Cuando se produce un "ataque" del mercado de capitales sobre la deuda pública de algún país en apuros, como España, lo que se ha producido no es una agresión de ningún tipo. Es más bien una reacción defensiva de los pequeños ahorradores.
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Una de las más atrevidas fuentes de humor de la prensa española es la columna de Almudena Grandes en El País. Su espacio semanal es una ventana trasera desde que la escritora vocea en base a su extenso conocimiento económico, y dicta lo que debiera ser, a su juicio, la organización financiera del mundo entero. Grandes es su apellido, pero también lo son algunas de las barbaridades publicadas. Recuerdo en especial una colérica columna en la que, indignada, nos mostraba un experimento que suponía la demostración de que la economía mundial era una gigantesca farsa. Consistía en dividir los 775.000 millones de dólares del plan de estímulo americano entre los 6.700 millones de habitantes del mundo para descubrir que cada uno debía poner –agárrense– 115 millones de dólares. Imagínese el trauma de la escritora al obtener tan escandalosa cifra. Pero mayor debió ser el ridículo sentido cuando se le obligó a publicar que dicha división no daba 115 millones, sino 115 dólares. Esto no es un simple error, sino la constatación de que algunos de los que nos dicen cómo tiene que funcionar el sistema no saben ni de lo que están hablando. Si los editores de El País tuvieran sentido del humor, esa rectificación no la habría publicado bajo el encabezamiento "Fe de errores", sino bajo "Fe de barbaridades".
Pues resulta que tan brillante conocedora del funcionamiento del sistema económico mundial se levanta esta semana con ganas de dar otra lección. Dice que los "mercados y agencias de calificación" no son más que "bandas terroristas que someten a España a un tiránico chantaje". En buena parte del imaginario socialista, los mercados y las agencias de calificación son un batiburrillo perverso que se come a los niños y despluma a los ancianos. Algo malo a lo que hay que someter con el poder de intimidación del Estado. Sin embargo, como en el experimento anterior, doña Almudena desconoce el funcionamiento de tan diabólico mecanismo. Y es que el mercado no es un comité de diez obesos ricachones que entre el humo de sus puros deciden a quién hacerle la vida imposible. El mercado es un lugar de intercambio. Es el resultado de un proceso en el que millones de personas de todo el mundo expresan sus pequeñas preferencias. La mayor parte de esos perversos mercados son pequeños ahorradores que deciden qué hacer con su dinero a través de órdenes en sus bancos de toda la vida o mediante la elección del fondo de ahorro o de pensiones que más se ajusta a sus preferencias.
Cuando se produce un "ataque" del mercado de capitales sobre la deuda pública de algún país en apuros, como España, lo que se ha producido no es una agresión de ningún tipo. Es más bien una reacción defensiva de esos pequeños ahorradores ante el aumento del riesgo de que ese dinero que han ahorrado no se lo vayan a devolver. ¿Tiene Almudena Grandes algún inconveniente en que esto sea así? Porque lo contrario, lo que ella y los de su cuerda exigen, es la indefensión total de los ciudadanos en caso de que el Estado decida gastarse el dinero que previamente les ha pedido prestado y los cálculos digan que no podrá devolverlo a menos que haya intervención. Lo que piden a gritos es que los ahorradores sean despojados de su libertad individual y de su sagrado derecho a la propiedad privada, y que sus ahorros puedan ser, sencillamente, expropiados para disfrute de los políticos. Qué podíamos esperar de quien no acierta a dividir ni con la calculadora.
Cuando se produce un "ataque" del mercado de capitales sobre la deuda pública de algún país en apuros, como España, lo que se ha producido no es una agresión de ningún tipo. Es más bien una reacción defensiva de esos pequeños ahorradores ante el aumento del riesgo de que ese dinero que han ahorrado no se lo vayan a devolver. ¿Tiene Almudena Grandes algún inconveniente en que esto sea así? Porque lo contrario, lo que ella y los de su cuerda exigen, es la indefensión total de los ciudadanos en caso de que el Estado decida gastarse el dinero que previamente les ha pedido prestado y los cálculos digan que no podrá devolverlo a menos que haya intervención. Lo que piden a gritos es que los ahorradores sean despojados de su libertad individual y de su sagrado derecho a la propiedad privada, y que sus ahorros puedan ser, sencillamente, expropiados para disfrute de los políticos. Qué podíamos esperar de quien no acierta a dividir ni con la calculadora.
Libertad Digital – Opinión