sábado, 30 de enero de 2010
¡Gracias por amargarnos la vejez! Por Emilio J. González
Señores políticos y señores sindicalistas, gracias por pensar nada más que en ustedes y amargarnos la vejez a quienes tenemos menos de 55 años: lo de la ampliación de la edad de jubilación no es más que la punta del iceberg de lo que está por venir.
El Gobierno está empezando a hacer lo que todos nos temíamos que iba a pasar si no se reformaba el sistema de pensiones. En este caso, el Ejecutivo va a proponer al Pacto de Toledo el retraso en dos años de la edad de jubilación, para dejarla en 67 años. Es decir, que gracias a que nuestros políticos, los del PSOE y los del PP, así como los sindicatos, no han querido jamás acometer de verdad el cambio de modelo que se necesita para que los españoles podamos contar con una pensión digna que nos permita vivir la jubilación con desahogo, ahora resulta que, de entrada, vamos a tener que trabajar dos años más porque el sistema no da más de sí y hay que evitar como sea la quiebra. Por supuesto, a costa de amargarnos la vejez.
El Gobierno está empezando a hacer lo que todos nos temíamos que iba a pasar si no se reformaba el sistema de pensiones. En este caso, el Ejecutivo va a proponer al Pacto de Toledo el retraso en dos años de la edad de jubilación, para dejarla en 67 años. Es decir, que gracias a que nuestros políticos, los del PSOE y los del PP, así como los sindicatos, no han querido jamás acometer de verdad el cambio de modelo que se necesita para que los españoles podamos contar con una pensión digna que nos permita vivir la jubilación con desahogo, ahora resulta que, de entrada, vamos a tener que trabajar dos años más porque el sistema no da más de sí y hay que evitar como sea la quiebra. Por supuesto, a costa de amargarnos la vejez.
Los políticos, todos sin excepción, aunque unos más que otros, tienen la culpa de todo cuanto se avecina con las pensiones. Porque el problema no es nuevo. Por el contrario, desde principios de la década de los noventa, los expertos, analizando las tendencias demográficas y la naturaleza de nuestro modelo público de reparto, aquel por el cual las cotizaciones sociales de hoy pagan las pensiones actuales, ya advertían de que no era viable en el futuro, porque el progresivo envejecimiento de la población iba a provocar el aumento del número de pensionistas por cada trabajador, con lo cual el sistema estaba condenado irremisiblemente a la quiebra si no se procedía a su reforma. Varios informes importantes, como el de José Barea o el de José Antonio Herce, dejaron bien claro que no había otra salida. Y el de José Piñera, el hermano del nuevo presidente de Chile y autor de la reforma del sistema de pensiones del país andino, que realizó para el Círculo de Empresarios, proponía además un método para pasar en España del modelo de reparto al de capitalización, aquel por el cual las cotizaciones personales de hoy financian la pensión de cada uno mañana. ¿Qué respuesta recibieron cuando aún entonces había tiempo para hacer la reforma y evitarnos los problemas que vamos a tener? Los socialistas sentaron las bases del Pacto de Toledo, en su ponencia sobre Seguridad Social, que, como vemos, no ha servido para nada excepto para repartir la pobreza entre todos y dijeron que el cambio de sistema en Chile fue posible porque se hizo bajo la dictadura de Pinochet y se quedaron tan anchos. Los del PP no quisieron estropear sus perspectivas electorales, firmaron sin rechistar el Pacto de Toledo y acusaron a quienes proponían el paso al sistema privado de previsión social de buscar sólo el enriquecimiento de sus amigos. Y los sindicatos afirmaron que las pensiones tenían que ser públicas por narices y plantearon más que serias amenazas a quien, desde el poder, se le ocurriese decir lo contrario.
Las cosas habrían sido muy distintas si los dos grandes partidos se hubieran puesto de acuerdo en llevar a cabo la reforma, pero como los socialistas y los sindicatos querían que las pensiones siguieran bajo control estatal a cualquier precio –y hoy vemos cuán alto es– los del PP se amilanaron y se sumaron a ellos porque les daba miedo que el plantear la alternativa privada les pudiera dejar fuera de La Moncloa. Así es que, señores políticos y señores sindicalistas, gracias por pensar nada más que en ustedes y amargarnos la vejez a quienes tenemos menos de 55 años. Porque lo de la ampliación de la edad de jubilación no es más que la punta del iceberg de lo que está por venir.
Hace quince años, cuando los expertos plantearon el debate sobre la necesidad de proceder a reformar el sistema de pensiones se estimaba que, sin cambios, en el futuro habría que reducir la prestación en un 25% para equilibrar las cuentas. Ahora, gracias a ZP, habría que hacerlo ni más ni menos que en un 40%. ¿Cómo se podrá vivir, entonces, con semejante recorte? Porque el recorte vendrá de la mano de otra de las posibilidades que contempla el Pacto de Toledo, que es la ampliación a toda la vida laboral del periodo de cómputo de la pensión. Y, como por lo general, en los primeros años se gana mucho menos que en los últimos, que son con los que ahora se establece el importe de la prestación, ésta, necesariamente, tendrá que reducirse. Porque lo de la ampliación de la edad de jubilación, en última instancia, no es más que un parche por el cual vamos a trabajar más para que después nos quede menos dinero.
Por supuesto, la propuesta del Gobierno se basa en su esperanza de que la crisis económica pase pronto y el empleo se recupere enseguida, esperanza vana porque todo apunta a que, por desgracia, tenemos ante nosotros un dilatado periodo de estancamiento económico y altas tasas de desempleo. Lo cual implica que la Seguridad Social tendrá menos ingresos de los previstos, su crisis será todavía más grave y las medidas a tomar deberán ser necesariamente más drásticas. Así es que estamos apañados.
Quien haya tenido la precaución de suscribir un plan de pensiones podrá ver amortiguado el golpazo que recibirán sus rentas cuando llegue el momento de la vejez. La cuestión es cuántos españoles cuentan con ello. No todo el mundo ha sido lo bastante prudente como para abrir uno, porque confiaban ciegamente en que, al final, el Estado proveería. Sí, ya se ve de qué forma. Otros se asustaron cuando Zapatero llegó al poder y empezó a arremeter contra los planes privados de pensiones y sus beneficios fiscales, queriendo poco menos que acabar con ellos para que, como buen socialista que es, pudiera tener todo bajo control del Estado y así poder hacer de las suyas. Otros más, simplemente, no pudieron porque como ZP dejó a la burbuja inmobiliaria campar tranquilamente por sus respetos, después de pagar la letra del piso y los gastos necesarios para vivir no les quedó mucho margen para ahorrar de cara al futuro.
Claro que, aquí, también ha habido mucho imprudente que, a base de tarjeta de crédito, ha vivido por encima de sus posibilidades. Pero lo peor de todo es que, ahora que ya muchos ven de verdad las orejas al lobo, no tienen apenas capacidad para ahorrar de cara al retiro, bien porque están ahogados por la letra del piso, bien porque no les queda bastante tiempo para reunir un mínimo de ahorro, bien porque están sin trabajo y sin visos de encontrarlo. Todo ello aderezado por un panorama laboral en el que se vislumbra que los contratos que se produzcan en el futuro van a ser con salarios inferiores a los de antes de la crisis, porque como las empresas tienen que recuperar competitividad y se enfrentan, además, a costes crecientes de la energía a cuenta de la fobia antinuclear de ZP y de su filia enfermiza por las renovables, pues no tienen más remedio que actuar sobre la masa salarial, despidiendo gente o contratando con sueldos bajos. Qué brillante futuro le aguarda a muchos.
Para quienes pensaban que, en última instancia, la vivienda que habían adquirido a precios desorbitados iba a ser una garantía para su jubilación, por ejemplo, mediante la hipoteca inversa –renta adicional a los pensionistas a cambio de su piso–, ya se pueden ir preparando porque su precio no va a ser, ni de lejos, el astronómico de los últimos años, sino un 50% inferior, como mínimo.
Después de todo esto no me queda nada más que dar las gracias a nuestros políticos y a nuestros sindicalistas por amargarnos la vejez.
Las cosas habrían sido muy distintas si los dos grandes partidos se hubieran puesto de acuerdo en llevar a cabo la reforma, pero como los socialistas y los sindicatos querían que las pensiones siguieran bajo control estatal a cualquier precio –y hoy vemos cuán alto es– los del PP se amilanaron y se sumaron a ellos porque les daba miedo que el plantear la alternativa privada les pudiera dejar fuera de La Moncloa. Así es que, señores políticos y señores sindicalistas, gracias por pensar nada más que en ustedes y amargarnos la vejez a quienes tenemos menos de 55 años. Porque lo de la ampliación de la edad de jubilación no es más que la punta del iceberg de lo que está por venir.
Hace quince años, cuando los expertos plantearon el debate sobre la necesidad de proceder a reformar el sistema de pensiones se estimaba que, sin cambios, en el futuro habría que reducir la prestación en un 25% para equilibrar las cuentas. Ahora, gracias a ZP, habría que hacerlo ni más ni menos que en un 40%. ¿Cómo se podrá vivir, entonces, con semejante recorte? Porque el recorte vendrá de la mano de otra de las posibilidades que contempla el Pacto de Toledo, que es la ampliación a toda la vida laboral del periodo de cómputo de la pensión. Y, como por lo general, en los primeros años se gana mucho menos que en los últimos, que son con los que ahora se establece el importe de la prestación, ésta, necesariamente, tendrá que reducirse. Porque lo de la ampliación de la edad de jubilación, en última instancia, no es más que un parche por el cual vamos a trabajar más para que después nos quede menos dinero.
Por supuesto, la propuesta del Gobierno se basa en su esperanza de que la crisis económica pase pronto y el empleo se recupere enseguida, esperanza vana porque todo apunta a que, por desgracia, tenemos ante nosotros un dilatado periodo de estancamiento económico y altas tasas de desempleo. Lo cual implica que la Seguridad Social tendrá menos ingresos de los previstos, su crisis será todavía más grave y las medidas a tomar deberán ser necesariamente más drásticas. Así es que estamos apañados.
Quien haya tenido la precaución de suscribir un plan de pensiones podrá ver amortiguado el golpazo que recibirán sus rentas cuando llegue el momento de la vejez. La cuestión es cuántos españoles cuentan con ello. No todo el mundo ha sido lo bastante prudente como para abrir uno, porque confiaban ciegamente en que, al final, el Estado proveería. Sí, ya se ve de qué forma. Otros se asustaron cuando Zapatero llegó al poder y empezó a arremeter contra los planes privados de pensiones y sus beneficios fiscales, queriendo poco menos que acabar con ellos para que, como buen socialista que es, pudiera tener todo bajo control del Estado y así poder hacer de las suyas. Otros más, simplemente, no pudieron porque como ZP dejó a la burbuja inmobiliaria campar tranquilamente por sus respetos, después de pagar la letra del piso y los gastos necesarios para vivir no les quedó mucho margen para ahorrar de cara al futuro.
Claro que, aquí, también ha habido mucho imprudente que, a base de tarjeta de crédito, ha vivido por encima de sus posibilidades. Pero lo peor de todo es que, ahora que ya muchos ven de verdad las orejas al lobo, no tienen apenas capacidad para ahorrar de cara al retiro, bien porque están ahogados por la letra del piso, bien porque no les queda bastante tiempo para reunir un mínimo de ahorro, bien porque están sin trabajo y sin visos de encontrarlo. Todo ello aderezado por un panorama laboral en el que se vislumbra que los contratos que se produzcan en el futuro van a ser con salarios inferiores a los de antes de la crisis, porque como las empresas tienen que recuperar competitividad y se enfrentan, además, a costes crecientes de la energía a cuenta de la fobia antinuclear de ZP y de su filia enfermiza por las renovables, pues no tienen más remedio que actuar sobre la masa salarial, despidiendo gente o contratando con sueldos bajos. Qué brillante futuro le aguarda a muchos.
Para quienes pensaban que, en última instancia, la vivienda que habían adquirido a precios desorbitados iba a ser una garantía para su jubilación, por ejemplo, mediante la hipoteca inversa –renta adicional a los pensionistas a cambio de su piso–, ya se pueden ir preparando porque su precio no va a ser, ni de lejos, el astronómico de los últimos años, sino un 50% inferior, como mínimo.
Después de todo esto no me queda nada más que dar las gracias a nuestros políticos y a nuestros sindicalistas por amargarnos la vejez.
Libertad Digital - Opinión
Pobreza, el rendimiento de la izquierda. Por Juan Ramón Rallo
67 años y pensiones mucho más bajas son el rendimiento de un sistema quebrado. Ésa es la conciencia social de nuestra izquierda, la misma que inspiró el sistema económico más ruinoso de todos los tiempos: más vale esclavos y pobres, que libres y prósperos
Es ciertamente terrible que sólo seamos capaces de verle las orejas al lobo cuando nos acaba de pegar un bocado. Extrema miopía de unas sociedades occidentales que se han aposentado sobre la riqueza que sus antepasados crearon y acumularon con un esfuerzo tal que hoy merecería la mayor de las condenas y prohibiciones por parte de nuestra burguesía sindical.
Es ciertamente terrible que sólo seamos capaces de verle las orejas al lobo cuando nos acaba de pegar un bocado. Extrema miopía de unas sociedades occidentales que se han aposentado sobre la riqueza que sus antepasados crearon y acumularon con un esfuerzo tal que hoy merecería la mayor de las condenas y prohibiciones por parte de nuestra burguesía sindical.
Los chiquillos (financieramente) malcriados que no han tenido empacho en delegar sus libertades y su prosperidad al Estado niñera se dan de bruces con la realidad. Qué plácidamente se vivía cuando, apelando a principios tan tergiversados como el de solidaridad intergeneracional, éramos capaces de vivir a costa de los ingresos generados por los demás. Las pensiones públicas se configuraron siempre, en todas partes y en cualquier régimen como un robo masivo organizado: los jubilados se quedaban con parte de la renta de los trabajadores en activo y a cambio éstos adquirían el derecho a robar a su vez a los futuros trabajadores en activo.
Estafa piramidal por la que a Madoff le han caído apenas 150 años entre los aplausos generalizados de estas mismas clases apesebradas que se niegan a retocar lo más mínimo el sistema de pensiones público. Lástima que toda pirámide, en cuanto se invierte, tiende a perder el equilibrio y a derrumbarse. Nuestros políticos nos prometieron vencer a la ley de la gravedad, pero al final las mentiras caen por su propio peso.
En apenas dos años han desaparecido más de dos millones de puestos de trabajo y millón y medio de cotizantes forzosos a ese sistema fraudulento de la (in)Seguridad Social. Un proceso de putrefacción acelerado por la crisis pero cuyas bases siempre estuvieron condenadas a descomponerse. De no haber sido por el respiro transitorio que proporcionaron millones de inmigrantes, la despensa se habría quedado vacía años ha. El milagro económico español en puridad nunca ha existido ni nunca se producirá: fue un puro placebo, una estafa más añadida a una montaña de mentiras. Convendría basar la política más en la ciencia y menos en la fe: lo de multiplicar los panes y los peces está bien para Jesucristo, pero nunca estuvo al alcance de nuestros burócratas. Malvados ellos por medrar mediante la propaganda; ignorantes aquellos que les creyeron y los auparon al poder.
67 años y pensiones sustancialmente más bajas son el rendimiento de un sistema quebrado. Ésa es la conciencia social de nuestra izquierda, la misma que inspiró el sistema económico más ruinoso de todos los tiempos: más vale esclavos y pobres, que libres y prósperos.
Mejor no hablar hoy de la alternativa que PSOE y PP, PP y PSOE, y tantas otras siglas que actúan como recipientes del pensamiento socialista, se han dedicado con fruición a desprestigiar, marginar y atacar: sería demasiado doloroso recordar en este día que con una sociedad de propietarios los ciudadanos medios podrían jubilarse a entre los 40 y los 50 años con rentas muy superiores a las pensiones públicas.
Algunos se arrepentirán de haber prestado su apoyo a este timo, de haberlo contemplado con buenos ojos y de haber impedido la transición hacia los sistemas de capitalización en el momento en que ésta podía acometerse. Yo, sinceramente, no lo lamento por ellos. Creo que cada cual es responsable de sus decisiones, acertadas y erróneas. Los ciudadanos que confiaron su futuro a la casta política están cosechando lo que sembraron. No más ni tampoco menos, aunque ahora les sorprenda.
Lo que sí lamento es que arrastraran en su error a muchas o pocas personas que eran conscientes del fraude que suponían las pensiones públicas; lo que lamento es que, por no ser lo suficientemente respetuosos con la libertad individual, algunos tengan (tengamos) que cargar con la factura de quienes nos empujaron al abismo. Porque nunca quisimos arrebatarle su pensión a nadie, sólo pretendimos conservar la nuestra. Ahora no tenemos ni eso. A ver cuánto tardan nuestros políticos en babear ante los fondos privados de pensiones: Argentina ya ha marcado el camino (también) en eso.
Estafa piramidal por la que a Madoff le han caído apenas 150 años entre los aplausos generalizados de estas mismas clases apesebradas que se niegan a retocar lo más mínimo el sistema de pensiones público. Lástima que toda pirámide, en cuanto se invierte, tiende a perder el equilibrio y a derrumbarse. Nuestros políticos nos prometieron vencer a la ley de la gravedad, pero al final las mentiras caen por su propio peso.
En apenas dos años han desaparecido más de dos millones de puestos de trabajo y millón y medio de cotizantes forzosos a ese sistema fraudulento de la (in)Seguridad Social. Un proceso de putrefacción acelerado por la crisis pero cuyas bases siempre estuvieron condenadas a descomponerse. De no haber sido por el respiro transitorio que proporcionaron millones de inmigrantes, la despensa se habría quedado vacía años ha. El milagro económico español en puridad nunca ha existido ni nunca se producirá: fue un puro placebo, una estafa más añadida a una montaña de mentiras. Convendría basar la política más en la ciencia y menos en la fe: lo de multiplicar los panes y los peces está bien para Jesucristo, pero nunca estuvo al alcance de nuestros burócratas. Malvados ellos por medrar mediante la propaganda; ignorantes aquellos que les creyeron y los auparon al poder.
67 años y pensiones sustancialmente más bajas son el rendimiento de un sistema quebrado. Ésa es la conciencia social de nuestra izquierda, la misma que inspiró el sistema económico más ruinoso de todos los tiempos: más vale esclavos y pobres, que libres y prósperos.
Mejor no hablar hoy de la alternativa que PSOE y PP, PP y PSOE, y tantas otras siglas que actúan como recipientes del pensamiento socialista, se han dedicado con fruición a desprestigiar, marginar y atacar: sería demasiado doloroso recordar en este día que con una sociedad de propietarios los ciudadanos medios podrían jubilarse a entre los 40 y los 50 años con rentas muy superiores a las pensiones públicas.
Algunos se arrepentirán de haber prestado su apoyo a este timo, de haberlo contemplado con buenos ojos y de haber impedido la transición hacia los sistemas de capitalización en el momento en que ésta podía acometerse. Yo, sinceramente, no lo lamento por ellos. Creo que cada cual es responsable de sus decisiones, acertadas y erróneas. Los ciudadanos que confiaron su futuro a la casta política están cosechando lo que sembraron. No más ni tampoco menos, aunque ahora les sorprenda.
Lo que sí lamento es que arrastraran en su error a muchas o pocas personas que eran conscientes del fraude que suponían las pensiones públicas; lo que lamento es que, por no ser lo suficientemente respetuosos con la libertad individual, algunos tengan (tengamos) que cargar con la factura de quienes nos empujaron al abismo. Porque nunca quisimos arrebatarle su pensión a nadie, sólo pretendimos conservar la nuestra. Ahora no tenemos ni eso. A ver cuánto tardan nuestros políticos en babear ante los fondos privados de pensiones: Argentina ya ha marcado el camino (también) en eso.
Libertad Digital - Opinión
El Gobierno roba a los pensionistas. Por Pablo Molina
El llamado Estado del bienestar es una estafa monumental y el sistema público de pensiones el mecanismo más injusto e insolidario que jamás ha concebido el ser humano.
El sistema público de pensiones es un latrocinio oficial que justifica sobradamente la necesidad de destruir el llamado Estado del bienestar. La culpa la tienen, en primer lugar, los beneficiarios del sistema, que a estas alturas siguen siendo incapaces de exigir a los políticos el derecho a manejar sus propias finanzas para utilizar el dinero aportado durante su vida laboral en la forma que estimen oportuno una vez alcanzada la edad de jubilación.
No se dan cuenta de que el Estado les roba y que, cuando ya no son útiles para la actividad productiva, les sigue manipulando con abundantes dosis de demagogia en función de los cálculos electorales del partido en el poder.
El sistema público de pensiones es un latrocinio oficial que justifica sobradamente la necesidad de destruir el llamado Estado del bienestar. La culpa la tienen, en primer lugar, los beneficiarios del sistema, que a estas alturas siguen siendo incapaces de exigir a los políticos el derecho a manejar sus propias finanzas para utilizar el dinero aportado durante su vida laboral en la forma que estimen oportuno una vez alcanzada la edad de jubilación.
No se dan cuenta de que el Estado les roba y que, cuando ya no son útiles para la actividad productiva, les sigue manipulando con abundantes dosis de demagogia en función de los cálculos electorales del partido en el poder.
El Gobierno no concede ninguna pensión. Por el contrario, lo que hace es robar la mayor parte de lo acumulado por el beneficiario a lo largo de su vida para dejarle unas migajas que, encima, raciona a su antojo decidiendo a qué edad puede o no dejar de trabajar y cuánto debe percibir hasta su muerte.
Sólo hay que hacer unos cálculos sencillos para percibir las dimensiones del desfalco. Considerando una pequeña aportación mensual de 80 euros a la Seguridad Social, una persona que haya trabajado toda su vida, por modesto que haya sido su empleo, ha acumulado a los sesenta y cinco años del orden de cuatrocientos mil euros (a un interés compuesto del 5%, descontada la inflación, que es también una tasa más que razonable en una inversión a largo plazo). Ese capital acumulado le permitiría cobrar una pensión de mil quinientos euros hasta los noventa años, y eso en caso de que no quisiera rescatar el total del dinero ahorrado. Pues bien, la inmensa mayoría de los trabajadores jubilados perciben menos de la mitad de ese dinero y, además, tienen que vivir con la zozobra constante de no saber qué van a cobrar al año siguiente o si va a haber dinero suficiente en la caja del Estado para pagarles esa miseria.
El llamado Estado del bienestar es una estafa monumental y el sistema público de pensiones el mecanismo más injusto e insolidario que jamás ha concebido el ser humano. Por eso hay que criticar a Corbacho y enviar a este Gobierno al lugar que recomendó en su día el secretario general de la UGT madrileña, pero sin olvidar que el verdadero enemigo de los jubilados es el actual sistema de previsión social. Y si preferimos seguir concediendo a los políticos el poder de decidir sobre nuestra ancianidad, entonces no nos quejemos. A trabajar hasta los ochenta años para el Gobierno y punto en boca.
Sólo hay que hacer unos cálculos sencillos para percibir las dimensiones del desfalco. Considerando una pequeña aportación mensual de 80 euros a la Seguridad Social, una persona que haya trabajado toda su vida, por modesto que haya sido su empleo, ha acumulado a los sesenta y cinco años del orden de cuatrocientos mil euros (a un interés compuesto del 5%, descontada la inflación, que es también una tasa más que razonable en una inversión a largo plazo). Ese capital acumulado le permitiría cobrar una pensión de mil quinientos euros hasta los noventa años, y eso en caso de que no quisiera rescatar el total del dinero ahorrado. Pues bien, la inmensa mayoría de los trabajadores jubilados perciben menos de la mitad de ese dinero y, además, tienen que vivir con la zozobra constante de no saber qué van a cobrar al año siguiente o si va a haber dinero suficiente en la caja del Estado para pagarles esa miseria.
El llamado Estado del bienestar es una estafa monumental y el sistema público de pensiones el mecanismo más injusto e insolidario que jamás ha concebido el ser humano. Por eso hay que criticar a Corbacho y enviar a este Gobierno al lugar que recomendó en su día el secretario general de la UGT madrileña, pero sin olvidar que el verdadero enemigo de los jubilados es el actual sistema de previsión social. Y si preferimos seguir concediendo a los políticos el poder de decidir sobre nuestra ancianidad, entonces no nos quejemos. A trabajar hasta los ochenta años para el Gobierno y punto en boca.
Libertad Digital - Editorial
El retiro de Pizarro. Por M. Martín Ferrand
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEMr04fEWKxeigla88mxWxq8Iu8ucYq04DTd-snTeMk9iuzLiiowCBOS1QtREvkDMmeyvnHOTuuE3sbNFT3IYg8iN8aNpsUt2Ayh31sVhoMtBp3fMj-RK37oalHPNE9zfB429q-kvuyc0/s400/Manuel+Pizarro.jpg)
ENTRE la España que describe Próspero Mérimée en Carmen y la que retrata Ernest Hemingway en Por quién doblan las campanas hay un punto en común: el pintoresquismo y, como dice Baura, España, que tiende a ser dramática, puede resultar trágica o cómica, pero nunca pintoresca. Seguramente, para quienes la amamos en su integridad y vemos en su pasado nuestro principal patrimonio personal, España es hoy un proyecto quimérico de futuro. Una torpe interpretación de la Constitución trata de convertir en federal lo que siempre fue unitario y eso es tan estéril como la piedra filosofal de los alquimistas medievales. A mayor abundamiento, el esplendor esperanzado de la Transición ha decaído en una partitocracia ridícula en la que dos jefes de fila, por sí y ante sí, establecen los nombres del Legislativo, se turnan en el diseño del Ejecutivo y chalanean la nómina del Judicial. Una gigantesca chapuza... nada pintoresca.
Desde una neutralidad arcangélica sería difícil establecer quién, Zapatero o Rajoy, sirve peor, con más desacierto y menor provecho, a la fortaleza del Estado y el bienestar de la Nación. Esa bipolaridad oligárquica tiene secuestrado el talento y proscrita la excelencia. Manuel Pizarro, que hace honor a la tradición de su apellido, parece haberlo descubierto y ayer anunció su retirada del Parlamento. El hecho de que alguien como Pizarro, una de las mejores cabezas de la política española, inequívocamente liberal y tras el éxito de una brillante carrera personal, en un momento biográfico idóneo para la dedicación al trabajo político decida no participar, quedarse en casa, debiera impulsar la reflexión de sus compañeros de partido. Si Pizarro no es capaz de asumir al PP, o viceversa, estamos ante el síntoma de una grave enfermedad.
Mérimée, profesional de la historia del arte, recorrió los caminos hispanos del gótico y el románico con vocación de estudio. Hemingway, profesional del periodismo, patrulló el país en busca de una crónica. El primero fue amigo de Eugenia de Montijo y el segundo de Antonio Ordóñez. De ahí que se quedaran en la anécdota pintoresca. El drama se mastica en la rutina cotidiana mejor que en la peripecia aventurera. Por eso Pizarro se va a su casa. Teruel gana un vecino, España pierde un diputado cabal y el PP enseña las vergüenzas de su vocación funcionarial y escasa, su rechazo a los mejores en aras de la obediencia conventual.
Mérimée, profesional de la historia del arte, recorrió los caminos hispanos del gótico y el románico con vocación de estudio. Hemingway, profesional del periodismo, patrulló el país en busca de una crónica. El primero fue amigo de Eugenia de Montijo y el segundo de Antonio Ordóñez. De ahí que se quedaran en la anécdota pintoresca. El drama se mastica en la rutina cotidiana mejor que en la peripecia aventurera. Por eso Pizarro se va a su casa. Teruel gana un vecino, España pierde un diputado cabal y el PP enseña las vergüenzas de su vocación funcionarial y escasa, su rechazo a los mejores en aras de la obediencia conventual.
ABC - Opinión
Cambio de orientación
El Gobierno reforma las pensiones y recorta el gasto para marcar distancias con la crisis griega.
El Gobierno adoptó ayer dos decisiones que suponen un cambio significativo en la orientación de la política económica aplicada desde que se declaró el estado de crisis financiera internacional y de profunda recesión económica nacional. La primera es una propuesta de aumento de la edad de jubilación hasta los 67 años, completada además con un (por el momento) indeterminado aumento en la base de cotización a la Seguridad Social sobre la que se calcula la pensión de jubilación. Es evidente que esta propuesta, rechazada de plano por los sindicatos, pretende consolidar el sistema de pensiones, que en el futuro puede verse arruinado por un mercado laboral en el que los cotizantes empiezan a trabajar cada vez más tarde, se jubilan a edades cada vez más tempranas y, además, tienen una esperanza de vida mayor. La segunda medida es el anuncio de un plan de recorte del gasto público de 50.000 millones en tres años que, según la vicepresidenta Elena Salgado, respetará el gasto social y las inversiones en I+D.
El Gobierno adoptó ayer dos decisiones que suponen un cambio significativo en la orientación de la política económica aplicada desde que se declaró el estado de crisis financiera internacional y de profunda recesión económica nacional. La primera es una propuesta de aumento de la edad de jubilación hasta los 67 años, completada además con un (por el momento) indeterminado aumento en la base de cotización a la Seguridad Social sobre la que se calcula la pensión de jubilación. Es evidente que esta propuesta, rechazada de plano por los sindicatos, pretende consolidar el sistema de pensiones, que en el futuro puede verse arruinado por un mercado laboral en el que los cotizantes empiezan a trabajar cada vez más tarde, se jubilan a edades cada vez más tempranas y, además, tienen una esperanza de vida mayor. La segunda medida es el anuncio de un plan de recorte del gasto público de 50.000 millones en tres años que, según la vicepresidenta Elena Salgado, respetará el gasto social y las inversiones en I+D.
Ambas medidas suponen un viraje en la política económica por varias razones sobre las que merece la pena reflexionar. El Gobierno da a entender que el periodo de combate de la recesión a través de fuertes estímulos económicos debe dejar paso paulatinamente a un programa de sostenibilidad financiera del Estado, gravemente socavada por el oneroso coste de la recesión. Los términos de esa amenaza contra las finanzas públicas se conocieron ayer. El déficit público se ha disparado hasta el 11,4%, dos puntos por encima de la previsión del Gobierno. Este descontrol puede provocar dificultades de financiación o refinanciación de la deuda. Hay advertencias bien recientes, injustas pero notorias, de las agencias de calificación de riesgos. No es casual que la prima de riesgo español esté rozando ya los 100 puntos básicos.
La crisis prolongada del mercado laboral presiona intensamente sobre las finanzas públicas. La EPA del último trimestre de 2009 confirmó que el año pasado se destruyeron 1.210.800 puestos de trabajo, el número de parados aumentó en 1.118.600 personas y el paro total afecta ya a 4.326.500 personas. No hay expectativas de una reducción significativa del desempleo en los próximos tres años y, por tanto, el coste económico y social de esta crisis -ya hay 1.220.000 hogares con todos sus miembros en paro- será muy elevado. La programación pública debe prepararse para pagar los costes sociales de tasas de paro superiores al 11% al menos durante los próximos ocho años.
Por tanto, el plan de recorte del gasto y la propuesta de reforma de las pensiones intentan convencer a los mercados de inversión, los que deben juzgar la calidad de la deuda española, de que el Gobierno hará cuanto esté en su mano para que España no sufra de los mismos males que Grecia.
Pero una cosa es que el viraje sea correcto -y es correcto-, si se mantienen las redes de protección social, y otra muy distinta que sea creíble. La propuesta de los 67 años inicia un saludable debate sobre las condiciones para reforzar el sistema, pero exige además elevar de forma significativa el periodo de cálculo de pensiones y depende de un acuerdo difícil con los agentes sociales. Sin mencionar el hecho de que ampliar la edad de jubilación choca con la dinámica de las empresas, que prefieren rotaciones más rápidas para abaratar los costes. En el caso del plan de austeridad, el juicio queda en suspenso hasta que se conozca el plan de reestructuración del gasto público. Hoy, sólo es una declaración de intenciones -loable, en efecto-. Que sería más creíble si el Gobierno hubiese propuesto la supresión de funciones y funcionarios de las administraciones públicas, una congelación total de los salarios públicos y la suspensión hasta tiempos mejores de ayudas sociales que no son tales, como los cheques-bebé.
La crisis prolongada del mercado laboral presiona intensamente sobre las finanzas públicas. La EPA del último trimestre de 2009 confirmó que el año pasado se destruyeron 1.210.800 puestos de trabajo, el número de parados aumentó en 1.118.600 personas y el paro total afecta ya a 4.326.500 personas. No hay expectativas de una reducción significativa del desempleo en los próximos tres años y, por tanto, el coste económico y social de esta crisis -ya hay 1.220.000 hogares con todos sus miembros en paro- será muy elevado. La programación pública debe prepararse para pagar los costes sociales de tasas de paro superiores al 11% al menos durante los próximos ocho años.
Por tanto, el plan de recorte del gasto y la propuesta de reforma de las pensiones intentan convencer a los mercados de inversión, los que deben juzgar la calidad de la deuda española, de que el Gobierno hará cuanto esté en su mano para que España no sufra de los mismos males que Grecia.
Pero una cosa es que el viraje sea correcto -y es correcto-, si se mantienen las redes de protección social, y otra muy distinta que sea creíble. La propuesta de los 67 años inicia un saludable debate sobre las condiciones para reforzar el sistema, pero exige además elevar de forma significativa el periodo de cálculo de pensiones y depende de un acuerdo difícil con los agentes sociales. Sin mencionar el hecho de que ampliar la edad de jubilación choca con la dinámica de las empresas, que prefieren rotaciones más rápidas para abaratar los costes. En el caso del plan de austeridad, el juicio queda en suspenso hasta que se conozca el plan de reestructuración del gasto público. Hoy, sólo es una declaración de intenciones -loable, en efecto-. Que sería más creíble si el Gobierno hubiese propuesto la supresión de funciones y funcionarios de las administraciones públicas, una congelación total de los salarios públicos y la suspensión hasta tiempos mejores de ayudas sociales que no son tales, como los cheques-bebé.
El País - Editorial
Un volantazo que deja aislado a Zapatero
LOS SINDICATOS y todas las fuerzas políticas, excepto el PSOE, rechazaron ayer el retraso de la jubilación a los 67 años y las demás propuestas del Gobierno para recortar el gasto en pensiones. El PP incidió en que estas medidas mermarían «derechos adquiridos», mientras que UGT y CCOO pidieron al Parlamento que no las apruebe. Sólo la CEOE del cuestionado Díaz Ferrán respalda a Zapatero.
El Gobierno se ha quedado casi solo en la reforma que aprobó ayer sobre el sistema de pensiones, que, además de retrasar en dos años la jubilación, alarga el periodo de computo de la cuantía, establece limitaciones en las pensiones de viudedad, restringe al máximo las prejubilaciones y sube las cotizaciones a los autonómos.
Jamás se había aprobado una reforma de las pensiones de esta envergadura en el periodo de la democracia, por lo que sorprende que el Gobierno se haya embarcado en este proyecto sin el consenso ni de la oposición ni de los sindicatos.
El Gobierno se ha quedado casi solo en la reforma que aprobó ayer sobre el sistema de pensiones, que, además de retrasar en dos años la jubilación, alarga el periodo de computo de la cuantía, establece limitaciones en las pensiones de viudedad, restringe al máximo las prejubilaciones y sube las cotizaciones a los autonómos.
Jamás se había aprobado una reforma de las pensiones de esta envergadura en el periodo de la democracia, por lo que sorprende que el Gobierno se haya embarcado en este proyecto sin el consenso ni de la oposición ni de los sindicatos.
Ayer decíamos que la reforma va en la dirección correcta, pero también subrayábamos el brusco volantazo del Gobierno, que se ha cansado de repetir durante casi seis años que no recortaría las prestaciones sociales. ¿Y el pensionazo, expresión acuñada por IU, qué es?
La única forma de abordar con garantías de éxito una iniciativa como ésta era dentro de un gran pacto de Estado, en el que los sindicatos hubieran aceptado la amarga medicina a cambio de otras contrapartidas y en un marco de sacrificios para todos. Pero Zapatero siempre se ha negado a pactar con el PP, alegando -menuda ironía- que era imposible por razones «ideológicas».
Zapatero confiaba en salir de la crisis sin necesidad de ajustes traumáticos pero la realidad es que la economía se ha seguido deteriorando, mientras se encendían todas las luces rojas de alarma, entre ellas, la amenaza de revisar la solvencia de las emisiones de deuda pública y el deterioro de la imagen de España en el escenario internacional.
Los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) de ayer corroboran que nuestro país se sigue deslizando por una fuerte pendiente hacia abajo. El paro subió 1,1 millones de personas el año pasado, situándose en el 18,8% de la población activa. Por primera vez, el Gobierno reconoció que puede superar el 20% este año, mientras hay ya 4,3 millones de personas en situación de desempleo.
Las cuentas públicas no van nada mejor porque Elena Salgado elevó ayer el déficit del conjunto de las Administraciones Públicas al 11,4% del PIB en 2009, una cifra que contrasta brutalmente con el 1,9% previsto en los Presupuestos Generales del Estado. La ministra confirmó que el Gobierno va a recortar el gasto en 50.000 millones de euros en el periodo 2010-2013, pero su inconcreción lo hace poco verosímil.
Ante este cúmulo de adversidades, Zapatero se ha visto obligado a rectificar y adoptar medidas que hace tan sólo unas semanas hubieran sido impensables. El problema es la falta de credibilidad de Elena Salgado y sus colaboradores para llevar a cabo esta rectificación tras los gravísimos errores cometidos. Probablemente, el presidente debería optar por un nuevo equipo para acometer estas nuevas tareas.
El giro de Zapatero ha roto la estrategia de alianzas del Gobierno, que se ha quedado más solo que nunca: IU le ha dado un fuerte portazo, CiU ha tomado distancia en función de sus intereses electorales, el PNV ha dicho que no le va apoyar en este ajuste y el PP ha aprovechado la ocasión para debilitar a su adversario. El Gobierno carece, en estos momentos, de respaldo para sacar adelante la reforma de las pensiones en el Parlamento y, lo que es peor, no tiene margen para maniobrar ya que, en lugar de ofrecer dinero, va a verse obligado a recortar.
La única forma de abordar con garantías de éxito una iniciativa como ésta era dentro de un gran pacto de Estado, en el que los sindicatos hubieran aceptado la amarga medicina a cambio de otras contrapartidas y en un marco de sacrificios para todos. Pero Zapatero siempre se ha negado a pactar con el PP, alegando -menuda ironía- que era imposible por razones «ideológicas».
Zapatero confiaba en salir de la crisis sin necesidad de ajustes traumáticos pero la realidad es que la economía se ha seguido deteriorando, mientras se encendían todas las luces rojas de alarma, entre ellas, la amenaza de revisar la solvencia de las emisiones de deuda pública y el deterioro de la imagen de España en el escenario internacional.
Los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) de ayer corroboran que nuestro país se sigue deslizando por una fuerte pendiente hacia abajo. El paro subió 1,1 millones de personas el año pasado, situándose en el 18,8% de la población activa. Por primera vez, el Gobierno reconoció que puede superar el 20% este año, mientras hay ya 4,3 millones de personas en situación de desempleo.
Las cuentas públicas no van nada mejor porque Elena Salgado elevó ayer el déficit del conjunto de las Administraciones Públicas al 11,4% del PIB en 2009, una cifra que contrasta brutalmente con el 1,9% previsto en los Presupuestos Generales del Estado. La ministra confirmó que el Gobierno va a recortar el gasto en 50.000 millones de euros en el periodo 2010-2013, pero su inconcreción lo hace poco verosímil.
Ante este cúmulo de adversidades, Zapatero se ha visto obligado a rectificar y adoptar medidas que hace tan sólo unas semanas hubieran sido impensables. El problema es la falta de credibilidad de Elena Salgado y sus colaboradores para llevar a cabo esta rectificación tras los gravísimos errores cometidos. Probablemente, el presidente debería optar por un nuevo equipo para acometer estas nuevas tareas.
El giro de Zapatero ha roto la estrategia de alianzas del Gobierno, que se ha quedado más solo que nunca: IU le ha dado un fuerte portazo, CiU ha tomado distancia en función de sus intereses electorales, el PNV ha dicho que no le va apoyar en este ajuste y el PP ha aprovechado la ocasión para debilitar a su adversario. El Gobierno carece, en estos momentos, de respaldo para sacar adelante la reforma de las pensiones en el Parlamento y, lo que es peor, no tiene margen para maniobrar ya que, en lugar de ofrecer dinero, va a verse obligado a recortar.
El Mundo - Editorial
Trabajar más, cobrar menos
Todo está sucediendo tal y como era de esperar: el sistema público de pensiones nos lleva a trabajar más para cobrar menos. Ese debe ser el paradigma de derechos sociales por los que tantos golpes en el pecho están acostumbrados a darse los socialistas.
Allá por 2008, hace apenas dos años, el PSOE entraba en campaña electoral con un llamativo eslogan: "La octava potencia económica, la primera en derechos sociales". Más adelante, y tras el baño de realismo que significó el reconocimiento de la existencia de una crisis, rebajaron un poco sus triunfales expectativas y prometieron tan sólo que la salida de la crisis no acarrearía un recorte de los mal llamados "derechos sociales".
Allá por 2008, hace apenas dos años, el PSOE entraba en campaña electoral con un llamativo eslogan: "La octava potencia económica, la primera en derechos sociales". Más adelante, y tras el baño de realismo que significó el reconocimiento de la existencia de una crisis, rebajaron un poco sus triunfales expectativas y prometieron tan sólo que la salida de la crisis no acarrearía un recorte de los mal llamados "derechos sociales".
Con este absurdo pretexto, criminalizaron a todos aquellos políticos, economistas y ciudadanos en general que primero alertaron sobre la llegada de una crisis y más tarde propusieron recetas que diferían radicalmente de las implementadas por el Gobierno. Así, se bloqueó cualquier reforma laboral que aliviara la acelerada destrucción de empleo, delegándosela primero al imposible acuerdo entre sindicatos y patronal y congelándola después en medio de la demagogia más extrema.
Consecuencia de esta obcecación socialista, en los últimos años se han destruido más de dos millones y medio de empleos, disparando el déficit público hasta unas tasas pocas veces vistas en nuestra historia y acelerando las contradicciones internas de uno de esos pilares de un Estado de bienestar en el que cada vez se generaliza más el malestar: el sistema público de pensiones.
La Seguridad Social se basa, como es sobradamente conocido, en un sistema de reparto por el cual los jubilados actuales perciben sus pensiones no con cargo a lo que fueron contribuyendo a lo largo de su vida laboral, sino de las cotizaciones de los trabajadores actuales. Se trata de una organización piramidal que está condenada a desmoronarse en algún momento –esto es, o a incrementar las cotizaciones que han de pagar los trabajadores o a reducir las pensiones que perciben los pensionistas– y que por tanto no puede asegurar de manera sostenible el bienestar de las clases trabajadoras (pese al mito de que son la máxima expresión de la "solidaridad intergeneracional").
Muchos y diversos economistas de todos los signos –algunos de los cuales incluso terminaron integrando el Gobierno de Zapatero tras renegar de sus ideas– vienen advirtiendo desde hace varias décadas de estos riesgos, agravados especialmente en España por una evolución demográfica caracterizada por el fuerte ritmo de envejecimiento poblacional.
El PSOE nunca dudó en atribuir a la derecha el fantasma de querer despojar a los jubilados de sus pensiones, azuzando un pánico infundado mediante el que cosechar votos. Es poco probable que el PP en algún momento se haya planteado seriamente la posibilidad de transitar hacia un sistema de capitalización –donde el patrimonio de los asalariados crece de manera exponencial hasta el momento en que deciden jubilarse–, pero en cualquier caso ninguno de los planes que estudian cómo implementar este cambio contemplan la posibilidad de despojar de sus derechos ya devengados a los pensionistas. Más bien se trata de ir desmontando el sistema poco a poco, evitando que nuevos trabajadores pasen a integrar este timo piramidal.
Pero lo cierto es que quien ha terminado por rebajar las pensiones (al incrementar el período de cálculo de las mismas hasta toda la vida laboral) y por retrasar su cobro han sido los propios socialistas que hasta hace poco insultaban a quienes pronosticaban –incluso dentro de sus filas, como ilustra el caso del socialista Miguel Ángel Fernández Ordóñez– que tal escenario devendría inevitable debido a las desnortadas políticas económicas que estaba siguiendo el PSOE.
Y es que no conviene olvidar que a este punto hemos llegado por la negativa estructural de los socialistas a sustituir el actual sistema de reparto por uno de capitalización y por su oposición coyuntural a reformar el mercado laboral.
Al final todo está sucediendo tal y como era de esperar: el sistema público de pensiones nos lleva a trabajar más para cobrar menos. Ese debe ser el paradigma de derechos sociales por los que tantos golpes en el pecho están acostumbrados a darse los socialistas.
Consecuencia de esta obcecación socialista, en los últimos años se han destruido más de dos millones y medio de empleos, disparando el déficit público hasta unas tasas pocas veces vistas en nuestra historia y acelerando las contradicciones internas de uno de esos pilares de un Estado de bienestar en el que cada vez se generaliza más el malestar: el sistema público de pensiones.
La Seguridad Social se basa, como es sobradamente conocido, en un sistema de reparto por el cual los jubilados actuales perciben sus pensiones no con cargo a lo que fueron contribuyendo a lo largo de su vida laboral, sino de las cotizaciones de los trabajadores actuales. Se trata de una organización piramidal que está condenada a desmoronarse en algún momento –esto es, o a incrementar las cotizaciones que han de pagar los trabajadores o a reducir las pensiones que perciben los pensionistas– y que por tanto no puede asegurar de manera sostenible el bienestar de las clases trabajadoras (pese al mito de que son la máxima expresión de la "solidaridad intergeneracional").
Muchos y diversos economistas de todos los signos –algunos de los cuales incluso terminaron integrando el Gobierno de Zapatero tras renegar de sus ideas– vienen advirtiendo desde hace varias décadas de estos riesgos, agravados especialmente en España por una evolución demográfica caracterizada por el fuerte ritmo de envejecimiento poblacional.
El PSOE nunca dudó en atribuir a la derecha el fantasma de querer despojar a los jubilados de sus pensiones, azuzando un pánico infundado mediante el que cosechar votos. Es poco probable que el PP en algún momento se haya planteado seriamente la posibilidad de transitar hacia un sistema de capitalización –donde el patrimonio de los asalariados crece de manera exponencial hasta el momento en que deciden jubilarse–, pero en cualquier caso ninguno de los planes que estudian cómo implementar este cambio contemplan la posibilidad de despojar de sus derechos ya devengados a los pensionistas. Más bien se trata de ir desmontando el sistema poco a poco, evitando que nuevos trabajadores pasen a integrar este timo piramidal.
Pero lo cierto es que quien ha terminado por rebajar las pensiones (al incrementar el período de cálculo de las mismas hasta toda la vida laboral) y por retrasar su cobro han sido los propios socialistas que hasta hace poco insultaban a quienes pronosticaban –incluso dentro de sus filas, como ilustra el caso del socialista Miguel Ángel Fernández Ordóñez– que tal escenario devendría inevitable debido a las desnortadas políticas económicas que estaba siguiendo el PSOE.
Y es que no conviene olvidar que a este punto hemos llegado por la negativa estructural de los socialistas a sustituir el actual sistema de reparto por uno de capitalización y por su oposición coyuntural a reformar el mercado laboral.
Al final todo está sucediendo tal y como era de esperar: el sistema público de pensiones nos lleva a trabajar más para cobrar menos. Ese debe ser el paradigma de derechos sociales por los que tantos golpes en el pecho están acostumbrados a darse los socialistas.
Libertad Digital - Editorial
La crisis supera al Gobierno
LA revisión del sistema de pensiones era un obligación que antes o después tendría que abordar el Gobierno, cualquiera que fuera el partido que lo ocupara. Se trata de una necesidad estructural del Estado de Bienestar, precisamente para mantenerlo y adaptarlo ante el cambio sustancial que ya se está produciendo en la configuración demográfica de España. Sin embargo, la tardanza del Gobierno socialista en asumir esta responsabilidad ha convertido la necesidad en urgencia, porque no sólo ya es una realidad el envejecimiento de la sociedad española, sino también el agotamiento de los fondos públicos para asumir a largo plazo todo el conjunto de prestaciones sociales comprometidas por el Gobierno en tiempo de bonanza. Las soflamas de Rodiezmo han quedado superadas por una realidad que era bien visible para quien quisiera verla. Los datos económicos de los últimos días terminan de explicar las razones por las que Rodríguez Zapatero se ha visto obligado a aprobar unas medidas de reforma de las pensiones que contradicen aspectos nucleares de su discurso social. Habrá que trabajar más años para cobrar la pensión, porque cada vez hay más pensionistas y, como dio a conocer ayer el Instituto Nacional de Estadística, menos trabajadores y más desempleados. Con una tasa de paro de 18,83 por ciento, más de 4.300.000 parados, un déficit de las administraciones públicas que llega al 11,4 del Producto Interior Bruto, unas previsiones tan pesimistas que anulan 2010 como el año de la recuperación y con la desconfianza de nuestros socios europeos, es imposible pensar que sólo con subsidios, más impuestos y buenas palabras se podrá salir de la crisis.
Nada va a ser igual cuando la crisis acabe. La inmigración ya no cubre las carencias demográficas de la sociedad española y la tasa de paro se mantendrá constante en porcentajes altos durante varios años porque no habrá crecimiento suficiente para generar empleo. Al final, el socialismo español ha tenido que asumir que los hechos son más tozudos que el optimismo antropológico de Zapatero. Ayer, el Consejo de Ministros «tocó» el Estado de Bienestar para endurecer progresivamente el acceso a las pensiones. Lo principal es que se aumentará la edad de jubilación hasta los 67 años y se ampliarán los años de vida laboral para calcular la pensión. No bastarán con estas medidas, aunque supongan un primer paso necesario, porque el problema de las pensiones no es sólo su coste. El mercado laboral está en quiebra: mantiene en el paro a más del 40 por ciento de los jóvenes, cuyas expectativas laborales se reducirán con la ampliación de la edad de jubilación si esta medida no es flexible en la identificación de trabajos que sí pueden desempeñarse hasta los 67 años. Otros son impensables hasta esta edad. Al mismo tiempo es necesario actuar contra las prejubilaciones, una contradicción insalvable con la decisión de ampliar la vida laboral y una brecha por la que el mercado pierde talento y experiencia. Está bien que el Gobierno quiera que el trabajador tarde más tiempo en salir del mercado laboral, pero tiene que tomar medidas para lograr que entren en él los que están fuera. Por ahora, ha tenido que aceptar -como le pedían expertos, autoridades y el PP, no sin ser replicados de manera insultante en muchos casos- que el sistema actual de pensiones es inviable. Le faltan más rectificaciones en el mercado laboral, la función pública y el sistema de impuestos. Ha llegado tarde a las pensiones y no puede permitirse llegar más tarde al resto.
ABC - Editorial
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