LA lucha contra la delincuencia organizada es un elemento sustancial para una política eficaz de seguridad pública.
LA lucha contra la delincuencia organizada es un elemento sustancial para una política eficaz de seguridad pública. Como es lógico, los robos en cajeros, los hurtos en lugares públicos o los asaltos a domicilios generan una fuerte alarma social y su importancia no se debe minimizar. Sorprende por ello que el ministro del Interior haya ofrecido recientemente una imagen triunfalista de la actuación contra las bandas organizadas, con una peculiar presentación de los datos que minimiza el hecho de que la mitad de los delincuentes que operan en este ámbito sean extranjeros. Ello explica también que la población reclusa en determinadas instituciones penitenciarias alcance hasta el 60 por ciento de nacionales de otros países. Es preocupante el dato de que el número de nuevas bandas organizadas siga en aumento, siempre según los datos aportados por Pérez Rubalcaba.
Hacen falta nuevos instrumentos penales y policiales para la persecución eficaz de unos delincuentes que actúan con frecuencia agrupados bajo el control de individuos sin escrúpulos. En este sentido, la entrada en vigor dentro de unos meses de la reforma del Código Penal permitirá una tipificación más adecuada de las «organizaciones y grupos criminales» que no encajan en el modelo actual de la «asociación ilícita». Es necesario que los jueces se impliquen a fondo en la lucha contra unos actos punibles que, según el nuevo texto legal, «atentan contra la base misma de la democracia». Sería oportuno, asimismo, introducir en la ley de Enjuiciamiento Criminal un refuerzo para la posición del «confidente», una figura imprescindible para facilitar la acción policial. La opinión pública exige a Interior que actúe con realismo y eficacia frente a un problema cada día más grave.
ABC - Editorial
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