Si no valen estos principios, no se preocupe, tengo más. Por Carlos Sánchez

La Comisión Europea ha decidido convertir en papel mojado el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Ya saben, aquel acuerdo suscrito por los fundadores del euro para hacer sostenible el área monetaria única. La noticia, en términos económicos, es intrascendente. Ninguna de las grandes economías europeas -ahora acuciadas por cuantiosos déficit públicos- está en condiciones de llegar al año 2012 con un desequilibrio fiscal por debajo del 3% (ahora tendrán un año más). Una retirada prematura de los estímulos públicos sólo hubiera alimentado la recesión, y Bruselas, por lo tanto, se ha plegado a una realidad innegable.

Veamos, por ejemplo, el caso de España. Este país tenía en 1995 un déficit presupuestario del 6,5% del Producto Interior Bruto, pero hasta el año 2005 no logró un superávit fiscal equivalente a un punto del PIB. Es decir, que tuvieron que pasar 10 años, con un crecimiento superior al 3% en media anual, para que España rebajara su desequilibrio fiscal en 7,5 puntos del PIB.

Con sólo repetirse lo que ocurrió en el ciclo expansivo anterior, hasta 2015 ó 2016, en el mejor de los casos, España tendrá que malvivir con un déficit superior al 3% del PIB

Pues bien, teniendo en cuenta que este año 2009 el desequilibrio fiscal se situará entre el 11% y el 12% del PIB, parece irreal pensar que España estaba en condiciones de llegar a 2012 con un déficit inferior al 3%, como de una manera un tanto cínica admitía hasta ayer mismo la ministra Salgado. Ni que decir tiene que ese recorte del déficit fiscal se produjo en un contexto irrepetible: tipos de interés extremadamente bajos, llegada masiva de fondos de la UE, ingresos extraordinarios por privatizaciones, boom del ladrillo o entrada intensa de inmigrantes que favoreció el empleo y ensanchó el potencial de crecimiento de la economía española. Un marco, como se ve, que difícilmente tendrá segunda parte en un futuro más o menos próximo. Con tan sólo repetirse lo que ocurrió en el ciclo expansivo anterior, se estaría hablando, por lo tanto, de que hasta 2015 ó 2016, en el mejor de los casos, España tendrá que malvivir con un déficit superior al 3% del PIB.

Ciclo expansivo

Pero no sólo eso. No hay razones para creer que España esté en condiciones de reducir su stock de deuda de forma significativa en los próximos años. Tampoco estará de más recordar, en este sentido, que en el pasado ciclo expansivo tuvieron que pasar nada menos que trece años para rebajar la deuda del 63,3% del PIB en 1995 al 39,7% en 2008, y todo ello, como se ha dicho, en un contexto extremadamente favorable.

Ahora, sin embargo, la Comisión Europea viene a decir que España está en condiciones de situar el déficit público por debajo del 3% del PIB en 2013. Simplemente falso.

No estaría de más que alguien le hiciera llegar al comisario Almunia el último informe de coyuntura elaborado por el Servicio de Estudios del BBVA, en el que se estima que de cerrar las administraciones públicas 2009 con un déficit del 11,4% (algo que asume hasta el propio Banco de España), las políticas discrecionales y el ajuste no coyuntural habrían elevado el saldo estructural hasta el -10% del PIB. Sí han leído bien.

Si tenemos en cuenta que el componente cíclico del saldo presupuestario es del -1,4% del PIB, esto quiere decir que el deterioro del déficit estructural entre 2007 y 2009 se habrá situado ligeramente por encima de los 9 puntos porcentuales. Es decir, que este país -y a los precios actuales- ha acumulado un gigantesco déficit estructural de 90.000 millones de euros al margen del ciclo económico.

Quiere decir esto que no estamos sólo ante una cuestión que se resuelve reasignando o recortando el gasto, sino también ante un grave problema de ingresos públicos, lo cual es mucho más difícil de resolver. Básicamente por una razón. La recaudación va a estar determinada por el nivel de empleo, y nada indica que hasta 2012 la economía vaya a estar en condiciones de crear puestos de trabajo suficientes como para provocar que los ingresos vuelvan a crecer por encima del PIB nominal (en torno al 6%-7% del PIB). Los felices tiempos del ladrillo tardarán en llegar en forma de maná para las administraciones públicas.

La Comisión Europea, por lo tanto, no se ha basado en el análisis económico para dar ese año de gracia, al menos en el caso español. Se ha comportado como un Ejecutivo débil que se ha plegado a los intereses de los gobiernos. Probablemente como consecuencia de que se trata de un colegio de comisarios saliente que quiere hacer el último favor a sus jefes políticos.

El problema es, por lo tanto, de naturaleza política. ¿Tiene sentido mantener vivo un Pacto de Estabilidad cuando todo el mundo sabe que es papel mojado? Esa es la respuesta que debe dar el comisario Almunia antes de abandonar el cargo. Y lo mismo cabe preguntarse en el caso español. ¿Tiene sentido mantener viva una Ley de Estabilidad Presupuestaria que es simplemente un brindis al sol? La respuesta, al revés que en la canción de Bob Dylan, no está en el viento. Está en sus señorías que son quienes deben transmitir credibilidad a las cuentas públicas. Y eso pasa necesariamete por hacer cumplir las leyes, y si no pueden hacerlo, como es el caso, derogarlas o cambiarlas.

El confidencial