La indolencia del Gobierno ante la campaña antitaurina catalana ha sido una muestra más de su incapacidad para actuar como una institución orientada a vertebrar y cohesionar el país.
SEGÚN lo previsto, el Parlamento catalán aprobó ayer la prohibición de las corridas de toros a partir de 2012. La mayoría parlamentaria a favor de la iniciativa prohibicionista se vio reforzada definitivamente con la libertad de voto que dio el Grupo Socialista a sus diputados. Aunque su opción fue mayoritariamente en contra de la abolición, las abstenciones y los votos favorables debilitaron cualquier posibilidad de mantener la Fiesta en Cataluña. Esta opción por la libertad de voto, aplicada normalmente a cuestiones graves de conciencia, ha sido un lavado de manos del PSC para no fijar un criterio único ante lo que ha constituido un desafuero contra la cultura, la historia y la tradición taurina de Cataluña. Y es, además, una hipocresía insuperable, porque tergiversa el respeto a la conciencia, aplicándolo a una fiesta multisecular, regulada administrativamente y con una proyección universal, y lo niega a cuestiones esenciales, como la instauración del aborto libre —es decir, de la impunidad de decenas de miles de muertes de seres humanos al año—, al que no ha llegado la extrema sensibilidad naturista de los antitaurinos catalanes. El ejemplo de la prohibición en Canarias, hace diecinueve años, es impertinente, porque en esta comunidad no había tradición taurina, ni se aprobó una norma específica contra las corridas de toros.
Esta prohibición antitaurina es otra muesca que puede hacer el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la lista de prohibiciones y restricciones impuestas a la sociedad española durante sus mandatos. La agenda social de la izquierda, empeñada en crear una sociedad a la medida de sus prejuicios, se está cumpliendo sin concesiones. Por otro lado, la indolencia del Ejecutivo central ante la campaña para la eliminación de las corridas de toros en Cataluña ha sido una muestra más de su incapacidad para actuar como una institución orientada a vertebrar y cohesionar el país. Aquel Zapatero que llegó al poder para calmar las crispaciones y las separaciones provocadas por los Gobiernos del Partido Popular es hoy una fuente de problemas para los ciudadanos y de tensiones para los territorios. El PP ha anunciado que presentará en el Congreso una proposición de ley para declarar las corridas de toros como fiesta de interés general, lo que trasladaría al Parlamento y al Gobierno nacionales la competencia para decidir sobre los espectáculos taurinos. Por tanto, el PSOE tendrá que retratarse ante un asunto que, para muchos millones de españoles, con argumentos más o menos apropiados, es una prueba de la indefensión en la que el socialismo ha dejado la idea nacional de España.
ABC - Editorial
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