EL GOBIERNO y la oposición reaccionaron ayer contra la Ley de Educación que está a punto de aprobar el Parlamento de Cataluña, en la que se impone el catalán como única lengua vehicular del sistema educativo. UPyD y PP manifestaron su disposición a recurrir esta norma ante el Tribunal Constitucional si no se reconoce el derecho de los padres a una enseñanza en castellano y la Generalitat persiste en un modelo que no reconoce el bilingüismo en las escuelas.María Teresa Fernández de la Vega afirmó que el Gobierno va a «analizar» la ley cuando salga del Parlamento de Cataluña, pero fuentes gubernamentales aseguraron a este periódico que el Ejecutivo recurrirá también ante el Constitucional si la ley catalana no asume la tercera hora de castellano, obligatoria por un decreto del Ministerio de Educación. Es una cuestión tal vez menor, pero la Generalitat nunca ha aceptado esta disposición, convirtiéndola en piedra de toque de su rebeldía ante el Estado.
En realidad, no harían falta esas iniciativas del Gobierno y la oposición si el Tribunal Constitucional se hubiera pronunciado ya sobre el recurso que presentó el PP en julio de 2006 en el que se impugnaban decenas de artículos del Estatuto, entre ellos el que establece que el catalán es «la lengua propia» de Cataluña y que debe ser la única vehicular en la enseñanza.
Han pasado casi tres años y los miembros del Tribunal Constitucional siguen aplazando su decisión mientras la Generalitat y el Parlamento de Cataluña practican una política de hechos consumados que haga poco menos que imposible cualquier marcha atrás.
Rosa Díez pidió ayer la dimisión de los magistrados del Alto Tribunal por su pasividad. Cada día que pasa parece más claro que no se atreven a pronunciarse para evitar un conflicto político con el nacionalismo catalán, cuyos líderes han amenazado con no cumplir la sentencia si es desfavorable a sus intereses.
Lo menos que cabe exigir a estas alturas al Constitucional es una clarificación definitiva y sin equívocos sobre esos artículos que están permitiendo a Cataluña construir un Estado dentro del Estado, vulnerando de forma flagrante la letra y el espíritu de la Constitución.
El Supremo ya falló hace cinco meses que la Generalitat debe garantizar a los padres que lo soliciten el derecho a educar a sus hijos en castellano. Pero como la sentencia no fue más allá de reconocer ese derecho, la Generalitat no ha dado ningún paso para cumplirla, alegando que las cuestiones lingüísticas y educativas son competencia suya.
Teniendo en cuenta este precedente, el Constitucional debería ser mucho más categórico y preciso sobre esta cuestión, al igual que sobre temas como la bilateralidad, la financiación, los llamados «símbolos nacionales», los derechos históricos y el blindaje de las competencias. ¿Cómo es posible, por ejemplo, convalidar la constitucionalidad del artículo 110 de un Estatuto que señala que las leyes aprobadas por el Parlamento catalán tendrán siempre primacía sobre las del Congreso en materia de competencias exclusivas?
No hay que ser catedrático de Derecho Constitucional para saber que ello vulnera la Carta Magna. Los miembros del Constitucional también lo saben, pero les da miedo decirlo en una sentencia. La prueba es que llevan tres años deshojando la margarita y ganando tiempo para no mojarse a pesar de que el Tribunal tenía que haber sido renovado hace 17 meses. La incapacidad del Constitucional para pronunciarse es un verdadero escándalo político que deslegitima esa institución, máxime cuando estamos ante un asunto de enorme trascendencia, que afecta de lleno a la arquitectura institucional del Estado.
El Mundo - Editorial
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