Antitabaquismo radical

La ley aprobada por el Congreso acaba con la permisividad y el incumplimiento actuales.

La ley antitabaco en vigor en España desde el 1 de enero de 2006 es una de las más permisivas y menos respetada de Europa. En un movimiento pendular, el Congreso de los Diputados ha aprobado una nueva norma que, además de prohibir el humo en todos los lugares públicos cerrados, va a ser la primera del continente que ponga coto al tabaco en determinados espacios abiertos, como los accesos a hospitales. Se trata de una ley radical, aún más ambiciosa que la que proponía el Ministerio de Sanidad y en la que se han impuesto dos argumentos de peso: la protección de los no fumadores (el 70% de la población) y la protección de los menores. Solo resta un último trámite parlamentario (su paso por el Senado), del que no se esperan modificaciones sustanciales debido a los equilibrios políticos existentes en la Cámara alta, donde la izquierda y los nacionalistas vascos y catalanes están en mayoría frente al PP, que hubiera preferido establecer pequeñas zonas de fumadores (peceras) en espacios públicos cerrados.

El papel que ha jugado el sector sanitario español en la elaboración de la norma ha sido determinante. Las 30 asociaciones profesionales que forman parte del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo han impuesto las tesis más duras sobre un hábito, el de fumar, que causa 60.000 muertos prematuros al año, de los cuales 1.500 son fumadores pasivos. Los grupos parlamentarios han terminado por aceptar que fumar, además de ser perjudicial para los que comparten un determinado espacio cerrado, es un mal ejemplo para los menores. De ahí la prohibición también en parques infantiles y recintos educativos, aunque estén al aire libre.

Los efectos devastadores del tabaquismo ya eran sobradamente conocidos en 2005, cuando el primer Gobierno de Zapatero aprobó la ley actual. Lo que ha cambiado desde entonces es la menor presión de dos sectores directamente implicados: la industria del tabaco y la hostelera. La primera lleva años adaptándose a las restricciones que se han impuesto en todo el mundo (Estados Unidos y una decena de países europeos, entre otros). La segunda se ha topado en el último lustro con análisis que han demostrado que el impacto económico de las medidas ha sido mínimo.

Una vez despejado el temor a perjudicar al importante sector hostelero español y alentados por una opinión pública favorable hacia una prohibición más drástica, los legisladores han optado finalmente por una ley cuya encomiable radicalidad es proporcional a las dramáticas consecuencias que el tabaquismo tiene para la salud pública. En el camino, se han resuelto con habilidad algunos obstáculos, permitiendo, por ejemplo, estancias para fumadores en los hoteles y admitiendo el consumo en los clubes de fumadores, con la exigencia de determinadas condiciones que impidan convertir la excepción en una previsible trampa.

El País - Editorial