En medio de la fuerte marejada, Bruselas no da tregua al Gobierno de Zapatero. En pleno debate sobre la reforma laboral, al mismo tiempo que se encarecen las nuevas emisiones de deuda pública y cuando arrecian las sospechas de la Prensa alemana sobre la fortaleza española, la Comisión Europea añadió ayer más presión a la olla de nuestra economía al exigir que el recorte del déficit para 2011 sea al menos de 17.500 millones de euros. Es decir, 7.500 millones más de los previstos por Madrid. El mensaje no puede ser más claro y perentorio: aunque los planes presentados en su día merecen el aprobado, las autoridades comunitarias reclaman más austeridad para que sean creíbles. Si se tiene en cuenta que esta petición se enmarca en el debate de Francia y Alemania para suspender el derecho al voto a los países deficitarios, al Gobierno español no le queda más opción que recoger el guante y ampliar el tijeretazo.
Lo que significa que los Presupuestos para el año próximo serán los más restrictivos de los últimos quince años. Pero no terminan aquí los «deberes» que Bruselas y los mercados han puesto a España para pasar de curso. En estos momentos hay cien mil ojos pendientes de la reforma laboral, de su alcance y profundidad. El Consejo de Ministros de hoy, adelantado para que el jueves Zapatero lleve a Europa su hoja de ruta, aprobará el decreto, cuyo contenido exacto ha estado rodeado de confusión, cortinas de humo e incógnitas. El farragoso y abstruso documento avanzado por el ministro de Trabajo el pasado viernes ha tenido la rara virtud de irritar por igual a sindicalistas, a empresarios y a los grupos parlamentarios, con el agravante de que ninguno de todos ellos se ha enterado con exactitud de qué reforma laboral propone el Gobierno. Al igual que sucedió con el tijeretazo social, cuyo contenido acordado a última hora sorprendió incluso a algunos ministros, existe la impresión de que el equipo de Zapatero actúa a trompicones e improvisadamente, y urgido por el compromiso de llevar a Bruselas un decreto, aunque éste pueda sufrir luego modificaciones en su tramitación parlamentaria. En suma, el Gobierno aplica a esta reforma su peculiar filosofía de hacerla «como sea» para salir del trance. En este contexto, lo de menos es que UGT y CC OO convoquen un simulacro de huelga general para el 29 de septiembre, día que ya estaba reservado por los sindicatos europeos para una protesta genérica contra la crisis. Lo relevante es que los mercados no aceptarán una reforma cosmética y castigarán severamente aquella que no reciba el apoyo inequívoco de los empresarios y de los partidos de centroderecha. De los tres ejes de ataque sobre los que pende la credibilidad de la economía española (déficit público, deuda global y reforma laboral), el del mercado de trabajo es el de más largo alcance y el más sensible para ganarse la credibilidad internacional. Sería sumamente grave que el Gobierno no apreciara la trascendencia que para el futuro de España tiene la reforma laboral y la abordara como un simple trámite de obligado cumplimiento. Por eso, el Consejo de Ministros de hoy debe estar a la altura del reto, que es histórico.
La Razón - Editorial
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