Los gobiernos socialistas han elegido tradicionalmente distintas vías para tratar el asunto de la amenaza del terrorismo pero con un elemento común: todas han estado siempre fuera de la ley.
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La información del periódico El Mundo, según la cual uno los tres acusados en el caso Faisán ha amenazado con "tirar de la manta" revelando al Míster X del chivatazo a la ETA, es perfectamente coherente con la tradición socialista en el manejo de asuntos que tienen que ver con la lucha contra el terrorismo y la seguridad del estado.
Los gobiernos socialistas han elegido tradicionalmente distintas vías para tratar el asunto de la amenaza del terrorismo pero con un elemento común: todas han estado siempre fuera de la ley. Ese es el argumento transversal de la política antiterrorista del PSOE y lo único que cambia, según el momento y los protagonistas, es la calificación penal de los delitos cometidos precisamente por los que tienen el mandato constitucional de perseguirlos para garantizar la seguridad de todos.
El PSOE ha seguido una trayectoria en la lucha antiterrorista que va desde el GAL hasta el Faisán sin dejar nunca de perseverar en las negociaciones con el mundo etarra, otra característica que esmalta la forma en que los gobiernos socialistas interpretan su deber de perseguir el crimen organizado con pretensiones políticas.
Ahora estamos en la fase en la que los guripas encargados del trabajo sucio amenazan con revelar a quién pertenece la X de la ecuación del Faisán, como Amedo y Domínguez hicieron en su día a cuenta del GAL con desigual resultado. En aquella ocasión los dirigentes socialistas intentaron callarlos llevándoles sacos de dinero negro a Suiza. Ahora la estrategia es maniobrar en la Audiencia Nacional para que, en vez de tomar el "caminito de Jerez", los imputados puedan defenderse de acusaciones menores en un foro judicial distinto del especializado en delitos terroristas.
Es posible que la operación para evitar la "estigmatización" de los dirigentes socialistas, en la más estricta doctrina bacigalupiana, les salga bien a sus muñidores y Rubalcaba no tenga que penar durante la próxima campaña electoral con un caso que le afecta directísimamente. Es posible, claro que sí, pero los antecedentes no son precisamente alentadores, porque en el caso GAL un ministro del Interior y un secretario de estado de Seguridad fueron a la cárcel. Yo de sus sucesores no estaría demasiado tranquilo.
Los gobiernos socialistas han elegido tradicionalmente distintas vías para tratar el asunto de la amenaza del terrorismo pero con un elemento común: todas han estado siempre fuera de la ley. Ese es el argumento transversal de la política antiterrorista del PSOE y lo único que cambia, según el momento y los protagonistas, es la calificación penal de los delitos cometidos precisamente por los que tienen el mandato constitucional de perseguirlos para garantizar la seguridad de todos.
El PSOE ha seguido una trayectoria en la lucha antiterrorista que va desde el GAL hasta el Faisán sin dejar nunca de perseverar en las negociaciones con el mundo etarra, otra característica que esmalta la forma en que los gobiernos socialistas interpretan su deber de perseguir el crimen organizado con pretensiones políticas.
Ahora estamos en la fase en la que los guripas encargados del trabajo sucio amenazan con revelar a quién pertenece la X de la ecuación del Faisán, como Amedo y Domínguez hicieron en su día a cuenta del GAL con desigual resultado. En aquella ocasión los dirigentes socialistas intentaron callarlos llevándoles sacos de dinero negro a Suiza. Ahora la estrategia es maniobrar en la Audiencia Nacional para que, en vez de tomar el "caminito de Jerez", los imputados puedan defenderse de acusaciones menores en un foro judicial distinto del especializado en delitos terroristas.
Es posible que la operación para evitar la "estigmatización" de los dirigentes socialistas, en la más estricta doctrina bacigalupiana, les salga bien a sus muñidores y Rubalcaba no tenga que penar durante la próxima campaña electoral con un caso que le afecta directísimamente. Es posible, claro que sí, pero los antecedentes no son precisamente alentadores, porque en el caso GAL un ministro del Interior y un secretario de estado de Seguridad fueron a la cárcel. Yo de sus sucesores no estaría demasiado tranquilo.
Libertad Digital – Opinión
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