Este estudio, realizado por la empresa Disema, forma parte de los 1.583 informes encargados a dedo por el Gobierno tripartito en 2007 y que investiga la Fiscalía de Cataluña, después de que un sindicato de funcionarios presentara una denuncia por malversación de caudales públicos. Entre estos estudios, algunos de ellos encargados a personas afines a PSC, ERC e ICV, figuran títulos tan curiosos como «Seguimiento de la concha brillante» (27.956 euros, «Diseño de parchís y puzzle de la casita de cartón recortable» (11.365 euros) o «Estudio, factores y manejo del cultivo de la chufa» (11.965 euros). Agricultura también encargó el «Estudio socioeconómico de explotaciones de avellanas», por el que pagó 30.000 euros a la agencia de detectives Método 3 -la que investigó la desaparición de la pequeña Madeleine Mcann-.
El estudio sobre pulverizadores agrícolas apenas tiene texto, pues se trata de un «book» de imágenes sobre este tipo de maquinaria. Cada folio ha costado 660 euros. «Es un mero catálogo, muy parecido a los que se pueden encontrar en cualquier tienda», asegura el diputado de CiU, Jordi Turull, quien recientemente denunció la manipulación de varios estudios, como es el caso de «Campaña juguetes no sexistas», encargado por al Conselleria de Acción Social y Ciudadanía (ERC) por 12.000 euros.
Se trata de 18 páginas extraídas de Internet -www.paideiaescuelalibre.org- o copiadas de otros estudios ya realizados. En una versión inicial, publicada por ABC, aparecía la frase «una criatura en nuestro país ve una media de xx xxxxxxx anuncios al día». Tras la apertura de la investigación de Fiscalía, Turull accedió a una segunda versión en la que esas X habían sido sustituidas por cifras concretas.
Generosidad
La Generalitat ha dado otros ejemplos de generosidad. Tal como publicó ABC, la Conselleria de Cultura pagó 1.392 euros por un informe de cuatro páginas titulado «Ambientación olorosa de un espacio circular de unos 30 metros cuadrados de superficie abierto en su parte superior», que se limita a explicar cómo funciona un ambientador. Entre los beneficiarios de aquellas adjudicaciones, ex diputados y personas del entorno del tripartito. Es el caso, por ejemplo, de la ex diputada de ICV Bet Font, cuya empresa realizó seis informes técnicos por un coste total de 124.000 euros. Elisabet Comín, que formó parte de las listas electorales de los socialistas, cobró 60.000 euros por dos informes. Joaquín Tornos, ex presidente del Consell Consultiu -cargo que ocupó a propuesta del PSC- realizó ocho informes por 43.680 euros. Enric Pujol, que figuró en las autonómicas en las listas de ERC, cobró 2.750 euros por un estudio.
La semana pasada, el conseller de Economía, Antoni Castells, entregó a la Fiscalía la auditoría sobre estos informes, pero no ha cumplido su promesa de entregarlo en el Parlament. El portavoz del grupo nacionalista, Oriol Pujol, ha pedido el amparo al presidente José Montilla. «Castells tenía un compromiso con este Parlament y engañó porque dijo que las auditorías, no estaban acabadas. Un día después, la Generalitat envió las auditorías a Fiscalía», denunció Pujol. Asimismo, criticó que el Govern advierta ahora «que nunca veremos estas auditorías, sino un informe de la Intervención General, por lo que el investigado será quien redacte un informe sobre sí mismo».
ABC
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