales de la economía abierta. Una mentalidad colectiva de fuerte anclaje paternoestatalista, reacia a la competencia y acostumbrada a que le resuelvan los problemas sin implicarse demasiado en las soluciones. Un pueblo refugiado en las redes de apoyo familiar que se queja amargamente de una dirigencia pública enfrascada en sus conflictos de poder. Es decir, la clase de sociedad un poco victimista en la que resulta muy difícil encajar la idea de autorregeneración por el esfuerzo; resulta muy significativo que el desplome de popularidad de Zapatero se haya producido precisamente cuando se ha visto obligado a desdecirse de sus mensajes blandos y emprender reformas antipáticas que implican un margen de sacrificio. El acentuado desprestigio, rayano en la animadversión, de una clase política surgida a imagen de los propios ciudadanos dibuja la realidad sociológica de una nación renuente a aceptar que en democracia todo el mundo tiene el gobierno que se merece.

Ése es el retrato de esta España… y de la que va a heredar el próximo Gobierno, al que le queda una importante tarea de pedagogía social para explicar la necesidad de los inevitables esfuerzos pendientes. Para que el relevo de poder sirva de algo, a esa gente confusa y desconfiada hay que decirle desde ahora mismo dónde está, lo que le espera y para qué. Ha llegado la hora de la ética de la convicción por encima de los oportunismos electorales.

ABC - Opinión

Una agresión política

La primera consideración que ha de hacerse de la criminal agresión contra el consejero de Cultura de Murcia y colaborador de LA RAZÓN, Pedro Alberto Cruz, es que tiene un claro móvil político. No se trata de un episodio de delincuencia común, sino de matonismo político puro y duro que lleva el sello de la izquierda radical. El insulto que precedió al ataque delata la intención de los tres agresores: «Sobrinísimo hijo de puta», en alusión al parentesco de Cruz con el presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel. Con este atentado a un consejero se ha dado un salto cualitativo en las protestas callejeras que desde hace varias semanas se vienen realizando en la capital murciana contra los recortes del gasto público del Gobierno regional. Este clima de tensión, alimentado por unos dirigentes sindicales que parecen descargar contra los gobernantes del PP la frustración que les producen los recortes sociales del Gobierno del PSOE, es el que ha envalentonado a la ultraizquierda «borroka» y chulesca. Es natural que los dirigentes sindicales murcianos se quieran desmarcar del ataque, pero tendrán que preguntarse si el ambiente de crispación y agresividad que han fomentado contra Valcárcel no habrá servido de coartada a los matones. El mismo interrogante vale para los responsables socialistas y, en especial, para quienes tienen la obligación institucional de velar por la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos. En este punto, la actuación del delegado del Gobierno, Rafael González, dista mucho de haber sido competente y previsora. Peor aún, hay fundadas sospechas de que desoyó deliberadamente las advertencias y peticiones de más seguridad hechas por las autoridades regionales. Lejos de multiplicar la vigilancia sobre los manifestantes más violentos y de acentuar la protección de los cargos públicos, el delegado González ha desatendido su obligación, a pesar de que ya se habían registrado agresiones a viviendas y amenazas anónimas contra consejeros autonómicos. No sin razón, Mariano Rajoy denunció ayer la pasividad del Ministerio del Interior. Por el contrario, es un sarcasmo que el PSOE pida ahora al PP que «no politice los hechos», cuando es notorio que el delegado del Gobierno ha ignorado o desoído todas las señales de alarma y todas las peticiones de protección. Por lo demás, resulta preocupante el aumento del matonismo de izquierdas, que está pasando de las amenazas a las agresiones directas, sin que los responsables de la seguridad ciudadana parezcan inquietarse lo más mínimo. Ya no se contentan estos comisarios ideológicos de puño americano fácil con haber impuesto su ley en las universidades, donde tras acogotar a unos rectores pusilánimes deciden quién puede y quién no puede pronunciar una conferencia. Se aproximan fechas electorales a las que no son ajenas las dificultades y angustias derivadas de la crisis económica, y la brutal paliza al consejero Cruz podría no ser la última si el Ministerio del Interior no se toma más en serio su obligación de garantizar la seguridad de los responsables políticos, aunque sean de la oposición.

La Razón - Editorial

Una brutal agresión que debería haberse evitado

Al Gobierno, pues, no se le puede reclamar responsabilidad penal por la comisión del delito, pero sí cabe denunciar la responsabilidad política derivada de su negligente actuación a la hora de prevenirlo.

Cuando hace apenas una semana un loco de Arizona disparó contra una multitud de ciudadanos entre los que se encontraba la senadora demócrata Gabrielle Giffords, ya señalamos que, en contra del execrable uso del atentado que estaba realizando la izquierda dentro y fuera de Estados Unidos, no había ninguna evidencia en aquel momento que relacionase al Tea Party con Jared Loughner. Por supuesto, no negábamos la posibilidad de que la agitación política mezclada con elementos violentos degenerara en agresiones de tipo político, pero lo cierto es que el Tea Party siempre ha repudiado toda actuación violenta por cuanto en su núcleo ideológico se encuentra el respeto a la libertad, a la propiedad privada y a la vida.

Sin embargo, siguiendo la misma lógica que empleó entonces la izquierda, parecería consecuente relacionar la agresión al consejero de Cultura y Turismo de la Región de Murcia, Pedro Alberto Cruz, con la "campaña de odio" que desde todos los medios de comunicación afines al socialismo se dirige de manera persistente contra la derecha y el PP.

Por supuesto, nosotros no caeremos en la misma tentación populista, por cuanto supondría la instrumentalización política de una tragedia, algo que resultaría insultante para la víctima y que va en contra de nuestra vocación de búsqueda de la verdad. Otra cuestión es acotar las responsabilidades y pensar que, tal como cree la policía, la campaña que desde hace un mes ha orquestado la extrema izquierda contra el PP murciano con la excusa de un decreto aprobado el 22 de diciembre que rebajaba los salarios a los funcionarios de acuerdo con lo decretado por Zapatero, sí haya podido servir de inspiradora o ejecutora de la agresión. Sin ir más lejos, el mismo día 23 de diciembre un senador y alto cargo del PP ya resultaron heridos.

Al Gobierno, pues, no se le puede reclamar responsabilidad penal por la comisión del delito, pero sí cabe denunciar la responsabilidad política derivada de su negligente actuación a la hora de prevenirlo. Pese a no ser, como decíamos, el primer ataque contra miembros del PP murciano, el delegado del Gobierno en la región no reaccionó para proporcionar los medios necesarios con los que proteger a los militantes y cargos públicos amenazados, entre los que se encontraba Pedro Alberto Cruz, destinatario con especial inquina del acoso de la extrema izquierda. Rubalcaba llega un mes tarde a la hora de prometer una ayuda que habrá que aún está por ver si llega.

Es urgente detener a los agresores pero también lo es depurar a todos aquellos que con su pasivo comportamiento han facilitado que tuviera lugar este ataque contra un cargo público, contra todos los ciudadanos a los que representaba y, en el fondo, contra la democracia misma. En estos momentos de dificultades, máxime si el PP llega al Gobierno de España e implementa las reformas que el país requiere, lo último que necesitaríamos es que la extrema izquierda usara la crisis para construir, como en Murcia, una campaña de mentiras que cristalizara en forma de violencia política y social.

Libertad Digital - Editorial

Mensajes creíbles y manipulación

Las expectativas electorales del PP no responden sólo al hartazgo hacia Zapatero, sino a su mensaje creíble contra los abusos en muchas autonomías.

TODOS los indicios confirman las expectativas muy favorables para el PP de cara a las elecciones autonómicas y locales. En los comicios de mayo, el centro-derecha podría arrebatar al PSOE todas las regiones en las que ahora gobiernan los socialistas. No se trata sólo del hartazgo generalizado ante la incapacidad de Rodríguez Zapatero para afrontar la crisis económica. En efecto, hay otros factores que demuestran de forma concluyente que muchos ciudadanos buscan nuevos horizontes frente a una política sectaria y oportunista, cuyo único objetivo es la descalificación del adversario. Así lo demuestra una vez más la reacción desmesurada de determinados dirigentes —incluso algunos habitualmente moderados— ante la razonable propuesta del PP sobre el futuro del sistema autonómico. Como es evidente, nadie ha puesto en cuestión los fundamentos constitucionales del modelo de organización territorial ni pretende de ninguna manera volver al centralismo ya superado. Muy al contrario, se trata de cumplir con rigor lo establecido por el título VIII de la Norma Fundamental y por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, evitando abusos, despilfarros y distorsiones.

En tiempos de crisis económica se hacen patentes las malas prácticas y los excesos que, con frecuencia, no tienen amparo normativo sino que obedecen a los intereses clientelares de unos y la irresponsabilidad de otros. Cuando se analiza la notoria ventaja del PP en las encuestas, conviene tener presente que estos planteamientos racionalizadores están calando en una sociedad que no está dispuesta a seguir tolerando arbitrariedades. La forma de organización territorial establecida por la Constitución exige que Estado y comunidades autónomas desempeñen su papel con eficacia, coordinación y distribución racional de los recursos públicos. No es admisible el Estado «residual» ni son aceptables a estas alturas los egoísmos competenciales que generan desigualdades, corruptelas, desprecio por la austeridad, desmesura en el gasto público y una exacerbación nacionalista e identitaria que a menudo se apacigua con más dinero. Cuando el PP expone con rigor la magnitud real delproblema que representan los abusos del Estado autonómico —no el Estado autonómico en sí—, la respuesta del Ejecutivo consiste en manipular las palabras y las intenciones del adversario. Con esa actitud la magnitud de la debacle electoral que se avecina puede ser todavía mayor.

ABC - Editorial