El principio del fin

Decíamos ayer que, salvo que el Gobierno rectificara al menos en el tijeretazo a los pensionistas, los grupos de la oposición no podían respaldar un decretazo injusto ni prestar un aval político a un gabinete que ha fracasado y cuyo tiempo ha expirado. El debate para la convalidación de las medidas de ajuste del gasto y la reducción del déficit público en el Congreso evidenció ayer la soledad del Ejecutivo y la extrema debilidad política de un equipo sin pulso, resignado y sobrepasado por los acontecimientos. El decreto salió adelante por un solo voto de diferencia y únicamente contó con el lógico apoyo de los diputados socialistas, frente al «no» del PP, PNV, IU y otros minoritarios. La abstención de CiU, como la de Coalición Canaria y UPN, impidió el escenario de ruptura y quiebra que suponía la derrota del Ejecutivo en una sesión clave, y que hubiera abocado a un desenlace electoral. En la posición de CiU confluyó tanto el interés de Artur Mas de no provocar la caída del Gobierno a pocos meses de las elecciones catalanas como el temor de Duran Lleida a unos posibles efectos negativos que pudieran tener para la economía española su rechazo. Cabe señalar que el portavoz de CiU, Duran Lleida, realizó un discurso brillante y contundente. Una vez más estuvo a la altura de las circunstancias cuando dirigió su ataque al presidente – «El problema es usted y su Gobierno»– y exigió elecciones anticipadas como la única salida a la encrucijada actual.

El PP rechazó el decretazo porque tenía suficientes argumentos para ello. En palabras de Mariano Rajoy, las medidas eran «improvisadas, insuficientes e injustas» y no reactivarán la economía. «¿De verdad no había 1.500 millones de euros en los presupuestos que reducir antes que recortárselos a los pensionistas?», sentenció Rajoy en una pregunta que resume las carencias del plan. El líder de la oposición respondió a las expectativas y demostró de nuevo su sentido de Estado para no refrendar un castigo «a los más débiles». La reducción del déficit es necesaria, pero no la planteada. La puesta en escena del Gobierno resultó también decepcionante. Que Zapatero rehuyera la responsabilidad de defender el decretazo en la Cámara y la dejara en manos de la vicepresidenta Salgado, desautorizada repetidamente e imagen pública del fracaso y la impotencia del Ejecutivo, fue una decisión errónea e inexplicable. El presidente debió dar la cara, porque la cita era trascendente y el Gobierno y el país se jugaban lo suficiente para no delegar funciones.

Si uno de los objetivos principales de la sesión era calibrar la fortaleza del Gobierno para dirigir la etapa de sacrificios que se avecina y el respaldo social a los ajustes, el balance fue desolador para los socialistas. Soledad y fragilidad. No cuenta ni con apoyos parlamentarios ni con la adhesión de la sociedad ni con el respaldo de los sindicatos, que amagan con una huelga general si se impone la reforma laboral. La jornada retrató a un Gobierno que agoniza entre bandazos, cuando la situación del país demanda un equipo fuerte, unido y que genere confianza. Los socialistas han fracasado y cuanto antes lo asuman, mejor para todos. Hay que convocar a los ciudadanos a las urnas para que decidan en quién depositan su crédito. Es una necesidad democrática.

La Razón - Editorial