En una breve comparecencia ante los medios de comunicación respaldado por varios altos cargos de su departamento -los que faltaban resaltó que estaban fuera de España- Del Olmo leyó un comunicado lleno de agradecimientos y advirtió que al contrario de lo que había sido habitual en él hasta la fecha, en esta ocasión no iba admitir preguntas. En dicha nota comunicaba además su dimisión e insistió en su inocencia en este caso. De este modo, señaló que ha optado por dejar el cargo para centrarse en su defensa y, a la vez, garantizar la estabilidad" del Gobierno regional y de la Consejería.
En cualquier caso, mostró también su "confianza plena" en la justicia y, de hecho, no tiene "ni la menor duda de que al final de todo el proceso se hará justicia y quedará demostrada" su inocencia.
A partir de ahora, señaló, su "principal cometido" va a ser defenderse, recurriendo
para ello a "todos los mecanismos y procedimiento" que el estado de Derecho pone en su mano. y ese cometido cree que es "incompatible" con el desempeño de sus funciones al frente de la Consejería, de ahí que haya optado por dejar el cargo. A esto añadió que se trata de una "decisión irrevocable" que ya ha trasladado verbalmente al presidente regional, Miguel Angel Revilla, y a la vicepresidenta, Dolores Gorostiaga. Al mismo tiempo, les ha trasladado su "total y absoluto compromiso personal y político y del Gobierno" del que hasta hoy mismo ha formado parte, un proyecto que, a su juicio, ofrece a los ciudadanos cántabros "las mejores oportunidades de desarrollo, libertad y calidad de vida".
La noticia saltaba esta mañana, al hacerse público que la Fiscalía de Cantabria (TSJC) solicitaba tres años de cárcel y ocho de inhabilitación para el ya ex consejero, por un delito de prevaricación, dos de obstrucción a la justicia, dos faltas de vejaciones y otra de amenazas cometidas supuestamente cuando era presidente de la Autoridad Portuaria de Santander. Así, el TSJC ha acordado abrir juicio oral contra el consejero.
Delitos por vejaciones y falta de amenazas
Los hechos por los que será juzgado fueron denunciados en su día por un directivo y un trabajador del Puerto tras el despido de uno de ellos por declarar en favor del otro en un proceso de reclamación de categoría laboral. El TSJC apreció "indicios objetivos suficientes" para imputar al consejero por presunta prevaricación y obstrucción a la justicia, y tras varios recursos del consejero rechazados, se han recibido ya los escritos de acusación de las partes y se ha acordado abrir juicio contra Del Olmo.
En su escrito, la Fiscalía imputa al consejero dos presuntos delitos de obstrucción a la justicia, uno de prevaricación, dos faltas de vejaciones y una falta de amenazas. Por todo ello, solicita que sea condenado a tres años de prisión y ocho de inhabilitación, así como al pago de varias multas por importe total de 15.750 euros.
Además, propone que indemnice con 12. 000 euros a cada uno de los dos trabajadores afectados.
La Sala de lo Civil y Penal del TSJC ya señaló en su día que los hechos podrían ser constitutivos de delitos de obstrucción a la justicia "por represalias", en concurso con prevaricación. Y es que, supuestamente, el consejero despidió a uno de los trabajadores de forma improcedente por declarar a favor del otro en un proceso de reclamación de categoría y empeoró las condiciones laborales de éste.
Además, las decisiones las tomó presuntamente el propio Del Olmo, pese a tratarse de decisiones que competían al Consejo de Administración del Puerto.
ABC
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