viernes, 29 de julio de 2011

Autonomías. A los manirrotos de todos los partidos. Por Guillermo Dupuy

No se trata de que los Ejecutivos regionales "se aprieten todavía más el cinturón". No, qué va. Lo que pretendemos algunos es que se lo pongan y no sigan gastando a calzón quitado como si la crisis económica no fuera con ellos.

Está visto que el Tribunal Constitucional está decidido a que en la Generalidad de Cataluña no falte el papel higiénico. Cuando los gobernantes nacionalistas todavía no han acabado de gastar para esos menesteres la sentencia del Constitucional que tan escasamente recorta el estatuto soberanista catalán, o la sentencia del Supremo que pretendía que el castellano también pudiese ser lengua vehicular de la enseñanza, va nuestro Alto Tribunal y dicta una nueva sentencia que, rechazando un recurso del Parlamento de Cataluña contra la Ley General de Estabilidad Presupuestaria de 2011, avala la facultad del Gobierno central de poner topes al gasto y al endeudamiento autonómico.

Que esta sentencia también está destinada a limpiar el trasero de los gobernantes autonómicos –no sólo los nacionalistas– es aun más evidente por cuanto ahora ni siquiera existe una Ley, sino un mero Plan de Estabilidad que simplemente informa de cuáles deberían ser los déficits autonómicos para que el conjunto de las Administraciones Públicas cumplieran con Bruselas. De nada sirve que el Constitucional reconozca al Estado su facultad para establecer topes de gasto de obligado cumplimiento a las autonomías, si luego el Gobierno no se atreve a ejercer esa facultad o a castigar a quien incumpla esos topes legales.


En este sentido, se supone que del Consejo de Política Fiscal y Financiera deberían haber salido unos topes que con carácter legal impidiesen a los gobiernos regionales proseguir su descontrolado déficit y endeudamiento. Pero lo que ha salido de esa bochornosa reunión –en realidad dedicada únicamente a ver cómo las autonomías devuelven lo que recibieron de más del Estado en 2009– es la oferta de Salgado de que acudan a un crédito con el ICO para pagar dicha deuda. Es decir, que se endeuden para pagar lo que deben. En cuanto a topes de gasto, nada de nada; sólo unas inconcretas "reglas de gasto" que los gobernantes autonómicos se seguirán dando a sí mismos y que les ha llevado a la mayoría de ellos a incumplir sistemáticamente los objetivos de déficit autonómico contemplados en el Plan de Estabilidad.

Aunque haya ilustres analistas económicos que sostengan que, para poder reclamar más frugalidad a las autonomías, el Estado tiene que empezar por dar ejemplo, lo cierto es que ya en 2010 el objetivo de déficit para el conjunto de las administraciones públicas se pudo cumplir gracias al Estado central y a pesar del descontrol de los Ayuntamientos y, sobre todo, de las Autonomías. Hoy mismo hemos sabido que el déficit de la Administración Central se ha reducido en un 18,9% hasta junio. Sin embargo, todo parece indicar que las autonomías, que gestionan las dos terceras partes del gasto público, van nuevamente a poner en riesgo los compromisos adquiridos con nuestros socios comunitarios.

Y es que no se trata de que los Ejecutivos regionales "se aprieten todavía más el cinturón". No, qué va. Lo que pretendemos algunos es que se lo pongan y no sigan gastando a calzón quitado como si la crisis económica no fuera con ellos. Han sido las autonomías, y no el Estado central, las que han seguido contratando funcionarios a mansalva. Así, su nivel de endeudamiento ha pasado de los ya preocupantes 63.000 millones de euros a comienzos de 2008 a los 121.000 millones en abril de este año.

No pretendo quitar responsabilidad de este clima de desbarajuste al Gobierno de Zapatero, ni poner sordina a los pufos ocultos con los que se han encontrado los nuevos gobernantes autonómicos del PP. Pero hay gobiernos que ya estaban en manos de los populares, como la Comunidad de Valencia o Murcia, o Ayuntamientos como el de Madrid, corresponsables de que la prima de deuda española se haya disparado. Mucho ojo, pues, que en esto del descontrol presupuestario hay socialistas en todos los partidos.


Libertad Digital - Opinión

Autonomías. Por el federalismo fiscal. Por Emilio J. González

Lo triste de todo este asunto es que el enfrentamiento político está ocultando los verdaderos males del modelo de descentralización territorial..

La última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera ha demostrado, una vez más, que al Gobierno le importa un rábano el solucionar la grave crisis fiscal que vive la economía española. La reunión con los representantes de las autonomías era una ocasión de oro no sólo para acordar entre todos la forma de reducir el déficit público, sino también para establecer de forma racional qué competencias le corresponden a cada uno y cómo financiarlas. Sin embargo, el Ejecutivo se ha embarcado en lo peor que podía hacer, esto es, en una batalla de naturaleza electoralista contra las autonomías gobernadas por el PP, a las que pretende ahogar financieramente, e incluso llevar a la suspensión de pagos a alguna que hasta el pasado junio estuvo gobernada por los socialistas para culpar a los ‘populares’ de ello y tratar de desgastarlos más y más. Mientras tanto, en Moncloa y en Ferraz los del PSOE trazan planes sobre cómo invertir con fines electoralistas esos recursos que quieren que las comunidades autónomas devuelvan ya al Estado, con independencia de su situación de solvencia. Visto lo visto, no es de extrañar que, en unos momentos en los que el euro debería estar fortaleciéndose frente al dólar, a tenor de lo cerca que se encuentra Estados Unidos de la suspensión de pagos, esté sucediendo lo contrario. Y es que los mercados confían más en que Obama acabe por dar su brazo a torcer que en que Zapatero actúe por una vez con el mínimo de racionalidad que exigen las circunstancias de España y de la Unión Monetaria Europea.

Lo triste de todo este asunto es que el enfrentamiento político está ocultando los verdaderos males del modelo de descentralización territorial. Los políticos, por ejemplo, siguen sin entender que tienen recortar el gasto público en todos los niveles de la Administración, que es lo que debería estar debatiéndose en estos momentos. De la misma forma, debería estar sobre la mesa de negociaciones un nuevo modelo de distribución territorial de competencias, y de recursos para financiarlas, según los principios del federalismo fiscal, como qué gasto es necesario y cuál no –para cortar este último de raíz–, y qué nivel de la Administración es el más eficiente en la prestación de cada uno los servicios públicos. E igualmente sería necesario debatir la creación de un sistema de intervención del gasto en todas las administraciones, pero controlado por el Estado, que para eso es el que paga, con el fin de evitar el derroche y la corrupción a que nos tienen acostumbrados las autonomías y los ayuntamientos.

Y eso por no hablar de racionalizar el contenido de toda una serie de competencias –¿qué sentido tiene que cada autonomía tenga, como mínimo, una universidad pública cuando la demografía provoca que haya cada vez menos universitarios?– cuyo ejercicio sólo sirve para derrochar más y más recursos. A partir de ahí, quien quiera gastar más en embajadas, en universidades y demás cosas innecesarias, que suba los impuestos. Ese es el debate que tendría que estar produciéndose en estos momentos, no esa discusión electoralista sobre los pagos de las autonomías que no conducen más que a agravar nuestra situación fiscal y, con ella, la económica. Ahí está nuestra prima de riesgo en máximos y al alza para certificarlo.


Libertad Digital - Opinión

Devolver competencias. Por José Antonio Vera

Colea aún el pulso entre las autonomías y el Gobierno a propósito de la abultada deuda, el descontrol del déficit y el caos actual de las haciendas regionales. La situación es tan extrema, que hay quien plantea una reconducción de la estructura territorial del Estado para convertirlo en algo menos costoso y más racional. Dicen ya abiertamente algunos presidentes periféricos que son partidarios de devolver competencias al Estado, para que se gestionen de manera conjunta desde la Administración central. No me parece mala idea. Algo habrá que hacer en ese sentido, pues el actual modelo es costosísimo, disgregador, de tendencia confederal, fomenta un planteamiento de «taifas» que hace muy complicado tomar decisiones conjuntas, y pone claramente en peligro la unidad de mercado.

La devolución de competencias que plantea, por ejemplo, Ramón Luis Valcárcel desde Murcia, puede ser sin más una manera de mantenerle el pulso al Gobierno de Zapatero. Pero no tiene por qué ser una idea descabellada, sino todo lo contrario, siempre y cuando se haga de forma voluntaria. Hacer 17 servicios regionales de Salud, con 17 políticas de compra de medicamentos, gestión de centros, tarjetas sanitarias, sistemas informáticos y todo lo demás, no sólo es más caro desde el punto de vista de la gestión de compras, sino que además es caótico porque se fomenta la desigualdad en las prestaciones entre comunidades. Y lo mismo que en Sanidad sucede en Educación o en Justicia, materias donde la gestión con criterios mínimamente uniformes se echa en falta a diario.


Es verdad que una crisis económica como la actual es dura y sus consecuencias dolorosas para todos. Pero a veces las crisis son también oportunidades. Para poner orden. Para eliminar lo superfluo. Para reducir costes. Y esta mega-crisis que nos golpea podría ser adecuada para racionalizar un modelo territorial que hicimos deprisa en los convulsos años de la Transición y cuyos resultados son mejorables. Particularmente porque en España sólo había una reivindicación autonómica real en Cataluña y el País Vasco, y por razones incomprensibles decidimos darle el mismo nivel de autogobierno político a territorios que nunca plantearon esa necesidad. Ni Murcia ni Cantabria ni La Rioja tenían interés en una Sanidad o Educación propias. Hubiera servido perfectamente la descentralización administrativa con una estructura de decisiones jerarquizada, es decir, que garantizara al Estado la potestad última de decidir, algo que ahora es imposible.

El planteamiento de devolución de competencias que hacen hoy algunos gobiernos regionales del PP me parece acertado. ¿Para qué 17 defensores del Pueblo, tribunales de Cuentas o consejos del Poder Judicial? Sería más que razonable que las autonomías que quisieran se pudiesen poner de acuerdo para que determinados servicios se resolvieran conjuntamente desde un órgano común. Nos ahorraríamos dinero y no se rompería la unidad de mercado, ahora en peligro de verdad. Las autonomías que no quieran, que se queden con su actual estructura. Igual es una manera de diferenciar al País Vasco y Cataluña de las demás, algo nada descabellado, y que podría poner fin también al afán de vascos y catalanes por ser diferentes.


La Razón - Opinión

Crisis fiscal. El desastre autonómico. Por Agapito Maestre

Me atrevo a decir ahora que Zapatero tiene razón cuando le reprocha a Rajoy que si no está de acuerdo con la "ley" de las Autonomías, que nos diga cuál es la suya.

Zapatero quiere convertir la victoria del PP en las elecciones del 22-M en una derrota para las próximas generales. Zapatero quiere ahogar económicamente a las comunidades del PP para que la gente vote a Rubalcaba. Quizá no lo consiga, pero, desde luego, pondrán en evidencia algunas contradicciones del PP que son relevantes para hacernos cargo de la inviabilidad del actual sistema autonómico. Y, sobre todo, ponen a Rajoy en la alternativa siguiente: o recentralización o independencia para Cataluña y País Vasco. El rollo del federalismo o de las autonomías ya no se la traga nadie con un poco de inteligencia política.

En efecto, el Consejo de Política Fiscal y Financiera ha sido un desastre, especialmente para las once comunidades gobernadas por el PP, porque el Gobierno quiere que esas administraciones devuelvan lo que deben a la Administración Central en el plazo señalado. Es terrible, incluso perversa, la actitud de Zapatero, porque no quiere negociar ni resolver un problema creado por él, cuando presupuestó en 2008 por encima de lo debido. Más aún, el maquiavelismo de Zapatero no es de recibo, porque cuenta con el poder de asfixiar a unas comunidades y salvar a otras. Todo eso es verdad, pero, en mi opinión, tampoco tienen un pase las reacciones de las comunidades del PP que amenazan con devolver algunas competencias al Gobierno.


Esa amenaza, después de treinta años de soportar un sistema infumable y podrido, es absolutamente inviable si no se plantea como una reforma completa del desastroso sistema autonómico. Tendría que hablar Rajoy con voz clara y contundente: o sigue apoyando este esperpento de Estado de las Autonomías o propone un nuevo modelo de Estado-nacional democrático que se enfrente, definitivamente, al asalto que han perpetrado los nacionalistas de la nación española en las tres últimas décadas. En otras palabras, es demagógica la reacción del PP, porque no se puede estar defendiendo, por un lado, el actual modelo de Estado de las Autonomías y, por otro lado, amenazar con salirse de él.

Porque soy de los pocos que, en España, vengo criticando este Estado de las Autonomías, especialmente su principal fracaso, a saber, la incapacidad de integrar a los nacionalistas catalanes y vascos en un sistema democrático, me atrevo a decir ahora que Zapatero tiene razón cuando le reprocha a Rajoy que si no está de acuerdo con la "ley" de las Autonomías, que nos diga cuál es la suya. Sospecho que Rajoy, por desgracia, callará, es decir, se apuntará a la salida socialista, o peor, al silencio hasta que se independice, definitivamente, Cataluña y País Vasco. Eso es todo.


Libertad Digital - Opinión

Embrollo autonómico

Los mercados y los organismos internacionales observan con lupa las decisiones económicas del Gobierno y de las comunidades. El Pacto de Estabilidad delimita un escenario fiscal que compromete a las administraciones y del que cualquier descuelgue se traduce en desconfianza y en tensiones para nuestra deuda. Resultó decepcionante el resultado del Consejo de Política Fiscal y Financiera que, lejos de encauzar la solución a las dificultades económicas de las regiones y de sellar un acuerdo global en torno a una regla de gasto, deparó un embrollo mayor del que existía y, sobre todo, envió un mensaje negativo al exterior. El Gobierno y las comunidades salieron del encuentro sin un acuerdo en aspectos clave como garantizar la liquidez a corto plazo y preservar la estabilidad de las cuentas públicas. Mariano Rajoy había planteado una fórmula razonable como era aplazar la devolución al Estado del dinero que anticipó a las regiones, pero el Gobierno se negó y propuso facilitar un crédito especial ICO a las comunidades para ese propósito. Esa iniciativa es pan para hoy y hambre para mañana, porque crea un problema sobre otro al generar un nuevo endeudamiento a unas administraciones exhaustas. No existían razones de peso para descartar la propuesta del líder del PP porque ni afectaba al déficit ni a la deuda y ofrecía un margen de liquidez apreciable. El Ejecutivo sólo pudo oponerse por motivos políticos. La intransigencia de Salgado y su aparente falta de voluntad para alcanzar un acuerdo de mínimos sólo puede interpretarse en el marco de una estrategia de desgaste político para poner a los gobernantes del PP entre la espada y la pared sin capacidad de maniobra.

Aunque las comunidades autónomas ratificaron su compromiso con el objetivo de déficit, el Ejecutivo frustró un consenso en torno a una regla de gasto común. Sin una disciplina férrea y conjunta, es más probable que los números no cuadren y que se agudice el problema, algo que no preocupó al vicepresidente Chaves, que sí anduvo rápido para responsabilizar al PP de los futuros ajustes como si la desastrosa herencia recibida fuera inocua.
Algunos de los detalles del encuentro indican que el Gobierno tampoco cuidó las formas. La improvisación deparó escenas impropias de una cita de esa seriedad, como el reparto de sobres cerrados por parte del Gobierno a los consejeros con la cifra de financiación de la que podían disponer o que al nuevo responsable madrileño le dieran el sobre de Canarias.

Lo peor es que no se atisba una salida próxima y factible, y la situación tiende a empeorar con una mayor conflictividad. Lo ideal sería que el Gobierno liderara con las autonomías un acuerdo de mínimos para despejar el horizonte de incertidumbres y trasladar tranquilidad y certeza a los mercados, aunque Salgado tendrá que cambiar de actitud y no actuar como oposición del poder autonómico del PP. A medio y largo plazo es evidente que existe un fallo sistémico del Estado autonómico, que requiere una reforma profunda para reordenar los equilibrios, racionalizar sus funciones y garantizar su sostenibilidad. Será misión principal del próximo Gobierno.


La Razón - Editorial

Salida de emergencia

Las autonomías del PP aceptan el recurso al ICO, pero avivan el conflicto político de cara al público.

La reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del miércoles ratificó las extrañas formas de hacer política que tiene el Partido Popular (PP). Durante la sesión parlamentaria matinal, el presidente del partido, Mariano Rajoy, había exigido que se aplazara a 10 años la devolución del exceso de dinero (nada menos que 18.736 millones en total) que han recibido las autonomías por error en el cálculo de los ingresos fiscales, que el Gobierno adelantara los fondos de competitividad y convergencia, y que las comunidades pudieran emitir deuda con el aval del Estado. Pero en el Consejo, donde es necesario presentar pruebas y argumentos, los presidentes autonómicos del PP bajaron el diapasón del conflicto. Es más, ratificaron dos principios importantes: el compromiso de moderar el déficit autonómico en el 1,3% del PIB y una regla que limite el gasto público de las comunidades en función del ciclo económico.

Y, con las reticencias de rigor, aprobaron el plan de Economía de acceder a créditos del ICO destinados a cubrir la deuda con sus proveedores. La solución no es perfecta, pero sirve para salir del paso. Apenas repercute en las obligaciones de las autonomías, pero contribuirá a aliviar la situación de las empresas suministradoras.


Pero, una vez terminado el Consejo, el PP volvió a llevar el debate político sobre las finanzas autonómicas adonde más le gusta, que es al estruendo mediático. El presidente gallego, Núñez Feijóo, adelantado de las reivindicaciones del PP, insistió en que la estabilidad es imposible si no se cumplen las exigencias de los Gobiernos populares. Está latente la amenaza de un colapso dirigido del sistema autonómico. Esto es política (tal como la entiende el PP), no un debate sobre cómo se mejora la gestión pública. El PP amontona inconvenientes (devolución de transferencias, a la que ya se ha negado el Gobierno, o peticiones financieras imposibles) para acorralar un poco más al Ejecutivo y encharcar el terreno de juego al candidato Rubalcaba.

El problema es que al equipo económico del Gobierno le asisten esta vez buenas razones. Lo que pretenden Rajoy y su corte autonómica es hacer responsable al Ejecutivo del desequilibrio de las cuentas de las comunidades y trasladar el peso del ajuste autonómico a la Hacienda pública. Pero, como explicó la vicepresidenta Salgado, las autonomías dispondrán de un margen adicional de gasto en 2012, mientras que el Gobierno tendrá que seguir ajustando sus cuentas. No hay razón objetiva para temer un colapso ni para demorar las devoluciones desde los cinco años actuales a 10. Si Hacienda aceptara la prórroga a un decenio, el PP y su abrumador peso autonómico reclamarían 15 o 20 años.

El estribillo del presidente del PP es que, puesto que el Gobierno se equivocó al calcular los ingresos, debe ahora resolver el problema. Rajoy no aprecia responsabilidades políticas en el desaguisado autonómico. Pero resulta que los dirigentes autonómicos se han aplicado durante decenios a una política de gasto próxima al despilfarro (baste citar las obras faraónicas en Galicia o en Valencia) fiados a una provisión de ingresos inagotables originados por la prosperidad económica basada en la burbuja inmobiliaria.

Es hora de aceptar los hechos. A las autonomías les espera un duro ajuste por delante y el TC ha dictaminado que el Gobierno tiene competencias en el control del gasto autonómico. Sobre ambos principios, el PP tendrá que decidir si quiere colaborar en la tarea de garantizar la solvencia de la deuda o si pretende seguir con la maniobra indigna de gritar que el Estado de las autonomías se hunde. Si se decide por lo primero, basta con que guarde silencio durante algunos meses y los Gobiernos autónomos que controla presenten a discusión en septiembre la regla de gasto para sus Administraciones.


El País - Editorial

El fiasco financiero del Estado autonómico

No es momento para parches, y tanto el crédito extraordinario del ICO que ofrece el PSOE como la prórroga de la devolución de los anticipos que solicita el PP son eso: parches. Es hora de redefinir el Estado de las Autonomías..

Desde que el PP arrasó en las elecciones autonómicas del pasado 22 de mayo, parecía bastante claro que la táctica del PSOE de cara a las próximas generales iba a ser la de asfixiar financieramente a las autonomías. Si se les dificultaban los ingresos y se les forzaba a practicar un fuerte ajuste del gasto, el malestar ciudadano dejaría de concentrarse en Zapatero y, sobre todo, le permitiría a Rubalcaba sacar a pasear el dóberman de la derecha antisocial.

La intransigente postura del Ejecutivo socialista en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado miércoles debe leerse desde esta óptica: después de que la Administración central se haya apretado el cinturón, les ha llegado el turno a las autonomías. No es que el razonamiento sea del todo incorrecto –pues, en efecto, el gasto autonómico sigue absolutamente desbocado–, pero el PSOE carece de legitimidad y de tiempo para abrir semejante debate.


A la postre, fue el Ejecutivo de Zapatero quien infló las previsiones de ingresos de 2008 y 2009 y quien abonó a las autonomías unos anticipos a cuenta que eran a todas luces excesivos, y fueron gobiernos socialistas quienes dejaron las despensas autonómicas llenas de deudas. Ahora, con déficits estructurales que se cifran en miles de millones de euros, no resulta muy factible que esas autonomías asuman a cinco años vista pagos extraordinarios de 23.000 millones de euros.

O, al menos, no resulta factible sin cambios de calado en nuestro Estado de las Autonomías. Es imprescindible definir –y cerrar– qué entes prestan qué servicios públicos para, posteriormente, proporcionarles los mecanismos de financiación necesarios. En ese momento, los gobiernos autonómicos que no deseen recortar el gasto, tendrán que subir sus impuestos; y quienes opten por mejorar su eficiencia sin esquilmar todavía más a los ciudadanos, podrán incluso rebajar los suyos. Pero la situación actual, en la que un nivel administrativo gasta y el otro recauda y reparte, es del todo insostenible.

No es momento para parches, y tanto el crédito extraordinario del ICO que ofrece el PSOE como la prórroga de la devolución de los anticipos que solicita el PP son eso: parches. Es hora de redefinir el Estado de las Autonomías, pero el PSOE, por motivos obvios, no quiere ni puede hacerlo. Veremos si el PP, en caso de que acceda al Gobierno central, está dispuesto a coger el toro por los cuernos.


Libertad Digital - Editorial

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