No hay condiciones para crear empleo, y sí para que el paro registrado se aproxime a esa cifra escalofriante de cinco millones de parados.
LA cifra absoluta de desempleados inscritos en el INEM en febrero pasado es de 4.779.894 de personas. Descontados los demandantes de empleo con condiciones especiales, queda la cifra que vende el Gobierno de 4.299.263 parados. Cualquiera de las dos es dramática y confirma los peores pronósticos: que 2011 va a ser un año terrible para el empleo y que la reforma laboral de 2010 es inútil si la economía, en su conjunto, no crece. El problema del paro se apalanca a la crisis general de la economía española, golpeada por el aumento de los impuestos, el incremento de la inflación y el miedo de los ciudadanos a perder su empleo. El recorte de salarios a los funcionarios ha retraído su importante fuerza de consumo y la escalada de precios debilita progresivamente las economías familiares, aunque desde el Ministerio de Economía se diga, con absoluta falta de empatía, que las familias españolas «son ricas». No hay condiciones para crear empleo, y sí para que el paro registrado se aproxime a esa cifra escalofriante de cinco millones de parados. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, descartó en enero de 2009 que se llegara a los 4 millones de parados, y en septiembre de ese año, que se alcanzara la tasa del 20 por ciento de paro. Ya se han superado ambos datos, y la evolución de la economía solo apunta a un empeoramiento.
Tan grave o más que el aumento del 4,08 por ciento del paro en el último año es la pérdida de 225.257 afiliados a la Seguridad Social en el mismo período, situando la afiliación media en un cifra cercana a la de enero de 2005. Por mucho recorte que aplique el Gobierno al gasto por desempleo, la ley impone unas prestaciones ineludibles que seguirán comprometiendo los recursos públicos. Como contrapunto, la reducción del déficit es una buena noticia, pero no los medios que se están empleando para conseguirla, porque consisten en aumentar los impuestos, bloquear la inversión pública —arruinando a decenas de empresas de infraestructuras— y privar a la inversión privada de capital que prefiere la seguridad de la deuda pública. Sin duda, cae el déficit, pero también la economía y el empleo. La lección política vuelve a imponerse por sí sola. Rodríguez Zapatero y su Gobierno no dan más de sí como responsables políticos. La ópera bufa de la reducción de velocidad y el ahorro en iluminación de carreteras ha sido el último episodio de descoordinación e improvisación de un Ejecutivo plano y a merced de los acontecimientos.
ABC - Editorial
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