Se trata de distribuir de forma más efectiva el horario de los docentes para evitar duplicidades y conseguir un importante ahorro, algo a lo que tiene perfecto derecho la Comunidad de Madrid en tanto que responsable de las competencias educativas.
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiALH5NtPBAz1ZG4BDmmaxiZ4QyzEJNPenZYg0TWQ_FHPXyUfKTuedTMzoBzFOqn4BIank4Z0Gi4Q7PBWCoGQJOEcbnZmowwNg5NGVgFBdS1GmFwwbT-pHWADV3R7oJ2JTIrGXwIHjAtHY/s640/Asamblea_profesores_instituto_publico_Madrid.jpg)
La amenaza de huelgas y movilizaciones en el sector de la enseñanza, a cuenta de la ampliación de horas lectivas previsto por el Gobierno de la comunidad de Madrid, ha de sorprender forzosamente a los ciudadanos que ven cómo un sector privilegiado dentro de la administración pública se niega a limitar sus prerrogativas, siquiera de una forma tan leve como la acordada por las autoridades educativas madrileñas.
La extensión en dos horas semanales del tiempo de clase no puede esgrimirse cabalmente como el motivo para paralizar la enseñanza pública. Ni se aumenta el horario de trabajo, que seguirá consistiendo en una semana laboral de 37,5 horas, ni se reducen los salarios del personal afectado, que seguirá cobrando a final de mes exactamente lo mismo, ni se menoscaba su muy ventajoso régimen vacacional, que continuará siendo el más extenso de toda la administración pública. Se trata simplemente de distribuir de forma más efectiva el tiempo que los docentes dedican a su tarea para evitar duplicidades y conseguir un importante ahorro, algo a lo que tiene perfecto derecho la Comunidad de Madrid en tanto que responsable de las competencias educativas.
La extensión en dos horas semanales del tiempo de clase no puede esgrimirse cabalmente como el motivo para paralizar la enseñanza pública. Ni se aumenta el horario de trabajo, que seguirá consistiendo en una semana laboral de 37,5 horas, ni se reducen los salarios del personal afectado, que seguirá cobrando a final de mes exactamente lo mismo, ni se menoscaba su muy ventajoso régimen vacacional, que continuará siendo el más extenso de toda la administración pública. Se trata simplemente de distribuir de forma más efectiva el tiempo que los docentes dedican a su tarea para evitar duplicidades y conseguir un importante ahorro, algo a lo que tiene perfecto derecho la Comunidad de Madrid en tanto que responsable de las competencias educativas.
Como siempre que se dilucidan asuntos que afectan a los servicios prestados por el Estado, la opinión de los ciudadanos que los padecen no sólo no es tomada en cuenta sino que ni siquiera se solicita, permaneciendo la disputa en el terreno del conciliábulo habitual entre políticos y representantes sindicales. En este caso, sorprende que no se haya pedido opinión a los padres de los alumnos, miembros de la "comunidad educativa" cuya participación se exige en materias cotidianas de muchísima menor entidad. Tal vez sería bueno que, por una vez, los sindicatos más beligerantes en este asunto escucharan a este respecto la opinión de los padres, que ven el futuro educativo de sus hijos con mucho más pesimismo del que pueda suponer para un profesor el tener que dedicar a dar clase dos horas más dentro de su horario habitual.
La educación pública española, a la cola de los países desarrollados en cuanto a calidad, no puede ser el coto privado de unos sindicatos de enseñanza que, salvo contadas excepciones, están más ocupados en preservar las gabelas de sus representados que de garantizar la prestación de este servicio a satisfacción de los ciudadanos que no pueden elegir el colegio de sus hijos.
Es cierto que nuestra enseñanza estatal ha de bregar con un diseño educativo deudor de una pedagogía perniciosa y más que superada en el tiempo, pero a tenor de la magnitud del desastre que supone la enseñanza pública española según todos los indicadores, los representantes de los docentes tal vez harían mejor en reflexionar sobre su parte de responsabilidad en la catástrofe educativa que padecemos, en vez de plantear huelgas para oponerse a una reorganización de horarios que en nada va a afectar al muy privilegiado trato de que los profesionales de la educación gozan en este país.
La educación pública española, a la cola de los países desarrollados en cuanto a calidad, no puede ser el coto privado de unos sindicatos de enseñanza que, salvo contadas excepciones, están más ocupados en preservar las gabelas de sus representados que de garantizar la prestación de este servicio a satisfacción de los ciudadanos que no pueden elegir el colegio de sus hijos.
Es cierto que nuestra enseñanza estatal ha de bregar con un diseño educativo deudor de una pedagogía perniciosa y más que superada en el tiempo, pero a tenor de la magnitud del desastre que supone la enseñanza pública española según todos los indicadores, los representantes de los docentes tal vez harían mejor en reflexionar sobre su parte de responsabilidad en la catástrofe educativa que padecemos, en vez de plantear huelgas para oponerse a una reorganización de horarios que en nada va a afectar al muy privilegiado trato de que los profesionales de la educación gozan en este país.
Libertad Digital – Editorial
0 comentarios:
Publicar un comentario