jueves, 28 de mayo de 2009

LA SGAE YA REGISTRA DOMICILIOS SIN ORDEN JUDICIAL

LA AI CALIFICA EL CASO DE "FASCISMO".

La noticia daba la vuelta a la blogosfera, y a Twitter, el miércoles por la noche mientras el Barcelona jugaba la final de la Champions. Una procuradora y un perito de la SGAE entraban en el domicilio de un propietario de páginas con enlaces P2P mediante engaños y sin orden que los autorizara.


Lo cuenta el afectado en su blog y lo confirma su abogado, David Bravo, en Twitter. En la mañana del pasado martes llamaron a la puerta del domicilio del responsable de webs como Bajui.com, EliteTorrent.net o ETMusica.com. Eran cinco personas que decían venir "del juzgado" para "revisar el contenido de los ordenadores y requisar los discos duros". Mientras intentaba ponerse en contacto con su abogado, le exigieron ver todos los ordenadores de la casa, incluyendo el de su hermano, e incluso abrieron cajas de cartón de su dormitorio sin más contenido que "enseres personales", según afirma Juan José Coronel.

Una de las cinco personas, un perito informático que luego reconocería trabajar para la SGAE, inspeccionó todos los ordenadores de la casa y, tras dos horas de inspección, le exigieron que entregara todos los discos duros –incluyendo uno multimedia conectado a la televisión– para llevarlos al juzgado. En ese momento logró contactar con David Bravo, al que leyó la orden con la que habían registrado su casa y sus ordenadores:
Igualmente se accede a la práctica de prueba anticipada requiriendo al demandado para que a presencia de la Comisión Judicial presente para su depósito temporal los discos duros de los ordenadores en los que se encuentran almacenados y desde los que se administran los sitios web elitemula y etmusica y en los que consten los datos sobre número de descargas de obras musicales efectuadas desde el mes de Septiembre de 2007 y desde el mes de Diciembre de 2007 respectivamente.
Este auto, según le explicó David Bravo, no autoriza el registro del domicilio del demandado y sólo requiere que éste entregue los discos duros o la información contenida en ellos al juzgado. En vista de lo cual, le indica que eche de la casa a las cinco personas que entraron al domicilio (una procuradora de la SGAE, el perito, un juez que acudía por exhorto, el secretario judicial y una persona que se negó a identificarse), lo que lleva a cabo pese a las protestas de la procuradora.

El demandado, Juan José Coronel Carrasco, asegura que tomará las medidas legales pertinentes contra lo que considera una vulneración de sus derechos fundamentales, como es la entrada en la casa sin orden judicial y el registro del "contenido de seis discos duros, incluidos aquellos que estaban compuestos, total o parcialmente, por información, documentos, fotografías y correos electrónicos de los miembros de mi familia".

Víctor Domingo: "Te enfrentas al fascismo como estés en la lista"

Para el presidente de la Asociación de Internautas, en declaraciones a Libertad Digital, este caso no supone ninguna sorpresa y es, de hecho, uno de los motivos de la manifestación celebrada este domingo. Víctor Domingo recuerda el caso de CD-World, que se calificó como la "mayor operación contra la piratería en Europa". En aquella ocasión la Policía confiscó medio millón de CDs y "se los llevaron a los sótanos de la SGAE". Se dejó a aquella empresa ante la opinión pública como "una banda de piratas y delincuentes" para que finalmente se archivara el caso, no sin que los empresarios "perdieran su negocio y su credibilidad quedara por los suelos".

También recuerda las detenciones de decenas de personas relacionadas con páginas con enlaces P2P a material protegido por derechos de autor, en la que "después de la foto todas las actuaciones judiciales se han ido archivando".

Víctor Domingo recuerda la frase de Winston Churchill en la que el estadista británico definía la democracia como un sistema en el que "cuando el timbre suena de madrugada, probablemente sea el lechero". El presidente de la Asociación de Internautas considera que la situación ha degenerado ya en "fascismo" en el caso de que se "esté en la lista de violar los derechos de autor". Una situación, además, auspiciada por un Gobierno "que se dice progresista, solidario y de izquierdas". Lo que está sucediendo es "malo estéticamente, y lamentable democráticamente".

Libertad Digital

NO SE TRATA DEL FRANQUISMO, SINO DE CUMPLIR LA LEY

En la imputación a Garzón no hay motivos ideológicos. No estamos aquí ante un debate político, sino posiblemente ante un juez que se excedió en sus funciones.

POCO DESPUÉS de que EL MUNDO diese ayer en su versión digital la primicia de que el Tribunal Supremo imputaba a Garzón por prevaricación, los medios que han jaleado todas las astracanadas del juez estrella se apresuraban a tratar de teñir el caso de contenido ideológico. El chaparrón de reproches al promotor de la querella -el sindicato Manos Limpias-, adscribiéndole a la extrema derecha es un intento vano por desviar la atención de lo que aquí se dilucida. ¿O acaso se pretende ignorar que la Sala Penal del Supremo se ha regido por el cumplimiento escrupuloso de la ley al admitir a trámite y por unanimidad la querella?


Pese a los intentos por enmascarar la realidad ha de quedar claro que aquí no estamos ante un debate político, moral, jurídico o histórico sobre el franquismo, algo que 34 años después de la muerte del dictador y tras tres décadas de democracia tiene poco recorrido. Y mucho menos se trata de discutir la posibilidad de que los españoles que aún yacen en fosas comunes sean rescatados por sus familias y vean honrada su memoria. De lo que se trata ahora es de dilucidar si un juez se excedió en el ejercicio de sus funciones para cometer uno de los peores delitos en el que puede incurrir: dictar resoluciones injustas a sabiendas.

La secuencia de los hechos protagonizados por Garzón en su disparatada «causa general contra el franquismo» deja pocas dudas acerca de su proceder. El magistrado impulsó la instrucción pese a las advertencias de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de que los delitos investigados no eran de su competencia, sino de los tribunales territoriales. El Ministerio Público dejó claro que no podía imputarse a nadie por genocidio o crímenes de lesa humanidad por hechos acontecidos en los años 30, cuando esos delitos no estaban tipificados. Además indicó que, en cualquier caso, esos crímenes estarían prescritos según el Código Penal vigente, ya que fueron cometidos hace más de 60 años, y que -para colmo-, al pretender juzgar aquellos sucesos, el juez estaba vulnerando también la Ley de Amnistía de 1977.

La contumacia de Garzón al seguir adelante con el procedimiento, echando mano incluso de piruetas jurídicas para seguir practicando diligencias cuando tenía planteado un recurso sobre su competencia, llevó al propio fiscal jefe de la Audiencia Nacional a sugerir que actuaba de forma prevaricadora. El criterio de fondo del Ministerio Público fue respaldado luego por la Sala de lo Penal, que obligó a Garzón a apartarse del caso. La mala fe procesal del superjuez quedó patente cuando preguntó a los registros si Franco, Mola y otros sublevados habían muerto.

En el auto de admisión de la querella, el Supremo recalca que Garzón tuvo que declarar extinguidas las posibles responsabilidades por lo acontecido en la Guerra Civil «por razón de fallecimientos, sucedidos notoriamente decenios antes de la incoación» de las diligencias. Algo obvio incluso para los legos en materia jurídica. En ningún país civilizado del mundo un juez puede abrir una causa penal contra un muerto. Garzón ha actuado en este asunto con total desprecio al ordenamiento jurídico para, como en muchas otras ocasiones, ganar ese protagonismo que tantos beneficios le ha reportado y jugar de forma insensata a hacer política. Más que ayudar a las familias de las víctimas del franquismo que aún tratan de recuperar a sus muertos, parece que el juez utilizó la causa durante meses para engordar su figura.

Al abrir un proceso contra Garzón, el Supremo ha dado un paso clave para poner punto final a sus abusos, siempre consentidos hasta ahora, y acabar con su concepción de la justicia como show-bussines.

El Mundo - Editorial

LOS TRUCOS DE ZP

"Pinchar" en la viñeta para verla mejor

Miki y Duarte

EL GRAN EMBUSTERO. Por M. Martín Ferrand

TRAS cinco años de observación y experiencia serán pocos los españoles, incluso los socialistas devotos, que no hayan advertido el escaso compromiso que José Luis Rodríguez Zapatero tiene con la verdad. El líder está instalado en el menudeo de la mentira; pero, asumiéndolo, es injusto decirle mentiroso. Su habilidad en la maña mistificadora es de tal dimensión y mérito que le ha convertido en un virtuoso del género. Es, cuando menos, un gran embustero y, dada la aceptación popular del personaje, ello no le produce deterioro ni merma a su potencialidad de futuro.

Ayer, en la sesión semanal en que el Gobierno y la Oposición tanto se esfuerzan por aparentar que estamos en una democracia, el líder socialista se superó a sí mismo y, animado por las circunstancias, se mostró sandunguero y magistral en el arte del disimulo y la práctica del escaqueo. Cuando Mariano Rajoy quiso afearle el uso de un Falcon de la Fuerza Aérea que, en su acostumbrada confusión totalitaria entre Estado, Gobierno y partido, el secretario general del PSOE acaba de utilizar en usurpación de las prerrogativas del presidente del Gobierno, el vallisoletano de León dio un pase por alto que constará en los anales de la lidia política.

Dijo Zapatero sacando pecho, mostrándose altivo y sintiéndose respetable que no quiere hablar sobre el uso de los aviones del Ejército «por respeto a los ex presidentes y a los futuros presidentes». Grandioso. El desparpajo ha sustituido a la elocuencia en la Carrera de San Jerónimo; pero así, cuando cursa con desfachatez, le quita a la Cámara grandeza y dignidad y la convierte en catedral del espectáculo, en un circo máximo en que vuelan las sardinas y bucean los conejos. La maña, incluso en la perversión, merece aplauso.

Un personaje que no es capaz de respetar ni a quienes le votan y convierte en vicepresidente a quien lo es, por «legal» que resulte, de subvencionar a una empresa gestionada por una hija suya manifiesta ahora deferencia por sus predecesores. ¿Habrá dejado de ser la saña contra José María Aznar su más acostumbrada y eficaz herramienta política? ¿Estará dispuesto a reconocerle mérito y autoridad a Felipe González? Quien ha sido capaz de convertir en ideología el renacimiento del odio entre españoles, ¡la memoria histórica!, habla ahora de respeto e incluye en él a los futuros vecinos de La Moncloa. ¿En quién estará pensando?

ABC - Opinión

ZP FORCE ONE. Por Ignacio Camacho

SÍ es relevante. Claro que es relevante. Tanto que el ruido de la turbina del Falcon presidencial ha atronado la atmósfera de la campaña, por más que el PSOE -¿quién es Leire Pajín para decidir lo que es noticia y lo que no?- trate de ponerle sordina para mitigar la repercusión del escándalo. Simbólico, pero escándalo. Un escándalo que en cualquier democracia anglosajona, de ésas en las que rige un puntilloso puritanismo sobre la malversación de los bienes públicos, hubiese tenido grave trascendencia política.

El asunto del Falcon que Zapatero utilizó para acudir a un mitin en Sevilla es relevante por dos razones sustanciales. La primera por lo que tiene de profunda contradicción con el discurso de economía sostenible que el presidente pronunció en ese mismo escenario. Mal casa el mantra de las energías alternativas con el caprichoso uso de un avión militar para un desplazamiento rutinario. El humo de ese queroseno derrochado envuelve la palabrería oficial en una nube de oscura hipocresía. La política contiene un esencial elemento pedagógico con el que la dirigencia pública está obligada a dar ejemplo. Y el ejemplo del «ZP Force One» es el de un desaprensivo despilfarro de dinero, de combustible y de arrogancia.

La segunda razón se relaciona con la separación de la esfera oficial y la particular, tantas veces menospreciada en un país donde se tiende a confundir el Gobierno con el partido que lo sustenta. El presidente lo es a tiempo completo, pero su actividad está sometida a una discriminación necesaria que él mismo debe evaluar en función de un criterio de delicadeza. Nadie le habría reprochado utilizar su automóvil reglamentario, aun siendo de titularidad pública. Es cuestión de matices: el jefe del Gobierno no tiene que ir en taxi a un acto del Partido Socialista. Pero los aviones de la Fuerza Aérea sólo están a su disposición para aquellos viajes en que lo requiera, por razones de urgencia o de importancia, su responsabilidad de Estado. Y no parece que tenga que ver con eso la asistencia a un mitin electoral... o el acompañamiento de unas hijas a un curso de verano.

Esta clase de cosas se somete a un escrutinio estricto y riguroso en países que han desarrollado un fuerte sentido ético del hecho democrático. Y no sirve de excusa que otros lo hayan hecho antes -Aznar lo ha desmentido por escrito- de igual modo. Si lo hicieron, mal hecho está. Pero los criterios de integridad pública no los establece el comportamiento de los demás, sino el de uno mismo. Y el del presidente está en entredicho por concederse a sí mismo un privilegio inaceptable que contraviene sus huecas retóricas de falsa moralidad política.

ABC - Opinión

EL ETERNO RETORNO DE LA MORALINA. Por Cristina Losada

Socialistas

«La crítica moral al capitalismo era el principal atractivo del marxismo, pero el PSOE no ha visto un libro de Marx ni por el forro. Su moralina sobre la crisis se parece a un sermón de cura progre en la misa del Gallo.»

Decía Paul Johnson que el marxismo era una forma de análisis moral y no económico. Lo indicaba a propósito de la versión convencional de la Gran Depresión, que presentaba aquel hundimiento con trazos moralistas, como si hubiera sido un castigo a la codicia. Hubris seguida de némesis. No tenemos, pues, nada nuevo bajo el sol cuando nuestros socialistas recurren a similar cliché ante la crisis actual. Su partido es una empresa dedicada a la administración de la culpa.


La crítica moral al capitalismo era el principal atractivo del marxismo, pero el PSOE no fue en sus viejos tiempos más allá de la vulgata y en los recientes no ha visto un libro de Marx ni por el forro. Su moralina sobre la crisis se parece a un sermón de cura progre en la misa del Gallo. No dicen que el culpable sea el sistema, como sostenía el suegro de Lafargue, sino que atribuyen el mal a la inmoralidad de ciertos sujetos: codiciosos, egoístas, especuladores, ricachos que visten trajes a medida y calzan zapatos caros. Curioso. Siempre son hombres (blancos) esos miserables, nunca mujeres, y a ninguno le ponen nombre.

¿Quiénes serán los bribones? ¿Serán todos norteamericanos, y de Bush, o habrá españoles en esa lista de canallas que han provocado la ruina? ¿Se esconderá alguno de esos granujas en los bancos y cajas a los que dan dinero público, muchos de los cuales operan en algún paraíso fiscal? ¿Tal vez entre los grandes constructores que ayudaron a Zapatero y a los que Zapatero ayuda? No importa. El estereotipo es lo que cuenta. Sólo hace falta sacarlo para que cumpla su papel de chivo expiatorio y libere a los socialistas de responsabilidad. Hasta se atreven a ataviarlo con el mismo lujo que gastan los compañeros y compañeras, que el relevo generacional también le tocó a la pana y ahora se engalanan como para ir de boda.

En su novela más famosa escribía Kundera acerca del mito del eterno retorno. Señalaba "la profunda perversión moral que va unida a un mundo basado esencialmente en la inexistencia del retorno, porque en ese mundo todo está perdonado de antemano y, por tanto, todo cínicamente permitido". El discurso socialista, sin embargo, pertenece a otro mundo, a uno fundado en el retorno. En la repetición de tópicos groseros, burdas falacias, ridículas caricaturas. Es el mundo de la propaganda y en él todo está perdonado de antemano y cínicamente permitido. En él puede el PSOE, a la vez, dispensar moralina y condenar cualquier referencia moral que se interponga en sus planes. Moral de usar y tirar, hasta la próxima.

Libertad Digital - Opinión

LOS MATARIFES DE LA PALABRA. Por Hermann Tertsch

«LA palabra debe estar al servicio de la política y no la política al servicio de la palabra». Esta frase, como parte de su credo, la pronunció el presidente Zapatero hace ya varios años. Fueron muy pocos los españoles que reconocieron el potencial venenoso de las mismas. Hoy el presidente está rodeado de gentes que han asumido plenamente esta máxima. En esa frase radica la cepa de la peor pandemia que sufrimos hoy en España, que es la de la mentira. La mentira obvia, obscena e impune. Dice la Organización Mundial de la Salud -ayer recibió el Premio Príncipe de Asturias-, que la fusión del virus de la gripe porcina con el de la gripe aviar, tendría unas consecuencias dramáticas y muy letales para el ser humano. Yo les aseguro que la fusión de otros dos bichitos que corroen el carácter y que son la mentira contumaz y la negación más obstinada de la más evidente responsabilidad, forman ya una epidemia en torno a su foco principal que es el Gran Timonel.

La mentira ha de ser muy piadosa para no ser un insulto. Y piadosos hay pocos en el equipo de ZP, Aído, Chacón o la vicetiple que se atreve a hablar de trajes ajenos, vestida ella siempre con ropajes perfectamente asequibles al parecer con su sueldo de vicepresidenta. Supongo que algún día, si una de las pandemias no nos lleva por delante a todos, podremos hablar también del fondo de armario de la vicepresidenta, tan misteriosamente profundo y repleto como la galería de trofeos de caza de nuestro juez Baltasar Garzón. Por cierto, ayer tuvo un sobresalto que quizás sea el principio del fin de una anomalía grotesca en nuestra judicatura. En todo caso, si la mentira es un insulto, nos deberían estar silbando los oídos todo el día. Los esfuerzos de las ministras de Sanidad y de Defensa por coordinar una mentira común para escabullirse de la responsabilidad del escándalo que ha sido la ocultación de la cepa vírica en Hoyo de Manzanares han sido conmovedores. No sé qué tal se llevarán, pero esta claro que Trinidad Jiménez ha sido generosa al enlodarse del todo por salvarle algo la cara a su colega. ¿Qué más dará un poco de lodo más? En las chaquetas de moda, en los trajes espaciales de De la Vega o en las togas de Garzón o Cándido Méndez. O en las del Tribunal Constitucional, que nos insulta con su interminable silencio vergonzoso respecto al Estatuto de Catalunya y ahora muy coqueto, manda a ETA al Parlamento Europeo. Todos mintiendo, insultando y denigrando a la Constitución española. Con mil altavoces que repiten sus mentiras en todas las televisiones. ¿Todas? No, alguna se resiste. Por eso hay que acabar con ella. Hay que acabar con la palabra que no está al servicio de su política de aniquilación del discrepante. De ahí que asignatura prioritaria del Gobierno sea hoy la destrucción de Telemadrid. Con sus liberados sindicales bien pagados, los sindicatos verticales del zapaterismo, bien apesebrados, dicen luchar por la plantilla. Sólo escuchan la voz de su amo. Llevan semanas de huelgas para impedir que los ciudadanos accedan a una versión de la realidad distinta, en la que la palabra mantiene su significado original. Frente al vocerío de la mentira, pretende que las palabras signifiquen lo que se desea que signifiquen, aunque entren en conflicto manifiesto con la verdad».

ABC - Opinión

BALTASAR GARÇON. Por José García Domínguez

Prevaricación

«Nunca se hubiera permitido, por ejemplo, incomodar en vida al amo de Prisa, Jesús Polanco, a la sazón ilustre camarada adscrito a la centuria García Morato de Falange Española y de las JONS. Jamás. Hasta ahí podía llegar su feroz antifranquismo de salón.»

A veces, Baltasar Garzón, probo servidor de su ego por cuenta del Estado, recuerda a la esposa de aquel diputado laborista inglés que, según Churchill, con la excusa de ejercer la prostitución en el puerto se dedicaba a introducir mercancías de contrabando en Londres. Así el garçon de la Audiencia Nacional. Ése que, entre otros celebrados números, dio en exigir perentorio certificado de defunción de Franco tras olvidar, víctima de muy oportuna amnesia, los expedientes médicos de Lasa y Zabala durante sus días de vino, rosas y candidatura al alimón con Mister X.


Sostenía Cocteau que en estos tiempos del ascenso de las masas a las candilejas de la historia, la elegancia se ha convertido en sinónimo de estricta invisibilidad. Suerte que nuestro héroe sufre de alergia aguda a la letra impresa, porque si llegase a sus oídos tal sentencia, le abriría raudo una causa por desacato a la autoridad.

Por algo, no ha muchas ediciones de La Noria, un Garzón otra vez con mono de cámaras, flashes y olés de la afición, amagó con empapelar con efectos retroactivos a los padres de Cándido Conde Pumpido, María Teresa Fernández de la Vega, Juan Luis Cebrián, Manuel Marín, el rojo colorao Bermejo, José María Barreda, José Bono y Alfredo Pérez Rubalcaba, entre otros; todos, como es sabido, entusiastas servidores de la dictadura en vida del Caudillo.

Aquella charlotada, la enésima del togado Garzón, daría, amén del preceptivo gasto de saliva en las tertulias, para alguna incursión del terrible enfant en los telediarios, que era de lo que se trataba. Después, como siempre tras esos brotes patológicos, Baltasar caló el chapeo, requirió la espada, miró al soslayo, fuese y no hubo nada.

Como tampoco nada habrá al finalizar esa causa por prevaricación presunta que le acaban de abrir en el Tribunal Supremo. Y es que nuestro furibundo narciso siempre se ha cuidado muy mucho de disparar con balas de fogueo. Igual que tantos milhombres con plaza fija en el gran teatro de guiñol hispano, Garzón es un tigre de papel. Así, él nunca se hubiera permitido, por ejemplo, incomodar en vida al amo de Prisa, Jesús Polanco, a la sazón ilustre camarada adscrito a la centuria García Morato de Falange Española y de las JONS. Jamás. Hasta ahí podía llegar su feroz antifranquismo de salón.

Libertad Digital - Opinión

AMBITO TERRORISTA

El Supremo refuerza y precisa su doctrina sobre el carácter terrorista del entorno de ETA.

Lo más destacable de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Ekin es que mantiene, e incluso refuerza con nuevos argumentos, el carácter terrorista del entorno civil de ETA. Y ello a pesar del lamentable descuido procesal, imputable al ministerio fiscal y a las acusaciones, de no haber planteado, quizás por considerarlo un trámite redundante, la correspondiente declaración de asociación ilícita o terrorista del conglomerado empresarial editor del diario Egin, como hicieron, en cambio, con los que integran los aparatos político, internacional y financiero de ETA.


Ese fallo procesal, imposible de subsanar, ha impedido al Supremo pronunciarse penalmente sobre el aparato mediático de ETA como tal, y le ha obligado a anular el cierre del diario Egin en el año 2000 y la declaración de ilicitud de sus sucesivas empresas editoras establecida por la Audiencia Nacional. Lo que no es contradictorio con que el Supremo mantenga, aunque rebajadas, las penas de cárcel impuestas a los antiguos responsables de Egin y de su editora matriz, Orain, y considere probada su actuación profesional al servicio de ETA.

Que el Supremo haya rebajado la mayoría de las condenas impuestas en su día por la Audiencia Nacional a los 47 acusados de formar parte de la coordinadora KAS, de su sucesora Ekin y de la asociación para la actividad internacional Xaki entra dentro de la normalidad procesal; se trata de una distinta valoración de la prueba, más exigente en un tribunal de casación como el Supremo que en un tribunal de primera instancia como la Audiencia Nacional. Aunque en el caso del terrorismo, tanto etarra como islamista, esas diferencias de criterio deberían tender a aproximarse lo más posible.

En lo que se refiere al carácter terrorista de la actividad de las organizaciones satélites de ETA, esa aproximación ya se ha producido. La Audiencia Nacional ha aplicado al caso Ekin la doctrina establecida por primera vez por el Tribunal Supremo hace dos años en el caso Segi: las asociaciones juveniles del entorno etarra, y ahora las que integran sus aparatos político, internacional y financiero, no son simples asociaciones ilícitas, sino parte del entramado que lidera ETA. Ese debate, abierto a partir de la decidida actuación del juez Garzón contra Batasuna y el entorno etarra, ya está zanjado y no tendría sentido volver a plantearlo.

El carácter terrorista de los grupos que se mueven en torno a ETA se sustenta, además, en las aportaciones hechas en los últimos años por la Unión Europea a la definición de banda terrorista y que el Supremo recoge en su sentencia. La principal es que el terrorismo es un fenómeno complejo que se define por más cosas que la sola utilización de las armas. Se es terrorista también "cuando se desempeñan otras funciones diferentes como consecuencia del reparto de cometidos propio de cualquier organización, a la que no es ajena la de carácter criminal".

El País - Editorial

GARZON, VICTIMA DE SI MISMO

EL Tribunal Supremo ha admitido a trámite la querella contra el juez Garzón no por investigar el franquismo, sino por una presunta prevaricación al atribuirse contra toda evidencia una competencia que no le correspondía. La matización, aunque obvia, es importante para evitar dar a Garzón una credencial de víctima de la democracia o de mártir de los derechos humanos. El auto de la Sala Segunda es absolutamente escrupuloso en las razones por las que admite la querella interpuesta por «Manos Limpias», limitando su decisión a una valoración provisional e inicial de un posible delito de prevaricación. Por tanto, ni Garzón está ya condenado, ni este delito, acreditado. Ahora bien, sobre él pesa la peor sospecha que cabe contra un juez: la de haber dictado dolosamente una resolución injusta.

Los hechos que motivan la imputación al juez Garzón tampoco son novedosos. El Supremo se apoya principalmente en el informe que el Ministerio Fiscal emitió para oponerse a la competencia de la Audiencia Nacional en la investigación de los desaparecidos de la Guerra Civil y el franquismo. Garzón construyó una calificación penal a la medida de su juzgado, inventándose un inverosímil delito contra los altos organismos del Estado, cometido por quienes se alzaron contra la República el 18 de julio de 1936, que justificaría su competencia y la extendería a las desapariciones forzosas. Además, inició su sumario sabiendo de antemano que los posibles responsables de los hechos estaban muertos o exentos de responsabilidad por prescripción o por amnistía. Es decir, Garzón no tenía ninguna justificación jurídica para iniciar el sumario ni menos aún para mantenerlo. Durante mucho tiempo, el magistrado se ha beneficiado de un limbo jurídico en el que los principios de legalidad penal, de predeterminación de los delitos y de seguridad jurídica no estaban en vigor. La justicia universal ha sido una coartada para cometer desafueros jurídicos de primera magnitud, sin ninguna eficacia y con múltiples perjuicios para el Estado, las víctimas y la causa de la Justicia. La admisión de la querella es una advertencia a quienes se prodigan en esta forma de ejercer la jurisdicción.

La situación disciplinaria del juez Garzón es otro capítulo distinto. La doctrina del Consejo General del Poder Judicial es que no procede la suspensión automática de un juez cuando la querella admitida es de un particular, no del fiscal. Tal criterio, basado en una prudente valoración de la proliferación de querellas temerarias, encuentra en este caso una excepción. El auto de admisión responde a la unanimidad de cinco magistrados del más alto Tribunal penal, quienes previamente analizaron los documentos relativos al caso. Se trata, por tanto, de una admisión reforzada en su significado incriminatorio. En todo caso, la suspensión cautelar de Garzón habrá de dictarse si el TS mantiene su imputación después de que preste declaración como querellado. Un juez no debe seguir impartiendo justicia en estas condiciones. Por supuesto, esta decisión judicial tiene un evidente alcance político, que se concretará más o menos según evolucione el caso. Pero no se puede olvidar que Garzón ha sido el juez instructor del «caso Gürtel» y la correa de transmisión judicial del proceso de paz con ETA. La caída de Garzón en desgracia es un serio contratiempo para el PSOE, y más en tiempo electoral.

ABC - Editorial

DESAPARICION Y DESGUACE DE PRUEBAS

«A pesar del desguace de los restos de los trenes, el "retrato robot del Titadyne" ya no puede ni convertirse en chatarra ni desaparecer, y justifica, por sí solo y en nombre de la justicia, la inmediata reapertura judicial del caso del 11-M.»

Se supone que el lugar donde se comete un atentado constituye el principal continente de las pruebas destinadas a esclarecerlo y enjuiciarlo. Sin embargo, una de las innumerables irregularidades que se cometieron durante las pesquisas policiales y durante la instrucción del 11-M fue la decisión de desguazar y convertir en chatarra los restos de los trenes, prácticamente veinticuatro horas después de la masacre. La Ley de Enjuiciamiento Criminal –por no hablar de la lógica más elemental– obliga a que se conserven los restos tras un atentado terrorista, de manera que las distintas partes puedan solicitar que se realicen nuevas pruebas, a fin de salvaguardar derechos fundamentales tanto de los acusados como de las víctimas. Consta en el sumario del 11-M que el juez instructor del caso, Juan del Olmo, había ordenado incinerar todas las pertenencias de las víctimas que no habían sido reclamadas a los pocos días de la masacre; restos que, por cierto, también podrían haber sido de ayuda para esclarecer qué explosivo se había utilizado. En el caso de los trenes, sin embargo, no consta en el sumario ningún documento que acredite que alguna instancia judicial permitiera u ordenara su destrucción.


Sólo desde la más irresponsable incompetencia o desde la más criminal y deliberada voluntad de ocultación se puede entender esa prisa por convertir en chatarra los trenes y, con ellos, las posibles pruebas que podrían haber ayudado a esclarecer el caso. Sin embargo, en el colmo de lo inexpicable, ahora sabemos, gracias a un análisis efectuado para Libertad Digital por Carlos Sánchez de Roda y Luis del Pino, que antes de iniciarse el proceso de achatarramiento y desguace "desaparecieron" más de 90 toneladas de material, cuyo destino se desconoce. Así se desprende de la documentación aportada por Renfe y de las hojas de características de los propios vagones afectados. ¿Cómo es posible esta desaparición y, sobre todo, cómo es posible que nada de esto fuese entregado a los peritos encargados de determinar durante el juicio del 11-M los explosivos utilizados?

Con todo, ni la incompetencia ni la criminal voluntad de ocultación han impedido que, gracias al incontestable "informe Iglesias", sepamos que en las muestras recogidas en la estación de El Pozo aparecen determinados componentes químicos cuya presencia elimina la posibilidad de que en los trenes estallara Goma 2 ECO, tal y como pretende hacernos creer la sentencia y la versión oficial del 11-M. A lo que apuntan más bien esas conservadas muestras, tal y como afirma este experto, es al "retrato robot del Titadyne". Un "retrato robot" que ya no puede ni convertirse en chatarra ni desaparecer, y que justifica, por sí solo y en nombre de la justicia, la inmediata reapertura judicial del caso del 11-M

Libertad Digital - Opinión

COMPARECER SIN CONVENCER

LA comparecencia de las ministras de Defensa y de Sanidad en sesión conjunta de las comisiones competentes del Congreso de los Diputados no aclaró ayer ninguna de las dudas que se plantea la opinión pública sobre la gestión del brote de gripe A en la Academia de Hoyo de Manzanares. Con sus acusaciones al PP de propagar el miedo, parece que Carme Chacón ha asumido que la mejor defensa es un buen ataque, mientras que Trinidad Jiménez no logra disimular su contrariedad ante un asunto que rompe la imagen positiva que su departamento había conseguido transmitir desde que comenzó la alarma sanitaria. Si se cumplieron todos los protocolos de la Organización Mundial de la Salud, no parece razonable confundir la gripe A con una gripe común durante el tiempo suficiente para permitir la visita de los escolares y dar pie a que la epidemia se extendiera a otra instalación militar en León. Si todos actuaron con celeridad -como también se dijo ayer ante los diputados- no es lógico que la titular de Sanidad tuviera que improvisar a última hora para hacer frente a un problema que desconocía.

La descoordinación en el Ejecutivo es evidente, pero hay también que determinar si existió en alguna instancia un propósito deliberado de ocultar los hechos. Los ciudadanos perciben en este caso una mezcla de chapuza y oportunismo, confirmada ayer durante la doble comparecencia en el Congreso. Por tanto, no basta con desviar la atención hacia técnicos, funcionarios y militares, sino que alguna autoridad tendrá que asumir la responsabilidad política correspondiente. Mientras el virus sigue avanzando crece la alarma social cuando los poderes públicos actúan al servicio de su interés particular y son incapaces de transmitir confianza a los ciudadanos. Acusar de catastrofismo al PP es una falsedad injustificable porque la oposición tiene el deber de llevar a la sede parlamentaria las preocupaciones e inquietudes de la población. Por lo demás, hay muchos antecedentes de las maniobras del PSOE para sacar provecho incluso de accidentes inevitables, y no es lícito que los dirigentes políticos se escondan ahora bajo un manto institucional. Las cosas se hicieron muy mal desde el primer momento y negar las evidencias no conduce a nada positivo. Ayer se escucharon mucho en el Congreso las palabras «coordinación» y «transparencia», pero la opinión pública no se deja engañar por una retórica sin contenido que pretende encubrir la ineficacia y la mala gestión.

ABC - Editorial