miércoles, 6 de julio de 2011

¿Vuelven los cincuenta?. Por José María Carrascal

Hace medio siglo vivíamos del turismo. Hoy volvemos a vivir de él. Algo hemos hecho mal para llegar a esta situación.

SIEMPRE es mejor tener un empleo temporal que ninguno, aunque esa no sea la solución del problema del paro, sobre todo cuando el empleo fijo disminuye, como ocurre en España. Pero no voy a ponerme a discutir con cualquiera de los muchos portavoces del Gobierno, siempre anunciando la salida de la crisis, cuando la única salida real es la suya. Así que voy a fijarme en un hecho alentador en la superficie, desolador bajo ella: en España, lo único que funciona de verdad es el turismo. Sobre todo ahora, que la revuelta en los países árabes y los disturbios en Grecia han convertido nuestras playas en las pocas donde uno puede uno tomar el sol tranquilamente. Es lo que ha traído esos empleos temporales de que hablábamos, que aliviarán un poco nuestra desequilibrada balanza de pagos, que buena falta le hace.

Pero si lo pensamos bien, la cosa es muy triste. Estamos como hace cincuenta, sesenta años, cuando el turismo era nuestra única industria, «nuestro petróleo» le llamábamos, entre cariñosa y vergonzosamente. No voy a ser yo quien critique el turismo, una de las industrias que mueve más dinero y personas en el mundo, y que deberíamos cuidar bastante más de lo que la cuidamos. Pero lo que eso significa ya no es tan glorioso: que no hemos adelantado mucho en el último medio siglo. Diría incluso que hemos retrocedido. Entonces teníamos, además del turismo, las inversiones extranjeras atraídas por los bajos costes, y las remesas de nuestros emigrantes a Europa, que no eran cortas. Hoy, las inversiones extranjeras se han reducido a un mínimo, al desviarse hacia países más rentables —los de la Europa del Este especialmente— y las remesas de nuestros emigrantes se han convertido en remesas de los emigrantes extranjeros en España a sus respectivos países, siempre que conserven su puesto de trabajo, claro.


Esta es la escueta y amarga realidad. Hace cincuenta, sesenta años, vivíamos del turismo, y volvemos a vivir de él. Con una balanza de pagos mucho más desequilibrada y una perspectiva de crecimiento que ha pasado del ocho por ciento anual de entonces al poco más del uno de ahora, si se cumplen las predicciones más optimistas y no volvemos a caer en las cifras rojas. Algo hemos hecho mal para llegar a esta situación, y no me refiero sólo al gobierno, porque en una democracia, los responsables son todos los ciudadanos, unos por hacerlo mal, otros por permitirles hacerlo.

¿Volvemos a los años cincuenta, sesenta del pasado siglo, a los alemanes viniendo a relajarse en nuestras playas y los españoles yendo a trabajar a Alemania? Eso parece y anuncian los titulares. Con una notable diferencia: entonces se iban los obreros, ahora se van los ingenieros. Lo que no es una buena noticia, aunque, como la de los contratos temporales, tampoco la peor.


ABC - Opinión

Indignados. La igualdad ante la ley según Gallardón. Por Pablo Molina

Ahora resulta que los caballeros de la rasta que se apropian del espacio público, rodean parlamentos y boicotean tomas de posesión son un “movimiento cívico” a diferencia de los que pretenden detener la masacre abortista.

Los integrantes de los movimientos cívicos contrarios al aborto que han intentado acampar en la Puerta del Sol parten de un error conceptual muy extendido, según el cual en España la ley se aplica a todos por igual. Todos somos iguales ante la ley siempre y cuando pretendamos vulnerarla bajo los postulados de la izquierda, que es un principio transversal de nuestro ordenamiento jurídico basado en la costumbre, hasta que la ley de Igualdad de Trato que está cometiendo el Gobierno le otorgue un carácter positivo en el repertorio Aranzadi.

La hemiplejía moral es una dolencia de etiología marxista muy extendida en el PP, cuyos líderes aún no han encontrado el remedio en el mejor de los casos y, en el peor, o sea, Gallardón, es considerada una virtud irrenunciable para destacar en el cotarro político.

Gallardón apadrina a los indignados y sólo les riñe un poco cuando se los encuentra en su calle mientras recoge las caquitas de la mascota familiar. No porque considere que actúan en contra de una ley que el regidor es el primer obligado en hacer cumplir, sino porque le fastidia recibir una dosis de democracia real en la misma jeta a la vista de su prole.


Con los defensores de la vida, que estos días pretenden conmemorar el primer aniversario de la ampliación del aborto de la flamante consejera de la ONU, el mismo Gallardón que suplicaba clemencia a los antisistema les envía a la policía local a desmontarles el chiringuito y pedirles la documentación.

Hay trabajos muy ingratos en esta vida, pero pocos tan sufridos como ser policía a las órdenes de Gallardón, porque la vergüenza que hayan pasado los agentes enviados a detener a ese peligroso comando de sexagenarias y jovenzuelos idealistas defensores del derecho a vivir mientras a unos metros los indignados tomaban kalimotxo a la salud del alcalde, para ellos se queda.

Ahora resulta que los caballeros de la rasta que se apropian del espacio público, rodean parlamentos y boicotean tomas de posesión son un "movimiento cívico" a diferencia de los que pretenden detener la masacre abortista, que a juicio del alcalde madrileño deben de ser un peligroso grupúsculo dedicado a desestabilizar el sistema democrático.

¿Quién expide el certificado de civismo ciudadano? Al parecer una comisión formada por el alcalde de Madrid y el candidato Alfredo, porque ambos han decidido que sus policías actúen de una u otra forma según la ética y la estética de los que vulneran las ordenanzas municipales y el ordenamiento jurídico común.

Todo un valiente, este Gallardón. Como su perrico, un precioso ejemplar de Beagle, raza especializada, pásmense, ¡en la caza del faisán! y prueba viviente de que las especies, al contrario de lo que suponía Darwin, también involucionan. Todas.


Libertad Digital - Opinión

El barón rojo del PP. Por Ignacio Camacho

Monago es un «self made man», un político arremangado que desencaja los esquemas clásicos de la derecha española.

A Guillermo Fernández Vara, uno de los políticos más sensatos, moderados y razonables del PSOE, le han dado en su trasero político dos patadas que no iban dirigidas a él, pero que han acabado derribándolo del poder en Extremadura. La primera la recibió como la mayoría de sus colegas autonómicos y locales en las elecciones de mayo, en las que los ciudadanos vapulearon por delegación a todo el que se hubiese juntado siquiera un rato con Rodríguez Zapatero. En ausencia del presidente salieron zurrados todos sus compañeros de partido, y mira que algunos intentaron desmarcarse de las malas compañías. Pero a Fernández Vara le esperaba otra ración de palos destinados a vengar ofensas que le superaban en el tiempo. La negativa redonda de Izquierda Unida a servirle de muleta para seguir en el gobierno tiene su causa profunda en el malestar que los comunistas extremeños sienten desde hace tiempo hacia el jubilado Rodríguez Ibarra, de quien guardan larga memoria de agravios cuya factura le han pasado a su sucesor de muy buena gana. Vara, que goza de buena reputación política y humana, ha sido el chivo expiatorio de esa doble corriente de desafecto y cansancio provocada al alimón por el fracaso zapaterista y la longevidad del régimen del que era heredero.

Le viene a sustituir un tipo que desencaja los esquemas clásicos de la derecha española, un self made man, un político populista y arremangado que fue bombero en el incendio de los almacenes Arias para pagarse los estudios de Derecho en Salamanca y sabe lo que es abrirse paso a base de esfuerzo en la vida. José Antonio Monago es un hombre honesto al que nadie le puede reprochar tics de pijo y que se ha entendido de tú a tú con los comunistas como se entendían Peppone y Don Camilo. La experiencia del pacto extremeño es importante porque consagra al PP como un partido atrapalotodo, un all catch partycapaz de negociar sin dogmatismos con cualquiera que no se sitúe fuera de las reglas de juego. Es el «anti-Tinell», la ruptura más brusca y extrema del cordón sanitario contra la derecha: una alianza pragmática y rara —para algunos francamente chocante— centrada en la prioridad de renovar unas instituciones desgastadas por 28 años de monocultivo de poder que habían desembocado en un latifundio socialista.

Si acaso cabe reprocharle a Monago que en su afán por responder al favor de IU haya estirado hasta ponerlo en cuestión el discurso nacional de su partido; sobre todo en materia fiscal, por mucho que tenga el visto bueno de Rajoy. Pedir la restauración del impuesto de patrimonio y comprometerse a «modular» el de sucesiones va con toda claridad en contra del programa liberal del centro-derecha. Y aunque toda regla tenga su excepción conviene no sembrar confusiones; si le aprietan un poco más acaba pidiendo el cierre de las centrales nucleares. Para ser el barón rojo del PP no hace falta que se vuelva leninista.


ABC - Opinión

Caso SGAE y la desidia de un Gobierno que tocó el violín. Por Antonio Casado

La lectura del auto del juez Ruz sobre el caso SGAE es el camino más corto para hacerse un sitio entre los indignados del 15-M. Por el masivo fraude a los creadores. Y por la desidia de los ministerios afectados (Cultura, Industria y Justicia), que tocaban el violín mientras por el sumidero de la corrupción se escapaba tanto el dinero privado de los creadores como el dinero público empaquetado en forma de subvención (ay, la burbuja cultural). Ha funcionado la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil. Pero no ha funcionado la Administración, obligada a vigilar el funcionamiento de la SGAE como entidad de gestión de los derechos de propiedad intelectual.

Especialmente bochornoso es el episodio referido a la planeada reintegración de la SDAE (la SGAE digital) en la SGAE matriz. Con rapidez, por expreso deseo de Teddy Bautista, el presidente de la entidad. Antes de las elecciones internas, que se celebraron la semana pasada. Y con opacidad, sin dar cuartos al pregonero y aprovechando que los del Gobierno ahora están “histéricos”. Causa sonrojo comprobar cómo se esforzaron en hallar la forma de distraer una deuda de dos millones de euros con el Ministerio de Industria en subvenciones. La contrariedad la explica José Luis Rodríguez Neri (en prisión eludible con fianza junto a Rafael Ramos) ante la previsible reacción en los Departamentos afectados (Industria, Justicia y Cultura). No les divertiría saber que “toda la pasta que han estado metiendo en la SDAE era una puta mentira”, en palabras de Neri intervenidas telefónicamente por orden judicial.
«El Gobierno de Zapatero ha estado tocando el violín mientras dos clanes familiares (Neri-García Pombo y Ramos-Vázquez) se forraban por facturación preferente con empresas instrumentales del grupo SGAE a través de esta trama parasitaria.»
Pero lo que los implicados en esta trama pensaban de este acreedor concreto, el Gobierno, dinero público, al fin y al cabo, queda claro en otro pasaje recogido en el auto del juez en el que Neri propone la fusión para agosto, “cuando todos están de vacaciones”, y Maria Antonia García Pombo, su compañera sentimental y otra de las implicadas en la “trama parasitaria” de la SGAE, añade que no será difícil engañarles: “Entre que son funcionarios, que son del Ministerio de Cultura, que son idiotas, que están de elecciones, que están de vacaciones…. pues imagínate”.

Lo imaginamos. Y si no bastaba con esta aberrante aportación de la novia de Neri, les remito a la excelente información de Sandra Remón, ayer en El Confidencial. Así hemos sabido de los estudios sobre la gestión de la SGAE encargados a la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, bajo epígrafe no menos rimbombante: “Evaluación del sistema de gestión colectiva de los derechos establecidos por la política de propiedad industrial”.

Nombres muy largos para resultados muy cortos. No se detectó ninguna irregularidad, más allá de recomendar “una mayor transparencia en los mecanismos de recaudación y asignación”. Todo lo cual nos viene a confirmar que, aunque por suerte han funcionado los mecanismos de defensa del Estado de Derecho frente a la corrupción (Fiscalía, Judicatura, Guardia Civil…), el Gobierno de Zapatero ha estado tocando el violín mientras dos clanes familiares (Neri-García Pombo y Ramos-Vázquez) se forraban por facturación preferente con empresas instrumentales del grupo SGAE a través de la trama “parasitaria” descrita en el auto firmado ayer por el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz.


El Confidencial - Opinión

Mahón. Por Alfonso Ussía

El texto ha quedado tan lejano y escapado del tiempo, que mucho dudo que el himno a Mahón siga vivo en los sentimientos mahoneses. Se trata de una composición de principios del siglo XX, que en una reunión inolvidable rescataron del recuerdo Luis Alejandre y Antonio Mingote, teniente general y teniente coronel del Ejército, respectivamente.

«Es Mahón
culta y galante.
Tiene co-
modidades de un pueblo importante.
Un salón
donde va la mejor sociedad,
y Juzgado de Primera Instancia
y alumbrado de electricidad.
También tiene muchachas bonitas,
tres boticas, dos cafés
lindas avenidas con gratas aceras
y el espléndido mar a sus pies
pies, pies, pies».

El autor de la letra no fue denunciado, ni detenido ni encarcelado, ni tirado al mar por una multitud indignada, lo que da a entender la gran calidad humana imperante entre los naturales de Mahón. El Mahón que yo conocí nada tiene que ver con el del himno. Su bahía cerrada y alargada es un milagro, y toda la avenida del puerto está encadenada de restaurantes. En uno de ellos, cuyo nombre no recuerdo, el propietario cantaba preciosas canciones menorquinas acompañado de una guitarra. Y sí, sobre dos suaves jorobas, a la luz del día, destacan dos edificios magníficos. La que fuera casa del Almirante Nelson y el Lazareto. La primera, ignoro a quién pertenece en la actualidad. El segundo, según me acabo de enterar, al Ministerio de Sanidad. En la isla del Lazareto, anclada en el centro de la bahía de Mahón, sólo pueden veranear funcionarios del Ministerio de Sanidad. Disfrutar de ella les está vedado a los mahoneses. Y a la isla del Lazareto, con sus playas privadas, robustos pinares y azules piscinas, se ha llevado la señora ministra de Sanidad, Leire Pajín, a sus padres a pasar unos días de vacaciones. Como detalle familiar, aplaudo y celebro el gesto de la señora Pajín. Algunos se han molestado por lo que interpretan un abuso por su parte, dado que los padres de doña Leire nada tienen que ver con el Ministerio de Sanidad, pero a mí, sinceramente, su posible arbitrariedad, me ha emocionado. La unión familiar me puede. De haberse llevado a un novio, o a su compañero sentimental, o a su pareja de hecho, no le faltaría a la señora ministra la aspereza de mi crítica negativa. Pero a los que se ha llevado es a los padres, y que la ministra de un Gobierno tan escasamente respetuoso con la unidad familiar lleve a cabo tan paternal imprudencia me abre las puertas de la emoción. Otra cosa es la pertinaz resistencia que Sanidad presenta a las muchas peticiones de abrir la isla del Lazareto al disfrute público. Se podría pactar una solución intermedia, respetando la propiedad y accediendo a los deseos de los mahoneses. Si hay ánimo de alcanzar un acuerdo, todo se andará. Pero no me traten a doña Leire con tanto desafecto por querer a sus padres. ¿Que podría haber invitado a sus progenitores a un hotel? De acuerdo. ¿Que podría haber elegido otro lugar del bellísimo litoral menorquín y no dar pábulo a chismes y rumores? De acuerdo. Pero a lo hecho, pecho, y nunca mejor escrito si es doña Leire la protagonista del hecho y del pecho. Escandalizarse por este tipo de tiquismiquis no lleva a ningun puerto sosegado. La familia, ante todo y sobre todo. Sólo un pero. El biquini marrón. No le sienta bien y le falta un buen trecho para ser decente. Y doña Mayte Iraola, la madre, que para eso están las madres, tendría que habérselo advertido. Quien bien te quiere te hará llorar.

La Razón - Opinión

SGAE. Teddy como síntoma. Por José García Domínguez

De entrada, podría ir confeccionando las fichas para los casos en que el presunto resulte ser de los nuestros. "Fulanito es víctima de una inadmisible campaña de linchamiento mediático", "ha sido condenado a la pena de telediario"...

Prueba de la definitiva pérdida del sentido del decoro en nuestra vida pública, aquí, en España, lo sustancial ya no es qué sucede sino a quién le sucede. Sin ir más lejos, he ahí el recital de sonrisas y lágrimas suscitado por lo de Teddy. Tan es así que uno anda tentado de imitar en sus columnas aquel método para redactar media docena de novelas a la semana que ingenió la gran Corín Tellado. Una técnica que, por cierto, no esconde arcanos misterios. Basta con procurarse un exhaustivo inventario con todas las peripecias que quepa imaginar entre un galán en celo y su amada. Luego, una vez catalogadas y numeradas las escenas, se puede poner en marcha la máquina de hacer churros.

"Quince, cuatro, treinta y dos, nueve", daba en dictar Corín a su secretaria. Al punto, otra irresistible historia de pasión, deseo, celos, concupiscencia, amor y créditos hipotecarios estaba lista para arrasar en los quioscos. Después, a barajar de nuevo las situaciones, y vuelta a empezar: "siete, veintiuno, tres, quince...". Pues otro tanto, digo, procedería hacer con el análisis político. De entrada, podría ir confeccionando las fichas para los casos en que el presunto resulte ser de los nuestros. "Fulanito es víctima de una inadmisible campaña de linchamiento mediático"; "ha sido condenado a la pena de telediario"; "no se está respetando, circunstancia gravísima, la presunción de inocencia".

"No olvidemos que imputado de ningún modo significa condenado"; "todos conocemos al juez menganito: solo busca protagonismo"; "detrás de esto se esconde una mano negra"; "no hay duda de que se trata de una campaña orquestada", "es una burla al Estado de Derecho", etc. Cada argumento, una cartulina; cada cartulina, un número. Y cuando el baranda resulte ser de los otros, lo mismo. "Todo el mundo sabía que éste se lo estaba llevando crudo"; "lo han pillao con el carrito del helao"; "es intolerable que todavía no haya presentado su dimisión "; "no puede seguir ahí ni un minuto más"; "en España la justicia es un cachondeo"... Qué placer entonces enfrentarse al artículo del día. Que el inculpado es de los buenos: cinco, doce, cuatro, y a otra cosa. Que por el contrario es de los malos: seis, once, dos, y aire. El Nirvana.


Libertad Digital - Opinión

La doctrina de Gómez. Por M. Martín Ferrand

Gómez, sumergido en el realismo ontológico, no sabe lo que dice, pero eso es lo que muchos quieren oír.

TAN acostumbrados estamos a verle asido a la ubre socialista que no podíamos sospechar que el ministro accidental Valeriano Gómez era un original moralista y un sutil innovador en lo que respecta a las relaciones del poder político con el sistema financiero. Posiblemente, lo primero le viene por militante y asalariado de UGT y lo segundo, de sus tiempos felipistas como asesor del Ministerio de Trabajo. Ahora acaba de poner el mingo sobre la mesa doctrinal socialista con una innovadora propuesta fiscal especializada en banqueros y bancarios de alto rango. En realidad es una síntesis perfeccionada de los apuntes que, al respecto, vienen dictando Alfredo P. Rubalcaba, José Blanco y Marcelino Iglesias. Después de subrayar que las retribuciones de las cúspides bancarias son «muy altas», sugiere Gómez que «a partir de un nivel que se considere máximo debería tener una gravación fiscal mayor».

Reducir el gravísimo problema de nuestras estructuras financieras al nivel retributivo de sus más altos dirigentes es, por si nos hiciera falta, una prueba de la total desorientación que experimentan los integrantes del Gabinete y padecemos nosotros, los ciudadanos, en nuestras propias y fiscalmente flageladas carnes. Es un retorno a la mala costumbre española de, a falta de mejores argumentos, establecer una comparación científica entre el culo y las témporas. El sistema financiero que padecemos tiene dos partes simétricas y diferentes. Los bancos, que tratan de imponer sus privilegios, es algo que corresponde vigilar al Banco de España, más tolerante y comprensivo de lo que exigen las circunstancias, y que, en nuestra doble condición potencial de accionistas y clientes, debiéramos atemperar los ciudadanos. Asistir a una Junta General de Accionistas, o delegar la asistencia, sin ánimo crítico y sentido del propio interés, conformarse con el regalito tradicional, es asumir lo que no nos gusta ni conviene.

Otra cosa son las Cajas de Ahorro, ese invento que hasta ahora ha funcionado (?) sin propietarios y con el que se construyen curiosos y no bien explicados emporios con propiedad cierta, pasados oscuros, consejeros y directivos predeterminados y mangoneo evidente de los poderes autonómicos. También es misión del BdeE su control y exigencia, pero pintan oros de permisividad en la partida nacional. En las Cajas, mientras no culmine su transformación, no caben los salarios desmedidos. No hay, todavía, accionistas con potencialidad correctora. ¿Se puede delegar esa función en el IRPF? Gómez, sumergido en el realismo ontológico, no sabe lo que dice, pero eso es lo que muchos quieren oír.


ABC - Opinión

La SGAE delata al Gobierno

El auto del juez Pablo Ruz sobre el «caso SGAE», basado en las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción, es tan demoledor y revela tal grado de corrupción en la primera sociedad gestora de derechos de autor, que difícilmente el Gobierno socialista puede soslayar su responsabilidad, por varias razones. Primero, porque la Ley de Propiedad Intelectual deposita en la Administración central el deber y la obligación de supervisar el correcto funcionamiento de estas gestoras. Segundo, porque las arcas públicas han destinado generosos fondos a la SGAE, bien directamente bien a financiar sus actividades. Tercero, porque la centenaria institución es la que se embolsa prácticamente todo lo que el Estado recauda mediante el canon digital. Y cuarto, porque se ha cuarteado seriamente la credibilidad de España, ya muy deteriorada, en la lucha contra la piratería. Si nuestro país ya es señalado como el segundo del mundo en prácticas ilegales contra la propiedad intelectual, ¿a qué puesto habremos llegado tras destaparse que la primera gestora de derechos de autor era un nido de presuntos corruptos, con un presidente que autorizaba, consentía e impulsaba el desvío de fondos? Resulta inaceptable el hermético silencio que ha mantenido el Gobierno, como si no se tratara de una sociedad de derecho público y no estuviera comprometido el destino de nuestros impuestos. Pero resulta aún más lacerante, de un cinismo irrespetuoso, que ministros como Caamaño y González-Sinde se hayan sacudido sus obligaciones desviando la responsabilidad a las comunidades autónomas. Mal que le pese al Gobierno, el «caso SGAE», aparte de su vertiente penal y fiscal, se ha convertido en un grave asunto político que salpica directamente a cuatro ministerios: Cultura, Justicia, Industria y Administraciones Públicas. Es decir, concierne muy directamente al vicepresidente primero, Pérez Rubalcaba, cuyo mutismo es muy elocuente de la dimensión del escándalo y de la proximidad ideológica de los imputados al PSOE. Además, como ministro del Interior, Rubalcaba tendría que haber ordenado ya una investigación sobre las irregularidades en las elecciones de la SGAE pues, según asevera el auto judicial, la candidatura oficial ocultó el censo electoral, distribuyó información engañosa y presionó a los votantes. ¿No son causas suficientes para anular esas elecciones? Tal vez Rubalcaba tenga previsto abandonar en breve todas sus carteras ministeriales y calcule que no le conviene como candidato chapotear en las aguas movedizas de la SGAE. En todo caso, este cúmulo de anomalías que asoma como la pequeña punta de un iceberg obliga a plantear la necesidad de que el Gobierno intervenga la gestora para salvaguardar los intereses de sus cien mil socios y los derechos de los consumidores y de la propia Administración. La Ley ofrece los mecanismos precisos para hacerlo en salvaguarda del interés general. Por lo demás, si le da tiempo, el vicepresidente Rubalcaba tiene otro urgente interrogante que despejar: si piensa suprimir o no el canon digital para satisfacer al movimiento del 15-M, con el que coquetea cada vez más abiertamente. Si así fuera, tendría que explicar cómo piensa cumplir la legislación europea en materia de propiedad intelectual.

MEDIO - La Razón

SGAE: opacidad y corporativismo

Pese a que la opacidad y el corporativismo constituyen el terreno ideal para perpetrar delitos como los que salpican a la SGAE, su directiva ha respondido ante el escándalo con nuevas dosis de opacidad y corporativismo.

El corporativismo y la opacidad parece que siguen imperando en el seno de la SGAE a pesar del monumental escándalo que ha causado en la opinión pública el conocimiento de la trama para desviar fondos por la que su presidente, Teddy Bautista, y dos de sus directivos han sido imputados por delitos de apropiación indebida y de administración fraudulenta. Así, en lugar de cesar de manera fulminante a quienes están bajo tan grave sospecha, la dirección de la SGAE ha anunciado este martes la creación de una "comisión rectora" que mantendrá a Bautista en su cargo de presidente y que se encargará de llevar a cargo una "investigación interna" cuyas conclusiones quedarán reflejadas en un informe que se comprometen a entregar a la Audiencia.

Causa sonrojo tener que recordar que, respecto a la SGAE, no estamos ante una empresa o compañía como las demás. Se trata de un organismo, supuestamente sin ánimo de lucro, al que se le ha concedido, en nombre de una abusiva concepción de la defensa de los derechos de autor, un estatus político y al que se le otorgan cuantiosas subvenciones públicas mientras se le permite esquilmar a todos los ciudadanos mediante el cobro de cánones cuya legalidad está en cuestión. Al tratarse de una especie de "agencia tributaria de los derechos de autor", el estándar de responsabilidad debería ser el mismo que cabe exigir a un político bajo sospecha de haber cometido delitos tan graves como los que presuntamente perpetró Bautista. Eso, por no hablar de la necesidad de repetir unas elecciones que también han quedado bajo sospecha en el auto judicial.


Pese a que la opacidad y el corporativismo constituyen el terreno ideal para que puedan perpetrarse delitos como los que salpican a la SGAE, su directiva ha respondido ante el escándalo con nuevas dosis de opacidad y corporativismo. No otra cosa puede decirse del hecho de que mantengan a Bautista en su cargo o de que la "investigación interna" corra a cargo, no de un grupo al margen de la actual directiva, sino de miembros de la misma, íntimamente relacionados con su presidente.

Seguramente, esta impresentable reacción se deba al hecho de que la actual directiva de la SGAE haya gozado de la protección del Gobierno de Zapatero, a quien muchos de los artistas que han salido a la palestra en defensa de Bautista ayudaron en sus pasadas campañas electorales. Es más: según revelan varias conversaciones telefónicas del cabecilla de la red fraudulenta, el director de la filial digital de la SGAE (SDAE), José Luis Rodríguez Neri, contenidas en el auto del juez Ruz, la trama podría salpicar a varios Ministerios como el de Industria, Justicia y Cultura. Tiempo habrá para esclarecerlo. Pero lo que parece evidente es que el Gobierno tiene una indiscutible responsabilidad in vigilando, pues suyo es el deber de control respecto de un dinero que, al fin y al cabo, los ciudadanos hemos pagado con la misma coerción con la que pagamos un impuesto.


Libertad Digital - Editorial

SGAE, explicaciones políticas

Es curioso que intelectuales y artistas de izquierda pidan que los políticos imputados sean inelegibles, y mantengan a directivos encausados en sus cargos.

EL auto del juez sobre la trama de sociedades que se lucraron con fondos de la SGAE se mueve en el terreno de los indicios, como es lo propio de la fase de investigación en la que ha sido dictado. Por tanto, no sobran los llamamientos a respetar la presunción de inocencia. Esos indicios se irán verificando cuando se analicen los documentos y ordenadores incautados y el juez tome decisiones acordes con los resultados de la investigación. Entretanto, la SGAE debe asumir la situación en la que se encuentra. Y no parece que la junta directiva haya comenzado muy bien este análisis si nos atenemos a que, si bien ha decidido poner al frente de la entidad a una junta gestora, no aparta a Eduardo Teddy Bautista de la presidencia ni al resto de los imputados de sus cargos, salvo al principal sospechoso, Rodríguez Neri. Todos quedan a disposición del nuevo ente. Los gravísimos delitos que se les achacan, penados con hasta diez años de cárcel, hacen prudente que se desvinculen de la entidad mientras se despeja ese horizonte penal. Es curioso que intelectuales y artistas de izquierda hayan exigido que los políticos imputados no vayan en las listas electorales y ahora blinden a sus dirigentes inculpados.

El relato judicial de las irregularidades es muy grave y enlaza con las dudas que dentro y fuera de la SGAE se habían formado sobre la limpieza de su gestión. La investigación se dirige contra tramas familiares, sociedades de pantalla, facturaciones por servicios no prestados; y apunta a la directiva de la SGAE —es decir, Bautista—, de la que el juez presume que tenía que conocer estas irregularidades porque era la única fuente de ingresos de la trama societaria de Neri. Ya nada podrá seguir igual en la SGAE. Tampoco puede esperar el debate político por este escándalo. El Gobierno debe dar explicaciones. No hay que olvidar que la SGAE basa su capacidad recaudatoria en una autorización administrativa. Además, el Ejecutivo no ahorró gestos hacia los artistas, encarnadas en la SGAE, como el canon digital —quizás en sus últimos días— o el nombramiento de González-Sinde como ministra, que dio nombre a una ley «antidescargas» ampliamente contestada entre los internautas. Y para el candidato Rubalcaba esta operación puede suponerle un muy oportuno apaciguamiento de la red, tan hostil al Ejecutivo socialista. Sí, claro que hay motivos para explicaciones políticas por parte del Gobierno.

ABC - Editorial