La tímida reforma de la Ley de la Función Pública gallega, que se limita a permitir a los opositores elegir en qué idioma se examinan, sin llegar por ello a suprimir la prueba adicional y obligatoria del gallego, ha servido para poner de nuevo en evidencia el grado de estupidez y de aversión a la libertad de los nacionalistas, incluyendo en ellos a los socialistas del PSG. Se trata de una reforma encaminada no sólo a garantizar los derechos lingüísticos de los opositores castellanoparlantes, sino también a favorecer que Galicia no deje de contar por liberticidas barreras lingüísticas con buenos profesionales en la administración; una reforma que, fiel a la letra y al espíritu de nuestra Constitución, acabará con una situación tan absurda, delirante e inconstitucional como que un opositor no pueda examinarse en español en España, a pesar de ser el castellano la lengua materna de la mayoría de los gallegos y de los españoles –hablada y entendida por todos ellos– y de ser la segunda lengua internacional del mundo.
Pues bien, los nacionalistas han puesto el grito en el cielo calificando la normativa aprobada nada menos que de "exterminio" y "atentado" contra el gallego, al tiempo que la han acusado de provocar un "desembarco" de personas de fuera que "no conocen la lengua y la cultura" de la comunidad gallega.
Aunque la xenofobia sea siempre criticable, que los nacionalistas la pretendan excitar en una comunidad como Galicia, una de las regiones en la que sus habitantes más han emigrado tanto al resto de España como a Europa y Ámerica, es todavía más repulsivo. Con todo, no ha sido este el único exabrupto que ha lanzado el diputado nacionalista Beito Lobeira durante la sesión parlamentaria. Así también ha apuntado que "todos los territorios tienen lengua propia, a menos que sean mudos", lo cual es una insuperable estupidez porque todos los territorios, efectivamente, son mudos; quienes no los son son sus habitantes.
A pesar de esta holista personificación del colectivo, tan característica del nacional socialismo, son efectivamente las personas, y no los territorios quienes tienen lengua propia. Son los individuos quienes gozan de unos derechos entre los que se incluye la libertad a la que los nacionalistas agreden.
No menos lamentable –pese a tratarse supuestamente de un partido español– ha sido la intervención del representante socialista, Lage Tuñas, quien ha calificado la normativa que de un "18 de julio contra el gallego". La estupidez es difícilmente superable, pues si hay algo que se asemeje a la represiva política franquista en materia lingüística es precisamente la que están llevando a cabo los nacionalistas en ciertas regiones de España.
En cualquier caso, esperemos que esta reforma sea sólo un paso de los muchos que hay que dar para preservar la libertad lingüistica de los españoles, y que la estupidez de quienes se oponen a ella sólo sirva para confirmar que se está yendo por el buen camino.
Libertad Digital - Editorial
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