EL recorte de altos cargos y empresas públicas decidido en el último Consejo de Ministros ha sido un espejismo de austeridad para compensar el descontrol del gasto en personal público que se está acumulando desde principios de año.
El Gobierno suprimió varias direcciones generales; incluso alguna vacante desde hacía semanas, y otros puestos, pero el ahorro de esta medida rondará sólo los dieciséis millones de euros. Además, en muchos casos eran puestos ocupados por funcionarios de carrera, que siguen, como es obvio, al servicio de la Administración. El problema, sin embargo, reside en los gastos discrecionales relativos a la contratación de personal eventual y a los incentivos. En el mes de marzo se ha producido un desfase presupuestario del 8,6 por ciento. Es decir, se está gastando en esas partidas mucho más de lo previsto. En total, 161 millones de euros.
Estos datos demuestran que el Gobierno no tiene una voluntad real de aplicar un recorte drástico a los gastos de personal, sobre todo cuando es posible hacerlo sin tener que alterar la situación de los funcionarios de carrera. El debate sobre la función pública, como uno de los agujeros del déficit, debe contar con datos reales, más allá de la demagogia y el populismo.
Estos datos demuestran que el Gobierno no tiene una voluntad real de aplicar un recorte drástico a los gastos de personal, sobre todo cuando es posible hacerlo sin tener que alterar la situación de los funcionarios de carrera. El debate sobre la función pública, como uno de los agujeros del déficit, debe contar con datos reales, más allá de la demagogia y el populismo.
El descontrol presupuestario se centra en los gastos que el Gobierno puede evitar perfectamente, simplemente decidiendo no contratar más personal eventual y estableciendo reglas de eficiencia en el trabajo de los funcionarios. Lo mismo, y con igual rigor, cabe decir de las administraciones autonómicas, emplazadas a asumir su cuota de responsabilidad en la contención del gasto no productivo.
El Gobierno está jugando irresponsablemente con la situación del déficit. Habría estado más justificada la supresión de ciertos ministerios -como le ha demandado el Parlamento en más de una ocasión- que la de algunas direcciones generales eliminadas el pasado viernes. Es inútil recortar el gasto de personal en dieciséis millones cuando, al mismo tiempo, se siguen contratando eventuales. La gestión interna de la Administración Central del Estado y de las administraciones autonómicas debe basarse en los funcionarios, y si se quiere realmente contribuir al control del gasto público hay que empezar por suprimir las legiones de asesores y gabinetes que pueblan los edificios públicos y supervisar el destino de cada céntimo. Mientras no se afronte esta hemorragia de los gastos corrientes, decisiones como la del Consejo de Ministros del pasado viernes quedarán reducidas a un brindis al sol.
El Gobierno está jugando irresponsablemente con la situación del déficit. Habría estado más justificada la supresión de ciertos ministerios -como le ha demandado el Parlamento en más de una ocasión- que la de algunas direcciones generales eliminadas el pasado viernes. Es inútil recortar el gasto de personal en dieciséis millones cuando, al mismo tiempo, se siguen contratando eventuales. La gestión interna de la Administración Central del Estado y de las administraciones autonómicas debe basarse en los funcionarios, y si se quiere realmente contribuir al control del gasto público hay que empezar por suprimir las legiones de asesores y gabinetes que pueblan los edificios públicos y supervisar el destino de cada céntimo. Mientras no se afronte esta hemorragia de los gastos corrientes, decisiones como la del Consejo de Ministros del pasado viernes quedarán reducidas a un brindis al sol.
ABC - Editorial
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