Un juez ‘acojonado’ por el Imperio Prisa. Por Federico Quevedo

El juez instructor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia José Flors ha dictado un auto por el que se rechaza el sobreseimiento de la causa abierta contra Francisco Camps y otros en lo que se ha dado a conocer como "la trama valenciana del Caso Gürtel". Líbreme Dios de cuestionar la decisión del juez porque, entre otras cosas, él tiene más datos que yo, y por supuesto unos conocimientos jurídicos a los que ni me asomo, para adoptar con fundamento sus decisiones.

Pero dicho esto, no deja de ser sorprendente este auto a la vista de los hechos que en el mismo se relatan, ya que lo único que pone en duda a lo largo de 18 páginas es que Francisco Camps pagara sus trajes en la medida en que éste afirma haberlo hecho en metálico y esas entregas no parecen figurar como tales en los libros de contabilidad de las empresas afectadas. En ningún momento dice que Camps aceptara regalos a cambio de contratos para Orange Market, ni siquiera plantea la posibilidad de que este pueda ser un hecho probable, y sin embargo sí que obvia, no sé si voluntariamente, el hecho de que Camps y el tal Álvaro Pérez eran amigos.

Es decir, que lo que hace el juez es poner la lupa de la Justicia sobre un hecho difícilmente comprobable: el llamado cohecho impropio, la percepción de regalos que se hacen en función del cargo público que ostenta el homenajeado.

Bien. Es cierto que esa figura ‘penal’ existe. También lo es que, de ser un delito, lo es en un grado menor, es decir, no pasa de falta castigada con una multa, más o menos como saltarse un semáforo en rojo. No es, en ningún caso, razón suficiente para inhabilitar a un político. Pero es que, además, hay que demostrarlo, y de la lectura del auto no se aprecian vínculos lo suficientemente fuertes como para poder afirmar que tales trajes le fueron regalados por su condición de Presidente de la Generalitat, entre otras cosas porque si bien es verdad que el auto parece incidir en el hecho de que las cuantías de esos trajes corresponden a pagos efectuados por empresas de la trama de Correa a las sastrerías, también lo es –y eso también lo obvia el auto- que sobre esas empresas de la trama de Correa pesa una investigación de Hacienda por blanqueo de capitales y facturas falsas que, curiosamente, corresponden también con las facturas supuestamente pagadas por estas a las sastrerías.

Todo esto, obviamente, se dilucidará en el juicio si es que llega a haberlo, pero todo hace pensar que la presión ejercida sobre el juez por parte de los más interesados en que todo esto siga adelante, es decir, el Gobierno y el Grupo Prisa, va a conducir a sentar a Camps en el banquillo en un juicio que nace viciado de origen por tratarse de un juicio político.

Desde el mismo momento en que se supo que Flors iba a ser el magistrado instructor de la causa, el diario El País se puso manos a la obra para sacarle lo colores y demostrarle hasta dónde podían llegar si se lo proponían, vinculándole, incluso, con uno de los imputados, Álvaro Pérez alías El Bigotes, a través del marido de la abogada que representó a éste ante el Juez Garzón, ya que Flors es director de la Revista Jurídica de la Comunidad Valenciana editada por éste personaje. De Flors ha dicho a El País que es un conservador, que como tal accedió al TSJV -es decir, en representación del PP-, y que es amigo de los jueces ‘amigos’ de Camps, Juan Luis de la Rúa –su ‘jefe’ en el TSJV- y Francisco de Rosa –miembro del CGPJ-. En fin, demasiado para un juez poco acostumbrado a salir en los papeles.

¿Y cómo ha respondido Flors? Con un auto que lleva a cabo una de las mayores tropelías jurídicas que puedan imaginarse. A nadie se le escapa que este es un juicio político, porque es un político el que se sentará en el banquillo, después de una campaña de acoso y persecución propia de un régimen y no de un sistema democrático.

Pues bien, siendo un juicio político, no cabe en la cabeza que ya en el auto proponga una vista con jurado. Que van a hacer, ¿preguntar a cada uno de ellos a qué partido vota? Es inevitable, porque todos somos seres humanos –a pesar de Bibiana Aído- que los miembros del jurado tengan preferencias políticas, a favor o en contra, y en cualquiera de los dos casos aunque cada uno de los miembros del jurado actuara de buena fe, su decisión estaría siempre bajo sospecha.

Pero esta es la justicia que tenemos, una justicia que actúa no por motivos profesionales, sino por miedo o adscripción a los brazos armados mediáticos, que no es independiente, y que lejos de actuar sobre la base de la presunción de inocencia y con el máximo respeto a los derechos de las personas, lo hace desde la presunción de culpabilidad y sin ningún respeto a las garantías constitucionales de los presuntos acusados cuando estos son políticos y, sobre todo, cuando son políticos del PP.

el confidencial - Opinión