HAY ofertas de buena fe que dejan de serlo cuando quien las hace no advierte de todos los compromisos que conlleva aceptarlas.
Esto es lo que ha pasado con las ayudas del Gobierno a los compradores de coches y a los inquilinos jóvenes de vivienda. Unos y otros tendrán que declarar esas ayudas como ingresos recibidos durante 2009 y, en muchos casos, satisfacer unos impuestos que quizá, sin tales subvenciones, no habrían tenido que pagar. Así será posible que el Gobierno recupere más de 40 millones de los 150 que invirtió en el plan de reactivación de la industria automovilística.
Lo reprochable de la actuación del Gobierno no es que aplique las normas fiscales y confíe en la recuperación, por vía tributaria, de parte de los fondos gastados, sino que presentara las ayudas como un gasto público a fondo perdido que tendría su retorno por otros impuestos y por otros beneficios a medio plazo, como el mantenimiento de fábricas, la conservación de puestos de trabajo y la confianza de las empresas extranjeras. Para muchos contribuyentes, la declaración de esas ayudas puede suponer un salto en el tramo del impuesto sobre la renta o incluso empezar a presentar declaraciones que, por sus ingresos, no tenían obligación de realizar. No cabe duda de que las repercusiones fiscales de las ayudas del Gobierno van a ser un regalo envenenado.
Lo exigible a toda política de ayudas económicas es que el Gobierno fije las condiciones y las consecuencias, para que los ciudadanos tengan toda la información necesaria a fin de decidir si acuden a ellas o no. Por legal que sea el pago de impuestos por las subvenciones, la actuación del Ejecutivo presenta un tono desleal con el contribuyente, que puede asimismo volverse en su contra al convertirse en un nuevo motivo de desconfianza, añadido a todos los que el Gobierno ha ido creando en su gestión de la crisis. Este es el problema político más grave de la situación económica de España, la falta de un Gobierno que hable con claridad y sinceridad, sin dobleces ni eufemismos.
Lo reprochable de la actuación del Gobierno no es que aplique las normas fiscales y confíe en la recuperación, por vía tributaria, de parte de los fondos gastados, sino que presentara las ayudas como un gasto público a fondo perdido que tendría su retorno por otros impuestos y por otros beneficios a medio plazo, como el mantenimiento de fábricas, la conservación de puestos de trabajo y la confianza de las empresas extranjeras. Para muchos contribuyentes, la declaración de esas ayudas puede suponer un salto en el tramo del impuesto sobre la renta o incluso empezar a presentar declaraciones que, por sus ingresos, no tenían obligación de realizar. No cabe duda de que las repercusiones fiscales de las ayudas del Gobierno van a ser un regalo envenenado.
Lo exigible a toda política de ayudas económicas es que el Gobierno fije las condiciones y las consecuencias, para que los ciudadanos tengan toda la información necesaria a fin de decidir si acuden a ellas o no. Por legal que sea el pago de impuestos por las subvenciones, la actuación del Ejecutivo presenta un tono desleal con el contribuyente, que puede asimismo volverse en su contra al convertirse en un nuevo motivo de desconfianza, añadido a todos los que el Gobierno ha ido creando en su gestión de la crisis. Este es el problema político más grave de la situación económica de España, la falta de un Gobierno que hable con claridad y sinceridad, sin dobleces ni eufemismos.
ABC - Editorial
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