sábado, 2 de julio de 2011

SGAE. El milagro de P Punto. Por Maite Nolla

Tanto el PP como el PSOE alfombraron durante años una legislación a su medida. Crearon hasta un impuesto propio que no era un impuesto y que se sigue sosteniendo pese a que hace años que debía haber sido declarado ilegal.

Uno de los pocos elementos que quedaban de vertebración de España se está derrumbando. La entidad de gestión más poderosa y más odiada, esa especie de agencia tributaria para los asuntos culturales, puede estar viviendo el principio de su desaparición, al menos tal y como la hemos conocido hasta ahora; eso sí, para satisfacción de mucha gente a la que le aplicaron la apisonadora gracias a la colaboración de todos nuestros queridos poderes públicos. De todas formas, en este asunto les recomiendo precaución en las valoraciones porque no sería la primera vez que vemos grandes despliegues policiales, con maleteros llenos de cajas de cartón y ordenadores, para que meses después los jueces deriven los asuntos caminito del archivo o de la nada. Y los que cuajan, duran tanto que los perjudicados tienen la sensación, muy real, no sólo de que han sido estafados, sino de que al estafador la cosa le ha salido muy barata. Al menos aquí –de momento– no consta que la policía se haya incautado de bolsas con sangre, aunque no sería de extrañar.

Al margen de lo que realmente haya pasado y de lo que se descubra que se hacía con el dinero que se cobraba, el verdadero problema de la SGAE es que toda su actividad recaudatoria era legal. Tanto el PP como el PSOE alfombraron durante años una legislación a su medida. Crearon hasta un impuesto propio que no era un impuesto y que se sigue sosteniendo pese a que hace años que debía haber sido declarado ilegal. Las entidades de gestión eran medio públicas cuando les convenía y medio privadas cuando les daba la gana. La persecución de peluquerías, bares, bodas, comuniones, actos benéficos, ayuntamientos o peñas no se hacía de forma impune: se hacía porque era legal. Acudir a un bar a pedir un pago anual por no se sabe qué, a cambio de evitar un juicio carísimo y con todas las de perder, se hacía porque lo permitía la Ley. Y en la duda, los jueces de toda España daban sistemáticamente la razón a la SGAE en todo tipo de procedimientos. Así, resulta que teníamos una legislación civil y penal desproporcionada, seguramente inconstitucional y ciertamente contraria a la legislación europea, y una interpretación judicial de la misma siempre favorable a estas entidades y a sus intereses. Sólo un heroico juez de Granada y algún que otro despistado consideraban fuera de lugar que un mantero pagara con un año de cárcel lo que no debería ser más que una infracción administrativa. Otra cosa es que a partir de la famosa sentencia sobre el canon indiscriminado haya cambiado algo; pero no tanto por su propia voluntad, sino obligados por lo que dicen en Europa.

Por eso, no piensen ustedes que la eventual desaparición de la SGAE va a ser poco menos que un milagro obrado por "Alfredo P punto". Mientras el sistema siga vigente, otros vendrán que ocuparán su lugar; y si no, al tiempo.


Libertad Digital - Opinión

La Cueva de Alí Babá y el jefe de los ladrones. Por Federico Quevedo

Establezcamos de antemano todas las cautelas pertinentes hasta conocer el auto del juez por el que el viernes se procedía al registro de la sede la Sociedad General de Autores, SGAE, el Palacio de Longoria, y la detención de su presidente, Teddy Bautista, por presuntos delitos de apropiación indebida y malversación de fondos. Digo que habrá que conocer el auto porque, vaya usted a saber, a lo mejor luego todo esto se queda en nada, pero la verdad es que hay que reconocer que ayer, quienes llevamos años luchando contra el abuso de poder que ha venido ejerciendo la SGAE con el amparo del Gobierno de Rodríguez Zapatero, nos llevamos una alegría inmensa. No es que yo le desee mal alguno al señor Bautista, pero hay gente que se merece a veces que le receten un par de cucharadas de su propia medicina, y eso es exactamente lo que ha pasado.

Algunos venimos advirtiendo desde hace tiempo del modo de actuar de esta especie de mafia siciliana que, desde su sede en Madrid, ha ido extendiendo sus tentáculos por toda España, sin que haya rincón, café, bar, peluquería, comercio, boda-bautizo-comunión, etcétera que no haya sido visitado, y saqueado, por los inspectores de la SGAE, que en algunos casos recuerdan a aquellos camorristas del Chicago de los años 20 que iban de comercio en comercio cobrando a cambio de protección. Una vez me contó un amigo que había visto como dos inspectores de la SGAE intentaban cobrarle derechos de autor a un pobre mendigo que tocaba con su guitarra canciones de toda la vida para sacarse unas perrillas… Me resultó increíble, pero mi amigo insistía en la veracidad de la anécdota.


O no tan anécdota, porque casos de inspectores de la SGAE acudiendo incluso a peluquerías a cobrar derechos de autor por poner música en una radio portátil hemos visto unos cuantos, hasta el punto de que el gremio de peluquerías se negó en redondo a pagarle ni un euro más. Hasta ahí podríamos llegar, hombre, que buenas son las peluqueras… El afán recaudatorio de la mafia de la SGAE no conoce límites: incluso se atrevieron a llevarse el 10% de la recaudación de un concierto benéfico ofrecido por David Bisbal a un niño con Síndrome de Alexander. Al final lo devolvieron bajo amenaza de colapso por parte de miles de personas indignadas.
«La SGAE no hubiera podido actuar del modo en que lo ha hecho, recurriendo al chantaje y a la extorsión, sino hubiera tenido el paraguas legal y la cobertura política que le ha ofrecido gratis et amore el Gobierno de Zapatero.»
Y hablando de indignados, fue precisamente una ley aprobada en otoño pasado por el Gobierno con el apoyo del PP, que permite a la SGAE denunciar a aquellas páginas web que la propia sociedad asegure que vulnera los derechos de autor, para que se proceda a su cierre, lo que sirvió de germen al movimiento 15M, que ayer celebraba como una victoria casi propia la acción de la Guardia Civil. Esa prerrogativa censora era lo que ya le faltaba a esta cueva de ladrones que se lucra con el famoso canon digital que el Gobierno recauda a beneficio de inventario de la SGAE, pero sin que luego se fiscalice en modo alguno el destino de esos fondos. Y por eso ha pasado lo que ha pasado. Era inevitable: todo ese dinero, que sale de nuestros bolsillos, no podía ir a parar a causas benéficas, ¡hombre, por Dios…! No, ha ido a parar sabe el Señor a qué bolsillos y con qué espurios fines, y eso es lo que esperamos que nos aclare la Justicia, que es verdad que actúa tarde, y muchas veces mal, pero actúa al fin y al cabo, que es de lo que se trata.

Dejemos, por tanto que esa vía siga su camino. Lo que nos atañe a nosotros es otro asunto, y es que la SGAE no hubiera podido actuar del modo en que lo ha hecho, recurriendo al chantaje y a la extorsión –porque para mí tanto el modo de cobrar el canon como el de exigir los derechos de autor son formas de chantaje y de extorsión-, sino hubiera tenido el paraguas legal y la cobertura política que le ha ofrecido gratis et amore el Gobierno de Rodríguez Zapatero y, en especial, la ministra de Cultura Ángeles González Sinde, quien, sobre todo este asunto, lleva un carrerón que ni les cuento. De entrada, el Ministerio está obligado a hacer dimitir a Bautista por la gravedad de las acusaciones sobre las que el juez ha fundamentado el registro y su detención, pero además debería de poner bajo sospecha todas las actividades de la SGAE.

Y si este fuera un país serio y normal, el Gobierno, con el apoyo de la oposición, debería de llevar al Parlamento una ley que, sin perjuicio de los derechos de autor, que nadie niega que deben ser protegidos, imponga unas normas de funcionamiento a las sociedades de autores y, sobre todo, fiscalice sus cuentas para evitar casos como éste. Convendrán conmigo en que aquí solo caben dos soluciones: o se eliminan el canon y se pone límite al cobro abusivo de derechos de autor y los poderes públicos se limitan a aplicar la ley en aquellos casos de descargas ilegales con ánimo de lucro, o si se mantiene se permite sin limitaciones la copia privada pero, además, se somete a las sociedades de autores al control político en la medida en que están siendo financiadas con un impuesto preventivo, y se obliga a que la elección de sus órganos directivos se produzca en el marco de una estricta observancia que garantice la limpieza democrática de la misma.

Es decir, que no haya un ‘pucherazo’ como el del jueves.


El Confidencial - Opinión

Madrid olímpico. Por M. Martín Ferrand

Madrid necesita menos Olimpiada y mayor atención a lo cotidiano, lo que mejora la calidad de vida de los ciudadanos.

EN 1966, con Carlos Arias Navarro como alcalde, Madrid optó a sede de los Juegos Olímpicos de 1972 que se le adjudicaron a Munich y tuvieron el dramático arranque de un feroz atentado terrorista palestino que se llevó por delante a dos atletas israelíes. Madrid quedó finalista y la máquina publicitaria que aceleró el Ministerio de Información y Turismo, con Manuel Fraga Iribarne de titular, tuvo que dar marcha atrás. Lo que se vendía como «reconocimiento» al Régimen se quedó en agua de borrajas. Ahora, sin haber aprendido de su sonoro fracaso en la intentona de conseguir los de 2016, que irán a Río de Janeiro, el alcalde de Madrid perpetra a la presentación de la candidatura capitalina para el 2020. ¿Por qué a un hombre tan lúcido y brillante como Alberto Ruiz-Gallardón no se le ocurrirán iniciativas de resultados más ciertos, costes más bajos y mayor provecho para los ciudadanos?

Está en la razón de ser y el carácter de los faraones el construir pirámides, pero Gallardón ya ha cumplido con ese mandato del destino. Él solito ya lleva levantadas —desde la M-30 a la calle de Serrano— muchas más pirámides que Keops, Kefrén y Micerinos juntos. Se entiende que, tras el entusiasmo y los euros derrochados en la pasada y frustrada ocasión, sienta el alcalde el prurito de la insistencia; pero tiende su desmemoria a olvidar que Madrid es la ciudad más endeudada de España y, también de las de Europa. Al parecer, el presidente del Comité Olímpico Internacional, esa mandanga de altos vuelos y estratosféricos gastos, le ha animado a Gallardón para que vuelva a presentar a Madrid como anfitriona de tan singular fiesta cuatrienal. En tiempos de tribulación económica y decaimiento productivo los entusiasmos merman y tampoco serán muchos quienes quieran enfrentarse a un gasto tan descomunal.

Me dicen los sabios especializados, y me lo razonan, que no son muchas las posibilidades de Madrid en la próxima puja olímpica; pero, fueran las que fueren, la ocasión requiere hacerle la peineta a La Peineta. Menos Olimpiada y mayor atención a lo cotidiano, a lo mínimo y rutinario que es lo que, de verdad, mejora la calidad de vida de los ciudadanos rasos, de quienes, sin pertenecer a ninguna minoría extravagante, pagan el IBI, el SER y cuantos impuestos, tasas y aranceles requiere la condición de residente en una ciudad que, mejor que peor, rige un alcalde que no quiere ser, como siempre han sido sus colegas, presidente del Consistorio. Hasta que podamos digerir —un par de siglos— el exceso de su última pirámide, la de Cibeles, ni un solo gasto extraordinario más y muchos ordinarios menos.


ABC - Opinión

Regina. Por Alfonso Ussía

Esperanza Aguirre ha rescatado a Regina Otaola, una de las mujeres más valientes y valiosas de España. Fue alcaldesa de Lizarza entre amenazas, insultos y cirios del revés. El párroco de su localidad, de la línea Setién-Uriarte-Pagola, no perdonó a Regina que izara la Bandera de España en el balcón principal del Ayuntamiento.

Aquella parte está saturada de curas rarísimos, que creen más en las cocochas de merluza que en Dios, y a los que un disparo en la nuca de un inocente les parece una «travesura» no inmersa en los Diez Mandamientos. Regina Otaola, como María San Gil, otra maravilla de mujer fuerte y firme, se distanció de las alturas del Partido Popular y dejó la alcaldía, pero su gesto y su coraje han quedado escritos en una página de oro de la lucha contra el terrorismo, la matonería y el linchamiento de la extrema izquierda vasca. Una extrema izquierda bendecida por un buen número de sacerdotes poco propicios al amor al prójimo.

Esperanza Aguirre ha nombrado a Regina Otaola, la defensora de la Constitución y la democracia frente a los estalinistas violentos – absurdo pleonasmo por cuanto no existen los estalinistas pacíficos–, directora de la Agencia de Reeducación y Reinserción del Menor Infractor de la Comunidad de Madrid. Puedo asegurar a los menores en trance de ser reeducados y reinsertados en nuestra sociedad que van a contar con la ayuda, la bondad y la firmeza de una mujer ejemplar. Del mismo modo, Regina Otaola es recuperada por el Partido Popular para un futuro político, como habría de hacerse lo mismo con María San Gil, que también estará en Madrid el próximo año, rescatada por Ernesto Sáenz de Buruaga. En su tierra, nadie se ha atrevido a ofrecerle un trabajo digno. El miedo, el pavor, y ahora el terror con Bildu en las instituciones.


Las Vascongadas no están en condiciones de perder a personas tan fundamentales. Pero mucho más importante que el fundamento de esas personas, es la tranquilidad de sus vidas y la seguridad de sus familiares. Los socialistas del Gobierno y de la calle Ferraz, con la ayuda de sus designados en hinojos, han desparramado la mugre por las provincias vascas propiciando el regreso a las instituciones democráticas de quienes no entienden otro valor social que el disparo en la nuca, la bomba, el chantaje, la amenaza y la coacción. La carta de Rubén Múgica a Zapatero quedará para siempre en el archivo de las denuncias valientes. El hijo del asesinado Fernando Múgica y sobrino de Enrique, el más firme ministro de Justicia de los Gobiernos de Felipe González, luchadores por la libertad, presos del franquismo, no se para en barras para señalar al culpable de la ignominia.

«Los responsables tienen nombre y apellidos; y el responsable es usted, Rodríguez Zapatero, y no habrá días en el calendario para perdonar lo que ha hecho». No tiene razón la emotiva portavoz de Coalición Canaria que casi rompe a llorar en el último Debate del Estado de la Nación. «Puede usted mirar a los ojos a España». Zapatero podrá mirar a los ojos a quien quiera, pero a España precisamente no. La ha destrozado en todos los sentidos.

Lo malo para el País Vasco se vuelve positivo para Madrid. Dos españolas valientes y decentes formarán parte del paisaje de las calles del Foro. Regina Otaola y María San Gil. El problema está en el éxodo de centenares de vascos formidables hacia las tierras de la tranquilidad en el resto de España. Aquello se está vacíando de decencia y de resistencia. Peor para ellos. A la larga, lo pagarán. Bienvenidas, Regina y María. España y su libertad os lo deben todo.


La Razón - Opinión

Aprovechen ahora para casarse. Por Pablo Molina

Se presentan unos meses venideros muy apropiados para las celebraciones familiares sin peligro de que aparezca el cobrador del pentagrama a cobrar la tasa por poner música de Georgie Dann.

La detención de la cúpula de la Sociedad General de Autores de España, con su presidente a la cabeza, no puede ser valorada en términos delictivos hasta que el juez encargado de la instrucción del caso decida sobre las distintas imputaciones a que haya lugar llegado el momento procesal oportuno. Ahora bien, no cabe duda de que el desprestigio de la SGAE va a aumentar notablemente con esta operación policial contra una supuesta trama delictiva en el seno de la organización.

La SGAE se ha labrado una muy merecida fama como organización paraestatal que usufructúa el esfuerzo ajeno gracias a una gabela institucional de difícil justificación en un Estado de Derecho. La exacción parafiscal a la que somete a todos los consumidores de productos informáticos o de reproducción audiovisual y la opacidad en el reparto de unos derechos cobrados de forma abusiva justifican sobradamente la protesta y el desprecio a que se ha hecho acreedora. Ahora además surge la sospecha de que podrían estar desviándose fondos de manera irregular, que es lo que suele ocurrir en las organizaciones que manejan cantidades ingentes de recursos sometidos a unos escasos niveles de control administrativo y financiero.


Por desgracia, no parece que la operación judicial contra la SGAE vaya a modificar su estatus de empresa privada con competencias estatales ni su capacidad de meter la mano en el bolsillo del consumidor, pero probablemente sí quepa esperar que rebaje su grado de coacción institucional al menos hasta que a sus dirigentes, hoy corneados por la justicia, se les pase el susto.

En todo caso, se presentan unos meses venideros muy apropiados para las celebraciones familiares sin peligro de que aparezca el cobrador del pentagrama a cobrar la tasa por poner música de Georgie Dann, porque no parece probable que haya recaudadores de la SGAE con las agallas necesarias para presentarse próximamente en una comunión con el talonario de recibos. Y por supuesto este verano es el momento ideal para contraer matrimonio, evento que por sus características jaraneras y la euforia de sus participantes constituye la pieza de caza más deseada. Este verano los concejales del ramo y los curas se quedan sin vacaciones. Dios se lo pagará.


Libertad Digital - Opinión

Pérez. Por Ignacio Camacho

El problema del candidato socialista no está en llamarse Pérez, sino en ser Rubalcaba. Ha de cargar con su currículum.

EL principal problema del nuevo candidato socialista no consiste en apellidarse Pérez, sino en ser Rubalcaba. Alfredo Pérez es un tipo cordial, inteligente, sensato y con notables cualidades humanas, pero su segundo patronímico identifica a un político sinuoso y oscuro, oblicuo y conspirador, experto en maniobras turbias y ducho en las artes torcidas del poder. El primero es una persona digna de confianza a la que cualquiera podría pedir consejo o ayuda y hasta prestarle dinero si lo pidiese; el otro es la clase de hombre al que no conviene decirle dónde vives ni cuánto ganas… aunque probablemente ya lo sabe.

Al esconder en su cartelería el apellido paterno, transformándolo en ese Pepuntoque ya hace irónico furor en las redes sociales, Rubalcaba ha apostado por la faceta más poliédrica de sí mismo, la del fontanero de las cañerías del Estado. Frente al adanismo aventurero y juvenil de Zapatero —que también suprimió el Rodríguez para construir el exitoso acrónimo de ZP, ya tan lejano—, su sucesor quiere acentuar la imagen de experiencia de gobierno, reflejada en el perfil curtido y ojeroso de una foto con canas y papada. Pretende ser el espejo invertido de Rajoy, el retrato de un hombre juicioso y maduro en el que se puede confiar, pero en su caso esa efigie discreta y prudente está enturbiada por las sombras de una larga experiencia de intrigas de poder, tramas vidriosas y maquinaciones de trastienda. La confianza que pueda inspirar su veteranía discurre en paralelo con la inquietud que provoca una hoja de servicios demasiado relacionada con las zonas de penumbra de la política.

La intentona de hacerse llamar Alfredo no cuajó (eso sólo funcionó con Felipe, un respeto) porque esa trayectoria entre secretos oficiales y aparatos de seguridad incita a cualquiera a anteponerle el Don y cuadrarse ante él en primer tiempo de saludo. Pérez es un apellido que desespera a los publicistas, incapaces de apreciar en su búsqueda de originalidad el valor profundo de las notas comunes. El invento de Pepuntoes una invitación para que los adversarios empiecen a llamarlo «el señor Pérez». Así que Rubalcaba tendrá que ser Rubalcaba para bien y para mal (en Twitter lo llaman Rubal para ahorrar caracteres) y cargar con el peso de la ambigüedad de su currículum. A partir de cierta edad, decía Oscar Wilde, todo el mundo es responsable de su cara. El manoseo del nombre, tan titubeante, revela cierta inseguridad en la marca, una vacilación propia del momento crítico que vive un Partido Socialista obligado tras el reciente varapalo electoral a parapetarse en un candidato de supervivencia. Entre tanta indecisión nominalista se nota demasiado el intento de improvisar una rúbrica, un marchamo. Y aún queda demasiado lejos y demasiado difícil la posibilidad de zanjar las dudas llamándole a secas «presidente».


ABC - Opinión

La SGAE se topa con la Ley

Pocas horas después de que la Sociedad General de Autores (SGAE) hubiera celebrado elecciones a su junta directiva, ganadas muy holgadamente por el mismo equipo que gobierna la institución desde hace años, la Guardia Civil detuvo ayer a su presidente, Teddy Bautista, y a otras ocho personas tras realizar a lo largo de todo el día un minucioso registro de la sede central y de 17 domicilios siguiendo instrucciones de la Fiscalía Anticorrupción y del juez Pablo Ruz, de la Audiencia Nacional. Las detenciones están relacionadas con un presunto delito de apropiación indebida denunciado hace un año por varias asociaciones de internet e informática. Según los indicios, una trama interna habría desviado cientos de miles de euros de la SGAE a empresas particulares, delito del que supuestamente tendrían conocimiento varios altos cargos, entre ellos el polémico presidente del consejo de dirección. Como es natural, al señor Bautista y a los demás directivos que pudieran estar implicados en este oscuro asunto les asiste la presunción de inocencia y ello debemos atenernos. Sin embargo, no se puede decir que la SGAE, una institución necesaria y centenaria que cuenta con más de cien mil socios y gestiona más de 350 millones de euros al año, salga indemne de este lamentable episodio. Su prestigio y su credibilidad, ya muy mermados en los últimos años a los ojos de los ciudadanos, han sufrido un golpe tan contundente que la jornada de ayer marcará un punto de inflexión en la gestora. Hasta ahora, por torpeza y por una voracidad recaudatoria que no respetaba ni a las víctimas del terrorismo, la SGAE del señor Bautista se había forjado la imagen caricaturesca de una sociedad dedicada a emboscarse en las fiestas populares y hasta en las celebraciones familiares con el propósito de dar el sablazo al incauto de turno. La percepción más extendida es que, de la mano de sus sempiternos directivos, la SGAE se ha extralimitado en sus funciones, ha abusado de los mecanismos judiciales, ha amedrentado a sus críticos y hasta ha incurrido en apuestas políticas e ideológicas impropias, amén de embarcarse en operaciones inmobiliarias más que discutibles. No es de extrañar, por todo ello, que diferentes colectivos celebraran ayer, a las puertas de la sede central, la intervención policial. Si los indicios delictivos se confirman, sería impensable que el Gobierno siguiera de brazos cruzados y no impulsara las medidas legales para garantizar la transparencia, pluralidad y limpieza de las gestoras de los derechos de autor, que son tan sagrados e inviolables como cualquier derecho intelectual y comercial. Los artistas, creadores, autores y ejecutantes tienen derecho a recoger los frutos de su esfuerzo y talento, y a que las leyes les protejan frente a la piratería y el fraude. También necesitan de instituciones que gestionen eficazmente sus derechos y defiendan limpiamente sus intereses. Todas las sociedades libres y democráticas ponen especial cuidado en regular este sector porque de ello depende su vitalidad creadora y una parte importante del PIB nacional. Mucho tendrá que trabajar la SGAE para recuperar la honorabilidad y para ganarse el respeto de la sociedad y de todos los creadores.

La Razón - Editorial

Los negocios sucios de la SGAE

Algunos de los peores rasgos de la SGAE se han mantenido porque los gobiernos de PP y PSOE –aunque especialmente los de Zapatero– le otorgaron carta blanca para cometer toda clase de abusos.

La ministra de Cultura ha pedido que se respete "la presunción de inocencia" de Teddy Bautista y la SGAE tras los registros y las detenciones de este viernes. Sin embargo, ni él ni Teddy Bautista ni ninguno de los diversos portavoces que ha tenido la Sociedad General de Autores y Editores tuvo nunca en cuenta la presunción de inocencia a la hora de cobrar el canon digital. Esa es una de las muchas razones por las que la entidad investigada por el juez Ruz es una de las más odiadas de España, tanto que la operación de la Guardia Civil ha sido celebrada y no lamentada por la mayoría de los españoles.

Teddy Bautista y otros ocho directivos de la SGAE y varias empresas afines han sido detenidos por apropiación indebida y delitos societarios. La SGAE disfruta de privilegios tales como poder recaudar dinero a modo de impuesto siendo una sociedad privada, pero a cambio tiene alguna contrapartida, como la de carecer de ánimo de lucro. Sin embargo, en la última década la SGAE ha creado numerosas empresas fundadas con dinero que debería haber sido repartido entre los autores, y es el posible fraude cometido por la directiva de la SGAE a través de las mismas lo que está siendo investigado por la Justicia, visto el poco interés de los poderes públicos –especialmente el Ministerio de Cultura– por fiscalizar las opacas cuentas del entramado dirigido por Teddy Bautista.


Aún cuando esta investigación llegue a buen puerto y con gran parte de los responsables de la SGAE frente a un tribunal, eso no tendría que significar el final de la SGAE, que ya tenía una larga historia cuando Bautista comenzó a dirigirla. Pero sí podría significar un cambio imprescindible, tanto en la dirección como en los modos de una organización que se dedicaba constantemente a homenajear el robo que cometiera Roldán del dinero del Colegio de Huérfanos de la Guardia Civil, exigiendo a todos los actos benéficos celebrados en España el diezmo de los derechos de autor.

No obstante, algunos de los peores rasgos de la SGAE se han mantenido porque los gobiernos de PP y PSOE –aunque especialmente los de Zapatero– le otorgaron carta blanca para cometer toda clase de abusos. La entidad dirigida por Teddy Bautista ha sido la cabeza visible de un lobby cultural al que se ha mimado constantemente desde el poder a costa de los demás ciudadanos. Porque la directiva de la SGAE podrá acabar entre rejas, pero la Ley Sinde, por citar el último de esos abusos, seguirá vigente.


Libertad Digital - Editorial

La SGAE, bajo los focos

La ley es igual para todos, y ante una investigación de este tipo no sirve ampararse en la cercanía de los responsables con el Ministerio de Cultura.

A instancias de la Fiscalía Anticorrupción, el juez Pablo Ruz autorizó ayer una amplia operación de la Guardia Civil para investigar los presuntos delitos societarios y de apropiación indebida de los que en exclusiva ha venido informando ABC a lo largo de esta semana. El registro de la sede principal de la sociedad concentra el interés sobre una entidad que acaba de celebrar su proceso electoral en medio de una fuerte polémica por la falta de transparencia de sus gestores. Eduardo Bautista, máximo responsable de la entidad, y otros altos cargos fueron detenidos para responder ante la Justicia por unos hechos que resulta imprescindible investigar a fondo, sin desechar de antemano, como pretendían algunos directivos, las fundadas acusaciones sobre manejos turbios dentro de la SGAE. Sin perjuicio de las plenas garantías jurídicas de los presuntos responsables, está claro que Bautista y su equipo no pueden ampararse en una imaginaria conspiración en su contra. Por eso, es criticable la reacción airada de algunos de ellos mientras se desarrollaba la operación policial de ayer. En efecto, como ha venido informando ABC con sus primicias, existen datos objetivos que obligan a llegar hasta el fondo del asunto.

La actual SGAE mantiene ciertas querencias de la época en que la entidad ostentaba el monopolio en la gestión de los derechos de los autores españoles. Nadie discute que la propiedad intelectual y los derechos —morales y materiales— de los autores son elementos esenciales para el sector cultural. Sin embargo, la propia entidad ha puesto en cuestión su prestigio y su imagen con ciertas actuaciones, algunas tan peregrinas como las que afectan a bodas y fiestas populares. Ante la opinión pública, la SGAE ofrece la impresión de moverse por afán recaudatorio, lejos de una gestión flexible y razonable de los intereses legítimos que le corresponde tutelar. Si se confirma la malversación, estaremos ante un caso de extrema gravedad. La ley es igual para todos, y ante una investigación de este tipo no sirve ampararse en la cercanía de los responsables con el Ministerio de Cultura, cultivado ampliamente por la actual directiva. Habrá que seguir con la máxima atención el desarrollo de los acontecimientos porque la creación cultural exige sosiego y apoyo a sus verdaderos protagonistas.

ABC - Editorial