La última cena de los auténticos ‘idiotes’. Por Federico Quevedo

Fue el pasado 7 de enero, y lo cuenta en su blog el hijo del filósofo Fernando Savater, el editor Amador Fernández-Savater. Desde hacía varias semanas la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, organizaba una serie de cenas ‘discretas’ con gente de eso que se llama el mundo de la cultura para hablar sobre la Ley Sinde y el modo en que estos modernos integrantes de la Cueva de Alí Babá le van a parar los pies al progreso. Todo iba más o menos bien, porque nada se sabía de esas cenas, y todos sus integrantes guardaban un uniformado silencio sobre las mismas, hasta la fecha en cuestión en la que a alguien se le ocurrió invitar al ágape al hijo de Fernando Savater pensando que quizás, al igual que el padre, éste sería un firme defensor de los privilegios de los amigos de González-Sinde. Pero no era así. Nadie investigó a Fernández-Savater ni se preocupó por conocer lo que pensaba sobre el asunto, porque de haber sido así no hubiera sido invitado, y eso que tenemos que agradecer a los anfitriones porque, de lo contrario, nos habríamos perdido el contenido de una cena cuyo plato principal, en palabras del autor del post, fue el miedo.

“El miedo lo impregnaba todo. Miedo al presente, miedo al porvenir, miedo a la gente (sobre todo a la gente joven), miedo a la rebelión de los públicos, miedo a la Red”, escribe nuestro amigo. ¿Quiénes estaban en la cena, se preguntarán ustedes? Se lo pueden imaginar: Álex de la Iglesia, Soledad Giménez, Antonio Muñoz Molina, Elvira Lindo, Alberto García Álix, Ouka Leele, Luis Gordillo, Juan Diego Botto, Manuel Gutiérrez Aragón, Gonzalo Suárez (relacionado con el ámbito de los vídeojuegos), Cristina García Rodero y alguna persona más. Todos contra él, contra Amador Fernández-Savater quien, según cuenta, se fue calentando a medida que avanzaba la cena y se avivaba el debate, ante el cúmulo de barbaridades que escuchó de boca del resto de los invitados. Hace unas semanas, a cuenta del rechazo de la Ley Sinde en el Congreso, escribí un artículo en el que afirmaba que el problema de la ministra –y con ella de todos estos paniaguados incapaces de ver más allá de la montura de sus gafas de oro de D&G- era que odiaba Internet y todo lo que Internet conlleva. Me equivoqué, porque en efecto no es un problema de odio, sino de miedo, y ese odio es producto de un miedo atroz al progreso. Y tiene narices que eso les pase a quienes van por la vida defendiendo su carácter progresista, a los mismos que hace décadas invadían la conciencia colectiva con la obsesión por la cultura en libertad, y que ahora quieren encerrar esa misma cultura en un búnker de plomo y cemento armado como bien dibuja en su post Fernández-Savater.

Miedo e ignorancia

Nadie como él ha resumido en tan pocas líneas lo que se respiraba en ese ambiente y lo que de verdad esconde la intención totalitaria de una ley absolutamente contraria a cualquier modelo de libertad y progreso: “Me preocupa que quien tiene que legislar sobre la Red la conozca tan mal. Me preocupa que sea el miedo quien está tratando de organizar nuestra percepción de la realidad y quien está tomando las decisiones gubernamentales. Me preocupa esa combinación de ignorancia y miedo, porque de ahí sólo puede resultar una cosa: el recurso a la fuerza, la represión y el castigo. No son los ingredientes básicos de la sociedad en la que yo quiero vivir”, afirma. Ni yo, pero extrañamente son los ingredientes básicos del modelo social que defiende e impulsa el Gobierno de Rodríguez Zapatero, y no solo en lo que respecta a esta ley, sino a otras muchas actuaciones que navegan en la misma dirección de represión y abuso de poder, o ¿qué creen que hay detrás del llamamiento de Leire Pajín a que los ciudadanos delaten a quienes se les ocurra encender un cigarro a 99 metros de la puerta de un colegio o de un parque infantil? Represión, represión y represión. Y lo peor de todo es que visten ese recurso a la represión de política de Estado, y aquí sí les interesa que el Estado haga valer su fuerza y su poder frente a la supuesta amenaza de casi 30 millones de internautas de los que Manuel Gutiérrez Aragón dice que “no se les puede dar tregua porque es como pactar con los terroristas”. ¿Cabe mayor salvajada?

«¿Qué creen que hay detrás del llamamiento de Leire Pajín a que los ciudadanos delaten a quienes se les ocurra encender un cigarro a 99 metros de la puerta de un colegio o de un parque infantil?.»

Pero esa es la actitud con la que este Gobierno se ha enfrentado al problema: “Sólo palpé ese miedo reactivo que paraliza la imaginación (política pero no sólo) para abrir y empujar otros futuros. Ese miedo que lleva aparejado un conservadurismo feroz que se aferra a lo que hay como si fuera lo único que puede haber. Un miedo que ve enemigos, amenazas y traidores por todas partes”, afirma Savater en su blog. Estos son los que se llaman progresistas, los que dan lecciones de moral y de ética, los que nos dicen cómo tenemos que ganar el futuro… Pero, en el fondo, no es más que una batalla de poder, y ellos mismos lo reconocen. “La batalla es política, y bastante antigua. Frente al Internet neoliberal, particularista, privada, habitada por vecinos, por idiotes, deberemos levantar una Internet republicana, universalista, pública, poblada por ciudadanos, por polites”, escribe en el diario Pravda el diputado socialista José André Torres Mora. Pero, no señor, los idiotes no son los millones de internautas que utilizan la Red para informarse, para intercambiar, para compartir, para conocer, para entretenerse, para ver, para escuchar, para observar, para reír y llorar, para sentir, para almacenar, para escribir, para grabar…, y que lo hacen igual desde la privacidad de un portátil escondido en un rincón de un armario que desde un ordenador a la vista del público en un cibercafé.

El búnker de los privilegios

No, señor, los idiotes que, una vez más, como siempre ha hecho la izquierda frente al progreso, quieren ponerle puertas al campo de la libertad son los que estaban sentados en aquella cena, los contertulios de Savater, los amigos de Torres Mora que quieren una Internet ¿republicana?, universalista y pública, sobre todo pública, es decir, controlada por el Estado, sometida al Estado, vigilada por el Estado y limitada por el Estado para evitar que esa ambición de libertad pueda acabar con su privilegio. Un privilegio que, extrañamente, se ha aliado con el capitalismo más feroz y salvaje, con las multinacionales de la producción cinematográfica y musical que son las que de verdad están presionando al Gobierno para que saque adelante una ley que se fundamenta en el miedo, que utiliza el miedo para combatir el propio miedo que en esta nueva casta de amigos del poder siente por la explosión de libertad que significa Internet y la nula capacidad de control que existe sobre la Eed y sus contenidos. Esa es la clave del asunto, no si Scarlett Johansson canta Yes we can o si Juan Diego Botto hace el signo de la ceja con su dedo índice, porque eso no es más que pura parafernalia servida en bandeja para distraer la atención de lo verdaderamente importante: que los auténticos idiotes están encerrados en su búnker intentando defender sus últimas posiciones de lo que ya se adivina como el hundimiento final.

El Confidencial - Opinión

Alí, c'est fini. Por Hermann Tertsch

Escribir sobre las consecuencias de un incendio que acaba de comenzar como el tunecino es un ejercicio insensato. Pero ya hay algo claro en Túnez y es que el presidente de Túnez, Zine el Abidine Ben Ali, —Ben Alí para súbditos, amigos y enemigos— ha tenido que poner pies en polvorosa. Y los principales socios y dirigentes de esta ordenada cleptocracia están buscando también medios para huir por tierra, mar o aire. Que el primer ministro que acababa de ser destituido con su gobierno por el presidente, quede de presidente interino puede ser una ilusión de días u horas. Si Ben Alí aterriza en París, donde se halla la fraccionada oposición, será Francia la que tenga que asumir un protagonismo en la limitación de daños. Será difícil.

En pocos días se ha derrumbado el régimen del presidente Alí, que durante más de 23 años ha controlado el estado como un negocio privado con muchos socios y un inmenso aparato policial. El negociado ha funcionado durante dos décadas, mientras el desarrollismo era un consuelo aceptado. Siempre ayudado por la comparación con los países vecinos, más míseros e inseguros. Y blandiendo la amenaza islamista. Pero con la crisis general se acabó la fiesta. La reacción del presidente ante los disturbios, con la destitución de todo el Gobierno y el anuncio de elecciones anticipadas llegó tarde. El presidente, rodeado de fieles obedientes incapaces de transmitir una mala noticia, estaba tan aislado que su omnipresente policía política no le sirvió de nada. Creer que amainaría la rabia con una reducción de impuestos al pan y otros alimentos revela el despiste del sátrapa. El problema ahora está en la falta de interlocutores. Y en que la amenaza islamista es real. Se hunde un régimen corrupto y absurdo. Pero nadie puede augurar en estos momentos una alternativa esperanzadora.

ABC - Opinión

Reformas. Zapatero vuelve a las andadas. Por Emilio J. González

Ahora Zapatero pretende hacer concesiones a unos sindicatos a los que la mayoría de la población da la espalda porque los culpa también de la crisis y de no hacer más que política en pro de sus intereses.

Lo peor que le podría ocurrir a España en esta crisis empieza a materializarse. Y no lo digo por las posibilidades crecientes de que la Unión Europea tenga que acabar de intervenir ‘de facto’ nuestro país, lo cual, dadas las circunstancias, es casi lo mejor que nos podría suceder. Me refiero a que, como Zapatero es como un niño travieso, en cuanto se le levanta la amenaza de castigo y uno le da la espalda, vuelve a las andadas. ¿De qué hablo? Pues de la actitud que está tomando el presidente del Gobierno en relación con la reforma laboral, que se puede extender al resto de reformas, desde que se ha quitado de encima el nuevo episodio de presión de los mercados, a raíz de las nuevas certezas de que la UE no va a dejar caer a ninguna economía del euro, por grande que sea ésta y de que, por ahora, China esté apoyando a la deuda española con sus compras de títulos de nuestro Gobierno.

¿Qué ha hecho ZP en cuanto la UE y los chinos le han quitado de encima la presión de los mercados? Pues ni más ni menos que empezar a dar marcha atrás en la reforma laboral, esa misma que el pasado mes de marzo les prometió a los mercados que llevaría a cabo para empezar a impulsar la creación de empleo en nuestro país y, con ella, comenzar a superar nuestras graves dificultades económicas. En concreto, Zapatero ya está preparando la modificación de las condiciones por las cuales una empresa puede acogerse al despido de 20 días por año trabajado para que las compañías con pérdidas temporales no puedan hacerlo. Se trata de una concesión a los sindicatos, pero también de un gran error.

Hay que tener en cuenta que, en España, lo que predomina fundamentalmente en el tejido empresarial es la pequeña y mediana empresa (pyme), que supone más del 90% del mismo, y que el tamaño medio de la empresa española es de 7,8 trabajadores. Son las pymes, además, las que crean y mantienen los puestos de trabajo, pero para ello necesitan poder sobrevivir a la crisis. Muchas de ellas no tendrán esa capacidad porque carecen del músculo financiero necesario para aguantar pérdidas temporales que, sin poder reducir plantilla, se acaban por convertir en permanentes y obligan a echar el cierre y despedir a todo el mundo. A los sindicatos, sin embargo, eso les importa un bledo. En su ideología, todo el esfuerzo lo tiene que asumir el empresario, le cueste lo que le cueste, sin entender que todo tiene un límite. Por ello, para proteger a unos cuantos, o conseguir que los despidan con más dinero, están condenando y van a condenar a muchos trabajadores al paro porque las empresas que los pueden contratar o bien desaparecen, o bien no quieren asumir los riesgos inherentes a ampliar sus plantillas en estos momentos de incertidumbre y con todo lo que nos queda de crisis por delante. Por desgracia, Zapatero tiene la misma forma de pensar, y así nos está yendo desde que la economía española empezó a caer hace más de cuatro años, batiendo todos los récords de desempleo y miseria habidos y por haber.

A Zapatero la crisis le importa un pimiento, sobre todo porque lo que tiene que hacer para sacarnos de ella va en contra de su forma de pensar y, en cuanto puede, es decir, en cuanto los mercados dejan de presionarle, se olvida de sus buenas intenciones y vuelve a lo suyo. ZP no actúa más que con la calculadora política de la mano, pensando cuántos votos le puede costar el enfrentamiento con los sindicatos o las reformas que tiene que poner en marcha, sin darse cuenta de que esas cuentas no le van a salir por ningún sitio. La sociedad española, más que desencantada, ya está harta de los experimentos socialistas de un presidente del Gobierno al que considera un incapaz y al que ya no va a volver a votar, haga lo que haga de aquí a las elecciones. Por mucho que se empeñe ZP, las encuestas de intención de voto son muy claras y sus intentos de ir a más en su izquierdización, con aquello de que la salida de la crisis será social, hunden todavía más las expectativas de voto de los socialistas, porque todo el mundo sabe que así ni se crea empleo, ni se sale de la miseria a la que ha condenado a millones de españoles. Y, por si fuera poco, en ese proceso ahora pretende hacer concesiones a unos sindicatos a los que la mayoría de la población da la espalda porque los culpa también de la crisis y de no hacer más que política en pro de sus intereses, en lugar de buscar el verdadero bienestar de los trabajadores y de unos parados a los que han abandonado desde el primer día.

¿Cuánto más dolor, cuántos más sacrificios tan inútiles como injustificados, nos va a costar que Zapatero siga al frente del Gobierno de este país? Porque, con lo que está haciendo, nunca vamos a conseguir salir de una crisis que, con él, sigue yendo a más mientras otros países de la Unión Europea ya están remontando con fuerza.

Libertad Digital

¿Un debate peligroso?. Por Edurne Uriarte

Peligroso es, según Ramón Jáuregui, el debate sobre la necesidad de revisar las duplicidades en las competencias del Gobierno central y de las autonomías. Además de neocentralista y antiautonomista. Lo que representa la posición de la izquierda española sobre cualquier cuestionamiento del funcionamiento de las autonomías. La posición más moderada, pues otra parte de la izquierda lo califica más bien de franquista.

De tal manera que ese debate ha sido tabú hasta el presente. Tanto que los sociólogos y politólogos ni siquiera se atrevían a preguntar sobre la cuestión. Cuando lo han hecho, en el Barómetro Autonómico del CIS de enero-marzo 2010, por ejemplo, parecían más bien abogados del sistema autonómico. Y una pregunta como la realizada por la encuesta de Dym para este periódico en torno al poder del Estado y de las autonomías era, en efecto, peligrosa. Lo que nos ha impedido conocer que una mayoría de españoles, lo muestra dicha encuesta, cree que el Estado debería gestionar más gasto público que el gestionado en la actualidad.

O que el juicio de Aznar sobre el Estado marginal y su inviabilidad comienza a instalarse en la sociedad española. Y, sobre todo, comienza a resquebrajarse el tabú sobre el sistema autonómico, el que impedía criticar cualquiera de sus aspectos bajo amenaza de ser descalificado como nostálgico de la dictadura. Por primera vez desde el inicio de la Transición, 35 años después, hay inquietud social para desarrollar ese debate. Y un nuevo punto de vista vinculado a la eficacia y a la racionalidad de nuestro sistema político que lo aleja de los viejos fantasmas franquistas y antifranquistas.

Peligroso para nuestro sistema democrático es eludir hoy ese debate. Impedir las reformas necesarias para la eficacia del Estado porque nuestra envejecida izquierda aún siga instalada en las categorías políticas de la Transición.

ABC - Opinión

Cataluña. Pasión de Gabilondo. Por Maite Nolla

La mayoría de los españoles cree necesario revisar de alguna manera el sistema autonómico. Los nacionalistas también; pero para evitar la igualdad.

Lo que nos faltaba por ver y oír es a la señora Casas presumiendo de que la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña pasará a la historia como una manera de ensamblar el sistema autonómico. Sus señorías han resuelto la cuestión tan malamente que es de presumir que el asunto nos acompañará durante los próximos veinticinco o treinta años. Y prueba de ello es que cuando los tribunales ordinarios han empezado a aplicar lo poco de la sentencia que obliga a los nacionalistas a romanizarse, ya nos han dicho que esperemos un futuro como el de la sentencia del Antenicidio.

El caso es que ya saben que al Gobierno le ha costado casi un mes leerse una sentencia del Supremo sobre la lengua en el sistema educativo en Cataluña, lo cual no deja de ser una forma de no cumplir sus compromisos. ¿Con la Constitución y las leyes? No, con los nacionalistas. De hecho a lo que se comprometió el Gobierno fue ayudar a la Generalitat a encontrar juntos el camino para sortear la aplicación de la sentencia del Estatuto. Y pese a ello, en el Gobierno, preocupados por otros asuntos, Rubalcaba ha tardado un mes en leerla sentencia y Gabilondo nos remite a Rubalcaba para cuándo se leyera la sentencia. El problema es que como no hay nada peor que un ministro de este Gobierno hablando de cosas que tengan que ver con el nacionalismo, el señor Gabilondo ha añadido al habitual argumento enmarañado del respeto al ejercicio de las competencias, la cuestión de que el Gobierno autonómico es "legítimo". Para el señor ministro ser titular de una competencia te exime de cumplir las leyes y las sentencias que te condenan; pero es que además lo de "legítimo" no deja de ser una forma de introducir como argumento defensivo el antiautonomismo. Afortunadamente no ha recurrido al anticatalanismo, pero va por ahí la cosa. Y lo mismo ha hecho Jáuregui cuando le han preguntado por la revisión de algunos aspectos del sistema autonómico. En el fondo lo que se quiere es guiñar el ojo al que corresponda y acusar a la derecha en general de centralista, un argumento que debidamente utilizado es todo un insulto. Como liberal o conservador, que a su vez, tienen su versión hardcore si lo acompañan ustedes con un estratégico neo o con un ultra, respectivamente.

Lo que demuestran estas declaraciones es que en España se haya llegado a una situación absurda. La mayoría de los españoles cree necesario revisar de alguna manera el sistema autonómico. Los nacionalistas también; pero para evitar la igualdad. Duran nos dice que no entiende cómo en España hay televisiones autonómicas que emiten en castellano y se pregunta si cuándo se aprobó la Constitución en España existían diecisiete "realidades". Mas no se ve en plano de igualdad con las regiones sin personalidad –léase murcianos y extremeños, objetivos prioritarios– y veinticinco diputados socialistas están por el federalismo asimétrico, que debe ser como la leche condensada sin azúcar. Por su parte en el PP, pese a que todo el mundo vería con buenos ojos una revisión como la que les he dicho, Rajoy no quiere saber nada de devolver competencias al Estado, y menos ahora que está a punto de arrasar. Y viendo lo que dicen sus ministros, en el PSOE siguen pensando que sacando el espantajo del centralismo desgastan al PP, que si no habla de otras cosas, menos va a hablar de esto.

Libertad Digital - Opinión

Violencia, ¿de género?. Por M. Martín Ferrand

Lo científico, en concordancia con lo humano, sería hablar de desesperación; pero eso no viste al feminismo deformador.

LA acuñación de frases hechas y, casi siempre deformadoras del significado que se les atribuye, es una de las muchas y malas costumbres nacionales. Algo engendrado por dos padres, la pereza mental que da la tierra y el sesgo que los obsesos del igualitarismo quieren darle, ellos sabrán por qué, a la indeseable violencia que algunos hombres ejercen, psíquica o físicamente, contra las mujeres y, por lo general, más sañuda cuanto mayor el vínculo que les une a ambos. ¿A qué se refieren realmente cuando hablan de «violencia de género»? Podría ser que, movidos por su amor a la zarzuela quieran hablarnos del género chico o, lectores recalcitrantes, encuentren la novela como el más excelso de los géneros literarios; pero el género humano se integra, y en parecida proporción, por hombres y mujeres. La confusión del género con el sexo es culturalmente indeseable, científicamente ignorante y políticamente tendenciosa. Una pieza más de la deseable igualdad de derechos entre los dos sexos o, si se prefiere usar la terminología de Simón de Beauvoir, el primero y el segundo.

En Torrecaballeros, un pueblecito aledaño a Segovia, un hombre mató a su mujer, a su hijo de 16 años y, después, se suicidó. Se trata de una familia acomodada y culta en la que no caben las explicaciones ambientales al uso. ¿Es eso violencia de género? Lo científico, en concordancia con lo humano, sería hablar de desesperación; pero eso no viste al feminismo deformador y traspasa una cuota de responsabilidad al marco público de nuestra existencia. A un desaliento capaz de producir esos efectos tan desgraciados es difícil llegar por uno mismo, sin la cooperación del marco sociopolítico y la influencia mediática. De hecho, cuanto mayor es la publicidad de este tipo de crímenes y más intensa es la condena pública, más crece su número y más diversa se hace su casuística.

Repulsar la violencia de género, como ha hecho el ayuntamiento donde se produjo el suceso, es un brindis al sol. Es ponerle adjetivos para la confusión a lo que es violencia y, si se quiere, con abuso de un sexo sobre el otro; pero no propiciado ni por el género que venden en las tiendas ni por los que utiliza la gramática para la taxonomía del lenguaje. El asunto es tan grave que constituye insensatez la consideración de esa violencia, tan dolorosa como frecuente, como un fruto de la relación entre los hombres y las mujeres. Es una patología social que no se arreglará más que con una educación más sólida y rigurosa que la existente y la introducción en la convivencia de unos códigos morales, religiosos o laicos, que hoy brillan por su ausencia.

ABC - Opinión

Reforma laboral. Legislativo, ejecutivo, judicial... y sindical. Por Pablo Molina

A los tres poderes clásicos del Estado moderno, en España hay que sumar el sindical, al que el ejecutivo, el legislativo y el judicial están sometidos por una cuestión no escrita de rango institucional.

Si los conflictos sociales cotizaran en las casas de apuestas por internet, los sindicatos serían una opción segura porque, hasta la fecha, no han perdido jamás ningún pulso al poder político en los distintos niveles ejecutivos en que se divide la gestión administrativa en España. El Gobierno central inunda a los sindicatos con subvenciones públicas, las comunidades suplen su menor disponibilidad presupuestaria concediéndoles todo tipo de gabelas en especie y los ayuntamientos cuentan con ellos de forma primordial para diseñar sus políticas locales, también subvención mediante. Todo con dinero público, es decir, de usted y mío, no sea que surja un malentendido y alguien pueda llegar a pensar que el sindicalismo es una actividad privada que busca simplemente mejorar la situación laboral de sus afiliados.

Los sindicatos son el poder fáctico de la democracia española, como el ejército lo era durante el franquismo, y con funciones parecidas, pues se trata de vigilar el funcionamiento de las instituciones democráticas para que no se desvíen ni un centímetro de la ortodoxia socialista bajo cuyos auspicios, para qué nos vamos a engañar, fueron todas ellas diseñadas.

A los tres poderes clásicos del Estado moderno, en España hay que sumar el sindical, al que el ejecutivo, el legislativo y el judicial están sometidos por una cuestión no escrita de rango institucional. El Gobierno no actúa sobre la economía sin consultar con ellos, las leyes que aprueba el congreso se derogan si los sindicatos así lo disponen y en cuanto a la justicia, hay todavía quien espera que algún día se produzca una sentencia que condene los excesos sindicales durante sus algaradas periódicas.

La huelga del 29-S fracasó en el asfalto con tanto estrépito como ha triunfado en las moquetas ministeriales, que es donde, no nos engañemos, se acaban dilucidando las grandes cuestiones. Zapatero no ha hecho nada distinto a sus antecesores, que también tuvieron que dar marcha atrás en sus propuestas políticas a pesar de que los ciudadanos estaban mayoritariamente a su favor. La última victoria de los sindicatos ha sido que Zapatero elimina los aspectos más controvertidos de su tímida, timidísima reforma laboral, a cambio de permitirle jubilar a los trabajadores dos años más tarde. Tiempo habrá de acabar también con esa ampliación de la vida laboral, no se preocupen.

Al final, todo programa de reformas laborales puesto en marcha por ZP para que los mercados internacionales le dieran unos meses de cuartelillo sólo ha servido para que CNN+ despida a sus trabajadores pagando una indemnización menor de la prevista. ¡Y que aún se queje Cebrián de los brujos visitadores...!

Libertad Digital - Opinión

Código de honor. Por Ignacio Camacho

Aramburu hizo posible que la Guardia Civil venciese con su sentido de la lealtad los recelos de la izquierda.

QUIZÁ cuando el general Aramburu Topete se enfrentó a Tejero en la puerta del Congreso, mirada contra mirada y casi pistola contra pistola, no estaba defendiendo tanto su convicción democrática como su sentido del deber. A aquella hora de la tarde, Aramburu aún no sabía quién estaba detrás del golpe ni quién en contra, no conocía la posición del Rey ni la correlación de fuerzas, y lo único que tenía claro es que un teniente coronel de fama conflictiva se había insubordinado hasta los límites de la locura y estaba mancillando el honor impecable de la Guardia Civil. Como la mayoría de los militares de aquel tiempo, el director general de la Benemérita, antiguo alférez provisional y divisionario azul, era un franquista que había asumido por disciplina el orden constitucional, y estaba acaso tan convencido como los golpistas de que la situación política se había degradado más allá de lo razonable. Pero a diferencia de los sublevados, Aramburu estaba lejos de ser un exaltado o un fanático, poseía un sentido inquebrantable de la lealtad que constituía el centro de su estructura moral, y la sola idea de la rebelión contra el legítimo poder establecido le provocaba una repugnancia capaz de activar toda su energía de hombre de bien. El factor decisivo que volcó el cuartelazo —el mes que viene hará treinta años— no fue la inexistente pasión constitucionalista de la mayoría de los generales sino el concepto de obediencia a la Corona y a las instituciones que ocupaba el primer lugar de su estricto código de valores.

Ese noble sentido de la legalidad y el patriotismo hizo posible también que, con hombres como Aramburu al frente, la Guardia Civil se ganase poco después la confianza del emergente Gobierno socialista venciendo los recelos que el golpe y los prejuicios ideológicos habían imbuido en la izquierda española y provocando que los dirigentes del felipismo reconocieran sin ambages su grato descubrimientodel Instituto Armado como eficaz garante del orden democrático. Esa clase de procesos resultaron cruciales para consolidar el legado de la Transición tras su segunda gran prueba de fuego, que fue el ascenso al poder del PSOE. La memoria del general Aramburu Topete estará siempre vinculada a aquella tarde infernal de febrero en que hubo de abordar con todo su equipaje de dignidad una conspiración de sus propios subordinados. Pero es de justicia resaltar en su balance necrológico la inolvidable eficacia con que, en un ambiente crispado por el recuerdo reciente de la intentona sediciosa, las dificultades de adaptación ideológica de una oficialidad educada en el franquismo y el acoso sangriento de una ETA capaz de cometer cien crímenes al año —la mayoría contra miembros de la milicia y las fuerzas del orden—, favoreció junto a sus compañeros de cúpula militar el retorno a la normalidad con un ejercicio de disciplina impagable.

ABC - Opinión

Túnez, fracaso de Europa

La convulsión social y política que sufre Túnez desde hace días desembocó ayer en un golpe de Estado. El presidente Ben Ali, en el cargo desde hace dos décadas, ha sido expulsado del país por el primer ministro, Mohammed Ghannouchi, y el Ejército ha tomado el control. Aunque se trate de una pequeña nación de apenas10 millones de habitantes, su papel en el Magreb no es menor y cuanto allí suceda tiene repercusiones en la política mediterránea, de la que España es parte sustancial. Tampoco son menores los intereses comerciales y turísticos de los empresarios españoles que están en juego. Preocupación añadida para Moncloa es la permanencia de varias decenas de turistas españoles que ayer estaban atrapados en sus hoteles sin poder salir por el cierre del espacio aéreo. La gestión del Ministerio de Exteriores para acelerar la repatriación y tranquilizar a los familiares es manifiestamente mejorable, en opinión de varios afectados que así lo han denunciado a los medios de comunicación. Por lo demás, la grave crisis tunecina reactiva el temor al avance del radicalismo islamista y a que Al Qaida aproveche las fisuras de la revuelta para infiltrarse en las capas más populares. Durante años, Túnez ha ofrecido la imagen amable y moderada de un país que, siendo musulmán, sabía abrirse al influjo occidental, observaba unos usos democráticos aparentes y se consolidaba como destino turístico atractivo y competitivo que impulsaba el crecimiento económico. Tal vez fue así durante algunos años, pero a raíz de las elecciones presidenciales de 2009, en las que Ben Ali no tuvo recato alguno en regalarse un pucherazo con el 90% de los votos, todo el decorado empezó a desmoronarse. Lo que se mostró a la vista de todos fue una Administración corrompida, unos dirigentes preocupados solamente en enriquecerse y una Jefatura del Estado que había convertido el país en un cortijo particular. También salió a flote una sociedad más empobrecida y una juventud a la que se le habían cerrado las puertas del futuro. Sólo era cuestión de tiempo que cualquier medida gubernamental, como el encarecimiento de los alimentos básicos, detonara el descontento social e hiciera saltar por los aires el aparente régimen de estabilidad. De ahí que el fracaso de este pequeño país magrebí sea también el fracaso de la política europea en la zona. Para conjurar la amenaza del terrorismo islámico no basta con auspiciar gobiernos fuertes e inequívocamente comprometidos en la lucha contra Al Qaida. También resulta imprescindible una organización política y económica que garantice la justa distribución de la riqueza, de modo que el progreso económico llegue a todas las capas sociales y no beneficie únicamente a las castas del poder. La obscena cleptomanía de la familia de Ben Ali, que ha acaparado todos los resortes económicos imaginables, es el vivo reflejo de unos dirigentes que se han mantenido en el poder gracias al apoyo tácito o directo de países europeos como Francia, España o Italia, mientras bajo sus pies se gestaba la revuelta de los desheredados. El caso de Túnez obliga a la UE, empezando por España, a revisar su política en el Magreb porque de seguir así no será la última crisis que convulsione el área y sus efectos no será tan controlables.

La Razón - Editorial

Túnez y la libertad

La revuelta ciudadana derroca a Ben Ali y abre las puertas a una transición a la democracia.

La chispa que prendió en el pueblo tunecino de Sidi Bouziz tras la muerte de Mohamed Bouazizi, un licenciado en informática que trabajaba como vendedor ambulante y se inmoló como protesta por el maltrato que recibió de la policía, ha terminado derribando la dictadura de Ben Ali, ininterrumpidamente en el poder durante casi un cuarto de siglo. Ben Ali huyó ayer a media tarde, cediendo el poder al primer ministro Mohamed Ghanuchi. Este podría presidir un Gobierno de transición hasta la celebración de elecciones democráticas en un breve plazo.

Tan pronto como se conoció la noticia de la huida de Ben Ali, fuerzas de la policía y del Ejército confraternizaron con los manifestantes. Tanto los tunecinos que han logrado desembarazarse de una sangrienta dictadura, como la comunidad internacional, que fue excesivamente condescendiente con ella hasta ayer mismo, están obligados a concertar esfuerzos para establecer un auténtico sistema democrático en el Magreb.

El derrocado Ben Ali supo granjearse el apoyo de las principales potencias mediante la hábil explotación de una fachada reformista y un explícito compromiso en la lucha contra el terrorismo. Las protestas que siguieron a la muerte de Bouazizi dejaron al descubierto la verdadera naturaleza de su régimen. Los tunecinos enfurecidos contra un presidente y un Gobierno que no solo les oprimían con mano de hierro, sino que, además, habían conseguido labrarse una falsa reputación exterior de prosperidad y tolerancia, deberían haber encontrado un decidido respaldo de la comunidad internacional, no la precavida indiferencia de todos estos años.

Todo está por hacer tras el triunfo de la revuelta democrática en Túnez. La comunidad internacional, y especialmente la Unión Europea, que defraudaron a los demócratas tunecinos durante casi un cuarto de siglo, el tiempo que Ben Ali estuvo en el poder, tiene ahora la oportunidad, y la obligación, de contribuir al establecimiento de un régimen de libertades que podría obligar, por su sola existencia y ejemplo, a repensar el futuro de una de las regiones más inestables del mundo. En esta ocasión ya no valen, frente a las aspiraciones democráticas de los tunecinos, las coartadas de las que se sirvió el régimen de Ben Ali para disfrazar como un oasis de modernidad amenazado por terroristas lo que, tras su caída, aparece como lo que era, un país empobrecido por el mal gobierno y la corrupción, y sojuzgado por una camarilla.

Los tunecinos que han salido a las calles reclamando libertad necesitan el apoyo internacional que merece su causa, aunque solo sea ahora que ha triunfado. En Túnez se decide ahora algo que excede sus fronteras: si las democracias de los países desarrollados apoyarán a partir de ahora a los hombres y mujeres libres del Magreb o si seguirán prefiriendo, por miedo, cortedad o miopía, respaldar a quienes los reprimen a sangre y fuego invocando los fantasmas del islamismo y del terror.

El País - Editorial

Las sentencias que Rubalcaba no hará cumplir

Lo importante para Zapatero, Rubalcaba y los suyos es mandar para moldear la sociedad a su antojo. Y una sociedad en la que en Cataluña se pueda estudiar en castellano no les interesa.

El liberalismo nace de la desconfianza hacia el poder. Cuando tantos reformadores han mirado a la política como una herramienta con la que alcanzar sus fines –en unos casos benéficos, en otros no–, el liberalismo encuentra en ella un peligro para las libertades: para el poderoso el poder termina siendo, si es que no lo fue desde el principio, un fin en sí mismo. Difícilmente podría pensarse en un mejor cartel publicitario para nuestra doctrina que Alfredo Pérez Rubalcaba.

La carrera política del actual vicepresidente en el Gobierno de España comenzó en los años 80, cuando fue el principal responsable de la elaboración de la LOGSE, una de las peores leyes de nuestra democracia, como secretario de Estado de Educación. Premiado primero con el ministerio del ramo, poco después pasó a Presidencia, donde se distinguió en labores de portavoz negando que el Gobierno hubiera tenido nada que ver con el GAL. Y una vez en la oposición ejecutó un rol estelar en el indigno papel del PSOE durante la jornada de reflexión del 13 de marzo de 2004, cuando él, precisamente él, dijo aquello de que España no se merecía un Gobierno que mintiera.

Una vez incorporado al Ejecutivo dirigido por Zapatero, ha destacado por sus numerosas mentiras durante el fracasado proceso de rendición ante ETA, cuando nos aseguró que había "verificado" que la banda había dejado las armas mientras intentaba ocultar que seguía rearmándose y chantajeando a los empresarios vascos para financiarse. Además de ser el responsable político del chivatazo, asunto por el que siempre se ha negado a dar la cara.

Con semejante currículo, no debería sorprender la desvergüenza con que ha dirigido la nula reacción del Gobierno ante la declarada intención de CiU y el PSOE catalán de violar la ley, incumpliendo las sentencias que obligan a tratar a quienes quieran que sus hijos reciban la enseñanza en castellano en igualdad de condiciones con quienes optan por el catalán. Después de eludir el tema durante semanas con la patética excusa de que no había leído la sentencia, inaceptable en un Gobierno que tiene entre sus obligaciones hacerla cumplir, finalmente ha optado por despachar el tema negando, con tono de perdonavidas, que el Tribunal Supremo diga lo que dice.

Que el modelo de inmersión lingüística que impide que los niños cuyos padres así lo desean opten por el castellano como lengua vehicular de la enseñanza es anticonstitucional es evidente. Lo han dejado claro muchas sentencias, de las cuales ésta es sólo el último ejemplo, notable por cuanto toma el Estatuto afeitado por el Constitucional como referencia. Pero cualquier sentencia que emita el Poder Judicial es papel mojado si el Ejecutivo no la hace cumplir. Y, evidentemente, el Gobierno por boca de Rubalcaba ha dejado claro que no va a mover un dedo para proteger los derechos de los ciudadanos catalanes.

¿Por qué iba a hacerlo? Al fin y al cabo, las libertades no son más que un obstáculo para el poder. Como se ve en otros ejemplos recientes, como el anteproyecto de ley de igualdad de trato, lo importante para Zapatero, Rubalcaba y los suyos es mandar para moldear la sociedad a su antojo. Y una sociedad en la que en Cataluña se pueda estudiar en castellano no les interesa.

Libertad Digital - Editorial

Más pobres que en 2010

La inflación, los impuestos y la supresión de ayudas terminarán de agravar un escenario de empobrecimiento social sin precedentes recientes.

AL Gobierno no le parece un contrasentido mostrarse satisfecho con las buenas —y pocas— noticias que le dan esos mercados financieros a los que alternativamente culpa de la crisis económica. Sin duda, es buena noticia que España haya colocado su última emisión de deuda pública. Sería el colmo que no lo hiciera. Y lo seguirá haciendo, eso sí, pagando intereses cada vez más altos porque es una deuda avalada por la Unión Europea a través del fondo de rescate. Así que la satisfacción por la compra de deuda debería ir acompañada de una explicación elemental: habrá que devolverla con unos intereses cada vez más costosos, que se comen lo que el Gobierno recorta de pensiones y derechos sociales. Consecuentemente, la prima de riesgo de la deuda española ha bajado a 230 puntos, noticia relativamente positiva salvo que se recuerde que en mayo de 2010 estaba en torno a 150 puntos. ¿Qué significan estos datos? Que la economía española está en buena parte fuera de control de las decisiones del Gobierno.

Lo grave es que estas oscilaciones —que, como tales, no son una base sólida para hacer predicciones— no mejoran la situación diaria de los ciudadanos españoles y de sus familias, a las que afecta mucho más que la inflación en 2010 haya subido un 3 por ciento. Este dato significa que hay un riesgo grave de estanflación, es decir, los precios aumentan a pesar de que no hay un incremento correlativo de la actividad económica, ni del consumo, ni del empleo. La consecuencia de este cuadro es que los españoles empiezan 2011 con mucha menos capacidad adquisitiva que hace unos meses, porque a la inflación de 2010 habrá que sumar los incrementos de los precios en productos básicos, como luz, gas y gasolina. Además, los incrementos de impuestos y la supresión de ayudas terminarán de agravar un escenario de empobrecimiento social sin precedentes en la reciente historia democrática. Entre tanto, el Gobierno afronta esta situación con nuevas muestras de desconcierto, esta vez en la negociación de la reforma de las pensiones, mezclándola con el desarrollo reglamentario de la reforma laboral y provocando confusión sobre cómo van a quedar estas reformas estructurales de la economía y las cuentas públicas. Están cerca las elecciones y el Gobierno quiere recuperar a la izquierda sindical aunque sea con gestos tan irresponsables como el de ofrecer pasos atrás en la reforma laboral.

ABC - Editorial

Aznar y González: de lo general a lo particular. Por Antonio Casado

Es legal pero no es ético. Por muchas vueltas que le demos. El compromiso de un gobernante con los intereses generales de su país es vitalicio. O debe serlo. Y, por tanto, el capital acumulado en conocimientos, experiencia, influencia, relaciones, etc., durante sus años de mandato, nunca debería ponerse al servicio de intereses particulares a cambio de una retribución más o menos sustanciosa. La cuantía es lo de menos porque se trata de una cuestión de principios.

Ese es el sentido de la norma legal que regula el estatuto de los ex presidentes del Gobierno (Real Decreto 2102/1983, modificado en 1992 y en 2008), al que se le olvidó fijar un régimen especial de incompatibilidades para los ex presidentes. Se ocupa casi exclusivamente de garantizarles una vida digna mediante la asignación de recursos públicos.

Algunos de esos recursos (automóvil, conductor y escolta) también se extienden, por cierto, “al cónyuge o persona unida con análoga relación de afectividad, en caso de fallecimiento” según la modificación de julio de 2008. De modo que, atención, si un ex presidente fallece, su viuda o la persona a él unida sentimentalmente tiene derecho al automóvil oficial, conductor oficial y escolta oficial.

Además de una retribución anual de unos 70.000 euros, dotación para gastos de oficina, coche oficial, chofer, asistente, secretaria y escolta, el ex presidente tiene reservado un lugar en el protocolo, el derecho a disponer de asistencia diplomática en el extranjero, viajes gratis en los medios de transporte públicos, etc. Toda una logística con cargo a los impuestos de los ciudadanos que se acaba poniendo a disposición de intereses particulares. Lo cual es una forma de malversación, si se me permite utilizar ese término una vez despojado de su carga penal.

«Es moralmente reprobable traficar en el mercado privado con el bagaje de conocimientos e influencias adquiridos en el servicio público.»

Se trata de rodear al ex mandatario de medios públicos necesarios o suficientes para eludir la tentación de venderse a los privados. Ese es el Derecho. Al menos en el espíritu, pues la letra no es explícita al respecto. Los hechos son otros, como acabamos de saber por los recientes y energéticos fichajes de los dos últimos ex presidentes del Gobierno. Felipe González, a Gas Natural, como consejero independiente, con un sueldo anual de 125.000 euros. Y José María Aznar, a Endesa, como asesor externo, con una retribución de 300.000 euros.

En esos términos, me parece escandaloso el tránsito de lo general a lo particular. Lo sería menos si ambos renunciasen a la cobertura económica y logística dispuesta por el Estado para garantizarles el respeto y la consideración social que merecen como servidores de lo público. Aún así me seguiría pareciendo moralmente reprobable traficar en el mercado privado con el bagaje de conocimientos e influencias adquiridos en el servicio público.

Es evidente que Gas Natural, o Endesa en su caso, han contratado a González o Aznar como conseguidores, y no como expertos en generación o distribución de energía. Pero el caso es que esas dos compañías tienen competidores, cuyas cuentas de resultados están muy sometidas al poder inversor y regulatorio de los Gobiernos. ¿Por qué aquellos han de jugar con ventaja?

El Confidencial - Opinión

El derecho a discrepar. Por José María Carrascal

La polarización de la política norteamericana empezó hace años y hay culpas para todos.

LA verdadera tragedia norteamericana no es que haya ocurrido otra de esas masacres que de tanto en tanto ensombrecen la historia de este país. La verdadera tragedia es que esta masacre, a diferencia de las anteriores, no ha unido a los norteamericanos, haciéndoles sentirse un solo pueblo, sino que continúan la controversia y las acusaciones.

Tras el atentado terrorista de Oklahoma que dejo 168 muertos y el de las Torres Gemelas que dejó casi 3.000, la nación cerró filas y los presidentes Clinton y Bush encontraron eco a sus llamamientos de unidad por encima de las diferencias contra cualquier clase de terrorismo. Obama ha intentado hacer lo mismo al rendir homenaje a las víctima de Arizona, pero toda su oratoria no ha sido capaz de alejar el debate partidista que viene emponzoñando la atmósfera norteamericana hasta hacerla irrespirable e incluso peligrosa. El despacho de la congresista Giffords en Tucson, sin ir más lejos, había sido vandalizado, antes de sufrir el ataque que la mantiene en coma.

Nada más ocurrir el atentado, la izquierda norteamericana apuntó el Tea Party y a Sarah Palin como inductores morales del mismo, obviando los muchos indicios de la inestabilidad mental del autor del mismo, confirmadas posteriormente. Pero Sarah Palin no lo ha hecho mejor con una defensa tanto o más vitriólica, en la que, sin disculparse por el mapa con dianas de los distritos a conquistar, califica tales críticas como «libelos de sangre», resucitando las tradiciones antisemíticas medievales, que culpaban a los judíos de sacrificar niños cristianos para beber su sangre. Únanle que la congresista Griffords es judía, y tendrán el desánimo del país junto al dolor de la tragedia.

La realidad es que estamos ante algo que no es nuevo ni exclusivo. La polarización de la política norteamericana empezó hace años y hay culpas para todos. Es verdad que los ataques a Obama por parte de la extrema derecha han sido tan virulentos como falaces, llegándose incluso a dudar, no ya de que fuese cristiano, sino de que sea norteamericano. Pero ¿y los que desde la extrema y no tan extrema izquierda se lanzaron contra Bush, llamándole «asesino de niños» y cosas por estilo, eran acaso piropos? La izquierda, desde esa superioridad moral que se otorga sin mérito, pues ha cometido tantos o más crímenes que la derecha, se cree autorizada a sentenciar sobre hechos y personas sin ningún tipo de cortapisas, siempre arrimando el ascua a su sardina. La única conclusión razonable sería que ambas reconocieran sus excesos verbales y aceptasen que en democracia es legítimo discrepar sin ser tachado de antipatriota y, menos, de delincuente. «Hablamos para curarnos —decía Obama en el funeral—, no para herirnos». Lo malo es que incluso esas palabras ofenden a algunos.

ABC - Opinión

ETA. ¿Cuánto va a durar esta tregua?. Por Guillermo Dupuy

Si los terroristas fijaran una duración determinada a su alto el fuego pondrían las cosas mucho más difíciles a los tramposos de cara a maquillar el chantaje como una "posibilidad de paz" que hay que "explorar" o "verificar" –eso sí– "con mucha cautela".

Aunque políticos y periodistas acusen a los etarras de hacer trampas, sabemos una vez más por los propios terroristas que, lejos de una aceptación –ya fuese fingida o sincera– de su derrota, estamos ante una nueva tregua, ante un mero cese temporal de su actividad criminal, no menos claramente condicionado, como todos los altos fuegos anteriores, a la consecución de los objetivos por los que estos criminales han venido practicando su "lucha armada".

La cuestión, entonces, que nos podríamos plantear es cuánto va a durar esta tregua. ¿Cuándo van los etarras a volver con el tiro en la nuca si, tal y como nos aseguran, esto es sólo un alto el fuego? Lo cierto es que los etarras, al igual que en las más recientes treguas anteriores, no fijan la duración de su alto el fuego.

En el pasado, los etarras a veces sí que fijaban la duración de sus treguas, pero luego no siempre se ajustaban al plazo dado. Tal es el caso, por ejemplo, de la que llevaron a cabo en tiempos de Calvo-Sotelo, poco después del 23-F: dijeron que duraría un año, pero luego la prorrogaron hasta agosto del 82. La que ahora nos ocupa, que no deja de ser la reactivación de la llevada a cabo durante la primera legislatura de Zapatero, es indefinida, como también lo fue la prenegociada con los nacionalistas en Estella durante el Gobierno de Aznar. Tiene toda la lógica del mundo que así sea, ya que, para infamia de Zapatero, esta tregua en dos tiempos ha sido prenegociada y cocinada, por primera vez en la historia, con el Gobierno de la nación, sobre compromisos adquiridos, tal y como lo fue también la prenegociada con los partidos separatistas en Estella. Y es que si los terroristas fijaran una duración determinada a su alto el fuego pondrían las cosas mucho más difíciles a los tramposos de cara a maquillar el chantaje etarra como una "posibilidad de paz" que hay que "explorar" o "verificar" –eso sí– "con mucha cautela". El caso, sin embargo, es que las treguas, aunque no tengan una duración determinada, sí la tienen limitada. En caso contrario, no serían treguas.

Como la duración de esta tregua va a estar en función de acontecimientos futuros –tales como el grado de aceptación de los españoles a que el fin de ETA no conlleve su derrota, el grado de cesión y de sinceridad de un Gobierno que, por boca de Zapatero, aseguró que "con la paz todo será posible tenga el alcance que tenga" o que "los vascos tendrán derecho a decidir"– es imposible saber cuánto tiempo los encapuchados criminales van a mantener este "alto el fuego permanente y de carácter general".

Lo que sabemos por los terroristas es que su espada seguirá en alto sobre nosotros, con posibilidad de caer en cualquier momento, si no avanzamos hacia esa "segunda transición" que "tiene que aceptar la plurinacionalidad del Estado y el derecho a decidir de los pueblos", tal y como acaba de recordar Otegui en Gara.

Aunque a este vocero de los encapuchados se le pegue cada día más el lenguaje engañoso de la clase política, a cuyo estatus quiere volver, aun conserva la sinceridad propia de los criminales chantajistas de advertirnos de que el cese de la violencia por parte de ETA no es irreversible: "Lo primero que quiero transmitir es que es fundamental nuestra presencia en las elecciones de mayo, no solamente para superar una realidad de segregación político-ideológica que manipula la voluntad de la sociedad vasca y su marco institucional, sino fundamentalmente para abordar la irreversibilidad del proceso democrático".

Si no quieren arriesgarse, ya pueden darse prisa los tramposos que nos gobiernan, y que encubren el chantaje, en volver a colar en las instituciones a los proetarras, muchos de los cuales, por cierto y gracias a ellos, siguen dentro.

Libertad Digital - Opinión

Al enemigo, ni agua. Por Hermann Tertsch

¡Qué sensibilidad la de RTVE! Si tuviera la misma cuando protestan quienes están hartos de insultos a la religión católica...

MENOS mal que ya tenemos un buen cuerpo delator de despliegue rápido que nos evita a veces errores en el adoctrinamiento. Estamos aliviados. Un espantoso error que cometió la Televisión Pública ha podido solventarse sin mayores consecuencias. Gracias a una pertinente denuncia de la gacetilla sectaria de los amigos de Zapatero y a 170 de esos muchos miles de chivatos que el zapaterismo nos va a dejar como guardianes de su moral y jenízaros de la cultura de delación. Hay que controlarlo todo muy bien, porque —y aquí está la prueba— hasta un órgano dirigido por los más obedientes y leales, con una vocación incuestionable de difundir la buena nueva del socialismo «new age» y sus magníficas intenciones, pueden equivocarse. Pero funcionan los cuerpos de denunciantes —«the chota crew»— para evitar lo peor. Resulta que RTVE mandó a un equipo a hacer un programa de «españoles por el mundo» a Israel. Y sus jefes no debieron avisarles bien de lo que se esperaba de ellos. Sería la costumbre. Porque la gente de la casa sabe que, si se habla de Israel es para insultar al país, llamar nazis a sus dirigentes, ridiculizar a los creyentes en el Muro de las Lamentaciones y soltar algunas lindezas sobre los judíos en general, que mira que son fachas, intrigantes y ricos, todos ricos.

Resulta que el equipo fue a Jerusalén, contactó con una serie de españoles que viven allí e hicieron el programa. Que se emitió el 7 de diciembre. Pero ¡ay!, el resultado era radicalmente insatisfactorio para los guardianes de nuestra pureza revolucionaria antisionista. En el programa aparecía gente normal, con sus inquietudes, sus problemas, sus añoranzas y sus ganas de mostrar rincones de aquella maravillosa ciudad. Exactamente con el mismo formato y método que en los programas hechos en las más diversas ciudades del mundo. Se habla de precios, horarios, diversiones, de atracciones y hospitalidad. En total desenfado. En Berlín no habla de la guerra sino de discotecas. En París o Londres no pregunta por el índice de violaciones. En Pekín o Moscú no trata de minorías perseguidas ni presos políticos. No hay política en general. Pero con Jerusalén no valen los criterios generales. Los judíos merecen un trato especial. Los israelíes no tienen derecho a tener una imagen normal, que no esté marcada por la crueldad o el drama. No vayamos a sentir simpatía. Los judíos tienen que ser como los presentan los dibujantes antisemitas de los diarios españoles de izquierdas. Con nariz aguileña, levita y tirabuzones. O militares con cruces gamas. Los españoles que viven allí podrían ser educados y hasta atractivos. Y no organizan flotillas con los terroristas de Hamás. Sospechosos. Y encima, muchos judíos. Judíos españoles, simpáticos, hablando bien de Jerusalén e Israel. ¿Adónde vamos a ir a parar? Al enemigo ni agua. ¡Fuera programa! Ayer, Televisión Española —donde los toros son la peor obscenidad y todos los curas, fascistas y maricones— anunció que retiraba el programa. Lo consigue el periodiquillo del zapaterismo juvenil y 170 protestas de amigos de Hamás. ¡Qué sensibilidad la de RTVE! Si tuviera la misma cuando protestan quienes están hartos de insultos a la religión católica o de aquelarres sectarios y revanchistas.

El antisemitismo izquierdista español se cobra esta pieza. Pero eso no es nada. Un anuncio para el boicot a productos israelíes que emite la televisión palestina, informa, con gran despliegue tipográfico, que lo financia el Gobierno español. Éste dice que no ha sido. Quizás no mienta. Habrán confundido a España con Irán, Hamás o Hizbullah. Nuestros amigos.

ABC - Opinión

El desencanto. Por Alfonso Ussía

Me parece bien que el etarra José María Sagarduy Moja, alias «Gatza», abandone la cárcel y salga en libertad. No malinterpreten mis palabras. Me parece bien porque ha cumplido íntegramente su condena y le corresponde, según las leyes de un Estado de Derecho, ser libre de nuevo. Y me parece mejor por su desencanto. El egocentrismo de un terrorista preso durante algo más de treinta años le lleva a pensar que todo el mundo está pendiente de él. Más aún, si en esos treinta años ha seguido creyéndose un héroe, un luchador por la independencia de una nación que nunca ha existido como tal. Le harán algún homenaje y aquí paz y después gloria.

José María Sagarduy asesinó a su primera víctima con poco más de veinte años. Era un joven imbécil y perverso, arrebatado de patrias inventadas y melancolías de aldea. Asesinó en Guernica a Juan Cruz Hurtado, y poco después en Ondárroa a José María Arrizabalaga. En la veintena vital entró en la cárcel. Y ahora sale cincuentón. Se va a sentir ajeno en una sociedad con la que lleva treinta años divorciado. Crecer de golpe treinta años no puede resultar agradable. Las chicas que dejó son hoy unas señoras probablemente fondonas. De haber visto día tras día su evolución, hoy le parecerían unas valquirias estupendas, pero se va a llevar un porrazo visual y estético.

Y el desencanto le vendrá cuando compruebe que sus treinta años de cárcel no le han servido para nada. Ni la ETA ha triunfado, ni el comunismo se ha impuesto, ni el nacionalismo se mantiene en el poder. El «Lehendakari» es un López, un maqueto, que gobierna apoyado por los votos parlamentarios del Partido Popular. Si algún pensamiento o reflexión pueden emerger de su inteligencia de botijo, Sagarduy se formularía muchas preguntas y no hallaría ni una sola respuesta satisfactoria respecto a su fracaso. Es casi una nada con treinta años más sobre los hombros. Los novecientos inocentes asesinados por la ETA, por él y sus compinches en barbaridades sanguinarias, son los héroes, no ellos. Y aquella banda terrorista que le llevó de la perversidad a una condena de treinta años, es hoy un manada debilitada, no por los Gobiernos, sino por una sociedad unida y comprometida con sus víctimas. Dejó una máquina poderosa de sangre y hoy, treinta años más tarde, se encuentra con una bicicleta pinchada. Treinta años perdidos por ser un criminal imbécil. De «Euskadi ta askatasuna», nada de nada. La única posibilidad que tiene la ETA para sobrevivir no es otra que la debilidad del Gobierno, y es de esperar que la sociedad no se la permita.

La Justicia ha cumplido con su palabra y ha puesto en libertad al cincuentón perdido. Nada es como era, empezando por su cuerpo. Lo que le reste de vida, lo hará abrazado al rencor y al odio. Odio y rencor hacia sí mismo, principalmente. Y en unos meses, su figura se perderá en los grises del olvido y de la indiferencia. No espere ni en sueños la gratitud de los que lo envenenaron para asesinar en nombre de no se sabe qué. Al salir en libertad ha perdido el único valor que tenía para el movimiento asesino al que pertenece. Ya no es ni un preso. Para ellos, un preso es moneda de cambio, motivo de chantaje y causa de coacción. En libertad, el tal «Gatza» ha perdido toda su cotización. Y no creo que se atreva, después de treinta años, a volver a matar. Con cincuenta años se corre menos ante la Guardia Civil que con veinte. Con la libertad se ha reencontrado a sí mismo. La soledad del excremento.

La Razón - Opinión

Tribunal Constitucional. Casas enfurruñada. Por Emilio Campmany

¿Es por eso, por no estar satisfecha con su trabajo, por lo que se despidió tan agriamente? ¿Se debe a ello el que, como una especie de señorita Rotenmeyer, recriminara a toda la clase política?

Es un clásico en nuestro país oír a los políticos cuando se retiran pontificar acerca de lo mucho que se debería hacer, olvidando que ellos podrían haberlo hecho cuando ocuparon el cargo y sin embargo no lo hicieron. María Emilia Casas, naturalmente, no podía ser una excepción. Se me dirá que mi tocaya no es una política y que tampoco lo es el cargo del que se despide. Ja. Su trabajo en el Tribunal, especialmente desde que hace seis años fue nombrada presidenta de él, ha sido en esencia político. Su más importante misión fue la de salvar cuanto se pudiera del groseramente inconstitucional estatuto de Cataluña. Y sólo fue capaz de cumplirla a medias. Porque es verdad que se han declarado constitucionales muchos artículos que es obvio que no lo son. Pero no es menos cierto que el tribunal presidido por ella se ha visto obligado a declarar la inconstitucionalidad de los suficientes apartados como para encorajinar al nacionalismo catalán.

¿Es por eso, por no estar satisfecha con su trabajo, por lo que se despidió tan agriamente? ¿Se debe a ello el que, como una especie de señorita Rotenmeyer, recriminara a toda la clase política? ¿O fue quizá tan sólo un desahogo por el rapapolvo que tuvo que aguantarle a María Teresa Fernández de la Vega? Yo creo que no. Doña María Emilia estaba muy enfadada, pero no porque el Congreso todavía no haya nombrado a los cuatro magistrados que debiera ya haber designado ni porque los políticos no hayan sabido ponerse de acuerdo para reemplazar a García-Calvo, fallecido mientras estaba en funciones. Lo que probablemente tiene a la ya ex presidenta hablando sola es ver que el puesto en el Consejo de Estado que le habían prometido en pago de sus servicios resulta que ha sido ocupado por la misma que la abroncó en público. Total que, después de haber tenido que tragar quina por verse regañada por alguien sin ninguna autoridad sobre ella, después de haber seguido, a pesar de ello, al frente de la institución sin que de la Vega se disculpara, después de haber dejado el prestigio del tribunal y el suyo propio por los suelos, y después de haberse fajado defendiendo lo indefendible, van y le dan a otra el caramelo que a ella le prometieron. Es natural que esté que echa chispas.

Ahora, hasta para enfadarse, hay que tener cabeza. ¿Cómo puede abroncar a las Cortes por no renovar a los magistrados si fue precisamente esta omisión, reforma inconstitucional mediante, lo que le permitió ser presidenta el doble de lo legalmente permitido? ¿Cómo puede tener cuajo para quejarse de eso y "olvidar" que el artículo 160 de la Constitución dice que "el presidente del Tribunal Constitucional será nombrado (...) por un período de tres años"?

Pero lo más chirriante del discurso de despedida de la presidenta vino cuando se refirió a García-Calvo, del que dijo: "la tristeza por su muerte se ahonda ante la constancia de que el Congreso no ha encontrado el tiempo preciso para cubrir su vacante". Es como si en un funeral de un entrenador de fútbol o de un profesor, alguien diera el pésame a la familia señalando que el dolor le embarga con mayor profundidad al ver que no le nombran sustituto al muerto. Uno ya no sabe si es un problema de capacidad o de mal gusto.

Libertad Digital - Opinión

La emoción de la calle. Por M. Martín Ferrand

Las dos compañías energéticas que buscan los servicios de los ex presidentes del Gobiernono son libérrimas.

SEGÚN el consejo del muy atrabiliario Luis Bonafoux, las putas, los policías, los políticos y los periodistas —las cuatro grandes pes del reparto social— estamos obligados a recorrer las calles de la ciudad, con los ojos bien abiertos, para cumplir con nuestro trabajo. Lo que debe evitarse es que se crucen las intenciones con las que las unas y los otros debemos hacer esas rondas. En mi observación directa, y por encima de asuntos de mayor enjundia, resulta creciente, y hasta alarmante, la generalizada indignación de las personas ante la situación, diz que de privilegio, que en el orden salarial y de generación de derechos pasivos asiste a la clase política. Esa actitud, incluso enconada, se proyecta sin grandes diferencias contra los actores de los tres grandes poderes del Estado y se extiende a la nomenclatura de los partidos políticos.

Algo que, en primera instancia, parecía un asunto menor, la contratación de Felipe González y José María Aznar como consejeros de Gas Natural, el primero, y asesor de Endesa, el segundo, encabeza el ranking de la protesta popular. Cabría atribuírselo a la envidia, algo que nunca es sano, que define el carácter nacional y que, según Fernando Díaz Plaja, obliga al español medio a buscar y encontrar en los personajes de su máxima admiración algún factor negativo que le permita increparle en sus conversaciones diarias. «Qué bien escribe el cabrón» y lindezas por el estilo. Pero hay más, tanto en el sentimiento callejero como en la valoración política de las dos contrataciones, curiosamente simultáneas.

Aparte del agravio comparativo que, en materia de pensiones, supone el tiempo que se le exige a un trabajador común o a un diputado, hay algo, a mitad de camino entre la ética y la estética, que explica desde la razón la indignación emocional que generan González en Gas Natural y Aznar en Endesa. Si cualquiera de los dos, o ambos a la vez, hubieran sido reclamados como consejeros de Inditex o asesores de Mercadona, habría muy poco que decir. Sería una cuestión entre ellos y Amancio Ortega o Juan Roig. Pero las dos compañías energéticas que buscan los servicios de los ex presidentes del Gobierno no son libérrimas, como la gallega del textil o la valenciana de la distribución. Se integran en un sector privatizado y no liberalizado, regulado, y ahí caben el escrúpulo y la crítica. Doy por sentado que buscan la sabiduría de los ex presidentes, pero puede aceptarse la sospecha de que también se pretenda su capacidad de influencia frente a sus partidos, de los que dependen, o dependerán, sus tarifas y otras circunstancias. Es legal, pero no es bonito.

ABC - Opinión

Israel. Es un boicot del Gobierno de España. Por Cristina Losada

No sólo es preciso investigar este concreto caso. Habrá que suspender las ayudas a las organizaciones responsables. Y establecer mecanismos de control.

Aquella genial idea de Zapatero, los mil y un spots del Gobierno de España, acaba de traspasar nuestras fronteras. Gloriosamente. Y no para recomendar que saques tarjeta roja a los maltratadores, recicles la basura, te pongas el casco, reduzcas la velocidad o cualquiera de los otros mensajes destinados a "sensibilizar" a esos niños de guardería que son los ciudadanos españoles. Ahora, el Gobierno de España patrocina, a cara descubierta, con bandera, escudo y dirección ministerial, un boicot a los productos israelíes que se emite en la televisión palestina administrada por Fatah.

La historia es simple, tersa, increíble. Aunque previsible. El anuncio tiene lugar en una tienda de ultramarinos, un escenario popular. El tendero es advertido de que hay pasquines llamando a un boicot de los productos de Israel. "No puedo no traerlos. La gente los pide y en la mayoría de los casos son mejores que el producto local", replica el poco patriótico comerciante. Animado por el traidor, un niño pide una bolsa de patatas fritas israelí de una marca realmente existente. Con ella en la mano, va a salir, cuando se oye algarabía de disparos. El infante deja caer las patatas y sentencia, grave: "No quiero productos israelíes. Quiero productos palestinos". La decisión se rubrica con un texto: "No prolongues la vida de los ocupantes en nuestra tierra". Acto seguido, aparece el logo del Gobierno de España acompañado por su Ministerio de Asuntos Exteriores y su Agencia Española de Cooperación Internacional, más la firma de una ONG también española, ACSUR.

No se trata, precisamente, de publicidad subliminal. El spot es tosco en su asociación de los chips israelíes con la guerra y la represión contra los palestinos. En su mensaje final hay una incitación apenas velada. La instigación del odio hacia Israel y los judíos, con o sin llamadas al boicot, es una línea maestra de la propaganda mal denominada pro-palestina. Pero ¿cómo ha aparecido el Gobierno de España en tan infame ejercicio de antisemitismo? El embajador en Tel Aviv asegura que ha sido sin su conocimiento. Parecida respuesta ha dado el Ministerio de Exteriores a los escasos medios nacionales que se han interesado. La ONG se escapa por la tangente. Sí, pero ¿se financian con dinero público español groseras campañas contra Israel en Gaza y en Cisjordania? ¿Controla el Gobierno en qué se emplean las subvenciones que destina a la Autoridad Palestina? ¿Y las que concede a ONGs dedicadas a infligir su activismo político por el mundo adelante?

El Gobierno de España dirá circunspecto que entrega dinero a los dirigentes palestinos para el alcantarillado, el agua potable, la sanidad, las aceras. Pero cuando se financia a expertos en promover el odio, ocurre invariablemente que lo dedican a esa, para ellos, esencial actividad. No sólo es preciso investigar este concreto caso. Habrá que suspender las ayudas a las organizaciones responsables. Y establecer mecanismos de control. Máxime cuando el espíritu del anuncio guarda afinidad con los prejuicios anti-israelíes que dominan en la galaxia ideológica del Gobierno.

Libertad Digital - Opinión

Ser Alemania. Por Ignacio Camacho

Es cierto que España no es Grecia, ni Irlanda, ni Portugal. Pero sobre todo lo que no somos es Alemania.

EL mantra defensivo contra la debilidad económica española que el Gobierno ha canturreado durante los últimos meses —no somos Grecia, no somos Irlanda, no somos Portugal— ya tiene un estribillo antónimo. Lo que no somos es Alemania. No somos un país capaz de crecer por encima del tres por ciento cuando nosotros mantenemos crecimiento negativo (eufemismo piadoso: eso es decrecer). No somos una nación federal capaz de reconducir el peso de sus poderes territoriales. No tenemos una clase dirigente dispuesta a formar un gobierno de coalición de partidos mayoritarios para abordar reformas de interés público. No tenemos un siete por ciento de paro, y bajando. No compramos deuda sino que la vendemos. Y no lideramos nada en Europa salvo las estadísticas de desempleo. No, definitivamente, no somos Alemania.

Y no nos vendría mal ser un poco alemanesen este tiempo incierto. Adoptar algo del rigor político y la determinación moral con que la sociedad germana ha afrontado la crisis para salir de ella antes que los demás. Imbuirnos de esa tradición un poco luterana de disciplina colectiva y respeto al trabajo. Ser más eficaces, más dinámicos, más austeros y menos diletantes. Si los nacionalistas catalanes quieren parecerse a Quebec y los vascos a Suiza (salvo los etarras, que apuntan más al modelo albanés o al cubano), el conjunto de los españoles deberíamos tratar de asimilarnos a Alemania. Que por cierto tiene una estructura federal sin que el Estado pierda por ello su fortaleza ni diluya su cohesión como ha sucedido aquí con las autonomías. Alemania ha hecho los deberes que nosotros no hemos sabido ni plantear, entre otras cosas porque mientras allí se aprestaban a hacer frente a la recesión aquí pasamos dos años discutiéndola y negándola. Ahora es un país capaz de absorber parte del empleo que nos falta; quizá pronto veamos más españoles emigrando de nuevo a Francfort o Colonia, pero ya no serán obreros sin cualificar sino graduados universitarios.

Sí, los alemanes son muy aburridos y muy cabezas cuadradas y tal. Pero ese carácter les ha permitido sacudirse las miasmas y adoptar con firmeza las medidas que les sacaran del atolladero en el que los españoles andamos metidos con toda nuestra finura de criterio y nuestro sentido vitalista. Y ahora dependemos de ellos y de que decidan dedicar parte de su esfuerzo a estabilizarnos para que no nos llevemos por delante la unidad monetaria. Dependemos de que quieran ser solidarios cuando muchos de ellos empiezan a sentir la tentación de no serlo y añoran sus marcos fuertes frente al euro que estamos debilitando con nuestra divertida incompetencia. Y de que la «fracasada» Angela Merkel —que no ha olvidado el agravio— no sienta la tentación de pasarnos muy germánicamente la factura.

ABC - Opinión

El pacto es posible

Es una buena noticia que los sindicatos hayan renunciado a convocar a corto plazo otra huelga general y que se haya restablecido la confianza en el diálogo con el Gobierno. Pero sería todavía mejor que cristalizara ese embrión de gran pacto de Estado que se ha planteado en las últimas horas con la participación de empresarios, sindicalistas, Gobierno y oposición. Tal vez sea el momento tan anhelado por la mayoría de los españoles para que los agentes políticos y sociales envainen las espadas y asuman su responsabilidad ante la crítica encrucijada de nuestra economía. Después de algunos intentos fallidos, el último de los cuales fue el fiasco de la Comisión Zurbano, y de una huelga general, se dan ahora condiciones más idóneas para sentarse a la mesa y negociar una reforma económica profunda para los próximos cinco años que reactive el tejido productivo, cree empleo y recupere la confianza de los inversores. También los actores son ahora más conscientes del desafío, desde una CEOE que ha superado con éxito su proceso de renovación interna, hasta unos sindicatos más pragmáticos tras el severo desgaste sufrido, pasando por un PP más proclive al acuerdo. En cuanto al Gobierno, parece que Zapatero y Rubalcaba ya se han convencido de que es mejor un gran pacto global que ir parcheando agujeros al ritmo que marcan los mercados. Por tanto, y al margen de que el Ejecutivo cumpla su promesa de reformar las pensiones antes de que termine el mes, se hace imprescindible consensuar la culminación de la reforma laboral, de la negociación colectiva y de las políticas activas de empleo. Con rigor y seriedad, con auténtica voluntad de cambio y no sólo como escenificación para calmar la ansiedad de nuestros socios comunitarios. Resulta sorprendente y poco fiable, por ejemplo, que el Gobierno diga ahora que va a eliminar como causa objetiva de despido las pérdidas temporales de la empresa. Si esta marcha atrás es el peaje que Moncloa debe pagar a los sindicatos para no romper la baraja, así debería consignarse para no contaminar con sospechas el resto de la reforma laboral. Europa y los clientes de nuestra deuda soberana no deben albergar la más mínima duda de que las reformas estructurales van en serio y son a largo plazo. De lo contrario, subastas como la de ayer se encarecerán aún más y pondrán en grave aprieto a un país que necesita colocar este año 2011 más de 40.000 millones de euros. Pero el pacto de Estado no sólo es necesario por razones de credibilidad externa, sino también de eficacia interna. En este sentido, merece la pena intentar ampliarlo, como han pedido CC OO y UGT, a la política energética, para que las empresas no pierdan competitividad, y a la reactivación industrial para impulsar la creación de empleo. El reto es ambicioso y concierne a todos los dirigentes políticos y sociales. La oportunidad es propicia, tal vez la última, y sería sumamente grave que se malversara por atender a intereses ideológicos o partidistas. Por eso, convendría antes que nada blindar las negociaciones de las turbulencias electorales que se avecinan para que no fracasen y para que nadie caiga en la tentación de sacar tajada política de un plato que es de todos los españoles.

La Razón - Editorial

Una mini-reforma reducida a la nada

Nuestras relaciones laborales seguirán en manos de la misma autocracia sindical y judicial que ha destruido más de dos millones de empleos desde 2008.

Si mayo y noviembre fueron meses tremendamente complicados para los mercados de deuda como consecuencia del riesgo de suspensión de pagos de Grecia e Irlanda, esta semana las incertidumbres han girado en torno a la solvencia de Portugal y de España. A diferencia de Grecia –que padecía un volumen de deuda pública impagable– y de Irlanda –que soportaba una deuda privada bancaria diez veces superior a su PIB–, el problema de España y Portugal es cómo hacer frente a un volumen de endeudamiento considerable con una economía absolutamente estancada.

El caso de España es paradigmático: sin creación de empleo el crecimiento se vuelve una misión casi imposible y sin crecimiento ni creación de empleo tanto la deuda pública como la privada (sobre todo la bancaria) corren un alto riesgo de ser impagadas. Desde 2007 urgían reformas estructurales que permitieran a nuestro sistema productivo seguir generando riqueza; a saber, reducir el gasto público a niveles de 2002, liberalizar el mercado energético para lograr una provisión más barata de electricidad, recapitalizar las cajas de ahorros, actualizar a la baja las condiciones de jubilación que hacen sostenible a medio plazo nuestro ineficiente sistema de pensiones y, sobre todo, flexibilizar un mercado de trabajo tan arcaico que a poco que se ralentice la economía destruye millones de empleos.

Nada de esto se hizo y el resultado no puede ser más elocuente: hemos duplicado nuestra deuda pública en apenas dos años, la situación de nuestro sistema financiero se ha deteriorado hasta niveles impensables y la cifra de parados ha alcanzado los 4,5 millones. Con este cuadro, a nadie debería extrañarle que los mercados –por mucho que se los quiera caracterizar con cuernos y rabo– apuesten en manada por nuestro desmoronamiento. Es cierto que al Gobierno ya se le agotó hace meses el tiempo y el crédito para modificar nada en un intento de enderezar la situación, pero, aun así, cada día que pasa sin implementar todas las reformas anteriores, nuestro futuro sólo hace que volverse más negro.

De ahí que resulte incomprensible, salvo que asumamos la hipótesis de que Zapatero y los suyos están trabajando denodadamente para provocar la quiebra de España, que ahora el PSOE reduzca a la nada la mini-reforma laboral que sacó adelante hace medio año. Visto está, pues, que a los sindicatos sigue resultándoles altamente rentable realizar huelgas generales con nulo seguimiento salvo por parte de aquellos a quienes con violencia se les impidió acudir al trabajo. Después de la vergonzosa marcha atrás del PP en 2002, el PSOE vuelve a ceder ante el chantaje, pero esta vez en una situación mucho más crítica que la de entonces.

Nuestras relaciones laborales seguirán en manos de la misma autocracia sindical y judicial que ha destruido más de dos millones de empleos desde 2008. Poca resistencia ha mostrado el PSOE a enterrar los pocos y parcos avances que en esta materia introdujo en julio; con la tramitación del reglamento, ni siquiera las pérdidas empresariales permitirán que las compañías se acojan a la figura de despido objetivo para tratar de sobrevivir reduciendo sus costes. Y es que no olvidemos que, por mucha demagogia izquierdista que se emplee, el despido de parte de la plantilla es la única forma que tienen muchas empresas en dificultades para tratar de sobrevivir y evitar el despido de todo el resto de trabajadores. Encarecer esa fórmula, especialmente para las compañías de menor tamaño, sólo agravará aun más la situación: nunca deberíamos olvidar que las barreras para salir del mercado también constituyen infranqueables barreras para entrar en él.

Libertad Digital - Editorial