martes, 23 de marzo de 2010

Las cuentas secretas de la imposición. Por Cristina Losada

Por si las moscas, las autonomías correspondientes se resisten a poner negro sobre blanco todas las sumas que dedican a coaccionar a la población para que modifique sus hábitos lingüísticos y abandone la mala costumbre de emplear el idioma común.

El coste de la "normalización lingüística" es un misterio guardado a buen recaudo en los presupuestos autonómicos y en dispersas partidas de las consejerías. Con ingenuidad ocasional, una cree que se oculta porque el contribuyente montaría en cólera si supiera a cuánto le salen los juegos identitarios. Pero ese coste es baladí comparado con su precio en términos cívicos y políticos y, sin embargo, el sentimentalismo tribal hace que uno y otro se asuman con alegría. Paga el estadito, o sea, nadie, como apuntó en su día una ministra, haciéndose eco de un pensamiento mágico muy extendido sobre el origen del dinero del erario.

Por si las moscas, no obstante, las autonomías correspondientes se resisten a poner negro sobre blanco todas las sumas que dedican a coaccionar a la población para que modifique sus hábitos lingüísticos y abandone la mala costumbre de emplear el idioma común. Cuando Touriño, en la cresta entonces, hoy retirado y humillado, pidió a Zapatero un detalle extra por los gastos que supone tener dos idiomas, desconocía a cuánto podían ascender. Aparte de los fondos consignados para el "fomento de la lengua", que rondaron los 20 millones de euros anuales durante su mandato, había más. Pero si un lego en la materia pretende enterarse, ha de estudiar cada día el BOE autonómico, tomar nota y cruzar datos. La lluvia de subvenciones era –y es– constante.

En ABC se acaba de publicar el monto del donativo que socialistas y nacionalistas concedieron a una organización pantalla que cursa como A Mesa pola Normalización Lingüística. Entre 2006 y 2009, recibió del Gobierno autonómico de Galicia la cantidad de 695.309 euros, unos 116 millones de pesetas, hablando en plata. La mayor parte la obtuvo de consejerías en manos del BNG, tutor fáctico de la tal asociación que se dice "independiente, plural y apartidista", valga el sarcasmo. La MNL llegó a disponer de más dinero que la Real Academia de la Lengua Gallega, sin que ello motivara protestas de la institución, que ahora anda quejumbrosa y sableadora por los recortes de la austeridad.

Con los fondos que le obsequió el anterior Gobierno gallego, ese trasunto de comité de defensa de la imposición desempeñó labores dignas de una organización parapolicial en materia lingüística. Así, la intimidación y la amenaza a comerciantes, empresarios y directores de colegio que no mostraban suficiente entusiasmo por erradicar el idioma español de sus negocios y centros. Pues esa persecución existe, aunque el ministro de Educación finja estar en Babia. Y, para remate, la financiamos entre todos.


Libertad Digital - Opinión

El imperio. Por Alfonso Ussía

Joan Laporta quiere hacer de Cataluña un imperio.

Embajadas, Ejército, organización de espías propios y prohibición del uso del español. Medidas inteligentes y austeras. No ha revelado los planes de formación y desarrollo de sus Fuerzas Armadas. Si los primeros oficiales de Tierra, Mar y Aire de Cataluña van a salir de academias especializadas o del dedo. Ignoro qué fecha ha establecido Laporta para la independencia de Cataluña, pero de ser cercana, esos oficiales tendrían que estar estudiando. Además de los sentimientos hay que aportar profesionalidad. Y vocación. Haría bien Laporta en visitar las Academias Militares para conocer a los hombres y mujeres que visten los diferentes uniformes de nuestras Fuerzas Armadas. Se quedaría asombrado al comprobar su preparación, y alguno de ellos le mandaría, muy educadamente, a freír monas en catalán. Lo de los espías es más sencillo. Se compran unas cuantas gabardinas, unos sombreros, diez o doce teléfonos y ya está montado el servicio. Las embajadas tampoco resultarían difíciles de instalar. Se compra un piso –ya lo han hecho–, se nombra a un pariente de alguien –ya lo han hecho–, y adelante con la chirimoya. La prohibición del uso del español es una medida urgente que no entiendo aún como no ha sido adoptada todavía.

Idioma de paletos, dijo alguien por ahí. Y minoritario. Con un idioma de tan reducida implantación en el mundo no se puede hacer nada. Aprenderlo y usarlo es perder el tiempo. Y el mundo lo celebraría. El mundo está harto de alargar las palabras, y desea la sabiduría de la síntesis. En catalán, «campo» se dice «camp» y «pico» «puig», aunque se pronuncia «Puch». El balón es más corto en español. En catalán es «pilota», que en el idioma paleto también puede ser traducido como «mujer al mando de un avión-“avió” en catalán-, o conductora de un coche de Fórmula Uno». No se dan cuenta de nada en Madrid. Casi quinientos millones de personas en el mundo están deseando que, al fin, alguien tenga el coraje suficiente para prohibir el idioma español. ¿Se figuran la delicia de llegar a Buenos Aires, Santiago, Bogotá, Lima, Miami o Nueva York, y que en lugar del horrible «Bienvenidos» se lea el precioso «Benvinguts»? Me estoy poniendo cachondo sólo con figurármelo.

Los independentistas catalanes han sido siempre contrarios a la existencia de las Fuerzas Armadas y del obligado cumplimiento de un servicio militar. El servicio militar obligatorio ya no existe en el «País vecino», pero siete siglos de Ejército pesan en la tradición. A un marino hay que enseñarle a mandar un barco, a un piloto a llevar a un avión, y a un coronel de Tierra a administrar y entrenar a un Regimiento. No vale inventarse un uniforme azul para poner a una fragata rumbo a Sitges y terminar topándose con la costa de Túnez. En los primeros años de Fuerzas Armadas catalanas habría de ser permitido, para que hubiese entendimiento, el uso del español siempre que la frase se adornara al final con un «Osti tú», «¡No sabía que por el mar estuviera tan lejos Sitges, osti tú!»; «Ni yo que hubiese tantos árabes, osti tú!». No se trata de incordiar, sino de ayudar. Porque unas Fuerzas Armadas no se inventan así como así, como cree Laporta.

Se entiende que Madrid y Valencia le hayan tomado la medida a la poderosa y rica Cataluña. Los territorios prosperan o se empobrecen como consecuencia del trabajo de sus dirigentes. Las últimas encuestas demuestran que los catalanes son infinitamente más trabajadores e inteligentes que sus gobernantes. Siempre ha sido así. Viven, en su mayoría, al margen de estas gansadas. Y lo dejarán claro muy pronto, a la primera oportunidad. Ese día Laporta, en su casa, jugará con sus soldaditos de plomo.


La Razón - Opinión

El despilfarro autonómico tapa el despilfarro estatal

Lo que pretenden es descargar toda la responsabilidad del ajuste en las autonomías. Entre unos y otros la casa se queda sin barrer: las autonomías gastan lo que no recaudan y, con ese pretexto, el Gobierno deja de ajustar su despilfarro a los ingresos.

Que el déficit público de nuestras manirrotas Administraciones Públicas es uno de los grandes problemas que aquejan a nuestra economía es algo de lo que son conscientes analistas e inversores nacionales e internacionales. El año pasado el conjunto de nuestras administraciones tuvo que financiar alrededor de 110.000 millones de gastos por encima de sus ingresos, el 11,2% del PIB. Es urgente eliminar este agujero, no sólo porque reconducirlo al 3% sea un imperativo legal europeo (y que por el Protocolo de Déficit Excesivo podría costarnos cerca de 10.000 millones de euros en concepto de sanción), sino porque la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas y, en definitiva, nuestra solvencia como país frente al exterior depende de que logremos ubicar nuestro gasto a niveles compatibles con nuestros ingresos: una situación de la que, por desgracia, estamos hoy muy lejos.

Nuestros políticos han aprovechado la crisis económica –en la que la austeridad y la moderación debería ser la norma– para gastar más de lo que habrían soñado en tiempos de prosperidad. Pese a que pueda sonar absurdo, justo en el momento en el que los ciudadanos veían perder su empleo, reducir sus fuentes de ingresos y ahogarse en sus deudas, el Gobierno les obligaba a gastar un dinero que no tenían y que en el futuro cercano se iba a cobrar (ya se está haciendo) con subidas de impuestos.

Como es obvio, todo el foco de atención se está concentrando en el Gobierno central, por cuanto él es quien cuenta con un mayor déficit (alrededor del 10%), quien capitanea la retórica sobre la necesidad de incrementar el gasto y quien está acometiendo las subidas de impuestos. Sin embargo, no convendría olvidar que nuestro caótico sistema autonómico genera perversos incentivos para que las comunidades autónomas también estén gastando sin freno y sean en parte responsables del abultado déficit de la Administración central.

Al fin y al cabo, la ventaja que tiene para los políticos autonómicos que los ingresos fiscales estén centralizados y el gasto descentralizado es que son ellos quienes inauguran las faraónicas obras públicas y quienes crean redes clientelares con las que consolidar su poder, pero es el Gobierno central quien al final debe sufrir el desgaste de aumentar los impuestos. Asimismo, en caso de que España fuera en el futuro sancionada por la Unión Europea como consecuencia de su excesivo déficit, también sería el Gobierno central quien soportaría la reprimenda política y económica, eximiéndose las autonomías de todo coste.

Y por si lo anterior fuera poco, tampoco conviene olvidar que parte del déficit estatal procede de garantizarles a las ejecutivos autonómicos unos niveles de ingresos que superan en mucho la recaudación actual y gracias a los cuales las comunidades pueden exhibir unas cuentas públicas sustancialmente mejores que las del Ejecutivo de Zapatero.

Se vuelve imprescindible, pues, que todo este exceso de gasto público se reduzca y para ello es necesario forzar a las comunidades autónomas a que hagan lo propio dentro de su presupuesto. El problema es que fijar compromisos genéricos que prometan reducir el déficit de aquí a 2013 hasta niveles conformes con la legalidad europea no sirve de mucho si no se establecen objetivos intermedios entre 2010 y 2013. Al fin y al cabo, hasta después de pasadas las elecciones autonómicas y generales no se podrá fiscalizar el comportamiento de los gobiernos regionales para reprenderles si siguen gastando aquello que no tienen. Los próximos años bien pueden convertirse en el festín de unos políticos irresponsables que piensan legarles los problemas presupuestarios a sus sucesores. Desde luego, el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera no lo impide.

Ahora bien, lo cierto es que resulta un poco ridículo que Salgado inste a las autonomías a que presenten un plan de austeridad presupuestaria cuando el Gobierno central no ha hecho todavía lo propio (a menos que entendamos una simple declaración de buenas intenciones como tal). El esfuerzo esencial, por volumen de ingresos y gastos, corresponde al Estado y éste, de momento, sólo ha mostrado su lado más demagógico y populista. Parece que lo que pretenden los socialistas es descargar toda la responsabilidad del ajuste o de la falta del mismo en las autonomías. Así, entre unos y otros la casa se queda sin barrer: las autonomías gastan lo que no recaudan y, con ese pretexto, el Gobierno deja de ajustar su despilfarro a los ingresos. Nada que inspire demasiada confianza a los inversores extranjeros: si no saben del juego de intereses autonómico, malo; si lo conocen, mucho peor.


Libertad Digital - Editorial

Rebelión contra Garzón. Por Hermann Tertsch

DICE el ejército de defensores de nuestro juez gladiador y viajante que es Baltasar Garzón que no hay derecho a criticar a un juez.

Por eso llaman miserables, canallas, fascistas y prevaricadores a todos los jueces que desde el Supremo o el Consejo General del Poder Judicial ponen simplemente en duda las muy dudosas, dudosísimas prácticas del juez campeador, ese que ve siempre amanecer. En este país se ha perdido definitivamente la medida. Nadie en un país medianamente civilizado, salvo algún guerrillero enajenado, pondría en solfa a las máximas instituciones del Estado por defender de forma obviamente partidista a un juez que, todos sabemos, ha utilizado la política para la justicia y la justicia para la política.

Resulta inenarrable que un padre de la Constitución Española que nos dio en su día la libertad a los ciudadanos se una a la campaña contra quienes quieren saber simplemente la verdad sobre lo que este ególatra enfermizo que baila entre secretarías de Estado y judicatura pretende hacer nada menos que con la justicia de España. Con la justicia de un país en enormes problemas, en gran parte causados por sus gobernantes actuales, y que se enfrenta a un futuro de precariedad e inseguridad como nunca desde su terrible guerra civil. ¿Cómo es posible que juristas en su día aplaudidos por todos los españoles de todo el espectro político se presten a tan infame y pedestre ataque a las instituciones de la Constitución que crearon por defender lo indefendible?


¿Cuánta coacción hay en esas posturas perfectamente inexplicables de personas que hemos tenido durante décadas por honorables y hoy se han convertido en consumados sicarios de la secta que todo lo copa, sobre todo el Gobierno, pero también los medios, instituciones bancarias o cajas, ayuntamientos y demás repartidores? ¿Cuánta presión han resistido o ha vencido a hombres cabales que hoy están defendiendo públicamente lo peor y más intolerable de nuestro país? ¿Se imagina alguno de ustedes a Garzón, con su biografía, en el Tribunal Supremo o en el Constitucional de Alemania?

Todo resulta al final de una ridiculez grotesca. Aquí ilustres juristas defendiendo a quien esta imputado de tres delitos. Allí en Sevilla reciben a Rodríguez Zapatero como si fuera el Caudillo -lo es probablemente- con banderas y soflamas y callan que su ex presidentes le dio diez millones de euros a la empresa que gestionaba en esas cuestiones su hija. Imagínense que Esperanza Aguirre hubiera dado diez millones de euros, o diez mil tan solo, a una empresa de un hijo suyo. ¿Qué andarían ladrando todos los de la secta todos los días, cada minuto, en todas las cadenas y emisoras? Zapatero, el caudillo que cuida a sus hijas del daño que su propia imagen les puede producir, no tiene pegas en que sus amigos, de alguna cadena financiada por todos nosotros a través de Televisión Española, difame a padres cuyos hijos se ven agredidos a diario por la infamias que el Gobierno, a través del ministerio del Interior o delegaciones propias, despliega por los medios.

Siempre, desde la dictadura en la que tantos estaban cómodos y otros se jugaban la piel, he pensado que este país tiene remedio. Porque está lleno de personas de buena fe y mucho coraje. Porque lo han reconducido varias veces hacia la dignidad desde la ignominia. Sigo pensando lo mismo. Creo que podemos salir de la bancarrota y de la vileza, de la inseguridad y la zafiedad. Pero también creo que la nación española necesita una rebelión. Una rebelión ante todo en la justicia y en la educación. Una masiva respuesta de resistencia contra todo lo que nos quiere convertir en mansos, sumisos, ignorantes y obedientes. Y creo sinceramente que ha llegado el momento de dar una señal clara e inequívoca de que estamos en ese rumbo, y consiste en apartar definitivamente al juez Garzón de la judicatura. Ningún país serio puede permitirse a un personaje así decidiendo sobre la libertad, la vida y la hacienda de sus ciudadanos.


ABC - Opinión