El problema del agua, sin solución: el trasvase Tajo-Segura no es factible a medio plazo

“Precisamente, esta marcha no es parte de la solución, sino del problema”. De esta manera un ciudadano de a pie, Jesús Sánchez, economista, interpretó el miércoles por la mañana en un diario local murciano la manifestación que se preparaba para esa misma tarde y a la que asistieron 200.000 personas, según cálculos independientes, 400.000 según la Policía Local, y 500.000 según el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS).

La convocatoria para defender la continuidad del trasvase del Tajo al Segura y pedir la no aprobación del nuevo Estatuto de Castilla La Mancha, que prevé su final para 2015, no aportó nada nuevo. Ni siquiera la confrontación del número de asistentes. Ni la división intrapartidaria que no sólo divide a socialistas y populares murcianos, valencianos y almerienses, de un lado, y manchegos, de otro, sino también a las sociedades civiles de sus respectivas regiones.

Pero sí confirmó que unos y otros prefieren aferrarse a posiciones ya sabidas e inefectivas en vez de plantear alternativas posibles de futuro para solucionar un problema conocido. Pues conocido es que, desde su inauguración, el Tajo sólo ha podido en un año, el 2000, aportar al Segura los 600 hectómetros cúbicos fijados por ley. Los pantanos de Entrepeñas y Buendía no almacenan en la historia reciente del acueducto agua suficiente para abastecer a la cuenca del Sureste de acuerdo con las previsiones legales.

Y esa carestía viene agravándose y haciéndose más patente según avanza el tiempo. Así, la sequía que en este año hidrológico 2008/2009 parece acabarse ha sido más grave que la que agostó España y especialmente el Mediterráneo entre 1993 y 1998. Las previsiones en función del cambio climático inexorable no son halagüeñas para quienes confían en seguir abasteciéndose desde la cabecera del Tajo.

Sorprendentemente, desde el Partido Popular valenciano y murciano se han metido todos los palos que se han podido en las ruedas del carro de una posible alternativa, que era el Plan AGUA del Ministerio de Cristina Narbona, al tiempo que se clamaba por la recuperación de lo imposible -el trasvase Ebro-Segura- y el mantenimiento de lo difícil, el Tajo-Segura. En esto último han encontrado colaboración contradictoria incluso de PSOE e IU locales.

Y, eliminada Narbona del Gobierno, no está claro que la ministra Espinosa esté tan decidida como lo estaba su antecesora a ejecutar rápida y eficientemente esa red de desaladoras, desalinizadoras, nuevas conducciones, explotación de nuevos acuíferos -que haberlos, haylos- etc, prevista en el AGUA y apoyada solamente y sin muchos ambages por ecologistas en general.

Innegable es, por otro lado, que en Murcia y en Valencia, en la cuenca del Segura en especial, se ha avanzado mucho en el aprovechamiento y ahorro de hasta la más mínima cantidad de agua. Los Gobiernos regionales del PP y la administración central tanto popular como socialista han trabajado duro en ello.

Pero no se ha puesto el más mínimo coto al uso indiscriminado de agua para el macronegocio inmobiliario ahora hundido de complejos residenciales vacacionales con campos de golf incluidos, provocando que existan serias y muchas dudas acerca de la utilización del agua trasvasada desde el Tajo para los fines que marca la ley del Trasvase.

Curiosamente, en la manifestación multitudinaria del miércoles en Murcia no hubo ni una sola referencia a este problema real, constatado y grave. Ni tampoco a la única supuesta alternativa al Tajo-Segura que ha vuelto a alinear a socialistas y populares en función de su procedencia geográfica y no en razón de sus discursos políticos: un posible canal desde el Tajo extremeño hasta la cuenca del Segura. Más de lo mismo.

Con este panorama radicalizado en lo insoluble -el Tajo-Segura- e ignorante de lo necesario -una alternativa real y factible- la solución a los problemas hídricos no es factible a medio plazo. A ello contribuye además, la falta de coherencia del Gobierno actual de Rodríguez Zapatero con respecto a sus políticas hidráulicas pasadas y su inoperancia para trazar el futuro. La pregunta sigue siendo la misma: ¿Se puede cimentar el desarrollo sobre un recurso del que no se dispone?

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