CADA vez resulta más evidente que las causas del inaceptable retraso del Tribunal Constitucional en dictar la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña no son las dudas jurídicas sobre sus disposiciones, sino los equilibrios que está pretendiendo realizar su presidenta, María Emilia Casas, para lograr una mayoría amplia a favor de una sentencia que, ante todo, disimule en lo posible las inconstitucionalidades notorias del texto. Nuevamente, como hoy informa ABC, el TC está bloqueado por una partición -cinco frente a cinco- que se mantiene inalterada ante la ponencia de la magistrada Elisa Pérez Vera. Son ya cuatro los borradores de sentencia que han sido descartados por los magistrados, número suficiente para que la presidenta Casas se hubiera planteado la conveniencia de sustituir a Pérez Vera por otro ponente que pueda mejorar las expectativas de acuerdo. Este es el planteamiento que ha ido cuajando en los magistrados más críticos con el texto estatutario, quienes, con razón, entienden que es hora de desbloquear la situación con un cambio de ponente. Si los criterios que rigen los debates son estrictamente jurídicos, la presidenta Casas debería considerar esta posibilidad. No es aceptable que persevere en unos borradores de sentencia que no cuentan con el aval de la mayoría. Por tanto, o cambia de ponente o somete a votación, de una vez por todas, la sentencia que presente la magistrada Pérez Vera, aunque esto suponga para Casas tener que utilizar ese voto de calidad que rehúye. Este tipo de prevenciones personales debe quedar a un lado cuando está en juego la estabilidad del sistema constitucional, que es lo que TC está descuidando flagrantemente. Los compromisos incómodos, incluso las encrucijadas históricas, son inherentes a un cargo como el de presidente del TC. Lo importante de la sentencia del TC sobre el Estatuto de Cataluña no es que quede redactada de manera que alivie el peso de la responsabilidad a sus firmantes -como lo sería una sentencia interpretativa, la más peligrosa de las fórmulas por las que puede optar el TC-, sino que aclare definitivamente si se mantiene el Estado constitucional de 1978, unitario y autonómico, o se da paso a un Estado confederal, creado por el atajo de una reforma estatutaria, no de la Constitución. Si hay una mayoría, a favor o en contra del Estatuto catalán, debe dar la cara en una sentencia que es urgente e inaplazable.
ABC - Editorial
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