jueves, 1 de julio de 2010

El Estado sindical. Por M. Martín Ferrand

Lo alarmante, frente a situaciones como las generadas por la huelga salvaje del Metro, es la debilidad del Estado.

LOS nacionalismos, los centrífugos y los centrípetos, son un camino hacia el despotismo. En nuestro caso, un despotismo nada ilustrado —cuasi ágrafo—, electorero y sin más afán que el de la conservación del poder partitocrático. No es raro en ese ambiente que se produzcan fenómenos excéntricos, como la huelga del Metro que padecen los ciudadanos de Madrid y que tiene visos de un ensayo sindical con vistas a mayores movilizaciones en el marco de un pretendido Estado Social que, en burla representativa, protagonizan los sindicatos faltones e irresponsables que nos han tocado en suerte. En estas circunstancias, la capacidad movilizadora de unos líderes sindicales ignorantes de una realidad nacional que presiden cuatro millones y medio de parados son un factor de desequilibrio en nuestro mapa político y (escasamente) representativo.


Lo grave, con todo, no reside en la existencia de unos sindicatos sin bases, cuotas y representación, teóricos de un obrerismo caduco y defensores de un proletariado que ya no existe. Lo alarmante, frente a situaciones de conflicto y desorden como los generados por la huelga salvaje del Metro, es la comprobación de la debilidad del Estado y su incapacidad para garantizar a los ciudadanos el ejercicio de derechos tan fundamentales como los del libre desplazamiento y el trabajo. Son tantos nuestros planos de poder político y administrativo que no queda muy claro a quién corresponde el eficaz y rotundo mantenimiento del orden público en situaciones tan complejas como esta, en las que la responsabilidad es del Estado, la función corresponde a la Autonomía y el daño lo padecen los Ayuntamientos y sus vecinos; pero, aunque no asome su faz en las informaciones relativas al caso, se esconde tras los acontecimientos el ministro de Interior, de quien dependen las fuerzas de orden, a quien correspondería impedir la intervención de piquetes y, con más diligencia de la que se observa, conducir ante el juez a quienes recurren a la violencia, física o moral, para coaccionar a los muchos trabajadores que no asumen, aunque se vean obligados a compartir, este doloso e innecesario alboroto.

Si el Estado y sus Administraciones no son capaces de hacer cumplir la ley y castigar con rigor a quienes promueven el desorden y el perjuicio colectivo, estamos ante el peor de los supuestos posibles en una democracia que, pomposamente, se autodefine como Estado de Derecho y Estado de Bienestar y es, en los hechos, un Estado Sindical deficientemente organizado y con brotes de despotismo periférico de difícil pronóstico y que, dado su alcance, reclaman ya una solución constituyente.


ABC - Opinión

Chantaje mafioso-sindical. Por Hermann Tertsch

Nuestros sindicatos, y especialmente sus liberados, se han convertido en un cáncer para las empresas públicas.

UN piquete informativo sindical informó en la mañana de ayer a cuatro trabajadores del Metro. Los informó tanto y tan bien que los cuatro tuvieron que ser hospitalizados con heridas y contusiones de diversa gravedad. Eso para que sepamos —los trabajadores del Metro que quieren trabajar y la ciudadanía— que aquí se trabajará a salvo cuando los sindicatos quieran. Chantaje sobre chantaje. Amenazas, agresiones y lenguaje bélico. El sindicalismo español renueva la cara. Se acabaron las amabilidades. Los líderes de UGT y CC.OO., Méndez y Toxo, defienden a los huelguistas y advierten de que si los servicios mínimos no les gustan en el futuro, los violarán. Y Santas Pascuas. La asamblea de ayer de los trabajadores del Metro y las intervenciones de los miembros de su comité de empresa no dejan lugar a dudas. Los sindicatos están ensayando con su huelga salvaje del Metro en Madrid una estrategia de secuestro de la sociedad para los próximos meses, de cara a la huelga general del 29 de septiembre.

Ayer hubo más y peores amenazas. Como no se garantice la impunidad de todos los que han cometido un delito violando los servicios mínimos la huelga será indefinida sin servicios mínimos. «De reventar, vamos a reventar todos y para siempre». «Si hay un solo expediente, un solo despido, volvemos a la huelga total». Supongo que les sonará esa nada sutil forma de amenaza al Estado de Derecho. Algo así como «sí, por supuesto que hemos cometido un delito, y a mucha honra. Pero como las autoridades se atrevan a aplicar la ley y no nos dejen impunes, estamos dispuestos a cometer muchos y peores delitos en el futuro». El portavoz de los huelguistas parecía ayer creerse Feliks Dzershinski: «Si tenemos que entrara a matar, entraremos a matar». Grave es el grado de radicalidad primitiva y violenta de esos liberados sindicales, que no perderán un duro por la huelga y que están blindados contra el despido. Más ominoso es el apoyo expreso que han recibido de los líderes de CC.OO. y UGT. No estamos ante una salvaje tropelía de unos frikis del obrerismo violento, sino ante una estrategia de estas dos organizaciones, que demuestran que, llegado el caso de conflicto, es nulo su respeto a las leyes y a la representación democrática de la ciudadanía.

Lo cierto es que nuestros sindicatos, y especialmente sus liberados, se han convertido en un cáncer para las empresas públicas. Y que la sociedad española no puede tolerar esta toma de rehenes por parte de una minoría radical, financiada con dinero público, que actúa como una auténtica mafia en defensa única de sus propios intereses. Es buen momento para ponerse una vez rojo y no mil colorado y acabar con estos grupos de presión en las empresas.


ABC - Opinión

La letra pequeña. Por Ignacio Camacho

El veredicto ha tumbado la intención de levantar de tapadillo una Constitución paralela.

LA escandalera victimista de los partidos catalanes, con Montilla a la cabeza, ante la sentencia del Estatuto responde con toda certeza a una táctica de sobreactuación preelectoral, llena de aspavientos y gesticulación dramatizada para sacar partido de una supuesta agresión españolista; sin embargo sería una simplificación analizar ese descontento desde el prisma único de la impostura. El soberanismo ha percibido con claridad que, aunque el veredicto mantenga buena parte de los privilegios concedidos por la irresponsabilidad de Zapatero, también ha desactivado el dispositivo simbólico que la dirigencia política catalana había construido al amparo de la calentura estatutaria. El fallo del TC ha respaldado la mayoría de la letra pequeña que establece pautas muy avanzadas y discutibles de autogobierno, pero ha tumbado la intención de levantar de tapadillo una Constitución paralela que estableciese de facto una especie de Estado confederal. Y aunque el aval de numerosas franquicias autonomistas dé pábulo al pesimismo de quienes esperaban una desautorización radical de la propuesta, ha rechazado las más peligrosas pretensiones segregacionistas y establecido con claridad la prevalencia de la única nación española.

Eso lo ha percibido la clase dirigente catalana como un serio revés a sus aspiraciones de construcción nacional. Tiene motivos. Las «pequeñas» objeciones del Constitucional pueden dar lugar a una impugnación severa de las leyes elaboradas al amparo del desarrollo estatutario; de ahí que sea tan importante para los partidos nacionalistas controlar el poder que deberá negociar el inminente laberinto normativo derivado de la sentencia. Ellos saben que el impulso otorgado por Zapatero a la deconstrucción del Estado nacional español ha quedado frenado en las vallas del veredicto, y tratan de presionar al presidente para que se las salte como antes se saltó los límites de la razón política. El silencio —tres días ya— del jefe del Gobierno indica una seria preocupación por la evaluación del alcance del fallo, que amenaza además con abrir una brecha entre los socialistas. La voluntad agitadora de un Montilla acorralado revela casi una sedición frente al liderazgo nacional del partido. El Estatuto sigue atravesado como un camión con las ruedas pinchadas en la accidentada deriva del zapaterismo.

Desde Madrid es fácil y tentador lamentarse por la fragmentación de España con genérica consternación jeremíaca. Pero la situación es más positiva que antes de la sentencia, no menos. No es un mal menor, sino un dique real a las pretensiones de construir un Estado dentro —en realidad casi fuera— del Estado. Y un varapalo más que serio al liviano relativismo con que el presidente había tratado nada menos que el concepto de la nación que gobierna. Todavía.


ABC - Opinión

Prohibir los piquetes. Por José Antonio Vera

Una de las grandes falacias que le quedan a nuestra democracia es la de los «piquetes informativos». En realidad son comandos de agresores que se dedican a intimidar a la gente cuando no a asaltarla o violentarla impidiéndole trabajar. Porque reconociendo el derecho a la huelga como fundamental, también hay que decir que se debería proteger a aquellas personas que no comparten el criterio sindical y quieren seguir en sus puestos. Pero aquí nadie hace nada por garantizar esa libertad fundamental. Ayer en Madrid cuatro conductores del Metro fueron agredidos por un piquete «informativo» de unas 50 personas. La policía estaba por la zona, pero no hubo detenciones. Las huelgas en España degeneran con frecuencia en episodios de violencia, y al final los alborotadores se quedan sin sanción porque en la negociación final del conflicto se incluye como condición la amnistía de los sancionados. Aunque lo peor de ayer fue lo de los socialistas de postín que se pusieron claramente de parte del sindicalismo piquetero. Prefieren responsabilizar a Aguirre del conflicto antes que molestar a esos grupos de matones callejeros, nada informativos, que impiden los servicios mínimos y deberían ser claramente prohibidos.

La Razón - Opinión

Por una ley de huelga

EEl chantaje de los huelguistas del Metro es el resultado de la impunidad en el ejercicio ilegítimo del derecho de huelga.

EL chantaje al que están sometiendo los huelguistas del Metro de Madrid a millones de ciudadanos es el resultado de la constante impunidad en que se encuentra el ejercicio ilegítimo del derecho de huelga. Este efecto antisocial es especialmente grave en el sector de los transportes públicos, porque multiplica exponencialmente las consecuencias de un paro protagonizado por unos pocos cientos de trabajadores. En el caso del Metro de Madrid, la huelga se está desarrollando ilegalmente, con un incumplimiento premeditado de los servicios mínimos.

El derecho de huelga permanece anclado en una norma preconstitucional y constantemente al margen de una regulación equitativa entre derechos y obligaciones, supeditado al criterio arbitrario de las organizaciones sindicales y ejercido en numerosas ocasiones con actos de fuerza y coacción interna. Estas jornadas de caos en Madrid son responsabilidad exclusiva de los sindicatos convocantes, y las instituciones competentes, como el Ministerio Fiscal, deben depurar responsabilidades.

Todos los ciudadanos aceptan, con mayor o menor resignación, que sus derechos se vean limitados en aras del bien común, pero los sindicatos constituyen una casta ajena al concepto de deber y obligación. Solo conocen derechos, que ejercen alternativamente con actos de sumisión al Gobierno de turno o con actos de puro sabotaje social y económico, no exentos de violencia sobre quienes quieren trabajar. Es muy significativo, además, que la huelga del Metro sea una más de las muchas que tienen como objetivo político el desgaste del Gobierno de Esperanza Aguirre. Es necesaria una regulación de la huelga que ponga fin a la impunidad sindical.


ABC - Editorial

Sindicalistas salvajes

Por segundo día consecutivo, más de dos millones de madrileños sufrieron ayer los efectos de una huelga salvaje de Metro que no ha respetado los servicios mínimos establecidos por el Ministerio de Trabajo, ha violentado el derecho de los trabajadores a acudir a sus puestos laborales y ha alterado gravemente la vida ciudadana. La conducta de los liberados y piquetes sindicales de UGT y CC OO ha sido violenta e intimidatoria, como ya sugerían las soflamas de los sindicalistas que amenazaron el martes con «reventar Madrid». De hecho, cuatro trabajadores que querían cumplir con su deber fueron brutalmente agredidos por los matones sindicales. La huelga seguirá hoy y mañana, y se suspenderá el fin de semana por dos motivos: para no entorpecer la fiesta del orgullo gay y porque perderían los elevados pluses que cobran en días no laborales. Al margen de que la fiesta gay les merezca más consideración que el trabajo de cientos de miles de ciudadanos, a los que han tomado como rehenes, lo cierto es que la conducta inaceptable de los burócratas sindicales pone de manifiesto la urgente necesidad de desarollar una ley de huelga que impida el abuso y el matonismo como en estos días. El derecho a la huelga nada tiene que ver con la coacción y la desmesura, y debe armonizarse con el derecho que asiste a los trabajadores y a los consumidores. Tampoco es admisible que se recurra a la huelga salvaje con fines políticos, como es el caso. El Gobierno de Esperanza Aguirre no ha tomado ninguna decisión que no esté en consonancia con el recorte decretado por el Gobierno de Zapatero de rebajar un 5% el sueldo de los funcionarios y empleados públicos. En otras comunidades, como Cataluña y el País Vasco, también se han aplicado los mismos recortes salariales, pero ningún sindicato ha convocado ninguna huelga salvaje. ¿Por qué en Madrid? Porque en la Comunidad madrileña gobierna el PP, ni más ni menos. Ése es también el motivo por el que alguna destacada miembro del Gobierno de Zapatero ha arremetido contra Aguirre, en vez de ponerse a su lado y frente a la manifiesta ilegalidad sindical de no respetar los servicios mínimos. Resulta hipócrita exigir a las autonomías que secunden el plan de recortes del Gobierno y, al mismo tiempo, criticar a la presidenta madrileña por hacerlo. No están los tiempos ni la maltrecha economía para caer en demagogias políticas ni sindicales, porque sólo se podrá salir de la crisis si todos los actores públicos actúan en la misma dirección. No parece que sea ésa la preocupación de los actuales dirigentes de UGT y CC OO, que han llevado a sus sindicatos al mayor desprestigio y desafección social en 30 años de democracia. Nunca antes, como en estos días de huelga salvaje, se había detectado una indignación tan intensa y generalizada contra los sindicalistas, que son vistos como burócratas privilegiados cuya máxima preocupación es defender su ventajosa posición salarial. Tras haber contribuido, con su apoyo cómplice al Gobierno, al desastre económico y laboral, los sindicalistas pretenden ahora lavarse las manos manchadas organizando huelgas salvajes contra una presidenta regional del PP.

La Razón - Editorial

Que se cumpla la ley, incumpliéndola

Pedir que se cumpla la ley incumpliéndola es el último aporte de una izquierda, la española, asediada por las circunstancias, por su propia ineptitud y por un horizonte electoral cada día más desesperanzador.

La aprobación del Estatuto de Zapatero por parte del Tribunal Constitucional ha creado una, no por esperada, menos curiosa situación. El tripartito al completo ha cerrado filas junto a Convergencia y Unión para oponerse a la sentencia que da por válido el 90% de un Estatuto que, hace cuatro años, fue ignorado ampliamente por el electorado catalán. La reclamación de la casta política catalana, probablemente la más desprestigiada de toda España –y a la participación electoral nos remitimos– es que se cumpla el Estatuto, es decir, la Ley, que salió del Parlamento regional. Para ello piden, y lo hacen formalmente, que la Ley, la otra, la emanada del Constitucional, deje de cumplirse. Una paradoja que muestra el grado de chifladura al que la política española, sitiada por la crisis y el descrédito, está llegando.

Los más radicales incluso apelan a crear una legalidad alternativa que sea específicamente catalana, es decir, la secesión de facto, extremo éste proscrito no ya por la legislación española, sino por la de cualquier Estado soberano. Pero los mismos que piden abiertamente la secesión y la creación de una nueva legalidad, se manifiestan a favor del cumplimiento íntegro del Estatuto –que sobre el papel no es secesionista– y en contra de cumplir la sentencia del Constitucional. La retórica con doble y triple sentido pocas veces había llegado a tales niveles de perfección como los que está alcanzando estos días dentro de los edificios oficiales de Cataluña.


Si todo este sinsentido victimista lo aliñamos con la reinvención del enemigo de Cataluña personificado en un PP que ha preferido no comparecer, es fácil hacerse una idea del desquiciamiento que preside hoy la política catalana. Tanto Montilla como sus socios y los aspirantes de CiU necesitan exacerbar a la desesperada el sentimiento nacionalista para justificarse a sí mismos rearmándose de ideología, al tiempo que pavimentan la campaña autonómica en la que el minúsculo recorte del Estatuto será el gran protagonista. El panorama pinta, por lo tanto, bastante negro en Cataluña como para que Zapatero y el PSOE sigan observando complacidos lo que consideran una gran victoria personal del mentor del Estatuto.

Sin llegar a revestir la gravedad del conflicto de primer orden que se avecina en Cataluña, la huelga salvaje en el Metro de Madrid pone a los huelguistas frente a una contradicción similar. Piden que se cumpla una ley, en este caso el convenio colectivo, quebrantando dos leyes mucho más importantes, la referente al cumplimiento de los servicios mínimos y la del derecho al trabajo de los que, queriendo trabajar, no han podido hacerlo por las amenazas e intimidaciones de los piquetes sindicales.

El conflicto laboral abierto por sorpresa, con trasfondo político y una virulencia desconocida desde la Transición, tiene como único responsable a un comité de empresa echado al monte, radicalizado y en absoluto abierto al diálogo. Como en el caso catalán, para los que convocaron y mantienen la huelga del Metropolitano sólo existe una salida a la situación actual: imponer su criterio al ciento por ciento. Eso no es negociar por muchos chillidos que los jefes de la asonada sindical den en las asambleas.

Pedir que se cumpla la ley incumpliéndola es el último aporte de una izquierda, la española, asediada por las circunstancias, por su propia ineptitud y por un horizonte electoral cada día más desesperanzador.


Libertad Digital - Editorial

IVA y desconcierto energético

El desconcierto energético y el incremento del IVA demuestran que la improvisación sigue siendo la seña de identidad de un Ejecutivo que pretende reducir el déficit a brochazos espasmódicos.

LA subida del gas natural un 8,1 por ciento a más de siete millones de hogares y la del gas butano un 6,6 por ciento, días después de que Gobierno y oposición pactaran abordar la reordenación del modelo energético con un primer acuerdo sobre la paralización del aumento de la tarifa eléctrica, resulta incomprensible. El incremento del gas natural y del butano, coincidiendo con la subida del IVA, es, además de injusto, contradictorio. No se entiende que la normativa vigente en materia de revisión de precios se aplique en exclusiva para el gas, mientras el Ejecutivo sigue sin abordar el déficit de tarifa, es decir, la diferencia entre los costes e ingresos del sistema eléctrico, que se encamina vertiginosamente hacia la insostenible cifra de 20.000 millones de euros —que equivale al 2 por ciento del PIB—, y las dificultades para su titulización aumentan en la medida que lo hace la percepción de inseguridad jurídica y el riesgo país de España en los mercados internacionales, alimentadas con medidas arbitrarias como la fijación de precios con criterios exclusivamente políticos. Tal vez el acuerdo entre el ministro de Industria, Miguel Sebastián, y el portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro, pretendía ganarse el favor de la opinión pública congelando la factura de la luz para que después, y por la puerta de atrás, el Gobierno incrementara de forma desmedida el recibo del gas, en una clara estrategia compensatoria. Frenar la subida de la luz para días después hacer lo contrario en el caso del gas demuestra un profundo desconocimiento de las reglas de funcionamiento del sistema energético y de las graves consecuencias que están ocasionando la falta de seguridad jurídica, la inestabilidad normativa, el desbarajuste regulatorio y la inconcreción sobre el calendario y los contenidos de la reforma energética.

Que los dos grandes partidos logren un gran acuerdo sobre el modelo energético español, abierto a consensos más amplios, es imprescindible para que la energía contribuya a la competitividad y la recuperación de nuestra economía a partir de un marco jurídico que aporte seguridad y certidumbre y profundice en la liberalización del sector. Pero es necesario, también, que además de que las empresas puedan funcionar con normalidad, sin ver suspendida la legislación vigente ni amenazados sus planes, los españoles no se conviertan en rehenes de una política tarifaria aleatoria, incongruente y oscilatoria en función de componendas partidistas. Urge un marco estable para que los españoles no estén al albur de los caprichos de un Gobierno que marca los precios con criterios demagógicos mientras descarga todo el peso de la crisis sobre los hombros de los sectores más desfavorecidos.

ABC - Editorial