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DESPUÉS de lo que ha pasado en estos últimos días en Teherán, ya no es posible mantener relaciones con el régimen iraní como si no hubiera sucedido nada. Un mandatario que desoye a una parte muy relevante de los ciudadanos y que los aplasta violentamente porque denuncian las irregularidades electorales, no gobierna con la legitimidad de los votos, sino por la fuerza. Detener las protestas a base de aterrorizar a la población es propio de dictaduras. Es más, todas las cautelas y paños calientes de las principales potencias occidentales ante el aplastamiento a sangre y fuego de las protestas de los ciudadanos iraníes no han tenido el menor efecto. Si lo que temían era una reacción hostil por parte de Mahmud Ahmadineyad, ya han llegado tarde, porque el dictador iraní ha elegido abiertamente el camino de la confrontación. La respuesta al mismísimo presidente Barack Obama, que tendía la mano al mundo musulmán en su discurso de El Cairo, ha sido compararle con su predecesor y anticipar un periodo de enfrentamiento.
Tampoco para los propios iraníes será posible pasar página como si tal cosa. Aunque la represión haya logrado poner sordina a la protesta, la fractura del régimen ha salido a la luz del día y todos saben que tarde o temprano las venganzas se irán ejecutando, incluyendo a aquellos que han accedido a aparecer en público «confesando» su participación en las protestas, al estilo de las grandes purgas en las peores dictaduras. La sangre inocente que se ha vertido en las calles de Teherán no se desvanecerá y aunque el miedo puede acallar las gargantas de aquellos que piden reformas, la ya antes cuestionada legitimidad del actual régimen de Teherán está manchada para siempre.
En estas circunstancias, los países occidentales tienen que hacer frente a la peor de las alternativas: un Ahmadineyad enrocado en su intransigencia, acosado por sus propios errores, e inclinado hacia la confrontación con el exterior para tratar de distraer las tensiones en el interior. Precisamente pensando en las aspiraciones del régimen de los Ayatolás para dotarse de armas nucleares, cualquier intento de apaciguamiento es un arma de doble filo. Antes de cualquier tentación de legitimar la permanencia de Ahmadineyad en el poder hay que tener en cuenta que la posibilidad de llegar a un acuerdo con él es la misma que la de hacer que reconozca que la elección presidencial no fue justa.
ABC - Editorial
El PP, en sus trece. “Actuaré en conciencia”, dice Rajoy. Pero no sin conocer las acusaciones por los propios autos judiciales, no por los periódicos, según doctrina oficial de Génova. Es ir muy lejos en el arropamiento personal y organizativo a Bárcenas, que ascendió de gerente a tesorero hace un año por decisión de Rajoy. Ahora el PP está pagando un coste político como grupo por las malas prácticas de un determinado dirigente.
Por eso acierta el PP cuando, por medio de su portavoz, González Pons, reclama para el partido la condición de “perjudicado”. Ya es muy notable el daño que Bárcenas le está causando a las siglas. Así que Pons da en el clavo. Pero no actúa en consecuencia si al mismo tiempo apoya al causante del daño. Es de puro sentido común, ¿a quién apunta Pons cuando afirma que el PP está sufriendo un perjuicio? Supongo que ya no se referirá a Garzón, a la Fiscalía, a la Policía Judicial, a la Agencia Tributaria o al diario El País, todos ellos recaderos del Gobierno, según doctrina política y mediática del PP.
Ya no cuela. Ahora es el mismísimo Tribunal Supremo el que aprecia indicios de que el senador y tesorero del PP puede haber cometido delitos contra la Hacienda Pública y de cohecho. Por tales supuestos delictivos le llamará a declarar como imputado. Nada se dice de financiación irregular del PP y nunca se dijo en sede judicial. Carece de sentido esa actitud defensiva respecto a una acusación inexistente. Si lo insinuó el El País en línea editorial será un problema de ese periódico. En todo caso, la insinuación no tuvo recorrido por falta de soporte documental o testifical. Razón de más para distanciarse de Bárcenas o pedirle un paso atrás en nombre de la causa.
Cuando ahora el PP sale felicitándose porque se ha demostrado que no había caso de financiación irregular -y es verdad que no lo hay-, traslada la impresión de estar encantado con el hecho de que a su tesorero le puedan acusar solamente de defraudar al Fisco o de aceptar cantidades bajo cuerda de la trama empresarial que pilotaba el tal Francisco Correa, uno de los invitados a la boda de la hija de Aznar. No se entiende el arropamiento de Rajoy a un tesorero que, según la Audiencia Nacional, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el Tribunal Supremo, puede haber cometido los referidos delitos, porque la honorabilidad de Rajoy y la del PP están por encima de la honorabilidad de Luis Bárcenas cuando ambas están siendo cuestionadas.
En la duda, el buen nombre de la organización y el de miles de militantes honrados que trabajan generosamente por una causa política no puede estar a expensas de la palabra de un dirigente concreto, cuando esa palabra queda desmentida por tan copiosa acumulación de testimonios en su contra.
Es lógica la defensa del PP frente al aprovechamiento del caso por parte del adversario político. Véanse las declaraciones del socialista Antonio Hernando, ayer, cargando contra Rajoy. Pero también tiene sentido defenderse de los desaprensivos que utilizan las siglas del PP para llenarse los bolsillos, como presuntamente habría hecho el tesorero Bárcenas, el diputado Merino y ciertos alcaldes madrileños en relación con el caso Gürtel.
Lo he escrito en varias ocasiones. La última vez en mi comentario del pasado 17 de junio: “Bárcenas debe dar un paso atrás por el bien de su partido”. E insisto. Mientras Rajoy no ponga tierra por medio, las siglas del PP y el propio nombre de su líder sufrirán un desgaste paralelo al de los implicados en términos de imagen pública.
el confidencial - Opinión
El aspecto más polémico de la reorganización de las cajas españolas es que la ley actual confiere a las autonomías la capacidad de vetar fusiones entre ellas.
MENOS DE un año después de que Zapatero cantara las excelencias de nuestro sistema financiero, el Consejo de Ministros se dispone a aprobar -seguramente hoy- un decreto por el que se crea el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, que ascenderá a un máximo de nada menos que 99.000 millones de euros.
Esta considerable suma de dinero servirá para reordenar el sector financiero -en concreto, las cajas de ahorro- mediante un proceso de fusiones que será supervisado por el Banco de España. El Gobierno reforzará la capitalización de las entidades que se fusionen mediante este Fondo, aunque en principio no dispondrá de derechos políticos; es decir, no intervendrá en la gestión.
El aspecto más polémico de la reordenación de las cajas es que el actual marco legislativo confiere a las comunidades autónomas la capacidad de vetar una fusión si la considera lesiva para sus intereses. La vicepresidenta Elena Salgado declaró públicamente que el Gobierno iba a eliminar este veto, pero posteriormente quedó desautorizada por el propio Zapatero.
El presidente del Gobierno se vio obligado a dar marcha atrás por las presiones de Montilla y Griñan -reyezuelos de taifa antes que socialistas-, que se oponían a perder el derecho de vetar las fusiones de sus cajas por miedo a perder el control. Ésta es la tesis que desgraciadamente se ha impuesto.
A lo largo de los últimos meses, el Gobierno ha intentado llegar a un acuerdo con el PP para reformar el sistema financiero, pero el pacto no ha sido posible porque Mariano Rajoy quería acabar con el derecho de veto y, además, desconfiaba de la neutralidad política del Banco de España en la determinación de las fusiones y en la exigencia de responsabilidades a los gestores. Anoche, el Gobierno aceptó la creación de una comisión parlamentaria que controlará el proceso.
Las suspicacias de Rajoy no son imaginarias. Tienen base en la forma cómo el Gobierno tuvo que intervenir Caja Castilla-La Mancha, que se hizo tarde, mal e intentando ocultar en un primer momento la incompetencia de los gestores.
Nadie duda en estos momentos que el sector financiero se encuentra en una situación difícil y, más concretamente, que hay más de una docena de cajas que necesitan capitalización para afrontar sus problemas de liquidez. También es evidente que el proceso de concentración es la solución más racional, teniendo en cuenta que hay un sobredimensionamiento del sector.
Pero las fusiones no pueden ser abordadas para satisfacer las apetencias de poder de los barones autonómicos sino para fortalecer y sanear unas entidades que se tambalean. Lo lógico y lo coherente sería las concentraciones de cajas complementarias geográficamente, lo que permitiría aumentar su implantación territorial y, por ello, la competitividad del sistema.
Ello choca con las pretensiones de algunos presidentes autonómicos que quieren fusionar cajas de la misma comunidad para reforzar su poder y evitar intrusiones de fuera en detrimento de una mayor competencia. Por citar un ejemplo, Montilla apoyaría la absorción de Caixa Catalunya por La Caixa con ayudas públicas, pero no aceptaría una fusión con Bancaja, que opera en Valencia, ya que ello supondría además difuminar el carácter identitario de su primera entidad financiera.
Parece claro que el proceso de ordenación de las cajas está condenado al fracaso si al final priman los intereses políticos sobre la racionalidad económica. Pero además el Gobierno está dejando pasar la gran oportunidad de modificar su régimen jurídico para profesionalizar su gestión y blindarlas de interferencias políticas.
En conclusión, existe el riesgo de dilapidar unos recursos considerables para perpetuar un sistema que ya ha demostrado su ineficiencia.
El Mundo - Editorial
«El precio a pagar por el despido reduce la contratación de nuevos trabajadores. Las barreras de salida son barreras de entrada. Pocas empresas van a arriesgarse a contratar cuando el despido supone un coste tan alto.»
Los sindicatos han vuelto a mostrar su absoluta incapacidad para entender la economía y, por tanto, hacer un diagnóstico acertado que pueda llevar a una solución que funcione. El secretario general de UGT considera que "la clave para la lucha contra la crisis" consiste en que las empresas no despidan a sus trabajadores. Singular descubrimiento, no cabe duda. En una próxima entrega, suponemos, nos informará de la importancia de que además no cierren.
Cándido Méndez, que jamás ha dirigido otra cosa que un sindicato subvencionado, cree que puede enseñar a quienes se juegan su dinero en el empeño a cómo hacer las cosas. Así, indica que los empresarios deben "retener, reclasificar o reubicar" a sus empleados y no "rescindir contratos". Olvida Méndez que despedir suele ser una mala noticia para un empresario, pues significa en general que su compañía no va lo suficientemente bien o que se equivocó al invertir demasiados recursos humanos en una línea de negocio determinada.
En cualquier caso, las opiniones del sindicalista desvelan un problema más de fondo. Como tantos otros, Méndez pretende que la marcha de la economía puede arreglarse con meros esfuerzos de voluntad, y que si no funciona es porque hay personas poco menos que malvadas que no aportan lo suficiente de su parte. Desgraciadamente, el problema es mucho más profundo, de ahí que sea necesaria una reforma laboral para que España no destruya tanto empleo.
La cuestión es que, como ya empiezan a denunciar incluso los medios afines al Gobierno, a Zapatero le importa bastante menos que los españoles no encuentren trabajo que la mucha o poca impopularidad que pudiera acarrearle las mejoras en el mercado de trabajo. Así que ha condicionado cualquier posible cambio al resultado de un "diálogo social" que, en vista de las opiniones expresadas por el secretario general de la UGT, no puede resultar sino estéril.
Mientras la economía funcionaba, la rigidez de nuestro mercado laboral pasaba más desapercibida, pero pese a ello se creaba menos empleo del que nuestro crecimiento podía hacer pensar; sólo había que comparar nuestra tasa de paro con la de muchas otras economías occidentales. El precio a pagar por finalizar un contrato puede reducir el número de despidos en un momento determinado, pero también reduce la contratación de nuevos trabajadores. Las barreras de salida, nos enseña la economía, son barreras de entrada. Pocas empresas van a arriesgarse a contratar cuando la incertidumbre planea sobre su propio futuro y el despido supone un coste tan alto. Como en cualquier otra inversión –y el empleado es una inversión para el empresario– hay que dotar provisiones para hacer frente a los eventuales riesgos y esas provisiones necesariamente van a suponer un coste que no va a pagar otra persona sino el propio trabajador.
Una crisis significa que la economía debe reestructurarse, desapareciendo compañías –e incluso sectores– que ya no resultan rentables y viendo nacer otras mejor adaptadas a las necesidades de los consumidores. Se trata de un proceso que debe facilitarse y no impedirse u obstaculizarse, porque en caso contrario estaremos alargando la agonía. Incrementar los gastos laborales de las empresas que han de nacer o que podrían crecer es una pésima política para encarar la recuperación.
La propuesta de los empresarios de un contrato de primer empleo para jóvenes con un coste de despido muy reducido, pero que se incrementa con el tiempo, seguramente no sea suficiente. No obstante, tiene la virtud de no atacar "los derechos de los trabajadores", pues está enfocado a emplear a personas que no han trabajado nunca y que, por tanto, no tienen "derecho adquirido" alguno. Pero a esto, como a todo, se niegan los sindicatos. Zapatero debería tomar el toro por los cuernos y obviar la opinión de los autodenominados representantes de los trabajadores... pero no lo hará. Y su incompetencia la pagaremos todos.
Libertad Digital - Editorial
LO llaman «geometría variable» pero, en la práctica, es una chapuza permanente. Una y otra vez, el grupo socialista hace equilibrios en el Congreso de los Diputados para sacar adelante las votaciones de acuerdo con el espíritu del «como sea» que inspira muchas decisiones de Rodríguez Zapatero. Ayer, el PSOE sacó adelante el «techo» de gasto público para 2010 de cara a los próximos presupuestos generales del Estado, gracias al apoyo de Coalición Canaria y UPN y a las abstenciones de CiU, IU-ICV, BNG y Nafarroa Bai, es decir, un total de 172 votos a favor a base de pactos heterogéneos y a veces contradictorios. Los reproches de los diversos grupos, incluidos algunos que se abstuvieron a la hora de la votación son muy significativos de la debilidad parlamentaria de un Ejecutivo inestable y oportunista. La clave ha sido la abstención de CiU, gracias a que el Gobierno rectificó poco antes su giro fiscal hacia la izquierda, tras un pacto con IU-ICV que apenas duró unas pocas horas. Hay que tener en cuenta además que la posición de los socialistas en el Senado es todavía más endeble, de tal modo que nadie está seguro de que este paso previo al gran debate presupuestario del último trimestre ofrezca una mínima garantía de que las cuentas del sector público van a salir adelante en las Cámaras.
Así no se puede continuar, porque no hay manera de poner en marcha una política coherente y razonable frente a la crisis económica para generar la confianza imprescindible en los sectores productivos de una sociedad cada vez más escéptica y desencantada. Rodríguez Zapatero vive al día en términos políticos hasta límites insospechados, porque los aliados de hoy son los adversarios de mañana y, por supuesto, porque la factura por estos apoyos puntuales crece de forma imparable. En último término, los ciudadanos son los que pagan el agujero en las cuentas públicas, como bien demuestra la intención inequívoca del Ejecutivo de subir los impuestos para obtener nuevos ingresos. Su pésima gestión de la crisis sitúa al PSOE en su peor momento desde 2004, como refleja claramente el resultado del 7-J por mucho que el presidente intente minimizar los daños. Con el drama del paro como telón de fondo, es imprescindible una política económica rigurosa y eficaz que el Gobierno se muestra incapaz no ya de desarrollar, sino ni siquiera de proponer de forma coherente ante la eventualidad de tener que dar un paso adelante y otro atrás por exigencias de sus aliados coyunturales.
El más elemental sentido de la responsabilidad exige que el PSOE plantee y consiga algún tipo de pacto estable que otorgue una mínima credibilidad a su política económica y garantice una mayoría solvente para el debate presupuestario. De lo contrario, la legislatura tendrá que ser necesariamente muy breve porque existe un serio peligro de colapso en la actividad política y legislativa. Si no tiene valor suficiente para intentar un pacto de Estado con el PP, Rodríguez Zapatero debe al menos decantarse por uno u otro de los socios posibles con el fin de evitar este espectáculo cotidiano que provoca el desprestigio de la clase política y un daño evidente a la credibilidad de las instituciones. Las cosas deben cambiar, porque la desconfianza de los españoles en un Gobierno ineficaz y oportunista es un impedimento para encauzar la gravísima situación económica.
ABC - Editorial
HACE bien poco me llegó una multa de 400 euros por despistarme en un maldito radar instalado en el túnel de la calle de Costa Rica. Me pareció, me dejarán decirlo, una pequeña pasada. Pero la pagué porque aquí ya sabemos que los tribunales pueden ser decimonónicos, las carreteras albanesas, los servicios tercermundistas y los discursos de épocas de entreguerras, pero la informática y efectividad recaudadora es, como dice el presidente, de auténtica «txampionslig». Como en realidad me podrían haber cobrado mil o dos mil euros porque los criterios de nuestro Fouche Rubalcaba y acólitos a la hora de ponderar multas son inescrutables, me ofrezco hoy aquí públicamente a hacer una pequeña donación para otra multa que me parece casi más injusta. El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, va a tener que hacer un esfuerzo para pagar la multa de 300 euros que le han impuesto las autoridades judiciales, que Dios tenga en su gloria. Es lo que le cuesta una pezuña de alguno de los corzos que abate por las serranías carpetovetónicas. Es lo que vale probablemente el tercio de una aleta de un merlín, esos bichos grandes que nadan hasta que los trinca otro de nuestros máximos responsables de la seguridad, el señor Alberto Saíz, jefe del CNI.
Mi problema está en que me cuentan que el señor Garzón no paga 300 euros por una pezuña de corzo ni por una aleta de merlín. Supongo que esos trofeos para ciertas gentes son regalo de la casa. Ni siquiera los paga por pasar a sesenta kilómetros por hora por el túnel de la calle Costa Rica en Madrid. El juez de la Audiencia Nacional que quería ser presidente de ese tribunal especial y que tiene potestad legal y libertad para meternos a todos en la cárcel por lo que considere oportuno, va a pagar 300 euros como multa por dejar en libertad a dos traficantes de drogas. De los serios, no unos «dealers pringaos» de barrio. De los que inundan las ciudades de heroína y son responsables directos de que en la Cañada Real de Madrid o tantas zonas de España deambule un ejército de enfermos hechos unos espantajos. Cuentan que Garzón no se leyó todo lo que debía leer antes de dejar que estos dos personajes tomaran las de Villadiego. A nadie debe extrañar que alguien que escribe tanto lea tan poco. Solían decir de Todor Yivkov y de Nicolae Ceaucescu eran los únicos humanos que había escrito más que leído. Yo recuerdo bien como las inabarcables obras completas de esos dos grandes dirigentes alimentaban las estufas en aquel gélido invierno de los Balcanes hace ahora veinte años. Lejos de mi intención o deseo ver que las obras de Garzón corran la misma suerte. Creo que serán un útil testimonio para los estudiosos de nuestra propia balcanización política, intelectual y judicial. Pero animo a una cuestación pública para pagar la ominosa multa de 300 euros impuesta a Garzón por su despiste.
ABC - Opinión
Los bandazos del Gobierno en materia de política fiscal le sirvieron a Rajoy para practicar el tiro al blanco contra Zapatero en la sesión de control al Gobierno. Lógico. Y legítimo, ¿por qué no?, aunque de nuevo nos quedemos en un lance más o menos ocurrente de la morbosa explotación política de los síntomas. De ahí no salimos. Alternativas, pocas o ninguna.
Es la crónica diaria del improductivo debate entre el Gobierno y el principal partido de la oposición por cuenta de la crisis económica. Marcará el resto de la Legislatura y determinará el resultado de las próximas elecciones generales. Bien lo sabe Rodríguez Zapatero. Por ahí va el último fogonazo de su proverbial voluntarismo: ayer anunció que en 2012 España recobrará el equilibrio presupuestario. Lean ustedes a Carlos Sánchez (La recesión pone a la Hacienda Pública al borde del colapso, ayer en El Confidencial) y entenderán hasta dónde llega el incurable optimismo del presidente.
Casualmente 2012 es el previsible año electoral, salvo que la indigencia parlamentaria del PSOE, con costaleros de contratación variable, acabe precipitando una convocatoria anticipada. Aún así, el planteamiento, nudo y desenlace también sería la situación económica del país, y más concretamente el malestar social generado por una cifra insoportable de parados ¿Hacia los cinco millones, como se teme el PP?
Pero no nos desviemos. Lo que toca hoy –lo que tocaba ayer en el cruce semanal de Zapatero con Rajoy en el Congreso-, era la insensata confusión introducida por el Gobierno en materia de impuestos. Hoy subo, mañana no subo. Y luego, al revés. Según el costalero que acabo de contratar, o con el que acabo de romper para recomponer el acuerdo con el otro. El episodio de la reforma laboral pactada con CiU y reventada por IU solo es comparable al episodio de la reforma fiscal pactada con IU y reventada por CiU. Acudamos al “Don de la Ebriedad” (inolvidable paisano, Claudio Rodríguez) para explicar el galimatías.
El síndrome del piloto borracho ataca de nuevo a los ciudadanos que de buena fe tratan de entender algo. “Aquí no hay quien se aclare”, dijo Rajoy, que lo aprovechó a tope, e hizo bien, en la habitual sesión matinal de los miércoles. El pasaje no tiene desperdicio: “¿Va a subir impuestos como acordó a las 14 horas del día de ayer o no va a hacerlo como dijo a las 18 horas del día de ayer? ¿Va a hacer una reforma laboral como dijo a las 19 horas de un lunes pactando con CiU o no va a hacerla como dijo a las 9 horas del martes siguiente? ¿Va a controlar el déficit o por el contrario no va a controlar el déficit? ¿Va a cerrar la central de Garoña como dice su programa o no va a cerrarla como dice el Consejo de Seguridad Nuclear y quiere el ministro de Industria? ¿Va a pactar su política económica con IU o con otros grupos, porque evidentemente no es lo mismo?”.
Cualquiera de esas preguntas las firmaría un votante socialista. Y alguna más. Por ejemplo: ¿Va a mantener la reforma de la ley del aborto o acabará cediendo a las presiones de la Iglesia y la derecha más reaccionaria del país? ¿Va a utilizar en serio la inspección fiscal para terminar con esa broma de que solo el 3 % de los contribuyentes declaran por encima de los 60.000 euros de ingresos anuales? ¿Piensa encabezar algún día una verdadera cruzada legal y política contra la corrupción municipal? ¿Va a ocuparse, por vergüenza torera, de los refugiados saharauis o abrazará definitivamente la causa y los intereses de Marruecos? Porque cuando el conductor pierde el control del coche, nunca sabes si va a salir dando tumbos hacia la derecha o hacia la izquierda de la carretera.
el confidencial - Opinión
«Quien se pregunte por qué en España no ha surgido un Frente Nacional como en Francia ha de buscar respuesta en ese discurso xenófobo. El espacio político del ultraderechista Le Pen lo ocupan aquí los secesionistas y sus clones.»
El fondo etnicista del nacionalismo sale a la superficie en toda su monstruosidad, en ocasiones como la que se vivió el martes en el Parlamento de Galicia. La supresión de la obligatoriedad de realizar en gallego el examen de las oposiciones a funcionario de la Xunta y de la Administración Local no era asunto baladí. Por algo tal imposición fue una de las primeras medidas del gobierno de socialistas y nacionalistas. Su propósito no era otro que el de construir una administración a su imagen y semejanza, un coto reservado para sus iguales. Asegurarse de que en ningún sector público, incluida la sanidad, pudiera entrar nadie que hubiera dedicado más tiempo y esfuerzo a mejorar su capacidad profesional que al aprendizaje del gallego.
El BNG y el PSdeG, ciegos a las enseñanzas de sus derrotas, recurrieron a su retórica tremendista para oponerse a un derecho tan elemental como que los aspirantes puedan elegir cualquiera de las dos lenguas cooficiales. Lo cual, cosa que ocultan ambos partidos, no les exime de conocer el gallego. O disponen de un título que lo acredite o deberán realizar una prueba en ese idioma. Pero qué importa la realidad cuando se trata de proclamar que acaba de producirse "el 18 de julio contra el gallego", como sentenció para gloria del esperpento y ridículo propio, el socialista José Manuel Lage Tuñas. Extraño golpe ése, que vuelve a acercar la norma al Estatuto y a la Constitución y a la condición bilingüe de Galicia, que los de Touriño y los del Bloque quisieron destruir a golpe –ahí sí– de decreto y policía lingüística.
Pero procedería del nacionalismo fetén –el del PSdeG es sobrevenido, aunque no menos extremista– el berrido más revelador de cuantos se escucharon en la Cámara. Bieto Lobeira, del BNG, alertó de la invasión que se avecina por culpa de esa libertad de elección de idioma en los exámenes. De un diputado que apeló a un futuro holocausto nuclear para reclamar la galleguización de los cementerios se podía esperar que profetizara la próxima llegada de los marcianos con el malvado designio de ocupar los preciados puestos de la Xunta. Pero no, es aún más grave. El odioso ejército que amenaza con "un desembarco" en Galicia son "personas de fuera". ¡Españoles! Extranjeros que podrán instalarse como funcionarios en las tierras de Breogán y corromper la prístina pureza de los indígenas. Los españoles son, para el nacionanismo, mucho más peligrosos que los extraterrestres.
La aportación de Lobeira a los derechos humanos y a la convivencia se cifra en este mensaje: vendrán otros españoles a robarles el trabajo a los gallegos, que en la definición nacionalista son, de modo exclusivo, sus propias huestes y acólitos. Quien se pregunte por qué en España no ha surgido un Frente Nacional como en Francia ha de buscar respuesta en ese discurso xenófobo. El espacio político del ultraderechista Le Pen lo ocupan aquí los secesionistas y sus clones
Libertad Digital - Opinión
EN el Imperio de nuestro Carlos I nunca se ponía el sol. Ahora, mutatis mutandi, en donde el sol no sale es allí donde vuela -¡en escuadrilla!- José Luis Rodríguez Zapatero, apóstol pacifista, defensor de los derechos ajenos, conciliador de civilizaciones, valedor del tercer mundo y, en sus ratos libres, presidente del Gobierno de España. Los vecinos de Lomé, la capital de Togo, se quedaron sin un amanecer porque, dada la grandeza con que España se proyecta por el mundo, un Hércules y dos Falcom del Ejército del Aire, escoltados por varios millones de mosquitos locales, sobrevolaron el cielo togolés y se interpusieron entre el sol naciente y los habitantes de la vieja colonia alemana. La grandeur francesa, la más clásica, se queda en pañales ante una exhibición de medios como la del líder socialista español.
Viajes como este último, concordantes con los que suele hacer la vicepresidenta primera, demuestran el realismo político de Zapatero. Sabedor de la dimensión y potencialidad de su Gobierno ha querido poner la política exterior en la escala que se corresponde con el ministro titular, Miguel Ángel Moratinos. Mejor sería verle en Washington, Londres, París o Berlín, pero sabe que la única manera de parecer verdaderamente alto es rodeándose de personajes, naciones y circunstancias mucho más bajitos de lo que él y su Gobierno significan. Un viaje a Togo es un viaje, un punto de apoyo para que su máquina propagandística, lo único que le funciona, pueda amplificar la realidad y presentarle como gran luchador contra la pena de muerte.
Tras el despliegue aeronáutico de un viaje menor y risible, Zapatero ha vuelto a la realidad e insiste en no hacer lo que debiera y le aconsejan los expertos. Ha buscado como burladero, en el que defender su contumacia de las cornadas del paro y la pobreza crecientes, el pregón de su falso compromiso social. No quiere retroceder en las «conquistas» alcanzadas por el Estado de bienestar. ¿Quién le pide que lo haga? Remodelar la agotada falsilla de nuestras relaciones laborales y reformar el modelo económico ya caducado, cuando también el turismo anuncia crisis profunda, no es renunciar a nada. Es, sencillamente, enfrentarse a una nueva situación y tratar de evitar males mayores. Algo que exige un plan, un consenso profundo con el PP, y la renuncia de la picaresca oportunista con la que viene capeando su debilidad parlamentaria.
ABC - Opinión
Dada la gravedad de los delitos y la autoridad de quien formula la acusación, Rajoy debe apartar a Bárcenas cuanto antes para no herir más al PP.
YA NO ES sólo Garzón y el juez instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Son además cinco magistrados del Tribunal Supremo, en su mayoría propuestos por los vocales del PP en el Consejo General del Poder Judicial, quienes también ven presuntos delitos de cohecho y fraude fiscal en las conductas de Luis Bárcenas, senador y tesorero del PP, y Jesús Merino, diputado. Por ello, el Supremo investigará a estos dos aforados, aunque dejará la instrucción del caso Gürtel en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Los cinco magistrados de la Sala Segunda afirman en su resolución que la investigación a Bárcenas y Merino es «escindible» del resto del caso si bien advierten que «el delito de cohecho debe extenderse por su naturaleza relacional a las personas que hubieran entregado el dinero». Esto implica que el Supremo podría sentar en el banquillo a Francisco Correa y otras personas de la trama si entendiera que han pagado dinero de los dos aforados.
La Fiscalía se había manifestado previamente favorable a que todo el caso Gürtel fuera investigado por el Supremo, pero éste considera que ello violaría el principio de juez predeterminado por la ley y el derecho a una doble instancia penal de los encausados que no están aforados, como Correa, Álvaro Pérez y otros.
Se trata de una cuestión formal en la que probablemente hubiera sido más lógico seguir el criterio de la Fiscalía, pero lo que alega el Supremo también tiene sentido. La decisión del Alto Tribunal implica que Bárcenas será llamado inmediatamente a declarar como imputado sin necesidad de suplicatorio puesto que así lo permite la reforma legal realizada en 2002. El testimonio de Bárcenas será muy importante, puesto que, una vez escuchado el tesorero del PP, el Supremo tendrá que decidir si archiva la causa o sigue investigando, en cuyo caso tendría ya que pedir el suplicatorio.
Rajoy debería haber apartado ya a Bárcenas de sus funciones, pero su encausamiento por el Supremo aumenta mucho más la presión sobre el líder del PP. ¿Seguirá manteniéndole como tesorero una vez que el Alto Tribunal ha visto indicios suficientes como para investigarle?
El líder del PP declaraba el pasado lunes que hará «lo más justo» y decía que no sabe de qué se acusa a su colaborador. Pues bien, ya lo sabe: de cohecho y de fraude fiscal. El Supremo explica en su resolución los indicios de delito que pesan sobre él. Y además EL MUNDO publica hoy el contenido del escrito de la Fiscalía, en el que se sistematizan las acusaciones contra Bárcenas y Merino.
La Fiscalía rebate la declaración de Correa ante el juez Pedreira, cuando el cabecilla de la trama matizó que él sólo había dicho que el PP se «ahorró» 1.000 millones de pesetas gracias a que sus empresas organizaban «actos baratos». La Fiscalía no se cree esta versión de Correa porque sostiene que en la grabación que obra en el sumario él habla de pagos por «obras» y fondos transferidos a paraísos fiscales.
El escrito del Supremo señala que las anotaciones en la contabilidad de Correa y el informe de la Agencia Tributaria ofrecen indicios «suficientes» de que Bárcenas pudo incurrir en delitos de cohecho y fraude fiscal. Ya no lo dicen filtraciones periodísticas sino cinco magistrados.
Rajoy argumentaba que ha habido otros dirigentes del PP injustamente acusados y que, por ello, no se va a dejar presionar «por nada ni nadie». También aseguraba que decidirá sobre Bárcenas en base a sus «convicciones» y su «conciencia». Pero Rajoy no es juez sino dirigente político y la imputación del Supremo contra Bárcenas es un hecho objetivo y razonado jurídicamente.
Dada la gravedad de los delitos y la autoridad de quien formula la acusación, Rajoy debería apartar ya a Bárcenas. Su futuro personal está ahora en manos del Supremo, pero quien tendrá que pagar un coste político por cada día que siga como tesorero será el PP.
El Mundo - Opinión
Zapatero
«El regate corto, mejor si improvisado; la astucia del maniobrero hecho a las zorrerías que exigen los escalones provinciales de la política subalterna; el inmediatismo intuitivo de los supervivientes... He ahí el realquilado de La Moncloa.»
La comedia parlamentaria a cuenta del efímero impuesto sobre las grandes fortunas, soberano marrón que obediente se acaba de comer el bisoño Eduardo Madina, dice mucho sobre la clase de gobernante que encarna Zapatero. Admitámoslo, engañar a la progresía toda como a chinos, endosándole a Llamazares la culpa de que los ricachones, esos malvados que provocaron la crisis en secreto contubernio con Bush y Aznar, no vayan a pagar su justo castigo en forma de severo azote fiscal, tiene mérito. Y no poco.
Al cabo, un tipo que emergió de la nada y alcanzó el poder lanzando confetis retóricos vacuos a diestro y siniestro, genuinos agujeros negros semánticos como el republicanismo civil, la democracia deliberativa o la Alianza de Civilizaciones, algún saber espurio debía atesorar. Sobre todo, considerando que a Zapatero le aburre hasta el tedio cualquier acercamiento con una mínima ambición intelectual a la cosa pública. Por eso, la férrea mediocracia que ha impuesto en el escalafón de partido y Gobierno, ese universal peaje al camillero Procusto extensivo incluso a los intelectuales de cámara, el sanedrín de susos, manolitos y demás cráneos previlegiados que corteja la vanidad presidencial a tanto alzado la pieza.
El regate corto, mejor si improvisado; la astucia del maniobrero hecho a las zorrerías que exigen los escalones provinciales de la política subalterna; el inmediatismo intuitivo de los supervivientes; la audacia siempre osada del pícaro... He ahí el realquilado de La Moncloa, sin conservantes ni colorantes, en estado puro. Al respecto, poco se ha reparado en el parentesco ético que une a Zapatero con Mitterrand, el padre biológico del populismo fiscal, que por algo fue el primero en elevar la demagogia a impuesto directo. El mismo que, sin el menor asomo de ironía, confesó a Revel que uno de los hombres de quien más había a prendido en la vida fue Guy Mollet, turbio politicastro de la IV República que le engañó con un ardid bajuno, siendo presidente del Gobierno.
Así, Mollet rogó encarecidamente a Mitterrand, a la sazón ministro suyo, que le pidiera anular el oneroso boicot francés al Canal de Suez, por entonces en vigor. Dicho y hecho. Sin embargo, aún no había terminado Mitterrand de formular su ruego y ya Mollet vociferaba, fuera de sí, henchido de patriótica indignación: "¡Eso no! ¡Nunca! ¡No capitularemos! ¡Jamás!".
Libertad Digital - Opinión
HAN encontrado otra muletilla, un nuevo mantra con el que apuntalar esta creciente tendencia neoperonista que une a un Gobierno populista de retórica demagógica y unos sindicatos con derecho de veto y vocación de fuerza de choque. Los ricos. Tipos odiosos para excitar el resentimiento en tiempos de crisis, para cargarles el mochuelo de los desperfectos sociales, para encarnar en ellos el antagonismo, la dialéctica, la perversa otredad que necesita la identidad de una tribu. Los malos, los sospechosos, los egoístas que viven parapetados en la odiosa insolidaridad de su dinero. Los culpables de los males del pueblo, a los que la izquierda debe tratar como merecen, quitándoles sus detestables privilegios y subiéndoles los impuestos para dedicarlos, como Robin Hood, a sufragar la necesidad del pueblo.
Ocurre que en España los ricos, los plutócratas de verdad, además de ser amigos y a menudo hasta aliados de los socialistas se las suelen apañar para no pagar impuestos. Tienen sicavs, sociedades interpuestas, entramados financieros, paraísos fiscales. En España tributa la clase media, porque el IRPF no es en realidad un impuesto sobre la renta, sino sobre el salario. Y en nuestra estructura fiscal se considera rico, o se trata como tal, al que gana más de 60.000 euros, que es la cifra a partir de la cual se aplica el tipo máximo. Es decir, cuadros empresariales, profesionales libres, ejecutivos medios. A los otros, incluso a los dueños de esas fortunas medias -a partir del millón de dólares de patrimonio, 720.000 euros, el límite convencional de la riqueza- que por cierto han menguado en España un 20 por ciento en el último año, tumbadas por la recesión, no hay manera de echarles el guante fiscal. La mayoría es impermeable, opaca al sistema impositivo. Y esta sedicente izquierda acaba de ahorrarles, además, el impuesto patrimonial, que desde luego no pagaban los pobres.
Pero más allá de cifras o de escalas tributarias, lo peligroso de esta demagogia simplista es la envidiosa demonización del progreso económico, la desconfianza hacia el esfuerzo, la estigmatización de la legítima ambición de bienestar. El discurso populista siembra en la sociedad un clima resentido que culpabiliza de la desgracia de unos a la suerte de otros y convierte en una especie de provocativa afrenta el deseo individual de mejorar, que es lo que hace crecer a una nación. En tiempos de crisis es fácil prender esa llama, pero no es noble ni responsable porque penaliza el estímulo y deroga el incentivo de perfeccionamiento personal. De eso se pueden sacar réditos políticos en un juego ventajista, pero tiene un efecto social pernicioso, desalentador. Es una retórica facilona, perezosa, esquemática y autocomplaciente. Un estilo mezquino, sórdido, primario, oportunista. El estilo de perfil bajo de un Gobierno incapaz de levantar el vuelo.
ABC - Opinión
No deja de producir una cierta satisfacción cuando después de cierto tiempo, da igual si es mucho o poco, intentando introducir una cierta dosis de racionalidad en el tantas veces extralimitado debate político en las tribunas mediáticas, llega una instancia tan evidentemente respetable como pueda ser el Tribunal Supremo y le da a uno la razón. Hace semanas que vengo defendiendo que el ‘caso Bárcenas’ hay que encuadrarlo en el terreno de la presunción de delitos privados, nunca en el marco de supuestos delitos de carácter público que serían la consecuencia de la ostentación de un cargo relevante en la Administración, por un lado, o de una actuación delictiva organizada en una institución pública, en este caso un partido político, con ánimo de vulnerar la ley. El primer caso es el que, sin embargo, sí afecta a otros imputados en la trama de Correa, como el ex consejero López Viejo o los alcaldes dimitidos, y el segundo supondría un hecho similar al ‘caso Filesa’ que afectó al PSOE en tiempos de Felipe González, es decir, una trama de financiación ilegal. Ni una cosa ni la otra concurren en Luis Bárcenas. Lo cual no quiere decir que sea un santo de altar. Eso ni lo sé yo, ni nadie, y le tocará a la Justicia dilucidar si su comportamiento es o ha sido honesto o no. Pero en el caso de que no lo haya sido, la responsabilidad la debe asumir el propio Bárcenas en el ámbito privado, y en ningún caso el Partido Popular tiene que asumir responsabilidad política alguna por estos hechos.
El Tribunal Supremo ha dicho que lo de Bárcenas, de constituir alguna clase de comportamiento irregular, se circunscribe a una presunción de delito de cohecho y otro de carácter fiscal. No hay financiación ilegal, ni estos presuntos delitos tienen que ver con el conjunto del partido en el que el señor Bárcenas milita –y en el que debería solicitar una baja temporal por una cuestión de lealtad a las siglas, porque lo cierto es que las acusaciones contra él son graves-, por lo que tanto la Dirección del PP como su presidente, Mariano Rajoy, pueden respirar tranquilos. Ayer, como por otra parte es lógico, obviando el hecho incuestionable de que el Supremo sí ve indicios de delito en el comportamiento privado del señor Bárcenas, el PP se dio un baño de autoexculpación pública: después de meses teniendo que aguantar una campaña de acoso orquestada desde los despachos de Moncloa y en la que se han utilizado de manera fraudulenta medios públicos e instituciones contra el PP, que el Supremo descarte definitivamente cualquier comportamiento colectivo irregular provocó un alud de suspiros de satisfacción en los despachos de la calle Génova 13. No hay “trama corrupta del PP” como hasta hace cuatro días seguía titulando en su portada el diario El País. No hay trama corrupta, ni financiación ilegal, ni estos señores con Correa a la cabeza tienen nada que ver con la Dirección del PP salvo que en su día trabajaron para este partido y después intentaron aprovecharse de sus contactos para obtener pingues beneficios en algunos ayuntamientos e instancias oficiales.
¡Ah! Pero, como el Supremo le ha dado en las narices a toda la estrategia montada por Moncloa-Garzón-Rubalcaba-PRISA contra el PP, ahora el diario El País sale diciendo que nadie ha juzgado al PP por financiación ilegal, pero durante meses se ha hartado de insinuar en sus artículos, en sus editoriales y en sus informaciones esa posibilidad, y a cada portada de El País el grupo del CODAPU –Coros y Danzas del Pensamiento Único-, con las habituales plañideras de la ética progresista inundando con su verborrea insultante los tiovivos sabatinos a la cabeza, respondía al unísono señalando al PP con el dedo acusador de una inexistente justicia popular. Pues bien, no hay trama corrupta del PP, pero lo que sí hay es una trama corrupta de intereses espurios en la que están implicados miembros del Gobierno, de las Fuerzas de Seguridad del Estado, de la Justicia y de los medios de comunicación para hacer saltar por los aires el Estado de Derecho violando todas sus leyes y reglas fundamentales. Y esto, ¿quién lo juzga? Porque alguien debería poner delante de un tribunal a quienes han falseado la verdad, tergiversado los hechos y manipulado las pruebas para acusar al PP de delitos inexistentes, y mientras nadie se atreva a sentar a los autores de esa confabulación en el banquillo, esta democracia seguirá estando bajo sospecha. Dicho esto, que dimita Bárcena ya de una vez, para que esta denuncia tenga todavía mucho más sentido.
el confidencial - Opinión
«Lo que tiene que calibrar Rajoy no son cuestiones de justicia, que para eso están los tribunales, sino de conveniencia política, en el mejor sentido de la palabra.»
El Tribunal Supremo ha aceptado este miércoles asumir la parte del 'caso Gürtel' relativa al tesorero y senador del PP, Luis Bárcenas, y al diputado del mismo partido Jesús Merino, al tiempo que ha devuelto el resto de la causa al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para que el juez instructor, Antonio Pedreira, siga llevando la investigación de la supuesta trama de corrupción.
Por mucho que en este momento procesal el Tribunal Supremo no aprecie indicios de delito de blanqueo de capitales –al que apuntaban tanto la Fiscalía como el magistrado Antonio Pedreira– su resolución indica claramente que existen elementos indiciarios de delitos contra la hacienda pública y de cohecho, en el caso de Bárcenas, y de cohecho en el caso de Merino. No se entiende, por tanto, la buena aceptación y el casi jubilo con los que el PP ha recibido la noticia. Para empezar, y por mucho que de la resolución no se desprenda la existencia de indicio alguno respecto a una supuesta trama de financiación ilegal por parte del partido, lo cierto es que el Supremo tampoco la descarta y que deja abierta la posibilidad de asumir en el futuro la totalidad de la causa, si en el trascurso de la investigación el juez Pedreira encuentra nuevos indicios que impliquen a aforados. Lo que ha hecho el Supremo no es archivar el grueso del "caso Gürtel", sino devolverlo al TSJM para que el juez Pedreira retome la investigación.
Por otra parte, lo más relevante en este momento es que el Supremo sí que ve indicios de delito contra la hacienda publica y de cohecho por parte de quienes son ahora mismo nada menos que diputado y senador y tesorero del PP. Un partido politico que hace gala de la "regeneración democrática" y que, además de ser honrado, debe parecerlo no puede permitirse que sigan en semejantes cargos personas bajo tan graves sospechas. Afirmar esto en modo alguno supone cuestionar la presunción de inocencia, sino reivindicar la necesaria separación del plano penal del de la responsabilidad política. En multitud de ocasiones Rajoy ha afirmado, en este sentido, que las responsabilidades políticas no pueden reducirse a las judiciales. Sin embargo, esto mismo es lo que Rajoy ha hecho cada vez que ha afirmado, con aparente sensatez, que tiene que ser "obligatoriamente justo" y esperar a que "quede demostrado" que Bárcenas ha hecho "algo que no debería hacer" para tomar medidas contra él. Esto, sin embargo, es tanto como arrogarse el papel de los tribunales. Son éstos, y no el líder del PP, quienes deben ser "obligatoriamente justos" y quienes deben "demostrar" que los implicados "han hecho algo que no deberían hacer". Lo que ha de calibrar Rajoy son cuestiones de conveniencia política, en el mejor sentido de la palabra, y no parece precisamente muy conveniente para un partido político tener como tesorero, senador o diputado a alguien bajo sospecha de haber perpetrado delitos de cohecho o contra la Hacienda Pública.
Ajenos al principio estricto de justicia, la política tiene sus privilegios y sus servidumbres, y una de estas últimas es –o debería ser– no tener que esperar a la condena para dimitir o ser destituido; entre otras cosas, porque la propia pena que castiga los delitos con los que se relaciona a Bárcenas y a Merino ya los apartaría de la función pública, por lo que el cese político en ese momento no tendría valor alguno. Aunque Rajoy confunda interesadamente momentos procesales distintos, tal y como hace cuando dice que "ni siquiera sabemos de que les acusan", es importante dejar claro que el líder del PP no está esperando a la imputación, sino a la hipotética condena, único momento –al margen del recurso– en que queda "demostrada" la existencia del delito.
En lo que sí que tienen razón para quejarse los dirigentes del PP es en las bochornosas y reiteradas filtraciones que han rodeado este caso que, además de ser constitutivas de un delito de revelación del secreto de sumario, conllevan ciertamente una indefensión a los implicados. Como bien ha señalado Esperanza Aguirre, ha llegado el momento de que se levante el secreto del sumario. La ley dice que como máximo éste tiene que durar un mes y si para entonces no se tiene el acceso a toda la información, se produce indefensión al no saber de que se acusa a cada uno.
En cualquier caso, eso nada tiene que ver con las decisiones que debe tomar Rajoy por el bien de su partido. La permanencia de Bárcenas y Merino en sus actuales cargos porque no sólo no hace desaparecer las sospechas que se ciernen sobre ellos, sino que las extiende a todo la formación política.
Libertad Digital - Editorial
CON una clara división interna, el Consejo Fiscal, órgano consultivo y asesor del Fiscal General del Estado, ha aprobado un informe que constituye el primer revés jurídico para el anteproyecto de ley de ampliación del aborto. El documento repasa meticulosamente las principales novedades normativas del anteproyecto y desmantela con precisión todos los tópicos y falsedades de apariencia jurídica en los que se basa el reconocimiento del aborto como derecho de la mujer. Al margen de las afirmaciones literales del documento aprobado por el Consejo Fiscal, sus críticas a la reforma del aborto demuestran que la iniciativa del Gobierno va a tener que superar oposiciones muy solventes de naturaleza jurídica y de orden constitucional. Hasta ahora, la propaganda del Gobierno se había centrado en descalificar las críticas tachándolas de integristas, agrediendo a la Iglesia Católica sin motivo y descalificando como clericales todos los argumentos, por científicos o jurídicos que fueran, a favor de la vida de los no nacidos. Hace pocos días, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, calificó de «retrógrados» a los críticos con el aborto.
El informe del Consejo Fiscal es el primer aviso para la arrogancia del Ejecutivo en el planteamiento de una reforma hecha con frivolidad y sectarismo, pero también lo es para la superficialidad de los argumentos con los que ha sido defendida, hasta el rídiculo personal, por la ministra de Igualdad. Mientras este departamento utilizaba eslóganes para promocionar la ampliación del aborto, los fiscales han desvelado todas las carencias constitucionales del anteproyecto, demostrando que el debate sobre la terminación del embarazo con la muerte del feto es un hecho de extraordinaria gravedad, sobre el que hay disparidad de criterios en Europa y en el que concurren principios elementales del Derecho y la ética, ninguno de ellos considerados con rigor y seriedad por los redactores del anteproyecto. La protección de la vida humana, la seguridad jurídica o la proporcionalidad de las penas son algunas de las cuestiones en las que el Consejo Fiscal detecta contradicciones del anteproyecto con la Constitución, tal y como fue interpretada por el Tribunal Constitucional en la sentencia de 1985. Precisamente, una de las críticas más afiladas de los fiscales contra el anteproyecto se refiere a lo que podría calificarse como activismo abortista del Gobierno, que vulnera el mandato de la doctrina constitucional de proteger la vida del nasciturus. La posibilidad de abortar en las primeras catorce semanas sin más condición que la voluntad de la embarazada vulneraría este mandato, inherente al artículo 15 de la Constitución, con el agravante de que la información que prevé el anteproyecto que se facilite a la mujer que tiene intención de abortar no sólo no es disuasoria del aborto -que sería lo lógico, porque el aborto es un mal- sino que lo promueve. Lo mismo sucede con la marginación de los padres ante el aborto decidido por una hija de dieciséis año, supuesto con el que los fiscales son también muy críticos. En definitiva, la posición del Consejo Fiscal contraria al aborto es única e institucional y está reflejada en el informe aprobado por la mayoría. Hasta ahora, el Gobierno ha hecho propaganda. Desde ahora va a tener que razonar algo tan poco razonable y tan retrógrado como extender el aborto una sociedad moderna como la española y en pleno siglo XXI.
ABC - Editorial
Su voz denota preocupación y tristeza. Pero solo hasta que habla de los manifestantes desarmados que hacen frente a las milicias islamistas Basij, o de las masas que hace días marchaban en silencio por las calles de Teherán. Entonces sus palabras portan la determinación y el orgullo inherentes a los sufridos iraníes. “Los jóvenes estamos tan cansados de Mahmud Ahmadineyad que no tenemos miedo a morir”, advierte Neda Shahidi, una universitaria de Teherán.
Estudiante de Derecho en la capital y partidaria del líder de la oposición Mir Husein Musaví, ha contado a este diario su visión de la crisis que sacude los cimientos de la República Islámica desde las polémicas elecciones del 12 de junio. Sabe que el régimen nunca aceptará repetir los comicios -ayer el poderoso Consejo de Guardianes, el máximo órgano legislativo de Irán, rechazó tajantemente cualquier anulación de los resultados- y que el futuro inmediato puede traer un baño de sangre. Sin embargo, tampoco concibe que los reformistas abandonen la lucha. Tras los muertos y los continuos arrestos políticos, hace tiempo que se alcanzó el punto de no retorno.
“Todos pensamos que hubo un fraude electoral. Te lo aseguro, en Irán no hay más de diez millones de votantes que apoyen a Ahmadineyad, y éstos tan solo le secundan por las ayudas económicas directas que otorga a las clases más empobrecidas. En mi opinión, el 70% de los jóvenes están contra el integrismo -el 70% de los iraníes tiene menos de 30 años-, quiere un país más moderno, exige reformas. Ahmadineyad no representa en absoluto a Irán porque sus ideas no son aceptadas en el país. Nadie quiere enfrentarse a los Estados Unidos. Por suerte, los iraníes solo quieren paz, progreso y desarrollo”, dice.
La brutal represión del régimen, que ha recurrido incluso al cuerpo de élite de los Guardias de la Revolución y a las milicias islamistas que éstos controlan, no solo ha expulsado a los manifestantes de las calles. Para Neda, las decenas de muertos "han transformado las marchas pacíficas en violencia. Tras las elecciones, la gente comenzó a manifestarse en silencio, en un gran ejemplo de madurez política". Sin embargo, los dirigentes iraníes parecen haber controlado la situación, al menos de momento. Los antidisturbios y las milicias Basij ocuparon ayer las principales plazas de Teherán para evitar nuevas protestas. Tan solo pequeños grupos de opositores se enfrentaron a las fuerzas de seguridad.
Mientras, la televisión estatal, en una nueva jugada para desacreditar a los opositores que desafían la prohibición de manifestarse, mostró imágenes de "agitadores" arrestados durante el fin de semana. "Creo que fuimos provocados por cadenas como la BBC o la VOA (Voz de América) para tomar estas medidas inmorales", dijeron ante las cámaras. Horas antes, el Gobierno había dicho que daría una lección ejemplar a los detenidos.
"Los iraníes no quieren otra dictadura"
Neda duda cuando se la invita a augurar el fin de la crisis. "Después del discurso de Jamenei (el gran ayatolá, líder supremo de Irán) apoyando la reelección de Ahmadineyad la gente no sabe cómo actuar. Muchos clérigos están realmente en contra del presidente y, cuando Jamenei le apoyó el pasado viernes de forma incondicional, se ganó su enemistad. Y la Asamblea de Expertos tiene capacidad para sustituir al líder supremo. Por otra parte, mucha gente luchó en el 79 contra la dictadura del Sha (Mohamed Reza Pahlevi) y no quieren otra dictadura. Y las nuevas generaciones sufren mucho por las restricciones, la militarización del país y la visión que el mundo tiene de Irán. Los medios extranjeros nunca se fijan en la gente, solo se fijan en el Gobierno. Eso nos entristece profundamente", dice.
Puede que las calles de Teherán estén tomadas por las fuerzas del régimen pero Neda ve señales de resitencia de los opositores en otros gestos. "El grito de Allah-u Akbar (Dios es el más grande) que se escucha en los tejados de noche es lo más importante. Todo el mundo que quiere un cambio lo secunda. Imagina a una mujer de 55 años. Es conservadora, tiene miedo, nunca saldrá a la calle a manifestarse. Pero sube al tejado al caer la noche y grita Allah-u Akbar. Hace 30 años todos ellos utilizaron ese grito contra la dictadura y ahora todos ellos lo utilizan para unirse", concluye.
el confidencial
Es un paso decisivo. La reforma de la Ley de Función Pública que ha aprobado la Xunta de Galicia, con la oposición del PSOE y el BNG, permitirá a los candidatos a cargos públicos elegir el idioma en el que realizarán el examen. Hasta ahora, todos aquellos que optaban a una plaza en la Adminsitración estaban obligados a realizar los exámenes correspondientes en gallego. Feijóo va poco a poco devolviendo la libertad lingüística a los gallegos. Es lo que prometió.
El Partido Popular de Galicia señaló que una vez aprobadas las pruebas de acceso a cargos públicos, los candidatos que hayan elegido la opción de castellano recibirán cursos de formación gratuitos en lengua gallega, según informa La Razón.
El secretario general de Política Lingüística, Anxo Lorenzo, subrayó que «todas las personas» que accedan a la Administración «tienen que acreditar el conocimiento de gallego», aunque aclaró que «en ciertas áreas donde es difícil captar a profesionales», el Gobierno buscará flexibilizar el «conocimiento de la lengua» con la búsqueda de profesionales competentes.Periodista Digital
EUROPA, más cansada que vieja, vive una importante y arriesgada crisis de talento político. Paralizados los supuestos de Lisboa por el capricho irlandés, que hasta los gatos quieren zapatos, el Continente vive lánguido y estéril. Con las únicas y tenues excepciones que suponen los liderazgos de Angela Merkel y Nicolas Sarkozy, el resto de la Estados integrantes de la Unión atraviesan por una situación de vacío cuasi absoluto en sus cúspides de poder: una escasez que sólo se alegra con algunas anécdotas de alcoba, como las que genera Silvio Berlusconi, y con una agigantada crónica de sucesos que, junto con las del corazón, integran el pasto principal con el que los medios, incluso los tradicionalmente tenidos por serios, alimentan a sus decadentes y respectivas clientelas.
La originalidad del caso español en el seno de tan poco estimulante batiburrillo reside en que aquí, en puridad, no es el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el que tiene en sus manos los controles básicos del poder y la capacidad decisoria suficiente para enfrentarse a las crisis globales y específicamente nacionales que tanto nos empobrecen y angustian. Zapatero da la cara; pero quien manda y decide es José Montilla, el president de un exótico tripartito de quien depende la continuidad del teórico líder del socialismo español.
Zapatero, el de las maldades, tiene paralizada la vida española. Aquí, ni se toman las medidas necesarias para sanear el sistema financiero -sin considerar la crítica situación de las Cajas de Ahorro-, ni se modifica, como predica ya hasta Jean Claude Trichet, el ordenamiento laboral vigente para dar paso a una mayor competitividad de nuestra decaída economía. Zapatero espera las instrucciones de Montilla y Montilla, pobrecito, aguarda un rayo de luz que le ilumine dentro de la caverna política que se ha fabricado contra la voluntad de los electores y frente al sentido socialista clásico, que no coincide necesariamente con el sentido común, pero del que nunca el PSOE estuvo tan lejos como ahora.
Los mínimos caprichos del nacionalismo catalán, ni tan siquiera sus intereses más respetables, condicionan el todo de la política española porque la partitocracia en que ha degenerado la escuálida democracia nacional ha terminado por convertir lo accesorio y marginal en fundamental y decisorio. Un juego temerario de efectos tan predecibles como calamitosos.
ABC - Opinión
«En su junta directiva hay un tesorero que, vaya por Dios, resulta imputado por la justicia y al que se acusa de haberse aprovechado de su posición para trincar comisiones. ¿Seguiría usted manteniéndolo en su puesto con la llave del dinero de todos?»
Suponga por un momento que es usted presidente de la comunidad de propietarios del edificio en el que vive, trance nada agradable por el que todos pasamos tarde o temprano, dicho sea de paso.
En su junta directiva hay lógicamente un tesorero que, vaya por Dios, resulta imputado por la justicia y al que se acusa de haberse aprovechado de su posición para trincar comisiones de las empresas que prestan servicios diversos a su comunidad. Súmele a eso el hecho de que el tesorero, hombre de su máxima confianza, haya aumentado sensiblemente su nivel de vida pagando grandes sumas en efectivo a lo largo de su mandato. Llegados a este punto, ¿seguiría usted manteniéndolo en su puesto con la llave del dinero de todos los propietarios en su poder? Yo tampoco, mayormente porque a estas alturas los vecinos nos habrían corrido a palos a usted y a mí por las escaleras, y ante argumentos tan categóricos acabas reconociendo tu error de inmediato.
Lo raro sería que los afectados por las actividades delictuosas de ese tesorero imaginario no exigieran su despido fulminante y se personaran en el juzgado como acusación, porque no sólo es que tales conductas afecten negativamente a la imagen de un colectivo, sino que el perjuicio económico causado a sus miembros es evidente, dado que el dinero entregado bajo mano al comisionista se traduce inmediatamente en un sobreprecio del servicio realizado. ¿O es que alguien piensa que las comisiones pagadas por el fontanero, el electricista, el pintor y el resto de oficios salen de sus bolsillos? Naturalmente que no. Siempre que hay un convolutto el producto se encarece y lo que sorprende es que personas formadas pretendan creer que existen individuos, dueños de negocios en los aledaños del poder, a los que les encante regalar cientos de miles de euros a cambio de nada.
Si un líder político, Dios no lo quiera, se viera algún día en esa tesitura, actuaría de inmediato y con la máxima firmeza por muy amigo que fuera del tesorero, porque cuando uno depende del voto de los demás, estas cosas las cuida especialmente por una cuestión de mera supervivencia. Es lo menos que cabe esperar de alguien que aspira a presidir el edificio de La Moncloa. ¿O no?
Libertad Digital - Opinión
NO estaban discutiendo de principios, sino de precios. Una de las decisiones más fundamentales de la gobernanza pública, la del marco fiscal, depende en España sólo de meras contrapartidas parlamentarias, de pura mercadería política. El tipo que dijo que bajar los impuestos era de izquierdas estaba ayer dispuesto a subirlos a las dos de la tarde, y a las seis ya no le parecía necesario porque los esquivos diputados de Izquierda Unida, que ocupan la friolera de dos escaños, no le garantizaban el cambalache que con ellos estaba preparando, mientras que los nacionalistas catalanes le prestaban sus diez votos... ¡a cambio de mantenerlo todo igual! Por unos votos de más o de menos, el presidente estira o encoge criterios esenciales de la acción de gobierno con una elástica, asombrosa relatividad, estando por medio el esfuerzo de muchos millones de españoles a los que no les llega el resuello en medio de este tira y afloja con que se maneja su dinero. Esto sí que es claridad de ideas, motivación sólida, política de palabra y firmeza de fundamentos.
Es la política del «como sea», la única que Zapatero es capaz de mantener sin alteraciones a lo largo del tiempo: sólo es coherente en la falta de coherencia. El Gobierno necesita pasta urgente para sufragar el disparado subsidio de desempleo, para subir el sueldo a los funcionarios, para repartir el maná de la financiación de las autonomías con sus televisiones de cámara, sus políticas lingüísticas y sus cohortes de altos cargos, para rescatar cajas de ahorros en quiebra por la incompetencia de los politiquillos que jugaban a magnates financieros. Y va a ir a buscar esos fondos en el fondo de nuestros bolsillos, de una manera o de otra. Ayer le interesaba aprobar un aumento del techo de gasto, y lo asombroso es que para lograrlo le daba igual que fuese a cambio de subir los impuestos o de lo contrario. Cara o cruz. Salió cara en la tómbola, pero no hay que entregarse al optimismo; más pronto que tarde volverá a cambiar de idea según necesite salir del paso.
Ha sido uno de los más obscenos espectáculos de irresponsabilidad que se han visto en nuestra política reciente. Con la consistencia cromática de un camaleón, Zapatero convirtió un asunto extremadamente serio -quizás el más serio de todos, porque afecta al dinero de los contribuyentes- en un vulgar tejemaneje de pasillo, en un frívolo toma y daca en el que a una determinada hora el Gobierno iba a subir el IRPF y a quitar la desgravación por vivienda para acabar reculando apenas unas horas más tarde. Cambió de criterio como el que se muda de corbata. Hasta ahora sabíamos de su legendaria capacidad para autodesmentirse, pero ayer se superó con creces a sí mismo: en un solo rato apostó y retiró miles de millones de euros que no son suyos en el albur de una timba.
ABC - Opinión
«Bienvenido sea, pues, el atentado y su glorioso fuego purificador, el que ha retornado tanto la dignidad nacional a los Països Catalans como su mancillado honor a la industriosa villa de Tarrasa.»
Como recordará el lector, grupos de catalanistas exaltados atentaron hace poco contra unas instalaciones de Tele 5 en Tarrasa. Fulminante, el ataque se produjo con latas de gasolina y, fruto del mismo, acabó calcinada una pantalla gigante de televisión, así como otros bienes propiedad de esa empresa. Hasta ahí, rutinaria, la crónica local de sucesos identitarios. Tan rutinaria como la ristra de guiños cómplices, medias sonrisas, enrevesadas coartadas retóricas y clamorosos silencios institucionales que, invariable, se sucede tras cada alarde de vandalismo más o menos tribal como el que nos ocupa. Esa muy medida liturgia, imprescindible con tal de escenificar la aquiescencia del nacionalismo respetable, el de corbata y gemelos, a su camada negra, los expeditivos ejecutores del trabajo sucio en las calles.
Tan cara a la causa, la apología apenas velada de la delincuencia política exige un mínimo intelecto a sus oficiantes y monaguillos. Mínimo, muy mínimo. Una dotación neuronal básica, la justita con tal de nadar en la charca pestilente del filoterrorismo y, al tiempo, guardar la ropa (y la nómina) limpia de polvo y paja querellable. Se trata de un ejercicio de miseria moral que resta al alcance de cualquiera por muy limitadas que se antojen sus luces. De cualquiera, excepto del pobre Vicent Sanchis. El mismo Sanchis, Vicent, que siendo director del Avui ya facilitó que en ese diario de José Manuel Lara se tildase de "putas" a las madres de los militares españoles. Gloriosa hazaña que, quizá, le valiera el ser promovido a la jefatura del canal de televisión del Barça, empleo en el que ahora se desenvuelve con similar torpeza e idéntica necedad.
Repárese si no en su última deposición editorial, un articulito en el mismo Avui donde festeja la acción terrorista contra Tele 5 sin resguardarse tras el más elemental disimulo. Así, según el Alfonso Sastre de Laporta, "la pantalla de Tarrasa trataba a este país como una colonia y a esa ciudad como un casino". Bienvenido sea, pues, el atentado y su glorioso fuego purificador, el que ha retornado tanto la dignidad nacional a los Països Catalans como su mancillado honor a la industriosa villa de Tarrasa. Lástima, Vicent, que no ardiesen de paso unos cuantos españoles colonialistas en el empeño. En fin, paciencia, mucha paciencia, Sanchis, que todo se andará.
Libertad Digital
La verdad es que algunos millones de españoles somos unos puñeteros retrógrados y reaccionarios como dice la vicepresi de la Cosa. Todos los que no sabemos distinguir entre matar y matar. Matas a una mujer que te tortura durante décadas y eres un solemne asesino. Cierto. Matas previo pago a un nene que no te ha hecho nada en una clínica de Barcelona y eres un médico excelso. Aquí todos somos malos menos los que adoran al líder. Cuestión de calidad. Hay días que uno ve los ojos del talante y da gracias de tener tamaño para no caber en la trituradora. Pero viendo el odio que generamos los discrepantes, nos alegramos de vivir en unos tiempos en los que parece descartado, de momento, que nos metan en un vagón de ganado. Destino: Carrillo dirá. Nuestro liderazgo actual tiene un nivel ratonero. Peligroso por tanto. No es casualidad que, en cuanto aparece una ministra que no escandaliza con sus modales en un buen hotel europeo, caiga en desgracia y le quiten las atribuciones, el dinero y el respeto. Los demás consideran que la vida es una lucha permanente por mantenerse a flote apoyando los codos en los hombros de los demás. El sentido del ridículo y la dignidad son como las corbatas o la ducha. O le enseñan a uno de pequeño a habituarse a todo ello, a considerarlo parte del respeto que se debe uno a sí mismo y a los demás, o no caben más que dos actitudes. Una es ir con chanclas y bermudas a una recepción oficial y hurgarse entre los dedos de los pies mientras hablas con un embajador. La otra es hacerse un fondo de armario en el que quepan todos los disfraces y todas las imposturas.ABC - Opinión
Sin que se pueda saber a ciencia cierta por qué, abundan los que creen que, a la vista de los últimos resultados electorales, Rajoy ya puede dar por hecha la victoria en las elecciones generales. Como las desgracias nunca vienen solas, le han surgido a Rajoy una pléyade de aduladores que han montado algo así como una conmemoración del aniversario de su exaltación a la jefatura del partido en Valencia. Rajoy, que es persona inteligente, debería preocuparse con análisis tan toscos y efemérides tan pueriles.
En la política española, y muy especialmente en la derecha, están muy arraigados los hábitos administrativos, los ritos funcionariales. A lo más que algunos llegan es a sumar a ese cultivo del expediente el asesoramiento de un guru moderno capaz de inventar alguna chorrada ingeniosa, como, por ejemplo, lo de la niña de Rajoy, cuando perdió las últimas elecciones legislativas debido al desastre en Cataluña, sin que al asesor se le ocurriera que, ya puestos, a lo mejor era más rentable referirse al futuro de la nena.
Lo que hasta ahora está claro no es que Rajoy vaya a ganar, sino que a Zapatero se le acaba el crédito,… y más que se le va a acabar. Pero frente a ese declive, está por surgir la figura de un líder con capacidad de suscitar algo más que la conformidad con el destino mediante la melancólica renuncia de la izquierda. Eso puede pasar, pero también puede que no pase.
Rajoy tiene que intentar ganar las elecciones y para ello le queda algo más que esperar un feliz desenlace del caso Gürtel. Entre algunos de sus colaboradores y exégetas se adivina un indisimulado entusiasmo al constatar que no parece haber rivales en el horizonte. Magro consuelo. Un partido que debería representar a buena parte de los sectores más dinámicos de la vida española, debería tener no uno, sino decenas de posibles candidatos a la presidencia del gobierno, y no debería haber espectáculo más agradable para el líder que ver la leal compañía y competencia que le rodea. Aquí parece que se prefiere emparedar a los valiosos y ascender a una corte de mediocres. No es difícil comparar sin lamentos la orquesta del PP que llevó al triunfo a Aznar, en la cual el propio Rajoy era uno de los solistas, con el menguado conjunto que ahora le acompaña. Rajoy corre el riesgo de pensar que, puesto que Zapatero se maneja con lo que todos sabemos, él, que al menos es registrador, podrá arreglarse con poco. Se equivocaría si así lo hiciese.
Entre el 93 y el 96, Aznar desplegó un trabajo espectacular de estudio, de reuniones, de análisis y de reflexión, acercándose a muchísima gente que, hasta hacía muy poco, apenas le saludaba. No tenía un solo equipo de trabajo, sino, al menos, tres: el del Partido, con Cascos al frente y con todo el grupo parlamentario, el de Faes que era un hervidero de gente, y los que se nucleaban en torno a sus asesores externos. Era mucha la gente que trabajaba para él. Oía a todos, y tenía a todos a pleno rendimiento. A pesar de eso, la victoria fue muy escasa, como todo el mundo recuerda.
Rajoy necesita hacer exactamente lo mismo, tal vez con mayor intensidad, porque el rechazo hacia Zapatero tal vez pudiere llegar a ser menos uniforme e intenso que el que se alzó frente a Felipe González y un PSOE realmente muy tocado que, además, había ganado las elecciones generales nada menos que cuatro veces seguidas.
¿Para qué tanto trabajo? La sociedad española está ya muy harta de que la política se confunda con la rutina, de que la ausencia de novedades y de programa se refugie tras la consabida mención a los principios, al modelo de sociedad y a otras insignes vaguedades que no son ya de recibo. La gente quiere saber para qué va a votar, y Rajoy haría muy mal si se confiase únicamente al empuje de sus incondicionales.
Los españoles tenemos un montón de problemas, un legado que no va a dejar de crecer en los días que Zapatero continúe derramando sus gracias, y los electores querrán conocer qué piensa hacer ante esas cosas un partido del que todavía sospecha más gente de lo razonable. Además, la competencia va a estar más complicada, porque no cabe esperar que UPyD vaya a dedicarse a desbaratar un capital tan meritoriamente logrado poniéndose a decir y a hacer memeces.
Puede que la economía siga ocupando una gran parte del interés político de los españoles, pero siempre hay algo más y el PP debería evitar presentarse únicamente como una especie de partido de gestión. Su gran debilidad ha estado siempre en la peculiar cultura política de una buena parte de los españoles que sigue creyendo en los Reyes Magos y en las buenas intenciones del demagogo. No le queda poco trabajo al PP y a Rajoy si no quiere hacer el ridículo en las próximas generales. Y para eso hace falta que se convierta en el líder que todavía no es, pero que puede llegar a ser, si acierta con el camino y no desfallece en la larga travesía que le queda, y en la que no le convienen, ni la soledad, ni los halagos.
el confidencial
«Esta tímida reforma, que se limita a permitir a los opositores examinarse en castellano, ha servido para poner de nuevo en evidencia el grado de estupidez y de aversión a la libertad de los nacionalistas, incluyendo en ellos a los socialistas del PSG.»
La tímida reforma de la Ley de la Función Pública gallega, que se limita a permitir a los opositores elegir en qué idioma se examinan, sin llegar por ello a suprimir la prueba adicional y obligatoria del gallego, ha servido para poner de nuevo en evidencia el grado de estupidez y de aversión a la libertad de los nacionalistas, incluyendo en ellos a los socialistas del PSG. Se trata de una reforma encaminada no sólo a garantizar los derechos lingüísticos de los opositores castellanoparlantes, sino también a favorecer que Galicia no deje de contar por liberticidas barreras lingüísticas con buenos profesionales en la administración; una reforma que, fiel a la letra y al espíritu de nuestra Constitución, acabará con una situación tan absurda, delirante e inconstitucional como que un opositor no pueda examinarse en español en España, a pesar de ser el castellano la lengua materna de la mayoría de los gallegos y de los españoles –hablada y entendida por todos ellos– y de ser la segunda lengua internacional del mundo.
Pues bien, los nacionalistas han puesto el grito en el cielo calificando la normativa aprobada nada menos que de "exterminio" y "atentado" contra el gallego, al tiempo que la han acusado de provocar un "desembarco" de personas de fuera que "no conocen la lengua y la cultura" de la comunidad gallega.
Aunque la xenofobia sea siempre criticable, que los nacionalistas la pretendan excitar en una comunidad como Galicia, una de las regiones en la que sus habitantes más han emigrado tanto al resto de España como a Europa y Ámerica, es todavía más repulsivo. Con todo, no ha sido este el único exabrupto que ha lanzado el diputado nacionalista Beito Lobeira durante la sesión parlamentaria. Así también ha apuntado que "todos los territorios tienen lengua propia, a menos que sean mudos", lo cual es una insuperable estupidez porque todos los territorios, efectivamente, son mudos; quienes no los son son sus habitantes.
A pesar de esta holista personificación del colectivo, tan característica del nacional socialismo, son efectivamente las personas, y no los territorios quienes tienen lengua propia. Son los individuos quienes gozan de unos derechos entre los que se incluye la libertad a la que los nacionalistas agreden.
No menos lamentable –pese a tratarse supuestamente de un partido español– ha sido la intervención del representante socialista, Lage Tuñas, quien ha calificado la normativa que de un "18 de julio contra el gallego". La estupidez es difícilmente superable, pues si hay algo que se asemeje a la represiva política franquista en materia lingüística es precisamente la que están llevando a cabo los nacionalistas en ciertas regiones de España.
En cualquier caso, esperemos que esta reforma sea sólo un paso de los muchos que hay que dar para preservar la libertad lingüistica de los españoles, y que la estupidez de quienes se oponen a ella sólo sirva para confirmar que se está yendo por el buen camino.
Libertad Digital - Editorial
EL PSOE demostró ayer en el Congreso de los Diputados cuán alto es su grado de esquizofrenia a la hora de presentar medidas contra la crisis económica y volvió a ofrecer a la opinión pública un ejemplo de la deriva en la que está sumida esta legislatura. Es comprensible que el PSOE quiera tapar lo más posible al jefe del Ejecutivo ante el negro panorama económico, pero hay responsabilidades ineludibles como la de decir la verdad sobre la futura subida de impuestos en lugar de generar incertidumbre. Durante la campaña las elecciones europeas, nada dijo el PSOE acerca de subir los impuestos de los carburantes y el tabaco, pero la medida estaba ya convenientemente preparada en la antesala del Consejo de Ministros. Hace una semana, Zapatero negó la posibilidad de aumentar los impuestos, pero ayer por la mañana el PSOE pactó con IU una moción para instar al Gobierno a incrementar los tributos a las rentas más altas, eliminar algunas desgravaciones, aplicar la progresividad en otras y poner fin a los privilegios fiscales de los deportistas de elite. Se trataba de un impreciso galimatías convenientemente maquillado, y trufado de una demagógica fiscalidad «de izquierdas», con la que el PSOE quería atraerse a IU para que mañana apoye al Gobierno en la decisiva votación que ha de aprobar el techo de gasto presupuestario de las cuentas públicas de 2010. Sin embargo, por la tarde el acuerdo PSOE-IU quedó roto. La coalición no iba a pasar de abstenerse en la votación y el PSOE, quien negociaba a varias bandas, especialmente con CiU, necesita votos a favor. Lo que ayer puso de manifiesto este episodio en el Congreso es el verdadero rostro de la soledad parlamentaria de los socialistas, sus dudas y sus gestos a golpe de oportunismo, sus improvisadas imposturas y su falta de un criterio coherente sobre lo que conviene o no hacer.
La incertidumbre es inaceptable en un Gobierno que tiene que dar seguridad y confianza a las empresas y a los ciudadanos para reactivar la actividad productiva. Es evidente que el Gobierno tiene en mente la subida de la presión fiscal y de los impuestos porque el gasto público desborda la capacidad de recaudación. El problema de fondo no es otro que el empecinamiento en financiar una política social demagógica que responde tanto a los prejuicios ideológicos de una izquierda perdedora en Europa como a la propia mediocridad del Gobierno para asumir profundas reformas estructurales. Desde esta perspectiva, la comparecencia forzada de Zapatero, el próximo 20 de julio ante el Congreso, será una buena ocasión para que explique con sinceridad, sin más ocultaciones, cuál es realmente su política económica. Zapatero tiene la obligación de no jugar más al despiste en los despachos del Congreso vendiendo humo al mejor postor, y ha de confrontar su discurso con los mensajes críticos que está recibiendo de organismos como el Banco Central Europeo o el Banco de España, que están urgiendo a una reforma del mercado laboral. Pero Zapatero sigue optando por la ironía. Responder a Miguel Ángel Fernández Ordóñez y a Jean Claude Trichet con el tópico de que «una cosa es gobernar y otra opinar» es menospreciar otra vez la solvencia que cabe suponer a estas autoridades económicas y la coincidencia de sus criterios con los de otros expertos. Y con ironías, bandazos y golpes de efecto difícilmente saldrá España pronto de esta crisis.
ABC - Editorial
