martes, 22 de junio de 2010

Última prórroga para el TC

Hay algo incuestionable: el Estatuto catalán tiene preceptos inconstitucionales, y lo que discuten los magistrados del Tribunal Constitucional es cuántos deben ser anulados.

EL Tribunal Constitucional continuará hoy, y durante los próximos días, sus deliberaciones sobre la propuesta de sentencia que ha preparado su presidenta, María Emilia Casas, para la resolución del recurso del PP contra el Estatuto de Cataluña. La principal novedad frente a otros intentos fallidos de aprobar una decisión mayoritaria es que ahora es probable que se vote la constitucionalidad del Estatuto artículo por artículo, y no el borrador de sentencia en bloque. Este método de decisión es el único que puede desatascar la situación del TC porque no hay otro que permita formar mayorías definidas. Esta posibilidad disgusta al tripartito catalán, empeñado en torpedear las deliberaciones del TC con recursos dilatorios, que se suman a la campaña de presión política y de denigración de sus magistrados, configurando todos estos ataques una agresión sin precedentes al pilar del Estado constitucional, que es la supremacía de la Constitución. En gran medida se ha llegado a esta situación por la falta de determinación de la presidencia del TC para abordar las medidas necesarias para resolver pronto y sin más desgaste del necesario. El procedimiento de votar cada artículo por separado debió utilizarse antes, porque desde hace muchos meses era patente la división interna del TC.

En todo caso, hay algo incuestionable a estas alturas: el Estatuto tiene preceptos inconstitucionales, y lo que discuten los magistrados es cuántos deben ser anulados. Por tanto, la Constitución va a ser el parámetro de validez del Estatuto, no la voluntad «soberana» del Parlamento ni de los ciudadanos catalanes. Las reglas del Estado constitucional se basan en que toda norma debe respetar la Constitución, sin excepciones, y que solo existe una soberanía nacional, que es la del pueblo español. Sea votando en bloque el borrador de sentencia, sea votando artículo por artículo, el deber del TC es preservar la superioridad de la Constitución sobre cualquier ley, incluido un Estatuto aprobado por referéndum. El riesgo que han de evitar los magistrados al dictaminar la constitucionalidad de cada artículo es el de crear una sentencia internamente contradictoria e inaplicable, lo que podría suceder si se formaran distintas mayorías, a favor o en contra, para preceptos relacionados entre sí, de manera que unos fueran declarados inconstitucionales y otros no. Habrá que confiar en el sentido de la responsabilidad de los magistrados para actuar en consonancia con la trascendencia de la decisión que tienen que tomar. No es su prestigio profesional lo que está en juego, sino la continuidad de España como el Estado definido constitucionalmente por los españoles en 1978.

ABC - Editorial

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