Frenar el caos aéreo

No parece casual que, justo cuando se está procediendo a la negociación colectiva entre la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) y AENA, ayer se registrase la ausencia de 39 controladores en el aeropuerto barcelonés de El Prat –lo que supone el 36,7 por ciento de la plantilla prevista–, a los que hay que sumar la baja de dos controladores en Valencia. Así, otro día más se sucedieron los retrasos en los aeropuertos españoles del mediterráneo –Valencia, Alicante, Palma, Ibiza...– que son los que registran mayor tráfico aéreo a causa de las vacaciones. Este episodio ya se vivió el domingo, cuando 28 de los 61 controladores del aeropuerto barcelonés no acudieron a su puesto de trabajo a causa de una baja médica. Ese día, el ministro de Fomento, José Blanco, emplazó a la Fiscalía a que investigase las bajas médicas de este colectivo, ya que se intuía que los controladores aéreos estaban recibiendo «consignas» para ejercer el absentismo laboral. Mientras, USCA anticipaba un «verano complicado» si AENA no plantea bien los turnos, al tiempo que su portavoz, Daniel Zamit, pedía a Blanco a que se «investigase hasta el final». Esto sucede cinco meses después de que Blanco, a través de un real decreto ley, modificase las condiciones laborales del colectivo, desde el aumento del número de horas trabajadas hasta la reducción del salario. En ese sentido, Zamit afirmó que puede que este número de bajas sea un efecto colateral del real decreto, que calificó como una «modificación unilateral de las condiciones de trabajo».

Desde algunos sectores se ha afirmado que la ausencia de este número significativo de controladores aéreos tiene una definición muy precisa: huelga encubierta. Afirmarlo categóricamente parece una audacia, pero lo cierto es que algo está sucediendo, puesto que USCA ha aprovechado la situación para decir que la nueva ley «no es buena», culpabilizándola de las bajas médicas de los controladores.

Evidentemente en cualquier negociación laboral existen los tiras y aflojas entre los trabajadores y las empresas, pero parece que, en esta ocasión, este colectivo ha vuelto a traspasar una línea roja que resulta contraproducente para todos, especialmente para los pasajeros, que son las primeras víctimas. Tanto el Ministerio de Fomento como los controladores quieren que se investiguen las bajas. Por ello, hay que ver si son concecuencia de una huelga encubierta o tienen fundamento. Los controladores aéreos saben que si se está produciendo absentismo laboral, éste es singularmente gravoso para nuestra economía y nuestro sector turístico, además de perjudicar la imagen de España en el exterior.

Hace bien el ministerio de Fomento, como es su responsabilidad, en investigar hasta las últimas consecuencias, bien para destapar las irregularidades, si las hubiese, o para conocer la realidad de este colectivo y descubrir la naturaleza de estas bajas. Pero, con todo, lo principal es que el conflicto entre los controladores y Fomento no lo paguen los de siempre: los ciudadanos.

La Razón - Editorial