La Policía no está para filosofar, sino para hacer cumplir la ley electoral y proteger la jornada de reflexión.
LA opinión pública reconoce que los acampados en la Puerta del Sol tienen motivos para sentirse defraudados, aunque los manifestantes pierdan buena parte de sus razones distribuyendo culpas de manera genérica, pero ideológicamente orientadas contra el sistema democrático liberal. Hay una reacción social de empatía ante una crisis que ha arruinado las expectativas de media juventud española, pero es muy distinta la valoración que merecen las propuestas que ha alumbrado esta asamblea del centro de Madrid, porque si se pusiera en práctica la mayor parte de ellas —de un izquierdismo absolutamente trasnochado— la crisis sería aún peor. Entre las propuestas que ayer recibieron más apoyo en las asambleas realizadas a mano alzada en la plaza estuvieron la supresión de la Audiencia Nacional, el apoyo a la III República y la derogación de la ley de Partidos, que tantos éxitos y provechos ha generado en la lucha antiterrorista. Inquietante.
En cualquier caso, todo ciudadano tiene derecho a expresarse y a decir lo que crea oportuno, siempre que no incite ni justifique la violencia. Ahora bien, actualmente hay un proceso electoral en marcha que finaliza el próximo domingo. No es admisible que las jornadas de reflexión y votación vayan a estar marcadas por estas protestas, que tienen una clara intencionalidad electoral, aunque solo sea la de, supuestamente, disuadir a los ciudadanos de que vayan a votar. Otras interpretaciones más detalladas podrían incluso perfilar tendencias políticas concretas en el planteamiento de este movimiento de indignación. La lista de asociaciones o colectivos que han respaldado públicamente este movimiento o que han invitado a sumarse a él —en su inmensa mayoría procedentes de la izquierda radical y antisistema— y la ubicación del campamento base de esta protesta asamblearia frente a la sede del Gobierno autonómico de Madrid no resultan gratuitas y aportan bastantes pistas.
En cualquier caso, todo ciudadano tiene derecho a expresarse y a decir lo que crea oportuno, siempre que no incite ni justifique la violencia. Ahora bien, actualmente hay un proceso electoral en marcha que finaliza el próximo domingo. No es admisible que las jornadas de reflexión y votación vayan a estar marcadas por estas protestas, que tienen una clara intencionalidad electoral, aunque solo sea la de, supuestamente, disuadir a los ciudadanos de que vayan a votar. Otras interpretaciones más detalladas podrían incluso perfilar tendencias políticas concretas en el planteamiento de este movimiento de indignación. La lista de asociaciones o colectivos que han respaldado públicamente este movimiento o que han invitado a sumarse a él —en su inmensa mayoría procedentes de la izquierda radical y antisistema— y la ubicación del campamento base de esta protesta asamblearia frente a la sede del Gobierno autonómico de Madrid no resultan gratuitas y aportan bastantes pistas.
Y quizá consciente de esa adscripción ideológica, y de que su abstención podría empeorar el mal panorama que ya dibujan las encuestas del 22-M, los dirigentes del PSOE —el primero, su secretario general— se han lanzado a dar la razón a los «indignados», pero sacudiéndose cualquier responsabilidad en la situación de crisis derivada de su mala gestión, pese a llevar casi ocho años gobernando España. No es previsible que ese cinismo, ese echar la culpa al empedrado, sirva para convencer a los acampados y a quienes los secundan de que les den sus votos en las elecciones del domingo para así neutralizar el ascenso del PP.
La resolución de la Junta Electoral Central, adoptada al filo de la medianoche de ayer, de prohibir las concentraciones durante el sábado y el domingo es la tercera declaración de ilegalidad que recae sobre este movimiento asambleario, aunque las anteriores no tuvieran efecto alguno por la pasividad del Ministerio del Interior y de la Delegación del Gobierno. Alfredo Pérez Rubalcaba se ha justificado con el argumento de que un desalojo «no es la filosofía» de la Policía. Independientemente de lo que pueda hacer hoy en cumplimiento de la decisión de la JEC, convendría recordar al titular de Interior que la Policía no está para filosofar, sino para hacer cumplir la ley electoral y —llegado el caso, dados los planes de los antisistema— proteger mañana la jornada de reflexión, llamada así porque en ella no se pueden realizar actividades políticas que influyan en el voto de los ciudadanos. El Estado de Derecho tiene unas reglas cuyo incumplimiento quizá guste a parte de la izquierda, acostumbrada a no respetar las jornadas de reflexión, pero que representa una agresión a la democracia.
La resolución de la Junta Electoral Central, adoptada al filo de la medianoche de ayer, de prohibir las concentraciones durante el sábado y el domingo es la tercera declaración de ilegalidad que recae sobre este movimiento asambleario, aunque las anteriores no tuvieran efecto alguno por la pasividad del Ministerio del Interior y de la Delegación del Gobierno. Alfredo Pérez Rubalcaba se ha justificado con el argumento de que un desalojo «no es la filosofía» de la Policía. Independientemente de lo que pueda hacer hoy en cumplimiento de la decisión de la JEC, convendría recordar al titular de Interior que la Policía no está para filosofar, sino para hacer cumplir la ley electoral y —llegado el caso, dados los planes de los antisistema— proteger mañana la jornada de reflexión, llamada así porque en ella no se pueden realizar actividades políticas que influyan en el voto de los ciudadanos. El Estado de Derecho tiene unas reglas cuyo incumplimiento quizá guste a parte de la izquierda, acostumbrada a no respetar las jornadas de reflexión, pero que representa una agresión a la democracia.
ABC - Editorial
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