lunes, 23 de noviembre de 2009

El Estatut, ¿último paso hacia la independencia?. Por Antonio Casado

El Estatut se ha convertido en un agujero negro en el funcionamiento de una parte del Estado. Con efectos contagiosos en el resto. Y así seguirá siendo mientras el Tribunal Constitucional siga sin pronunciarse sobre los 120 artículos impugnados por el PP y los siete motivos de inconstitucionalidad apreciados por el Defensor del Pueblo, amén de tres recursos más. Todos ellos redundantes en las principales cuestiones de fondo: identidad, bilateralidad, uso de la lengua, derechos históricos y símbolos nacionales.

El retraso es una fuente de inseguridad jurídica, sobre todo en Cataluña, porque el Parlamento autonómico no ha dejado de parir leyes, decretos, normas y disposiciones diversas sobre unas bases legales puestas en cuestión. En cualquier momento pueden quedar abolidas si el alto tribunal considera inconstitucionales dichas bases, tal y como figuran en el vigente Estatuto de Autonomía (223 artículos, 15 disposiciones adicionales, dos transitorias, una derogatoria y cuatro finales) ratificado en referéndum ya hace más de tres años.

Es una aberración legislar en el vacío. Pero mayor aberración es saberlo con tres años de retraso. Salvo que aceptásemos las tesis del profesor Pérez Royo. Sostiene este catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla que ni el Tribunal Constitucional ni nadie puede enmendar la plana a los órganos de la soberanía nacional, en tanto que éstos ostentan la plena capacidad legislativa y, por tanto, vienen a ser la fuente del ordenamiento jurídico.

Pero eso parece inaceptable. Si eso fuera así, la fuente del Derecho sería no ya contingente sino de una levedad insoportable, pues contingente y ocasional es la naturaleza de la representación política personalizada en la figura de los parlamentarios elegidos cada cuatro años. Se supone que el Tribunal Constitucional sirve para preservar y garantizar lo que hay de permanente en el ordenamiento jurídico, frente a las pretensiones de desbordarlo por parte de, por ejemplo, los nacionalismos periféricos. O. simplemente, frente a las veleidades de los partidos políticos cuyos principales responsables se sientan en el Parlamento.

Según nos cuenta un periódico madrileño, en su segunda entrega sobre la marcha de las deliberaciones internas del tribunal, se trataría precisamente de evitar que del texto del Estatuto se pudiera inferir el “derecho a la nacionalidad”. Algo así como el paso previo para justificar antes o después la independencia de Cataluña. Por eso, al parecer, las discusiones se están centrando en los artículos relacionados con la identidad, los derechos históricos y los símbolos nacionales, que aparecen reñidos con el artículo 2 de la Constitución Española, donde se proclama el principio de soberanía nacional única e indivisible.

En definitiva, se trataría de impedir ese desbordamiento de la Constitución Española al que de forma más o menos explícita aspiran los nacionalistas catalanes, incluidos aquellos que, como Montilla y otros dirigentes del PSC, no llevan el nacionalismo en la biografía aunque se comporten como tales.

El confidencial - Opinión

Héroes y villanos. Por Emilio Campmany

Estatut.
La responsabilidad del retraso corresponde a María Emilia Casas, decidida a no sacar la sentencia hasta que no contara con votos suficientes. Atribuirla al magistrado que vota según su conciencia es la prueba de la degradación de nuestra democracia.

El Gobierno esperaba poder lograr del Tribunal Constitucional una sentencia que, en lo sustancial, avalara la constitucionalidad del Estatuto de Cataluña. Contaban con que la cosa se resolvería con un seis a seis que la presidenta, María Emilia Casas, podría resolver a favor del Estatuto deshaciendo el empate con su voto de calidad. Cuando se aceptó la recusación de Pablo Pérez Tremps, contaminado por haber ya opinado a solicitud de la Generalidad acerca de la conformidad del Estatuto con la Constitución, el voto de calidad de la presidenta devino inútil, ya que, al ser once los magistrados que podían votarla, no cabía que hubiera ningún empate que deshacer. Ganarían seis a cinco los que estaban en contra de la constitucionalidad del Estatuto.

Para evitar que ocurriera esto, María Emilia Casas metió los papeles en un cajón y se sentó a esperar. Para poder seguir esperando hubo que reformar la Ley del Tribunal y que Casas pudiera seguir siendo su presidenta pasados los tres años que fija la Constitución. Tuvo igualmente que resolverse que esta Ley no era inconstitucional, a pesar de serlo. Para poder hacerlo, hubo que crear una mayoría artificial recusando a dos magistrados conservadores con el pretexto de que ya se habían pronunciado sobre el asunto, ignorando que lo hicieron precisamente porque la propia presidenta les había pedido que lo hicieran.

Finalmente, ocurrió algo. Roberto García-Calvo, uno de los magistrados conservadores contrario a la constitucionalidad del Estatuto, murió. Se supuso que entonces la votación alcanzaría un nuevo empate, esta vez a cinco, y que María Emilia Casas podría deshacerlo con su voto de calidad. Elisa Pérez Vera, progresista, fue encargada de la redacción de la ponencia que salvaría al Estatuto. Pero saltó la sorpresa. La ponencia fue rechazada seis a cuatro porque un magistrado del bloque progresista, un héroe llamado Manuel Aragón Reyes, decidió votar en contra.

Tan asumido tienen políticos, magistrados y periodistas de izquierdas que lo que tienen que hacer los jueces es votar conforme a lo que les ordenan los partidos que los han colocado, que la crónica de El País de este domingo nos cuenta sin rubor que los demás magistrados "no dejan de atribuir a Manuel Aragón la responsabilidad de lo que ha pasado por ‘hacer la guerra por su cuenta’". "Hacer la guerra por su cuenta", es decir, votar lo que uno en conciencia cree ser conforme a Derecho, es precisamente lo que tiene que hacer todo juez. La responsabilidad del retraso padecido corresponde a María Emilia Casas, decidida a no sacar una sentencia hasta que la constitucionalidad del Estatuto no contara con votos suficientes en el pleno. Atribuirla al magistrado que vota obedeciendo a su conciencia y no al partido que lo avaló es la prueba palpable de la extrema degradación que ha alcanzado nuestra democracia.

Naturalmente, El País no es capaz de esperar siquiera un día para emprender una campaña de desprestigio del traidor. Su cronista nos cuenta que la "extraña" conducta del magistrado progresista se debe a que quiere ser presidente del alto tribunal el, me temo que todavía lejano, día que María Emilia Casas deje de serlo y que, como no cuenta con los votos de los de su cuerda, quiere ganarse el de los conservadores alineándose con ellos en lo del Estatuto de Cataluña. Si es cierto, repugna. Si no es más que una campaña de desprestigio, también. Lo peor es que una de las dos cosas tiene que ser verdad.

Libertad Digital -Opinión

Retórica insostenible

EN el acto central de la campaña «Nuevas Energías» celebrado ayer, Rodríguez Zapatero anunció que el Consejo de Ministros del próximo viernes aprobará -por fin- el proyecto de ley de Economía Sostenible, uno de los secretos mejor guardados por el Ejecutivo, que pretende convertir también el asunto en el eje de la próxima Conferencia de presidentes autonómicos. Mientras alguien en La Moncloa termina de poner orden en las ocurrencias formuladas desde diversos Ministerios, el presidente del Gobierno pide el apoyo de las fuerzas sociales y económicas y exige más que solicita el consenso de todos los partidos, con particular referencia al PP, al que reprocha de antemano que sólo se dedique a desgastar al PSOE. Lo más sorprende es que se pida a los demás que suscriban un texto que nadie conoce. De momento, todo se mueve, como siempre, en el nivel de la retórica grandilocuente: una economía «sostenible» frente a otra «insostenible», fuente de desastres urbanísticos y crecimiento disparatado, todo ello aderezado de referencias genéricas al I+D+i, las energías renovables, la educación de calidad y la internacionalización de las empresas. Como de costumbre, son palabras vacías de contenido que por un extraño milagro deberían llevar a España a salir «reforzada» de la crisis económica.

Al grito de «Zapatero, no estás solo», el PSOE intentó ayer disimular el deterioro acelerado del Gobierno en un acto concebido para resaltar la unidad del partido, incluidos Felipe González y otros dirigentes históricos. Sin embargo, las cosas no se arreglan a base de propaganda para vender humo ni con adaptaciones supuestamente modernas de una ideología trasnochada. Seguimos sin saber en qué consiste la ley de Economía Sostenible, ni qué disposiciones legales se van a modificar, ni qué virtudes mágicas se ofrecen para crear empleo y generar confianza en la sociedad española. Cuando los agentes sociales y políticos sepan de qué se trata, podrán pronunciarse con conocimiento de causa. Por ahora, ni siquiera el Consejo de Estado y otros órganos llamados a emitir informes consultivos tienen visos de poder pronunciarse puesto que las instrucciones de Presidencia eran muy claras en el sentido de evitar materias que exigieran dictámenes previos. Todo hace sospechar que estamos en presencia de un texto plagado de generalidades. No obstante, las normas jurídicas deben contener mandatos precisos y la realidad económica exige medidas específicas orientadas a la creación de empleo y el dinamismo empresarial.

ABC - Editorial

Dilema constitucional

El debate del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña, ya en su recta final, se decanta cada vez más nítidamente hacia una sentencia adversa para esta norma. Así lo indica el consenso de los 10 magistrados para excluir del Preámbulo la tácita alusión a Cataluña como "nación" y podar del Título Preliminar las referencias a los "símbolos nacionales" y los "derechos históricos", así como la conformación de una cada vez más sólida mayoría que aprecia tachas de inconstitucionalidad en al menos 40 de los 126 artículos impugnados, hace ya tres años, por el PP. El curso que han tomado las deliberaciones permite presagiar que la vieja aspiración de que el alto tribunal dictase una sentencia salomónica, sin vencedores ni vencidos, ha quedado definitivamente arrumbada. Si los aspectos identitarios del texto -por emocionales, menos objetivables que los de orden com-petencial- no superan el cedazo constitucional, la letra pequeña de la sentencia pasará inadvertida para muchos. La mayoría de los catalanes acogerá el fallo como una derrota de Cataluña; y el PP, como una victoria en toda regla.

Sólo desde una falsa ingenuidad se puede pretender que el Constitucional es un órgano jurisdiccional inmune a la política. Primero, porque sus integrantes son designados por los dos grandes partidos, que articulan las mayorías parlamentarias precisas para los nombramientos preservando sus respectivas cuotas. Segundo, porque le corresponde arbitrar entre los poderes públicos, incluidos los principales grupos parlamentarios. Y tercero, porque la jurisdicción ordinaria se limita a aplicar las leyes, mientras que la misión del Constitucional, como sumo intérprete de la Ley Fundamental, es velar por que el legislador la respete en su letra y en su espíritu. Si política es su función, políticos son también los efectos de sus sentencias. Y mucho de lo que las rodea.

A la campaña del PP contra el Estatuto, cuñas radiofónicas y recogida de firmas incluidas, le siguió, una vez interpuesto el recurso, una guerra de recusaciones que dejó en la cuneta a un juez del bloque progresista en teoría proclive a la constitucionalidad del texto. Tampoco es ajeno a la política el hecho de que PSOE y PP no hayan sustituido a los cuatro magistrados cuyo mandato expiró en 2007, ni al fallecido Roberto García-Calvo.

Con estos precedentes, es obvio que la sentencia del Estatuto, al parecer inminente, tendrá por fuerza efectos políticos. El primero será la radicalización de CiU, que, en pugna con ERC, esgrimirá el varapalo para completar su tránsito del moderantismo al soberanismo. Pero el más profundo será el apuntado ayer por el presidente de la Generalitat, José Montilla: una lectura restrictiva de la Constitución, ajena a su espíritu integrador, debilitaría a la legión de catalanes que quieren sentirse cómodos en una España que reconozca su pluralidad. Agravar el problema catalán o encauzarlo. Ése es el dilema que afronta el Constitucional.

El País - Editorial

La Ley de Economía Insoportable. Por José García Domínguez

Incurrirá en delito de lesa patria quien recuerde que toda esa charlatanería ecológica y renovable es la responsable única de que el coste del kilovatio hora para las familias españolas haya crecido un 23 por ciento desde 2008.

Después del almibarado tránsito de Zapatero por el BOE, el derecho inalienable a la gramática tendría que incorporarse a la Declaración Universal de los Derechos Humanos por el procedimiento de urgencia. Amén de ser una reparación de justicia, constituiría el primer paso para la muy necesaria inclusión de la cursilería y el kitsch como delitos tipificados en el Código Penal. No obstante, mientras ese ansiado día llega, habremos de asistir a nuevos crímenes impunes contra la semántica; como ése de llamar "Ley de Economía Sostenible" al último contubernio de Salgado, Méndez y Cía. De hecho, cuando se sancione la norma, todos deberíamos guardar dos minutos de silencio, el primero por el sentido común, el otro por el sentido del ridículo. Y ello, aunque sólo fuera porque, en economía, lo único en verdad insostenible consiste en pretender que las leyes que rigen la producción y el intercambio de mercancías se plieguen a lo que mande el Gobierno de turno en un trozo de papel timbrado.

En fin, si en Lenin el socialismo consistía en la electrificación más los soviets, para Zapatero reside en despreciar el viejo concepto burgués de coste económico más unos cuantos caramelos de fresa retórica. Así, consecuente con la inconsistencia de su mentor, el primer plan quinquenal rosa se fundamentará en seguir apuntalando las energías de cuento de hadas en el imaginario progre vía primas, subsidios, presentes, dádivas, ofrendas y otros dones varios a los proveedores parasitarios de ese humo insostenible. Es decir, las manos muertas del siglo XIX transplantadas al XXI, pero, eso sí, sin el menor riesgo de que asome ningún Mendizábal en el horizonte.

Un demencial festín de Babette con cargo al contribuyente ante el que Zetapé reclama ahora la más estricta omertá al Partido Popular. Es sabido, la del PSOE siempre ha de constituir la única política económica posible, mantra frente al que sólo cabe la adhesión inquebrantable so pena de fulminante excomunión democrática. Incurrirá, pues, en delito de lesa patria quien recuerde que toda esa charlatanería ecológica y renovable es la responsable única de que el coste del kilovatio hora para las familias españolas haya crecido un 23 por ciento desde 2008. Peccata minuta si se tiene en cuenta que esa broma, la de la soportabilidad insoportable, no ha hecho nada más que empezar.

Libertad Digital - Opinión

Y ahora, el Estatut. Por José María Carrascal

LA política española, interior y exterior, se ha convertido en una carrera desesperada para arreglar hoy los disparates de ayer. Ayer me preguntaba de qué se quejaba Moratinos, si las humillaciones que estamos sufriendo en torno a Gibraltar fueron propiciadas por él al «aparcar los temas de soberanía» y dar voz, voto y veto a los gibraltareños en un pleito que tanto el Tratado de Utrecht como la ONU adjudican sólo a España e Inglaterra. Y hoy me pregunto qué va a pasar si, como se rumorea, el Tribunal Constitucional recorta buena parte del nuevo Estatut, empezando por el término «nación» para Cataluña.

Pues no va a pasar nada. Mejor dicho, va a armarse una enorme algarabía, una especie de danza guerrera de los nacionalistas, con Montilla abandonando su habitual inanidad para advertir que «esto podría poner en peligro la propia Constitución».


Cuando lo único que la pone en peligro es el nuevo Estatut. Pero, aparte de esto, ¿qué pueden hacer? ¿Romper sus relaciones con el Gobierno español, y quedarse sin el dinero que reciben de él? ¿Cerrar sus fronteras con España, y dejar de vender allí sus productos? ¿Apelar a Europa, a la ONU, que buenas están ellas para estos pleitos? Más, cuando Montilla tiene que andarse con cuidado, pues la mayoría del PSC está formado por socialistas que se sienten catalanes, pero se sienten también españoles, aparte del pequeño grupo que, como él, se han encumbrado plegándose a los dogmas nacionalistas. Junto a algo importante: esta nueva «ofensa» a Cataluña, les vendrá muy bien a todos ellos para que se olvide la corrupción en que están metidos. O sea, que mucho ruido y pocas nueces.

Aunque, por otra parte, ¿qué va a pasar con todas las disposiciones del Estatut que ya han entrado en vigor? ¿Va a retirarlas la Generalitat? ¡Ni se piense! ¿Va a hacerlas retirar a la fuerza el Gobierno central? Menos todavía. O sea que tendremos otra comunidad española actuando abiertamente contra la Constitución. ¿No ocurrió en el País Vasco durante el largo mandato del PNV, y sigue ocurriendo en muchos de aquellos ayuntamientos? Pues lo mismo, mientras los partidos catalanes se enzarzan en una pelea sobre quién es más antiespañol cara a las próximas elecciones autonómicas.

Este es el resultado de haber empezado diciendo «Os daré lo que me pidáis» y terminado con «Las decisiones del Tribunal Constitucional hay que acatarlas» de Zapatero, un hombre que desbarra en cuanto toca, sea ETA, sea la economía, sea la piratería. Sin embargo, media España sigue apoyándole, una muestra de que las vísceras siguen imponiéndose al cerebro entre nosotros. Y déjenme decirles otra cosa: a la hora de la verdad, es decir, a la de permitirle o no seguir gobernando, también le apoyarán esos nacionalistas que hoy le ponen verde. Y la apoyarán por saber que sacarán de él más que de ningún otro. Como ya vienen haciendo.

ABC - Opinión

Los críticos quedan fuera de todos los órganos

Ni una mención -y mucho menos un guiño- al candidato rival deslizó ayer Rosa Díez en su discurso tras ser elegida portavoz de Unión Progreso y Democracia (UPyD). El derrotado, Valia Merino, empresario madrileño de 35 años, esperó a que terminara el acto para decir luego en los pasillos: "Suscribo punto por punto el discurso de Díez, ha sido brillante. Pero, ¿aplica ella en el partido todo eso que ha dicho?" El aspirante se quedó -con un grupo afín de unos 50 delegados- sentado y sin aplaudir durante toda la intervención, mientras la gran mayoría del plenario se levantaba, batía palmas y jaleaba a la portavoz. No hubo silbidos contra Díez, sí algunas caras largas.

"Si somos tan criticones con el resto de partidos, que no nos cueste tanto hacer autocrítica", pidió Merino, que consideró cumplido el objetivo: "Dar un toque de atención a la dirección, decirle que no todo vale". "Me hubiera gustado que tendieran puentes. Sin embargo, lo que sale de aquí es un Consejo Político monolítico, dócil y fiel a Díez", se lamentó el candidato. Y anunció: "Vamos a seguir movilizando a la militancia".

El Consejo Político es, en efecto, 100% afín a la portavoz: lo eligieron 467 de los 500 delegados del congreso, votando entre más de 400 candidatos que concurrían en listas abiertas. En el Consejo de Dirección, elegido por los afiliados entre dos candidaturas, tampoco estará el sector crítico. De los 4.781 afiliados con derecho a voto, lo ejercieron 1.811, el 62%. Díez recibió 1.417 votos (78,2%); Merino, 332 (18,3%), y hubo 62 votos blancos o nulos (3,4%). Junto a la portavoz habrá ocho cargos con cartera (siete hombres y una mujer) y 12 vocales.

Una escena de El señor de los Anillos -Aragorn llamando a "la lucha" a sus soldados- introdujo en el escenario a Rosa Díez. "Hemos tenido una desgracia en este país: el peor Gobierno posible y la peor oposición posible. ¡Hay que obligarles a ser partidos nacionales! Llegará un día en que UPyD condicione quién y cómo gobierna", dijo. Sólo recibió más aplausos cuando extendió en el atril la bandera de la autoproclamada República Árabe Saharaui y acusó al Gobierno de abandonarla.

El País

Críticos de UPyD se dan de baja

La candidatura crítica, encabezada por Valia Merino, que ha disputado a Rosa Díez la dirección política de UPyD este fin de semana tenía una sensación agridulce en la clausura. Por un lado, estaban satisfechos por haber conseguido casi un 20 por ciento de los votos de los militantes, y también por haber obligado, a su juicio, a la portavoz del partido a esforzarse aún más para ganar. Por otro, la tristeza se instaló en muchos de los que apoyaban con entusiasmo, y una buena dosis de ingenuidad política, esa lista de Merino, y que ya han decidido darse de baja en el partido. Es el caso de Pilar Heredia y de muchos más, que según comentaban han dejado de creer en un proyecto que ven excesivamente personalista, y donde se excluye a los que se atreven a discrepar. En la clausura, Díez no lanzó ni medio mensaje de conciliación interna.

ABC